Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $50 millones por información que permita esclarecer el asesinato de dos uniformados de la Policía ocurrido este viernes 25 de septiembre en Ábrego, Norte de Santander, y que conduzca a la identificación y captura de los responsables.De acuerdo con el coronel Carlos Angarita, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, el ataque ocurrió hacia las 9:30 de la mañana, cuando los uniformados se desplazaban en un vehículo institucional para adelantar una actividad preventiva en un colegio del municipio. Según la información preliminar, fueron atacados con armas de fuego por sujetos que se movilizaban en otro vehículo y que posteriormente huyeron en dirección hacia Cúcuta.En el hecho murieron el intendente César Augusto Rodríguez Nieves, de 40 años, y el auxiliar de Policía Brian Steven Lizarazo Torres, de 19 años, quienes se encontraban en cumplimiento de sus funciones.Tras el ataque, la Policía, en coordinación con el Ejército Nacional, desplegó capacidades operativas e investigativas para ubicar a los responsables y establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen. “Ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos permita esclarecer los hechos ocurridos y llegar con los responsables de este acto criminal”, señaló el coronel Angarita.Las autoridades pidieron a la ciudadanía suministrar cualquier información que pueda contribuir a la investigación, mientras los equipos de inteligencia e investigación criminal adelantan la búsqueda de los responsables. La Policía también expresó su solidaridad con las familias de los dos uniformados y aseguró que continuará con las acciones para lograr su judicialización.
Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública sacudió al municipio de Ábrego, Norte de Santander, dejando un saldo trágico de dos miembros de la Policía Nacional asesinados en el lugar de los hechos.El atentado se produjo en una zona de desarrollo urbano comprendida entre los sectores de El Tirol y La Curva, en las inmediaciones del colegio Carlos Julio Torrado Peñaranda.Ante la gravedad de lo ocurrido, el alcalde municipal, Húber Darío Sánchez Ortega, manifestó su consternación señalando que es una "lamentable esta situación, nos preocupa". El mandatario recordó que este es el segundo evento de gravedad registrado en la zona en lo que va del año, tras un hecho previo donde un soldado resultó afectado y otros cinco quedaron heridos. Actos urgentes y presuntos responsables del ataqueTras la acción armada, las autoridades locales iniciaron las coordinaciones correspondientes para el despliegue del personal de la Policía y del CTI de la Fiscalía con el fin de adelantar la inspección técnica a los cadáveres y los actos urgentes.Con respecto a los autores materiales del crimen, el alcalde Sánchez aclaró que "hasta el momento no se tiene claridad qué grupo" ejecutó el atentado.No obstante, el funcionario reconoció la presencia activa del ELN y disidencias de las Farc en la jurisdicción. Sánchez enfatizó además que Ábrego es geográficamente "la puerta del Catatumbo", condición por la cual la población habita en un escenario permanente de alerta e inestabilidad en materia de seguridad.Evaluación de toque de queda y llamados al Gobierno nacionalFrente al deterioro del orden público, la administración municipal programó un Consejo Extraordinario de Seguridad para horas de la tarde, donde se evaluará la implementación de medidas restrictivas.Entre las alternativas sobre la mesa está la posible adopción del toque de queda, sobre lo cual el alcalde afirmó: "Eso es un tema que hay que contemplarlo y la decisión se toma en conjunto en el Consejo de Seguridad". De igual forma, en la sesión se debatirá la veracidad de informaciones sobre un presunto "plan pistola" contra los uniformados de la subregión.Escuche aquí la entrevista:
Un nuevo golpe contra la guerrilla del ELN fue propinado por la Fuerza Pública en el municipio de Tibú, Norte de Santander, durante una operación desarrollada en el corregimiento de Campo Dos.La acción se registró en el sector conocido como El Cementerio, donde tropas de la Segunda División del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y coordinación con la Policía Nacional, sostuvieron un combate de encuentro con integrantes del autodenominado frente Juan Fernando Porras del ELN.De acuerdo con la información entregada por las autoridades, durante la operación fueron capturados cinco presuntos integrantes de esa estructura guerrillera, entre ellos alias ‘El Indio’, señalado como cabecilla de finanzas del ELN. Uno de los presuntos integrantes resultó herido durante el enfrentamiento. El Ejército informó que recibió primeros auxilios en el lugar, en cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario, y posteriormente se coordinó su extracción y traslado para recibir atención médica."Durante el registro de la zona, las tropas incautaron un fusil, tres armas cortas, dos proveedores para fusil, 50 cartuchos calibre 9 milímetros y abundante munición de diferentes calibres", dijo el general Cesar Augusto Martínez Páez, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional.También fueron decomisados siete teléfonos celulares y documentación que, según las autoridades, será analizada por Inteligencia Militar para establecer información relacionada con el funcionamiento y las actividades de esta estructura del ELN.La Fuerza Pública señaló que la operación permitió afectar las acciones de extorsión e intimidación que, de acuerdo con las investigaciones, estarían dirigidas contra comerciantes, transportadores y operadores de maquinaria pesada de la zona.Las autoridades indicaron que mantendrán el despliegue operacional en el área, con apoyo de las capacidades de la Fuerza Pública, con el propósito de garantizar la seguridad de la población civil y avanzar en la recuperación del control territorial en el Catatumbo. En otra acción desarrollada en Norte de Santander, la Fuerza Pública reportó el rescate de una persona que permanecía secuestrada presuntamente por integrantes del ELN.Durante este procedimiento también se registraron combates entre las tropas y miembros de esa organización guerrillera. Las autoridades informaron que dos presuntos integrantes del ELN murieron durante los enfrentamientos.Los detalles de esta segunda operación son materia de verificación por parte de las autoridades, mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias del secuestro y la identidad de las personas involucradas.El departamento de Norte de Santander continúa siendo escenario de operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras armadas ilegales, particularmente en zonas rurales de Tibú y otros municipios del Catatumbo. Las autoridades mantienen operaciones contra acciones de extorsión, secuestro, narcotráfico y otras actividades atribuidas a grupos armados que tienen presencia en esta región.
El alcalde de El Carmen, Norte de Santander, José Reinel Contreras Yaruro, tomó la decisión de trasladar a su familia a Cúcuta, ante la situación de orden público que atraviesa este municipio del Catatumbo y los recientes ataques atribuidos al ELN contra la Fuerza Pública.La determinación se produce luego de los hechos registrados en el corregimiento de Guamalito, donde la subestación de Policía fue atacada en varias oportunidades y terminó destruida, situación que llevó a la evacuación de los uniformados que permanecían en el lugar. Días después, un componente de unos 150 hombres llegó para apoyar la seguridad en esa jurisdicción.A esta situación se suma el ataque registrado durante la noche del domingo 20 de septiembre contra la estación de Policía ubicada en el casco urbano de El Carmen. La acción fue perpetrada por el ELN y dejó afectaciones en la infraestructura de la estación. Un policía resultó herido.Ante este panorama, las recomendaciones de seguridad recibidas por el mandatario incluyen la posibilidad de que despache temporalmente desde Cúcuta, mientras se evalúa y supera la situación de orden público en el municipio. Actualmente, Contreras Yaruro permanece en la capital nortesantandereana junto a sus familiares.La salida de la familia del mandatario refleja el nivel de preocupación que generan los recientes hechos de violencia en El Carmen, mientras las autoridades avanzan en las acciones destinadas a garantizar nuevamente la seguridad y la presencia institucional en esta zona del Catatumbo.
Luego del ataque simultáneo con drones y ráfagas de fusil perpetrado contra la Fuerza Pública cerca de la estación de Policía en El Carmen, el alcalde municipal, José Reinel Contreras, advirtió sobre la gravedad de esta modalidad delictiva y la zozobra que vive la comunidad.El mandatario local calificó la ofensiva como “una nueva guerra", por lo que pidió la ayuda urgente de la inteligencia del Gobierno nacional."Esta es una nueva guerra por decirlo de algún modo, en lo cuales esperamos que el Gobierno Nacional active su inteligencia y active su capacidad operacional” para lograr contrarrestar estos ataques", afirmó Contreras en Blu radio.Asimismo, el mandatario confirmó que la estación de Policía del municipio quedó en “una destrucción total” y que las autoridades iniciaron una revisión completa de la infraestructura afectada y de las viviendas aledañas para determinar el saldo de los daños.Le puede interesar: "Llegaron para quedarse": Policía regresó a Guamalito tras ataques, confirmó alcalde de El CarmenLa utilización de explosivos lanzados desde el aire ha generado alta preocupación por el riesgo directo sobre la población civil que habita en las cercanías de las instalaciones policiales. Al describir la angustia de los habitantes, el alcalde afirmó: “Es inevitable sentir miedo. Por encima suyo está volando un dron posiblemente cargado a explosivos”, contó. Además, explicó que la incertidumbre en el territorio es constante: “Ha generado un miedo y una zozobra porque primero no se sabe en qué momento se va a atacar y segundo no se sabe dónde va a caer”, revelando que, incluso, ciudadanos le han manifestado tener que buscar refugio debajo de las camas.Frente a la crisis de orden público, Contreras destacó que ha mantenido una comunicación fluida con el ministro del Interior, el ministro de Defensa y el presidente de la República, quienes le manifestaron su respaldo incondicional para la recuperación de la seguridad en El Carmen y el Catatumbo. Finalmente, el mandatario indicó que en el Consejo de Seguridad con la Fuerza Pública se evaluará la implementación de sistemas antidrones, circuitos cerrados de televisión y la reconstrucción inmediata de la estación.Escuche la entrevista:
La Defensoría del Pueblo alertó por el deterioro de las condiciones de seguridad para la población civil y la Misión Médica en Tibú, Norte de Santander, luego de varios hechos registrados entre el 9 y el 10 de septiembre.De acuerdo con el organismo, los acontecimientos incluyen la activación de una mina antipersonal y diferentes acciones contra ambulancias y conductores, situaciones que dificultan la atención y el traslado de pacientes en esta zona del Catatumbo.El primer hecho ocurrió el miércoles 9 de septiembre, en la zona rural de Orú, donde la activación de una mina antipersonal dejó heridas a dos personas, de 28 y 19 años, ambas de nacionalidad venezolana.Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Tibú para recibir atención médica. Posteriormente, con apoyo de la Defensoría en las gestiones ante la Fuerza Aeroespacial Colombiana, fueron trasladadas a Cúcuta el jueves 10 de septiembre.El organismo reiteró su preocupación por el riesgo que representa la presencia de minas antipersonal para las comunidades que transitan por estos territorios.La situación también involucró directamente a vehículos y trabajadores de la Misión Médica. Durante la mañana del jueves 10 de septiembre, hombres armados se llevaron una ambulancia del Hospital San José de Tibú y privaron de la libertad a su conductor. El trabajador posteriormente fue liberado.Más tarde, hacia las 4:00 de la tarde, otra ambulancia que se dirigía hacia Cúcuta tuvo que detenerse durante aproximadamente 40 minutos debido al sobrevuelo de un dron. De acuerdo con la Defensoría, esta situación generó temor entre el personal médico que se movilizaba en el vehículo.Horas después, aproximadamente a las 7:00 de la noche, hombres armados secuestraron al conductor de otra ambulancia. La Defensoría señaló que, después de estos hechos, participó en una mesa de trabajo para articular acciones y solicitar garantías para el desarrollo de la labor de la Misión Médica.Ante este panorama, el organismo hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de realizar acciones que afecten o interfieran con la Misión Médica.También pidió evitar el uso de minas antipersonal y cualquier otra acción que pueda poner en riesgo la vida, integridad y movilidad de la población civil.La Defensoría, además, instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a fortalecer las medidas de prevención y protección para garantizar condiciones seguras para la atención médica y el transporte de pacientes en Tibú y el resto del Catatumbo.
La confrontación territorial entre el ELN y las disidencias del Frente 33 continúa dejando graves consecuencias para la población civil en Tibú, Norte de Santander. El alcalde del municipio, Richard Claro, advirtió sobre el aumento de la presencia de minas antipersonales y artefactos explosivos en diferentes zonas rurales, una situación que, según afirmó, se presenta prácticamente a diario y que está afectando especialmente a campesinos y comunidades que deben transitar por estos territorios.En entrevista con Mañanas Blu, el mandatario se refirió a un reciente hecho ocurrido en el sector de Oru 7, donde dos jóvenes resultaron gravemente heridos luego de manipular un artefacto explosivo. De acuerdo con el reporte entregado por Claro, las víctimas, de 18 y 28 años y de nacionalidad venezolana, encontraron un dispositivo que tenía cables conectados e intentaron manipularlo, lo que provocó la explosión.“Dos personas, una de 18 y otra de 28, se encontraron un artefacto con unos cables conectados. Intentaron manipular los cables y este artefacto explotó”, explicó el alcalde.Los jóvenes sufrieron heridas de gravedad, principalmente en el dorso y las partes inferiores del cuerpo, y fueron trasladados al Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta para recibir atención médica. El alcalde aclaró además que, hasta el momento de la entrevista, no existía confirmación oficial sobre una tercera persona fallecida que había sido mencionada inicialmente en algunos reportes.Minas antipersonales, una amenaza para los campesinosRichard Claro aseguró que la instalación de minas y otros artefactos explosivos se ha convertido en una problemática recurrente en las zonas donde existe presencia de los grupos armados ilegales. El mandatario señaló que estos dispositivos no solo representan una amenaza para las Fuerzas Militares, sino principalmente para la población civil que continúa desarrollando sus actividades cotidianas en áreas rurales.“A diario tenemos situaciones delicadas de orden público, de minas antipersonales”, afirmó el alcalde, quien agregó que la administración municipal ha adelantado gestiones relacionadas con el desminado humanitario.La preocupación aumenta debido a que algunos de estos artefactos han sido encontrados cerca de escuelas y caminos utilizados diariamente por campesinos, lo que incrementa el riesgo de nuevos accidentes. Para el mandatario, los civiles se han convertido en las principales víctimas de una disputa armada por el control territorial. “Los civiles son los más afectados de esta guerra y estas confrontaciones por el control territorial de estos grupos”, sostuvo Claro.La dinámica del conflicto también dificulta determinar cuál de las estructuras armadas instala cada campo minado. Según el alcalde, tanto el ELN como las disidencias del Frente 33 mantienen presencia en diferentes sectores y se disputan el dominio de zonas estratégicas del municipio.ELN y disidencias se disputan el control territorialLa confrontación entre ambas estructuras armadas ha generado una situación cambiante en diferentes puntos de Tibú. Claro puso como ejemplo el sector del kilómetro 25, donde, según explicó, se han observado cambios en los símbolos que identifican la presencia de cada grupo.“Un día aparece una bandera, al otro día sale la otra, quitando un grupo la bandera y colocando la otra”, relató el mandatario. Esta disputa territorial tiene una consecuencia adicional: cuando los grupos armados abandonan determinados sectores, los artefactos explosivos que fueron instalados permanecen en el terreno y pueden convertirse en una amenaza para quienes posteriormente ingresan a esas zonas.El alcalde explicó que los grupos utilizan las minas como mecanismo de protección frente a la incursión de su adversario. “Cada grupo donde pasa va dejando minas para su protección, para su guardia, y allí es donde suceden los accidentes”, señaló.El problema, agregó, radica en que las estructuras armadas pueden permanecer solamente algunos días en un determinado punto, mientras que las minas quedan allí durante mucho más tiempo. Posteriormente, los campesinos regresan a sus labores sin conocer necesariamente la ubicación de los artefactos.La vía Tibú-Cúcuta continúa bajo presiónAdemás de la problemática de las minas antipersonales, el alcalde Richard Claro aseguró que las condiciones de seguridad en el municipio siguen siendo críticas. Entre las principales preocupaciones se encuentra la situación de la vía que comunica a Tibú con Cúcuta, particularmente el corredor Astilleros-Tibú.De acuerdo con el mandatario, la administración municipal continúa sin lograr el control efectivo de esta carretera, donde se han presentado hechos que afectan incluso al personal encargado de prestar servicios de emergencia. Claro mencionó que, en la jornada anterior a la entrevista, se registró la retención de una ambulancia que salió del casco urbano de Tibú junto con un paramédico. También señaló que otro conductor de ambulancia fue detenido cuando se movilizaba por la vía Astilleros-Tibú.
Se complica la situación de orden público en el corregimiento de Guamalito, El Carmen, Norte de Santander. Luego del retiro de todos los miembros de la Policía, miembros del ELN se tomaron lo que quedaba de la subestación.Cabe recordar que el pasado miércoles, 21 uniformados fueron evacuados vía aérea, tras al menos tres ataques consecutivos que dejaron inservible la infraestructura.El más reciente fue el pasado viernes con un ataque con un enjambre de drones, el lunes anterior terminaron de atacar la subestación de policía, y el pasado miércoles ya se terminaron de tomar precisamente esta subestación.Este jueves se reportan nuevos ataques y la presencia de los guerrilleros del ELN, según lo confirmó a Blu Radio el alcalde José Contreras, quien, además, tuvo comunicación con el ministro de Defensa y el Gobierno Nacional para poder recuperar esa subestación de policía.“El corregimiento de Guamalito, el municipio de El Carmen, fue la subestación de policía afectada el día viernes con drones y con una destrucción por más 80%. De manera reiterada, el día lunes terminaron de atacarla y causaron una destrucción total. Lastimosamente, para el día de hoy, no contamos con policía y aún no ha llegado Ejército al corregimiento de Guamalito. Según información de la misma comunidad, la subestación fue tomada por presuntos integrantes de la organización criminal del ELN a la cual se le atribuyen esos atentados, según la inteligencia y la fuerza pública”, detalló el mandatario.Recordemos además que el ataque con enjambre de drones registrado el viernes pasado fue al mismo tiempo donde se presentó también el otro ataque en Ocaña, en Norte de Santander, por lo que las autoridades piden al Gobierno Nacional priorizar la ayuda para la región.
Un nuevo golpe contra las economías ilícitas del ELN se produjo en Norte de Santander, donde seis personas fueron capturadas en dos operaciones desarrolladas en Cúcuta y Villa del Rosario.La primera acción fue adelantada por el Gaula Militar Norte de Santander, con apoyo de inteligencia militar y en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, mediante diligencias de allanamiento y registro en Cúcuta y Villa del Rosario.Le puede interesar: Presidente De La Espriella confirma captura de alias ‘Firu’, francotirador del ELNEn estos procedimientos fueron capturadas cuatro personas mediante orden judicial, señaladas de pertenecer presuntamente a la Comisión Financiera del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN. Los detenidos son investigados por los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto de hidrocarburos.De acuerdo con la investigación, los cuatro capturados serían presuntos responsables del apoderamiento ilícito de hidrocarburos del poliducto Pozos Colorados-Galán, en el sur del Cesar.Según las autoridades, el crudo era trasladado posteriormente hacia Norte de Santander, donde presuntamente sería utilizado para abastecer procesos relacionados con la producción de pasta base de coca en la región del Catatumbo.Además, parte del hidrocarburo habría sido almacenado en centros clandestinos ubicados en la zona rural de El Zulia y en el sector de La Ye de Astilleros, para posteriormente ser comercializado de manera ilegal.A este resultado se sumó una segunda operación desarrollada en el barrio El Callejón de Cúcuta, donde tropas del Gaula Militar Norte de Santander, realizaron un allanamiento.Durante el procedimiento fueron capturados dos presuntos integrantes del ELN en flagrancia, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.Las operaciones hacen parte del Plan de Campaña Ayacucho y de las acciones sostenidas de la Fuerza Pública para afectar las estructuras financieras y las economías ilícitas de los grupos armados que tienen presencia en Norte de Santander y el Catatumbo.Con estas seis capturas, las autoridades buscan debilitar las redes dedicadas al apoderamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos, así como las actividades que, según las investigaciones, estarían relacionadas con el financiamiento de organizaciones armadas y el narcotráfico
Un incendio forestal que afectó una amplia zona montañosa del municipio de Ábrego, Norte de Santander, fue controlado luego de arrasar con más de 2.000 hectáreas de vegetación, aunque las autoridades locales estiman que la afectación podría acercarse a las 3.000 hectáreas.El alcalde de Ábrego, Húber Darío Sánchez, confirmó que el origen de la emergencia estaría relacionado con una quema realizada por un campesino que perdió el control sobre el fuego.“Este incendio fue provocado, pero por un campesino que logró hacer una quema, pero no la pudo controlar”, explicó el mandatario local.Las llamas se extendieron rápidamente por la zona montañosa y generaron una emergencia que requirió la participación de organismos de socorro, autoridades, voluntarios y habitantes de la comunidad, quienes trabajaron para contener el avance del incendio.El incendio provocó un fuerte impacto sobre la fauna y la flora de la región. Además, las llamas afectaron acueductos veredales y destruyeron un restaurante. Una vez controlada la emergencia, las autoridades iniciaron la evaluación de los daños ocasionados por el fuego, especialmente sobre los ecosistemas y las fuentes de abastecimiento de agua de las comunidades rurales.La emergencia vuelve a poner sobre la mesa el riesgo de realizar quemas agrícolas sin las medidas de prevención necesarias, especialmente durante periodos de altas temperaturas y condiciones secas, cuando el fuego puede propagarse rápidamente.Las autoridades locales hicieron un llamado a la comunidad para evitar quemas que puedan convertirse en incendios de grandes proporciones y afectar tanto a los ecosistemas como a las familias que habitan en las zonas rurales.
Un torrencial aguacero cayó esta tarde sobre Barranquilla y varios municipios del Atlántico como Puerto Colombia, Soledad y Malambo.Las lluvias estarían presentes este fin de semana en diferentes partes del Caribe colombiano por el paso de una nueva onda tropical, la número 52 de la temporada.Así las cosas, se presentarán precipitaciones en ciudades como Barranquilla, como en efecto ya ocurre, las inmediaciones de la Sierra Nevada y el sur de la región.El meteorólogo del Ideam, Rodney Poveda, explica que para Barranquilla, varios modelos están generando señales de precipitaciones para la tarde y la noche del viernes y la madrugada del sábado.“El sábado también puede estar pasado por lluvia. El domingo se espera que las condiciones sean de nubosidad y precipitaciones, particularmente para las horas de la tarde y la noche”.Agregó el Ideam, que se podrán presentar lluvias entre moderadas y fuertes con probables tormentas eléctricas sectorizadas en amplias áreas marítimas, como también en amplios sectores del centro y sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, especialmente en regiones de los Montes de María y La Mojana.Las autoridades recomiendan máxima precaución a las personas, sobre todo si las lluvias vienen acompañadas de fuertes vientos y actividad eléctrica.
El caso que estremeció a Ibagué en 2017 y que llevó a que la Fundación Peces Vivos fuera señalada como la denominada “casa del terror” vuelve a ocupar la atención judicial. Siete exempleados de la Fundación Peces Vivos fueron condenados a penas de hasta 17 años y 6 meses de prisión por hechos relacionados con torturas contra menores que permanecían internados en esta institución del barrio La Pola.La historia salió a la luz después de que un exempleado denunciara ante la Fiscalía los presuntos abusos cometidos contra los niños. La investigación reveló que menores con discapacidad mental o condiciones psiquiátricas eran sometidos a prácticas de inmovilización que, de acuerdo con la Fiscalía, habrían dejado de tener una finalidad terapéutica para convertirse en mecanismos de castigo, intimidación y sometimiento.El escándalo se conoció públicamente en octubre de 2017. El 23 de octubre, el CTI, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a diez personas señaladas de estar involucradas en los maltratos. Entre los detenidos estaban la entonces directora, Johana Dignore Rodríguez Olaya; la coordinadora, Dignore Olaya Hernández; la psicóloga Jennifer Stefany Salcedo; las enfermeras Yenny Carolina Camelo Osorio y Paola Andrea Tique Vera; además de los formadores Paula Andrea Patiño Buitrago, Claudia Maritza Flórez Medina, Claudia Lorena Pedraza Henao, Ángel Duván Serna Molina y Edison Jaber Calderón Espitia.Aquel día, mientras los capturados eran trasladados y posteriormente presentados ante la justicia, una vecina del barrio La Pola describió ante los medios la crudeza de lo que, según los relatos conocidos hasta ese momento, ocurría dentro de la fundación. “Dicen que entre varios empleados tomaban a un niño de pies y manos y lo trataban como si fuera un costal”, fue la frase que entregó la residente del sector cuando los señalados eran presentados en el Palacio de Justicia de Ibagué.La investigación judicial estableció que las víctimas eran sometidas a diferentes formas de contención física y psicológica. Entre los hechos descritos estuvieron niños amarrados a camas, el uso de medicamentos tranquilizantes y otros mecanismos empleados como supuestas medidas de control. También se documentaron casos en los que los menores habrían sido sometidos a estas prácticas por situaciones como llorar, negarse a comer, discutir o incumplir instrucciones.La justicia impuso penas de entre 15 y 17 años de prisión por hechos ocurridos en el centro de atención ubicado en el barrio La Pola, en la Fundación Peces Vivos. La investigación estableció que nueve menores fueron sometidos a prácticas de violencia física y psicológica que, según la Fiscalía, eran utilizadas como mecanismos de castigo e intimidación.Un juez especializado de conocimiento encontró responsables, de acuerdo con la participación individual establecida en el proceso, a la entonces directora de la institución, una psicóloga y cinco trabajadores vinculados a labores de enfermería y formación. Las penas oscilan entre 15 y 17 años de prisión, además de multas y restricciones para ejercer funciones públicas y determinadas actividades profesionales durante el periodo de la condena.La sentencia se produjo después de que la Fiscalía presentara ante el despacho judicial elementos de prueba relacionados con hechos ocurridos entre el segundo semestre de 2016 y 2017.Según la investigación, nueve menores de edad fueron víctimas de procedimientos de sometimiento físico y psicológico que habrían dejado de responder a una finalidad terapéutica para convertirse en mecanismos de castigo, intimidación y control.Entre las situaciones investigadas estuvieron las inmovilizaciones de los menores que, de acuerdo con las pruebas, eran utilizadas frente a comportamientos como llorar, negarse a comer, discutir, incumplir instrucciones o presentar conductas relacionadas con sus condiciones particulares.La Fiscalía sostuvo que estas actuaciones no correspondían a verdaderas emergencias médicas o psiquiátricas que justificaran ese tipo de intervención.Las penas impuestasLa mayor condena corresponde a Johanna Dignore Rodríguez Olaya, quien fue directora de la Fundación Peces Vivos. El juzgado le impuso 17 años y seis meses de prisión, además de una multa de 9.900 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras declararla responsable como coautora del delito de tortura agravada y autora del delito de concierto para delinquir con el propósito de cometer actos de tortura.La psicóloga Yenifer Stefany Salcedo Cartagena recibió una pena de 17 años de prisión y una multa equivalente a 17.100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los delitos establecidos en la sentencia.Entre los auxiliares y formadores condenados aparecen Edison Jaber Calderón Espitia, Paola Andrea Tique Vera —quien se encuentra a disposición de la autoridad penitenciaria competente para su traslado del sitio donde actualmente está en detención preventiva al establecimiento que determine el INPEC— y Claudia Maritza Flórez Medina —quien permanecerá en prisión domiciliaria en condición de madre cabeza de familia—, cada uno con una pena de 16 años y cuatro meses de prisión.Claudia Lorena Pedraza Henao fue condenada a 16 años y tres meses, mientras que Paula Andrea Patiño Buitrago recibió una pena de 15 años y seis meses de prisión.En el caso de Patiño Buitrago, la decisión contempla además una absolución parcial respecto de algunos de los hechos atribuidos a determinadas víctimas, al considerar el juzgado que no se acreditó su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable frente a esas conductas específicas.La decisión judicial establece que Johanna Dignore Rodríguez Olaya, Yeniffer Stefany Salcedo Cartagena, Edison Jaber Calderón Espitia, Claudia Lorena Pedraza Henao y Paula Andrea Patiño Buitrago permanecerán en libertad mientras la sentencia adquiere ejecutoria.Una vez la decisión quede en firme, el despacho judicial ordenará la expedición de las respectivas órdenes de captura para que los condenados sean puestos a disposición del INPEC y cumplan la pena privativa de la libertad en el establecimiento penitenciario que determine esa entidad.El expediente señala, además, que Claudia Maritza Flórez Medina cumplirá la pena bajo prisión domiciliaria, mientras que los demás deberán permanecer en establecimientos penitenciarios, según las condiciones establecidas en la decisión judicial. La sentencia corresponde a una primera instancia y puede ser objeto de los recursos previstos por la ley.La sentencia también contempla la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas y la prohibición de ejercer las respectivas profesiones durante el periodo de las condenas.¿Cuál era el propósito de la Fundación Peces Vivos?En su momento, Peces Vivos era presentada como una institución especializada en el departamento del Tolima para atender a menores con diferentes condiciones de salud mental y discapacidad psicosocial. Entre los niños atendidos había menores con diagnósticos y situaciones de alta vulnerabilidad.Así era la llamada ‘Casa del Terror’En 2017, los gritos de los menores y las denuncias de un exempleado permitieron conocer las condiciones en las que, según la investigación, permanecían algunos niños internados en la institución ubicada en el barrio La Pola.La Fiscalía describió prácticas que incluían atar a los menores a las camas, arrojarles alimentos calientes a la cara y utilizar medicamentos tranquilizantes como mecanismo de control. Estas actuaciones habrían sido aplicadas frente a comportamientos como negarse a comer o desobedecer instrucciones.El caso involucró a menores de entre 7 y 17 años, varios de ellos en condiciones de discapacidad o extrema vulnerabilidad. Según la información recopilada durante la investigación, las víctimas hacían parte de un grupo de menores que permanecía bajo el cuidado de la institución contratada para prestar atención especializada.La investigación que comenzó con las capturas de octubre de 2017 terminó convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más recordados de Ibagué por las denuncias de maltrato contra menores bajo protección institucional.Un caso que comenzó con denuncias en 2017La investigación contra los trabajadores de la Fundación Peces Vivos se hizo pública en octubre de 2017, cuando el CTI, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a diez personas señaladas de participar en los hechos denunciados.El 23 de octubre del año 2017 fueron capturadas por el CTI, con el apoyo de la Policía Nacional, 10 personas señaladas de cometer toda clase de maltratos crueles e inhumanos contra menores de edad que se encontraban en una fundación para atención especializada de Ibagué. De este grupo, ocho ya han sido condenadas; una de ellas mediante preacuerdo. Una más fue absuelta y otra falleció.Los involucrados en el momento de las capturas fueron la directora Johana Dignore Rodríguez Olaya; la coordinadora Dignore Olaya Hernández (madre de la directora, fue absuelta); la psicóloga Jennifer Stefania Salcedo; las enfermeras Yenny Carolina Camelo Osorio (Q. E. P. D., falleció en marzo de 2020 en la ciudad de Manizales) y Paola Andrea Tique Vera; y los formadores Paula Andrea Patiño Buitrago, Claudia Maritza Flores Medina, Claudia Lorena Pedraza Henao, Ángel Duván Serna Molina (condenado a 8 años y 39 días en 2018 mediante preacuerdo con la Fiscalía) y Edison Jaber Calderón Espitia.La institución, ubicada en el barrio La Pola de Ibagué y dedicada a la atención especializada de menores con discapacidad mental o condiciones psicosociales, quedó en el centro de una investigación que reveló presuntos episodios de maltrato y sometimiento.Uno de los elementos que tomó fuerza durante la investigación fueron las denuncias sobre las llamadas contenciones físicas, procedimientos que, según la Fiscalía, debían contar con autorización médica especializada.En el proceso se estableció que algunas de esas prácticas habrían sido realizadas sin la autorización correspondiente. Incluso se investigó la elaboración de órdenes con contenido falso para justificar determinadas inmovilizaciones.Uno de los primeros resultados judiciales llegó en 2018, cuando Ángel Duván Serna Molina, quien trabajaba como formador en la institución, aceptó mediante un preacuerdo su responsabilidad por los hechos investigados. La justicia le impuso entonces una pena de ocho años, un mes y nueve días de prisión.La Fiscalía señaló en ese momento que Serna Molina había participado en 129 procedimientos de contención considerados inhumanos dentro de la investigación.
La Selección Colombia parte como favorita para el amistoso frente a México, según el análisis del periodista mexicano Gustavo Mendoza, de ESPN, quien habló en Blog Deportivo sobre el encuentro que marcará el inicio de la era de Rafa Márquez al frente del combinado azteca. Aunque el comunicador reconoció que México afrontará el compromiso con expectativas moderadas en cuanto al resultado, señaló que el equipo colombiano llega con una ventaja por la continuidad del proceso que lidera Néstor Lorenzo.Mendoza explicó que una de las razones para considerar favorito a Colombia es el antecedente más reciente entre ambos seleccionados, especialmente el triunfo 4-0 conseguido por la tricolor cuando México era dirigido por Javier Aguirre. A esto se suma que, en su opinión, el equipo colombiano mantiene una estructura de trabajo más consolidada, pese a las ausencias de varios futbolistas que estuvieron en el Mundial y que no harán parte de esta convocatoria.“Simplemente no se nos borra de la mente el 4 a 0 de Colombia con Javier Aguirre”, afirmó el periodista.Mendoza también señaló que la situación es diferente para México, debido a que este partido representa el comienzo de una nueva etapa con Rafa Márquez, quien asumió el cargo después de la salida de Aguirre y todavía está implementando sus ideas en el equipo nacional.Las ausencias de MéxicoEl periodista mexicano también puso sobre la mesa las bajas que tendrá su selección para el compromiso. Julián Quiñones y Raúl Jiménez no estarán disponibles por lesión, mientras que Edson Álvarez atraviesa una situación que le impide participar. Además, la convocatoria tuvo una particularidad: el cuerpo técnico solamente pudo llamar inicialmente a dos jugadores por club, situación que afecta especialmente a Chivas, equipo que constituye una de las bases del seleccionado mexicano.“México arranca de cero”, aseguró al explicar su percepción sobre el proceso de Márquez, aunque aclaró que espera que el exdefensor consiga potenciar al seleccionado mexicano.El partido entre ambas selecciones será este sábado, 26 de septiembre, desde las 8:00 de la noche.
La llegada de Joaquín Gutiérrez a la presidencia de Ecopetrol abre una nueva etapa para la compañía y desde el Congreso ya advierten cuáles serán los principales desafíos de su administración.Aumentar las reservas y la producción, garantizar el abastecimiento de gas, fortalecer las finanzas y definir el futuro de la transición energética están entre las prioridades señaladas por senadores y representantes.Recuperar las finanzas y la confianza en EcopetrolUno de los primeros desafíos planteados desde el Congreso está relacionado con las finanzas y el gobierno corporativo de la compañía. Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, aseguró que Gutiérrez tendrá que recuperar las finanzas de Ecopetrol, pero también fortalecer la confianza y el gobierno corporativo.“Recibe una empresa con un debilitamiento económico lamentable. En el gobierno Petro las utilidades de Copetrol cayeron en un 72%. Al doctor Gutiérrez, de la mano de la junta directiva, le corresponderá recuperar, además de las finanzas, la confianza y el gobierno corporativo, retomar el negocio de la producción de gas natural y de petróleo”, aseguró Espinal.La senadora María Clara Posada también puso el foco en la rentabilidad y los costos. Según explicó, Ecopetrol venía de tres años de caída de utilidades hasta 2025 y, aunque los resultados mejoraron en 2026 por los precios internacionales, considera necesario que la compañía pueda mantener su rentabilidad incluso ante un escenario de menores precios del crudo.“El gobierno corporativo, que es determinante el fortalecimiento de la institucionalidad. Después de las controversias investigaciones de los últimos años, hay un desafío importante en recuperar la credibilidad, fortalecer controles y demostrar independencia en las decisiones para que no se afecte la inversión”, señaló Posada.Petróleo: aumentar reservas y volver a impulsar la exploraciónLa recuperación de las reservas y la producción de hidrocarburos aparece como otro de los principales retos.El senador Ariel Ávila, integrante de la Comisión Quinta, aseguró que la exploración y explotación petrolera deberá volver a convertirse en una prioridad.“El tema de exploración y explotación petrolera. Ese, en el gobierno de Gustavo Petro no fue una prioridad, por tanto, aquí se requiere esa prioridad para aprovechar los precios altos que tenemos en este momento del petróleo, que el barril de Brent está entre los 97 a 102, 103 dólares, el WTI 3, 4 dólares más barato, y eso, pues permitiría a la empresa despegar”, subrayó Ávila.Espinal también planteó aumentar la producción nacional de petróleo y defendió retomar el fracking como una alternativa para fortalecer las reservas probadas de petróleo y gas del país.A esta petición se sumó el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, quien aseguró que la nueva administración tiene la tarea de concentrarse en aumentar el valor de la compañía.“Colombia no puede darse el lujo de perder sus reservas ni de depender cada vez más de las importaciones”, afirmó Barguil, quien sostuvo que el país necesita una compañía “fuerte, eficiente y estratégica para la seguridad energética”.Gas: garantizar el abastecimiento y llevar los descubrimientos a producciónEl gas es otro de los asuntos que genera preocupación entre integrantes del legislativo.El representante a la cámara Alejandro de la Ossa, señaló que uno de los retos será lograr que los descubrimientos de gas del Caribe dejen de ser únicamente recursos encontrados y lleguen efectivamente a producción. Para ello, considera necesario resolver asuntos de infraestructura, licenciamiento y relacionamiento con las comunidades.El senador Miguel Ángel Barreto también advirtió sobre el riesgo de un racionamiento de gas y pidió acelerar la entrada de nueva oferta nacional.“Necesitamos, de manera urgente, explorar y explotar gas en nuestro país. Necesitamos solucionar el tema de las consultas previas y las licencias ambientales. Necesitamos que los nuevos proyectos ingresen de manera inmediata, como el proyecto Sirius de la costa Caribe de nuestro país”, aseguró.Por otro lado, el senador Marcos Daniel Pineda también puso entre las prioridades reducir la dependencia del gas importado, que según aseguró, ha aumentado hasta un 30%.Ariel Ávila también alertó sobre las necesidades de abastecimiento durante los próximos años, especialmente ante la incertidumbre internacional y los retrasos que, según señaló, enfrentan proyectos de regasificación.¿Cómo continuará la transición energética?El futuro de la transición energética es otro punto sobre el cual el Congreso pone la mirada.El senador Kevin Paz, defendió que Ecopetrol mantenga su carácter público mayoritario y continúe transformándose de una compañía exclusivamente petrolera hacia una empresa productora de diferentes energéticos.“Petróleo, gas, energía solar, eólica, hidrógeno blanco, gris, azul y verde, e iniciar la explotación de de geotermia, cuyos pilotos ya están diseñados. Igualmente, considero importante que la empresa mantenga en su junta directiva la participación de los trabajadores”, planteó Paz.Mientras tanto, De la Ossa aseguró que el desafío será desarrollar nuevas fuentes de energía sin debilitar de manera anticipada la producción de petróleo y gas que todavía requiere Colombia y que, además, puede generar los recursos necesarios para financiar esa transición.Cuestionamientos al nombramiento de Joaquín GutiérrezMás allá de los desafíos que tendrá la nueva administración, desde algunos sectores del Congreso también surgieron cuestionamientos sobre la elección de Gutiérrez.El representante José Luis Bohórquez, del Pacto Histórico, cuestionó su experiencia específica en hidrocarburos.“No hay idoneidad del señor para el cargo. El señor es especialista en la gerencia de proyectos de telecomunicaciones, es especialista en derecho a las telecomunicaciones, es especialista en servicios de la salud. Y en Ecopetrol, pues ni telecomunicaciones ni salud, sino que es hidrocarburos, gas, petróleo, entre otras cosas”, afirmó Bohórquez.El representante Mauricio Toro, de la Alianza Verde, también cuestionó la cercanía entre el nuevo presidente de Ecopetrol y el presidente Abelardo de la Espriella.“Cuando el cargo más importante de la empresa se entrega al jefe de campaña del presidente, pues el mensaje que Ecopetrol se reparte como botín electoral es muy grave. Eso lo criticamos con Petro y con Roa, y lo criticamos igual hoy. Abelardo De La Espriella llegó diciendo que iba a devolverle la técnica a Ecopetrol después del caso Roa, y eso resulta ser falso. Y lo primero que hace, pues es repetir exactamente el mismo patrón”, aseguró.Mientras tanto, desde el Centro Democrático, el representante John Jairo Berrío defendió la experiencia administrativa y empresarial de Gutiérrez.“Esos mismos que lo cuestionan, se les olvidó que Petro nombraba bachilleres de ministros y hasta directores del DPS. Hay que hacer buena memoria. Esperemos que este señor arranque y a ver cómo le va. Yo le auguro mucho éxito”, afirmó.Por su parte, el vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, también señaló que Gutiérrez no cuenta con experiencia directa en el sector petrolero, pero destacó que Ecopetrol tiene en su interior trabajadores con conocimiento técnico y experiencia.“Necesitamos un ecopetrol que siga generando utilidades, que siga generando riqueza. Eso es lo que te va a hacer. Y el fracking es más el costo de la operación que la ganancia que genera”, agregó Ocampo.
En las imágenes conocidas por Blu Radio se observa a Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera, esposado y escoltado por agentes de Interpol y uniformados de la Policía, mientras es trasladado para su extradición a los Estados Unidos. En una de las imágenes, aparece firmando documentos durante el procedimiento judicial relacionados con su extradición, mientras que otras registran su salida de un vehículo de seguridad y el momento en que era conducido por los agentes antes de continuar con el traslado.La operación comenzó la noche del jueves, cuando salió de la cárcel La Picota hacia CATAM y. posteriormente. fue llevado a Barranquilla. Allí, Interpol formalizó su entrega a agentes de los US Marshals y la DEA. A las 10:39 de la mañana de este viernes 25 de septiembre despegó desde el Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el avión Falcón 2.000 chárter que lo lleva a territorio estadounidense.Con el despegue de la aeronave terminó un operativo que comenzó desde la noche del jueves en Bogotá y que incluyó su salida de la cárcel La Picota, un traslado bajo fuertes medidas de seguridad hasta CATAM, un primer vuelo hacia Barranquilla y, finalmente, su entrega judicial a las autoridades de Estados Unidos.Antes de abandonar territorio colombiano, Interpol realizó en Malambo la entrega formal de ‘Araña’ a personal de los US Marshals y la DEA, que desde ese momento asumió su custodia. El procedimiento contó con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella, quien estuvo al frente del protocolo entre las autoridades colombianas y estadounidenses.Las imágenes también muestran el momento en el que ‘Araña’ es sacado de un vehículo de la Policía bajo una estricta escolta. El peligroso cabecilla aparece con chaleco táctico y casco, mientras varios uniformados de la Dijín e Interpol rodean cada uno de sus movimientos.En otra de las fotografías se observa al detenido frente a una mesa, firmando documentos mientras permanece esposado de pies y manos y custodiado por los agentes, en lo que corresponde a parte del protocolo previo a su entrega a las autoridades estadounidenses.La extradición había sido autorizada previamente, pero su entrega permaneció suspendida mientras Rojas participaba como representante de los Comandos de Frontera en los diálogos de paz del Gobierno de Gustavo Petro.El 26 de agosto de 2026, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó hacer efectiva la entrega, junto con la de otros cuatro integrantes de estructuras criminales, al señalar que no se habían acreditado aportes verificables al proceso de paz.Estados Unidos lo acusa de conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo; según el Departamento de Justicia de ese país, la acusación sostiene que habría participado en un acuerdo para distribuir cocaína destinada a ser introducida ilegalmente en Estados Unidos y que habría proporcionado apoyo de valor a personas u organizaciones vinculadas con actividades terroristas.