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La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el grave riesgo que enfrenta la población de Tibú, Norte de Santander, por la intensificación de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc. La situación amenaza la vida, la integridad y los derechos de miles de habitantes del casco urbano y de los corregimientos y veredas rurales de esta zona del Catatumbo.
El informe advierte que la confrontación entre el Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre y el Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte ha generado un escenario de violencia sostenida desde enero de este año. Tibú, por su ubicación fronteriza con Venezuela y la coexistencia de economías legales e ilegales, se ha convertido en un corredor estratégico para los grupos armados que buscan el control territorial y social de la región.
La Defensoría documentó homicidios, amenazas, secuestros, desplazamientos forzados y confinamientos. En el casco urbano se registra la presencia de una doble autoridad armada ilegal, con barrios controlados por el ELN o por el Frente 33, que imponen normas, horarios y sanciones extralegales. Además, se han identificado retenes ilegales, requisas e inspecciones de celulares, así como el uso de minas antipersonal, municiones sin explotar y ataques con artefactos explosivos lanzados desde drones.
El impacto sobre la población civil es crítico. Niñas, niños y adolescentes son víctimas de reclutamiento forzado —con 35 casos reportados hasta julio—, mientras que las clases en escuelas rurales permanecen suspendidas por la presencia de explosivos.
También se registran graves violencias basadas en género, incluyendo abuso sexual de menores, trata de personas y explotación de mujeres migrantes. Los pueblos indígenas Barí y Yukpa enfrentan restricciones de movilidad y la imposición de normas externas, y los líderes sociales son blanco de amenazas y estigmatización. La población migrante venezolana, estimada en más de 22.000 personas, también se encuentra en alto riesgo.
Ante la crisis humanitaria y el riesgo de expansión del conflicto hacia municipios vecinos del Catatumbo —como El Tarra, San Calixto, Sardinata y Teorama—, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente al Ministerio del Interior y a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) para implementar las 20 recomendaciones formuladas en la ATI. Entre ellas, la desarticulación de los grupos armados ilegales, la puesta en marcha de planes de protección colectiva para pueblos indígenas y liderazgos sociales, y la asignación de recursos para el desminado humanitario en zonas priorizadas.
La Defensoría reitera que el Estado debe garantizar una presencia institucional efectiva, con acciones integrales, financiación suficiente y una respuesta coordinada que proteja la vida y los derechos de la población civil de Tibú, una de las comunidades más golpeadas por el conflicto armado en el país.
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