Colombia cerró 2024 con 261.000 hectáreas sembradas con coca, un aumento del 3,5 % frente a las 253.000 hectáreas registradas en 2023, según el informe del Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2024 elaborado por la UNODC y el Gobierno colombiano.En detalle, el informó reveló que esta expansión o aumento no ocurrió de manera uniforme, sino que se concentró en regiones y departamentos específicos, principalmente en zonas cercanas a las fronteras internacionales.Puntualmente, son 10 los municipios que concentran el 50% de las hectáreas cultivadas para 2024:Tumaco (Nariño), 31.300 ha.Tibú (Norte de Santander), 25.911 haEl Tambo (Cauca) 10.326 haPuerto Asís (Putumayo) 9.893 haValle del Guamuez (Putumayo) 8.968 haEl Charco (Nariño) 8.800 haOrito (Putumayo) 7.669 haEl Tarra (Norte de Santander) 7.665 haSan Miguel (Putumayo) 6.411 haRoberto Payán (Nariño) 5.950 ha“Se requiere sumar la coca en 167 municipios para alcanzar la misma concentración del fenómeno de los 10 municipios”, advierte el informe.La región Pacífico continúa siendo el principal núcleo cocalero del país. Allí se localizaron 121.612 hectáreas en 2024, un incremento del 14 % respecto a las 107.078 hectáreas reportadas el año anterior. Esta región concentra casi la mitad de toda la coca sembrada en Colombia y explica buena parte del crecimiento nacional.Por el contrario, la región Putumayo-Caquetá registró una de las mayores reducciones del país. El área sembrada pasó de 56.933 hectáreas en 2023 a 49.190 hectáreas en 2024, una disminución del 14 %. También hubo reducciones en la región Central, donde la coca cayó 7 %, y en Meta-Guaviare, Orinoquía y Amazonía, que mantuvieron tendencias de estabilidad o descenso.19 departamentos con presencia de coca, diez registraron disminuciones, ocho aumentos y uno permaneció estableEl crecimiento se concentró principalmente en Nariño, Cauca y Norte de Santander, que sumaron cerca de 19.000 hectáreas adicionales durante 2024. En contraste, las reducciones más importantes ocurrieron en Putumayo, Caquetá y Antioquia, donde se dejaron de registrar alrededor de 9.000 hectáreas.Allí se han reportado tanto procesos de paz que han incluido erradicación voluntaria, como operaciones militares contra el delito de la producción de cocaína pero también un traslado de las economías ilícitas hacia la minería ilegal.Nariño se consolidó nuevamente como el departamento con mayor presencia de coca en Colombia al alcanzar cerca de 74.500 hectáreas, un incremento del 15 % frente a 2023. Norte de Santander también presentó un crecimiento significativo del 11 %, mientras que Putumayo, aunque sigue ocupando el tercer lugar nacional, redujo su área sembrada en un 12 %.Así las cosas, Nariño, Norte de Santander y Putumayo reúnen el 64 % de toda la coca sembrada en Colombia y, según el análisis histórico del SIMCI, en la última década casi triplicaron la cantidad de cultivos presentes en sus territorios.El informe atribuye parte de esta dinámica a la cercanía con las fronteras. La UNODC señala que los cultivos se han desplazado hacia zonas limítrofes porque estas ofrecen ventajas para el transporte, procesamiento y comercialización de cocaína. En la franja más próxima a las fronteras terrestres, entre 0 y 10 kilómetros, el área sembrada aumentó 8 % durante el último año.Tendencia que se refuerza en el mediano plazo: entre 2019 y 2024, la cantidad de coca ubicada en la franja de 0 a 40 kilómetros de las fronteras terrestres aumentó 70 %, es decir, casi 1,7 veces más que hace cinco años, en especial en Nariño y Catatumbo, territorios que limitan con Ecuador y Venezuela, respectivamente.Otro de los hallazgos relevantes es el crecimiento de los enclaves productivos, territorios donde los cultivos presentan alta densidad, permanencia y especialización, pasando de siete en 2019 a quince en 2024.Además, el área sembrada dentro de ellos se duplicó, al pasar de 56.000 a 114.000 hectáreas. Actualmente concentran el 44 % de toda la coca del país. Según la UNODC, en estos territorios existe una creciente integración entre el cultivo y los procesos de transformación (laboratorios), lo que favorece economías ilegales más estables.El 90 % de la coca detectada en 2024 se localiza en territorios donde el cultivo ha permanecido de manera continua durante los últimos diez años. Para la UNODC, esta concentración fortalece la dependencia económica de estos territorios frente a las economías ilícitas y representa uno de los mayores desafíos para las políticas de sustitución y desarrollo rural.
En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en el municipio de Los Patios, Norte de Santander, alias 'Bonay', señalado como presunto cabecilla de finanzas de la guerrilla del ELN. "Es uno de los responsables de recaudar recursos para fortalecer las actividades criminales del Frente de Guerra Nororiental", informó la Segunda División del Ejército. De acuerdo con las autoridades, el detenido tenía una orden de captura vigente y sería el encargado de recolectar dineros producto de acciones ilícitas destinadas al sostenimiento financiero y armado de esa estructura guerrillera, con injerencia en varias zonas del departamento de Norte de Santander.Según información del Ejército Nacional, alias 'Bonay' llevaría cerca de tres años vinculado al grupo armado ilegal. Inicialmente habría integrado las redes de apoyo al terrorismo y posteriormente pasó a formar parte de la estructura financiera del ELN, hasta convertirse este año en cabecilla de la denominada Estructura de Finanzas y Economía Revolucionarias.Las investigaciones indican que desarrollaba su actividad delictiva en veredas y Campo Dos, en el municipio de Tibú, donde presuntamente coordinaba las finanzas derivadas del apoderamiento ilegal de hidrocarburos. Estos recursos, según las autoridades, eran entregados a un sujeto conocido con el alias de “Elkin”, señalado de ordenar acciones criminales contra la Fuerza Pública en la región del Catatumbo.Uno de los aspectos más relevantes de la captura es la presunta participación de alias 'Bonay' en ataques contra integrantes del Ejército Nacional. De acuerdo con la institución castrense, el detenido estaría implicado de manera directa en el homicidio de dos soldados profesionales ocurrido el año anterior en la región del Catatumbo.Asimismo, las autoridades lo señalan de participar en la tentativa de homicidio de un suboficial del Ejército, quien resultó herido durante una acción armada atribuida a esa estructura ilegal."La captura representa un golpe estratégico contra las fuentes de financiación del Frente de Guerra Nororiental del ELN, organización que mantiene presencia en varios municipios de Norte de Santander y que ha sido señalada de realizar actividades relacionadas con extorsiones, amenazas, ataques a la Fuerza Pública y economías ilícitas", afirmó el general al Rodolfo Morales Franco., comandante de la Segunda División del Ejército. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por los delitos que le son atribuidos dentro de las investigaciones en curso.
Un trabajador contratista que realizaba labores relacionadas con la prestación del servicio de energía resultó herido este miércoles tras verse afectado por una mina antipersona en zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander.La información fue confirmada por la empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander, que lamentó lo ocurrido y señaló que desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y acompañamiento para brindar asistencia al trabajador afectado.A través de un comunicado oficial, la compañía rechazó de manera contundente los hechos de violencia que ponen en riesgo la vida, la integridad y la labor de quienes diariamente trabajan para garantizar el suministro de energía en las comunidades de la región.La empresa advirtió que situaciones de este tipo afectan directamente la prestación de los servicios públicos y los esfuerzos encaminados a mejorar la calidad de vida de las poblaciones en los territorios.Las autoridades competentes avanzan en las verificaciones del caso, mientras persiste la preocupación por las condiciones de seguridad en algunas zonas rurales del Catatumbo, donde la presencia de artefactos explosivos continúa representando una amenaza para la población civil y los trabajadores que desarrollan actividades en el área.En la zona estos artefactos han sido instalados por grupos como el ELN y las disidencias de las Farc, que están en disputa territorial desde enero de 2025.
Ecopetrol condenó el ataque con arma de fuego del que fue víctima un trabajador de la empresa contratista Serinco Drilling S.A. en el municipio de Tibú, Norte de Santander, hecho que vuelve a poner en evidencia los problemas de seguridad que persisten en la región del Catatumbo.De acuerdo con la información entregada por la compañía, el trabajador recibió atención médica inicial en Tibú y posteriormente fue trasladado a Bucaramanga, donde permanece bajo cuidado especializado debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.A través de un comunicado oficial, Ecopetrol expresó su solidaridad con el trabajador y sus familiares, al tiempo que manifestó su rechazo a cualquier hecho de violencia que atente contra la integridad de los empleados y contratistas que desarrollan labores en las zonas de operación."La compañía expresa su solidaridad con el trabajador y su familia, y le desea una pronta recuperación", señaló la empresa en el pronunciamiento divulgado este 30 de mayo.El atentado ocurre en medio de la compleja situación de orden público que enfrenta la región del Catatumbo, una de las zonas más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales, disputas territoriales y ataques contra la infraestructura energética y petrolera.Tibú, considerado uno de los principales municipios productores de hidrocarburos del país, ha sido escenario recurrente de acciones violentas que afectan tanto a la población civil como a trabajadores del sector petrolero.Ecopetrol reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad y el bienestar de sus trabajadores y contratistas, e hizo un llamado al respeto por la integridad de quienes desarrollan actividades productivas en la región mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los responsables del ataque.
La ola de violencia en Colombia, previa a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, ha generado preocupación y alerta en el país. Los constantes ataques por parte de grupos al margen de la ley han causado temor en varias regiones del territorio nacional.Ante esto, este domingo 24 de mayo, el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad de la Segunda División del Ejército Nacional, reveló que durante operaciones militares adelantadas por el Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10, que ejercía control militar en el sector de Barco La Silla, en Tibú, Norte de Santander, fueron atacados de manera indiscriminada por integrantes del GAO ELN mediante drones acondicionados con explosivos.De acuerdo con el comunicado compartido por el Ejército Nacional, los hechos ocurrieron en la madrugada de este domingo 24, dejando como saldo la muerte del soldado Aldair Bermúdez, así como otros siete uniformados heridos.Ejército evacuó a militares heridos tras ataque del ELN en TibúDe este modo, las víctimas del atentado que resultaron heridas fueron evacuadas en aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército y de la Fuerza Aeroespacial hacia la ciudad de Cúcuta, lugar donde recibirán la respectiva atención médica especializada en un centro asistencial.En el comunicado, el Ejército rechazó estos métodos no convencionales de guerra empleados con drones acondicionados con explosivos, los cuales generan graves daños que no solamente afectan a la Fuerza Pública, sino que también ponen en riesgo a la población civil.De acuerdo con lo confirmado por el Ejército Nacional, estos hechos serían retaliaciones por las operaciones militares desarrolladas en el sector de La Llana, donde las tropas sostuvieron combates de encuentro contra integrantes de esta estructura armada, frustrando una acción criminal en la vía Cúcuta - Tibú y donde varios integrantes del ELN habrían resultado afectados durante el desarrollo de las operaciones.Ejército lamentó muerte del soldado Aldair BermúdezAnte el lamentable hecho, la institución expresó sus condolencias por la muerte del soldado profesional. De esta manera, se activaron los protocolos institucionales y el acompañamiento interdisciplinario para apoyar a los familiares del soldado Aldair Bermúdez en este difícil momento.Mientras tanto, el Ejército Nacional afirmó que continuará realizando operaciones contra el GAO ELN
La aerolínea estatal Satena anunció la suspensión indefinida de sus operaciones aéreas en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, debido a la grave situación de orden público que afecta la región del Catatumbo.Según el comunicado oficial emitido desde Bogotá, la medida incluye la cancelación inmediata de la ruta Cúcuta – Tibú. La decisión responde a los recientes hechos de violencia que han generado riesgos para la seguridad del personal y los pasajeros.Uno de los detonantes fue el secuestro de Edinson Balaguera Gamboa, quien se desempeñaba como administrador de la operación de la aerolínea en ese municipio. Este hecho encendió las alertas de la compañía, que calificó la situación como “inviable” para continuar prestando el servicio en condiciones seguras.Satena rechazó el secuestro y pidió a las autoridades adelantar acciones urgentes para lograr la liberación del funcionario y esclarecer lo ocurrido. Además, reiteró que la seguridad es su prioridad, por lo que la operación permanecerá suspendida hasta que existan garantías verificables.La aerolínea aseguró que mantendrá coordinación constante con autoridades nacionales y locales, y continuará monitoreando la situación en la zona para informar oportunamente cualquier cambio sobre la reactivación de los vuelos.Esta suspensión impacta la conectividad aérea de una de las regiones más apartadas del país, en medio de un contexto de creciente tensión en el nororiente colombiano.
Al menos 1.044 personas han sido desplazadas de manera masiva en zonas rurales del municipio de Tibú, en Norte de Santander, en medio de un deterioro sostenido de la situación humanitaria asociada a la intensificación de acciones de grupos armados ilegales y enfrentamientos en el Catatumbo.De acuerdo con el más reciente reporte de OCHA, los hechos se concentraron entre el 20 de marzo y el 17 de abril de 2026, periodo en el que se registró una escalada de violencia marcada por combates entre grupos armados ilegales, enfrentamientos con la Fuerza Pública, así como ataques con drones cargados con explosivos y la presencia de municiones sin detonar.Uno de los eventos más críticos ocurrió el 13 de abril, cuando al menos 170 familias, aproximadamente 510 personas, se desplazaron desde las veredas Cerro Madera y La Selva hacia el corregimiento Campo Tres. A esto se suman otros desplazamientos registrados en abril, como el de 65 familias, unas 180 personas, provenientes del corregimiento de Pacelli, así como movimientos adicionales desde sectores como La Angalia y el kilómetro 25.En total, el balance acumulado da cuenta de 359 familias afectadas por desplazamientos masivos en distintos puntos del municipio. Entre la población impactada se identifican al menos 435 personas refugiadas y migrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana, quienes enfrentan mayores barreras de acceso a servicios, especialmente en salud, debido a su situación migratoria.El informe también advierte que cerca del 42 % de las personas desplazadas son niños, niñas y adolescentes, lo que equivale a aproximadamente 430 menores de edad, muchos de ellos con afectaciones en el acceso a la educación por cuenta de los constantes movimientos y las restricciones de seguridad en la zona.Además de los desplazamientos, se han identificado dinámicas de movilidad intermitente entre veredas, con familias que alternan entre sus viviendas, refugios improvisados y espacios comunitarios como medida de autoprotección, en un contexto marcado por limitaciones económicas, restricciones a la movilidad y condiciones de seguridad adversas.La situación se ve agravada por dificultades en el acceso humanitario, que han limitado la verificación en terreno y la entrega de asistencia, así como por la falta de registros consolidados de la población afectada, lo que podría derivar en subregistros y retrasos en la atención.Aunque autoridades locales y organizaciones humanitarias han iniciado acciones de respuesta, incluyendo entrega de ayudas básicas y atención en salud, el reporte advierte que estas resultan insuficientes frente a la magnitud de la emergencia.En este contexto, se requiere garantizar asistencia alimentaria inmediata para la población afectada, el suministro de kits de alojamiento y artículos básicos, el acceso a atención integral en salud, incluida salud mental, así como el fortalecimiento de medidas de protección, acceso a agua potable, saneamiento básico y condiciones que permitan restablecer el acceso a la educación para niños, niñas y adolescentes.
Dos hombres que permanecían secuestrados desde finales de marzo en zona rural de Tibú, Norte de Santander, recuperaron su libertad en las últimas horas, según confirmó la Defensoría del Pueblo.Se trata de Eimer Durán Real, de 22 años, y Diosemir Torrado Real, de 34, residentes del sector Socuavo Alto, quienes habían sido retenidos el pasado 29 de marzo en el lugar conocido como Barrio Largo.La liberación se logró en medio de un proceso humanitario acompañado por una comisión integrada, además de la Defensoría, por la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, organismos que facilitaron las condiciones para el retorno seguro de los ciudadanos.De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, este tipo de acciones reitera la necesidad de que la población civil sea excluida de las dinámicas del conflicto armado, en cumplimiento de los principios del derecho internacional humanitario.La entidad insistió en que la libertad de las personas debe prevalecer en cualquier circunstancia y reiteró su llamado a los actores armados para que respeten la vida y la integridad de las comunidades en territorios afectados por la violencia.Esta liberación en Norte de Santander se da en paralelo a dos hechos violentos en el departamento que ocurrieron este 11 de abril en el que cuatro policías resultaron heridos.Por un lado, un atentado con explosivos en Cúcuta dejó un policía herido y obligó a las autoridades a convocar un consejo de seguridad para esclarecer lo ocurrido y evaluar posibles medidas. Mientras que horas después se registró un segundo atentado en el municipio de Ragonvalia, también en Norte de Santander, donde una patrulla de la Policía fue atacada.
Una verdadera tragedia ocurrió en Chinácota, luego de que una mujer de 28 años, oriunda de Tibú, muriera al presentarse una falla en una atracción turística.Yiris Cristel García perdió la vida tras lanzarse de un tobogán, según confirmaron las primeras informaciones del caso. Tras el lamentable suceso, las autoridades competentes han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Hay que decir que el foco principal de la indagación busca determinar si el establecimiento contaba con las medidas de seguridad apropiadas para operar este tipo de actividades y garantizar la integridad de sus visitantes.El momento en el que se lanzó Yiris del tobogán quedó registrado en video. El instructor le indicaba la manera cómo debía ubicarse en lo que sería una llanta que la arrastraría hacia la parte baja de la atracción y que no debía preocuparse, mientras tanto, ella le preguntó si abajo la recibiría alguien, pero, una vez se lanzó, se escucharon los gritos de la mujer y cómo si se hubiese tropezado con algo que la hizo caer de la atracción."¿Se salió?", fue la voz que se escuchó en el video tras el accidente.Reacciones Personas que se encontraban en el lugar reaccionaron de inmediato y la trasladaron en un vehículo particular hasta el hospital del municipio de Chinácota. Sin embargo, debido a la complejidad de las heridas, los médicos decidieron remitirla de urgencia al Hospital Universitario Erasmo Meoz, en Cúcuta, principal centro asistencial del departamento.De acuerdo con el reporte médico preliminar, la mujer presentaba un trauma intracraneal y un trauma toracoabdominal cerrado, lesiones que comprometían gravemente su estado de salud. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció hacia las 9:00 de la noche debido a la gravedad de los golpes sufridos durante el accidente.Las autoridades manejan el caso, por ahora, como una muerte accidental. Unidades de investigación adelantan la inspección técnica al cadáver, la recolección de testimonios y la verificación de las condiciones de seguridad de la atracción para establecer con precisión.El caso continúa bajo análisis mientras avanzan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del accidente ocurrido en este establecimiento reconocido de la región.Vea las imágenes aquí:
En zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, tropas del Ejército destruyeron un complejo cocalero compuesto por tres laboratorios dedicados a la producción de pasta base de coca, una estructura que, según información de inteligencia, sostenía parte de las finanzas ilegales del frente ‘Luis Enrique León’ Guevara del ELN.La operación se desarrolló en la vereda La India, sector de Alto San Miguel, donde fueron ubicadas las infraestructuras clandestinas utilizadas para el procesamiento de droga. En el lugar, las autoridades hallaron 660 galones de pasta base de coca en suspensión, además de grandes cantidades de insumos químicos y combustible empleados en la producción del estupefaciente.Durante la intervención fueron incautados 385 galones de ACPM, 180 galones de gasolina, 110 galones de ácido sulfúrico y cerca de 375 kilogramos de insumos sólidos. También se inutilizaron equipos y maquinaria clave para la elaboración de la droga, dejando fuera de operación el complejo.De acuerdo con las autoridades, este centro de producción tenía una capacidad mensual cercana a los 600 kilogramos de pasta base de coca. La droga, una vez procesada, era movilizada por rutas que atravesaban territorio venezolano, con destino final en mercados de Estados Unidos y Europa.El valor de la infraestructura y del material destruido fue estimado en cerca de 295 millones de pesos, lo que representa un nuevo golpe a las economías ilegales del ELN en el Catatumbo, apenas días después de otras afectaciones millonarias registradas en la región.La zona de Alto San Miguel es considerada estratégica para el narcotráfico por su ubicación y las dificultades de acceso, condiciones que han sido aprovechadas históricamente por los grupos armados para instalar laboratorios y asegurar corredores de movilidad ilegal.
Durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo, Antioquia se convertirá en uno de los principales destinos turísticos del país gracias a la programación de ferias y fiestas que se realizarán en más de diez municipios. Entre el viernes 26 y el lunes 29 de junio de 2026, habitantes y visitantes podrán disfrutar de conciertos, desfiles, gastronomía, actividades culturales y tradiciones populares.Municipios cercanos a Medellín, así como destinos en subregiones como el Oriente, Suroeste, Norte, Occidente, Magdalena Medio y Urabá antioqueño, prepararon una variada agenda para recibir a miles de turistas durante el puente festivo. Varios de estos eventos son gratuitos y representan una oportunidad para impulsar el turismo y la economía local.Fiestas en El Peñol Antioquia 2026Uno de los destinos más visitados será El Peñol, que celebra las tradicionales Fiestas del Viejo Peñol y del Embalse entre el 24 y el 29 de junio. Además de la programación artística, los asistentes podrán disfrutar de actividades náuticas, recorridos por el embalse y la reconocida oferta gastronómica del municipio.En el Occidente antioqueño, Sopetrán vivirá las Fiestas de las Frutas, mientras que Anzá celebrará las Fiestas del Cacique Curumé, ambas con una agenda que incluye tablados populares, muestras culturales, concursos y actividades familiares durante el puente festivo.El Oriente también tendrá una destacada programación. San Francisco realizará las Fiestas del Bosque y el Retorno, mientras que el corregimiento El Jordán, en San Carlos, será sede de las XXI Fiestas del Arriero, un evento que exalta las tradiciones campesinas y la historia de esta región antioqueña.En el Suroeste, Ciudad Bolívar recibirá a propios y visitantes con el Festival de la Piedra, mientras que Urrao desarrollará las tradicionales Fiestas del Cacique Toné, dos celebraciones que combinan música, cultura, gastronomía y actividades recreativas para todos los públicos.La programación también llegará al Nordeste y al Magdalena Medio. En el corregimiento San José del Nus, de San Roque, se realizarán las Fiestas del Río Nus, mientras que Puerto Berrío celebrará las Ferias y Fiestas del Retorno y Puerto Nare llevará a cabo las Fiestas Turísticas de San Juan y San Pedro.En el Norte del departamento, San Pedro de los Milagros tendrá las tradicionales Fiestas de la Leche y sus Derivados, Yarumal celebrará las Fiestas del Yarumo, y La Unión reunirá a visitantes con las Fiestas de la Papa, resaltando la vocación agrícola y ganadera de estas poblaciones.La agenda festiva también incluirá celebraciones en San Luis, con las Fiestas de la Madera; Arboletes, con las Fiestas del Mar y del Volcán; y Sabaneta, donde se desarrollarán las reconocidas Fiestas del Plátano, una de las celebraciones más tradicionales del área metropolitana.Con esta amplia programación, Antioquia ofrece múltiples alternativas para quienes buscan viajar durante el puente festivo sin alejarse demasiado de Medellín. Destinos como El Peñol, Sopetrán, Anzá, San Francisco y Ciudad Bolívar se perfilan entre los más atractivos para disfrutar de la cultura, la gastronomía y las tradiciones del departamento.
El colectivo Acuerdos Fundamentales, integrado por organizaciones científicas, gremiales y asociaciones del talento humano en salud, informó que sostuvo reuniones técnicas con el equipo programático de salud vinculado al proceso de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella, con el propósito de aportar propuestas frente a la situación que enfrenta el sistema de salud en el país.De acuerdo con el comunicado, durante los encuentros se abordaron temas relacionados con la sostenibilidad y estabilidad del sistema, el pago oportuno al talento humano en salud, la autonomía profesional, la autorregulación, la gobernanza del sector y la participación de los diferentes actores que hacen parte del sistema.El colectivo señaló que, como resultado de estos acercamientos, se acordó desarrollar una serie de tareas orientadas a construir propuestas técnicas enfocadas en soluciones para los pacientes, el talento humano en salud y el fortalecimiento del sistema. Asimismo, indicó que continuará participando en estos espacios desde una perspectiva técnica y constructiva.En el comunicado también se destaca la disposición al diálogo por parte del equipo de salud del gobierno entrante. El documento está respaldado por más de una veintena de organizaciones, entre ellas asociaciones científicas, colegios médicos, federaciones y gremios del sector salud, que manifestaron su intención de contribuir a la formulación de propuestas durante el proceso de empalme.
El reciente sismo que sacudió a Venezuela y que se sintió con fuerza en varias ciudades de Colombia como Cúcuta, Bucaramanga, Medellín y Bogotá, revivió el temor sobre la resistencia de las edificaciones en el país. En entrevista con Mañanas Blu, Gilberto Areiza, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), analizó el panorama actual y lanzó una advertencia clara: Colombia no está del todo preparada debido al alto costo que implica actualizar las estructuras más antiguas.Al ser consultado directamente sobre las estadísticas de actualización en el país frente a un sismo de gran magnitud, Areiza fue contundente. "No muy bien, y hay que ser sinceros", afirmó el experto, explicando que el principal obstáculo para asegurar los inmuebles es económico.El grave problema de los edificios construidos antes de 1984La normativa de sismorresistencia en el territorio nacional ha tenido una evolución histórica que marca una línea de seguridad muy clara para los habitantes de cualquier propiedad.Edificaciones posteriores a 1984: Cuentan con un buen nivel de seguridad. La primera norma oficial nació con la Ley 400 del 7 de junio de 1984, la cual tuvo actualizaciones posteriores en los años 1998 y 2010 (NSR-10).Edificaciones anteriores a 1984: Representan el mayor riesgo. Al no estar cobijadas por legislaciones estrictas, su resistencia ante un terremoto es una incógnita que depende enteramente de la rigurosidad del constructor de la época."Las actualizaciones sismorresistentes son muy costosas y dependen de la edad de la edificación", señaló Areiza. Como ejemplo de esta problemática, citó el caso del Hospital San Juan de Dios en Cali, una estructura indispensable construida en 1829 donde no se han podido realizar mayores intervenciones por falta de recursos.¿Se puede actualizar la sismorresistencia de un edificio viejo?El ingeniero explicó que sí es técnicamente posible mediante un procedimiento denominado estudio de vulnerabilidad estructural. Este análisis evalúa el comportamiento del inmueble frente a las exigencias de la norma vigente (NSR-10) y plantea una ruta de rehabilitación técnica.Bajo la ley colombiana, los hospitales, centros de emergencia y todas aquellas denominadas "edificaciones indispensables" tienen la obligación legal de realizar esta actualización para garantizar su funcionamiento tras un desastre. Sin embargo, en el sector residencial privado la situación es distinta y la inversión depende de las copropiedades.El peligro oculto en las obrasEl presidente de la AIS enfatizó que un buen diseño estructural en el papel no garantiza que el edificio soporte un terremoto si falla el control en la construcción. El talón de Aquiles de la infraestructura colombiana suele estar en la supervisión técnica de la obra.Un error común y crítico es el mal curado del concreto. Según datos compartidos por el experto, si este proceso no se ejecuta de forma correcta en la obra, el material puede llegar a perder hasta un 50% de la resistencia especificada en los planos, dejando la estructura en una situación de alta vulnerabilidad.Actualmente, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica trabaja junto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en una nueva propuesta para actualizar la norma sismorresistente del país, buscando mantener a Colombia bajo los más altos estándares científicos del mundo.
Seis rescatistas vinculados a Caldas ya viajaron a Venezuela como parte de la delegación colombiana que apoyará las labores de búsqueda, rescate y atención de la emergencia que enfrenta ese país.Tras el proceso de selección realizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los seis profesionales quedaron integrados al equipo de 62 integrantes que representa a Colombia en la misión humanitaria.Tres de los rescatistas hacen parte del componente médico, mientras que los otros tres cumplen funciones en operaciones de búsqueda y rescate, además de planificación y coordinación bajo el sistema USAR (Búsqueda y Rescate Urbano).La delegación caldense está conformada por cuatro integrantes activos de la Cruz Roja Colombiana, un miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chinchiná y un profesional de la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, quien también integra el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Manizales.Con esta misión, Caldas aporta personal especializado a las labores humanitarias que adelanta Colombia para apoyar la atención de la emergencia en territorio venezolano.Desde la Gobernación de Caldas expresaron su reconocimiento a los rescatistas y reiteraron un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano.
La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO, en coordinación con los 26 Bancos de Alimentos del país, puso en marcha una estrategia nacional para recolectar alimentos, productos de primera necesidad y aportes económicos destinados a atender la emergencia humanitaria provocada por los terremotos registrados en Venezuela. La ayuda será movilizada por vía terrestre y aérea en articulación con el Banco de Alimentos de Venezuela y Cáritas.Las mayores afectaciones se concentran en Caracas y en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, donde miles de familias requieren asistencia inmediata, según aseguró la organización.Para responder a esta situación, ABACO habilitó inicialmente 13 Bancos de Alimentos en diferentes regiones del país para recibir y clasificar las donaciones, mientras avanza la activación de toda la red nacional de 26 bancos. Entre los productos priorizados se encuentran alimentos no perecederos, agua, leche, granos, artículos de higiene, pañales, cobijas, kits de cocina y otros elementos esenciales que serán distribuidos entre la población afectada.El director de ABACO, Juan Carlos Buitrago, explicó que las donaciones llegarán a través de los bancos de alimentos de Bogotá y Cúcuta, desde donde serán transportadas por vía terrestre y aérea para su distribución, con el apoyo de Cáritas y el Banco de Alimentos de Venezuela. Además, invitó a la ciudadanía a realizar donaciones en especie o en dinero para cubrir tanto la compra de productos faltantes como los costos logísticos de la operación humanitaria.Los interesados pueden realizar donaciones en especie en los Bancos de Alimentos habilitados o hacer aportes económicos a través del portal donahoy.abaco.org.co/emergenciavzla2026 También está disponible la cuenta de ahorros Bancolombia 04867105340, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia – ABACO, con NIT 900326456-1, y la llave Bre-B 0090989753. Los recursos serán destinados a la compra de productos faltantes y al transporte de la ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.