Cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, pertenecientes a la estructura 33, fueron capturados y un menor de edad recuperado durante una operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional en la vereda La Perla, en el municipio de Tibú, Norte de Santander.El operativo fue desarrollado por tropas de la Segunda División del Ejército Nacional. Las cinco personas quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos judiciales y, en el caso del menor, el restablecimiento de sus derechos.Entre los capturados se encuentra alias Eddy, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de escuadra de la comisión Roque González de las disidencias. También fueron detenidos alias Franyer, quien sería sicario de esta estructura, y alias Franklin, señalado de desempeñarse como dronista y sicario.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres pistolas, un arma larga, un cañón de fusil AK-47, una culata, dos cerrojos, un supresor de sonido, una mira telescópica, un bípode de precisión, siete proveedores y abundante munición de diferentes calibres."En materia de comunicaciones fueron encontrados tres radios, dos cargadores de dos metros, diez teléfonos celulares y tres brazaletes alusivos a esta organización armada ilegal", afirmó el general Néstor Nieto, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército. Uno de los resultados más importantes de la operación fue la incautación de material explosivo. Según el reporte militar, fueron encontrados aproximadamente 938 metros de cordón detonante, cinco kilogramos de pentolita, cuatro detonadores, dos tarros de pólvora negra y dos cilindros de 20 libras."Además, personal especializado destruyó de manera controlada una granada y cinco dispositivos explosivos improvisados. Uno de ellos, por sus características, se asemejaba a una mina antipersonal, mientras que los otros cuatro podían ser utilizados como trampas explosivas", manifestó el coronel Gonzalo Esteban Blanco, comandante de la Policía Norte de Santander. En el operativo también fueron recuperados una camioneta y una motocicleta que, de acuerdo con los registros judiciales, figuraba como hurtada. Según las autoridades, estos automotores presuntamente eran utilizados para movilizar integrantes de la organización, armamento e insumos.Con este resultado, la Fuerza Pública reportó una nueva afectación a las capacidades armadas, logísticas y explosivas de las disidencias de las Farc, que mantiene presencia en esta zona del Catatumbo.
Las autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida de un hombre que habría sido trasladado desde la vereda Mate Coco, en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, Norte de Santander.De acuerdo con la información preliminar, la víctima sería Héctor Julio Mendoza Rodríguez, quien fue reconocido por un familiar. El cuerpo presentaba siete impactos de arma de fuego en la región abdominal, según el reporte de las autoridades.La inspección técnica al cadáver fue realizada por funcionarios de la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de Tibú, quienes adelantaron los procedimientos correspondientes para documentar el caso y avanzar en las investigaciones.Según la información conocida, el hombre habría sido reportado como desaparecido desde el pasado 13 de octubre de 2026, cuando presuntamente se lo llevaron del lugar donde trabajaba. Las autoridades deberán establecer las circunstancias de su desaparición y posterior muerte.En esta zona del municipio de Tibú, de acuerdo con las autoridades, tienen presencia estructuras armadas ilegales como el Frente Luis Enrique León Guerra, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio, asociado a las disidencias de las Farc y al grupo Gentil Duarte.
Cinco presuntos integrantes de las disidencias de alias 'Calarcá' fueron capturados en flagrancia durante una operación militar desarrollada en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, Norte de Santander.La operación fue adelantada por tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, de la Segunda División del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional.Durante el procedimiento militar también fue recuperado un menor de edad, quien quedó bajo disposición de las autoridades competentes.De acuerdo con el Ejército, los cinco capturados estarían presuntamente relacionados con recientes asesinatos de habitantes de esta región. Esta señalamiento deberá ser establecido dentro de las investigaciones judiciales correspondientes."En poder de los detenidos fueron encontradas cuatro armas de fuego: un arma larga y tres armas cortas. Además, las autoridades incautaron un proveedor para fusil, dos proveedores para pistola y munición de diferentes calibres", afirmó el coronel Wendell Fernandez Porras, comandante de la Fuerza de Tarea VulcanoTambién fueron decomisados seis teléfonos celulares y una tableta, elementos que quedaron a disposición de las autoridades para su análisis y para avanzar en las investigaciones.Los cinco capturados, el menor recuperado y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que adelantarán los actos urgentes y el proceso judicial correspondiente.Las operaciones militares continúan en La Gabarra y otros sectores del Catatumbo, con el objetivo de afectar las estructuras armadas ilegales que mantienen presencia en la región y reforzar la seguridad de las comunidades.
La incertidumbre crece en el Catatumbo por el paradero de José Richard Velázquez Triana, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Selva, en el corregimiento de Campo Dos, Tibú. Su familia asegura que permanece secuestrado por el ELN y hoy eleva un llamado humanitario para conocer su estado y lograr su regreso a casa.Sus familiares rompieron el silencio y pidieron al grupo armado respetar su vida e integridad. Aseguran que Velázquez Triana es un campesino dedicado a su hogar y al trabajo comunitario, por lo que su ausencia mantiene en angustia a su esposa, sus hijos y demás seres queridos."Por favor, liberen a mi hermano", es el clamor de Yumary Velásquez Triana, quien pidió directamente al ELN permitir su regreso. La familia insiste en que detrás del líder comunal hay una familia que espera volver a verlo y que enfrenta la incertidumbre sin información sobre sus condiciones.Uno de los principales pedidos es una prueba de supervivencia. Desde la familia señalan que no han recibido información que permita establecer cómo se encuentra José Richard, por lo que la preocupación aumenta con el paso de los días.Ante esta situación, el alto consejero de Paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, señaló que se ha intentado avanzar en gestiones humanitarias y planteó la necesidad de buscar el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, además de la Iglesia católica y otras entidades que puedan contribuir a facilitar su liberación.El llamado de la familia es que se permita una acción humanitaria que garantice la vida del líder comunal y facilite su regreso. Mientras tanto, sus seres queridos permanecen a la espera de una señal que confirme que está con vida.
Cayó en pleno casco urbano de Tibú, Norte de Santander, alias 'Pollo', señalado cabecilla de comisión de la estructura 33 de las disidencias de las Farcy presunto implicado en el homicidio de Mónica Beltrán, la menor que habría sido víctima de reclutamiento forzado.El operativo permitió ubicarlo tras labores de inteligencia militar. En el procedimiento le encontraron una pistola 9 milímetros, un proveedor y munición.Según las autoridades, alias 'Pollo' llevaba más de cuatro años en las filas de esta estructura y habría escalado hasta convertirse en uno de sus cabecillas en la zona.Su nombre aparece ahora ligado a una serie de hechos violentos en el Catatumbo: desplazamientos forzados, secuestros, extorsiones, intimidaciones y homicidios. También es señalado de participar en ataques con drones cargados con explosivos contra la Fuerza Pública y civiles.El brigadier general César Augusto Martínez Páez, comandante de la Segunda División del Ejército, confirmó que el capturado estaría relacionado con el asesinato de la menor.“Este sujeto se desempeñaba como cabecilla de comisión de la Subestructura Jorge Suárez Briceño, de la Estructura 33, y estaría profundamente involucrado con el homicidio de una menor de edad en Tibú, quien habría sido víctima de reclutamiento forzado”, afirmó.Las autoridades también investigan su posible participación en la retención de habitantes de Pacheli y Versalles, dos corregimientos de Tibú.Alias 'Pollo' quedó a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan las investigaciones para establecer su responsabilidad en estos hechos.
Un nuevo golpe contra la guerrilla del ELN fue propinado por la Fuerza Pública en el municipio de Tibú, Norte de Santander, durante una operación desarrollada en el corregimiento de Campo Dos.La acción se registró en el sector conocido como El Cementerio, donde tropas de la Segunda División del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y coordinación con la Policía Nacional, sostuvieron un combate de encuentro con integrantes del autodenominado frente Juan Fernando Porras del ELN.De acuerdo con la información entregada por las autoridades, durante la operación fueron capturados cinco presuntos integrantes de esa estructura guerrillera, entre ellos alias ‘El Indio’, señalado como cabecilla de finanzas del ELN. Uno de los presuntos integrantes resultó herido durante el enfrentamiento. El Ejército informó que recibió primeros auxilios en el lugar, en cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario, y posteriormente se coordinó su extracción y traslado para recibir atención médica."Durante el registro de la zona, las tropas incautaron un fusil, tres armas cortas, dos proveedores para fusil, 50 cartuchos calibre 9 milímetros y abundante munición de diferentes calibres", dijo el general Cesar Augusto Martínez Páez, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional.También fueron decomisados siete teléfonos celulares y documentación que, según las autoridades, será analizada por Inteligencia Militar para establecer información relacionada con el funcionamiento y las actividades de esta estructura del ELN.La Fuerza Pública señaló que la operación permitió afectar las acciones de extorsión e intimidación que, de acuerdo con las investigaciones, estarían dirigidas contra comerciantes, transportadores y operadores de maquinaria pesada de la zona.Las autoridades indicaron que mantendrán el despliegue operacional en el área, con apoyo de las capacidades de la Fuerza Pública, con el propósito de garantizar la seguridad de la población civil y avanzar en la recuperación del control territorial en el Catatumbo. En otra acción desarrollada en Norte de Santander, la Fuerza Pública reportó el rescate de una persona que permanecía secuestrada presuntamente por integrantes del ELN.Durante este procedimiento también se registraron combates entre las tropas y miembros de esa organización guerrillera. Las autoridades informaron que dos presuntos integrantes del ELN murieron durante los enfrentamientos.Los detalles de esta segunda operación son materia de verificación por parte de las autoridades, mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias del secuestro y la identidad de las personas involucradas.El departamento de Norte de Santander continúa siendo escenario de operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras armadas ilegales, particularmente en zonas rurales de Tibú y otros municipios del Catatumbo. Las autoridades mantienen operaciones contra acciones de extorsión, secuestro, narcotráfico y otras actividades atribuidas a grupos armados que tienen presencia en esta región.
Mónica tenía 13 años cuando fue reclutada en una zona rural de Tibú, Norte de Santander. Meses después, su familia recibió la noticia de que la menor había sido encontrada sin vida. De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, la niña habría intentado escapar del grupo armado que la mantenía retenida antes de ser asesinada.Durante el tiempo que permaneció en poder de la organización, su padre, Ramón Darío Beltrán Acevedo, apenas pudo hablar con ella durante unos tres minutos. Aunque Mónica alcanzó a decirle que estaba bien, su padre aseguró que pudo notar el temor que tenía y que la menor quería regresar a casa. "Papi, ya estoy bien", fueron las palabras que alcanzó a decirle durante esa breve conversación.Beltrán Acevedo recordó que el contacto fue demasiado corto y que no pudieron conversar con tranquilidad sobre la situación que atravesaba la menor."La conversación con ella en ese momento fue muy corta, alrededor de 3 minutos, no pudimos coordinar bien, solo preguntarle cómo estaba", relató el padre, quien aseguró que, pese a las palabras de su hija, percibió que algo no estaba bien.El padre de Mónica también describió la preocupación que observó en la menor durante la llamada. "Pero no la noté bien porque estaba preocupada, es una niña, estaba preocupada, quería venirse y bueno, no pude hacer nada", contó. Según su testimonio, la expresión de la niña le permitió identificar el miedo que estaba sintiendo en ese momento."Sí, claro, claro. Con la mirada, de una vez yo conocí que tenía miedo, pero lamentablemente no pudimos hacer nada", manifestó Beltrán al recordar aquel último contacto con su hija. La familia mantuvo la esperanza de que Mónica pudiera regresar a casa, hasta que recibió la confirmación de su muerte.La recuperación y el traslado del cuerpo desde la zona del Catatumbo hasta Cúcuta también representaron dificultades debido a las condiciones de seguridad y al acceso al territorio. La familia tuvo que afrontar este proceso después de conocer la muerte de la menor.Reclutamiento de menoresEl caso también expone una modalidad de reclutamiento que estaría utilizando las redes sociales para llegar a menores de edad. De acuerdo con la información dada a conocer por la Defensoría, plataformas como TikTok estarían siendo utilizadas para establecer contacto con niños y adolescentes, a quienes se les ofrecerían dinero, motocicletas y supuestas oportunidades.La situación preocupa especialmente en Norte de Santander. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, durante el primer semestre de 2026 se registraron 25 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el departamento, aunque la entidad advirtió que podría existir un subregistro.
La Defensoría del Pueblo alertó por el deterioro de las condiciones de seguridad para la población civil y la Misión Médica en Tibú, Norte de Santander, luego de varios hechos registrados entre el 9 y el 10 de septiembre.De acuerdo con el organismo, los acontecimientos incluyen la activación de una mina antipersonal y diferentes acciones contra ambulancias y conductores, situaciones que dificultan la atención y el traslado de pacientes en esta zona del Catatumbo.El primer hecho ocurrió el miércoles 9 de septiembre, en la zona rural de Orú, donde la activación de una mina antipersonal dejó heridas a dos personas, de 28 y 19 años, ambas de nacionalidad venezolana.Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Tibú para recibir atención médica. Posteriormente, con apoyo de la Defensoría en las gestiones ante la Fuerza Aeroespacial Colombiana, fueron trasladadas a Cúcuta el jueves 10 de septiembre.El organismo reiteró su preocupación por el riesgo que representa la presencia de minas antipersonal para las comunidades que transitan por estos territorios.La situación también involucró directamente a vehículos y trabajadores de la Misión Médica. Durante la mañana del jueves 10 de septiembre, hombres armados se llevaron una ambulancia del Hospital San José de Tibú y privaron de la libertad a su conductor. El trabajador posteriormente fue liberado.Más tarde, hacia las 4:00 de la tarde, otra ambulancia que se dirigía hacia Cúcuta tuvo que detenerse durante aproximadamente 40 minutos debido al sobrevuelo de un dron. De acuerdo con la Defensoría, esta situación generó temor entre el personal médico que se movilizaba en el vehículo.Horas después, aproximadamente a las 7:00 de la noche, hombres armados secuestraron al conductor de otra ambulancia. La Defensoría señaló que, después de estos hechos, participó en una mesa de trabajo para articular acciones y solicitar garantías para el desarrollo de la labor de la Misión Médica.Ante este panorama, el organismo hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de realizar acciones que afecten o interfieran con la Misión Médica.También pidió evitar el uso de minas antipersonal y cualquier otra acción que pueda poner en riesgo la vida, integridad y movilidad de la población civil.La Defensoría, además, instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a fortalecer las medidas de prevención y protección para garantizar condiciones seguras para la atención médica y el transporte de pacientes en Tibú y el resto del Catatumbo.
La confrontación territorial entre el ELN y las disidencias del Frente 33 continúa dejando graves consecuencias para la población civil en Tibú, Norte de Santander. El alcalde del municipio, Richard Claro, advirtió sobre el aumento de la presencia de minas antipersonales y artefactos explosivos en diferentes zonas rurales, una situación que, según afirmó, se presenta prácticamente a diario y que está afectando especialmente a campesinos y comunidades que deben transitar por estos territorios.En entrevista con Mañanas Blu, el mandatario se refirió a un reciente hecho ocurrido en el sector de Oru 7, donde dos jóvenes resultaron gravemente heridos luego de manipular un artefacto explosivo. De acuerdo con el reporte entregado por Claro, las víctimas, de 18 y 28 años y de nacionalidad venezolana, encontraron un dispositivo que tenía cables conectados e intentaron manipularlo, lo que provocó la explosión.“Dos personas, una de 18 y otra de 28, se encontraron un artefacto con unos cables conectados. Intentaron manipular los cables y este artefacto explotó”, explicó el alcalde.Los jóvenes sufrieron heridas de gravedad, principalmente en el dorso y las partes inferiores del cuerpo, y fueron trasladados al Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta para recibir atención médica. El alcalde aclaró además que, hasta el momento de la entrevista, no existía confirmación oficial sobre una tercera persona fallecida que había sido mencionada inicialmente en algunos reportes.Minas antipersonales, una amenaza para los campesinosRichard Claro aseguró que la instalación de minas y otros artefactos explosivos se ha convertido en una problemática recurrente en las zonas donde existe presencia de los grupos armados ilegales. El mandatario señaló que estos dispositivos no solo representan una amenaza para las Fuerzas Militares, sino principalmente para la población civil que continúa desarrollando sus actividades cotidianas en áreas rurales.“A diario tenemos situaciones delicadas de orden público, de minas antipersonales”, afirmó el alcalde, quien agregó que la administración municipal ha adelantado gestiones relacionadas con el desminado humanitario.La preocupación aumenta debido a que algunos de estos artefactos han sido encontrados cerca de escuelas y caminos utilizados diariamente por campesinos, lo que incrementa el riesgo de nuevos accidentes. Para el mandatario, los civiles se han convertido en las principales víctimas de una disputa armada por el control territorial. “Los civiles son los más afectados de esta guerra y estas confrontaciones por el control territorial de estos grupos”, sostuvo Claro.La dinámica del conflicto también dificulta determinar cuál de las estructuras armadas instala cada campo minado. Según el alcalde, tanto el ELN como las disidencias del Frente 33 mantienen presencia en diferentes sectores y se disputan el dominio de zonas estratégicas del municipio.ELN y disidencias se disputan el control territorialLa confrontación entre ambas estructuras armadas ha generado una situación cambiante en diferentes puntos de Tibú. Claro puso como ejemplo el sector del kilómetro 25, donde, según explicó, se han observado cambios en los símbolos que identifican la presencia de cada grupo.“Un día aparece una bandera, al otro día sale la otra, quitando un grupo la bandera y colocando la otra”, relató el mandatario. Esta disputa territorial tiene una consecuencia adicional: cuando los grupos armados abandonan determinados sectores, los artefactos explosivos que fueron instalados permanecen en el terreno y pueden convertirse en una amenaza para quienes posteriormente ingresan a esas zonas.El alcalde explicó que los grupos utilizan las minas como mecanismo de protección frente a la incursión de su adversario. “Cada grupo donde pasa va dejando minas para su protección, para su guardia, y allí es donde suceden los accidentes”, señaló.El problema, agregó, radica en que las estructuras armadas pueden permanecer solamente algunos días en un determinado punto, mientras que las minas quedan allí durante mucho más tiempo. Posteriormente, los campesinos regresan a sus labores sin conocer necesariamente la ubicación de los artefactos.La vía Tibú-Cúcuta continúa bajo presiónAdemás de la problemática de las minas antipersonales, el alcalde Richard Claro aseguró que las condiciones de seguridad en el municipio siguen siendo críticas. Entre las principales preocupaciones se encuentra la situación de la vía que comunica a Tibú con Cúcuta, particularmente el corredor Astilleros-Tibú.De acuerdo con el mandatario, la administración municipal continúa sin lograr el control efectivo de esta carretera, donde se han presentado hechos que afectan incluso al personal encargado de prestar servicios de emergencia. Claro mencionó que, en la jornada anterior a la entrevista, se registró la retención de una ambulancia que salió del casco urbano de Tibú junto con un paramédico. También señaló que otro conductor de ambulancia fue detenido cuando se movilizaba por la vía Astilleros-Tibú.
Un adolescente de 17 años resultó gravemente herido tras la activación de una mina antipersonal en zona rural de Tibú, Norte de Santander, mientras realizaba trabajos agrícolas junto con su familia.El hecho se presentó en el sector conocido como kilómetro 20, sobre la vía que comunica a Tibú con La Gabarra. De acuerdo con la información conocida, el joven transitaba por una vía terciaria cuando pisó el artefacto explosivo.Tras la detonación, habitantes del sector auxiliaron al adolescente y lo trasladaron hasta el Hospital Regional Norte de Tibú. Allí recibió atención médica inicial y fue estabilizado mientras se coordinaba su remisión a un centro asistencial de mayor complejidad en Cúcuta.Sin embargo, las condiciones de seguridad en la zona impidieron realizar el traslado por carretera. Además, se reportó una presunta agresión contra la misión médica, por lo que fue necesario recurrir a una evacuación aérea.La Fuerza Aeroespacial Colombiana dispuso un helicóptero UH-60 Ángel para realizar el traslado aeromédico. La aeronave, cuya misión fue coordinada desde el Comando Aéreo de Combate No. 1, en Puerto Salgar, permitió llevar al adolescente hasta Cúcuta para que recibiera atención especializada.El caso del adolescente se suma a otro hecho violento registrado recientemente en la zona rural de Tibú. En la vereda Tres Curvas, un adulto mayor resultó gravemente herido luego de ser víctima del lanzamiento de drones cargados con explosivos.
El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, salió al paso de las versiones sobre un supuesto enfrentamiento con Jorge Carrascal durante el Mundial, luego de que medios de comunicación brasileños difundieran información sobre una presunta discusión entre ambos. En entrevista con Gol Caracol, el entrenador argentino negó categóricamente que hubiera tenido algún altercado con el futbolista y aseguró que nunca existió una pelea que provocara un distanciamiento con el jugador."Es mentira, mentira absoluta que discutimos, que nos peleamos, nada", afirmó.El argentino también explicó que Carrascal ha hecho parte de su proceso al frente del combinado nacional y recordó que el mediocampista estuvo presente tanto en la Copa América como en el Mundial 2026, desde el comienzo hasta el final de la competencia. Además, destacó que el futbolista atraviesa un buen momento deportivo y dejó abierta la posibilidad de que vuelva a integrar las convocatorias de la tricolor."La selección está abierta para todos, así que no pasó nada", manifestó el seleccionador, descartando cualquier problema personal con el jugador.Llamado de atenciónEl entrenador también aclaró de dónde surgieron estas versiones. Según su explicación, después del compromiso frente a Ghana se presentó un llamado de atención a algunos integrantes de la delegación que no habían disputado el partido y que inicialmente no querían atender a los medios de comunicación. Lorenzo señaló que la situación se produjo durante la mañana en Vancouver, después del partido pues el equipo había regresado al hotel alrededor de las 2:00 de la mañana.Por otra parte, Lorenzo se refirió al regreso de la Selección Colombia a Cali, ciudad que volverá a recibir al combinado nacional después de casi 30 años. El técnico manifestó su alegría por disputar un compromiso en una plaza que considera fundamental para el fútbol colombiano y resaltó la oportunidad de contribuir con los damnificados del terremoto del 10 de agosto, pues parte de los recursos de la boletería estarán destinados a esta causa."Es una alegría muy grande para nosotros poder colaborar con esta causa", expresó, al destacar también la pasión y el aporte de los caleños al fútbol nacional.Finalmente, el seleccionador habló sobre la presencia de futbolistas jóvenes en el equipo y resaltó la importancia de contar con jugadores que hayan recorrido previamente los procesos de las categorías juveniles.Todos los convocados Colombia vs. ChileLos partidos contra los australes serán el 13 y 17 de noviembre.Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)Devis Vásquez – AS Roma (ITA)Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)Juan Arizala – Udinese Calcio (ITA)Daniel Arcila – Club León (MEX)Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)Jhon Arias – Palmeiras (BRA)Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)Juan Cabal – Juventus FC (ITA)Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (ENG)Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)Óscar Perea – Club América (MEX)Camilo Mena– Korona Kielce (POL)Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá resolvió amparar los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la rectificación de la excanciller Laura Camila Sarabia, frente a las afirmaciones realizadas por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo.La decisión judicial está relacionada con los señalamientos hechos por Rodríguez sobre una presunta organización o facilitación de encuentros de contenido sexual para el presidente Gustavo Petro, así como con afirmaciones sobre el supuesto uso de información de carácter íntimo para presionarlo, chantajearlo y obtener o conservar cargos públicos. De acuerdo con la decisión, el despacho judicial ordenó a Angie Lizeth Rodríguez Fajardo realizar una rectificación frente a esas afirmaciones. Para cumplir con la orden, deberá, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, firmar un texto de rectificación y leerlo íntegramente en su voz a través de una grabación en video.La orden establece que la grabación podrá realizarse con asistencia técnica y que Rodríguez Fajardo no tendrá la obligación de mostrar su rostro durante el procedimiento dispuesto por el juzgado. Tras conocerse la decisión, Laura Sarabia se pronunció a través de su cuenta de X y aseguró: “Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre. Hoy la justicia me dio la razón y ordenó la retractación”.
La Alcaldía de Cali continúa adelantando acciones para atender las afectaciones registradas en el sector de Chiminangos tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. La situación ha generado preocupación entre los habitantes, quienes precisamente hoy salieron a protestar para exigir respuestas y soluciones frente a las problemáticas que enfrentan.Al respecto, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó que se realiza una evaluación detallada de las fases uno y dos, con ingenieros de la dependencia y expertos de Propacífico, para determinar el estado de las estructuras y las intervenciones necesarias. Estas deberán contar con estudios y diseños técnicos que cumplan con la normatividad vigente."Lo hemos explicado desde el primer momento, son estructuras que fallaron en sus escaleras y algunos bloques tienen desplazamiento laterales, aquí que hemos hecho es una revisión muy minuciosa en fase uno y fase dos por parte de los ingenieros de la Alcaldía y también con Propacífico, hemos hecho una revisión integral. Estos arreglos no se hacen de manera ligera, tienen que ser sometidos a unos diseños estructurales", dijo Peñuela.Por otra parte, frente a la suspensión del servicio de gas natural domiciliario, la Administración Distrital solicitó a Gases de Occidente los soportes técnicos que justificaron la interrupción. Esta información será analizada en una mesa técnica para definir alternativas que permitan garantizar la continuidad del servicio y reducir las afectaciones a la comunidad."Hemos estado trabajando desde el primer momento para que esto no suceda, le hemos pedidos aspectos técnicos a Gases De Occidente que nos digan por qué y cuál es la base con la que ellos determinan esto. Nosotros como Secretaría sabemos que ese suministro es importante", expresó el funcionario.
La Superintendencia Nacional de Salud identificó posibles inconsistencias por $356.500 millones en las solicitudes de giro directo presentadas por las EPS del régimen subsidiado durante septiembre, octubre y noviembre de 2026. La cifra corresponde al 8,25 % de los $4,3 billones que fueron objeto de revisión por parte de la entidad.De acuerdo con la Supersalud, durante octubre y noviembre se identificaron alertas por más de $289.069 millones, relacionadas con acuerdos que registraban baja ejecución, anticipos pendientes de legalización, retrasos en los contratos y posibles problemas en la destinación de los recursos. A partir de estos hallazgos, la entidad solicitó ajustes, verificó los soportes presentados por las EPS y adelantó acciones para corregir las inconsistencias detectadas en la información reportada.Adicionalmente, como parte de las medidas preventivas, durante septiembre fueron excluidos temporalmente 26 prestadores del mecanismo de giro directo, por un valor de $38.724 millones. Según la Superintendencia, posteriormente estos recursos fueron redistribuidos por las EPS entre otros prestadores de sus respectivas redes de atención.La entidad señaló que continuará con el seguimiento a estos procesos, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, para verificar que los recursos destinados a la atención en salud lleguen a los hospitales, clínicas y proveedores encargados de prestar los servicios a los usuarios.
El abogado Jaime Granados, en representación de la familia del coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, radicó un escrito de impugnación contra el fallo que negó una tutela presentada por los hijos del coronel, en relación con la serie Palacio, estrenada por Netflix el 6 de noviembre de 2026.La acción busca que los espectadores conozcan la verdad judicial sobre el oficial y que se protejan los derechos fundamentales de su familia.La producción, compuesta por ocho episodios, aborda la toma del Palacio de Justicia por parte de integrantes de la guerrilla del M-19. Antes de su estreno, Miguel Darío, Alfonso Hernando y Camilo Andrés Plazas Vega interpusieron una tutela contra Dynamo Producciones y Netflix.El caso fue estudiado por el Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá, que el 4 de noviembre declaró improcedente la acción. Los demandantes solicitaban que la plataforma incluyera advertencias para aclarar que se trataba de una obra de ficción y que se mencionara la absolución de su padre por parte de la Corte Suprema de Justicia en 2015.En su decisión, el juez consideró que los reclamos se fundamentaban en conjeturas y especulaciones, debido a que la serie todavía no se había estrenado en su totalidad cuando se presentó la tutela.Ahora, con la serie disponible en Netflix, Granados afirma que las circunstancias que llevaron al juez a negar la tutela cambiaron, porque el contenido ya puede ser examinado directamente.En el escrito señala que uno de los principales argumentos del fallo impugnado fue que la producción no había sido exhibida y que, por tanto, las posibles afectaciones permanecían en el terreno de la conjetura.Sin embargo, afirma que el estreno convirtió esas preocupaciones en hechos verificables. Por esa razón, solicita al juez de segunda instancia examinar lo que la serie presenta sobre el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega.Granados sostiene que la producción muestra al oficial como una persona que dispara contra el Palacio de Justicia, avala torturas y es condenada por desaparición forzada, pese a que fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia.En la impugnación, el abogado expone cinco derechos fundamentales que considera afectados por la manera en que se representa al coronel retirado y por las consecuencias que esa narración tendría sobre sus familiares.Sobre el derecho a la honra, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política, Granados argumenta que presentar al padre de sus representados ante millones de espectadores como responsable de disparar contra el Palacio, avalar torturas y participar en desapariciones afecta la estimación social de sus hijos, quienes llevan su apellido y son identificados públicamente con él.En cuanto al buen nombre, invocando el artículo 15 de la Constitución, sostiene que la reputación de los hijos de Plazas Vega queda comprometida al asociar a su familia con crímenes que, según argumenta, la justicia no atribuyó a su padre. También cuestiona que la serie involucre en la trama a la madre y al suegro de sus representados, identificados con sus nombres reales.Frente al derecho a la presunción de inocencia, el abogado recuerda que el artículo 29 constitucional establece que toda persona debe presumirse inocente mientras no exista una declaración judicial de culpabilidad. En este caso, afirma que no se trata únicamente de una presunción, sino de una absolución en firme. Por ello, considera que atribuirle al coronel retirado desapariciones por las cuales fue absuelto desconoce esa garantía y afecta su reputación ante la opinión pública.También le suma el derecho a la dignidad humana, porque, con base en el artículo 1 de la Constitución, explica que sus representados han tenido que afrontar nuevamente el señalamiento público contra su padre, después de acompañarlo durante más de ocho años de privación de la libertad y de conocer posteriormente su absolución.A todas esas claridades les añade la verdad y la memoria histórica en su dimensión individual. La impugnación también cita la sentencia SU-334 de 2026 de la Corte Constitucional. Según la interpretación expuesta por el abogado, presentar una obra de ficción sobre los hechos del Palacio de Justicia como si fuera la verdad de lo ocurrido puede vulnerar el derecho individual a la verdad y a la memoria histórica, tanto de la persona representada como de sus familiares.En este punto, cuestiona que la absolución de Plazas Vega aparezca únicamente en una nota final de pocos segundos, después de ocho capítulos que, a su juicio, ponen en entredicho la decisión judicial.El argumento central es la absolución. Uno de los ejes del recurso es la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, contenida en la sentencia SP17466-2015, mediante la cual se examinó la prueba relacionada con la presunta participación del coronel retirado en las desapariciones ocurridas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.Granados cita el numeral 17.16 de esa providencia para señalar que la Corte concluyó que no existían pruebas suficientes para condenar a Plazas Vega por esos hechos.Asimismo, hace referencia al numeral, en el que, según expone, el alto tribunal determinó que el coronel no tenía bajo su responsabilidad a las personas que eran trasladadas a la Casa del Florero ni decidía sobre su suerte, pues esa función correspondía al B-2 de la Brigada XIII.El abogado también destaca que en ese mismo apartado la Corte señaló que no existían pruebas de que Plazas Vega hubiera ordenado el traslado o la tortura de las dos personas por las que había sido condenado.Con estos argumentos, la defensa busca que el juez de segunda instancia reevalúe la decisión que negó la tutela y examine las posibles afectaciones derivadas del contenido ya estrenado de Palacio.