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La propuesta del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, de promover una Asamblea Nacional Constituyente sigue desatando controversia entre líderes del sector económico, quienes advierten que la iniciativa podría aumentar la polarización política y generar un clima de incertidumbre institucional.
El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, calificó la idea como una propuesta que “no tiene ni pies ni cabeza” y que “copia el modelo venezolano”. Restrepo agregó que el Congreso no cuenta con las mayorías ni los tiempos necesarios para aprobar un proyecto de esta magnitud.
“Más que una reforma real, es una plataforma política para hacer campaña, para seguir dividiendo el país, para exacerbar los ánimos y termina siendo más discurso que posibilidad real”, afirmó el exfuncionario.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, advirtió que la Constituyente representa una aventura institucional que solo aumentará la incertidumbre.
“Confío en que el Congreso estará a la altura de sus responsabilidades y no permitirá que el país se embarque en un proceso que genera mayor inestabilidad”, indicó.
En la misma línea, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, cuestionó el cambio de postura del Gobierno y destacó que la actual Constitución colombiana “es una de las más modernas y garantistas del mundo”. Según el dirigente gremial, cualquier intento de modificarla podría poner en riesgo las libertades ciudadanas y la seguridad jurídica del país.
Asimismo, a través de un comunicado, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, alertó sobre los riesgos que pueden surgir por esta propuesta.
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“Un proceso constituyente como el que se propone en el proyecto del Gobierno actual implicaría un cambio estructural total del orden constitucional. Una nueva Constitución solo puede surgir del encuentro plural de la Nación entera, no de la imposición de un proyecto parcial”, se lee en el comunicado.
Finalmente, aseguraron que los fundamentos para esta propuesta son confusos, pues argumentos como el reconocimiento del campesinado, la protección de los pueblos indígenas y la respuesta al cambio climático, entre otros, ya cuentan con desarrollo expreso en el texto vigente de 1991, donde se reconoce a Colombia como un Estado social de derecho.
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