El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que la bancada del Centro Democrático está dispuesta a ayudar al Gobierno a superar la crisis económica que atraviesa el país.A través de su cuenta de X, Uribe planteó cuatro líneas de acción: el recorte del Estado, la eliminación total de la corrupción, la austeridad y la reactivación del sector privado.El expresidente aseguró que el Centro Democrático tiene “toda la disposición de ayudar al gobierno” y señaló que estas medidas hacen parte de la propuesta de la colectividad para enfrentar la situación económica.En su mensaje, Uribe también afirmó que durante los últimos cuatro años el partido denunció oportunamente hechos y decisiones del Gobierno anterior que, según sostuvo, fueron los que crearon la actual crisis económica.El pronunciamiento se conoce en medio de las diferencias que el Centro Democrático ha expresado frente a Enrique Gómez. En un comunicado titulado “Sobre Enrique Gómez”, la colectividad cuestionó sus “constantes descalificaciones” y una “actitud displicente”.El partido aseguró que no existe interés en construir coaliciones con quienes, según señaló, “desde una visión sectaria, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos”.En ese mismo pronunciamiento, el Centro Democrático defendió su papel dentro de la derecha y afirmó que ha sido “la principal fuerza de renovación política en Colombia”. También sostuvo que tanto Álvaro Uribe como la colectividad han trabajado en la formación y promoción de nuevos liderazgos en distintas regiones del país.Las diferencias se conocieron después de declaraciones de Enrique Gómez en una entrevista con la revista Semana, en la que habló sobre la fusión entre Salvación Nacional y Defensores de la Patria de cara a las elecciones territoriales de 2027.Gómez reconoció que el Centro Democrático tiene su propio espacio electoral y posiciones fuertes en algunos territorios, por lo que, según explicó, tendrá que defenderlas. También dejó abierta la posibilidad de evaluar coaliciones dependiendo del escenario electoral de cada municipio.Al ser consultado sobre si la unión entre Salvación Nacional y Defensores de la Patria buscaba hacer a un lado al Centro Democrático, Gómez afirmó que el partido “tal vez quisiera no tener competencia”, aunque sostuvo que la competencia en política es positiva.
Este lunes terminó una visita de tres días a Colombia el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Nigel Clarke, durante la cual se reunió con autoridades, empresarios, representantes de la sociedad civil, estudiantes y académicos.Uno de los aspectos que resalta Clarke es el compromiso del Gobierno colombiano con el manejo de las finanzas públicas y la recuperación de la confianza de los inversionistas. “Celebré el compromiso de las autoridades de restablecer la disciplina fiscal y la transparencia”, afirmó el funcionario.La posición de Clarke es que una reducción oportuna y creíble de los desequilibrios fiscales puede contribuir a fortalecer la confianza, reducir los costos de endeudamiento y generar mejores condiciones para la inversión privada y la creación de empleo.Sobre la relación entre Colombia y el FMI, Clarke destaca la alianza que mantienen desde hace varios años.“El FMI valora enormemente su larga alianza con Colombia y está dispuesto a apoyar a las autoridades para que aborden sus desafíos fiscales mediante un programa de reformas propio”, señaló.El funcionario también confirmó que el organismo recibió con beneplácito la solicitud del presidente Abelardo De La Espriella para fortalecer la colaboración.“Reafirmé nuestro compromiso de trabajar juntos para crear las condiciones necesarias para un crecimiento sólido y sostenible para todos los colombianos”, agregó.Reunión en WashingtonComo parte de este proceso, una delegación del Ministerio de Hacienda viajará la próxima semana a Washington para continuar las conversaciones con el organismo internacional.“Esperamos recibir la próxima semana a una delegación del Ministerio de Hacienda en Washington, D.C., para continuar nuestro diálogo estrecho y constructivo”, afirmó Clarke.El subdirector gerente del FMI también se refirió a las reformas necesarias para mejorar la productividad y aumentar el potencial de crecimiento de Colombia.Entre las prioridades mencionó reducir las barreras a la inversión, mejorar la seguridad, atender las deficiencias de infraestructura, reducir la informalidad y fortalecer el estado de derecho y la previsibilidad de las normas.También hizo énfasis en la necesidad de mantener la atención sobre el gasto social y los hogares más vulnerables.“A medida que avancen las reformas, la atención continua al gasto social prioritario y el apoyo a los hogares vulnerables ayudarán a garantizar que los beneficios de un mayor crecimiento se distribuyan ampliamente”, dijo.Las áreas prioritarias de inversiónOtro aspecto al que le dio importancia fue a continuar invirtiendo en infraestructura energética, educación y formación de habilidades.Según Clarke, estas inversiones serán fundamentales para que Colombia pueda aprovechar las oportunidades relacionadas con la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.Agradecido con los anfitrionesDurante su visita a Bogotá, el funcionario agradeció la recepción del vicepresidente José Manuel Restrepo, del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar.También destacó las conversaciones con los miembros de la junta directiva del ente emisor y los encuentros con representantes del sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y académicos.Clarke explicó que estos encuentros le permitieron conocer las prioridades de la nueva administración del presidente Abelardo De La Espriella y escuchar diferentes perspectivas sobre las oportunidades y desafíos que enfrenta Colombia.Tampoco dejó de recordar la solidaridad del FMI con los colombianos afectados por el terremoto y envió palabras de condolencias a quienes perdieron a sus seres queridos y se solidarizó con quienes vieron afectados sus medios de subsistencia.
En el marco del proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, el liquidador John Milton Rodríguez consolidó un plan de austeridad orientado a reducir el gasto y desmontar una estructura burocrática que, según la administración, resultaba insostenible para el Estado.Hasta la fecha, fueron suprimidos 407 de los 744 cargos que conformaban la planta de personal heredada.El ajuste se ha desarrollado de manera progresiva. Inicialmente fueron eliminados seis cargos y posteriormente otros 257 puestos.En una nueva fase se suprimieron 144 cargos adicionales, lo que representa un ahorro anualizado superior a los 41.900 millones de pesos.Con estas decisiones, el ahorro anual total por la supresión de cargos supera los 62.800 millones de pesos.Según el balance, estos recursos permitirán financiar el propio proceso de cierre institucional y apoyar prioridades nacionales.La administración también señaló que el proceso de desvinculación se adelanta con estricto apego a las garantías establecidas por la ley.En ese sentido, se mantienen las garantías de los trabajadores que tienen protección especial, entre ellos madres gestantes y lactantes, prepensionados, personas con discapacidad y personal amparado por fuero sindical.De manera paralela, avanza una revisión integral de los programas sociales de MinIgualdad.La administración sostiene que durante el gobierno de Gustavo Petro quedaron desfinanciadas las vigencias correspondientes a los años 2025, 2026 y 2027.Según el diagnóstico presentado, se habrían utilizado saldos remanentes para aparentar cobertura, una situación que habría generado un rezago operativo y niveles críticos de ejecución frente a los compromisos adquiridos con las comunidades.Por esta razón, actualmente se adelanta una auditoría profunda sobre los 24 programas sociales de la entidad.El objetivo es transparentar el uso de los recursos públicos, evaluar el impacto real de los programas en los territorios y establecer las responsabilidades que correspondan ante los organismos de control.El proceso de liquidación y las medidas de austeridad hacen parte de los lineamientos señalados por el presidente Abelardo De La Espriella, según el texto entregado.Acción de la ContraloríaEl contralor general de la República, Jorge Laverde, anunció que revisa cómo se manejaron los recursos del Ministerio de la Igualdad y de su fondo en el gobierno anterior.“Reconstruiremos el recorrido del presupuesto entre 2023 y 2026. Las transferencias, las instrucciones impartidas al fondo y los pagos. En este período, FonIgualdad recibió más de 930.000 millones de pesos de la nación. Verificaremos su ejecución, los saldos disponibles y las obligaciones pendientes”, preció el jefe del ente de control fiscal.También examinarán una alerta sobre pagos por más de 88.000 millones de pesos con insuficiencia documental, para establecer los hechos, determinar las responsabilidades que correspondan y proteger los recursos del erario.
El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), José Ignacio López, analizó el reciente anuncio del Gobierno nacional sobre su intención de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar salidas a la crisis de las finanzas públicas. De acuerdo con el dirigente gremial, las proyecciones de déficit fiscal para el próximo año alcanzan un 9,4% del PIB, lo cual calificó como una cifra histórica y una situación "muy adversa y muy negativa".Pese a este complejo escenario, López sostuvo que el acompañamiento del organismo multilateral representa una opción favorable. En sus palabras directas, López afirmó que "es una buena noticia de una situación que es mala" y que el acuerdo serviría como "un paliativo" para acceder a recursos con menores costos de interés y "enderezar el rumbo en esta materia".Un financiamiento más barato frente a tasas del mercado externoAl abordar el impacto financiero inmediato, el presidente de ANIF explicó las diferencias entre las opciones de endeudamiento que enfrenta el país. Según López, acudir al mercado internacional en la actualidad equivale a una familia que busca liquidez a través de instrumentos financieros de alto costo.Explicó textualmente que "hoy en día Colombia se tiene que financiar en las condiciones del mercado internacional. Hagamos de cuenta un hogar que tiene que ir a financiarse con tarjeta de crédito a unas tasas altas".En contraste, el vocero de ANIF destacó que pactar un programa con el FMI recortaría significativamente la carga de intereses para la nación. A modo de ilustración, planteó "números de servilletas gruesos" para evidenciar el alivio presupuestal. López aseguró que "Colombia hoy en día se podría financiar tasas a 8% en dólares y con el Fondo Monetario podría financiarse a 4% en dólares, es decir, a la mitad".Asimismo, resaltó que este anuncio podría respaldar una primera emisión en mercados externos, en un contexto internacional convulso donde "estamos viendo una subida enorme de tasas de interés a nivel global".Plazos, condiciones y el ajuste estructural del presupuestoRespecto a los tiempos de negociación, López advirtió que el proceso apenas comienza y que "se puede demorar en perfeccionarse meses o incluso un año". Además, recordó que los programas del FMI traen consigo métricas y compromisos específicos de gasto y recaudación.No obstante, aclaró que la dinámica actual es distinta a la de décadas pasadas, señalando que "ya el fondo no está en la experiencia de los 90 donde venían paquetes sin ningún tipo de conversación".López enfatizó que acudir al FMI no elimina la obligación de equilibrar las cuentas del país. Para resolver el problema de fondo, el presidente de ANIF indicó que Colombia requiere una corrección estructural entre lo que recauda y lo que gasta.En ese sentido, sostuvo que el Gobierno debe realizar "un recorte importante" y flexibilizar el presupuesto nacional, dado que existen múltiples leyes que obligan a realizar ejecuciones rígidasAl respecto, enfatizó que "la única forma al final en mediano largo plazo de no endeudarse es equipar gastos a ingresos" y agregó que "llegó el momento de replantearse qué tanto se está gastando y cuál es esa eficiencia de gasto y si el Estado colombiano no debería tener una posición más austera y eficiente".Escuche aquí la entrevista:
Este sábado habrá una reunión clave entre el Grupo EPM y el Gobierno nacional para tomar decisiones de fondo sobre el futuro de Afinia. La filial, que presta el servicio de energía en el Caribe colombiano, generó el año pérdidas superiores al billón de pesosDebido a que la situación financiera de esta filial del Grupo EPM, es insostenible, según el propio relato del alcalde y presidente de la Junta de las empresas Públicas de Medellín, Federico Gutiérrez, que ha insistido que este ha sido el peor negocio que ha hecho la empresa antioqueña.El mandatario local, aseguró que esta empresa que atiende a 1.5 millones de usuarios en Bolívar, Córdoba y Sucre, además de 11 municipios del departamento de Magdalena, genera 1.5 billones de pesos de pérdidas al año al Grupo empresarial.Ante este panorama, este sábado a las 10 de la mañana en Barranquilla, el propio presidente Abelardo De La Espriella, junto a sus ministros de Minas y Energía María Nohemí Arboleda y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, encabezará una reunión con el alcalde Federico Gutiérrez y el gerente general de EPM, Jhon Maya Salazar, para tomar una o más decisiones de fondo."Lo hablé con el presidente, él lo conoce, sabe cuál es esta situación. Hay que encontrar una situación de fondo entre todos, como ciudad, como EPM, como Gobierno nacional y las regiones, y encontrar una solución estructural, no del día a día", señaló el alcalde Gutiérrez.El presidente de la Junta de EPM, aseveró que se debe tomar decisiones inmediatas, porque según él es el “chicharrón” más grande que le dejó la administración del ex alcalde Daniel Quintero y sus presuntas irregularidades, donde recordemos ha salido a flote por parte de Federico Gutiérrez y en la audiencia contra Miguel Quintero, la supuesta venta de la gerencia de esta filial en 8 millones de dólares.El alcalde Federico Gutiérrez viajará desde este viernes, debido a que será uno de los invitados al acto de posesión de Joaquín Gutiérrez Caballero, quien fue elegido por unanimidad por la Junta Directiva como presidente de Ecopetrol.
El fuego deja una huella cada vez más visible en Colombia. Un nuevo análisis de MapBiomas Fuego revela que 13,9 millones de hectáreas se han quemado al menos una vez entre 2000 y 2025, una extensión equivalente al 12,14% del territorio continental del país y a 314,1 veces el área urbana de Bogotá.De acuerdo con la información, en Colombia se queman en promedio 2,31 millones de hectáreas cada año, una superficie equivalente a 12,5 veces el departamento del Quindío. El dato evidencia que los incendios no son hechos aislados, sino un fenómeno que afecta de manera recurrente distintos ecosistemas y regiones del territorio nacional.El 83,3% del área quemada durante los últimos 26 años se registró entre diciembre y marzo, periodo en el que las condiciones ambientales favorecen la propagación de las llamas. Esta tendencia resulta especialmente relevante ante los escenarios climáticos que enfrenta el país.La Orinoquía concentra el 68,7% del área quemada y la Amazonía el 13,2%. Dentro de este panorama, Vichada aparece como el departamento más afectado, con 4,8 millones de hectáreas quemadas en 26 años, cerca de la mitad de su territorio. Los registros también permiten identificar zonas donde las quemas presentan una alta frecuencia y recurrencia.El impacto también alcanza áreas de importancia ambiental. En 2025, el área quemada dentro de áreas protegidas y territorios indígenas aumentó 14,1% frente al promedio histórico, principalmente en la Orinoquía.“Las áreas donde más había quemado vemos son las sabanas de la Orinoquía, son ecosistemas que naturalmente tienen una creencia de fuego. En estos 26 años casi un millón de hectáreas de bosque fueron quemados, muchas veces asociados a temas de deforestación”, Stjin Hantson, profesor de ciencias del sistema tierra de la Universidad del Rosario.La situación ya se refleja en las emergencias que han tenido que atender los organismos de socorro. En Cundinamarca, más de 4.000 hectáreas han sido afectadas por el fuego durante este año, mientras que solo en septiembre los bomberos departamentales atendieron 159 incendios. Aunque esos incendios ya no están activos, parte de las capacidades de atención se trasladó a Tolima y Boyacá para apoyar las labores, según el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos Cundinamarca.“En Tolima sí detectamos que el evento que sucedió el mes pasado sí superó en magnitud el evento más grande que se registró este año con relación a los 26 años anteriores. En realidad, sí hay un incremento o podemos prever en este año un incremento de la magnitud de los incendios”, señaló Adriana Rojas es coordinadora de sistemas de información georreferenciada de la Fundación Gaia Amazona y coordinadora de MapBiomas.Mientras tanto, los cuerpos de bomberos trabajan con el Gobierno y el Ministerio del Interior en un plan de acción que busca fortalecer su capacidad de respuesta. La presión sobre estos organismos aumenta cuando los incendios se presentan simultáneamente en diferentes departamentos y requieren el traslado de personal y recursos.Los expertos advierten que el escenario puede ser especialmente complejo en los próximos meses. Ante este panorama, MapBiomas Colombia y el equipo de Interacciones Clima-Ecosistemas de la Universidad del Rosario presentaron MapBiomas Fuego, una herramienta de acceso abierto que permite consultar y analizar mapas sobre frecuencia, extensión, coberturas afectadas y eventos recientes a partir de imágenes satelitales.La información busca que las autoridades pasen de reaccionar ante las emergencias a anticipar los escenarios de riesgo, con datos históricos que permitan fortalecer la prevención, el ordenamiento territorial y la gestión del fuego en Colombia.
En el marco de la posesión oficial de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol en Santa Marta, acto convocado por la Presidencia de la República, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo, fijó la postura institucional del principal sindicato de la petrolera estatalRavelo enfatizó que el objetivo central que debe guiar a la administración saliente y entrante es la recuperación de la soberanía y seguridad energética del país.Fortalecimiento del negocio tradicional y defensa del empleo dignoDesde la organización sindical se le otorgó la bienvenida formal al nuevo directivo, transmitiendo las expectativas inmediatas de los trabajadores.De acuerdo con Ravelo, las prioridades no pueden desviarse de la actividad esencial de la compañía: "Nosotros institucionalmente le hemos dado la bienvenida al doctor Joaquín Gutiérrez... y le hemos manifestado cuáles son las expectativas que tiene la organización sindical en representación de los trabajadores, que no son otras, que el fortalecimiento de la industria de Ecopetrol en su negocio original de producción de petróleo y gas".Asimismo, el dirigente sindical subrayó la importancia de proteger el empleo digno, garantizar el respeto a los derechos pactados históricamente y desplegar una estrategia territorial de relacionamiento con las comunidades para prevenir la conflictividad social en las zonas de operación.Exigencia de experiencia técnica en el comité directivoFrente a la estructura de liderazgo, la USO respaldó las designaciones del Gobierno Nacional respecto a Carlos Suárez en la presidencia de la junta directiva y de Joaquín Gutiérrez en la presidencia de la empresa.Sin embargo, hizo un llamado enfático para que los cargos ejecutivos de mando medio e inmediato cuenten con amplia idoneidad en el sector de hidrocarburos.Al respecto, Ravelo sostuvo: "Pero de ahí hacia abajo lo que tiene que ver con las vicepresidencias, especialmente la vicepresidencia ejecutiva de petróleo y gas debe contar con personas, con profesionales de trayectoria que tengan amplio conocimiento en el sector porque ellos son los que van a implementar las políticas que se definan en la junta directiva".En ese sentido, destacó que dentro de la propia empresa existe talento técnico capacitado para asumir dichas funciones.Yacimientos no convencionales y licenciamiento socialEn materia operativa y de reservas, el presidente de la USO abordó los debates desarrollados en el Congreso de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Asipet) sobre los proyectos de yacimientos no convencionales.Ravelo aseguró que técnicamente y jurídicamente el sector se encuentra preparado para dar marcha a estas tecnologías."En el sector estamos listos desde los requerimientos técnicos, tecnológicos y científicos para arrancar con esos proyectos. Está ya definido el marco regulatorio, es decir, no hay una no hay un impedimento jurídico para arrancar con los proyectos", afirmó el líder sindical.No obstante, aclaró que el avance requiere indefectiblemente de aval social: "Lo que hemos nosotros manifestado de cara al país... es que se debe contar con el licenciamiento social, es decir, se debe involucrar a los territorios en esas definiciones".De acuerdo con las cifras gremiales, la prospectividad en el Magdalena Medio representa recursos estratégicos clave, incluyendo cerca de 13 TCF de gas para solucionar el déficit nacional y aproximadamente 7.000 millones de barriles de crudo que servirían para abastecer la refinería de Barrancabermeja.Capacidad refinadora e importación de combustiblesEl sindicato resaltó el desempeño de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, señalando que la planta de Barrancabermeja opera actualmente al límite de su capacidad. Pese a este rendimiento, Ravelo advirtió sobre la vulnerabilidad del país en materia de combustibles."En estos momentos el país importa más del 40% de las gasolinas que consumimos los colombianos", puntualizó el presidente de la USO, reiterando que desarrollar nuevas reservas permitiría ampliar la carga de refinación y reducir la dependencia de insumos importados.Escuche aquí la entrevista:
A través de sus redes sociales, la Alcaldía de La Pintada mostró un video en donde se deja en evidencia el grave deterioro que sufre la actual sede administrativa del municipio del Suroeste antioqueño, situación por la que elevaron un llamado al Gobierno nacional.Según detallaron desde La Pintada, la sede no tiene las condiciones adecuadas para poder atender a la comunidad y, como muestra de ello, fue la inundación que sufrieron en los últimos días producto de las fuertes lluvias que azotaron la subregión.El alcalde de La Pintada, Herman Correa, hizo un llamado al Gobierno nacional para que haga un acompañamiento y puedan habilitar una nueva sede administrativa en esta zona del Suroeste antioqueño."Triste escenario que vivimos en tiempos de lluvia. Hago un llamado a todas las personas o que representan el estado colombiano para que nos ayuden a darle solución a esta situación", aseguró el mandatario.Desde la Alcaldía de La Pintada explicaron que la nueva sede lleva abandonada 10 años, por lo que se hizo la solicitud de apoyo y así poder habilitar el Centro Administrativo Municipal, CAM.Por ahora, las autoridades locales deberán esperar la respuesta del Gobierno nacional, con el atenuante que seguirán enfrentándose a las inclemencias del clima, así como a las precarias condiciones en las que se trabajan actualmente.
Carlos Montoya sale de la presidencia de Colpensiones. El presidente Abelardo De La Espriella pidió su renuncia tras las dificultades que tuvo durante su intervención en la Comisión Séptima del Senado de la República donde no respondió todos los requerimientos sobre el sistema pensional del país.La decisión se conoció apenas unos días después de que Montoya asumiera la dirección de Colpensiones y luego de su presentación ante los congresistas, donde reconoció que todavía estaba conociendo el funcionamiento de la entidad. Durante la sesión, incluso solicitó apoyo de una funcionaria para responder algunas de las preguntas, pero desde la mesa directiva le recordaron que, al ser el funcionario citado, era él quien debía entregar las respuestas.“Administrativamente, Colpensiones, lo estoy entendiendo, porque sería irresponsable decir que conozco la entidad profundamente”, dijo Montoya en la comisión.La situación generó cuestionamientos en la Comisión Séptima, al punto de que los congresistas decidieron aplazar la sesión y plantearon la posibilidad de volver a citar al funcionario para que respondiera posteriormente los interrogantes pendientes. Entre las frases pronunciadas por Montoya durante su intervención estuvieron “me tiraron a los toros”, “estamos en un momento bisagra” y “Colpensiones lo estoy entendiendo”, expresiones que marcaron su paso por el Congreso antes de que se conociera su salida del cargo.Según el comunicado de la Presidencia de la República, la solicitud de renuncia estuvo relacionada precisamente con las dificultades que tuvo Montoya para responder con precisión asuntos fundamentales sobre el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los retos del sistema pensional. La Casa de Nariño señaló que, aunque reconocía su trayectoria, el Gobierno esperaba que los funcionarios encargados de responsabilidades de esta magnitud contaran con la preparación necesaria para asumir sus funciones.La salida de Montoya se produce en un momento clave para Colpensiones y para el sistema pensional colombiano, debido a la implementación de los cambios contemplados en la reforma pensional y a los desafíos financieros que enfrenta la entidad.
Tener una deuda pendiente con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) puede convertirse en un problema para los contribuyentes, especialmente cuando a la obligación principal se suman sanciones e intereses de mora que incrementan el monto que deben pagar. Sin embargo, una nueva medida del Gobierno nacional contempla un alivio para quienes tienen obligaciones pendientes.La medida hace parte del paquete tributario expedido después del terremoto del 10 de agosto de 2026 y tiene una particularidad importante, el beneficio sobre las sanciones aplica a contribuyentes de todo el país, no únicamente a las personas que resultaron afectadas por el desastre.Morosos podrán pagar solo el 15 % de sus sanciones ante la DIANEl Decreto Legislativo 1419 del 17 de septiembre de 2026 estableció una reducción del 85 % de las sanciones para determinados contribuyentes que tengan obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias en mora al 10 de agosto de 2026.En otras palabras, quienes cumplan las condiciones establecidas podrán pagar únicamente el 15 % del valor de la sanción que les corresponda.Además de la reducción, el decreto establece una tasa especial de interés moratorio del 4,5 % anual, que se aplicará para las obligaciones cobijadas por la medida.Para acceder al beneficio, el contribuyente deberá ponerse al día con la obligación o cumplir con las actuaciones correspondientes dentro del plazo establecido. La fecha límite es el 19 de noviembre de 2026.El valor de la sanción después de aplicar la reducción no podrá ser inferior a la sanción mínima que corresponda para el año gravable respectivo.¿Quiénes pueden beneficiarse?La medida está dirigida a contribuyentes, responsables, agentes retenedores, garantes y deudores solidarios que tengan obligaciones en mora a la fecha establecida por el decreto y cumplan los demás requisitos.El alivio también puede aplicarse a determinados saldos pendientes relacionados con facilidades o acuerdos de pago que ya estaban vigentes cuando entró en vigor la norma.Sin embargo, no todas las obligaciones necesariamente están cobijadas. La aplicación depende de las condiciones específicas establecidas en el Decreto Legislativo 1419, por lo que cada contribuyente debe revisar su situación antes de hacer el trámite.El beneficio contempla a quienes tengan declaraciones tributarias pendientes de presentar correspondientes a obligaciones anteriores al 10 de agosto de 2026.Quienes cumplan los requisitos podrán presentar esas declaraciones hasta el 19 de noviembre y acceder a la reducción de la sanción por extemporaneidad, que quedaría en el 15 % del valor correspondiente, además de la tasa especial de intereses establecida.También se podrán corregir determinadas declaraciones que hayan sido presentadas antes del 10 de agosto cuando la modificación implique un mayor valor a pagar, una reducción del saldo a favor o una disminución de pérdidas líquidas.¿Qué pasa con quienes tienen procesos contra la DIAN?El decreto también estableció beneficios para algunos contribuyentes que actualmente tienen procesos ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.En los procesos que se encuentren en única o primera instancia, será posible conciliar bajo las condiciones previstas, con una reducción del 85 % de las sanciones, su actualización e intereses, siempre que se cumplan los requisitos y se pague el 100 % del impuesto discutido, además del porcentaje restante.En los procesos que estén en segunda instancia, la reducción prevista es de hasta el 80 % sobre sanciones, actualización e intereses.Otros alivios están dirigidos a las zonas afectadasAunque el descuento de sanciones tiene alcance nacional, el decreto también contempla medidas exclusivas para contribuyentes ubicados en las zonas afectadas por el terremoto.Entre ellas está la posibilidad de solicitar facilidades de pago de hasta 24 meses sin garantía. También podrán existir acuerdos de hasta 36 meses con garantía personal para determinadas obligaciones que no superen las 6.000 UVT, equivalentes a $314.244.000 en 2026.Quienes ya tenían un acuerdo de pago con la DIAN y tuvieron dificultades para cumplirlo como consecuencia del desastre podrán solicitar, por una sola vez, la reprogramación de las cuotas exigibles entre el 10 de agosto y el 31 de diciembre de 2026, hasta por 12 meses.Contribuyentes podrán donar sus saldos a favorOtra de las medidas permite que los contribuyentes de todo el país donen total o parcialmente a la nación los saldos a favor reconocidos por la DIAN, con el propósito de contribuir a financiar la atención, recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.Esta posibilidad estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026 y, bajo las condiciones establecidas, puede dar lugar al descuento tributario correspondiente.Además, las personas afectadas por el terremoto que reciban determinadas donaciones o ayudas en especie podrán acceder a un tratamiento tributario especial. Los beneficios que cumplan los requisitos podrán considerarse ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional hasta un acumulado de 2.600 UVT por beneficiario, equivalentes a $136.172.400.Por ahora, la fecha que deben tener presente los contribuyentes que quieran acogerse a los principales alivios es el 19 de noviembre de 2026, cuando vence el plazo para hacer buena parte de las actuaciones contempladas en el decreto.
A pocos minutos de Bogotá, el municipio de Tenjo, Cundinamarca, se alista para convertirse en uno de los referentes turísticos más atractivos de la temporada navideña en la región. Previsto para operar durante diciembre de 2026, el municipio proyecta recibir a más de 50.000 visitantes provenientes de la capital, Cundinamarca y diversos puntos del país. Esta propuesta busca consolidar a Tenjo como un destino cercano y accesible, aprovechando la temporada festiva para activar su oferta cultural y turística.Una aventura inmersiva inspirada en escenarios históricosEl proyecto, denominado El Pesebre Más Grande de Tenjo, contará con un área total de 39.000 metros cuadrados, de los cuales 1.384 m² estarán dedicados exclusivamente al montaje del pesebre.Durante sus 35 días de operación, los viajeros disfrutarán de una ambientación inspirada en lugares emblemáticos de la antigüedad como Belén, Jerusalén y Egipto.La experiencia reunirá escenografía de gran formato, interpretación, artesanía y espacios diseñados para el encuentro familiar. Todo el recorrido está pensado bajo una lectura contemporánea de la tradición navideña que combina entretenimiento y patrimonio.Arte regional y vivencias para toda la familiaEl componente artístico será el núcleo de esta atracción. La producción integrará el talento de más de 90 actores, artesanos y gestores culturales de la región.Además, la organización y las autoridades locales han dispuesto un plan logístico que contempla los protocolos de seguridad de la Policía, Bomberos y demás entidades competentes, garantizando una visita tranquila para todo tipo de viajeros.Gastronomía, comercio y desarrollo localLa apuesta turística invita a los visitantes no solo a conocer la atracción principal, sino a recorrer el municipio y consumir en sus comercios y restaurantes locales. La dinamización de la economía local incluirá el impulso a emprendimientos regionales y la creación de más de 150 empleos directos e indirectos.El desarrollo del evento cuenta con el respaldo de la Administración Municipal, liderada por el alcalde Iván David Nemocón Espinosa, la dirección general de Ricardo Rincón, y la articulación con el sector privado para maximizar el impacto social y económico en el territorio.
En las últimas 24 horas, la Fuerza Pública capturó a 30 personas señaladas de estar vinculadas con organizaciones narcoterroristas, según informó el presidente Abelardo De La Espriella a través de su cuenta en X. De acuerdo con el balance entregado por el mandatario, entre los procedimientos se encuentra la captura de siete presuntos integrantes de la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc, en La Montañita, Caquetá. En Chita, Boyacá, fueron detenidas otras dos personas señaladas de pertenecer al ELN.En La Virginia, Risaralda, las autoridades reportaron la captura de 15 presuntos integrantes de la estructura conocida como Los Fantasmas. Estos procedimientos hacen parte de las operaciones adelantadas contra estructuras armadas y organizaciones dedicadas a actividades criminales en diferentes regiones del país.En Teruel, Huila, tropas del Ejército localizaron y destruyeron un depósito ilegal atribuido a la estructura Ismael Ruiz. En el lugar fueron encontrados 36 granadas artesanales y material explosivo, elementos que, según las autoridades, podrían ser utilizados en acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil. Mientras tanto, en Campoalegre, Huila, la Policía reportó la incautación de 149 kilogramos de marihuana, afectando las actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.En su mensaje, el presidente también se refirió a dos hechos que dejaron militares muertos durante las últimas horas. De La Espriella lamentó el asesinato del soldado profesional Andrés Urbano Hoyos, ocurrido en Sevilla, Valle del Cauca, y confirmó además la muerte de otro uniformado durante combates en Argelia, Cauca.El mandatario expresó sus condolencias a las familias de los militares y aseguró que impartió instrucciones para mantener la ofensiva contra las estructuras responsables de estos hechos. Los operativos hacen parte de las acciones que adelantan de manera conjunta las Fuerzas Militares y la Policía en diferentes zonas del país contra grupos armados, estructuras dedicadas al narcotráfico y organizaciones vinculadas con otros delitos.
Los contribuyentes que tienen deudas aún pendientes con el Distrito de Bogotá ahora podrán recibir un alivio que reduciría los intereses y sanciones acumulados por obligaciones tributarias. La medida fue aprobada en el marco de la reforma tributaria avalada por el Concejo de Bogotá y busca facilitar que los deudores puedan ponerse al día.El beneficio establece que quienes tengan obligaciones pendientes tendrán que pagar el 100 % del capital, mientras que solo deberán cancelar el 40 % de los intereses y sanciones acumulados. Es decir, esto representaría una reducción del 60 % sobre esos valores adicionales generados por la mora.La Secretaría de Hacienda indicó que quienes quieran acogerse al beneficio deben cumplir con las condiciones establecidas y realizar el pago dentro del plazo fijado.¿Hasta cuándo pueden pagar los deudores de Bogotá?El plazo establecido para acceder a dicho alivio será hasta el 21 de diciembre de 2026. La obligación debe ser cancelada dentro de ese periodo para poder aplicar la reducción contemplada.La medida no significa que se elimine la deuda principal. El contribuyente debe pagar la totalidad del capital, pero podrá reducir únicamente el valor correspondiente a los intereses y sanciones acumulados.La Secretaría de Hacienda explicó que el beneficio también contempla otras obligaciones con el Distrito. Entre estas se encuentran las multas de tránsito, para las cuales se estableció igualmente una reducción del 60 % en los intereses, de acuerdo con la información revelada por la entidad distrital.¿Cuánto pueden ahorrar los deudores con este beneficio?La Secretaría de Hacienda presentó un ejemplo para explicar cómo funciona la reducción. Una persona que inicialmente debía $3 millones por impuesto predial, pero cuya obligación llegó a $6 millones debido a los intereses acumulados, tendría que diferenciar entre el capital y los valores generados por la mora.En este caso, los $3 millones corresponden a la deuda original y los otros $3 millones, a los intereses acumulados.Con el alivio, el contribuyente tendría que pagar los $3 millones completos del capital, pero únicamente el 40 % de los intereses, equivalente a $1,2 millones.Así, el pago total sería de $4,2 millones, frente a los $6 millones que sumaba originalmente la obligación. El ahorro sería de $1,8 millones.La medida busca que los contribuyentes con obligaciones pendientes puedan reducir parte de los valores acumulados por la mora y ponerse al día con sus compromisos ante el Distrito, siempre que cumplan las condiciones y el plazo establecidos.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, planteó la necesidad de revisar algunos de los parámetros fundamentales del sistema pensional colombiano, entre ellos la edad de jubilación y las condiciones de acceso a la pensión para hombres y mujeres, ante los desafíos demográficos, laborales y financieros que enfrenta el país. Durante una entrevista con Mañanas Blu, el magistrado señaló que la informalidad laboral, la disminución de la natalidad y las nuevas dinámicas de contratación están ejerciendo presión sobre la sostenibilidad del sistema, por lo que consideró necesario promover una conversación nacional sobre posibles ajustes estructurales.Las declaraciones del presidente del alto tribunal se producen en medio de las discusiones sobre la implementación de la reforma pensional y las dificultades financieras que enfrenta el sistema. En ese contexto, Lenis sostuvo que el envejecimiento acelerado de la población y el aumento de la expectativa de vida obligan a evaluar alternativas que permitan garantizar el pago de las pensiones en el mediano y largo plazo.Aumento de la edad de jubilación, uno de los cambios planteadosUno de los principales planteamientos del magistrado es abrir un debate sobre el eventual aumento de la edad de jubilación, una medida que reconoció puede generar rechazo ciudadano, pero que, a su juicio, debe analizarse frente a las transformaciones demográficas del país. Lenis explicó que el incremento de la expectativa de vida implica que el sistema debe financiar las pensiones durante más tiempo, lo que representa una presión adicional sobre sus recursos. En ese sentido, consideró que modificar la edad de retiro podría ser una alternativa para contribuir al equilibrio financiero, sin aumentar necesariamente las semanas exigidas ni el porcentaje de cotización de los trabajadores."Al aumentar la expectativa de vida, pues aumenta el tiempo en que el sistema debería pagar la pensión. Y debería pensarse en esa posibilidad", afirmó el presidente de la Corte Suprema. El magistrado agregó que una eventual modificación debe discutirse abiertamente con la ciudadanía, teniendo en cuenta sus implicaciones sociales y económicas. Según explicó, aumentar las semanas de cotización puede generar la percepción de que la jubilación está más lejos, mientras que elevar los aportes afecta directamente los ingresos de los trabajadores."Una de las medidas para prolongar y generar un efecto positivo en el sistema, positivo fiscal, es prolongar la fecha en que el sistema empieza a pagar la pensión", sostuvo Lenis, quien insistió en que el tema requiere una discusión sincera, pese a su costo político.Igualdad en la edad de pensión para hombres y mujeresOtro de los aspectos abordados por el presidente de la Corte Suprema es la diferencia en las condiciones de jubilación entre hombres y mujeres. Lenis señaló que, aunque las mujeres tienen actualmente requisitos de edad y semanas de cotización diferenciados, estas condiciones también pueden incidir en el monto de las mesadas que reciben. De acuerdo con el magistrado, los periodos de cotización más cortos pueden traducirse en pensiones inferiores, por lo que planteó revisar las condiciones de acceso para avanzar hacia una mayor equidad en los ingresos durante la vejez.El presidente del alto tribunal explicó que la discusión no debe limitarse a equiparar las edades, sino que también debe considerar las desigualdades que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, especialmente por las responsabilidades domésticas y de cuidado que históricamente han asumido. En ese sentido, destacó el reconocimiento contemplado en la reforma pensional para las madres, mediante la reducción de semanas de cotización por cada hijo, dentro de los límites establecidos. Para Lenis, este mecanismo reconoce el trabajo de cuidado y las interrupciones que pueden experimentar las mujeres en sus trayectorias laborales.Sin embargo, advirtió que estas medidas deben contar con fuentes de financiación suficientes para evitar que se conviertan en una carga adicional para un sistema que ya enfrenta dificultades estructurales.Informalidad laboral, una de las principales amenazas para las pensionesLenis identificó la informalidad laboral como uno de los factores estructurales que comprometen la cobertura y sostenibilidad del sistema pensional. Durante el conversatorio de Justicia y Ciudadanía, realizado en Cúcuta, expuso cifras que evidencian la magnitud del fenómeno: el 63 % de la población ocupada de esa ciudad trabaja en la informalidad, mientras que el promedio nacional alcanza el 55 %.El magistrado advirtió que esta situación limita la capacidad de millones de trabajadores para realizar aportes periódicos y mantener una trayectoria de cotización que les permita acceder a una pensión. No obstante, aclaró que la informalidad comprende distintas realidades, pues algunos trabajadores independientes y propietarios de micronegocios realizan aportes ocasionales, aunque no logran mantenerlos de manera constante."Debemos avanzar fuertemente en que la cotización a la seguridad social esté no tanto basada [...] a partir de la forma convencional del trabajo, sino en el ciudadano", explicó Lenis, al proponer un modelo que facilite la vinculación de las personas al sistema, independientemente de que tengan una relación laboral tradicional.En su análisis, también destacó la necesidad de implementar políticas de formalización que vayan más allá de promover contratos laborales. Según indicó, es necesario fortalecer la productividad de los pequeños negocios, facilitar el acceso al crédito, mejorar sus capacidades administrativas e impulsar la digitalización. El magistrado señaló que muchos micronegocios carecen de herramientas contables y de gestión empresarial, lo que dificulta su crecimiento y su transición hacia la formalidad. Por ello, propuso simplificar los trámites para crear empresas y adaptar las regulaciones a las condiciones económicas de quienes tienen ingresos variables.Caída de la natalidad y envejecimiento de la poblaciónLa transformación demográfica constituye otro de los desafíos señalados por el presidente de la Corte Suprema. La disminución de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida están modificando la estructura poblacional colombiana, con consecuencias directas sobre el sistema de pensiones.Lenis explicó que el descenso de la fecundidad reduce progresivamente la proporción de personas jóvenes, mientras aumenta la población adulta mayor que requiere ingresos y protección económica durante la vejez. Esta tendencia plantea un doble desafío: por una parte, habrá menos trabajadores potenciales aportando al sistema y, por otra, aumentará el número de personas que necesitarán una pensión o algún tipo de apoyo económico estatal.El magistrado advirtió que no todos los adultos mayores lograrán cumplir los requisitos para pensionarse, por lo que será necesario diseñar políticas integrales que contemplen tanto a quienes cotizaron como a quienes quedaron por fuera del sistema. El envejecimiento poblacional también incrementará la demanda de servicios de cuidado, un sector en el que, según Lenis, se prevé un crecimiento significativo. Esta situación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reconocer el trabajo no remunerado que realizan principalmente las mujeres en los hogares.Sistema pensional necesita nuevas fuentes de financiaciónFrente a las dificultades estructurales, el presidente de la Corte Suprema insistió en que las cotizaciones de los trabajadores podrían resultar insuficientes para financiar el sistema pensional en el futuro. Por ello, consideró necesario estudiar nuevas fuentes de recursos, incluidos mayores ingresos tributarios u otros mecanismos de financiación.Durante la entrevista, el periodista también puso sobre la mesa la preocupación por los recursos necesarios para pagar las mesadas pensionales de noviembre y diciembre, estimados en cinco billones de pesos, así como la solicitud de Colpensiones de aplazar la entrada en vigor de la reforma pensional, prevista para el primero de abril de 2027, hasta abril de 2028, debido a dificultades operativas y administrativas.En este contexto, Lenis sostuvo que la sostenibilidad debe abordarse desde una perspectiva integral, que combine reformas paramétricas, mayor formalización laboral y fuentes adicionales de financiación. "Cada vez es claro que el sistema no se va a financiar con las cotizaciones que están haciendo los trabajadores que están dentro del sistema", afirmó, al señalar que, además de los impuestos que actualmente contribuyen a su financiación, podrían requerirse nuevos recursos en el mediano y largo plazo.¿Es Colpensiones un sistema piramidal?Consultado sobre si el régimen de prima media de Colpensiones podría considerarse un esquema piramidal, debido a su dependencia de los aportes y los recursos disponibles para financiar las pensiones, Lenis señaló que los cambios demográficos están transformando las condiciones sobre las que opera el sistema.En lugar de limitarse a aumentar el número de cotizantes, el magistrado planteó la necesidad de fortalecer el mercado laboral, mejorar la productividad y desarrollar mecanismos que permitan ampliar la base de financiación. En particular, insistió en que las políticas públicas deben reconocer las nuevas formas de contratación, los empleos independientes y las actividades económicas que no se ajustan a los modelos laborales tradicionales.El magistrado concluyó que la sostenibilidad pensional requiere decisiones de largo plazo y una discusión amplia con la ciudadanía, especialmente sobre la edad de jubilación, la equidad de género, la formalización y la financiación.
A través de un comunicado publicado por su hija, la concejal María Clara Name, el exsenador Iván Name se pronunció respecto a la muerte política proferida por el Consejo de Estado en su contra y señaló que acudirá a la segunda instancia para apelar la decisión.“Ratifico lo que he dicho en todos los escenarios en que he sido requerido por la justicia: los hechos y las conductas por las que me sindican no son ciertos (...) Mi actuación siempre fue clara, pública y contundente en oposición al Gobierno anterior y sus reformas”, afirmó Name.El expresidente del Congreso aseguró que todo se trata de una estrategia orquestada por los “verdaderos responsables” de la empresa criminal que saqueó los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) inculpando “con testigos y pruebas falsas”.Cabe recordar, que al hallarlo responsable del delito de tráfico de influencias, el Consejo de Estado señaló que en 14 de 16 ocasiones, Name cedió de manera deliberada y sin ningún tipo de justificación la presidencia del Senado para que la ejerciera la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro liderando sesiones claves para los intereses del Ejecutivo y la entonces coalición de Gobierno como la reforma pensional.“Mi actuación fue siempre clara, pública y contundente en oposición al Gobierno anterior y sus reformas. Me enfrentaron en una conspiración para derribarme, instalando una narrativa contravidente. Me opuse a sus iniciativas, voté en su contra, levanté sesiones clave de la época en que se tramitaban, y evité consistentemente la configuración del quórum para que naufragaran”, apela el excongresista.Name insistió en su inocencia y en no haber incurrido en conducta ilícita alguna por lo que no buscará ningún tipo de beneficio de la justicia.“Mi proceder le consta a quienes me conocen y me vieron enfrentando las pretensiones totalitarias, las cuales frenamos. Un luchador con quien lo hicimos ya no puede decirlo; yo lo digo por él, ya que ahora me señalan por ello”, concluyó Name.
