El departamento del Huila registró un crítico fin de semana marcado por una seguidilla de acciones terroristas que incluyeron la detonación de un vehículo cargado con explosivos, atentados a torres de energía y el uso de un dron contra una estación de policía. La gravedad de los hechos fue expuesta por el secretario de Gobierno del departamento, Camilo Castrillón, durante una entrevista en Mañanas Blu, en la que detalló la magnitud de las afectaciones al orden público y a la infraestructura vial y energética de la región.Carros bomba y sabotaje a servicios públicosEl atentado de mayor impacto se produjo a la 1:00 a. m. del domingo en el peaje ubicado en la salida norte de Neiva hacia el centro del país. Un vehículo acondicionado con una carga destructiva detonó en el sitio, destruyendo la estructura del techo del peaje y provocando un represamiento vehicular de entre 5 y 6 kilómetros. La movilidad solo pudo restablecerse de manera parcial hacia las 5:30 a. m..Paralelamente, en el peaje Los Cauchos, situado en la vía que conduce al sur del departamento, fue abandonado otro automóvil con dos cilindros que contenían aproximadamente 180 kilogramos de dinamita. Aunque esta carga no logró explotar, requirió la intervención en horas de la tarde de unidades de Fuerzas Especiales de la Policía para su desactivación segura.Respecto a este punto, el secretario Castrillón afirmó: "este fin de semana se presentaron unos ataques terroristas contra la infraestructura del peaje que queda la salida de Neiva hacia el norte del país, donde dejaron un vehículo con una carga explosiva que lograron detonar, generando unos daños grandes a la infraestructura de dicho peaje".La arremetida afectó además el suministro de energía en el sur del país. Un ataque con explosivos contra una torre de transmisión en el tramo Agrado-Pital-Altamira provocó que, por la tensión de los cables, se derribaran otras tres estructuras. La caída de las cuatro torres dejó sin servicio eléctrico a comunidades del sur del Huila, Caquetá y Putumayo. Asimismo, el domingo por la noche se reportó un ataque con un dron que lanzó una carga explosiva frente a la estación de Policía del municipio del Pital, el cual dejó dos personas con heridas leves.Presuntos responsables y deterioro del orden públicoSegún informaciones preliminares de las autoridades, los ataques habrían sido perpetrados por el Frente Ismael Ruiz, estructura del bloque liderado por alias 'Iván Mordisco' que opera en la cordillera central. Asimismo, la fuerza pública adelanta líneas de investigación sobre la presunta autoría de alias 'El Enfermero', quien asumió la jefatura de dicho frente tras la entrega de alias 'Chapolo'.Al ser consultado sobre el deterioro del orden público a diez años de la firma del Acuerdo de Paz, Castrillón expresó su preocupación por el retroceso en materia de seguridad. "Hablar de carros bomba, una situación que no se veía desde los años 80 en otras épocas pues de violencia en nuestro país. Nos hacen repensar que realmente algo está fallando en ese proceso que usted menciona, porque situación de esa no se veía hace mucho tiempo", sostuvo el funcionario. El secretario agregó que el departamento completa unos tres meses con una acentuada reactivación terrorista que golpea a una población cuya economía depende del sector agrícola y el turismo.Medidas de seguridad y refuerzo militarAnte la crisis de seguridad, el Gobierno Nacional ratificó el envío de refuerzos militares a la zona. Se confirmó el despliegue de entre 300 y 350 efectivos de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) al occidente del departamento entre el final de esta semana y la próxima, acompañados por 50 integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía.El plan de contingencia incluye la activación del dispositivo BOSUR para la zona urbana y rural de Neiva, así como esquemas de protección con enmayado especial para dos estaciones de policía y presencia en los peajes. Al respecto, Castrillón concluyó: "con beneplácito hemos recibido esta noticia de reiterar el compromiso que él tiene hacia nuestro departamento y que esperamos que con esas actuaciones podamos superar esta situación y poder prevenir atentados".Escuche aquí la entrevista:
Tras la decisión del Gobierno nacional de retirar de la propuesta tributaria la aplicación del IVA a los productos agrícolas y de la canasta familiar, la bancada del Centro Democrático presentó un conjunto de alternativas de recaudo y austeridad fiscal. En diálogo con Mañanas Blu, el representante a la Cámara John Jairo Berrío confirmó que los ponentes y coordinadores ponentes de la denominada ley de rescate económico sostendrán una reunión clave con el Ministerio de Hacienda para evaluar estas fórmulas."Ayer le proponíamos unas ideas diferentes a gravar la canasta familiar", señaló Berrío, al detallar las conclusiones de la subcomisión de su partido encabezada por el expresidente Álvaro Uribe y los diálogos previos sostenidos con el Gobierno.Alivios a deudores de la DIAN y la UGPP con descuento de capitalUna de las principales apuestas de la oposición consiste en reestructurar los beneficios para los deudores morosos de la DIAN (cuya cartera suma cerca de 68 billones de pesos) y de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), que acumula deudas por 26 billones de pesos.A diferencia de los mecanismos tradicionales de amnistía que solo perdonan intereses o sanciones, la propuesta busca incluir una condonación sobre el saldo principal. Al respecto, el congresista afirmo:"A los deudores de la DIAN, pero de manera más fuerte y agresiva... al 100% de las sanciones, del 100% de las multas e inclusive parte del capital". Según el representante, este esquema disruptivo generaría un recaudo significativamente superior a los 2,5 billones de pesos obtenidos en vigencias anteriores.Cobro de IVA y aranceles a paquetes "de minimis" e impuestación a plataformasPara sustituir los ingresos previstos por la canasta básica, el Centro Democrático plantea gravar los envíos postales urgentes inferiores a 200 dólares (conocidos como de minimis), que benefician a plataformas de comercio electrónico transfronterizo como Temu, Shein o AliExpress.Berrío calculó que aplicar un IVA del 19% a estas importaciones generaría alrededor de 4 billones de pesos, cifra superior a las estimaciones oficiales. Adicionalmente, sugirió imponer aranceles de entre el 20% y el 40%, lo que sumaría entre 4 y 8 billones de pesos más.El congresista defendió la medida argumentando la necesidad de proteger a la industria nacional:"Aquí lo que estamos diciendo es que hay que nivelar la cancha entre el productor colombiano y el productor chino. El productor colombiano (...) paga IVA, paga aranceles con los insumos que entran al país, mientras que el producto chino, ¿por qué no puede pagar IVA ni aranceles?".En la misma línea de economía digital, se propone aplicar el IVA del 19% a las viviendas turísticas ofertadas a través de Airbnb.Escuche aquí la entrevista:
En menos de 72 horas, el presidente Abelardo De La Espriella tuvo que sacar de su gobierno a dos funcionarios que él mismo había elegido. El pasado viernes aceptó la renuncia, que él mismo había pedido, de Jaime Andrés Uribe a la gerencia del Fondo Milagro, y el domingo anunció en su red social X que Jaime Vives Pinedo "tiene que irse" de la presidencia de Coljuegos. Esa misma noche, en la alocución por sus cien días de gobierno, anunció que desiste de la propuesta de cobrar IVA a alimentos como el café, el azúcar y algunas frutas, uno de los puntos más polémicos de su propia ley de rescate económico o reforma tributaria.Cada caso tiene una explicación. Pero en conjunto dejan una pregunta que el Gobierno no ha respondido: ¿por qué tantas decisiones tienen que corregirse después de tomadas y no antes?El caso del Fondo Milagro es tal vez el más sensible, porque estamos hablando de la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. Jaime Andrés Uribe salió del cargo tras conocerse que su sueldo iba a ser de 39 millones de pesos mensuales y que la nómina inicial del fondo sumaba cerca de 765 millones de pesos al mes, según respuestas a derechos de petición de congresistas, mientras se excusaba de nuevo de asistir a la sesión del Congreso que sigue la atención de los damnificados. El jueves 12 el presidente dijo que esos salarios no se compadecían con su directiva de austeridad y ordenó reversarlos. Al día siguiente salió el gerente.El caso de Coljuegos es incómodo para la Casa de Nariño. Según lo reveló La Silla Vacía, Jaime Vives se matriculó el 18 de agosto en una especialización de la Universidad del Magdalena, al día siguiente le homologaron el 88 % de los créditos y el 8 de septiembre recibió el diploma, el posgrado que le exigía el cargo. El problema es que el decreto de nombramiento lo firmaron el presidente y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el 1 de octubre, tres semanas después del grado. "No basta con que lo que se haga sea legal; también debe ser ético", escribió el presidente.Pero la lista tiene reversazos previos: el primero de octubre el presidente ordenó revertir un alza de 46 pesos en el galón de gasolina que un día antes había anunciado su ministra de Minas y Energíay explicó que se había enterado después. Antes se habían caído nombramientos ya anunciados, como el de Carlos Eduardo Sepúlveda en Planeación Nacional y el de Hannah Escobar en el Ministerio de Salud, que duró dos días. El 10 de noviembre revocó la designación de Camilo Noguera en el ICANH por un cambio de manual de funciones hecho a espaldas de la ministra de Cultura.A estos casos se suman la salida de Rodrigo Lara del ministerio del Interior, Carlos René Montoya, presidente de Colpensiones, Ricardo Valencia de la dirección del DANE, del capitán Germán Miranda del cuerpo de bomberos, de Iván Sánchez del ADRES, de Germán Calderón España de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y de Elizabeth Blandón del Icfes.Hay que ser justos: rectificar es sano, y es preferible un presidente que corrige a uno que se atrinchera, pero es perjudicial que no haya estabilidad en el ejercicio de gobierno, el cual requiere continuidad de sus políticas.
En su más reciente alocución presidencial, con motivo de los primeros 100 días de Gobierno, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que el Ministerio de Hacienda estudia reducir la tarifa general del IVA del 19 % al 18 % o incluso al 17 %. Sin embargo, Juan David Ballén, director de Estudios Económicos de Aval Asset Management, advirtió que todavía no se conoce cómo se reemplazarían los recursos que dejaría de recibir el Estado con esa reducción.El mandatario también aseguró que los productos de la canasta familiar no tendrán IVA y que no se impondrán nuevas cargas de este impuesto al sector agropecuario. Ambas medidas estaban contempladas en la Ley de Rescate Económico y habían generado rechazo en diferentes sectores. De concretarse estos cambios, se modificaría el esquema de recaudo del proyecto, en cuya propuesta inicial el IVA representaba cerca del 29 % de los recursos que esperaba conseguir el Gobierno.“Si el Gobierno cobra menos IVA, tendría que compensarlo por otra vía: con un mayor recorte del gasto público, con otros ingresos o ampliando la base del impuesto mediante una revisión de exenciones y exclusiones. Por eso, no basta con mirar la tarifa. El recaudo también depende de cuántos bienes y servicios pagan IVA, del consumo y de la evasión”, afirmó Ballén.El IVA es el segundo impuesto que más recursos le aporta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Entre enero y julio de este año, recaudó 51,84 billones de pesos, equivalentes al 27,57 % de los 188 billones de pesos que ingresaron en total. Además, según el Gobierno, de cada diez pesos que recauda el Estado, tres se destinan al pago de la deuda pública.Aunque Ballén reconoció que una tarifa más baja podría funcionar dentro de una reforma más amplia, insistió en que “lo difícil sería reducirla sin una fuente clara de reemplazo, porque Colombia todavía enfrenta un déficit fiscal elevado”, concluyó. Entretanto, el Proyecto de Ley 477 de 2026, correspondiente a la Ley de Rescate Económico, fue radicado el pasado 29 de octubre y se encuentra en la etapa de ponencia para su primer debate.
Los primeros 100 días del gobierno de Abelardo De La Espriella dejan un balance marcado por las dificultades para consolidar el gabinete, los problemas de gestión y los desafíos en materia económica y de salud. Así lo consideró Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, quien señaló que el presidente ha mantenido una comunicación cercana al estilo de su campaña, pero todavía tiene pendientes en la ejecución de su programa.En entrevista, el analista recordó que el comienzo del mandato estuvo condicionado por el terremoto ocurrido un día y medio después de la posesión, una emergencia que modificó las prioridades del Ejecutivo y obligó a concentrar esfuerzos en la atención de las zonas afectadas.Sin embargo, también identificó dificultades propias de la administración. Entre ellas mencionó los cambios en los nombramientos del gabinete, la presentación tardía de la ley de rescate fiscal y la aprobación del presupuesto por decreto.¿Qué caracteriza el estilo de gobierno de Abelardo De La Espriella?Para Basset, el mandatario ha privilegiado la presencia en las regiones, los recorridos por las zonas afectadas y la comunicación directa mediante redes sociales. Esta estrategia, explicó, le ha permitido mostrar actividad, especialmente en asuntos de seguridad, pero también puede restarle atención al trabajo administrativo.“Uno tiene la impresión de que está todavía en campaña, que está todavía con este tema de comunicación mucho más que gestión”, afirmó.El profesor señaló que el presidente ha intentado conservar la puesta en escena que utilizó durante la campaña, con apariciones junto a la Fuerza Pública y mensajes sobre los operativos. No obstante, advirtió que las señales públicas no reemplazan los resultados de gobierno.¿Por qué la economía y el Congreso representan un desafío?Uno de los principales problemas, según el analista, está en el manejo del déficit fiscal. Basset recordó que el presidente había prometido no aumentar los impuestos y reducir el gasto, pero ahora el Gobierno impulsa una ley de rescate fiscal que enfrenta resistencias incluso entre los partidos de su coalición. “El debate que se va a plantear en el Congreso aparece mucho más difícil de lo que hubiéramos podido esperar”, sostuvo.El experto también consideró que el Gobierno debe entender que no puede administrar el país sin acuerdos legislativos. Aunque el presidente cuenta con una mayoría sobre el papel, las diferencias entre las bancadas dificultan la aprobación de sus iniciativas.¿Qué pendientes tiene el Gobierno en materia de salud?Basset cuestionó que no se haya cumplido la promesa de iniciar un plan de choque para el sistema de salud en 90 días. A su juicio, las dificultades en la entrega de medicamentos y la atención de los usuarios muestran que todavía no hay avances suficientes. “Esto no se arregla en 90 días ni mucho menos”, afirmó.El profesor agregó que la solución no depende únicamente de aumentar los recursos, sino también de revisar la administración del sistema. Finalmente, advirtió que el periodo de luna de miel presidencial podría estar terminando y que el mandatario tendrá que demostrar resultados para conservar su capital político.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) presentó un balance sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante los primeros 100 días del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre de 2026. En ese periodo, la organización documentó el asesinato de 45 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos: 36 hombres y nueve mujeres. Esto representa, en promedio, un homicidio cada 2,2 días.El Cauca concentra el mayor número de casos, con 11, seguido de Antioquia, con ocho. La Guajira, Meta, Valle del Cauca y Norte de Santander registran tres asesinatos cada uno. De las 45 víctimas, 24 eran liderazgos comunitarios o comunales: 13 comunitarios y 11 comunales. Además, siete eran líderes indígenas. En 44 de los casos, la información disponible no identifica al presunto responsable. Indepaz aclara que esto no significa que no existan investigaciones, sino que evidencia las limitaciones del monitoreo público.“La pérdida de un liderazgo no se agota en la víctima individual. En muchos territorios implica el debilitamiento de juntas de acción comunal, organizaciones campesinas, procesos indígenas y afrodescendientes, colectivos juveniles y redes de defensa de derechos”, afirmaron desde el Instituto. La organización advierte que estos crímenes también pueden generar temor, silenciamiento, desplazamiento de otros líderes y restricciones a la participación de las comunidades.El informe también documenta el asesinato de ocho firmantes del Acuerdo de Paz, todos hombres. Dos casos ocurrieron en Nariño, dos en Cauca y los demás en Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander y Putumayo. Para consolidar este registro, Indepaz contrasta la información con la Fiscalía, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el componente Comunes del Consejo Nacional de Reincorporación y la Misión de Verificación de la ONU. Sin embargo, advierte que estas entidades no necesariamente manejan los mismos criterios ni las mismas cifras.En cuanto a las masacres, el Observatorio registró 26 hechos que dejaron 87 víctimas, entre ellas cinco menores de edad. El Valle del Cauca encabeza la lista, con seis masacres y 18 víctimas. Le siguen Antioquia y Tolima, con tres hechos cada uno, y Huila, con dos. Al revisar el número de víctimas, después del Valle aparecen Tolima, con 12; Huila, con 10, y Antioquia, con nueve. Indepaz destaca el caso de Suaza, Huila, donde siete personas fueron asesinadas, y señala la importancia de diferenciar el número de masacres de la cantidad de víctimas que dejan estos hechos.Frente al desplazamiento forzado, el informe advierte que las cifras disponibles corresponden únicamente a agosto y septiembre, por lo que no cubren los 100 días completos. Durante esos dos meses se registraron 17 eventos que afectaron a 6.667 personas, 13 de ellos de carácter masivo. El Cauca concentra la mayor afectación, con 3.474 personas desplazadas, equivalentes al 52,1 % del total. Le siguen Chocó, con 1.609; Antioquia, con 739, y Bolívar, con 424. Además, el 63,7 % de las personas desplazadas resultó afectado por enfrentamientos entre grupos armados.Indepaz relaciona la situación del Cauca, entre otros hechos, con la emergencia humanitaria de agosto en los corregimientos de Ortega y Chaux, en Cajibío, donde los combates y ataques con drones obligaron a varias familias a abandonar sus hogares y dejaron a otras comunidades confinadas.Sobre la confrontación armada, el informe retoma cifras de otras entidades. De acuerdo con balances del Ministerio de Defensa divulgados por medios de comunicación, 43 integrantes de la fuerza pública fueron asesinados y 219 resultaron heridos. Además, entre el 7 de agosto y el 5 de noviembre, esa cartera clasificó 339 hechos como terrorismo. Indepaz aclara que esta cifra no corresponde necesariamente a 339 ataques con drones, ni significa que todos hayan dejado víctimas civiles o puedan atribuirse a un mismo grupo armado.Precisamente, la organización alerta sobre el uso creciente de drones con explosivos, especialmente en Cauca y Catatumbo. También documentó ocho bombardeos y recordó las obligaciones que deben cumplir las fuerzas militares durante este tipo de operaciones. “Toda operación debe cumplir los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, orientados a proteger a la población civil y evitar daños indiscriminados o excesivos. Una preocupación especial es la posible presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados en los campamentos que se pretende bombardear”, señalaron desde el Observatorio.Otro de los puntos de preocupación son seis denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales que están bajo seguimiento de Indepaz. Los casos corresponden a Donovan Balanta Paz, en Bogotá, el 20 de septiembre; Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, en Santa Marta, durante septiembre; Luis Carlos Mojica Guzmán, en La Macarena, Meta, el 22 de septiembre; Luis Alfredo Chocó Echeverry, en Villa Rica, Cauca, el 27 de septiembre; Keiner Banguera Mancilla, en El Charco, Nariño, el 2 de octubre, y Jhesmy Yasmín Rodríguez Calzada, en Meta, el 17 de octubre.“Preocupa que, en el afán de mostrar resultados operacionales en la lucha contra los grupos armados, puedan presentarse graves abusos por parte de integrantes de la fuerza pública, como las presuntas ejecuciones extrajudiciales que hoy se denuncian. Colombia ya vivió las consecuencias de esta lógica con los llamados falsos positivos, cuando civiles fueron asesinados y presentados como bajas en combate. Esa historia no puede repetirse”, advirtió Indepaz. Por esta razón, la organización pidió a la Fiscalía y a los organismos de control investigar cada uno de los casos de manera pronta, rigurosa e independiente.En sus conclusiones, Indepaz reconoce que estos hechos no pueden atribuirse automáticamente al actual Gobierno, pues también responden a conflictos territoriales que vienen de años atrás. Sin embargo, sostiene que el Estado tiene la responsabilidad de prevenir la violencia y garantizar la protección de la población.“La seguridad no puede medirse únicamente por el número de operaciones militares, capturas, bombardeos o bajas en combate. También debe evaluarse por la capacidad del Estado para proteger la vida, prevenir el desplazamiento, garantizar los derechos de las comunidades y evitar que los territorios sigan sometidos a la violencia de los grupos armados”, señalaron.Finalmente, la organización insistió en la necesidad de avanzar hacia el diálogo y una salida negociada al conflicto armado. Para respaldar esta posición, recordó el artículo 22 de la Constitución Política, que establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, rechazó el video en el que aparece la subteniente María Camila Pantoja, secuestrada por el ELN en Arauca, y en el que se le observa llorando, con la voz entrecortada y pidiendo por su libertad. La grabación, que habría sido difundida como una prueba de supervivencia, generó un pronunciamiento del mandatario departamental, quien exigió al grupo armado su liberación inmediata.Díaz cuestionó que el ELN utilice a la uniformada, quien permanece en poder de esa organización, para transmitir mensajes bajo amenazas y en condiciones de indefensión.“Nos deja varios mensajes. El primero, que el ELN, aprovechándose de la indefensión de una mujer, teniéndola secuestrada y amenazada, la obliga a decir cosas que claramente se nota que ella no quiere decir”, manifestó el gobernador.El mandatario también pidió que este caso no sea olvidado por los colombianos y advirtió sobre la gravedad de los delitos contra la libertad de las personas.“Los colombianos no podemos olvidar estos delitos abominables contra la libertad de las personas. Debemos tenerlo en cuenta. Estos delitos son imperdonables, no puede haber impunidad. Si nosotros generamos procesos de paz perdonando conductas como estas, se van a repetir”, señaló.En su pronunciamiento, Juvenal Díaz calificó lo ocurrido como inaceptable y exigió al ELN que permita el regreso de la subteniente con sus seres queridos.“Exijo como gobernador del departamento de Santander que el ELN libere inmediatamente a la subteniente para que pueda estar con su familia. El ELN no puede poner condiciones sobre la libertad y la vida de las personas”, puntualizó.Por su parte, la primera dama de Santander, Victoria Casallas, se pronunció desde su condición de mujer, madre y miembro de una familia militar. Expresó su solidaridad con la subteniente y con sus seres queridos, quienes atraviesan momentos difíciles por su secuestro.“Quiero hablar como mujer, madre y miembro de las Fuerzas Militares. Conocemos a la teniente, conocemos a su familia. Detrás de esta niña hay una familia sufriendo, compañeros, amigos. Abrazamos a su familia y nos unimos en oración”, manifestó.Finalmente, pidió que la uniformada sea liberada y pueda reencontrarse con sus seres queridos. “Exigimos su pronta liberación y que pueda estar con su familia, abrazada de amor”, expresó.Los pronunciamientos se suman a las exigencias para que el ELN respete la vida y la integridad de la subteniente y permita su regreso a la libertad.
Un incremento sobre la nómina de las empresas, aproximadamente de un 13,5% en los aportes a parafiscales, además del alza del IVA en varios productos, son las principales preocupaciones que Acopi en el Atlántico tiene, a propósito de la ley de Rescate Económico y Fiscal presentada por el Gobierno ante el Congreso. Así lo manifestó su directora, Rosmery Quintero, en el ‘Congreso de Empresarios: la década de las mipymes’ que se realiza en Barranquilla. En la misma vía se manifestó Juan Daniel Oviedo, quien también participó en el evento que se realiza en el hotel Dann Carlton.Especificó la directora de Acopi en el Atlántico, que perder la exoneración en los aportes a salud, el Bienestar Familiar y el Sena, que en la actualidad tienen los empleados que devengan hasta 10 salarios mínimos, como lo propone el Gobierno en su proyecto de ajuste fiscal, significará sobre la nómina de las empresas un costo adicional del 13,5 %.Piden estudio sobre el impacto ecónomico de las propuestasEn ese sentido, la dirigente gremial pidió estudiar cuidadosamente el impacto económico de esa y otras propuestas incluidas en la reforma como el alza en el IVA de varios productos de la canasta familiar y otros, que pasarían del 5 al 19%. Agregó que muy posiblemente el país no esté preparado para ese aumento y también sería complejo devolver el IVA a los estratos 1, 2 y 3, como se ha planteado por parte del Ministerio de Hacienda.“Lo que más debemos proteger es el empleo, y cuando se pierde desde el sector empresarial capacidad de pagar nómina, de cumplir con todos los elementos de ley, sencillamente nos toca prescindir de colaboradores y llevar los procesos a una mayor automatización con una inversión más baja y muy probablemente aportando mayor productividad”.Añadió Quintero que, como la mayoría del país, espera que el Gobierno y el Congreso concilien pronto sus ideas frente al proyecto, para tener claras las reglas de juego y pensando en la mejor salida para todos los colombianos.Por su parte, Juan Daniel Oviedo, quien estuvo en la jornada de apertura del encuentro de empresarios este jueves, dijo que comparte con el Gobierno la necesidad de hacer un ajuste fiscal a las finanzas del estado, pero este debe ejecutarse de manera responsable para no afectar la productividad.“Ojalá que el Gobierno no abroche a las micro, pequeñas y medianas empresas con el ajuste de las cotizaciones parafiscales. Compartimos con los empresarios de Acopi aquí en Barranquilla, que hoy la evidencia académica y ejercicios del pasado que ha hecho el mismo Gobierno Nacional, demuestran que el costo de ser formal se reduce significativamente gracias a los beneficios en materia de parafiscales que están vigentes en el país”.En cuanto a la devolución del impuesto del IVA propuesta por el Gobierno, Oviedo advirtió que “las realidades informales del comercio de alimentos en el país”, hace muy difícil pensar que el mecanismo de devolución de este impuesto y de facturación electrónica se vaya a masificar en los próximos 14 meses, cuando entre en vigencia el incremento, es decir, en enero del 2028.Sobre el alza en el salario mínimo, Tanto Rosmery Quintero como Juan Daniel Oviedo, coincidieron en que el aumento debe ser de entre el 8 y el 8,5% por el bien de la estabilidad de las empresas.
El Gobierno nacional comenzó a preparar la concertación del salario mínimo de 2027 con una reunión liderada por el Ministerio del Trabajo y en la que participaron seis entidades del Estado, con el propósito de coordinar los análisis técnicos que servirán de base para la futura negociación.En el encuentro estuvieron representantes del Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Administrativo de la Función Pública.Durante la jornada se analizaron las principales variables que inciden en la definición del salario mínimo, entre ellas la inflación, la productividad, el empleo, la informalidad y el poder adquisitivo.También se abordaron las condiciones económicas de las empresas, las particularidades del sector rural y de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los posibles efectos de los ajustes salariales sobre los costos de producción y los ingresos de las familias."Desde el Ministerio del Trabajo estamos impulsando una concertación permanente, que escuche a más sectores y permita tomar decisiones con rigor técnico, teniendo en cuenta las distintas realidades del mercado laboral colombiano”, señaló la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Morad.Por su parte, la viceministra de Empleo y Pensiones, Elianne Forero, destacó la importancia de ampliar el análisis de las condiciones del mercado laboral, pues aseguró que “es fundamental comprender qué está pasando con la informalidad, los ingresos y las oportunidades de empleo, para que la discusión salarial responda a las realidades económicas y sociales del país”.El Ministerio del Trabajo señaló que este encuentro hace parte de una estrategia preparatoria que contempla reuniones con sectores productivos, organizaciones sindicales, la academia y representantes de poblaciones con distintas condiciones de vinculación laboral.Además, la cartera de trabajo indicó que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales continuará desarrollando una agenda durante todo el año para abordar otros asuntos prioritarios de la política laboral, además de la definición del salario mínimo.
La Corte Constitucional declaró exequible el estado de emergencia económica, social y ecológica que decretó el Gobierno de Abelardo De La Espriella tras el terremoto del 10 de agosto. Sin embargo, condicionó su aplicación y estableció restricciones sobre los territorios que podrán recibir las medidas extraordinarias, el uso de los recursos y las acciones que podrá ejecutar el Ejecutivo durante el estado de excepción.La decisión fue adoptada por la Sala Plena con una votación de siete votos contra uno, dentro del estudio del Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026 y su modificación mediante el Decreto 1348 del 31 de agosto. El magistrado Juan Carlos Cortés González fue el ponente de la decisión.Uno de los principales condicionamientos tiene que ver con el alcance territorial de la emergencia. La Corte determinó que esta solamente podrá cobijar a los municipios que, según el Reporte Situacional 054 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, registraron afectaciones por el terremoto y su secuencia de réplicas.También podrán incluirse otros municipios de los departamentos contemplados en el decreto, siempre que se demuestren afectaciones concretas relacionadas con el sismo y exista soporte técnico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.La Corte también estableció que la emergencia no podrá utilizarse para adoptar medidas estructurales ni para atender problemas que existían antes del terremoto, particularmente los relacionados con el sistema penitenciario y carcelario.En cuanto a las acciones de reconstrucción, señaló que estas no podrán financiarse mediante las facultades extraordinarias, a menos que el Gobierno demuestre que los mecanismos ordinarios son insuficientes y que las intervenciones están directamente relacionadas con la fase de rehabilitación. Además, deberán buscar el restablecimiento de las condiciones de vida, la infraestructura, los servicios y las actividades socioeconómicas afectadas, sin reproducir situaciones de riesgo.Otro de los puntos centrales del fallo establece que los recursos extraordinarios no podrán destinarse a gastos que no estén directamente relacionados con la emergencia ni utilizarse para financiar el déficit fiscal.En ese sentido, la Corte ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público recalcular, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación del comunicado de la providencia, el costo de la emergencia y las adiciones presupuestales necesarias para financiarla.Asimismo, las entidades que ordenen gastos deberán justificar mediante actos administrativos por qué no pueden acudir a mecanismos ordinarios de financiación. También tendrán que establecerse mecanismos de seguimiento para garantizar que los recursos se destinen directamente a atender la emergencia y que los organismos de control puedan conocer permanentemente los compromisos adquiridos.La Sala Plena también exhortó al presidente de la República, como conductor del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para que adopte y ejecute el plan de acción específico para la recuperación, con una planeación plurianual de los recursos y la continuidad del régimen especial durante las labores de rehabilitación y reconstrucción.
El presidente Abelardo De la Espriella hizo oficial que la empresa mexicana Italika llegará en los próximos meses a Barranquilla para ensamblar motocicletas en Colombia. El anuncio lo hizo tras un encuentro con el empresario Ricardo Salinas, dueño de la compañía, en la sede presidencial alterna que está ubicada en el batallón Paraíso, norte de la capital del Atlántico.Según el jefe de Estado, la inversión permitirá generar cerca de 1.000 empleos en la ciudad y además contempla la construcción de 25 tiendas para la comercialización de estos vehículos.“Vamos a venir con las motos Italikas a hacer un ensamblador aquí en el puerto de Barranquilla y de ahí unas 25 tiendas para motos y préstamos. Ese es solo el inicio porque a mí me gusta mucho Colombia. Tú sabes que Colombia y México son países hermanos y me siento como en casa y más con todas las atenciones del señor presidente”, fueron sus palabras, en las que también aclaró que no conocía lo hermosa que era Barranquilla.De la Espriella calificó la decisión como una muestra de la confianza que está recuperando el país para atraer inversión extranjera. “La decisión de don Ricardo Salinas de apostarle a Colombia demuestra que vamos por el camino correcto”, señaló.“Esta es la Colombia que estamos construyendo: un país que recupera la confianza, atrae inversión, genera empleo y abre sus puertas a quienes quieren producir, crecer y crear oportunidades para nuestra gente”, también se puede leer por sus redes sociales.
Desde este 20 de noviembre se disputarán los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II. Sin embargo, solo uno de estos ocho equipos podrá bordar la estrella de Navidad y, de acuerdo con análisis e inteligencia artificial, existe uno que tiene la mayor posibilidad de lograrlo.Información revelada por Julián Capera, de Blu Radio, a través del portal Fútbol Eficiente que mide por estadísticas las posibilidades de un equipo, la Liga BetPlay 2026-II tendría como finalistas a Atlético Nacional y Millonarios con un porcentaje de 50.9 % y 34. %, respectivamente, de poder avanzar en su grupo de cuadrangulares.Atlético Nacional, el favorito a quedarse con la Liga BetPlayEsta estadística, aún sin iniciar cuadrangulares, da por vencedor a Atlético Nacional para quedarse con la estrella de Navidad con una probabilidad de 32.5 %, casi el doble de Millonarios (17.3 %) que aparece como el segundo más opcionado de quedarse con el título.Más abajo aparecen América de Cali, Independiente Medellín y Deportivo Cali como favoritos en esta disputa por la estrella de Navidad.¿Cómo se disputarán lo cuadrangulares de la Liga BetPlay?Grupo AFecha 1Medellín vs. Santa FeOnce Caldas vs. NacionalFecha 2Santa Fe vs. Once CaldasNacional vs. MedellínFecha 3Santa Fe vs. NacionalMedellín vs. Once CaldasFecha 4Nacional vs. Santa FeOnce Caldas vs. MedellínFecha 5Once Caldas vs. Santa FeMedellín vs. NacionalFecha 6Santa Fe vs. MedellínNacional vs. Once CaldasGrupo BFecha 1Deportivo Cali vs. MillonariosBucaramanga vs. AméricaFecha 2Millonarios vs. BucaramangaAmérica vs. Deportivo CaliFecha 3Millonarios vs. AméricaDeportivo Cali vs. BucaramangaFecha 4América vs. MillonariosBucaramanga vs. Deportivo CaliFecha 5Bucaramanga vs. MillonariosDeportivo Cali vs. AméricaFecha 6Millonarios vs. Deportivo CaliAmérica vs. Bucaramanga
Noruega, con agónico gol de Erling Haaland, consiguió este martes, en el tiempo añadido, el último billete para los cuartos de final de la Liga de Naciones de Europa, al imponerse 3-2 en casa de Dinamarca y quedarse con el segundo puesto del Grupo 4.Erling Haaland transformó un penalti —su segundo gol de la noche— en el minuto 90+6 para darle vuelta a un juego en el que los Vikingos estuvieron abajo 2-0.La anotación del delantero del Manchester City generó la euforia entre los noruegos, pues avanzaron a la siguiente ronda en un partido muy complejo.El primer puesto del grupo se quedó en manos de Portugal, ya sin Cristiano Ronaldo, retirado de la selección lusa.Los hombres dirigidos por Jorge Jesus se impusieron 3-2 en Gales, gracias a los goles de Bruno Fernandes (1-0, 11'), Pedro Neto (2-2, 43') y Carlos Forbs (3-2, 58').Los emparejamientos para los cuartos de final de la Liga de Naciones, que se disputarán del 25 al 30 de marzo de 2027, se conocerán en el sorteo que tendrá lugar el viernes.Los primeros clasificados estarán en un bombo, y disputarán la vuelta en casa, y los segundos en el otro.
La música en vivo continúa ocupando un lugar importante en la agenda cultural y de entretenimiento de Colombia. Durante los últimos meses, conciertos y festivales realizados en Bogotá y Medellín han reunido a decenas de miles de asistentes, en una temporada marcada por la presencia de artistas nacionales e internacionales y por producciones de gran formato.Las cifras de convocatoria de eventos recientes dan cuenta de este movimiento. Uno de los casos es el del artista colombiano Ryan Castro, quien ha vendido más de 150.000 entradas durante el último año, con presentaciones que incluyeron cuatro estadios y el Coliseo Med Plus durante 2025. A esta trayectoria se sumó Awoooween, su reciente espectáculo en Bogotá, que congregó aproximadamente a 51.255 personas.En Medellín, otro de los encuentros destacados fue Ritvales, festival de música electrónica que reunió a 49.000 asistentes durante sus dos jornadas. La convocatoria refleja el lugar que han ganado estos espacios dentro de la oferta musical del país y el interés del público por propuestas que combinan música, producción audiovisual y experiencias de larga duración.Estas cifras también muestran la diversidad de públicos que participan en los espectáculos en vivo. En Bogotá, el cantante Reykon realizó dos presentaciones con localidades agotadas en el venue El Corazón, cada una con más de 11.000 asistentes. Se trató de una convocatoria significativa, especialmente por la presencia de público mayoritariamente mayor de 30 años, una audiencia que ha acompañado distintas etapas de la música urbana en Colombia.Cada una de estas fechas representó, además, la generación de más de 500 empleos directos, entre personal técnico, logístico y operativo. Este componente permite observar los espectáculos más allá de la asistencia: detrás de cada concierto existe una cadena de trabajo que involucra proveedores, productores, equipos especializados y profesionales de distintas áreas.A estos eventos se suman las dos fechas de Omar Courtz en Bogotá, que también registraron localidades agotadas durante noviembre. Su convocatoria, dirigida principalmente a públicos jóvenes, evidencia la coexistencia de distintas generaciones y preferencias musicales dentro de la programación de conciertos en el país.Una agenda que se extiende hasta 2027La actividad musical tendrá continuidad durante los últimos meses de 2026 y los primeros de 2027. Bogotá, Medellín y Barranquilla hacen parte de la programación de conciertos anunciada por distintas productoras, entre ellas Breakfast Live, compañía colombiana dedicada a la producción y realización de espectáculos en vivo.La distribución de estos eventos entre varias ciudades también pone sobre la mesa la importancia de los escenarios y de la infraestructura disponible para recibir producciones de gran formato. Recintos como DaviArena, en Medellín, y el Parque Simón Bolívar, en Bogotá, hacen parte de los espacios que albergan este tipo de encuentros musicales.El panorama también plantea retos para el sector: mantener estándares de producción, fortalecer la infraestructura, garantizar condiciones adecuadas para los asistentes y ampliar las oportunidades de participación de profesionales y proveedores locales.Más allá de los nombres que aparecen en las carteleras, el movimiento de estos espectáculos permite dimensionar una industria que involucra talento artístico, capacidad de producción, empleo y actividad económica. Un sector cuya evolución depende no solo de la convocatoria de los artistas, sino también del trabajo de cientos de personas que hacen posible cada evento.
La realización de grandes eventos durante octubre representó un respiro para el sector gastronómico de Medellín, que atraviesa uno de sus años más difíciles desde la pandemia. Festivales como EDC Colombia y Ritvales, junto con ferias como Colombia Travel Expo, dinamizaron la demanda de restaurantes, bares y cafés, generando oportunidades para miles de establecimientos.Según un sondeo de la Asociación Colombiana de Gastronomía (Acoga), las ventas de los establecimientos afiliados aumentaron en promedio un 28 % durante los fines de semana con eventos internacionales, especialmente en sectores como Laureles-Estadio, El Poblado y Provenza.El impacto llega en un momento complejo para la industria. Entre enero y septiembre de 2026, Medellín registró la cancelación de 520 empresas gastronómicas, equivalente al 78 % de las cancelaciones de todo 2025, según la Cámara de Comercio. A nivel nacional, Acoga reporta 4.400 establecimientos formales cerrados hasta septiembre y estima que la cifra podría superar los 6.500 al finalizar el año.“De todos los años pospandemia, 2026 ha sido realmente el más difícil para el sector, con resultados menores a los esperados y costos más difíciles de sostener”, afirmó Guillermo Henrique Gómez París, presidente ejecutivo de Acoga.Uno de los eventos más destacados fue EDC Colombia, que reunió a más de 94.000 asistentes el 10 y 11 de octubre y generó un impacto económico estimado de 37,1 millones de dólares para Medellín. Por su parte, Colombia Travel Expo proyectó negocios superiores a $45.000 millones, mientras Ritvales también contribuyó a dinamizar la actividad turística y comercial.“Cuando Medellín recibe un gran evento, los restaurantes lo sienten de inmediato: más mesas ocupadas, más turnos para nuestros trabajadores y más compras a proveedores locales”, señaló Gómez París.Ante este panorama, Acoga hizo un llamado a las autoridades y organizadores para fortalecer la agenda de eventos internacionales e integrar a los restaurantes en las estrategias de promoción turística. Sin embargo, advirtió que estas iniciativas deben acompañarse de medidas estructurales, como la unificación del IVA para establecimientos franquiciados y no franquiciados en una tarifa del 8 %.El gremio considera que atraer visitantes es fundamental para sostener empleos y negocios, aunque reconoce que la recuperación de la gastronomía requiere soluciones de largo plazo.