El Consejo de Estado admitió el estudio de la tutela presentada por el registrador nacional, Hernán Penagos, contra Gustavo Petro, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra. La acción judicial está relacionada con varios señalamientos realizados por el exmandatario sobre un supuesto fraude y posibles irregularidades en las elecciones presidenciales de 2026.En la tutela, el registrador reclama la protección de sus derechos, solicita que se ampare el buen nombre de la Registraduría Nacional y se garantice su derecho a la rectificación en equidad frente a las afirmaciones que considera perjudiciales.El recurso cuestiona 14 publicaciones realizadas por Petro en la red social X y una intervención durante un consejo de ministros transmitido públicamente el 14 de julio de 2026. Según la acción, estos señalamientos fueron difundidos entre el 2 de junio y el 5 de agosto y estaban relacionados con supuestas irregularidades en el proceso electoral. Entre las afirmaciones mencionadas en la tutela aparecen supuestos cambios en el censo electoral y en el número de puestos y mesas de votación, así como presuntas modificaciones en los mecanismos de seguridad y trazabilidad de los formularios E-14. El registrador sostiene que estos señalamientos planteaban dudas sobre la transparencia del proceso electoral.También fueron cuestionadas las afirmaciones relacionadas con una supuesta alteración de las direcciones IP de los servidores de la Registraduría y con la existencia de “bloques matemáticos” que, según los señalamientos, reflejarían una posible manipulación de los resultados. Penagos asegura que ninguna de estas acusaciones tenía respaldo probatorio.El registrador afirma, además, que las declaraciones fueron realizadas por una persona que, según su argumento, no tenía competencia para establecer la existencia de irregularidades electorales.Otro de los argumentos centrales de la tutela es que el registrador Penagos solicitó previamente una rectificación. Según su versión, después de presentar esa solicitud transcurrieron 15 días hábiles sin recibir respuesta ni una corrección de las afirmaciones, por lo que las publicaciones continuaron disponibles y accesibles en redes sociales.Con la admisión de la tutela, el Consejo de Estado ordenó notificar a Gustavo Petro para que, dentro de un plazo de tres días, ejerza su derecho de defensa y presente un informe sobre los hechos expuestos en la acción.
La reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo cuestionamiento jurídico y político, luego de que se conociera la decisión de primera instancia del Consejo de Estado que decretó la pérdida de investidura del exsenador y expresidente del Congreso Iván Namee, por hechos relacionados con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).El caso motivó al representante a la Cámara Simón Molina, del movimiento político Creemos, a solicitar formalmente a la Corte Constitucional que examine si los hechos conocidos posteriormente a su pronunciamiento sobre la reforma pensional tienen alguna incidencia en la validez del trámite legislativo de la Ley 2381 de 2024.La petición busca establecer si las presuntas irregularidades relacionadas con Name pudieron afectar la deliberación, la transparencia y la formación libre de la voluntad de los congresistas durante la discusión y aprobación de la iniciativa, una de las principales reformas del anterior Gobierno.En entrevista con Mañanas Blu, Molina explicó que su solicitud no pretende sustituir las competencias de la Corte, sino poner en conocimiento de los magistrados nuevos elementos que, a su juicio, ameritan una revisión jurídica de lo ocurrido en el Congreso: “Lo que le hemos pedido a la Corte Constitucional es que determine si estos hechos que se conocieron posterior a cuando la Corte se había ya manifestado sobre la reforma pensional tienen algún tipo de incidencia jurídica en términos de la aprobación de la ley”, manifestó el representante.El congresista señaló que el asunto central es determinar si existió una relación entre los presuntos actos de corrupción y el desarrollo de las sesiones plenarias en las que se debatió la reforma, así como establecer si las condiciones en las que se adelantó el procedimiento legislativo garantizaron la libertad de deliberación y decisión de los parlamentarios.Iván Name y las presuntas irregularidades en el trámite pensionalLa controversia se fundamenta en la decisión de primera instancia del Consejo de Estado, que, según lo expuesto durante la entrevista, examinó la actuación de Iván Name en 16 sesiones plenarias del Senado relacionadas con el trámite de la reforma pensional. De acuerdo con la información presentada en el proceso, en 14 de esas sesiones el entonces presidente del Senado no habría dirigido integralmente los debates y habría cedido su conducción a otros integrantes de la corporación.Entre ellos se encontraba la entonces primera vicepresidenta del Senado, María José Pizarro. La actuación de Name fue relacionada con el presunto recibo de recursos provenientes del entramado de corrupción de la UNGRD, en un caso que involucra las declaraciones de antiguos directivos de esa entidad. Molina considera que estos acontecimientos ameritan una revisión sobre las circunstancias en las que se desarrollaron los debates legislativos y sobre la posible incidencia de los hechos en la aprobación de la reforma.“Colombia tiene derecho a conocer la verdad y la pregunta fundamental es: ¿la corrupción fue utilizada para alterar el trámite legislativo de la reforma pensional?”, afirmó el congresista. No obstante, el representante reconoció que corresponde a la Corte Constitucional determinar si los hechos tienen relevancia jurídica suficiente para afectar la ley. Además, la investigación penal contra Name debe distinguirse de la decisión del Consejo de Estado, que fue de primera instancia, y no constituye por sí misma una condena penal definitiva. La senadora María José Pizarro, mencionada en el expediente, ha negado cualquier conocimiento o responsabilidad en los hechos de corrupción.La Corte Constitucional y la revisión de la reforma pensionalUno de los principales interrogantes jurídicos planteados por Molina es si los nuevos elementos conocidos después de la revisión constitucional pueden justificar un nuevo pronunciamiento sobre la Ley 2381 de 2024. Según lo expuesto en la entrevista, la Corte ya había declarado constitucional la mayor parte de la reforma mediante la Sentencia C-264 de 2026, pero había ordenado subsanar vicios de procedimiento en nueve artículos.El representante sostuvo que, cuando la Corte emitió su decisión, aún no se conocían los elementos derivados del proceso contra Name. Por ello, considera necesario que los magistrados determinen si estos acontecimientos constituyen hechos sobrevinientes con relevancia constitucional.“Una ley tiene que tramitar de forma natural, de forma libre. Tiene que haber una deliberación. Y finalmente, el Congreso de la República tiene que actuar bajo los principios de la transparencia”, señaló Molina, al insistir en que el trámite de una reforma de esta magnitud debe estar libre de cualquier interferencia indebida.Sin embargo, durante la entrevista también se planteó un antecedente relacionado con la aprobación de la reelección presidencial en Colombia, en cuyo trámite se investigaron y comprobaron posteriormente conductas de compra de votos, sin que ello derivara en la anulación de la reforma constitucional correspondiente. Frente a este argumento, Molina sostuvo que no se deben normalizar las presuntas irregularidades en los procedimientos legislativos y que cada caso debe ser examinado por las autoridades competentes.Cámara de Representantes debe subsanar nueve artículosMientras se resuelven las solicitudes presentadas ante la Corte Constitucional, el Congreso debe continuar con el procedimiento ordenado para corregir los vicios de trámite identificados en la reforma pensional. Molina explicó que la Cámara de Representantes tenía pendiente adelantar la discusión y votación de nueve artículos, incluido uno de carácter sustantivo. Para esa labor, se conformó una comisión accidental coordinada por él y el representante Jonathan Pineda, del Centro Democrático, encargada de preparar una propuesta para consideración de la plenaria.Según indicó durante la entrevista, el Congreso debía adoptar una decisión antes del 29 de octubre, conforme al calendario mencionado en ese momento. El legislador insistió en que el cumplimiento de este procedimiento debe avanzar paralelamente a las solicitudes de revisión presentadas ante la Corte: “Nosotros queremos darle trámite, obviamente, como se establece y como hay que cumplirlo en la Cámara de Representantes, pero queremos tener la claridad frente a estas solicitudes que nosotros le hemos hecho a la Corte Constitucional”, explicó.¿Una contrarreforma pensional en el horizonte político?Más allá del debate jurídico, la entrevista también puso sobre la mesa la posibilidad de impulsar una contrarreforma pensional, una iniciativa que podría modificar o revertir algunos de los cambios introducidos por el gobierno de Gustavo Petro. Consultado sobre si su solicitud ante la Corte respondía a una estrategia del Gobierno para desmontar la reforma anterior y presentar una nueva propuesta, Molina reconoció su cercanía política con el presidente Abelardo de la Espriella, pero defendió que su actuación corresponde a sus funciones como congresista.El representante también confirmó que existen sectores políticos en el Congreso interesados en presentar iniciativas para modificar la legislación pensional vigente: “Lo cierto es que la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro fue una reforma pensional bastante cuestionada, que realmente hizo que muchos sectores del país se pronunciaran en contra”, manifestó. Agregó que podrían adelantarse nuevos trámites legislativos para revertir aspectos de la reforma.
El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, cuestionó desde Medellín la regulación del mercado de bonos de carbono expedida por el Gobierno nacional de Gustavo Petro y anunció modificaciones como la revocatoria del decreto firmado el 6 de agosto.La controversia Se centra en el decreto 973 de 2026, mediante el cual se establecieron condiciones, criterios y un marco institucional para los mercados de carbono en el país. La norma otorgó al Ministerio de Ambiente un papel central en la supervisión, definición de metodologías, seguimiento y autorización de diferentes etapas de los proyectos.Durante sus declaraciones, Arjona sostuvo que la decisión de reversar la reglamentación obedecería a razones jurídicas, pero también lanzó fuertes cuestionamientos desde el punto de vista técnico."Lo que hacía era enredar al máximo los mercados de carbono. Se habían cometido varios errores, entre otros, involucrar a otros ministerios en responsabilidades sin decirle. En fin, una serie de temas de forma jurídica, y, además, el contenido técnico era totalmente catastrófico para el mercado", mencionó el funcionario.Le puede interesar: Comunidades indígenas de Amazonía triunfan en disputa sobre bonos de carbono en ColombiaSegún el ministro de Ambiente, la norma representaba un riesgo para el funcionamiento del mercado de carbono que se había desarrollado alrededor del impuesto nacional al carbono.El funcionario también se refirió al mecanismo de no causación del impuesto al carbono, mediante el cual las empresas pueden evitar el pago del tributo al demostrar reducciones o compensaciones de emisiones. Según Arjona, estos beneficios habrían contribuido a reducir la demanda de créditos de carbono y generado una sobreoferta.Por lo anterior es que el ministro anunció, además, una propuesta para el próximo Plan Nacional de Desarrollo: recuperar el 100 % de la no causación del impuesto al carbono, con el propósito de fortalecer nuevamente el incentivo económico asociado a la compra de créditos.A la espera de la firma del presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, se busca que antes de fin de año se reglamente el registro para impulsar proyectos que protejan bosques y beneficien a comunidades étnicas.
Para este martes, la Universidad del Atlántico suspendió todas las actividades académicas y administrativas presenciales en su sede norte, como medida preventiva frente a los riesgos de seguridad que, según la rectoría, existen en torno a la realización del evento denominado “Conversando con Petro”, anunciado para las 10:00 de la mañana en la Plazoleta del Bloque D.El encuentro contempla la visita del expresidente Gustavo Petro, el exministro de Educación Daniel Rojas y la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Andrea Vargas; sin embargo, en una resolución firmada por el rector Leyton Barrios, la universidad advierte que esta actividad "no cuenta con las autorizaciones, planes de contingencia, pólizas ni permisos reglamentarios requeridos", lo que, según sus directivos, aumenta la posibilidad de que se registren posibles alteraciones dentro del campus universitario.Dice el rector que el riesgo es superior, debido a la tensión que hay por el proceso electoral que hoy cursa en la universidad para, entre otros, escoger a los representantes estudiantiles ante el Consejo Superior. De hecho, Petro llega a acompañar al joven candidato Marcos Mercado, lo que ha generado malestar entre varios sectores de la comunidad universitaria que critican el apoyo de "actores externos", como el expresidente, "con el ánimo de incidir en el proceso democrático de los estudiantes".Así las cosas, las clases y labores administrativas se realizarán de manera virtual o remota este martes, y retornarán a la presencialidad el miércoles, 30 de septiembre.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes atraviesa, según denunció el representante Daniel Briceño en entrevista con Recap Blu, una situación que mantiene paralizados los procesos que están bajo su competencia. El congresista aseguró que, dos meses después del inicio de la nueva legislatura, la corporación continúa sin los recursos necesarios para funcionar y que desde hace dos semanas están suspendidos los términos de más de 2.400 procesos. Vale reocordar que esta comisión tiene entre sus funciones conocer denuncias penales y quejas disciplinarias contra el presidente, el fiscal general y magistrados de las altas cortes.Briceño calificó la situación como preocupante y explicó que la falta de recursos estaría impidiendo avanzar en las investigaciones. “Seguimos sin plata, seguimos sin recursos”, afirmó el representante, quien añadió que actualmente no se estaría ejecutando ninguna actuación dentro de las investigaciones.Procesos contra el expresidente PetroUno de los puntos que más inquieta al congresista es la situación de los expedientes relacionados con el expresidente Gustavo Petro. Briceño aseguró que, como integrante de la comisión, actualmente no puede establecer con precisión cuántas investigaciones contra Petro permanecen activas, cuáles avanzan y cuáles fueron archivadas. “Yo hoy sinceramente no les puedo certificar cuántos casos tiene Petro dentro de la Comisión de Acusaciones porque ni siquiera hemos tenido acceso”, manifestó.Entre los procesos que generan interrogantes está el relacionado con la financiación de la campaña presidencial de Petro y el empresario Euclides Torres. Según explicó, los integrantes de la nueva comisión no tienen acceso a los expedientes hasta que estos sean asignados formalmente por la mesa directiva y la secretaría a los respectivos investigadores.“Hoy ni siquiera sabemos cuál fue el estado en que la comisión de acusaciones pasada dejó todas las investigaciones contra el señor Gustavo Petro”, sostuvo.El representante también mencionó que, según una denuncia de su compañero Hernán Cadavid, al cierre del año pasado habrían sido archivados más de 16 procesos contra Petro. Sin embargo, aclaró que no puede confirmar si entre esos expedientes se encontraba el relacionado con la financiación de la campaña o el de Euclides Torres. La situación expuesta por Briceño se produce mientras la propia Cámara mantiene publicada una resolución del 11 de septiembre de 2026 mediante la cual se suspendieron los términos judiciales y la atención al público en la Comisión de Investigación y Acusación. “Yo espero que por lo menos en un mes estemos hablando de que ya se repartieron los procesos y que ya algo se está impulsando”, concluyó.
Miles de reacciones y comentarios se generaron en redes sociales luego de que el expresidente Gustavo Petro respondiera, a través de su cuenta de X, a una publicación de Westcol en la que el creador de contenido aseguraba que “querían silenciarlo” porque tenía información delicada en su poder que podría “traerle problemas”.“Me quieren silenciar muchachos, ya me llegó la información. Tengo todo el pote en mi memoria RAM y no quieren que saque la información. No puedo decir mucho. Nos vemos hoy a las 4 p. m., voy a decir tod[o]”, escribió Westcol.El mensaje generó preocupación en algunos usuarios, entre ellos el expresidente, quien interpretó la publicación como una posible denuncia relacionada con amenazas contra el creador de contenido.“Los jóvenes de Colombia no deben vivir bajo el miedo y la amenaza. Medellín debe ser una ciudad de gentes libres”, respondió Petro.Sin embargo, la situación tenía un contexto completamente diferente. El mensaje de Westcol hacía referencia a Dedsafío, una serie de Minecraft en la que participa junto a otros creadores de contenido y que, por estos días, atraviesa una serie de polémicas internas entre algunos de sus participantes.Ante la confusión, Westcol aclaró durante una transmisión que no había sido víctima de amenazas y explicó que su publicación estaba relacionada con lo ocurrido dentro del proyecto.“No, brother, huevón, es que yo no me puedo poner a joder, huevón. Es que por eso es que yo no me puedo llegar a poner a joder. (...) La gente piensa que mi vida es solo Minecraft, huevón”, comentó el creador de contenido al referirse a la situación.Petro recibió críticas por su reacción al mensaje de WestcolLa respuesta del expresidente rápidamente se viralizó y generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron su preocupación por el mensaje del creador de contenido, mientras otros lo cuestionaron por, según sus críticas, haber interpretado la publicación sin conocer el contexto.Lo cierto es que Westcol participa actualmente en Dedsafío, un proyecto de Minecraft que reúne a varios creadores de contenido y que ha estado marcado por disputas y polémicas entre algunos de sus participantes.
Los habitantes de conjunto residencial de La Calera estarían expresando su descontento ante la posible llegada del expresidente Gustavo Petro. Se trata de Prados del Este, ubicado antes del peaje de la vía Bogotá-La Calera, cuyos habitantes manifestaron su preocupación por las condiciones de seguridad que implicaría la presencia del exmandatario.La información fue revelada por el periodista Felipe Zuleta en el programa Mañanas Blu, donde explicó que los residentes se enteraron de la situación cuando comenzaron a ingresar cajas y pertenencias a la vivienda, en medio de un trasteo que, según lo comentado en la emisión, se habría realizado discretamente.La vivienda sería propiedad de una exministra de PetroDe acuerdo con Zuleta, el interés del expresidente por residir en este sector estaría relacionado con la cercanía a Vanessa Cortés, quien vive en la zona. El periodista explicó que, tras conocer el posible traslado, se indagó sobre las condiciones en las que Petro ocuparía el inmueble. Según la información obtenida, la propietaria de la vivienda aseguró que se trataría de un préstamo a título de hospedaje y no de un contrato de arrendamiento.La casa pertenece a Diana Marcela Morales, quien se desempeñó como ministra de Comercio Exterior durante el Gobierno de Gustavo Petro. Zuleta señaló que las viviendas de este conjunto residencial tienen valores de compra que oscilan entre los 2.800 y los 6.000 millones de pesos, mientras que los cánones de arrendamiento se encuentran entre los 12 y los 15 millones de pesos mensuales.El periodista también mencionó que la propiedad tendría una hipoteca abierta con el banco BBVA y planteó interrogantes sobre las condiciones del préstamo y el origen de los recursos de la propietaria, sin presentar afirmaciones sobre la existencia de irregularidades.Preocupación de los vecinos por la seguridadUno de los principales motivos de inquietud entre los residentes de Prados del Este sería la seguridad que podría requerir la presencia del expresidente. Según relató Felipe Zuleta, los habitantes aseguran que Petro manifestó en al menos 12 oportunidades que querían asesinarlo o que existía la posibilidad de un atentado en su contra.Esta situación, de acuerdo con el periodista, ha generado preocupación entre los vecinos, quienes temen por la seguridad de sus familias, especialmente de sus hijos, y dicen desconocer cuáles serían las medidas de protección que se implementarían en el conjunto residencial. Durante la conversación en Mañanas Blu, Zuleta precisó que el descontento no estaría relacionado con la inclusión del expresidente en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, sino con las posibles implicaciones de seguridad derivadas de su presencia.El traslado ya habría comenzadoEn la emisión radial, los periodistas comentaron que el ingreso de pertenencias a la vivienda ya había comenzado y que los residentes se percataron de la situación cuando observaron el movimiento de cajas y otros objetos. También se mostraron imágenes de vehículos de los escoltas del expresidente en las inmediaciones del conjunto residencial.Aunque durante el programa se reconoció que Petro tiene derecho a vivir en el lugar que elija, la discusión se centró en las inquietudes de los residentes por las condiciones de seguridad y la manera en que se desarrolló el traslado.
Durante su alocución de este domingo 27 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella pidió a la justicia evaluar la posibilidad de establecer negociaciones con personas actualmente investigadas por hechos de corrupción, a cambio de información y pruebas que permitan avanzar en los procesos.La propuesta fue presentada por el mandatario después de referirse a la decisión del Consejo de Estado sobre el expresidente del Senado Iván Name, caso que utilizó para cuestionar los hechos de corrupción que, según afirmó, ocurrieron durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. “El Honorable Consejo de Estado decretó la muerte política del expresidente del Senado Iván Náme. La muerte política, una decisión dura y compleja que no puede pasar desapercibida, que no se puede seguir normalizando porque encierra corrupción exacerbada”, aseguró. A partir de ese caso, De La Espriella cuestionó lo que calificó como corrupción durante el cuatrienio anterior y sostuvo que el país no puede normalizar estos hechos. “El Consejo de Estado dictaminó, no fui yo ni el gobierno, dictaminó nada más y nada menos que con la plata pública que le robaron al pueblo, el gobierno pasado corrompió al presidente del Congreso”, afirmó.¿Qué beneficios planteó para quienes colaboren?El presidente pidió que la justicia estudie la posibilidad de ofrecer beneficios a los investigados que entreguen pruebas y colaboren para identificar a otras personas involucradas. “Le pido a la justicia que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones basadas en las normas del código penal para que los actuales investigados que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior gobierno colaboren con la justicia a cambio de beneficios”, dijo.El mandatario agregó que quienes entreguen información podrían recibir un castigo atenuado por su colaboración. “A los corruptos que están en las cárceles, a los investigados, y a los que pronto serán investigados y procesados les digo: arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices, piensen en sus familias y resarzan el daño que le hicieron a la patria con verdad”, manifestó.Finalmente, De La Espriella insistió en que los hechos señalados deben esclarecerse y que no deben quedar en la impunidad. “Tendrán, si lo hacen, un castigo atenuado por la colaboración y por el acto de contrición que es absolutamente necesario”, concluyó.
La situación de seguridad, el avance del crimen organizado, la defensa de la democracia y la crisis política en Venezuela serán algunos de los temas que se discutirán en la próxima edición del Foro América Libre, que se realizará el 30 de septiembre en Ciudad de México.Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) y una de las organizadoras del encuentro, explicó en entrevista con El Radar que el foro busca reunir a dirigentes y organizaciones que comparten posiciones de centro y centroderecha para analizar los principales desafíos de la región.“Lo principal es fortalecer la cooperación entre quienes defendemos en la región, en América Latina y el Caribe, los valores democráticos de las Américas”, aseguró Gómez del Campo, quien agregó que el espacio pretende construir una alternativa frente a los proyectos políticos de izquierda que, según su interpretación, han avanzado en distintos países de la región.La dirigente mexicana sostuvo que uno de los asuntos que genera mayor preocupación entre los participantes es la relación entre seguridad, narcotráfico y crimen organizado. En ese sentido, cuestionó los resultados de varios gobiernos latinoamericanos y mencionó específicamente a Colombia, México, Bolivia y Ecuador.Al referirse al gobierno del presidente Gustavo Petro y compararlo con las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en México, Gómez del Campo afirmó que existen similitudes en sus modelos políticos. Sin embargo, señaló que Colombia conserva instituciones que, a su juicio, han permitido contener algunos de los cambios que sí se han producido en México.“Colombia está lejos de lo que ha pasado en México, porque yo veo que en Colombia todavía hay institucionalidad, todavía hay un Poder Judicial fuerte, hay un Poder Legislativo fuerte”, sostuvo.Seguridad y crimen organizado, entre los temas centralesDurante la entrevista, Gómez del Campo también se refirió a los desafíos de seguridad que enfrentan ambos países. Según dijo, una de las principales preocupaciones del Foro América Libre será analizar cómo los grupos criminales han ganado presencia territorial y qué medidas pueden adoptar los gobiernos para enfrentar esta situación.“¿Y qué es la clave? Pues recuperar primero el control territorial, fortalecer la fuerza pública, enfrentar al narcotráfico, al crimen organizado, a las economías ilegales”, manifestó.La presidenta de la ODCA también cuestionó la estrategia de “paz total” impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro y aseguró que, desde su perspectiva, esta terminó favoreciendo a estructuras dedicadas a actividades ilegales. Se trata de una interpretación política expresada por la dirigente durante la entrevista.Gómez del Campo también destacó la importancia de la seguridad como una de las prioridades que, según ella, están adquiriendo mayor relevancia en distintos países de América Latina. “Te piden resultados concretos”, afirmó al referirse a las demandas ciudadanas frente a los gobiernos.El foro abordará además asuntos relacionados con la inteligencia artificial, la economía de mercado, el Estado de derecho y los derechos humanos. De acuerdo con Gómez del Campo, el objetivo no será únicamente analizar los problemas, sino plantear acciones conjuntas.“No nada más es ir y exponer con expertos cómo está avanzando el crimen organizado, es ver qué vamos a hacer los que formamos parte de este espacio Foro América Libre”, explicó.Venezuela y María Corina Machado también estarán en la agendaOtro de los asuntos que tendrá un espacio importante será la situación política de Venezuela y el caso de María Corina Machado. Gómez del Campo afirmó que desde la ODCA han expresado respaldo a la dirigente venezolana y pidió que pueda regresar a su país.“Tenemos que levantar la voz, condenarlo de manera unánime como comunidad internacional. Un llamado también a los presidentes de la región, de los diferentes países, para que lo digamos alto y fuerte de entrada, que pueda tener un retorno seguro María Corina Machado a su país”, manifestó.La dirigente mexicana también aseguró que el Foro América Libre busca respaldar a personas que permanecen detenidas por razones políticas en diferentes países de la región. Dijo que actualmente mantiene su apoyo a tres personas que, según explicó, continúan privadas de la libertad en Cuba.El encuentro del 30 de septiembre reunirá nuevamente a representantes de distintos países y sectores políticos alrededor de asuntos relacionados con democracia, libertad, seguridad y derechos humanos. Según una columna publicada por la propia Gómez del Campo, esta será la cuarta edición del Foro América Libre, una iniciativa que comenzó en 2023 y que actualmente reúne a líderes, organizaciones y representantes de más de 25 países.La jornada también tendrá como uno de sus ejes la discusión sobre los desafíos que enfrenta la democracia en América Latina y la necesidad de fortalecer la cooperación entre los sectores que participan del encuentro.
El excomisionado de paz Otty Patiño aseguró en Recap Blu que durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro nunca conoció de un eventual ofrecimiento de una gestoría de paz a David Murcia Guzmán, condenado por el caso DMG. Esta declaración se produjo luego de que Murcia se retractara de varios señalamientos contra el actual presidente Abelardo De La Espriella y afirmara que, antes de realizar esas acusaciones, recibió expectativas relacionadas con una posible salida de prisión mediante esa figura.En entrevista con Recap Blu, Patiño sostuvo que las decisiones relacionadas con las gestorías de paz eran conocidas y consultadas dentro de la Consejería de Paz, pero afirmó que el nombre de Murcia Guzmán nunca estuvo sobre la mesa.“No tengo la menor idea, porque todas las gestorías de paz eran comunicadas, eran, digamos, consultadas con nosotros. En ningún momento a nosotros como Consejería nunca se nos consultó nada sobre este señor”, manifestó el exfuncionario.Patiño también cuestionó que Murcia hubiera sido considerado para una eventual gestoría, al señalar que, desde su perspectiva, no tenía relación con procesos de paz.“Lo cual además me parece absurdo porque este señor no tiene nada que ver con procesos de paz”, afirmó. Choque de afirmacionesFrente a las declaraciones contradictorias del condenado, el excomisionado agregó que Murcia "hoy dice una cosa, mañana dice otra”.Ante la pregunta de si en algún momento, durante su paso por la Consejería de Paz, tuvo conocimiento de un ofrecimiento a Murcia Guzmán, Patiño fue enfático en negarlo."Jamás. Y por supuesto considero que el presidente Petro jamás pensó ni manifestó en esa posibilidad de darle una consejería de paz a este señor", agregó.Las declaraciones se conocen después de que Murcia presentara ante la Fiscalía una retractación de los señalamientos que había realizado contra Abelardo De La Espriella. Según el documento, el condenado afirmó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de obtener su libertad. Finalmente, Patiño rechazó que las gestorías de paz hubieran funcionado como un supuesto “cheque en blanco” para quienes recibieron esa condición.“Y si no lo cumple, pues se le suspende la gestoría. Así de sencillo. Pero de allí para allá, que sea una carta blanca para delinquir, para protegerle actividades delictivas, jamás”, concluyó el excomisionado.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El presidente Abelardo De La Espriella se reunió con líderes de comunidades indígenas en Barranquilla y desde allí se refirió a un presunto caso de corrupción que se habría dado durante el Gobierno Petro en el Ministerio del Interior.“En 67 convenios de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior aparecen 960.000 millones de pesos comprometidos y poco más de 672.000 millones desembolsados. En la información examinada no aparece que alguno de esos convenios haya sido liquidado”, dijo De La Espriella.El presidente Abelardo De La Espriella le dijo a los líderes de las comunidades indígenas que el Gobierno va a respetar sus derechos y la consulta previa, pero que eso no significa “cerrar los ojos frente a los abusos, las distorsiones, o irregularidades que puedan quedarse en torno a ella”. También advirtió que los recursos destinados a las comunidades indígenas deben llegar a ellas pues aunque “parece una obviedad ustedes saben que no siempre ocurre eso”.En el mismo sentido se refirió al tema de seguridad y orden público.“Quiero recordarles algo muy importante, las únicas armas legítimas de la República son las que están sometidas al imperio de la Constitución y la ley. Ningún grupo terrorista puede arrogarse el derecho de hablar en nombre de una comunidad indígena y cuando así sea ustedes tienen acceso directo a este Gobierno y vamos a apoyarlos de manera inmediata”, agregó el mandatario.
Un juez de conocimiento condenó a Juliana Guerrero a tres años de prisión, además de imponerle una inhabilitación y una multa equivalente a 100 salarios mínimos, tras avalar el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación por los hechos relacionados con la presentación de títulos académicos falsos.Guerrero aceptó su responsabilidad por la presentación de documentos que acreditaban los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria, con los que buscaba acreditar el cumplimiento de los requisitos para optar al cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad.Antes de que la investigación de la Fiscalía avanzara hasta un acuerdo en el que Juliana Guerrero aceptó responsabilidad por la obtención fraudulenta de dos títulos, la joven defendía públicamente sus estudios y explicó en una entrevista con Mañanas Blu cómo, según su versión de entonces, había llegado a graduarse como contadora pública.Ahora, en las últimas horas, publicó un video a través de su cuenta de Instagram en la que expone su perspectiva frente a las acusaciones, además, habla de acoso mediático que "han afectado su vida personal y familiar". En el video, Guerrero asegura que varios la difamaron; señalando a diversos sectores y asegurando que se crearon narrativas falsas sobre su moral y actividades sin brindarle el derecho a defenderse. La joven describe el supuesto deterioro de su salud mental y la humillación pública que la llevó a alejarse de la vida social. Guerrero asegura que reconoce haber cometido errores, pero rechaza ser "víctima de un juicio social permanente" y solicita una segunda oportunidad para sanar. "Dijeron que yo era que ladrona, cuando no probaron que yo estuviera desviando recursos. En materia judicial no tengo inconveniente en ir a dar la cara"; "Yo no tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué", agregó. Hay que recordar que en la audiencia, Guerrero pidió perdón públicamente por sus actuaciones y aceptó las consecuencias de sus decisiones. Ahora, con la sentencia, queda establecida su responsabilidad penal, aunque la pena de prisión fue suspendida de manera condicional por decisión del juez.
Gustavo Petro y Claudia López volvieron a aparecer juntos en una fotografía, en un encuentro que sorprendió por el historial de enfrentamientos que ambos protagonizaron durante los últimos meses. La imagen fue publicada por el expresidente en medio del relanzamiento de la Alianza por la Vida, una coalición que buscaría disputar las elecciones regionales de 2027 y proyectarse hacia las presidenciales de 2030.Como era de esperarse, la fotografía abrió interrogantes sobre el papel que podría tener la exmandataria en la estrategia política que el petrismo pretende desplegar desde las próximas elecciones regionales.¿Por qué sorprende la foto entre Claudia y Petro?El acercamiento resulta llamativo por las diferencias que marcaron la relación entre ambos, particularmente durante la administración de López en Bogotá.Uno de los principales choques estuvo relacionado con el metro de Bogotá. Mientras Petro defendió durante años la construcción de una primera línea subterránea, López impulsó el proyecto de metro elevado que finalmente avanzó durante su administración.Las diferencias llegaron a convertirse en fuertes enfrentamientos políticos. López incluso cuestionó públicamente al entonces presidente Petro después de dejar la Alcaldía y lo señaló hace no mucho por una supuesta participación indebida en política.En ese momento afirmó: “El mayor causante de faltas de garantías en la democracia colombiana es el señor presidente de la República”.Petro, por su parte, también lanzó críticas contra la exalcaldesa. En junio de 2025, después de que López oficializara su aspiración presidencial, escribió en X: “Claudia no sabe sino de traiciones. La última, a los trabajadores de Colombia”.Ahora, ambos aparecen nuevamente compartiendo espacio político.¿Qué busca Petro con la Alianza por la Vida?La fotografía fue acompañada por un mensaje en el que Petro planteó una hoja de ruta para su sector político de cara a las elecciones de 2027.El expresidente pidió alcanzar el mayor número posible de curules, alcaldías y gobernaciones, mientras planteó que la coalición debe convertirse en una estructura con presencia en diferentes regiones del país.“Estar listos a reemplazar un Gobierno extranjero e incapaz”, escribió Petro al referirse al actual Gobierno.El acercamiento también tiene un antecedente reciente. López, quien se había mantenido distante del petrismo durante buena parte de los últimos años, anunció su adhesión a la candidatura de Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial.Su reaparición junto a Petro vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de que sectores que estuvieron enfrentados puedan terminar compartiendo escenarios electorales en las próximas contiendas. La exsenadora María José Pizarro celebró el encuentro y defendió la construcción de una unidad amplia.“En los tiempos del autoritarismo, la censura, la manipulación y la sinrazón, hay que construir la máxima unidad. Es momento de tomar posiciones. ¡Seguimos dialogando!”, escribió.
El caso de Juliana Guerrero, quien recientemente fue condenada a tres años de prisión por los hechos relacionados con la obtención irregular de su título como contadora pública, continúa generando debate. Tras el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación, el cual le permite no cumplir tiempo de reclusión física ni domiciliaria, su abogado defensor, Felipe Alzate, salió al paso para aclarar los alcances de la sentencia.En diálogo con Mañanas Blu, el jurista enfatizó que la responsabilidad penal de Guerrero se centra exclusivamente en el uso del documento para inducir en error a la autoridad nominadora, y no en la fabricación material del diploma. Según Alzate, la justicia no puede sancionar a una persona dos veces por el mismo hecho, lo que explica por qué el proceso se enfocó únicamente en el delito de fraude procesal.La estrategia de defensa ante el preacuerdoFelipe Alzate explicó que la negociación con la Fiscalía tomó cerca de tres meses, periodo durante el cual se evaluaron las alternativas para una terminación anticipada del proceso. El defensor subrayó que, al reconocer su responsabilidad y evitar un juicio prolongado, su cliente obtuvo beneficios legales estandarizados dentro del ordenamiento jurídico colombiano.Al ser consultado sobre el supuesto doble beneficio por la exclusión del delito de falsedad en documento privado, Alzate fue enfático al señalar que existe una interpretación incorrecta por parte de la opinión pública. “Ella no falsificó el título, solo lo usó”, argumentó el abogado, tras defender que el fraude procesal subsume la conducta delictiva en este caso específico.A su juicio, la condena por fraude procesal, que conlleva una inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa económica, es el resultado de un análisis técnico basado en la jurisprudencia de las altas cortes. El defensor aclaró que la rebaja de pena aplicada no responde a un trato preferencial, sino a una facultad a la que puede acceder cualquier ciudadano que decida colaborar con la administración de justicia.Debate sobre el concierto para delinquirDurante la entrevista, surgieron cuestionamientos sobre por qué no se imputó el delito de concierto para delinquir, considerando que otras personas, como el exsecretario general de la Fundación San José, también fueron condenadas. Ante esto, Alzate descartó la existencia de una empresa criminal organizada y dirigida por su representada.“No hay un solo hecho que permita acreditar que hay una empresa criminal que se ha mantenido en el tiempo con diferentes autores”, puntualizó el abogado. Para la defensa, las condenas individuales no equivalen a la configuración de una estructura delictiva compleja, y cualquier aseveración en contrario, a su juicio, carece de sustento probatorio y se aleja de la realidad procesal del caso.Sobre la ausencia de menciones al expresidente Gustavo Petro en la carta pública escrita por Guerrero, Alzate aclaró que no conoce al exmandatario y que la misiva fue una decisión personal de su defendida. El abogado reafirmó que su rol se ha limitado exclusivamente al ámbito de la defensa técnica, manteniendo reserva sobre los asuntos ajenos al proceso judicial, como las especulaciones sobre posibles colaboraciones futuras con la justicia o situaciones relacionadas con el estatus migratorio de la procesada.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, emitió un duro balance sobre el estado en el que encontró las relaciones bilaterales entre su país y Colombia.Según el alto funcionario norteamericano, el vínculo diplomático sufrió un fuerte deterioro durante el periodo presidencial anterior."Los últimos 4 años han sido una aberración entre los gobiernos, pero esto es algo que va a cambiar", sostuvo el representante de la diplomacia estadounidense tras concluir su encuentro con el presidente Abelardo De La Espriella.Críticas al gobierno PetroDe acuerdo con lo expresado por Rubio en la capital del Atlántico, la actual administración colombiana recibió un panorama complejo en materia de gestión y seguridad pública."Desafortunadamente, este gobierno ha heredado una serie de desastres, malas decisiones que se hicieron. Ustedes están enfrentando los errores de los últimos 4 años y tienen que arreglar eso", aseveró.El secretario de Estado añadió que este escenario se sumó a las afectaciones por el reciente terremoto, aunque enfatizó en que existen oportunidades para recomponer la agenda conjunta.En sus declaraciones, Rubio también resaltó que la obligación principal de cualquier Ejecutivo es garantizar la seguridad de la ciudadanía y celebró los avances en esa materia.Asimismo, expresó su satisfacción por regresar al territorio nacional y proyectó un cambio positivo en el trabajo coordinado entre Washington y Bogotá."Me encanta estar en un país que ha sido nuestro aliado más fuerte en la región durante muchos años, y esperamos no solamente restaurar eso, pero también crear una época dorada de relación entre nuestros dos países", concluyó.
La audiencia de acusación contra Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, por el delito de violación de topes de campaña se realizará el próximo 30 de octubre a las 2 de la tarde, en una nueva etapa del proceso relacionado con los recursos que presuntamente no fueron reportados de manera correcta durante la primera y segunda vuelta presidencial.De acuerdo con lo señalado por el ente acusador durante la imputación de cargos, el exceso total en los gastos de campaña habría ascendido a aproximadamente 1.664 millones de pesos. Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que existen elementos materiales que demostrarían el conocimiento que tenía Roa sobre los gastos y reportes entregados a las autoridades electorales. El delegado del ente investigador aseguró que varias facturas fueron emitidas directamente a nombre del entonces gerente de campaña y contenían sus datos de facturación electrónica, dirección, teléfono y correo electrónico.De acuerdo con el ente acusador, el gasto real de la campaña en primera vuelta presidencial ascendió a 29.924 millones de pesos, cifra que habría superado en 1.388 millones el límite permitido por la ley electoral. Mientras tanto, en segunda vuelta, la campaña habría excedido el tope autorizado en 276 millones de pesos.Para el ente investigador, estas presuntas irregularidades comprometerían la transparencia electoral y afectarían el principio de igualdad entre los distintos competidores dentro del proceso democrático. Recordemos que por este caso hubo una reunión entre Ricardo Roa y el fiscal Elkin Ardila quien investiga la presunta violación de topes electorales, sin embargo, la Fiscalía le aclaró las condiciones necesarias para tramitar una eventual negociación. Para ello, Roa deberá presentar una solicitud formal por escrito, radicar una matriz de colaboración que identifique hechos y personas de interés para la investigación, y someterse a un interrogatorio previo. Con base en esta información, el ente acusador determinará si es viable otorgar un preacuerdo, que implica la aceptación de cargos a cambio de una rebaja de pena, o un principio de oportunidad, el cual suspende la acción penal a cambio de servir como testigo contra otros implicados.
El periodista Felipe Zuleta reveló en Mañanas Blu que el expresidente Gustavo Petro habría intentado comprar una vivienda de alta gama en el conjunto residencial Arboreto, ubicado en La Calera, Cundinamarca, utilizando su nacionalidad italiana para realizar el acercamiento inicial con una agencia inmobiliaria. Según el relato entregado por Zuleta, un agente de bienes raíces habría recibido días atrás una llamada en la que le informaron que un ciudadano italiano estaba interesado en comprar una casa en ese conjunto residencial.Las viviendas de Arboreto, de acuerdo con la información expuesta durante el programa, tendrían precios que oscilarían entre los $2.200 millones y los $2.800 millones.Así habría sido el acercamiento para comprar la casaZuleta contó que el supuesto comprador italiano habría establecido una condición particular para conocer las viviendas disponibles: las casas que fueran mostradas debían estar desocupadas o, en caso de encontrarse habitadas, sus residentes no debían estar presentes durante la visita.El periodista aseguró que el ciudadano italiano finalmente habría acudido a conocer una de las propiedades y que, posteriormente, el agente inmobiliario habría informado al propietario que el interesado era Gustavo Petro. La vivienda que habría visitado Petro tendría un precio inicial de unos $2.600 millones, según la versión entregada por Zuleta. El propietario, quien según el periodista sería un colombiano que actualmente reside fuera del país, habría rechazado la posibilidad de venderle la propiedad al expresidente.De acuerdo con el relato, tras conocer la identidad del supuesto comprador, el propietario habría alertado a otros residentes del conjunto sobre el interés de Petro en adquirir una vivienda allí.¿Por qué habría utilizado su nacionalidad italiana?Uno de los aspectos que generó preguntas durante la conversación en Mañanas Blu fue la identidad con la que presuntamente se habría presentado el comprador ante la inmobiliaria. Según el relato de Felipe Zuleta, Petro habría buscado presentarse como un ciudadano italiano, lo que habría permitido mantener en reserva, al menos inicialmente, su condición de expresidente y evitar que su identidad generara sospechas o reparos entre los propietarios. El contexto cobra especial relevancia porque Petro fue incluido por el Gobierno de Estados Unidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como lista Clinton, en octubre de 2025. Esta circunstancia habría generado inquietud entre los residentes del conjunto, de acuerdo con la versión entregada por el periodista.Además, durante la conversación surgió la pregunta sobre la eventual forma de pago de la propiedad. Zuleta señaló que tendría dos versiones sobre ese punto y reconoció que no estaba claro si se había hablado específicamente de un pago en efectivo..Otras casas también habrían sido descartadasSegún el relato del periodista, en ese momento habría tres viviendas disponibles para la venta en el conjunto residencial. Después de que el propietario conociera la identidad del supuesto comprador, las otras personas que tenían propiedades en venta también habrían manifestado que no estaban interesadas en concretar una operación con Petro.La situación habría generado preocupación entre algunos residentes del conjunto, quienes, según Zuleta, llegaron a expresar temor por posibles consecuencias derivadas de una eventual venta al expresidente. El periodista también relacionó la vivienda que habría visitado Petro con una fotografía publicada anteriormente por el exmandatario, en la que aparece sentado sobre una piedra. Según su versión, la imagen habría sido tomada en el jardín de la casa que presuntamente estaba interesado en comprar.
Por tener obligaciones que cumplir frente a las regulaciones y sanciones internacionales de Estados Unidos, Avianca canceló las reservas del expresidente Gustavo Petro para viajar en la ruta Bogotá-Ciudad de México-Bogotá. La aerolínea explicó que estas normas le prohíben prestar servicios o realizar transacciones a favor de personas incluidas en listas de sanciones de obligatorio cumplimiento.Entre esas restricciones está la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocida como SDN List, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.Avianca sostiene que, por las obligaciones regulatorias que le aplican, no puede realizar operaciones con personas cuyos bienes e intereses estén bloqueados por su inclusión en esta lista.En medio de todo este panorama se conoció la carta que fue enviada por la aerolínea Avianca al expresidente de la República de Colombia, tras conocer e identificar el caso.“Tras una revisión de cumplimiento normativo dentro de nuestros procedimientos regulares, hemos identificado que existen dos reservas en nuestra aerolínea bajo los códigos identificadores XXXX y XXXX en las cuales figura su nombre y el de otras dos personas para el trayecto BOG-MEX para el día 30 de agosto de 2026, con regreso el 2 de septiembre de 2026 en la ruta MEX-BOG, respectivamente. En el marco de esas mismas verificaciones, hemos detectado que su nombre se encuentra incluido en la Lista SDN que administra la OFAC”, se lee en la carta.La compañía explicó que estas normas estadounidenses sí involucran a Avianca, pese a que las reservas canceladas correspondían a un viaje entre Colombia y México. Esto, según la aerolínea, se debe a la estructura internacional de sus operaciones y a su presencia comercial, financiera y corporativa en Estados Unidos.Además, Avianca señaló que opera rutas hacia territorio estadounidense, realiza transacciones financieras en dólares a través del sistema bancario de EE.UU y utiliza tecnología y bienes de origen norteamericano. Por lo que debe cumplir las regulaciones internacionales y las sanciones administradas por las autoridades estadounidenses.“Reiteramos que la cancelación de los mencionados tiquetes obedece estricta y exclusivamente al cumplimiento de obligaciones regulatorias internacionales que vinculan a Avianca por la naturaleza y ubicación geográfica de sus operaciones”, se menciona en la carta.La compañía enfatizó que la medida no implicó la retención de los recursos correspondientes a la compra, por lo que será devuelto el dinero.
La garantía de los derechos fundamentales en Colombia atraviesa un momento crítico, según lo revelan las más recientes cifras consolidadas por la Corte Constitucional. Una radiografía que deja en evidencia las fallas o inconsistencias que se presentaron entre el 13 de enero y el 31 de julio de 2026, los últimos 7 meses del mandato del expresidente, Gustavo Petro.En los despachos judiciales del país procesaron un total de 661.741 acciones de tutela, configurando un radiograma donde la salud y las actuaciones administrativas concentran la mayor litigiosidad del Estado.En medio de este panorama, la Corte Constitucional identificó un total de 177.130 nombres únicos de entidades e instituciones demandadas durante los primeros siete meses de 2026.El informe ubica a la Nueva EPS como la institución que lidera la recepción de tutelas a nivel nacional. La Entidad de Salud concentra el 11,5 % de la totalidad de las demandas del país, con 76.279, reflejando las barreras que enfrentan miles de afiliados para el acceso a tratamientos, citas con especialistas y la entrega de medicamentos.En el mapa, la Nueva EPS al encabezar el número de tutelas en 17 de las 33 entidades territoriales analizadas, corresponde al 52% del país. Los niveles más elevados de demandas contra esta EPS se registran en departamentos como Amazonas (46,7%), San Andrés y Providencia (45,7%), Guainía (43,0%) y Arauca (41,1%).El segundo lugar de la lista nacional lo ocupan de manera conjunta las Secretarías de Movilidad y Tránsito. Estas dependencias agrupan el 10,3 % de los recursos de amparo radicados en el país, debido a reclamos continuos por procedimientos sancionatorios, fotomultas y fallas en la notificación del debido proceso.Justamente, las Secretarías de Tránsito dominan el panorama en 10 departamentos, que equivale al 30 % del territorio nacional, con especial incidencia en la Región Caribe y el Suroccidente, afectando jurisdicciones como La Guajira, Cauca, Cesar, Valle del Cauca, Magdalena y Atlántico.En la tercera posición se encuentran los propios Juzgados y corporaciones de la Rama Judicial, acumulando el 5,3 % de las solicitudes, con 35.344 tutelas.En los juzgados la cifra obedece a las tutelas interpuesta contra actuaciones, decisiones o dilaciones procesales en los distintos estrados del sistema ordinario. En este caso en Bogotá la mayor proporción de demandas se dirige contra la Rama Judicial y los despachos de juzgados, que abarcan el 8,5% de las tutelas tramitadas en la capital.Por su parte, la Unidad para las Víctimas (UARIV) con 19.909 tutelas, alcanzó su registro más elevado en el Caquetá con el 25,9 % de las tutelas del departamento, seguido por Putumayo con un 12,5 % y Nariño con un 15,3 %. El motivo determinante en estas regiones obedece al retraso en el pago de indemnizaciones administrativas y la demora en las respuestas a los derechos de petición de la población víctima.En el caso de las clínicas y hospitales (IPS), con 18.865 tutelas, con el 2,9 % del total nacional, concentrándose la mayor cantidad en Antioquia, Valle del Cauca y Santander. Esta recurrencia se debe a la desatención en urgencias complejas, la falta de camas UCI y los retrasos en la entrega de insumos especializados.Y la seguridad social no se encuentra por fuera de la lista, las Administradoras del Sistema General de Pensiones, encabezadas por Colpensiones, presenta también fuertes señalamientos, esto debido a la exigencia ciudadana en la resolución de peticiones, la liquidación de mesadas y el reconocimiento de bonos pensionales.En la lista también se ubican las Alcaldías Municipales y Gobernaciones, requeridas ante los jueces por el incumplimiento reiterado al derecho de petición, fallas en la prestación de servicios públicos o falta de respuesta a solicitudes de asistencia social.En otras regiones destacan dinámicas importantes como: Capresoca EPS lidera en Casanare con el 16,0 %; Emssanar EPS encabeza en Nariño (15,3 %) y Putumayo (12,5 %); mientras que Famisanar EPS concentra el primer lugar en Cundinamarca con el 13,3 %.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se desmarcó de los señalamientos que lo relacionan con el denominado “Petro-uribismo” al llegar este viernes al Búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde fue citado a diligencia de indagatoria por una investigación relacionada con las masacres de La Granja y El Aro y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.En su llegada a la Fiscalía, Uribe aseguró: “Ahora me acusan de Petro-uribismo para sembrar desconfianza en nuestros compañeros de lucha. Para esto no ha importado nuestra oposición sin declives con la Nación. Al Gobierno Petro lo combatimos mirando a los ojos y sin pretensiones de pactos o favorecimientos. Elegimos un presidente del Senado con condiciones de patriota”.El exmandatario también se refirió a las actuaciones y señalamientos relacionados con el expresidente Gustavo Petro: “A pesar de que esta acusación también está basada en los señalamientos y movidas del expresidente Petro, frente a él, como frente a cualquier ciudadano, acusado con o sin justicia, prefiero mi adhesión a las mismas garantías constitucionales que para mi reclamo, en lugar de caer en la rabiosa actitud del ‘diente por diente o del ojo por ojo’”, afirmó.Uribe agregó que acude a la diligencia en medio del dolor que, según manifestó, le produce la condena de su hermano, Santiago Uribe. “Acudo a esta acusación con el dolor de la injusta condena de mi hermano, un finquero básico, de valores morales, condenado por quienes no supieron de él más allá de las opiniones de sus acusadores, el mismo comité de mis adversarios políticos. Creí que le había servido a la Nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino. El dolor que me afecta no deteriora mi amor y mi lucha por Colombia, que permanece por encima”, señaló.La diligencia es adelantada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dentro de un expediente en el que el expresidente y exgobernador de Antioquia es investigado por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida agravado, concierto para delinquir agravado y hechos relacionados con la conformación de grupos paramilitares, específicamente el Bloque Metro.El caso tiene como antecedentes denuncias iniciadas desde el año 2000 y una compulsa de copias ordenada en noviembre de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, durante el proceso relacionado con el asesinato de Jesús María Valle.La investigación también contempla la posible omisión de deberes de protección a la población civil durante la gestión de Uribe como gobernador de Antioquia, así como señalamientos sobre un presunto fomento y apoyo al Bloque Metro en la hacienda Guacharacas y una eventual responsabilidad en la promoción o formación de organizaciones armadas paramilitares.