El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda fueron los encargados de emitir el discurso de réplica de la oposición a la alocución que el pasado martes realizó el presidente Abelardo De La Espriella.Petro comenzó su intervención asegurando que “La primera obligación de un Estado, de una sociedad, es la vida”, en referencia a la atención de la tragedia por el terremoto, y centró sus palabras en las decisiones tomadas durante las primeras horas de la emergencia, cuestionando que la falta de empalme del nuevo Gobierno convirtió esas primeras horas decisivas “en un desastre mayor del que había”.Petro señaló que, pese a la magnitud de la tragedia, no se hubiera aprovechado plenamente la capacidad estatal que, según dijo, ya estaba desplegada en los territorios.Recordó que durante su Gobierno se había expandido la presencia pública en salud y educación y sostuvo que esa infraestructura podría haber servido para responder con mayor rapidez.“El mayor instrumento para mitigar el terremoto es un Estado con presencia en todo el territorio colombiano”, afirmó, usando como ejemplo el buque hospital Benkos Biohó.Petro aseguró que la embarcación fue reconocida por el nuevo Gobierno “prácticamente una semana después” y cuestionó qué había ocurrido con los recursos que, según afirmó, su administración había dejado para la atención inmediata.“El buque podía dejar equipos de salud en el litoral e incluso internarse por los ríos del Pacífico”, señaló. También recordó que había realizado miles de operaciones en la región y criticó que permaneciera “7 días quieto en el puerto de Buenaventura” mientras se buscaban hospitales de campaña en otras zonas del país.Cabe recordar que la ministra de Salud del nuevo Gobierno, Ana María Vesga, aseguró que fue necesario hacer un traslado importante de personal e insumos a la costa Pacífica para poner en funcionamiento el buque, pues no tenía las capacidades necesarias.Por otra parte, Petro extendió su cuestionamiento a los llamados territorios saludables que, según explicó, habían sido establecidos durante su administración en el litoral Pacífico.“¿Por qué no se reactivaron si dependían de los dineros del Gobierno nacional?”, preguntó Petro, al sostener que médicos y enfermeras podían haber sido movilizados mediante helicópteros de la Fuerza Aérea y del Ejército.Para Petro, la explicación estuvo en una decisión política del nuevo Gobierno. “Es indudable que la capacidad desplegada por mi Gobierno en salud pública y presencia territorial de la salud no se utilizó por sectarismo e ignorancia”, dijo, criticando la decisión de no mover funcionarios por el hecho de pertenecer a administraciones anteriores.La participación de Israel en la atención de la emergencia fue otro de los puntos centrales de la intervención, pues para el exmandatario esto terminó “parcializando la ayuda” hacia una operación que calificó como “una inteligencia militar en terreno de Colombia por Israel”.Superada la fase más inmediata de la emergencia, Petro planteó la discusión que, a su juicio, apenas comienza: cómo financiar la reconstrucción. “Se necesitan 30 billones de pesos. ¿De dónde los vamos a sacar?”, preguntó. Rechazó que la respuesta fuera un nuevo endeudamiento público y advirtió que una deuda de esa magnitud terminaría siendo pagada por toda la sociedad.Su alternativa fue retomar la reforma tributaria presentada por su administración. “Tendría que recuperar nuestro proyecto de reforma tributaria que se presentó al Congreso ya y que es por valor de 20 billones”, propuso Petro. Según su planteamiento, esos recursos deberían provenir principalmente de los sectores más ricos del país. “¿Quiénes pagan? Los más ricos de Colombia”, afirmó, al defender que la reconstrucción se financiara con una mayor contribución de quienes tienen las mayores fortunas. A esa medida sumó la reducción de las tasas de interés para disminuir el peso de la deuda nacional y ampliar la capacidad presupuestal del Estado.Por otra parte, en su intervención, Iván Cepeda afirmó que desde el comienzo de la emergencia integrantes del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida habían participado en brigadas de rescate, puntos de acopio, distribución de ayudas, ollas comunitarias y brigadas de salud.Después de describir ese trabajo, resumió su lectura de la tragedia con una frase: “Solo el pueblo organizado salva al pueblo”. Cepeda defendió que las comunidades, las organizaciones sociales y las juntas de acción comunal tuvieran un papel central en los planes de reconstrucción, en alianza con universidades públicas, gobiernos territoriales y cooperación internacional.Cepeda cerró planteando que la oposición no renunciará al control político, pero tampoco a la posibilidad de trabajar para superar la emergencia. Advirtió que la reconstrucción no puede dejar atrás a los damnificados ni utilizar la emergencia para afectar a los sectores vulnerables, y reclamó garantías de techo, alimentación, agua potable y atención médica.También pidió vigilar cualquier presencia militar extranjera y facilitar la contratación directa con las organizaciones comunitarias.
El abogado de la exdirectora del Dapre y del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, solicitó al presidente del Senado, Honorio Henríquez, revocar la autorización que le permite al expresidente Gustavo Petro salir del país.La petición fue presentada por Manuel Vicente Villanueva, quien actúa como apoderado de Rodríguez y argumenta que actualmente existe una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara relacionada con hechos ocurridos durante el anterior Gobierno.Según el documento, la denuncia contra Petro menciona presuntas conductas relacionadas con peculado por aplicación oficial diferente, tráfico de influencias de servidor público, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia.“La Dra. ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO, en el ejercicio de sus funciones como exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) exdirectora del Fondo de Adaptación, ha venido denunciando públicamente y ante las autoridades competentes graves irregularidades, presiones indebidas y conductas punibles ocurridas al interior de la Casa de Nariño”, se lee en el documento.El abogado sostiene además que entre los hechos denunciados estarían presuntas presiones para trasladar cerca de un billón de pesos del presupuesto del Fondo de Adaptación, recursos que, según señala, estaban destinados a inversión social.La solicitud también hace referencia a supuestas presiones e intimidaciones relacionadas con el nombramiento de Juliana Guerrero, así como a señalamientos, amenazas y otros hechos que, de acuerdo con el abogado, habrían afectado a Angie Rodríguez.“Los hechos objeto de investigación comprenden presiones para el traslado no justificado de cerca de un billón de pesos del presupuesto del Fondo de Adaptación destinados a inversión social, presiones e intimidaciones relacionadas con el nombramiento de la señora Juliana Guerrero, así como graves señalamientos injuriosos, calumniosos, amedrentamientos y amenazas de muerte vertidas en contra de la víctima”.En el documento, la defensa asegura además que la exfuncionaria habría recibido llamadas intimidatorias y amenazas contra su vida, circunstancias que utiliza como parte de los argumentos para pedir al presidente del Senado que deje sin efecto el permiso concedido al expresidente Petro para viajar fuera de Colombia.
La representación de víctimas de la familia de Kevin Acosta solicitó al Congreso abstenerse de autorizar la salida del país del expresidente Gustavo Petro, mientras avanza la investigación por la muerte del menor y la presunta filtración de su historia clínica.La petición se conoce días antes de la audiencia de imputación de cargos que realizará la Fiscalía General de la Nación el próximo lunes 24 de agosto contra Luis Óscar Galves Mateus, entonces interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional, y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias. La diligencia se desarrollará por el delito de homicidio culposo, dentro de la investigación por la muerte del menor Kevin Acosta, quien padecía hemofilia. El abogado Manuel Villanueva, representante de las víctimas, calificó la imputación como un avance en el proceso. “Para esta representación de víctimas es un avance importante y es, digamos, una muestra indiscutible del avance de la investigación por parte de la Fiscalía”, aseguró.Villanueva recordó que el caso generó una amplia reacción después de la muerte del menor y de las declaraciones realizadas públicamente por el entonces presidente Gustavo Petro. “La Fiscalía, en el avance de esas investigaciones, nos cita para el día lunes a una imputación, y van a haber varias personas que van a ser imputadas con base en todos los procesos de investigación que se han venido adelantando”, afirmó.El abogado también se refirió a la decisión de la Fiscalía de compulsar copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue la eventual responsabilidad del expresidente. Según Villanueva, en esa actuación se analiza una eventual responsabilidad penal de Petro “en un juicio culposo, en calidad de garante”. El representante de víctimas agregó: “Recordemos que el presidente de la República no solamente manipuló la historia clínica, sino que, como consecuencia de una política frente al sistema de salud de los colombianos, desfinanció el sistema”.En su argumentación, el abogado sostuvo que esa situación habría incidido en la atención que requería el menor. “Entonces, al momento en el que se requirieron medicamentos de alta complejidad, como el caso de Kevin, no había la capacidad para suministrárselo. Y en esa medida, pues, hay una responsabilidad del presidente de la República, que fue quien generó, quien lideró esa política”, afirmó.La representación de víctimas además confirmó que la semana pasada presentó una solicitud al presidente del Congreso y al presidente de la Comisión de Investigación y Acusación para cancelar la autorización de la salida del país del expresidente Petro.De acuerdo con Villanueva, el argumento está relacionado con la garantía de los derechos de las víctimas. “El argumento, básicamente, es esa protección especial que un Estado social de derecho le debe dar a las víctimas”, explicó.El abogado cuestionó que el expresidente pueda salir del país mientras avanzan las actuaciones relacionadas con el caso. “No sabemos si se va del país, regresa, no regresa, y de cara a la justicia y la garantía de las víctimas en el proceso, a la verdad, a la justicia, la reparación y, por ejemplo, esa no repetición, es difícil que eso se dé con, digamos, con la persona que está siendo señalada de manera directa fuera del país”, sostuvo.Por esa razón, Villanueva considera que el Congreso debería abstenerse de autorizar el viaje. “En esas condiciones yo creería que, en aras de los derechos de las víctimas, el Congreso, en este caso, el Senado, debería abstenerse de darle la autorización al presidente de abandonar el país”, afirmó.La representación de víctimas anunció además que acudirá a las instancias judiciales que considere necesarias para intentar impedir la salida. “No solamente vamos a hacer la solicitud, sino vamos a llegar a las instancias judiciales que tengamos que llegar, a acudir al juez de tutela. Lo que tengamos que hacer para que el presidente de la República se abstenga de salir del país”, concluyó Villanueva.
En entrevista con Mañanas Blu, el vicepresidente José Manuel Restrepo abordó el balance entregado en el informe de empalme denominado el 'Libro de la verdad', al tiempo que detalló los avances en la atención de la emergencia sísmica en el departamento de Caldas.Restrepo explicó que las indagaciones iniciales constituyen apenas una fracción de las anomalías detectadas durante el cambio de administración.El vicepresidente señaló que el equipo de trabajo analizó información técnica e identificó nueve patrones de comportamiento irregulares en el manejo de los recursos del Estado."Hemos encontrado cerca de 82 casos, algunos de los cuales fueron reportados a entes de control, otros de ellos pues representan preocupaciones de fondo", sostuvo.Restrepo agregó que revisan cerca de 220 casos adicionales a través de una labor coordinada con la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. Sobre el incremento del gasto burocrático y el nivel de endeudamiento del país, precisó que la deuda pública "está al 94 %", lo que limita el margen de maniobra financiero para atender emergencias.En materia de reforma agraria, el vicepresidente reveló que la meta propuesta de 1,5 millones de hectáreas para distribución solo alcanzó 98.000 hectáreas con registro pleno de títulos. Explicó que se desembolsó casi un billón de pesos a través de la Agencia Nacional de Tierras por 537 predios, entregando áreas sin el cumplimiento total de los requisitos legales, lo que "genera un problema social" y económico.En el sector defensa, Restrepo criticó la destinación de 6,3 billones de pesos en escudos antidrones que, según indicó, no cumplen los requerimientos técnicos necesarios para la seguridad del país.'Libro de la Verdad completo'Avances de la reconstrucción en CaldasRespecto a la atención del terremoto, el vicepresidente confirmó que realiza recorridos permanentes por Manizales, Villamaría, Chinchiná y Palestina para supervisar las ayudas humanitarias, la evaluación de daños en comercios y los procesos de demolición de viviendas.El funcionario anunció que el proceso de recuperación ya dio inicio en la región. "El departamento de Caldas ya arrancó la reconstrucción. Estamos disponiendo en este momento recursos del departamento, del municipio. De hecho, Manizales ya empezó a repartir subsidios de arriendo", puntualizó.Restrepo concluyó que la declaración formal de emergencia económica le corresponde al presidente Abelardo De La Espriella junto con su gabinete ministerial, medida que se espera sea oficializada próximamente para acelerar la asignación de fondos en los territorios afectados.
Hasta la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes llegó una solicitud del abogado del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, con la intención de que pase a manos de la Fiscalía la denuncia realizada contra el expresidente Gustavo Petro, por los presuntos delitos de injuria y calumnia.El abogado Mauricio Pava, explicó por sus redes sociales, que en este caso debe actuar un “juez natural y la Fiscalía en la investigación”, ya que, según su opinión, Gustavo Petro no cuenta con el fuero presidencial al ser cesado del cargo y tratándose de hechos ajenos a lo que fueron sus funciones.De hecho, Blu Radio conoció en primicia que la Seccional de Fiscalía Atlántico estaría estudiando la posibilidad de citar al expresidente en Barranquilla, para llevar a cabo una conciliación.Pava defiende que ninguna “función presidencial comprende imputar delitos a un ciudadano”. "El catálogo del artículo 189 de la Constitución Política no contempla, ni remotamente, la de señalar públicamente a un particular como autor de conductas punibles. Atribuir a una persona el lavado de activos o su articulación con estructuras armadas no es, ni puede ser, un acto de gobierno”, se puede leer en el documento.Asimismo, reiteró que el medio empleado no fue institucional al ser un mensaje publicado en su cuenta personal y que el contenido tampoco fue funcional, es decir producto de alguna decisión, política pública o gestión alguna del Ejecutivo.“Una cosa es que la investidura amplifique el efecto de la conducta, y otra muy distinta que la conducta se haya realizado en ejercicio de la investidura. Solo lo segundo prorroga el fuero, y solo lo segundo está ausente aquí”, escribió.Recordemos que esta denuncia viene desde el mes de julio, cuando Petro acusó por sus redes sociales al mandatario barranquillero de tener un banco paralelo aliado de las bandas armadas y con las que, según el expresidente, estarían comprando votos y lavando activos."La inseguridad de Barranquilla proviene, precisamente, de las bandas armadas que aseguran que se paguen los créditos que entrega la familia Char, en su banco paralelo, y los aseguran amenazando con armas a las y los deudores para que paguen. Necesitan que paguen porque sino los activos no se lavan", dicen exactamente las acusaciones que lanzó Petro sin mostrar prueba alguna.
En el marco del Día de la Lucha contra la Corrupción, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella presentó detalles de “El libro de la verdad”, un documento que, según el Ejecutivo, recopila y documenta más de 80 casos de presuntas irregularidades ocurridas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.Durante la presentación, el presidente De La Espriella expuso cuestionamientos relacionados con el manejo de las finanzas públicas, la contratación estatal y diferentes programas y entidades del Estado. El mandatario aseguró que Colombia enfrenta actualmente un déficit fiscal equivalente al 7,8 % del PIB y cuestionó el nivel de endeudamiento utilizado durante el anterior Gobierno.De acuerdo con De La Espriella, entre enero y agosto de este año se utilizó el 97 % del endeudamiento anual de la Nación. El presidente también señaló diferentes situaciones que, según su Gobierno, comprometen las finanzas públicas y requieren ser revisadas. Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el director de la Agencia Jurídica expusieron nueve comportamientos considerados críticos, entre ellos, la falta de rigor técnico, recursos sin ejecutar y pérdida de control ejecutivo. Estas situaciones, según lo presentado por el Gobierno, estarían relacionadas con casos que involucran el manejo de la deuda pública, el Páramo de Santurbán, contratos con fondos irregulares, sea financiamiento del programa Colombia Mayor, contratos en la Cancillería, además de procesos con anomalías en entidades como la Agencia Nacional de Tierras, el Invías, la UNGRD y el Icetex.Uno de los casos señalados por el presidente fue el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). De La Espriella aseguró que la entidad “giró 856.000 millones de pesos sin urgencia manifiesta y perdió el rastro de 1,38 billones de pesos”.El mandatario también cuestionó la contratación por prestación de servicios en el Ejecutivo. Según afirmó, “se estableció una nómina paralela en el Ejecutivo de 900.000 contratos de prestación de servicios” y agregó que “esas corbatas causaron un pasivo de más de 5 billones de pesos a las finanzas públicas”.Otro de los asuntos mencionados fue la prestación del servicio de la empresa Air-e en la región Caribe. Sobre este punto, De La Espriella afirmó que la situación “refleja pérdidas por 2,59 billones de pesos”. En materia de seguridad y defensa, el presidente cuestionó la situación presupuestal de las Fuerzas Militares y sostuvo que, según sus cálculos, “por cuenta de la Paz Total y el jueguito macabro a los congelados con los grupos terroristas, el Ejército fue castigado presupuestalmente con un déficit de 23 billones de pesos”.También se refirió al programa Colombia Mayor, del que aseguró que está desfinanciado y que requiere cerca de 630.000 millones de pesos mensuales para garantizar su funcionamiento.La Cancillería fue otro de los sectores incluidos en los cuestionamientos. De La Espriella afirmó que se suscribieron 785 contratos por 83.000 millones de pesos antes de la Ley de Garantías y cuestionó cambios en los requisitos para representar a Colombia en el exterior, entre ellos, la eliminación del requisito de segundo idioma. Además, señaló que se destinaron 8.500 millones de pesos a sedes temporales por periodos de entre 90 y 120 días.El Gobierno también anunció una nueva herramienta dentro de su estrategia contra la corrupción: el uso de inteligencia artificial para rastrear el destino de los recursos públicos y detectar posibles irregularidades en la contratación estatal.La presentación de “El libro de la verdad” hace parte de la estrategia anunciada por la administración de De La Espriella para revisar actuaciones del anterior Gobierno y poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos. Las cifras y señalamientos expuestos corresponden a las afirmaciones realizadas por el Ejecutivo durante la presentación del documento.La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó la conformación de un equipo especial encabezado por la jefe de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte y por la directora especializada contra la corrupción. “Cualquier información será examinada con independencia y con pleno apego a la ley, sin consideraciones políticas”.
El Pacto Histórico pidió una réplica tras la alocución del presidente Abelardo De La Espriella de este domingo, en la cual se refirió a las acciones implementadas por el gobierno para atender la emergencia generada por el terremoto del pasado lunes."La Dirección Nacional del Movimiento Político Pacto Histórico aprobó ejercer el derecho de acceso a medios de comunicación en alocución presidencial y solicitó formalmente a RTVC garantizar el espacio correspondiente para controvertir la alocución presidencial realizada el 17 de agosto de 2026. Este derecho está respaldado por el artículo 112 de la Constitución Política, el artículo 15 de la Ley 1909 de 2018 —Estatuto de la Oposición— y el artículo 14 de la Resolución 3134 de 2018 del Consejo Nacional Electoral, modificado por la Resolución 3941 de 2019", señaló el Pacto en un comunicado.Es importante recordar que el expresidente Gustavo Petro ha cuestionado algunas de las acciones tomadas por el gobierno para enfrentar las consecuencias generadas por el terremoto."La ley garantiza a las organizaciones políticas declaradas en oposición un espacio, dentro de las 48 horas siguientes, en los mismos medios, con igual tiempo y horario, para controvertir la posición del Gobierno Nacional. Este derecho no es una concesión del Gobierno: es una garantía constitucional de la oposición, el pluralismo y la democracia. Exigimos su pleno y oportuno cumplimiento", agrega el Pacto Histórico.
La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, respondió a los cuestionamientos por los nombramientos que se adelantan en esa cartera y defendió su gestión frente a los señalamientos sobre una posible cercanía con el Gobierno de Gustavo Petro.A través de su cuenta de X, Falla recordó que en 2012 renunció a la Administración de Petro en la Alcaldía de Bogotá porque, según dijo, no quiso hacer parte de ese gobierno. La ministra aseguró que en ese momento fue señalada como antipetrista y cuestionó que ahora sea señalada de petrista. Falla lo calificó como una “paradoja”, quien aseguró que estos cuestionamientos buscan frenar lo que considera inevitable: “el desmonte de falsas narrativas enquistadas en el Estado”.Las declaraciones de la ministra se conocen luego de que el presidente Abelardo de la Espriella le pidiera revisar los nombramientos que se están adelantando dentro de su equipo y verificar rigurosamente los antecedentes de quienes aspiren a integrar su Gobierno. Esta petición también fue hecha a través de su cuenta de X.Aunque el mandatario no mencionó a ningún funcionario en particular, su llamado se produjo después de que circulara información sobre el eventual nombramiento de Silvana Arbeláez Bateman como asesora del Ministerio de las TIC. Arbeláez ha ocupado cargos en el sector de medios públicos, incluso durante el Gobierno Petro.Justamente, tras el pronunciamiento y petición del presidente, se conoció la renuncia de Magda Yoolima Amaya como secretaria general del Ministerio de las TIC. Amaya se desempeñó como directora jurídica del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura durante el Gobierno anterior.Falla ya había respondido que su compromiso era con la “patria milagro” y que actuaría de conformidad con las instrucciones del nuevo Gobierno. Ahora, volvió a defenderse y aseguró que “la democracia no tiene ismos”, porque, según dijo, su dueño es el pueblo y “el tigre tiene su mandato”.
El expresidente Álvaro Uribe defendió la decisión del Centro Democrático de respaldar en el Senado el permiso para que el expresidente Gustavo Petro pueda salir del país durante el próximo año. La postura del partido ha generado críticas, incluso entre algunos de sus seguidores.Uribe aseguró que ha tenido comunicación con integrantes del Centro Democrático que, según dijo, se sienten amenazados por las acusaciones que han circulado en redes sociales contra la colectividad.Frente al permiso concedido a Gustavo Petro, Uribe aseguró que no existe una razón judicial para negarle la autorización y explicó que la preocupación inicial de la bancada estaba relacionada con que la solicitud planteaba un permiso abierto por un año.“No hay ninguna razón judicial para negarle ese permiso al expresidente Petro. La preocupación inicial de nuestros compañeros es que la solicitud era una solicitud de permiso abierto a un año”, señaló Uribe.Según el exmandatario, ante esa situación el Centro Democrático pidió que Petro tuviera que informar cada vez que saliera del país, condición que finalmente quedó incluida en la proposición aprobada por la plenaria.“Entonces se pidió que debería informar en detalle en cada salida, y el Pacto Histórico lo aceptó y así se aprobó. De no haber aprobado ese permiso que tuvo la proposición adictiva sugerida por el Centro Democrático, sin ningún sin ninguna limitación judicial, sería, se estaría atropellando el derecho fundamental a la libre movilidad del expresidente Petro, y eso sería tutelable”, agregó.Además, reiteró que el Centro Democrático mantuvo una postura de oposición durante el Gobierno Petro y señaló que este tipo de permisos han sido concedidos anteriormente a otros expresidentes.“Este partido ha sido un partido que le hizo oposición al presidente Petro sin negociaciones, lealmente. Lealmente, con él sabía que éramos de la oposición y que no éramos para negociar ilegalmente con el país, pero este es un partido institucional que reposa en un ideario y en la/ instituciones democráticas de Colombia”, subrayó.La proposición fue presentada por los senadores del Centro Democrático Juan Espinal, Hernán Cadavid y Carlos Meisel. Fue aprobada con 73 votos por el Sí y 11 por el No y autoriza a Petro a salir del país durante un año, con la condición de que informe al Senado las fechas y los destinos específicos de cada viaje.“Por favor, yo respeto a las personas que difieren de nosotros, pero también les pido examinar argumentos, porque como vamos en las redes sociales, simplemente con acusaciones viscerales, lo que vamos es a producir más violencia en Colombia”, concluyó el expresidente.
El pronunciamiento se conoce después de que la plenaria aprobara la proposición presentada por el partido Centro Democrático para autorizar las salidas de Petro. Durante la discusión hubo cuestionamientos al expresidente desde sectores de Gobierno, mientras otros congresistas defendieron que debía garantizarse el procedimiento establecido para un exmandatario.Ante las críticas que surgieron por la decisión, el Centro Democrático explicó que su respaldo estuvo acompañado de varias condiciones. Según el partido, se opuso a que Petro recibiera una autorización abierta e indefinida y pidió establecer ciertos mecanismos.Entre esas condiciones quedó que el expresidente deberá informar previamente las fechas y los destinos de sus salidas del país.“No es un procedimiento nuevo. En diferentes momentos, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque acudieron al Congreso en relación con autorizaciones para salir del país”, se lee en el comunicado.La colectividad también sostuvo que la autorización podrá ser revisada por el Congreso si cambian las circunstancias jurídicas o las condiciones bajo las cuales fue otorgada.Finalmente, el Centro Democrático señaló que mantendrá su oposición política a Petro y que cualquier eventual responsabilidad jurídica deberá ser determinada por las autoridades competentes.“Nuestra oposición es a Petro sin desconocer la Constitución y el Estado de derecho. Las investigaciones у eventuales responsabilidades deben avanzar por las vías institucionales correspondientes. Si una autoridad competente establece restricciones, deberán cumplirse”, señaló la colectividad.Finalmente aseguraron que “esto no es defender a Petro. Es hacer oposición dentro de la Constitución. A Petro se le controla, se le fiscaliza y se le exige responder políticamente por sus actuaciones”.
Se le acaba el tiempo a Ricardo Roa para definir si decide o no colaborar con la justicia, dentro del caso que se adelanta por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República en 2022.En las últimas horas, el fiscal anticorrupción Elkin Ardila radicó ante los jueces el escrito de acusación contra Roa por el delito de violación de topes electorales, porque según las pruebas que ha recaudado, la campaña presidencial que ganó Petro hace 4 años, se voló los límites de gastos en 2.024 millones de pesos.En los próximos días, los juzgados determinarán la fecha para que comience la audiencia preparatoria de juicio contra Roa, quien está respondiendo ante la justicia porque como gerente de la campaña Petro presidente 2022, tenía a su cargo el control de los gastos y el reporte en Cuentas Claras, algo que no habría ejecutado.La presentación del escrito de acusación contra Ricardo Roa es un asunto de procedimiento para evitar que prescriban los delitos investigados, sin embargo, esto no cierra la puerta a la posibilidad de que el expresidente de Ecopetrol llegue a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar su pena, en una eventual aceptación de cargos.Las opciones que se exploran por parte de Roa son un preacuerdo o un principio de oportunidad. En este último caso, el expresidente de Ecopetrol tendría que comprometerse a delatar a quienes pudieron haber participado en los delitos por los que está siendo acusado.Este escrito de acusación y la eventual negociación de Ricardo Roa con la justicia, se conocen casi de manera simultánea con el permiso para salir del país durante un año para el expresidente Gustavo Petro, concedido por 73 senadores y mientras se espera que Verónica Alcocer y Eva Ferrer expliquen los detalles sobre la posibilidad de que parte de dinero de la campaña hubiera ido para la exprimera Dama de la Nación.Ahora el balón está en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, que tendrá que determinar los alcances del caso de Ricardo Roa frente al expresidente Gustavo Petro, sobre qué tanta responsabilidad pudo tener en la financiación irregular de su campaña, según dicen la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral.
El senador Jota Pe Hernández cuestionó la decisión del Senado de autorizar al expresidente Gustavo Petro para salir del país durante el año siguiente a la terminación de su mandato y aseguró que existe un riesgo de que no regrese a Colombia para responder por las investigaciones que, según señaló, permanecen abiertas en su contra. Durante una entrevista en Recap Blu, el congresista explicó las razones por las que votó en contra de la solicitud.El congresista sostuvo que el artículo 196 de la Constitución establece precisamente un mecanismo para que el Senado evalúe la salida del país de un presidente una vez termina su periodo. En ese sentido, planteó su principal cuestionamiento: “¿Quién nos garantiza que Gustavo Petro, que tiene múltiples investigaciones, denuncias que varios congresistas hemos radicado en la Comisión de Investigación y Acusaciones con pruebas, quién nos garantiza que regrese?”.El congresista también hizo referencia a otros funcionarios de la administración Petro que se encuentran fuera del país, y utilizó esos casos como argumento para cuestionar la autorización.“¿Dónde está Carlos Ramón González? Le pregunté hoy a la plenaria del Senado. Prófugo de la justicia. ¿Dónde está César Manrique, que trabajaba en Presidencia? Fugado”, manifestó. Además, mencionó a Verónica Alcocer y recordó el caso del expresidente ecuatoriano Rafael Correa como un ejemplo de un mandatario que enfrentó una condena mientras se encontraba fuera de su país.Hernández consideró que el Senado debió evaluar con mayor detenimiento las investigaciones antes de permitir la salida del expresidente Petro. “Yo considero, a mi parecer como senador de la República, que se corrió un grave riesgo. Ojalá me esté equivocando, pero si Gustavo Petro no aparece, como no apareció Carlos Ramón González ni César Manrique, y seguramente Verónica Alcocer, para responder por lo que tenga que responder”, afirmó. ¿Cómo funciona el permiso?Sobre las condiciones establecidas para el permiso, el senador explicó que el expresidente deberá informar cada vez que salga del país, pero consideró que esa condición no constituye una garantía efectiva de retorno.Finalmente, Jota Pe expresó su preocupación por el futuro de las investigaciones que puedan avanzar en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y aseguró que, desde su perspectiva, la presencia de Petro en Colombia sería necesaria para garantizar que responda a los procesos que eventualmente avancen.
A través de una carta enviada el 10 de agosto, el expresidente Gustavo Petro le pidió formalmente permiso al Senado de la República para salir del país durante un año para atender asuntos "personales y académicos", solicitud que fue aprobada este miércoles.Con 73 votos a favor y 11 en contra, la plenaria del Senado aprobó que el expresidente Gustavo Petro pueda salir del país durante un año, según lo solicitó al Congreso de la República. Esto da cumplimiento al numeral 3 del articulo 173 de la Constitución y el articulo 123 de la Ley 5ª de 1992.Durante el debate, la bancada del Centro Democrático presentó una proposición, firmada por los senadores Juan Espinal, Hernán Cadavid y Carlos Meisel, que finalmente fue acogida por la plenaria. La propuesta autoriza un permiso general, pero establece que el exmandatario deberá informar al Senado cada salida del país, con las fechas y los lugares específicos a los que viajará.“En cumplimiento con el artículo 196 de la Constitución Nacional de Colombia dar permiso durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como presidente de la Republica”, indicó el expresidente en su carta para poder salir del país.Por su parte, Hernán Cadavid y Alfredo Deluque habían pedido que la solicitud fuera más explícita y que se precisaran aspectos como los motivos de los viajes, los destinos y el tiempo que Petro permanecería fuera del país.Tras la votación, el senador Iván Cepeda agradeció a la plenaria y al Centro Democrático por la proposición que permitió aprobar la autorización.“Quiero agradecer a la plenaria el haber votado la proposición que fue sometida por, en este caso, el Centro Democrático y autorizar la salida a la que tiene derecho el señor presidente, expresidente Gustavo Petro”, señaló Cepeda.¿Por qué el expresidente debe pedir permiso para salir del país?El expresidente Gustavo Petro debe solicitar autorización al Senado para salir de Colombia durante el año siguiente al término de su mandato debido a una disposición establecida en la Constitución Política.El artículo 196 señala que quien haya ejercido la Presidencia de la República no puede ausentarse del país durante el año siguiente a la fecha en que dejó el cargo sin autorización previa del Senado.Por esta razón, tras culminar su periodo presidencial el pasado 7 de agosto de 2026, Petro envió una comunicación formal a la Mesa Directiva del Senado para solicitar permiso para salir de Colombia durante el año posterior a la terminación de sus funciones.
En un hecho que no ocurría desde el año 2003, las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la devolución del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2027, presentado por el gobierno Petro, que contaba con un monto inicial de 575 billones de pesos.En su exposición ante los congresistas, el ministro Gómez Martínez calificó la iniciativa como una “chambona”, especialmente por su desfinanciamiento en 30 billones de pesos, que, de haber sido aprobada, ponía en riesgo la estabilidad fiscal del país.“Este presupuesto que estamos considerando hoy refleja la crisis económica que el gobierno anterior le dejó al actual. Es altísimo en funcionamiento, en otras palabras, en gasto. Está lleno de burocracia, lleno de partidas innecesarias que no se pueden controlar, cuya evaluación es siempre difusa”, aseguró Gómez Martínez.Defensores de la iniciativa sostienen que no se le podía permitir a un gobierno entrante tener que aprobar un presupuesto desfinanciado que lo obligaba a respaldar o tener que presentar una reforma tributaria en la que no creían.Le puede interesar: Centro Democrático propone devolver presupuesto de Petro para que De la Espriella lo ajuste“El gobierno Petro nos venía acostumbrando a unos presupuestos totalmente irreales durante los cuatro años, y se despidió así. Era muy injusto y perjudicial nosotros condenar al nuevo gobierno a tener que arrancar con un presupuesto que estaba enfermo. Yo les hago una pregunta con sentido común. Cuando algo está mal presentado, ¿qué es mejor? ¿Corregir o buscarle cura a un enfermo o presentar algo nuevo y sano de una vez?”, añadió el senador Carlos Meisel, por el Centro Democrático.Sin embargo, desde el Pacto Histórico aseguran que la iniciativa de reforma tributaria que se está tramitando en el Congreso garantizaba la financiación de ese presupuesto, que los presupuestos macroeconómicos mostraban un escenario positivo para el país y que el gobierno entrante no puede acudir a recortar en rubros como funcionamiento y servicio de la deuda, y que, en dado caso, tendrían que afectar los sectores más vulnerables.“¿Y qué vamos a recortar? Si el 93 % del presupuesto es inflexible, tan solo tenemos 90 billones para reconstruir escuelas, hospitales, edificios, viviendas. Pero, además, yo sí le quiero preguntar a los congresistas que han pedido devolver el presupuesto, ¿qué principios del estatuto orgánico se violaron?“, dijo la representante por el Pacto Histórico, María Del Mar Pizarro.Aunque el Gobierno nacional tiene ahora hasta el 30 de agosto para presentar la nueva iniciativa de presupuesto general para el 2027, el ministro Gómez Martínez aseguró que, buscando garantizar que los congresistas tengan el tiempo suficiente para discutir el monto y los rubros de ese nuevo presupuesto, presentará el nuevo proyecto de ley el próximo 26 de agosto.“Hoy las Comisiones Económicas Conjuntas le dieron la razón a una preocupación que hemos venido planteando: Colombia no puede aprobar un Presupuesto que no tenga plenamente identificadas sus fuentes de financiación. Necesitamos un Presupuesto serio, y lo más sensato era devolverlo para que el Gobierno del Presidente Abelardo pueda presentar un Presupuesto ajustado a la realidad fiscal del país”, afirmó el representante del partido Conservador, Guillermo Alvira.
Tras la culminación de su periodo presidencial el pasado 7 de agosto de 2026, el expresidente Gustavo Petro envió una comunicación formal a la Mesa Directiva del Senado de la República. En el documento, solicita autorización para salir de Colombia durante el año posterior al término de su mandato.La petición formulada por el exjefe de Estado deberá someterse a consideración y votación de la plenaria del Senado en su próxima sesión programada.La exigencia legal obedece a lo estipulado en el artículo 196 de la Constitución Política de Colombia. La norma fija que la persona que haya ejercido la Presidencia no puede ausentarse del país durante el año siguiente a la fecha de cesación de sus funciones sin la autorización previa del Senado.El mandato constitucional no implica la continuidad de funciones ejecutivas ni la conservación de la condición de mandatario en ejercicio. Se trata de una restricción especial diseñada específicamente para quienes dejan la jefatura del Estado.Existe una distinción en el mecanismo legal mientras se ejerce el cargo y al culminarlo:Durante el mandato: el presidente en ejercicio puede viajar al exterior informando de forma previa al Senado o a la Corte Suprema de Justicia si el Congreso está en receso.Tras dejar la Presidencia: durante los 12 meses posteriores a la entrega del mando, es obligatorio obtener el aval previo y votado por la plenaria del Senado.Carta de Petro al SenadoEn el texto remitido a la corporación, Petro citó el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución y el artículo 323 de la Ley 5 de 1992. Esta última legislación reglamenta el procedimiento interno del Congreso para tramitar los permisos de salida del territorio nacional a los expresidentes.De acuerdo con la carta, el exmandatario requiere la autorización para viajar durante un año con el fin de atender compromisos de carácter personal, social, político y académico.Dado que su periodo finalizó el 7 de agosto de 2026, la restricción legal sobre su movilidad internacional se extenderá hasta el 7 de agosto de 2027.La plenaria del Senado de la República deberá discutir la solicitud y votar si otorga o deniega el permiso en los términos solicitados en la misiva.
Aún sin completarse la primera semana desde que dejó el cargo en la Presidencia de la República, el expresidente Gustavo Petro solicitó formalmente un permiso para poder salir del país durante el próximo año y envió una carta personal a la mesa directiva del Senado para poder hacerlo.La carta -enviada el 10 de agosto- fue enviada bajo el cumplimiento del numeral 3 del articulo 173 de la Constitución y el articulo 123 de la Ley 5ª de 1992 para solicitar el permiso del Senado para poder salir del territorio nacional durante un año.En esta carta, el expresidente explicó sus razones para poder salir del país y todo bajo el marco de ley, respetando la normativa y leyes de la Constitución.La razón por la que Petro busca salir del país un añoDe acuerdo con el expresidente, la razón por la que saldrá del país será para “atender asuntos personales y académico” sin dar mayores detalles de cuáles son estas diligencias que necesitan de su presencia fuera del territorio.“En cumplimiento con el artículo 196 de la Constitución Nacional de Colombia dar permiso durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como presidente de la Republica”, indicó.Esta es la carta completa de Petro al Congreso para salir del país“Asunto: Solicitud de autorización de salida del país. Respetados miembros de la Mesa Directiva y Senadores de la República:En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 323 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la Plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional.En cumplimiento con el artículo 196 de la Constitución Nacional de Colombia dar permiso durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como Presidente de la Republica.Agradezco de antemano se disponga lo pertinente para que la presente solicitud sea sometida a consideración y votación de la Honorable Plenaria del Senado de la República en la sesión más próxima”.
El expresidente Gustavo Petro envió una carta a la mesa directiva del Senado en la cual pide permiso para salir del país por el próximo año.“En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 323 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la Plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional”, señala el documento enviado por Petro. El mandatario dice que tiene que atender algunos compromisos de carácter académico y político, entre otros.“En cumplimiento con el artículo 196 de la Constitución Nacional de Colombia, dar permiso durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como Presidente de la República”, agrega Petro.Es importante recordar que, durante el año siguiente a la terminación de su mandato, quien haya ocupado la presidencia debe pedir permiso al Senado para salir del territorio nacional.“Agradezco de antemano se disponga lo pertinente para que la presente solicitud sea sometida a consideración y votación de la Honorable Plenaria del Senado de la República en la sesión más próxima”, menciona en el documento el expresidente.
La crisis del sistema de salud será uno de los principales retos que recibirá el gobierno de Abelardo De La Espriella. Jorge Toro, director de la UNIPS, advirtió que alrededor de 600.000 pacientes en Colombia no estarían recibiendo los tratamientos que necesitan y pidió tomar decisiones inmediatas para evitar que la situación continúe.Para Toro, el problema más urgente está en la falta de recursos que ha llevado a la red prestadora a cerrar servicios y limitar la atención. Por eso, consideró que el primer paso del nuevo Gobierno debe ser garantizar una red abierta para que los pacientes puedan acceder oportunamente a los servicios médicos.¿Qué necesita el sistema de salud para salir de la crisis?El director de la UNIPS planteó que el plan de choque anunciado por la ministra de Salud, Ana María Vesga, debe concentrarse inicialmente en una inyección de recursos mediante un ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). “La medida de choque de muy corto tiempo no puede ser otra que garantizar los recursos que le faltan al sistema”, afirmó.Toro también señaló que las cuentas del sector deben ser aclaradas, pues existen diferentes cifras sobre las deudas acumuladas. Mencionó un reporte de la Contraloría que ubicaba la cartera en $32 billones y otro estudio posterior que la elevaba a $45 billones.Sin embargo, pidió que el proceso de revisión no frene los pagos actuales. “Mientras aclaramos las cuentas, hay giro, debe haber giro”, sostuvo.¿Qué pasará con las EPS intervenidas?Uno de los puntos más críticos está relacionado con las EPS intervenidas por el Estado. Toro cuestionó el manejo que han tenido estas entidades y aseguró que los usuarios han terminado afectados en el acceso a medicamentos y servicios.“Eso resultó el remedio más malo que la enfermedad”, afirmó al referirse a las intervenciones.A su juicio, el Gobierno debe revisar la gestión de las entidades intervenidas y poner al frente de ellas equipos con capacidad técnica, conocimiento del sector y capacidad operativa.Finalmente, Toro consideró que el sistema necesita una reingeniería del modelo de aseguramiento, aunque señaló que primero debe estabilizarse financieramente para garantizar la atención de los pacientes.Bloque de preguntas y respuestas¿Cuántos pacientes no reciben actualmente su tratamiento?Jorge Toro aseguró que cerca de 600.000 pacientes en Colombia no estarían recibiendo los tratamientos que necesitan.¿Qué necesita el sistema de salud para estabilizarse?El director de la UNIPS plantea una inyección de recursos, un ajuste de la UPC, saneamiento de las cuentas y continuidad de los pagos a los prestadores.¿Qué propone para las EPS intervenidas?Toro considera necesario mejorar su gestión con equipos técnicos y operativos que permitan recuperar el acceso de los usuarios a medicamentos y servicios.
La bancada del Centro Democrático le solicitó al Congreso, por medio de una proposición, que se devuelva el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2027.Es importante recordar que este proyecto fue presentado por el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.“La devolución se fundamenta en que, una vez revisado el proyecto, el mensaje presupuestal y sus anexos, se advierte la necesidad de corregir y sustentar suficientemente, entre otros, los siguientes aspectos: la programación incorpora ingresos contingentes por $30,2 billones, cuya materialización depende de la aprobación de una iniciativa posterior de recursos adicionales. Se requiere precisar su fuente, base gravable, estimación de recaudo, calendario de materialización, impacto distributivo, riesgos de recaudo y medidas alternativas en caso de no aprobación o recaudo inferior al previsto”, señala la proposición.Lo que busca el Centro Democrático es que el Gobierno de Abelardo De La Espriella haga las revisiones y evaluaciones pertinentes y vuelva a presentar el proyecto.“Las comisiones concluyen que el proyecto, en su estado actual, requiere enmiendas y soportes adicionales para acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los principios de planificación, anualidad, universalidad, especialización, coherencia macroeconómica y sostenibilidad fiscal”, señala el documento del Centro Democrático.Recordemos que el exministro de Hacienda del Gobierno Petro, Germán Ávila, radicó el proyecto de Presupuesto General de la Nación por $575,7 billones, lo que equivale al 27 % del Producto Interno Bruto.De acuerdo con el articulado, el Gobierno estima que los ingresos del Presupuesto General de la Nación ascenderán a $545,5 billones. De ese total, $309,8 billones provendrían de ingresos corrientes, entre ellos los impuestos, mientras que $181,2 billones corresponderían a recursos de capital.Mientras los ingresos suman $545,5 billones, el Gobierno solicita autorización para ejecutar gastos por $575,7 billones, lo que deja una brecha cercana a los $30,2 billones entre ambos cálculos.
Gustavo Petro se despidió este 7 de agosto de la Casa de Nariño con una última declaración antes de abandonar oficialmente la sede de Gobierno, tras cuatro años como presidente de Colombia.“Dijeron que me quedaría en este edificio. Y no, aquí cumplo. Lo dije desde un principio: el mandato popular se respeta y hasta aquí llegan los 11 millones y medio que decidieron votar por mí como mayoría nacional”, aseguró Petro.En sus palabras también hizo referencia al Congreso de la República y a los señalamientos que, según dijo, recibió durante su Gobierno sobre un eventual cierre del Legislativo.“Dijeron que iba a cerrar el Congreso de la República. Ni un día. Hoy está cerrado, pero ya no seré el presidente que haya cerrado ese Congreso de la República. Y todo lo que hicimos aquí fue en función del pueblo, en función de la nación, que no es más sino cielo, tierra, mar y, sobre todo, pueblo, el pueblo colombiano”, señaló.Petro cerró su última intervención como mandatario con un mensaje de despedida y un agradecimiento a los soldados que lo acompañaron durante su administración.“Espero que nos recuerden. Hasta siempre, libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado, soldados, por haberme cuidado. Creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré”, expresó.Tras sus palabras, Petro salió de la Casa de Nariño acompañado por su hija Antonella, su hijo Nicolás y varios integrantes de su gabinete. Mientras sonaba el Himno Nacional, atravesó la Plaza de Armas por una calle de honor conformada por integrantes de la Guardia Presidencial, en la que fue su última caminata por este lugar como jefe de Estado.Luego de atravesar la calle de honor, Petro se dirigió hacia las camionetas que lo esperaban a la salida de la Casa de Nariño, se subió a uno de los vehículos y abandonó la sede presidencial. Posteriormente también salió la Guardia Presidencial, cerrando así la ceremonia de despedida del mandatario saliente.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió este viernes 7 de agosto por última vez de la Casa de Nariño, en un acto con el que pone fin a su mandato de cuatro años, para ser sucedido por Abelardo De La Espriella, que se posesiona a las 3:00 de la tarde en Cali."Hasta siempre. Libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado, soldados por haberme cuidado. Creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré. Así que ¡viva Colombia libre!", dijo Petro, vestido de blanco y de la mano de su hija menor, Antonella, en las escalinatas de la Casa de Nariño, antes de recibir un último homenaje militar en la Plaza de Armas.Petro atravesó la plaza acompañado por su gabinete, del que solo faltaba el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, porque se encuentra en Barranquilla acompañando al senador Iván Cepeda en un plantón contra la investidura de De la Espriella, pues nadie del partido oficialista, el Pacto Histórico, reconoce la victoria del ultraderechista y sus integrantes aseguran que en las elecciones hubo fraude.Antes de abandonar la sede presidencial, Petro difundió en sus redes sociales un video en el que Antonella lee una carta de despedida al personal que trabajó en la Casa de Nariño durante estos cuatro años, a quienes agradece su labor y acompañamiento."Esto no es un adiós, es un hasta pronto", dice en el mensaje."A todo el personal que nos ha ayudado, cuidado y acompañado en estos últimos años, queremos extenderles nuestro más profundo agradecimiento", lee Antonella.Petro no dio anoche el tradicional mensaje de despedida al país, como sí lo hicieron sus antecesores, quizá porque ha prometido volver como jefe de la oposición, después de tomar unas vacaciones.El presidente saliente y el entrante nunca se reunieron para hablar de la transferencia del poder, lo que ha dificultado el cambio de Gobierno, y De la Espriella ya anunció que no pisará la Casa de Nariño, que convertirá en un museo, porque gobernará desde las regiones, principalmente en Barranquilla, Cali y Medellín.La ceremonia de investidura, a la cual asistirán el rey Felipe VI de España y al menos ocho presidentes latinoamericanos, marca también una ruptura con las formas y la tradición porque se celebrará en la Arena USC, auditorio de la Universidad Santiago de Cali, en vez del Salón Elíptico del Capitolio, sede del Legislativo, o en la adyacente Plaza de Bolívar de Bogotá.De la Espriella, que llega al poder decidido a romper todos los moldes, decidió cambiar a última hora otra tradición y, después de recibir la banda presidencial y jurar el cargo, no pronunciará el discurso ante las autoridades e invitados reunidos en la Arena USC sino que se trasladará al Batallón Pichincha del Ejército, donde hablará por primera vez al país como presidente y con los jefes de las Fuerzas Militares como testigos.