El presidente Abelardo De La Espriella hizo un llamado directo a las autoridades judiciales de Estados Unidos para que avancen en las investigaciones contra el expresidente Gustavo Petro por presuntos hechos de corrupción, narcotráfico y otras conductas delictivas que, según afirmó, se habrían presentado durante su administración. El mandatario sostuvo que las investigaciones deben avanzar con independencia y rigor, sin importar los cargos, las influencias o el poder político de las personas involucradas.“Desde aquí, hago un llamado directo a las autoridades judiciales de los Estados Unidos para que las investigaciones relacionadas con hechos de corrupción, narcotráfico o cualquier otra conducta delictiva avancen con todo rigor y la independencia del sistema judicial en los Estados Unidos”, manifestó De La Espriella desde la Casa de Nariño.En su intervención, calificó la administración anterior como una “empresa criminal” y aseguró que durante ese Gobierno se habrían transgredido leyes y disposiciones internacionales.“Hay competencia de Estados Unidos para investigarlo, procesarlo y ojalá encarcelarlo. Que actúe la justicia norteamericana, que se conozca toda la verdad, que se examinen las pruebas y que quienes resulten responsables respondan ante la ley”, expresó. Con esta declaración, De La Espriella planteó que las autoridades estadounidenses deben examinar los posibles hechos delictivos que atribuye al gobierno anterior y establecer si existen responsabilidades penales.El pronunciamiento se produjo en medio de la confrontación política entre el actual mandatario y Gustavo Petro, quien participó en las movilizaciones del 19 de noviembre. De La Espriella insistió en que quienes hayan cometido delitos deben responder ante la justicia, independientemente de su posición política o económica.
Durante una declaración desde la Casa de Nariño, el presidente Abelardo De la Espriella se refirió a las críticas del expresidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda durante las movilizaciones de este 19 de noviembre en Cali y Bogotá, respectivamente.“No se trata de esperar hasta el 2027, no se trata de esperar hasta el 2030. La movilización tiene que ser ya permanente y cada vez más amplia. Es la movilización popular masiva la que lleva a cambiar el gobierno actual y legítimo, quizás no hay que esperar el voto lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato, dijo Petro desde la capital del Valle.Ante esto y al cierre de la jornada, el mandatario lanzó fuertes señalamientos contra Petro y aseguró que no permitirá que las protestas se conviertan en escenarios para promover acciones contra la democracia y el orden constitucional.“A mí no me importa que Petro se meta conmigo. ¿Qué puede importarme lo que diga de mí un sujeto inmoral, corrupto, degenerado, vicioso, mal padre, mal marido, mal hijo, mal amigo, mal gobernante y pésimo ejemplo para la sociedad? Me tiene sin cuidado lo que el señor diga de mí. Lo que jamás voy a aceptar es que atente contra la democracia, promueva un golpe de Estado o pretenda destruir a Colombia, como lo hizo cuando fue guerrillero”, afirmó De La Espriella.El mandatario también cuestionó a Petro y a Cepeda, al señalar que, a su juicio, no tienen autoridad moral para cuestionar su gobierno y defendió su llegada a la Presidencia que, dice, fue una respuesta del mandato de las urnas y que ese resultado no puede ser desconocido mediante la violencia en las calles. En ese sentido, pidió a los dirigentes de oposición que ejerzan sus derechos políticos, hagan críticas y convoquen manifestaciones, siempre que se desarrollen pacíficamente.En medio de sus cuestionamientos al gobierno anterior, el jefe de Estado planteó la posibilidad de convocar una movilización nacional en rechazo a la corrupción, el despilfarro y lo que calificó como la entrega a la criminalidad durante la administración de Petro.“Se me ocurre que podemos convocar una gran marcha nacional contra la corrupción, el desastre, el despilfarro y la entrega a la criminalidad por parte del gobierno anterior”, manifestó. Agregó que sus seguidores también deben salir a las calles, pero sin destruir bienes públicos ni atacar a integrantes de la fuerza pública.Sobre las movilizaciones de este jueves, De La Espriella aseguró que el 97 % de las actividades se desarrollaron de manera pacífica con 285 actividades con cerca de 55.000 participantes y al menos 12 intervenciones de la fuerza pública y cuatro capturas. El presidente defendió la actuación de las autoridades frente a los bloqueos y los hechos de violencia registrados durante las protestas.Finalmente, De La Espriella reiteró que garantizará el derecho a la protesta y a la oposición, pero advirtió que no permitirá acciones violentas contra las instituciones.“Con la democracia y con Colombia no se metan”, afirmó, al insistir en que utilizará las facultades que le otorgan la Constitución y la ley para defender el orden constitucional. Su declaración estuvo marcada por la confrontación directa con Petro y por el llamado a que sus simpatizantes también se movilicen en las calles.
El escándalo de los denominados ‘sexocontratos’ durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro sumó un nuevo capítulo. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos, acudió nuevamente a la Fiscalía General de la Nación para ampliar su denuncia y entregar elementos probatorios relacionados con la presunta instrumentalización de mujeres mediante contratos de prestación de servicios.A la salida de la diligencia, el funcionario aseguró que entregó información sobre lo que, según sus señalamientos, habría ocurrido al interior de la Casa de Nariño durante la anterior administración. Ríos manifestó que espera que el ente investigador adelante las indagaciones necesarias para esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades."Los colombianos esperamos de la Fiscalía que vaya hasta el fondo de estas investigaciones. Nosotros como colombianos queremos saber la verdad de todo lo que pasó con las presuntas mujeres que lamentablemente instrumentalizaron", indicó Ríos.El funcionario también cuestionó la contradicción que, a su juicio, existe entre el discurso de protección de los derechos de las mujeres y las conductas que atribuye a integrantes de la anterior administración."Para nosotros es muy lamentable esto, son ellos los que permanentemente dicen que protegen los derechos de las mujeres y aquí estamos demostrando que efectivamente eso no es cierto", agregó.Según dijo, durante la diligencia entregó información que permitiría sustentar sus afirmaciones.Uno de los aspectos más relevantes de su declaración fue la solicitud de extender las investigaciones más allá del Departamento Administrativo de la Presidencia. Ríos pidió a la Fiscalía revisar otras entidades del Estado en las que, según su denuncia, también se habrían presentado situaciones similares.
El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ríos, llegó a la Fiscalía General de la Nación para ampliar la denuncia y su declaración sobre las presuntas irregularidades que, de acuerdo con sus señalamientos, habrían ocurrido durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro y que estarían relacionadas con la contratación de 48 mujeres en esa entidad.Ríos ha señalado que esas mujeres habrían sido instrumentalizadas mediante el otorgamiento de contratos irregulares y ha denunciado, además, que la Casa de Nariño habría sido utilizada durante el anterior gobierno para realizar fiestas e ingresar mujeres, en lugar de desarrollar actividades propias de la función gubernamental. La ampliación de la denuncia se produce en medio de los anuncios realizados por el actual Gobierno frente a lo que ha denominado ‘sexo contratos’. El presidente Abelardo de la Espriella respaldó públicamente las denuncias presentadas por el director del DAPRE y, en el marco de sus anuncios sobre el bloque anticorrupción, aseguró que será presentado ante las autoridades un dosier con pruebas relacionadas con estos señalamientos.El presidente aseguró que el bloque entregará información de otros procesos, como la supuesta infiltración en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), así como una solicitud de una copia del censo electoral a la Registraduría Nacional antes de las elecciones.Además, el Gobierno informó recientemente sobre presuntas intimidaciones contra Carlos Ríos, ocurridas después de que el director del DAPRE hiciera públicas sus denuncias sobre los llamados ‘sexo contratos’. De acuerdo con el comunicado oficial, el pasado 28 de octubre tres personas ingresaron a la vivienda del funcionario.Según el reporte entregado por el Gobierno, esas personas fueron identificadas y puestas a disposición de las autoridades. Al verificar sus antecedentes, se habría establecido que registraban anotaciones por homicidio y hurtos agravados. Además, se informó sobre la presencia de otra persona en inmediaciones del colegio de los hijos de Ríos, quien se retiró del lugar cuando llegó la Policía y no fue capturada.Dentro de las diligencias que se proyectan en este caso también se contempla la posibilidad de realizar inspecciones en las instalaciones del DAPRE. El objetivo sería recolectar documentos y otros elementos materiales probatorios que permitan verificar los señalamientos relacionados con las contrataciones y las demás situaciones denunciadas.La investigación también tendrá como elemento de interés la declaración de Deicy Jiménez, quien está relacionada con las actuaciones que adelantan las autoridades sobre las presuntas irregularidades en la contratación durante el gobierno Petro. De acuerdo con lo previsto, Jiménez comparecería este viernes ante la Fiscalía, después de que dos citaciones anteriores fueran aplazadas.La declaración de Jiménez será uno de los elementos que deberán valorar los investigadores dentro del proceso, junto con los documentos, comunicaciones y demás elementos que sean incorporados al expediente. La Fiscalía deberá determinar el alcance de cada uno de estos elementos y establecer si permiten confirmar o descartar las hipótesis planteadas en las denuncias.
La polémica por el escudo nacional antidrones sigue creciendo. El exministro de Defensa Pedro Sánchez salió al paso de los señalamientos del actual jefe de esa cartera, el general (r) Jorge Enrique Mora, y aseguró que es falso que el Gobierno de Gustavo Petro hubiera bloqueado la compra de estos equipos para proteger a los soldados y policías de los ataques con drones.La controversia surgió luego de que el ministro Mora denunciara, durante un debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, que se había bloqueado la compra directa de sistemas antidrones para alimentar el escudo nacional. "Bloqueó la compra directa de los sistemas antidrones para poder alimentar el escudo antidron que jamás se concretó. Es decir, las unidades no podían comprar inhibidores, porque duraron todo ese tiempo que ellos iban a comprar y el gran presupuesto del escudo antidrones, en ese tiempo los grupos armados se fortalecieron en tecnología y en adquisición", aseguró el ministro de Defensa.Frente a estas declaraciones, el exministro Pedro Sánchez sostuvo que "la adquisición de capacidades antidrones nunca se detuvo", pues venía de años anteriores y continuó durante su administración.Lo que hizo el Ministerio de Defensa, según explicó, mediante una circular del 31 de marzo de 2026, fue centralizar el proceso para adquirir un sistema de defensa integral contra drones."Esta decisión respondía, además, al principio de planeación de la contratación estatal, pues contribuía a evitar compras aisladas y desarticuladas, y a obtener mejores precios con economías de escala", menciona en el trino.El exjefe de cartera explicó que las soluciones tecnológicas fueron evaluadas por comités estructuradores, liderados por un brigadier general del Ejército e integrados por militares y policías activos.Estos equipos fueron probados en siete países y también en Colombia, pero ninguna de las alternativas cumplió con los requisitos técnicos establecidos para responder a las necesidades operacionales de la tropa.Por esa razón, aseguró que no se había firmado ningún contrato ni se habían asignado al Ministerio de Defensa los 800.000 millones de pesos destinados a la primera fase del proyecto, una responsabilidad que, según indicó, quedó en manos de la nueva administración."No firmar un contrato por equipos que no responden a las necesidades operacionales de la tropa no es bloquear una compra. Adquirir equipos que no cumplen esos requerimientos es poner en riesgo a nuestros hombres y mujeres", argumentó el exministro de Defensa.Además, aseguró que, mientras avanzaba el proyecto, llegaron otros equipos antidrones que habían sido adquiridos con anterioridad y la Fuerza Pública continuó desarrollando capacidades propias. También se fortalecieron las tácticas, técnicas y procedimientos para enfrentar esta amenaza, que permitió inhibir la gran mayoría de los intentos de ataque, como lo reflejan los registros del primer semestre de 2026.Otro de los puntos que puso sobre la mesa tiene que ver con la continuidad del escudo nacional antidrones, un proyecto valorado en más de 6,2 billones de pesos. Aseguró que, aunque el Gobierno entrante suspendió el empalme, la ruta para continuar con su desarrollo quedó consignada por escrito en el informe de empalme, el informe de gestión y el acta de entrega. "Allí quedó definido el siguiente paso: gestionar los recursos con base en los resultados del estudio de vigilancia tecnológica realizado por los comités estructuradores, para ejecutar la primera fase a más tardar el 31 de diciembre de 2026. Radicamos por segunda vez en el Congreso el proyecto de ley de drones y antidrones. Hasta hoy no se conoce públicamente ningún avance en esa iniciativa", agregó.Finalmente, advirtió que la amenaza de estos dispositivos no admite improvisaciones ni imprecisiones y que requiere planeación rigurosa, información precisa y continuidad.
Durante más de dos meses, el entonces presidente Gustavo Petro le dijo al país que en las elecciones de 2026 hubo fraude, y que el registrador Hernán Penagos se prestó para eso. Habló de "una operación de fraude que ya está comprobada" y en el consejo de ministros del pasado 14 de julio, transmitido en directo por televisión, remató con una palabra: "¡Delito!".Este martes, el Consejo de Estado le respondió: en una sentencia de tutela, la Sección Tercera concluyó que no hay "ningún elemento" que pruebe que Penagos ni que la Registraduría hubieran cometido un fraude o un delito, como lo aseguró Petro. Para la Sala, esas acusaciones son "meras conjeturas" y por lo tanto, el expresidente tendrá que borrar 12 publicaciones que hizo sobre ese asunto en su cuenta en la red social X, incluyendo lo que dijo en aquel consejo de ministros, y no podrá repetir la acusación.El fallo no define las 35 demandas que piden anular los resultados de las elecciones en las que resultó ganador Abelardo De La Espriella, ni le prohíbe al expresidente Petro criticar o denunciar, pero le advierte lo que es claro: un presidente no puede dar por probado un delito que no haya sido determinado por un juez y agrega un elemento central que desmonta la narrativa del exjefe de Estado: negarse a entregarle el código fuente, “no es un fraude”.Esta tutela llega en un momento incómodo para el expresidente Gustavo Petro, porque coincide con las revelaciones que hizo en las últimas horas la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, según las cuales, la Dirección Nacional de Inteligencia de su gobierno le pidió a la Registraduría el censo electoral completo: la cédula, la edad y el puesto de votación de cada colombiano. Hasta este momento, no hay explicaciones de por qué se hizo esa solicitud, sobre todo teniendo en cuenta que se hizo a pocas semanas de las elecciones presidenciales y en medio de la narrativa de un supuesto fraude que se pretendía cometer. En este punto, también se investiga cuál fue el rol del presunto hacker Carlos Oyola, capturado en Neiva hace una semana.¿Para qué quería la DNI los datos de todos los votantes y por orden de quién?.Sumando los dos asuntos quedan varias cosas claras: Petro cantó fraude en las elecciones sin pruebas y ahora debe explicar por qué su gobierno quería tener una copia del censo electoral.
En el gobierno anterior, el Ministerio de Agricultura pagó 9 mil millones de pesos por una auditoría al programa de vivienda rural que concluyó que no se entregó satisfactoriamente ni el 1% de las viviendas prometidas. El reporte muestra que muchas viviendas ni siquiera se construyeron, otras quedaron abandonadas por los contratistas a medio hacer y al menos 100 viviendas tendrían que ser demolidas porque no eran sismorresistentes. El problema es que un año después la Contraloría encontró serias irregularidades en los informes de ese auditor: Desde fotos repetidas, hasta fechas y lugares que no encajan. La contraloría ya determinó que aquí existe un hallazgo fiscal.¿Qué encontró la Contraloría?El objetivo del contrato era que un auditor verificará en campo en qué condiciones se entregaron más de 12 mil subsidios de vivienda rural de los últimos años y el consorcio ganador del contrato fue Audiviv. Audiviv es la unión de SCP y ATI Internacional, dos empresas que tienen en papeles la capacidad de venderle al Estado desde chatarra hasta software y servicios forestales.Según la Contraloría, aunque el consorcio cargó miles de actas a los sistemas para probar la realización de 12.089 viviendas esas actas tienen datos que no cuadran. Hay 1.075 fotografías reutilizadas en distintos informes, por ejemplo, la misma fotografía de un baño aparece en 21 actas de 10 departamentos.Además, las mismas coordenadas aparecen en más de un informe en un total de 4.509 registros atribuidos a viviendas y beneficiarios distintos.En tercer lugar las fechas dejaron sospechas: Según los informes del contratista se realizaron en promedio 217 visitas diarias en zonas rurales dispersas y eso, para la Contraloría, simplemente no cuadra.¿Qué dicen los informes del consorcio?El informe final de Audiviv recomienda al Ministerio empezar a liquidar contratos que están incumplidos y concentrarse en reactivar únicamente 3 mil viviendas consideradas viables"Durante las visitas realizadas En el municipio de Bolívar, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Santander, Norte de Santander, Amazonas conforme a las actividades programadas en el marco del contrato, no fue posible contar con el acompañamiento de las autoridades locales, debido a la situación de orden público que actualmente afecta la zona, tal como se evidencia en la certificación emitida por la Secretaría de Gobierno Municipal", indica el documento.
Las acusaciones desde Ecuador contra el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, vuelven a generar disputas verbales del exmandatario con el jefe de Estado de Ecuador, Daniel Noboa, quien aseguró que Petro se reunió con “los Estrada”, en alusión a Jaime Estrada Bonilla y su hijo, Jaime Estrada Medranda, durante su visita a Manta, en 2025, después de la posesión presidencial.El origen de la polémica es una entrevista de Noboa con la periodista Ruth Del Salto, en la que aseguró que existen indicios de que el exmandatario colombiano tuvo contacto con líderes del crimen organizado. “En la posesión mía como presidente, en el año 2025, él se fue a Manta y tuvo una reunión también con los de Estrada ahí. Hay indicios de que tuvo contacto con líderes del crimen organizado. Y la casa, la cual fue alquilada, donde se quedó Petro, semanas después, el dueño de esa casa fue asesinado”, afirmó Noboa en el podcast Altavoz.El mandatario ecuatoriano hizo referencia a Jaime Estrada Bonilla y a su hijo, Jaime Estrada Medranda, integrantes de una familia de la provincia de Manabí que actualmente enfrenta investigaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.Jaime Estrada Bonilla, de 71 años, es un empresario ecuatoriano que fue alcalde de Manta entre 2009 y 2014. A lo largo de su trayectoria ha estado vinculado a compañías de los sectores pesquero, agrícola, inmobiliario y turístico. Además, figuraba como candidato a la Alcaldía de Manta para las elecciones de noviembre de 2026 por el movimiento Sí Podemos.Su hijo, Jaime Estrada Medranda, de 41 años, fue asambleísta nacional por el movimiento Revolución Ciudadana, organización política del prófugo expresidente ecuatoriano Rafael Correa, durante el período 2025-2026.Ambos fueron capturados en Panamá el 4 de noviembre de 2026, en un operativo coordinado entre las autoridades policiales de Ecuador y Panamá, con participación de organismos internacionales. Actualmente enfrentan un proceso de extradición a Estados Unidos.De acuerdo con la información sobre el caso, los dos son investigados por la DEA y la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que los señalan de presunta conspiración para importar cocaína y de delitos relacionados con armas de fuego.Noboa también habló de pasaportes colombianos entregados a criminales ecuatorianosDurante la entrevista, Daniel Noboa también formuló señalamientos sobre la presunta entrega de documentos colombianos originales a integrantes de organizaciones criminales ecuatorianas durante el Gobierno de Gustavo Petro.“En la época de Petro fueron entregados pasaportes originales colombianos a criminales ecuatorianos para cambiarles la identidad. Nosotros estamos ahora trabajando muy de cerca para que eso no pase, para que no puedan tener doble vida y para que no puedan ir, pasarla bonita en Colombia mientras dan órdenes y que haya crímenes aquí”, manifestó el presidente ecuatoriano.Estas declaraciones se suman a los cuestionamientos que Noboa ha planteado sobre el viaje de Petro a Manta y los posibles contactos que habría sostenido durante su permanencia en esa ciudad.Otro de los asuntos abordados por el mandatario ecuatoriano fue la información relacionada con los presuntos nexos de Gustavo Petro con posibles operaciones de lavado de activos y financiación ilícita de campañas políticas.Al respecto, Noboa aseguró que su Gobierno ya entregó a la Fiscalía de Ecuador toda la información disponible para que sea esa institución la encargada de adelantar las actuaciones correspondientes.“Todo eso se lo estamos dejando a la Fiscalía. Ya poco a poco... Hemos presentado toda la información que nosotros tenemos”, sostuvo.La respuesta de PetroAnte las declaraciones, el expresidente colombiano se defendió a través de sus redes sociales. Las respuestas llegaron con acusaciones.“No da una Noboa, el presidente, al parecer por fraude, del Ecuador. Cuando fui invitado por él mismo a su posesión presidencial, afirmó que había ido a Manta a hablar con un narco llamado Fito. No conozco a ningún Fito, pero sí resultó que el mismo Fito ante la justicia de los EE. UU. dijo que no me conocía y que es el propio Noboa el que era socio de Fito”, escribió Petro, ciñéndose a los primeros cuestionamientos por el viaje que hizo a Manta.En la siguiente parte de la respuesta, Petro le baja el peso a la acusación, al cambiar el cargo de la persona con quien se habría reunido, según Noboa. “Ahora dice que fui a Manta, me reuní con su alcalde que resultó ser narcotraficante. Otra enorme calumnia. Por protocolo los presidentes no se relacionan con autoridades diferentes a otro presidente”, escribió Petro. Sin embargo, el señalamiento no es que se había reunido con un alcalde, sino con ‘los Estrada’, padre e hijo: uno fue alcalde hace 12 años y el otro fue asambleísta en el período 2025-2026. Es decir, la acusación es que habría sostenido ese encuentro con personajes ligados al narcotráfico, según Estados Unidos, no precisamente con funcionarios locales.El mensaje de Petro concluye con una respuesta ya conocida, pero le agrega el contacto de su equipo con el alcalde de Manta. “Fui a descansar dos días y terminar mi libro y no hablé con el alcalde de Manta, pero por protocolo mi jefe de seguridad lo hizo. Siempre el ejército de Noboa me estuvo cuidando durante las horas que pasé allí”. En mayo de 2025, la alcaldesa de Manta era Marciana Valdiviezo Zamora.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que Gustavo Petro se reunió con “los Estrada”, en alusión a Jaime Estrada Bonilla y su hijo, Jaime Estrada Medranda, durante su visita a Manta en 2025, con motivo de la posesión presidencial.Noboa, en una entrevista con la periodista Ruth Del Salto, informó que existen indicios de que el exmandatario colombiano tuvo contacto con líderes del crimen organizado. Como parte de sus declaraciones, mencionó que el propietario de la vivienda que Petro alquiló durante su estadía en esa ciudad fue asesinado semanas después. “En la posesión mía como presidente, en el año 2025, él se fue a Manta y tuvo una reunión también con los de Estrada ahí. Hay indicios de que tuvo contacto con líderes de crimen organizado. Y la casa, la cual fue alquilada, donde se quedó Petro, semanas después, el dueño de esa casa fue asesinado”, afirmó Noboa en el podcast Altavoz.El jefe de Estado ecuatoriano también se refirió a la presunta entrega de documentos colombianos a integrantes de organizaciones criminales de Ecuador para cambiar su identidad.“En la época de Petro fueron entregados pasaportes originales colombianos a criminales ecuatorianos para cambiarles la identidad. Nosotros estamos ahora trabajando muy de cerca para que eso no pase, para que no puedan tener doble vida y para que no puedan ir, pasarla bonita en Colombia mientras dan órdenes y que haya crímenes aquí”, declaró.Sobre los Estrada, se trata de una familia actualmente en la mira de Estados Unidos por presunto narcotráfico. Jaime Estrada Bonilla, de 71 años, es un empresario de la provincia de Manabí que fue alcalde de Manta entre 2009 y 2014. Ha estado vinculado a compañías de los sectores pesquero, agrícola, inmobiliario y turístico. Además, era candidato a la Alcaldía de Manta para las elecciones de noviembre de 2026 por el movimiento Sí Podemos.Su hijo, Jaime Estrada Medranda, de 41 años, fue asambleísta nacional por el movimiento Revolución Ciudadana, del prófugo expresidente Rafael Correa, durante el período 2025-2026.Ambos fueron capturados en Panamá el 4 de noviembre de 2026, durante un operativo coordinado entre las policías de Ecuador y Panamá y organismos internacionales. Actualmente enfrentan un proceso de extradición a Estados Unidos.Los Estrada son investigados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que los acusan de conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas de fuego. Sobre los presuntos nexos de Gustavo Petro con lavado de activos y financiación ilícita de campañas políticas, Noboa aseguró que su Gobierno ya entregó a la Fiscalía ecuatoriana toda la información disponible.“Todo eso se lo estamos dejando a la Fiscalía. Ya poco a poco... Hemos presentado toda la información que nosotros tenemos”, manifestó el presidente ecuatoriano.Las declaraciones de Noboa han sido reiterativas al poner en tela de juicio el viaje de Petro a Manta, lo que deja otra vez en el ambiente los contactos con estructuras criminales.
Los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella han estado marcados por la incertidumbre, las dificultades para consolidar relaciones políticas y una curva de aprendizaje que se desarrolla en medio de condiciones poco favorables. Así lo planteó Paca Zuleta, analista y profesora de la Universidad de los Andes, durante una entrevista en la que examinó los principales acontecimientos que han definido el comienzo de esta administración. Al hacer un balance de este periodo, Zuleta señaló que el mandatario ha combinado decisiones que había anunciado antes de llegar al poder con situaciones habituales en otros gobiernos y circunstancias que representan novedades en el escenario político colombiano.“Tenemos una mezcla de cosas”, explicó la académica, quien destacó dos factores que, a su juicio, han cambiado el panorama: las dificultades que enfrentó el presidente desde sus primeros días de gobierno y la presencia constante de las noticias relacionadas con el expresidente Gustavo Petro.Para Zuleta, el jefe de Estado ha tenido que aprender a gobernar junto con su equipo en un contexto complejo, atravesado también por un escenario internacional incierto y por una personalidad presidencial que genera posiciones divididas entre la ciudadanía.Las primeras tensiones con el CongresoUno de los aspectos que más llamó la atención de la analista fue la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Como ejemplo, mencionó la elección del presidente del Legislativo, que representó la primera derrota política de Abelardo De la Espriella.Según Zuleta, el mandatario perdió esa votación sin que posteriormente se evidenciara un cambio significativo en su postura política. También destacó que el comportamiento de los partidos ha sido variable: en algunos asuntos respaldan al Gobierno, mientras que en otros marcan distancia.La académica contrastó esta situación con la de administraciones anteriores, cuando el periodo de acercamiento entre el presidente y el Congreso solía prolongarse durante más tiempo.En ese contexto, también mencionó la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior, después de apenas 75 días en el cargo. Para Zuleta, la corta permanencia de funcionarios en puestos estratégicos genera inquietudes sobre la capacidad del Gobierno para responder a las demandas del país.“Una curva de aprendizaje dura más de 75 días”, advirtió, al señalar que los cambios frecuentes pueden dificultar la consolidación de equipos y la gestión institucional.El reto de encontrar un ministro del Interior con experiencia políticaSobre la llegada de Alejandro Ordóñez a esa cartera, Zuleta planteó que el Gobierno necesitaba una figura con trayectoria y experiencia para acompañar a un presidente joven.La analista recordó la eficacia política que Ordóñez demostró durante su paso por la Procuraduría y consideró que su experiencia podría aportar conocimiento sobre el funcionamiento del Congreso.“Este gobierno necesitaba un sabio viejo, un sabio de la tribu”, afirmó. Sin embargo, también destacó que el ministro del Interior debe compartir la orientación ideológica del presidente, especialmente porque la agenda de la administración ha tenido un marcado componente ideológico.Para Zuleta, ambas condiciones son necesarias: experiencia para negociar y capacidad de representar las posiciones del Ejecutivo. En su opinión, resulta difícil convencer a los congresistas de respaldar iniciativas con las que el propio ministro no está de acuerdo.La discusión también abordó la decisión presidencial de no entregar puestos ni recurrir a acuerdos burocráticos para conseguir apoyos legislativos. Frente a esa postura, la académica recordó las dificultades que tuvo el gobierno de Iván Duque para construir mayorías en el Congreso.Asimismo, defendió el papel del Legislativo como contrapeso institucional, pese a sus problemas administrativos, organizativos y de incentivos.“Gracias al Congreso, nosotros hemos logrado parar ideas de presidentes que podían estar en contra de la Constitución”, sostuvo. También destacó las votaciones relacionadas con la ley de sometimiento como muestra de la capacidad del Legislativo para fijar límites al Ejecutivo.
Tres actuaciones relacionadas con Gustavo Petro quedaron bajo responsabilidad de representantes que no pertenecen al Pacto Histórico en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Los expedientes abordan asuntos diferentes: los recursos utilizados en su campaña presidencial, una reunión política en Valledupar y la publicación de información médica de un menor fallecido en 2026.La distribución de estos procesos adquiere relevancia dentro de una instancia que concentra 370 investigaciones penales y disciplinarias relacionadas con el exmandatario, según información divulgada por SEMANA. De ese universo, cerca de 350 están a cargo de congresistas de su sector político, mientras que otras 20 corresponden a actuaciones que permanecen en manos de representantes de distintas colectividades.Uno de los asuntos pendientes de decisión es el relacionado con los gastos de la campaña presidencial de 2022. El expediente, que supera las 500 páginas, pasó por una revisión inicial de los representantes Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe y Wilmer Carrillo. Actualmente, Carlos Cuenca, integrante de Cambio Radical, tiene a su cargo definir si existen elementos para avanzar hacia una investigación formal o si corresponde inhibirse.El antecedente más relevante de esta actuación es la sanción económica de 5.300 millones de pesos impuesta por el Consejo Nacional Electoral a los directivos de la campaña por la superación de los límites de financiación. La situación de los responsables de la campaña y la eventual responsabilidad individual del entonces candidato son asuntos que deben diferenciarse dentro del trámite.La reunión en Valledupar, otro asunto pendienteCarlos Cuenca también tiene bajo su conocimiento una actuación relacionada con un encuentro realizado el 25 de octubre de 2025 en Valledupar. El episodio tomó relevancia después de las declaraciones de Angie Rodríguez, quien estuvo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).Rodríguez afirmó que, por instrucciones de Petro, se habría solicitado a antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia realizar declaraciones contra Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.La publicación sobre Kevin Acosta también llegó a la ComisiónUn tercer expediente está relacionado con las publicaciones que Petro realizó en su cuenta oficial de X sobre Kevin Acosta, un menor que falleció en febrero de 2026 mientras esperaba un medicamento de la Nueva EPS para tratar su hemofilia.El representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, tiene a su cargo esta actuación, que examina la divulgación de información perteneciente a la historia clínica del menor.El punto central es el tratamiento de datos médicos sujetos a reserva y su exposición a través de una cuenta oficial. La información clínica constituye un documento privado cuya divulgación está sometida a restricciones legales.Los tres expedientes tienen etapas y antecedentes diferentes. Sus avances dependen de las decisiones que adopten los representantes encargados y de los procedimientos internos de la Comisión de Investigación y Acusación, donde deberán tramitarse las determinaciones correspondientes.
Un informe presentado por el Miranda Center for Democracy cuestionó la posición que asumió el Gobierno de Gustavo Petro frente al fraude cometido por el régimen del depuesto dictador Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio de 2024. Según el estudio, las decisiones diplomáticas de Colombia contribuyeron a disminuir la presión internacional sobre Nicolás Maduro y a mantener su legitimidad en el escenario internacional.El documento destaca varios hechos posteriores a la elección, como el que el ahora expresidente Petro tardó cerca de 55 horas en pronunciarse sobre los resultados, pese a que la oposición había publicado actas que daban como ganador al opositor Edmundo González con cerca del 67 % de los votos.Otro de los episodios más cuestionados fue la votación en la OEA del 31 de julio de 2024. Colombia se abstuvo de apoyar una resolución que exigía publicar las actas electorales. La iniciativa obtuvo 17 votos, uno menos de los necesarios para ser aprobada.Asimismo, sostiene que mientras Petro tardó varios días en manifestarse sobre los resultados de las elecciones, sí lo hizo con pocos minutos u horas de diferencia frente a victorias como las de Claudia Sheinbaum en México y Donald Trump en Estados Unidos. Y, además, que sus pronunciamientos sobre un llamado al diálogo y negociación política le habrían ayudado a darle oxígeno internacional a la dictadura.El Miranda Center identifica tres factores que habrían condicionado la postura del Gobierno colombiano: la afinidad ideológica con el chavismo, los intereses energéticos relacionados con una eventual cooperación entre Ecopetrol y PDVSA, y la política de Paz Total, debido al papel de Venezuela como garante de los diálogos con el ELN.Sobre este último punto, considerado por ellos como el factor central, el informe cita cifras de inteligencia militar según las cuales 1.276 integrantes del ELN estaban en territorio venezolano en 2024. Por eso, una confrontación directa con Maduro podía poner en riesgo uno de los principales proyectos del Gobierno Petro.El estudio también cuestiona que Petro no se refiriera directamente a la crisis poselectoral durante su discurso ante Naciones Unidas y señala que, aunque no asistió a la posesión de Maduro en enero de 2025, Colombia mantuvo las relaciones diplomáticas con Caracas.La conclusión del centro de análisis es que las decisiones del Gobierno Petro redujeron el costo internacional para Maduro tras las elecciones. No obstante, el documento aclara que analiza los efectos de esas decisiones y no demuestra la existencia de un plan deliberado para legitimar al depuesto mandatario venezolano.
La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, cumplió con la rectificación ordenada por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, luego de que ese despacho amparara los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la rectificación de la exembajadora Laura Camila Sarabia.Sin embargo, Rodríguez mantiene sus señalamientos contra Sarabia y el expresidente Gustavo Petro y anunció que impugnará la decisión judicial. La exdirectora del DAPRE hizo pública, además, una nueva conversación que, de acuerdo con su interpretación, demostraría que Sarabia tenía entre sus funciones la gestión de asuntos relacionados con la agenda privada del entonces presidente. La decisión judicial se produjo por afirmaciones realizadas por Rodríguez relacionadas con una presunta organización o facilitación de encuentros de contenido sexual para Petro, así como con el supuesto uso de información íntima para presionarlo, chantajearlo y obtener o conservar cargos públicos.El juzgado ordenó a Rodríguez, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, firmar un texto de rectificación y leerlo íntegramente en su voz mediante una grabación en video. La exdirectora cumplió con esa orden y publicó un video de más de 12 minutos en el que, al final, leyó el texto de rectificación con la pantalla en negro.No obstante, durante el resto de la grabación expuso nuevos elementos que, según sostuvo, respaldan sus señalamientos contra Sarabia y Petro. Entre ellos, presentó un chat con fecha del 15 de febrero de 2025, que atribuyó a Laura Sarabia y en el que, según Rodríguez, se le delegaban funciones relacionadas con la compra de tiquetes y la reserva de hoteles para el entonces mandatario.Rodríguez aseguró que inicialmente no comprendía por qué debía encargarse de ese tipo de gastos, debido a que, según su explicación, el presidente contaba con aeronaves oficiales y otros mecanismos para sus desplazamientos.“No entendía a qué hacía referencia. ¿Por qué comprar tiquetes al presidente o por qué comprar tiquetes si el presidente tiene no un avión, sino varios aviones presidenciales? Además, ¿por qué hoteles? Si normalmente el presidente tiene casas privadas y le dan cortesía en muchos de los viajes a los que él iba, tanto nacional como internacionalmente”, dijo Rodríguez en el video.La exdirectora afirmó posteriormente que entendió que esas instrucciones estaban relacionadas con lo que denominó la “agenda privada” del expresidente y aseguró que decidió no participar en esas gestiones.“Yo no me presté para eso. Cuando me di cuenta de lo que estaba enfrentando, dije que eso no va conmigo y que no me iba a prestar para eso”, sostuvo. Rodríguez también afirmó que posteriormente Petro le solicitó gestionar gastos relacionados con Vanessa Cortés, a quien identificó como la pareja “oficial” del exmandatario. A partir de esa conversación, sostuvo que el mensaje atribuido a Sarabia demostraría la existencia de una denominada “agenda privada”.“Ella, en ese mensaje en WhatsApp, está reconociendo que sí había una agenda privada. Entonces, ¿por qué le molesta que yo señale que presuntamente ella era una de las que organizaba eso? Lo mantengo”, afirmó Rodríguez.Durante el video, la exdirectora del DAPRE también se refirió al teléfono celular utilizado por Gustavo Petro y aseguró que este aparecía registrado a nombre de Jaime Ramírez Cobo, exasesor de la Casa de Nariño y padrino de matrimonio de Laura Sarabia.“Me causó una alerta inmediata. Le informo al presidente que su celular no estaba a su nombre, sino a nombre de Jaime Ramírez Cobo. Él estaba muy molesto. Todo apuntaba a la señora Laura Sarabia”, aseguró Rodríguez.Como parte de esa exposición, aseguró que en una conversación con René Guarín, quien fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia, se hacía referencia a que el teléfono estaba “envenenado”.La exdirectora del DAPRE sostuvo que la rectificación ordenada por el juez no cubría la totalidad de sus señalamientos y confirmó que impugnará la decisión judicial. “No comparto esta valoración judicial”, manifestó.De esta manera, aunque Rodríguez cumplió con la orden de rectificación emitida por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, durante el mismo video reiteró sus cuestionamientos contra Laura Sarabia y Gustavo Petro y presentó conversaciones que, según su versión, respaldarían parte de sus afirmaciones.
La investigación por el presunto caso denominado "sexocontratos", centrado en la presunta utilización indebida de la contratación pública en entidades como el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y el Senado de la República para pagar favores sexuales atribuida al expresidente Gustavo Petro, suma nuevos trámites procesales. Deicy Jiménez, quien ha hecho públicos videos y conversaciones en redes sociales con el exmandatario, ha sido requerida por distintas autoridades en calidad de víctima y testigo. Sobre el cronograma de comparecencias de su defendida, la abogada Dina Malo precisó: "Tenemos citación en Procuraduría para el día de mañana, jueves 12 y tenemos citación en Fiscalía delegada, tercera delegada, para el viernes 13".Asimismo, la defensora indicó que se aguarda el avance de las diligencias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para dar trámite a los señalamientos presentados. El debate jurídico sobre el consentimiento y el uso de recursos públicosAl ser interrogada sobre la naturaleza de la relación entre Jiménez y el expresidente, la abogada enfatizó que la discusión central no gira en torno al consentimiento en una relación entre adultos, sino en la exigencia de favores sexuales como condición para el acceso a recursos del erario públicoDina Malo sostuvo textualmente: "Lo que se debate es efectivamente que él haya obtenido o haya podido obtener un beneficio de carácter sexual y que la haya favorecido como, o sea, como una condición de ese beneficio sexual con contratos que obviamente se se pagan con recursos públicos". De igual manera, explicó la condición de vulnerabilidad de la denunciante al afirmar que "ella siempre ha tenido el ánimo de colaborar (...) y cómo se sentía de alguna manera condicionada a manifestar una voluntad, un consentimiento sexual para obtener un beneficio estando en una situación de necesidad". En relación con posibles delitos contra la administración pública, la jurista añadió que "influir en que se le dé contratos a una persona y que estos contratos no se den por mérito, puedes constituir un delito". Por otro lado, al referirse al papel de la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, la abogada señaló que se trataba de una funcionaria con facultad de contratación, pero dejó su eventual citación a criterio de las autoridades: "no la hemos pensado en citar, creo que eso le corresponde también a las autoridades". Extracción de evidencia digital y esquema de seguridadCon el propósito de respaldar probatoriamente los señalamientos, peritos informáticos realizaron una copia espejo del dispositivo móvil de Deicy Jiménez por disposición judicial. La abogada Malo confirmó el procedimiento técnico: "se dispuso realizar esta labor investigativa con peritos de informática forense para poder tener la evidencia forense y digital, para poder garantizar que los documentos que se entregaron son auténticos". Finalmente, respecto a las condiciones de seguridad de su apoderada en Bogotá, la defensora desmintió versiones sobre custodias especiales extraordinarias y confirmó que Jiménez mantiene un esquema básico asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde finales de agosto o septiembre, posterior a la finalización del gobierno de Petro. Escuche aquí la entrevista:
La Corte Suprema de Justicia citó a descargos a la directora administrativa del Congreso, Astrid Salamanca, por presuntamente haber impedido inicialmente una inspección judicial relacionada con los contratos que tuvo en el Legislativo Deicy Jiménez, la mujer que denunció al presidente Gustavo Petro por los llamados ‘sexocontratos’.La funcionaria deberá comparecer el próximo martes a las 2:00 de la tarde ante el despacho del magistrado instructor Javier Fernando Fonseca Alvarado, de la Sala de Instrucción, para explicar su actuación y responder por las circunstancias que habrían retrasado la diligencia judicial.La citación hace parte de un incidente abierto por la Corte, al considerar que la actuación de la directora Salamanca pudo haber demorado la inspección y dificultado la entrega de la información que estaban solicitando los investigadores.En caso de que sus explicaciones no sean satisfactorias, la funcionaria podría enfrentar medidas como una compulsa de copias para que se adelanten investigaciones penales y disciplinarias, además de una sanción de hasta 30 días de arresto. Sin embargo, cualquier decisión se tomará después de escucharla.El caso se remonta a la semana pasada, cuando el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado ordenó una inspección judicial en la Secretaría del Senado para obtener los contratos que Deicy Jiménez habría tenido con el Congreso de la República.La diligencia busca recaudar elementos de prueba dentro de las investigaciones que adelanta la Corte por la denuncia contra el presidente Gustavo Petro, en la que Deicy Jiménez hizo señalamientos sobre una presunta entrega de contratos a cambio de favores sexuales.Adicionalmente, la Sala de Instrucción ordenó anteriormente realizar una copia espejo del teléfono celular relacionado con esta investigación, que fue entregado a la Fiscalía, y así obtener una copia del contenido del dispositivo, que posteriormente será entregada al alto tribunal.Ahora, la directora administrativa del Congreso tendrá que explicar por qué inicialmente se habría obstaculizado la inspección judicial y será el magistrado instructor quien determine si hay lugar a imponer alguna sanción.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer que puso a disposición de las autoridades competentes una serie de hallazgos sobre la contratación directa realizada en el sector salud por la administración anterior entre 2022 y 2026, la cual asciende a más de 20.600 contratos por un valor cercano a los 8,47 billones de pesos.De acuerdo con el reporte oficial del ministerio, la revisión evidenció que 143 personas contaban con contratos simultáneos en distintas entidades del sector. En algunos casos, la sumatoria de honorarios percibidos mensualmente ascendía a los 46 millones de pesos. A esto se suma el hallazgo de 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes al Sistema de Seguridad Social.En el caso puntual del Ministerio de Salud, se identificaron 8.517 contratos directos durante el periodo analizado. Más de la mitad de estas vinculaciones contractuales se concentraron entre enero de 2025 y agosto de 2026.Frente al alcance de las indagaciones, la ministra de Salud, Ana María Vesga, aclaró que la contratación directa o la pluralidad de contratos no constituyen en sí mismas una conducta ilegal. No obstante, enfatizó la necesidad de auditar la efectividad de las obligaciones contraídas al señalar: "Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento".El ministerio explicó que estas auditorías buscan esclarecer la trazabilidad de los recursos públicos, verificar la pertinencia de las contrataciones y constatar la ejecución real de las actividades pactadas. Ante esto, los antecedentes recopilados fueron trasladados a los organismos de control disciplinarios, fiscales y judiciales correspondientes para que determinen si existieron faltas o delitos.La ministra Vesga reiteró el compromiso de la cartera sanitaria con la protección de los dineros del sector: "Los recursos de la salud son de los colombianos. Nuestra obligación es protegerlos y exigir que cada peso esté debidamente justificado".
El senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, anunció que solicitará ante la plenaria del Senado la revocatoria del permiso que le permite al expresidente Gustavo Petro salir del país durante un año. La iniciativa busca que el Congreso revise la autorización concedida el pasado 12 de agosto, luego de los nuevos escándalos y denuncias que han surgido alrededor de la anterior administración. En entrevista con Recap Blu, el congresista defendió su propuesta y aseguró que el exmandatario debe permanecer en Colombia mientras se esclarecen los señalamientos. "Si no tiene nada que temer, pues que se quede y entregue los soportes", manifestó el senador.Rodríguez explicó que su solicitud está relacionada con las recientes declaraciones de Eva Ferrer y Angie Rodríguez, así como con las denuncias sobre presuntos contratos irregulares y posibles hechos de corrupción en diferentes entidades del Estado. También mencionó las investigaciones relacionadas con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), particularmente la captura de un funcionario señalado de participar en posibles interceptaciones y seguimientos a expresidentes de la República mediante dispositivos GPS instalados en sus vehículos blindados. Para el senador, estos hechos representan nuevos elementos que, a su juicio, justifican revisar el permiso otorgado a Petro.El congresista también anunció que solicitará a la Secretaría del Senado información sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas para las salidas del expresidente. Según explicó, aunque la autorización tiene una vigencia de un año, Petro debe presentar informes cada vez que salga y regrese al territorio nacional, con el propósito de informar sobre sus desplazamientos. Rodríguez cuestionó si ese procedimiento se ha cumplido y pidió verificar los antecedentes documentales antes de discutir la posible revocatoria.Sobre la posibilidad de que el Senado respalde la iniciativa, Rodríguez aseguró que ha sostenido conversaciones con diferentes congresistas para conseguir apoyo a la proposición. Aunque no dio nombres, afirmó que ha encontrado disposición entre algunos sectores políticos, incluido el Centro Democrático."Hay que hacerles caer en cuenta que en esos tres meses hay nuevas pruebas. Es diferente el Gustavo Petro de hace tres meses. Pero vuelvo y repito, Eva Ferrer hace unas declaraciones demasiado graves donde habla de narcotráfico, armamento y de dinero", agregó.Finalmente, Rodríguez insistió en que el objetivo de su propuesta es que el Congreso ejerza sus facultades y revise una autorización que, según su postura, debe responder a las circunstancias actuales."Nadie está por encima de la ley", afirmó, al señalar que Gustavo Petro ya no ocupa la Presidencia de la República y que, por tanto, debe someterse a las decisiones de las instituciones.
El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá resolvió amparar los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la rectificación de la excanciller Laura Camila Sarabia, frente a las afirmaciones realizadas por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo.La decisión judicial está relacionada con los señalamientos hechos por Rodríguez sobre una presunta organización o facilitación de encuentros de contenido sexual para el presidente Gustavo Petro, así como con afirmaciones sobre el supuesto uso de información de carácter íntimo para presionarlo, chantajearlo y obtener o conservar cargos públicos. De acuerdo con la decisión, el despacho judicial ordenó a Angie Lizeth Rodríguez Fajardo realizar una rectificación frente a esas afirmaciones. Para cumplir con la orden, deberá, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, firmar un texto de rectificación y leerlo íntegramente en su voz a través de una grabación en video.La orden establece que la grabación podrá realizarse con asistencia técnica y que Rodríguez Fajardo no tendrá la obligación de mostrar su rostro durante el procedimiento dispuesto por el juzgado. Tras conocerse la decisión, Laura Sarabia se pronunció a través de su cuenta de X y aseguró: “Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre. Hoy la justicia me dio la razón y ordenó la retractación”.
El Gobierno Nacional le respondió al expresidente Gustavo Petro por los cuestionamientos sobre la falta de sistemas antidrones para proteger a las tropas y defendió su gestión frente a la amenaza que representan estos dispositivos en los ataques contra la Fuerza Pública.El ministro de Defensa aseguró que el escudo antidrones anunciado por la anterior administración, por 6,2 billones de pesos, nunca llegó a convertirse en un proyecto estructurado, con financiación garantizada y viabilidad técnica. "Que quede claro, anunciar billones no es garantizar presupuesto. Coleccionar sellos en el pasaporte, no es gestionar y apilar estudios técnicos, no detiene los explosivos que caen sobre nuestros soldados", añadió el general en retiro Jorge Mora.El pronunciamiento se conoce en medio de la preocupación por el ataque ocurrido el fin de semana en Santa Rosa del Sur, Bolívar, donde integrantes del Ejército fueron atacados con explosivos lanzados desde drones contra un cantón militar. El hecho dejó tres militares muertos y más de 40 heridos, y volvió a poner sobre la mesa la necesidad de contar con capacidades para detectar y neutralizar estas amenazas.Frente a este panorama, el expresidente Gustavo Petro aseguró que durante su administración se habían dejado recursos para adquirir equipos antidrones, pero que no se concretó la compra."A pesar de dejar el dinero para compra de antídrones para este año. No se hizo ninguna operación de compra de antidrones. Así queda la tropa expuesta a morir sin posibilidad de defensa", señaló en X el exmandatario.Sin embargo, el ministro de Defensa controvirtió esa afirmación y cuestionó que los viajes realizados por funcionarios del gobierno anterior a India, República Checa, Turquía, Catar, Londres, Washington y Nueva York, supuestamente para buscar tecnología, no se tradujeran en soluciones concretas para proteger a los soldados y policías."Mientras los criminales perfeccionaban el uso de drones para vigilar, intimidar y atacar a nuestros soldados y policía, los alto funcionarios del gobierno pasado se dedicaban a viajar y a lanzar anuncios vacíos", indicó el ministro de Defensa.El ministro también puso en duda la financiación del proyecto y señaló que, aunque se habían anunciado 800 mil millones de pesos para poner en marcha su primera fase, no quedaron recursos asegurados para ejecutarla durante 2026.Por todo esto, el jefe de la cartera rechazó las versiones según las cuales el actual Gobierno habría cancelado un contrato o frenado una compra que ya estuviera adjudicada.Según explicó, la administración recibió una iniciativa sin las condiciones necesarias para materializarse y tuvo que asumir su reorganización. El funcionario insistió en que no se puede hablar de la cancelación de un sistema que, según su versión, nunca llegó a existir como un proyecto viable y listo para su ejecución.Como respuesta a esta amenaza, el Gobierno anunció la puesta en marcha de un plan de choque para comenzar a dotar a las tropas con equipos y capacidades que permitan detectar y contrarrestar los ataques con drones. Estos recursos, aseguró, se están financiando con los presupuestos ordinarios del sector Defensa.Finalmente, el ministro confirmó que se trabaja en un documento CONPES para garantizar una financiación sostenible de esta estrategia y en una ley que permita controlar la importación y el uso de drones en Colombia.
En medio de las recientes denuncias de presunta corrupción que han generado controversia alrededor del expresidente Gustavo Petro, el senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, anunció que este martes 10 de noviembre presentará ante la plenaria del Senado una proposición para solicitar que se revoque el permiso de salida del país otorgado al exmandatario.Según el congresista, el Senado debe revisar la decisión adoptada el pasado 12 de agosto de 2026, teniendo en cuenta los señalamientos conocidos.“Pediré ante el Congreso de la República revocar el permiso de salida del país del expresidente Gustavo Petro debido a la cantidad de denuncias por corrupción y sexo contratos que lo involucran directamente a él y a su círculo más cercano. El Congreso de la República no puede ser su cómplice. Petro se va a volar del país y exigimos que le dé la cara a Colombia”, dijo el senador.Carta a la Secretaría General del SenadoComo parte de esta iniciativa, el senador Germán Rodríguez envió una comunicación al secretario general del Senado, Diego González, solicitando información y antecedentes documentales relacionados con la autorización concedida al expresidente.En la carta, el congresista pidió copia de la solicitud que presentó Petro para obtener el permiso, así como del texto definitivo de la proposición aprobada por la plenaria el 12 de agosto.También solicitó el acta de la sesión y las condiciones establecidas por el Senado para autorizar los desplazamientos internacionales del exmandatario.Adicionalmente, Rodríguez pidió que se informe si, desde el otorgamiento del permiso, Petro ha remitido comunicaciones a la Secretaría General, la Presidencia o la Mesa Directiva del Senado para reportar viajes al exterior. En caso afirmativo, solicitó conocer las fechas de radicación, los destinos y los periodos informados.El congresista también pidió establecer si anteriormente se han presentado solicitudes para revisar, modificar o revocar esa autorización y, de ser así, conocer el estado de dichos trámites.Finalmente, Rodríguez solicitó que durante la plenaria de este martes 10 de noviembre la Secretaría General presente ante los senadores los antecedentes de la autorización, las condiciones bajo las cuales fue aprobada y las comunicaciones recibidas, para que sean tenidos en cuenta durante la discusión y eventual votación de su proposición.
El expresidente Gustavo Petro, aunque no dio un solo mensaje de los sexoscontratos, sí atinó a resaltar lo valioso de un beso y rechazó la Ley de Rescate y le propuso a uno de sus rivales políticos: Álvaro Uribe, unirse para votar en contra el IVA en la reforma tributaria.En medio de las discusiones que se tienen por la Ley de Rescate Fiscal, lo que antes lo dividía hoy, parece que los puede unir, y es evitar más impuestos para los colombianos.El episodio ocurrió en Medellín, en donde de gorra de piloto, camisa azul, bufanda blanca y todo el tiempo de gafas negras, el expresidente Gustavo Petro habló durante 40 minutos en un evento privado denominado ‘Primer Gran Encuentro Somos Resistencia’, que se hizo en el Club Medellín.Allí había expectativas para que se refiriera a las explosivas denuncias de Deicy Jiménez sobre sus encuentros sexuales con el expresidente a cambio de contratos, pues no fue así, lo que sí hubo fue una propuesta a uno de los hombres que le ha hecho mayor oposición, hablamos de Álvaro Uribe Vélez, a hacer coaliciones en los municipios de Antioquia entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático.La idea no sólo para las elecciones territoriales 2027, sino que también invitó a que los congresistas de Uribe voten en contra el IVA en la reforma tributaria y no echar para atrás su reforma laboral."Por eso Uribe le propongo, en Antioquia podemos juntarnos municipio por municipio, programa por programa, pero que su bancada no vote ni un solo peso del impuesto a la comida de los colombianos, que no voten por la reducción del salario y la jornada de los trabajadores y porque pongan sus votos como nosotros en la Junta Directiva del Banco de la República para bajar sustancialmente la tasa de interés que se le cobra a cualquiera que vaya a pedir un crédito en un banco", manifestó el exmandatario.Aunque todavía no se conoce una respuesta de Álvaro Uribe, hay que recordar que el Centro Democrático le presentó al gobierno De La Espriella un borrador de discusión de la Ley de Rescate, donde proponen no cobrar IVA a la canasta familiar.En el evento, Gustavo Petro, que no es un asombro, dijo que todos los miembros del Pacto Histórico votaran negativo a la Ley de Rescate y quien no lo haga debe salir, porque se trata de un beneficio para los amigos del presidente Abelardo De La Espriella."El Pacto Histórico tiene que enfrentar esta situación, no sólo oponiéndose a la sinvergüencería de un gobierno narcotraficante que prefiere entregarle las tierras que le entregamos nosotros a los campesinos para producir comida a los viejos socios narcotraficantes del presidente Abelardo", aseguró Petro.Por último junto al ex embajador de Nicaragua durante su gobierno León Fredy Muñoz, el representante a la Cámara Alejandro Toro que sigue reafirmando su alianza con la gente de Daniel Quintero, la ex consejera de regiones Luz María Múnera, entre otros, invitaron a la marcha el próximo 19 de noviembre para protestar contra la reforma de rescate del Gobierno de Abelardo De La Espriella.