Un juez de conocimiento condenó a Juliana Guerrero a tres años de prisión, además de imponerle una inhabilitación y una multa equivalente a 100 salarios mínimos, tras avalar el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación por los hechos relacionados con la presentación de títulos académicos falsos.Guerrero aceptó su responsabilidad por la presentación de documentos que acreditaban los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria, con los que buscaba acreditar el cumplimiento de los requisitos para optar al cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad.Antes de que la investigación de la Fiscalía avanzara hasta un acuerdo en el que Juliana Guerrero aceptó responsabilidad por la obtención fraudulenta de dos títulos, la joven defendía públicamente sus estudios y explicó en una entrevista con Mañanas Blu cómo, según su versión de entonces, había llegado a graduarse como contadora pública.Ahora, en las últimas horas, publicó un video a través de su cuenta de Instagram en la que expone su perspectiva frente a las acusaciones, además, habla de acoso mediático que "han afectado su vida personal y familiar". En el video, Guerrero asegura que varios la difamaron; señalando a diversos sectores y asegurando que se crearon narrativas falsas sobre su moral y actividades sin brindarle el derecho a defenderse. La joven describe el supuesto deterioro de su salud mental y la humillación pública que la llevó a alejarse de la vida social. Guerrero asegura que reconoce haber cometido errores, pero rechaza ser "víctima de un juicio social permanente" y solicita una segunda oportunidad para sanar. "Dijeron que yo era que ladrona, cuando no probaron que yo estuviera desviando recursos. En materia judicial no tengo inconveniente en ir a dar la cara"; "Yo no tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué", agregó. Hay que recordar que en la audiencia, Guerrero pidió perdón públicamente por sus actuaciones y aceptó las consecuencias de sus decisiones. Ahora, con la sentencia, queda establecida su responsabilidad penal, aunque la pena de prisión fue suspendida de manera condicional por decisión del juez.
Gustavo Petro y Claudia López volvieron a aparecer juntos en una fotografía, en un encuentro que sorprendió por el historial de enfrentamientos que ambos protagonizaron durante los últimos meses. La imagen fue publicada por el expresidente en medio del relanzamiento de la Alianza por la Vida, una coalición que buscaría disputar las elecciones regionales de 2027 y proyectarse hacia las presidenciales de 2030.Como era de esperarse, la fotografía abrió interrogantes sobre el papel que podría tener la exmandataria en la estrategia política que el petrismo pretende desplegar desde las próximas elecciones regionales.¿Por qué sorprende la foto entre Claudia y Petro?El acercamiento resulta llamativo por las diferencias que marcaron la relación entre ambos, particularmente durante la administración de López en Bogotá.Uno de los principales choques estuvo relacionado con el metro de Bogotá. Mientras Petro defendió durante años la construcción de una primera línea subterránea, López impulsó el proyecto de metro elevado que finalmente avanzó durante su administración.Las diferencias llegaron a convertirse en fuertes enfrentamientos políticos. López incluso cuestionó públicamente al entonces presidente Petro después de dejar la Alcaldía y lo señaló hace no mucho por una supuesta participación indebida en política.En ese momento afirmó: “El mayor causante de faltas de garantías en la democracia colombiana es el señor presidente de la República”.Petro, por su parte, también lanzó críticas contra la exalcaldesa. En junio de 2025, después de que López oficializara su aspiración presidencial, escribió en X: “Claudia no sabe sino de traiciones. La última, a los trabajadores de Colombia”.Ahora, ambos aparecen nuevamente compartiendo espacio político.¿Qué busca Petro con la Alianza por la Vida?La fotografía fue acompañada por un mensaje en el que Petro planteó una hoja de ruta para su sector político de cara a las elecciones de 2027.El expresidente pidió alcanzar el mayor número posible de curules, alcaldías y gobernaciones, mientras planteó que la coalición debe convertirse en una estructura con presencia en diferentes regiones del país.“Estar listos a reemplazar un Gobierno extranjero e incapaz”, escribió Petro al referirse al actual Gobierno.El acercamiento también tiene un antecedente reciente. López, quien se había mantenido distante del petrismo durante buena parte de los últimos años, anunció su adhesión a la candidatura de Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial.Su reaparición junto a Petro vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de que sectores que estuvieron enfrentados puedan terminar compartiendo escenarios electorales en las próximas contiendas. La exsenadora María José Pizarro celebró el encuentro y defendió la construcción de una unidad amplia.“En los tiempos del autoritarismo, la censura, la manipulación y la sinrazón, hay que construir la máxima unidad. Es momento de tomar posiciones. ¡Seguimos dialogando!”, escribió.
El caso de Juliana Guerrero, quien recientemente fue condenada a tres años de prisión por los hechos relacionados con la obtención irregular de su título como contadora pública, continúa generando debate. Tras el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación, el cual le permite no cumplir tiempo de reclusión física ni domiciliaria, su abogado defensor, Felipe Alzate, salió al paso para aclarar los alcances de la sentencia.En diálogo con Mañanas Blu, el jurista enfatizó que la responsabilidad penal de Guerrero se centra exclusivamente en el uso del documento para inducir en error a la autoridad nominadora, y no en la fabricación material del diploma. Según Alzate, la justicia no puede sancionar a una persona dos veces por el mismo hecho, lo que explica por qué el proceso se enfocó únicamente en el delito de fraude procesal.La estrategia de defensa ante el preacuerdoFelipe Alzate explicó que la negociación con la Fiscalía tomó cerca de tres meses, periodo durante el cual se evaluaron las alternativas para una terminación anticipada del proceso. El defensor subrayó que, al reconocer su responsabilidad y evitar un juicio prolongado, su cliente obtuvo beneficios legales estandarizados dentro del ordenamiento jurídico colombiano.Al ser consultado sobre el supuesto doble beneficio por la exclusión del delito de falsedad en documento privado, Alzate fue enfático al señalar que existe una interpretación incorrecta por parte de la opinión pública. “Ella no falsificó el título, solo lo usó”, argumentó el abogado, tras defender que el fraude procesal subsume la conducta delictiva en este caso específico.A su juicio, la condena por fraude procesal, que conlleva una inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa económica, es el resultado de un análisis técnico basado en la jurisprudencia de las altas cortes. El defensor aclaró que la rebaja de pena aplicada no responde a un trato preferencial, sino a una facultad a la que puede acceder cualquier ciudadano que decida colaborar con la administración de justicia.Debate sobre el concierto para delinquirDurante la entrevista, surgieron cuestionamientos sobre por qué no se imputó el delito de concierto para delinquir, considerando que otras personas, como el exsecretario general de la Fundación San José, también fueron condenadas. Ante esto, Alzate descartó la existencia de una empresa criminal organizada y dirigida por su representada.“No hay un solo hecho que permita acreditar que hay una empresa criminal que se ha mantenido en el tiempo con diferentes autores”, puntualizó el abogado. Para la defensa, las condenas individuales no equivalen a la configuración de una estructura delictiva compleja, y cualquier aseveración en contrario, a su juicio, carece de sustento probatorio y se aleja de la realidad procesal del caso.Sobre la ausencia de menciones al expresidente Gustavo Petro en la carta pública escrita por Guerrero, Alzate aclaró que no conoce al exmandatario y que la misiva fue una decisión personal de su defendida. El abogado reafirmó que su rol se ha limitado exclusivamente al ámbito de la defensa técnica, manteniendo reserva sobre los asuntos ajenos al proceso judicial, como las especulaciones sobre posibles colaboraciones futuras con la justicia o situaciones relacionadas con el estatus migratorio de la procesada.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, emitió un duro balance sobre el estado en el que encontró las relaciones bilaterales entre su país y Colombia.Según el alto funcionario norteamericano, el vínculo diplomático sufrió un fuerte deterioro durante el periodo presidencial anterior."Los últimos 4 años han sido una aberración entre los gobiernos, pero esto es algo que va a cambiar", sostuvo el representante de la diplomacia estadounidense tras concluir su encuentro con el presidente Abelardo De La Espriella.Críticas al gobierno PetroDe acuerdo con lo expresado por Rubio en la capital del Atlántico, la actual administración colombiana recibió un panorama complejo en materia de gestión y seguridad pública."Desafortunadamente, este gobierno ha heredado una serie de desastres, malas decisiones que se hicieron. Ustedes están enfrentando los errores de los últimos 4 años y tienen que arreglar eso", aseveró.El secretario de Estado añadió que este escenario se sumó a las afectaciones por el reciente terremoto, aunque enfatizó en que existen oportunidades para recomponer la agenda conjunta.En sus declaraciones, Rubio también resaltó que la obligación principal de cualquier Ejecutivo es garantizar la seguridad de la ciudadanía y celebró los avances en esa materia.Asimismo, expresó su satisfacción por regresar al territorio nacional y proyectó un cambio positivo en el trabajo coordinado entre Washington y Bogotá."Me encanta estar en un país que ha sido nuestro aliado más fuerte en la región durante muchos años, y esperamos no solamente restaurar eso, pero también crear una época dorada de relación entre nuestros dos países", concluyó.
La audiencia de acusación contra Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, por el delito de violación de topes de campaña se realizará el próximo 30 de octubre a las 2 de la tarde, en una nueva etapa del proceso relacionado con los recursos que presuntamente no fueron reportados de manera correcta durante la primera y segunda vuelta presidencial.De acuerdo con lo señalado por el ente acusador durante la imputación de cargos, el exceso total en los gastos de campaña habría ascendido a aproximadamente 1.664 millones de pesos. Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que existen elementos materiales que demostrarían el conocimiento que tenía Roa sobre los gastos y reportes entregados a las autoridades electorales. El delegado del ente investigador aseguró que varias facturas fueron emitidas directamente a nombre del entonces gerente de campaña y contenían sus datos de facturación electrónica, dirección, teléfono y correo electrónico.De acuerdo con el ente acusador, el gasto real de la campaña en primera vuelta presidencial ascendió a 29.924 millones de pesos, cifra que habría superado en 1.388 millones el límite permitido por la ley electoral. Mientras tanto, en segunda vuelta, la campaña habría excedido el tope autorizado en 276 millones de pesos.Para el ente investigador, estas presuntas irregularidades comprometerían la transparencia electoral y afectarían el principio de igualdad entre los distintos competidores dentro del proceso democrático. Recordemos que por este caso hubo una reunión entre Ricardo Roa y el fiscal Elkin Ardila quien investiga la presunta violación de topes electorales, sin embargo, la Fiscalía le aclaró las condiciones necesarias para tramitar una eventual negociación. Para ello, Roa deberá presentar una solicitud formal por escrito, radicar una matriz de colaboración que identifique hechos y personas de interés para la investigación, y someterse a un interrogatorio previo. Con base en esta información, el ente acusador determinará si es viable otorgar un preacuerdo, que implica la aceptación de cargos a cambio de una rebaja de pena, o un principio de oportunidad, el cual suspende la acción penal a cambio de servir como testigo contra otros implicados.
El periodista Felipe Zuleta reveló en Mañanas Blu que el expresidente Gustavo Petro habría intentado comprar una vivienda de alta gama en el conjunto residencial Arboreto, ubicado en La Calera, Cundinamarca, utilizando su nacionalidad italiana para realizar el acercamiento inicial con una agencia inmobiliaria. Según el relato entregado por Zuleta, un agente de bienes raíces habría recibido días atrás una llamada en la que le informaron que un ciudadano italiano estaba interesado en comprar una casa en ese conjunto residencial.Las viviendas de Arboreto, de acuerdo con la información expuesta durante el programa, tendrían precios que oscilarían entre los $2.200 millones y los $2.800 millones.Así habría sido el acercamiento para comprar la casaZuleta contó que el supuesto comprador italiano habría establecido una condición particular para conocer las viviendas disponibles: las casas que fueran mostradas debían estar desocupadas o, en caso de encontrarse habitadas, sus residentes no debían estar presentes durante la visita.El periodista aseguró que el ciudadano italiano finalmente habría acudido a conocer una de las propiedades y que, posteriormente, el agente inmobiliario habría informado al propietario que el interesado era Gustavo Petro. La vivienda que habría visitado Petro tendría un precio inicial de unos $2.600 millones, según la versión entregada por Zuleta. El propietario, quien según el periodista sería un colombiano que actualmente reside fuera del país, habría rechazado la posibilidad de venderle la propiedad al expresidente.De acuerdo con el relato, tras conocer la identidad del supuesto comprador, el propietario habría alertado a otros residentes del conjunto sobre el interés de Petro en adquirir una vivienda allí.¿Por qué habría utilizado su nacionalidad italiana?Uno de los aspectos que generó preguntas durante la conversación en Mañanas Blu fue la identidad con la que presuntamente se habría presentado el comprador ante la inmobiliaria. Según el relato de Felipe Zuleta, Petro habría buscado presentarse como un ciudadano italiano, lo que habría permitido mantener en reserva, al menos inicialmente, su condición de expresidente y evitar que su identidad generara sospechas o reparos entre los propietarios. El contexto cobra especial relevancia porque Petro fue incluido por el Gobierno de Estados Unidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como lista Clinton, en octubre de 2025. Esta circunstancia habría generado inquietud entre los residentes del conjunto, de acuerdo con la versión entregada por el periodista.Además, durante la conversación surgió la pregunta sobre la eventual forma de pago de la propiedad. Zuleta señaló que tendría dos versiones sobre ese punto y reconoció que no estaba claro si se había hablado específicamente de un pago en efectivo..Otras casas también habrían sido descartadasSegún el relato del periodista, en ese momento habría tres viviendas disponibles para la venta en el conjunto residencial. Después de que el propietario conociera la identidad del supuesto comprador, las otras personas que tenían propiedades en venta también habrían manifestado que no estaban interesadas en concretar una operación con Petro.La situación habría generado preocupación entre algunos residentes del conjunto, quienes, según Zuleta, llegaron a expresar temor por posibles consecuencias derivadas de una eventual venta al expresidente. El periodista también relacionó la vivienda que habría visitado Petro con una fotografía publicada anteriormente por el exmandatario, en la que aparece sentado sobre una piedra. Según su versión, la imagen habría sido tomada en el jardín de la casa que presuntamente estaba interesado en comprar.
Por tener obligaciones que cumplir frente a las regulaciones y sanciones internacionales de Estados Unidos, Avianca canceló las reservas del expresidente Gustavo Petro para viajar en la ruta Bogotá-Ciudad de México-Bogotá. La aerolínea explicó que estas normas le prohíben prestar servicios o realizar transacciones a favor de personas incluidas en listas de sanciones de obligatorio cumplimiento.Entre esas restricciones está la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocida como SDN List, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.Avianca sostiene que, por las obligaciones regulatorias que le aplican, no puede realizar operaciones con personas cuyos bienes e intereses estén bloqueados por su inclusión en esta lista.En medio de todo este panorama se conoció la carta que fue enviada por la aerolínea Avianca al expresidente de la República de Colombia, tras conocer e identificar el caso.“Tras una revisión de cumplimiento normativo dentro de nuestros procedimientos regulares, hemos identificado que existen dos reservas en nuestra aerolínea bajo los códigos identificadores XXXX y XXXX en las cuales figura su nombre y el de otras dos personas para el trayecto BOG-MEX para el día 30 de agosto de 2026, con regreso el 2 de septiembre de 2026 en la ruta MEX-BOG, respectivamente. En el marco de esas mismas verificaciones, hemos detectado que su nombre se encuentra incluido en la Lista SDN que administra la OFAC”, se lee en la carta.La compañía explicó que estas normas estadounidenses sí involucran a Avianca, pese a que las reservas canceladas correspondían a un viaje entre Colombia y México. Esto, según la aerolínea, se debe a la estructura internacional de sus operaciones y a su presencia comercial, financiera y corporativa en Estados Unidos.Además, Avianca señaló que opera rutas hacia territorio estadounidense, realiza transacciones financieras en dólares a través del sistema bancario de EE.UU y utiliza tecnología y bienes de origen norteamericano. Por lo que debe cumplir las regulaciones internacionales y las sanciones administradas por las autoridades estadounidenses.“Reiteramos que la cancelación de los mencionados tiquetes obedece estricta y exclusivamente al cumplimiento de obligaciones regulatorias internacionales que vinculan a Avianca por la naturaleza y ubicación geográfica de sus operaciones”, se menciona en la carta.La compañía enfatizó que la medida no implicó la retención de los recursos correspondientes a la compra, por lo que será devuelto el dinero.
La garantía de los derechos fundamentales en Colombia atraviesa un momento crítico, según lo revelan las más recientes cifras consolidadas por la Corte Constitucional. Una radiografía que deja en evidencia las fallas o inconsistencias que se presentaron entre el 13 de enero y el 31 de julio de 2026, los últimos 7 meses del mandato del expresidente, Gustavo Petro.En los despachos judiciales del país procesaron un total de 661.741 acciones de tutela, configurando un radiograma donde la salud y las actuaciones administrativas concentran la mayor litigiosidad del Estado.En medio de este panorama, la Corte Constitucional identificó un total de 177.130 nombres únicos de entidades e instituciones demandadas durante los primeros siete meses de 2026.El informe ubica a la Nueva EPS como la institución que lidera la recepción de tutelas a nivel nacional. La Entidad de Salud concentra el 11,5 % de la totalidad de las demandas del país, con 76.279, reflejando las barreras que enfrentan miles de afiliados para el acceso a tratamientos, citas con especialistas y la entrega de medicamentos.En el mapa, la Nueva EPS al encabezar el número de tutelas en 17 de las 33 entidades territoriales analizadas, corresponde al 52% del país. Los niveles más elevados de demandas contra esta EPS se registran en departamentos como Amazonas (46,7%), San Andrés y Providencia (45,7%), Guainía (43,0%) y Arauca (41,1%).El segundo lugar de la lista nacional lo ocupan de manera conjunta las Secretarías de Movilidad y Tránsito. Estas dependencias agrupan el 10,3 % de los recursos de amparo radicados en el país, debido a reclamos continuos por procedimientos sancionatorios, fotomultas y fallas en la notificación del debido proceso.Justamente, las Secretarías de Tránsito dominan el panorama en 10 departamentos, que equivale al 30 % del territorio nacional, con especial incidencia en la Región Caribe y el Suroccidente, afectando jurisdicciones como La Guajira, Cauca, Cesar, Valle del Cauca, Magdalena y Atlántico.En la tercera posición se encuentran los propios Juzgados y corporaciones de la Rama Judicial, acumulando el 5,3 % de las solicitudes, con 35.344 tutelas.En los juzgados la cifra obedece a las tutelas interpuesta contra actuaciones, decisiones o dilaciones procesales en los distintos estrados del sistema ordinario. En este caso en Bogotá la mayor proporción de demandas se dirige contra la Rama Judicial y los despachos de juzgados, que abarcan el 8,5% de las tutelas tramitadas en la capital.Por su parte, la Unidad para las Víctimas (UARIV) con 19.909 tutelas, alcanzó su registro más elevado en el Caquetá con el 25,9 % de las tutelas del departamento, seguido por Putumayo con un 12,5 % y Nariño con un 15,3 %. El motivo determinante en estas regiones obedece al retraso en el pago de indemnizaciones administrativas y la demora en las respuestas a los derechos de petición de la población víctima.En el caso de las clínicas y hospitales (IPS), con 18.865 tutelas, con el 2,9 % del total nacional, concentrándose la mayor cantidad en Antioquia, Valle del Cauca y Santander. Esta recurrencia se debe a la desatención en urgencias complejas, la falta de camas UCI y los retrasos en la entrega de insumos especializados.Y la seguridad social no se encuentra por fuera de la lista, las Administradoras del Sistema General de Pensiones, encabezadas por Colpensiones, presenta también fuertes señalamientos, esto debido a la exigencia ciudadana en la resolución de peticiones, la liquidación de mesadas y el reconocimiento de bonos pensionales.En la lista también se ubican las Alcaldías Municipales y Gobernaciones, requeridas ante los jueces por el incumplimiento reiterado al derecho de petición, fallas en la prestación de servicios públicos o falta de respuesta a solicitudes de asistencia social.En otras regiones destacan dinámicas importantes como: Capresoca EPS lidera en Casanare con el 16,0 %; Emssanar EPS encabeza en Nariño (15,3 %) y Putumayo (12,5 %); mientras que Famisanar EPS concentra el primer lugar en Cundinamarca con el 13,3 %.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se desmarcó de los señalamientos que lo relacionan con el denominado “Petro-uribismo” al llegar este viernes al Búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde fue citado a diligencia de indagatoria por una investigación relacionada con las masacres de La Granja y El Aro y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.En su llegada a la Fiscalía, Uribe aseguró: “Ahora me acusan de Petro-uribismo para sembrar desconfianza en nuestros compañeros de lucha. Para esto no ha importado nuestra oposición sin declives con la Nación. Al Gobierno Petro lo combatimos mirando a los ojos y sin pretensiones de pactos o favorecimientos. Elegimos un presidente del Senado con condiciones de patriota”.El exmandatario también se refirió a las actuaciones y señalamientos relacionados con el expresidente Gustavo Petro: “A pesar de que esta acusación también está basada en los señalamientos y movidas del expresidente Petro, frente a él, como frente a cualquier ciudadano, acusado con o sin justicia, prefiero mi adhesión a las mismas garantías constitucionales que para mi reclamo, en lugar de caer en la rabiosa actitud del ‘diente por diente o del ojo por ojo’”, afirmó.Uribe agregó que acude a la diligencia en medio del dolor que, según manifestó, le produce la condena de su hermano, Santiago Uribe. “Acudo a esta acusación con el dolor de la injusta condena de mi hermano, un finquero básico, de valores morales, condenado por quienes no supieron de él más allá de las opiniones de sus acusadores, el mismo comité de mis adversarios políticos. Creí que le había servido a la Nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino. El dolor que me afecta no deteriora mi amor y mi lucha por Colombia, que permanece por encima”, señaló.La diligencia es adelantada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dentro de un expediente en el que el expresidente y exgobernador de Antioquia es investigado por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida agravado, concierto para delinquir agravado y hechos relacionados con la conformación de grupos paramilitares, específicamente el Bloque Metro.El caso tiene como antecedentes denuncias iniciadas desde el año 2000 y una compulsa de copias ordenada en noviembre de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, durante el proceso relacionado con el asesinato de Jesús María Valle.La investigación también contempla la posible omisión de deberes de protección a la población civil durante la gestión de Uribe como gobernador de Antioquia, así como señalamientos sobre un presunto fomento y apoyo al Bloque Metro en la hacienda Guacharacas y una eventual responsabilidad en la promoción o formación de organizaciones armadas paramilitares.
El expresidente Gustavo Petro, ha protagonizado recientemente una serie de momentos durante su traslado hacia México para cumplir con una agenda académica y editorial autorizada por el Congreso de la República. Su viaje estuvo marcado por complicaciones logísticas debido, tal parece a las sanciones de los Estados Unidos y un tenso episodio a bordo de la aeronave comercial en la que finalmente voló.El pasado 30 de agosto, el exmandatario tenía planeado viajar hacia México en un vuelo de la compañía Avianca. Sin embargo, la aerolínea canceló su tiquete a última hora.Petro fue incluido en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos el 24 de octubre de 2025. Las sanciones de la OFAC bloquean los bienes e intereses patrimoniales de Petro bajo jurisdicción estadounidense, pero no le prohíben viajar en avión. Avianca aplicó el "overcompliance" (sobrecumplimiento). La OFAC puede imponer multas que pueden superar los 250.000 dólares o comprometer sus licencias comerciales en el país norteamericano.El propio Petro confirmó esta situación en Ciudad de México durante una conversación grabada con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien expuso que Avianca devolvió el tiquete para evitar sanciones en territorio estadounidense. Sin embargo, la aerolínea no se ha pronunciado directamente sobre el caso.Ante la negativa de la aerolínea colombiana, Aeroméxico adoptó una postura distinta y aceptó transportarlo. Esto permitió al exmandatario cumplir con su agenda para dictar una conferencia sobre la crisis climática en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).El incómodo momento que pasó el expresidente Petro en vuelo a México por ciudadano que lo provocóEl viaje de Petro no estuvo libre de tensiones en el aire. Mientras se encontraba sentado en la cabina de primera clase de Aeroméxico, un ciudadano lo reconoció y grabó un video mientras los pasajeros abordaban el avión. El ciudadano se acercó a su asiento y le gritó repetidamente de manera efusiva la consigna: “¡Estamos firmes por la patria, firmes!”.Esta frase hace alusión directa a la campaña electoral del actual presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella. Frente a esta interpelación y saludo irónico, el expresidente Petro se mostró visiblemente incómodo. Sin embargo, prefirió ignorar al ciudadano, limitándose a revisar su teléfono celular y esbozar una leve sonrisa sin emitir ninguna respuesta verbal. El video de este incidente de pocos segundos se convirtió rápidamente en una de las principales tendencias de conversación en redes sociales como X."Exhausto": La explicación de su hija Andrea Petro ante las críticas por sus discursosA la par de las críticas por su accidentado viaje, el nombre del expresidente volvió a generar tendencia en redes sociales bajo el término "exhausto". Esto ocurrió tras una entrevista concedida por su hija, Andrea Petro, a quien le cuestionaron por qué el exmandatario a menudo pronuncia discursos enredados, difíciles de comprender o donde parece trabársele la lengua.Andrea Petro aclaró la situación explicando que el problema real se debe al exceso de trabajo al que se somete de forma constante el exmandatario. Según su hija, las intensas jornadas laborales obligan a su padre a estar profundamente exhausto, lo cual provoca de manera natural esos momentos de dificultad al hablar durante sus intervenciones públicas.Escuche aquí la entrevista:
El Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga ordenó suspender los efectos de la Resolución 0992 de 2026, mediante la cual el Ministerio de Ambiente adoptó una delimitación progresiva del Complejo de Páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín.La decisión se produjo tras una acción de tutela presentada por la ciudadana Yojanna Yulieth Serrano Gómez, quien alegó vulneraciones a sus derechos de participación ambiental efectiva, acceso a la información pública y debido proceso administrativo durante el proceso de delimitación.En el fallo de primera instancia, fechado el 2 de septiembre de 2026, el despacho concluyó que el Ministerio de Ambiente vulneró los derechos de la accionante al no entregarle información fundamental relacionada con la Resolución 0992, entre ella los mapas, coordenadas, anexos técnicos y científicos, estudios ambientales, actas y grabaciones de la jornada de concertación realizada el 18 de julio, así como la matriz en la que debían valorarse las observaciones ciudadanas.El juez también encontró una vulneración al debido proceso administrativo debido a que la resolución fue expedida mientras se encontraban pendientes varias recusaciones contra funcionarios que participaron en su trámite.Según el propio Ministerio de Ambiente, entre el 21 de julio y el 6 de agosto se presentaron recusaciones contra funcionarios de la entidad, pero estas solo fueron remitidas para su decisión al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el 13 de agosto, siete días después de expedida la Resolución 0992.El despacho recordó que, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, la actuación administrativa queda suspendida desde la presentación de una recusación y hasta que esta sea decidida. Para el juzgado, la resolución fue suscrita y produjo efectos durante un periodo en el que el procedimiento administrativo se encontraba legalmente suspendido.Otro de los aspectos cuestionados fue el momento en que se expidió la delimitación. La Resolución 0992 fue firmada el 6 de agosto, apenas 19 días después de la jornada de concertación realizada en Bucaramanga. Además, el Ministerio había informado el 18 de agosto que el proceso llevaba cerca de un 70 % de avance en la fase de concertación.Para el juez, esto evidenció que la decisión se adoptó sin que existiera previamente una respuesta motivada e individualizada a las observaciones planteadas por la ciudadanía.La Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional establece que la participación ambiental no se limita a convocar reuniones, sino que implica brindar información, permitir una intervención efectiva de las comunidades y valorar y responder de manera motivada sus propuestas y desacuerdos.La Defensoría del Pueblo, que estuvo presente en la jornada del 18 de julio, documentó además interrupciones, discusiones y confrontaciones entre los diferentes sectores participantes, circunstancias que, según el juzgado, impidieron el desarrollo fluido del diálogo.Frente a esta decisión, la alcaldesa de Vetas, Angélica María García, manifestó su satisfacción y pidió que el nuevo proceso de delimitación tenga una mayor participación de las comunidades.“Nos sentimos muy felices del fallo judicial que salió el día de hoy suspendiendo la resolución por medio de la cual el gobierno anterior había hecho una delimitación express desconociendo los acuerdos que se habían logrado en el año 2021 y 2022 con el Ministerio de Ambiente”, aseguró la mandataria.García sostuvo que espera que el nuevo Ministerio de Ambiente adelante un proceso “más elaborado”, con mayor sustento técnico y jurídico y con participación de las comunidades de los municipios ubicados en el área de influencia del páramo.“Tenemos la esperanza de que este nuevo gobierno realice un proceso de participación más elaborado, reconozca los acuerdos en los que habíamos llegado y realice una delimitación con un ejercicio más técnico y más jurídico”, agregó.El fallo, sin embargo, no declaró la nulidad de la Resolución 0992. El juez explicó expresamente que una decisión definitiva sobre la legalidad del acto administrativo corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La medida adoptada en esta tutela es provisional y busca proteger los derechos que fueron considerados vulnerados.En concreto, el Juzgado Doce Administrativo ordenó suspender los efectos de la resolución mientras el Ministerio de Ambiente resuelve de fondo las recusaciones pendientes. Para ello, le dio un plazo de cinco días hábiles desde la comunicación de la providencia. Posteriormente, la entidad deberá adelantar el procedimiento correspondiente para la delimitación progresiva, garantizando los derechos de participación, acceso a la información y debido proceso, en los términos establecidos por la Corte Constitucional.Además, el Ministerio tendrá 48 horas desde la notificación del fallo para entregar a la accionante una copia íntegra de la Resolución 0992, sus mapas, coordenadas, anexos técnicos y científicos, estudios, actas, grabaciones de la jornada de concertación y la matriz de valoración de las observaciones ciudadanas, indicando cuáles fueron aceptadas, rechazadas o incorporadas parcialmente.La decisión también desvinculó del proceso de tutela a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la CDMB, la CAS y CORPONOR, al considerar que no se acreditó una conducta activa u omisiva atribuible a estas entidades.De esta manera, el futuro de la delimitación progresiva del Páramo de Santurbán vuelve a quedar en manos del Ministerio de Ambiente, que deberá resolver primero las recusaciones pendientes y posteriormente continuar el procedimiento bajo las garantías de participación ciudadana, acceso a la información y debido proceso.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó una medida cautelar y ordenó la suspensión provisional de la ejecución del Convenio Interadministrativo Específico No. 001 de 2025 y del CI-005 de 2026, así como de los contratos y convenios que se deriven de estos, dentro del proceso relacionado con el nuevo modelo de expedición de pasaportes implementado por el Gobierno de Gustavo Petro La decisión fue adoptada el 2 de septiembre de 2026, dentro de una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.El Tribunal estudió una solicitud de medida cautelar que cuestionaba el esquema mediante el cual se busca desarrollar la producción, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes. La solicitud incluía inicialmente los Convenios Marco Interadministrativos 006 de 2024 y 007 de 2025, el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y el acuerdo suscrito con la Imprenta Nacional Casa da Moeda de Portugal. Sin embargo, la decisión final fue más acotada.De hecho, el Tribunal aclaró expresamente que la medida cautelar no suspende el instrumento suscrito con la entidad portuguesa ni se pronuncia sobre su legalidad. La suspensión se limita al Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025, al CI-005 de 2026 y a los instrumentos que se deriven de ellos.¿Por qué suspendió los convenios?Uno de los principales argumentos considerados por el Tribunal fue la falta de certeza sobre el estado real de ejecución del nuevo modelo de pasaportes. En su análisis, la corporación encontró una serie de elementos que, de manera preliminar, configuraron la denominada “apariencia de buen derecho”. Entre ellos mencionó la sucesión de cronogramas incumplidos, informes institucionales contradictorios, ausencia de soportes verificables sobre infraestructura, personal y avance de la operación, además de cuestionamientos relacionados con los requisitos presupuestales.Para el Tribunal, estas circunstancias evidencian una “planeación improvisada” y hacen que el estado real de ejecución del proyecto no pueda establecerse con certeza. A esto se sumó el llamado peligro en la demora. Según la providencia, la incertidumbre existente no constituye una situación hipotética, pues compromete el suministro de las libretas de pasaporte y podría exponer a los usuarios a una eventual paralización del servicio.La corporación también consideró que existía un riesgo para el patrimonio público debido al compromiso de recursos del Estado y a las dudas sobre el cumplimiento de los requisitos presupuestales.El Tribunal señaló que, independientemente de que posteriormente se determine o no la validez de los contratos —asunto que corresponde al juez natural del contrato—, la irregularidad advertida representa, en esta etapa, un riesgo cierto para el patrimonio público y es suficiente para acreditar la apariencia de buen derecho.La preocupación por la continuidad de los pasaportesLa decisión también aborda uno de los principales argumentos planteados por las entidades demandadas: que la suspensión podría afectar la prestación del servicio de expedición de pasaportes. El Tribunal concluyó que la medida cautelar no tiene como propósito ni como efecto interrumpir el servicio. Por el contrario, ordenó a las entidades involucradas adoptar las actuaciones administrativas, contractuales y operativas necesarias para garantizar la continuidad del suministro y evitar una afectación en la expedición de los documentos.La corporación explicó que mantener el esquema bajo las actuales condiciones de incertidumbre podría ser más perjudicial para los derechos colectivos que suspenderlo temporalmente mientras se aclaran las situaciones advertidas. Entre los riesgos señalados están una eventual paralización del suministro de libretas, problemas relacionados con la producción, custodia y personalización de documentos de viaje y la posibilidad de que continúen destinándose recursos públicos sin que exista certeza sobre el dominio efectivo de la tecnología que debía ser transferida al Estado colombiano.¿Qué ordenó el Tribunal?Además de suspender provisionalmente los dos instrumentos contractuales señalados, el Tribunal ordenó a las entidades involucradas presentar información detallada sobre la ejecución del modelo.El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la entidad portuguesa deberán entregar, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la providencia, un informe conjunto sobre las actividades ejecutadas, las fases implementadas, los compromisos materializados, el cronograma actualizado y los soportes que permitan verificar el estado real de implementación del modelo.También deberán presentar un informe integral sobre la cadena de producción de las libretas de pasaporte, incluyendo la ubicación de los centros de producción y la identificación de las entidades, contratistas, subcontratistas o terceros que participen en las diferentes etapas del proceso.No se suspendieron todos los convenios del modeloLa providencia hace una distinción relevante. El Convenio Marco 006 de 2024 no fue suspendido porque, según el Tribunal, ya había sido liquidado y no estaba vigente ni en ejecución.Tampoco se extendió la medida al Convenio Marco 007 de 2025, debido a que este tiene un carácter general de articulación entre el Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional y no está circunscrito exclusivamente a la producción y personalización de pasaportes.De igual manera, la providencia precisa que la decisión no supone un pronunciamiento sobre la nulidad o invalidez de los convenios. Se trata de una medida cautelar adoptada dentro de una acción popular para proteger provisionalmente los derechos e intereses colectivos mientras avanza el proceso.
La Fiscalía General de la Nación reactivó órdenes de captura que habían sido suspendidas contra integrantes de grupos armados cuyos representantes fueron designados por el Gobierno de Gustavo Petro como gestores de paz para participar en procesos de diálogo, negociación, acercamientos, conversaciones o espacios sociojurídicos en el marco de la política de paz total. La decisión se conoce luego de que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella desmontara la participación de varios de estos representantes mediante resoluciones que revocaron las designaciones de cabecillas de estructuras como el autodenominado ‘Estado Mayor de Bloques y Frente’, la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ y las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’.En el caso del denominado ‘Estado Mayor de Bloques y Frente’, la Fiscalía reactivó 27 órdenes de captura contra exmiembros representantes de esta estructura. Entre los nombres se encuentra Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, quien fue declarado persona ausente por un juez de control de garantías y contra quien la Fiscalía le imputa los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido en uno de los hechos, secuestro simple, desaparición forzada agravada, tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito de menor de edad.La investigación en su contra tomó relevancia después de la incautación de archivos durante un procedimiento realizado en un retén en 2025. Según la información suministrada, esos elementos permitieron identificar hechos que posteriormente fueron incorporados a la investigación judicial contra el señalado cabecilla.Dentro del mismo grupo aparece Diana Carolina Rey Rodríguez, conocida como alias ‘Erika’ o ‘Erika Castro’, señalada como pareja sentimental y mano derecha de ‘Calarcá’. También figura Javier Alonso Velosa García, alias ‘Jhon Mechas’, quien en una diligencia anterior se conectó desde la selva para recibir la imputación de cargos.La reactivación de las órdenes de captura también cobija a exmiembros representantes de la autodenominada ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’. En este grupo fueron reactivadas 13 órdenes de captura. Entre los nombres se encuentra Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, quien será extraditado a Estados Unidos, después de que la Corte avalara el procedimiento y este fuera firmado por el nuevo presidente.‘Araña’ había sido detenido en febrero de 2025 en un hotel de Bogotá mientras participaba en una reunión con delegados de paz, hecho que generó polémica debido a que para ese momento hacía parte de los acercamientos adelantados dentro de la política de paz del Gobierno Petro.También aparece José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’, señalado como líder de la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’, antes de las disidencias de la Segunda Marquetalia que participaba en conversaciones con el Gobierno Nacional. En este grupo también se encuentra Luis Andrés Figueroa Marín, alias ‘Popeye’, entre otros exrepresentantes.Finalmente, la Fiscalía reactivó seis órdenes de captura contra exmiembros representantes de las autodenominadas ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’. Los nombres incluidos son José Luis Pérez Villanueva, Emilio Pertuz Ballestas, Orlando Pérez Ortega, Elmer David Reyes Carrillo, Rafael Salazar Salcedo y Daniel Bravo Arias.
La Contraloría General de la República alertó sobre el comportamiento de los recursos públicos durante las últimas cinco semanas del anterior Gobierno de Gustavo Petro, tras identificar un aumento significativo en los giros y compromisos presupuestales. El organismo señaló que el monto movilizado prácticamente duplicó el promedio histórico registrado para esos periodos.“Usualmente, la referencia de gasto en el histórico es entre 30 y 32 billones. Esta vez fue una cifra superior a los 60 billones. Lógicamente, si estamos hablando prácticamente de que se duplicó, eso nos tiene que llamar poderosamente la atención”, afirmó el contralor saliente, Carlos Hernán Rodríguez. La revisión corresponde al periodo comprendido entre el 22 de junio y el 28 de julio, cuando la Contraloría identificó giros superiores a $64,44 billones y nuevos compromisos por $48,14 billones. La entidad activó una función de advertencia al Ministerio de Hacienda y ordenó visitas a esa cartera, a la Fiduprevisora y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. “Gracias a una visita de policía judicial, el equipo de economía, de la delegada, economía y finanzas públicas, se logró identificar unos parámetros que nos permiten concluir que puede haber unas inconsistencias en este cierre presupuestal y financiero”, afirmó Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía y las Finanzas Públicas.Rodríguez aclaró que los hallazgos hacen parte de un proceso de monitoreo y que, por ahora, deben manejarse bajo el principio de presunción. Sin embargo, señaló que se detectaron situaciones que requieren verificación, entre ellas pagos completos por servicios que no se habrían prestado en su totalidad y anticipos equivalentes al 100 % del valor de algunos contratos.“Son alertas que, lógicamente, nosotros le dejamos a la nueva administración para que tome las determinaciones de la configuración de eventuales hallazgos disciplinarios, penales o presuntas responsabilidades fiscales que existan en ese sentido”, sostuvo el contralor.La Contraloría también mantiene bajo revisión los más de $7 billones girados a la UNGRD y su fondo de emergencias, así como los aproximadamente $4,33 billones recibidos por Fiduprevisora durante el periodo analizado. La entidad busca establecer la trazabilidad, justificación y correcta ejecución de estos recursos antes de determinar si existen responsabilidades.
La Contraloría General de la República expresó su preocupación por el comportamiento y movimientos de los recursos públicos durante las últimas cinco semanas del anterior gobierno del expresidente Gustavo Petro.Según la declaración de la contralora delegada para Economía y Finanzas Públicas, Jenny Lindo, en julio se observó un crecimiento acelerado de los compromisos presupuestales y financieros, lo que llevó al organismo de control a activar una función de advertencia al Ministerio de Hacienda y a ordenar visitas a esa entidad, a la Fiduprevisora y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.Una de las principales alertas está relacionada con el volumen de dinero que se movió en ese corto periodo, entre el 22 de junio y 28 de julio.La Contraloría encontró giros superiores a los $64,44 billones, además de nuevos compromisos por $48,14 billones. En su declaración, Lindo señala que el promedio habitual identificado por la entidad estaba entre $30 y $35 billones, por lo que el aumento llamó especialmente la atención.Además, se identificaron casos en los que se hicieron dos o más giros a una misma persona en una misma fecha, por el mismo valor, con el mismo informe de ejecución y relacionados con un mismo contrato.También la Contraloría encontró pagos realizados muy poco tiempo después de la firma de algunos contratos y por eso considera necesario comprobar que los bienes y servicios realmente hayan sido entregados y que los pagos correspondan a las condiciones pactadas.Otro de los casos que genera preocupación son los recursos destinados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. La declaración de la contralora delegada señala un giro superior a los $7 billones a esta entidad y a su fondo de atención de emergencias y desastres que, según la revisión inicial, requiere soportes y evidencias que permitan establecer su justificación.La entidad busca comprobar, por tanto, que estos recursos tengan una destinación clara y que las operaciones cumplan con las reglas presupuestales y contractuales.La Fiduprevisora también aparece entre los puntos que requieren especial atención. Durante el periodo examinado recibió aproximadamente $4,33 billones como beneficiaria de pagos. Además, la Contraloría llamó la atención sobre 31 informes financieros y, particularmente, sobre uno relacionado con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el que el revisor fiscal señaló que no era posible obtener evidencias suficientes sobre algunas cuentas vinculadas a proveedores de servicios de salud.También se advirtió la ausencia de algunas actas del Consejo Directivo que permitirían verificar decisiones, instrucciones o autorizaciones con posibles efectos financieros.
Luego de 2 años de debate y más de 9 horas de discusión, la Sala Plena de la Corte Constitucional, aprobó con una votación de 7 a 1 la validez en el trámite de 85 artículos de la reforma pensional impulsada por el exmandatario Gustavo Petro. El conjuez Carlos Márquez fue quien salvó el voto.Con este fallo, el alto tribunal determinó que estas normas entrarán en vigor formalmente hasta abril de 2027, otorgando un margen de preparación al sistema antes de su aplicación definitiva.Sin embargo, la Corte ordenó devolver a la Cámara de Representantes 10 apartes y proposiciones clave que no fueron debatidos adecuadamente. Entre estos se encuentran dos artículos de forma completa y ajustes a otros seis puntos de la ley.La plenaria de la Cámara de Representantes contará con un plazo de 30 días hábiles para subsanar este procedimiento.De esta forma la discusión de la reforma pensional volvió a estar sobre la mesa de la Sala Plena de la Corte Constitucional, puesto que los magistrados debían revisar si el Congreso había corregido el problema de trámite que llevó a la Corte a devolver la ley en 2025. El caso era clave porque estaba en juego el futuro del sistema pensional y de los ahorros de cerca de 25 millones de colombianos.El origen de la discusión se remonta a 2024, cuando la reforma fue aprobada por el Congreso. La Corte encontró que, en el último debate de la Cámara de Representantes, no se había dado una discusión adecuada de los artículos, pues se había votado el texto que venía del Senado. Por esa razón, el 17 de junio de 2025 ordenó regresar la reforma al Congreso para que se corrigiera ese problema y se garantizara una deliberación adecuada.El Congreso volvió a tramitar la reforma en junio de este año, puesto que el gobierno Nacional de Gustavo Petro citó a sesiones extraordinarias, sin conocer el auto de la Corte Constitucional, por lo que la Corte tuvo que revisar si esta vez se había cumplido correctamente con lo ordenado.Tras este hecho, la magistrada Paola Andrea Meneses presentó una ponencia en la que consideraba que el error no había sido corregido y planteaba devolver nuevamente la norma a la Cámara para que el último debate se realizara de manera adecuada, revisando los artículos como correspondía, ponencia que fue discutida el día de hoy, 25 de agosto de 2026.La discusión estuvo en manos de siete magistrados: Paola Meneses, Natalia Ángel, Juan Carlos Cortés, Vladimir Fernández, Miguel Polo, Lina Escobar y Carlos Camargo. También participó el conjuez Carlos Pablo Márquez, que fue decisivo en caso.No participaron Héctor Carvajal, apartado del proceso tras prosperar una recusación relacionada con sus vínculos contractuales con Colpensiones, ni Jorge Enrique Ibáñez, quien quedó impedido para intervenir en el caso.De esta forma, la Sala Plena tenía sobre la mesa varias posibilidades: mantener la reforma, tumbarla, devolverla nuevamente al Congreso para corregir el trámite o permitir su aplicación bajo determinadas condiciones. La decisión debía definir si el procedimiento utilizado por la Cámara había sido suficiente para superar el problema señalado por la Corte o si, por el contrario, era necesario repetir nuevamente el último debate.
El contralor General, Jorge Eliecer Laverde, se posesionó en La Dorada, Caldas. Desde allí el presidente Abelardo De La Espriella aseguró que su Gobierno ha encontrado casos de presunta corrupción que se dieron durante los últimos cuatro años. Ante esta situación le pidió a Laverde la conformación de un grupo élite que pueda investigar estas denuncias.“Está usted frente una Colombia que exige resultados firmeza y que anhela recuperar la autoridad moral que fue menoscabada durante el cuatrienio anterior, un cuatrienio de piratas y ladrones”, dijo De La Espriella. En el mismo sentido señaló que la Contraloría debe actuar sin tintes políticos, incluso, contra funcionarios de este gobierno si se presume que cometieron actos de corrupción.“No vine a tapar a nadie, que caiga quien tenga que caer por más cercano que sea”, agregó el mandatario.Laverde por su parte aseguró que en el país se pierden cerca de 50 billones de pesos al año por casos de corrupción. “Seremos una contraloría preventiva, tecnológica, descentralizada y firme. Dejaremos atrás el control posterior de ir a tomar la foto al elefante blanco cuando el cemento ya se destruyó y los recursos ya se esfumaron”, dijo Laverde.
Siguen las disputas por el control del Consejo Directivo de Comfenalco Antioquia. La ministra de Trabajo, Natalia López, aseguró que denunciará irregularidades e intereses políticos cercanos al expresidente Gustavo Petro frente a la convocatoria de asamblea para el próximo 31 de agosto.Una disputa entre la Superintendencia del Subsidio Familiar, el agente especial de intervención designado para Comfenalco Antioquia y un grupo de directivos y afiliados mantiene en vilo el control de la Caja.En las últimas horas se conoció la denuncia de la ministra de Trabajo, Natalia López, frente a presuntas irregularidades relacionadas con decisiones judiciales a propósito de la asamblea citada para el próximo 31 de agosto.El actual agente interventor suspendió la Asamblea General que citaron los directivos de la Caja para solicitar información sobre la situación financiera, jurídica y administrativa. Sin embargo, esa decisión fue respondida con un recurso de reposición, un derecho de petición y tres acciones de tutela que ya cursan en juzgados de Medellín y el municipio de Heliconia.No obstante, la funcionaria del Gobierno nacional alertó que una de ellas obtuvo, en menos de un día, una orden judicial que reactiva la asamblea suspendida, pese a que la Caja permanece bajo intervención.Detrás del interés por la celeridad de esta elección de los cinco representantes principales de los empleadores y sus suplentes para el Consejo Directivo, estarían, según la ministra López, intereses políticos millonarios relacionados con el expresidente Gustavo Petro."No podemos tratar esta sucesión de hechos como una simple coincidencia. Me comprometo a que las autoridades competentes investiguen estas irregularidades, pues tenemos información y pruebas que pondremos en conocimiento de las autoridades sobre la posible actuación de una estructura de intereses políticos corruptos conocida como la Teraraña Azul, muy cercano al gobierno Petro", señaló.Por disposiciones de la más reciente convención colectiva, desvincular a cada directivo que ya está en su cargo costaría unos mil millones de pesos, lo que dificultaría removerlos de sus cargos. En definitiva, lo que está en juego es el manejo de un presupuesto de más de $974.000 millones durante 2026, recursos correspondientes a unos 436.000 afiliados.Sectores gremiales ya se han pronunciado sobre la situación, exigiendo transparencia en los procesos y que los intereses políticos se alejen de la administración de millonarios recursos de los trabajadores.
El Departamento de Estado de Estados Unidos reveló nuevos detalles sobre la deportación a Colombia de Beto Coral, activista identificado con el petrismo, y calificó su solicitud de asilo como un caso “fraudulento y frívolo” que, según Washington, contribuyó a congestionar el sistema migratorio estadounidense.La explicación fue entregada por Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, a través de una extensa publicación en su cuenta de X. El funcionario presentó el caso de Coral como un ejemplo del supuesto abuso del sistema de asilo por parte de personas que, según las autoridades estadounidenses, no cumplirían con los requisitos para permanecer en el país.¿Por qué deportaron a Beto Coral de Estados Unidos?Según Landau, Coral había solicitado asilo argumentando que era víctima de la guerra y la impunidad en Colombia. Sin embargo, el funcionario señaló que durante la administración de Barack Obama recibió un permiso de trabajo que posteriormente fue renovado durante aproximadamente una década.Durante ese periodo, según la versión del Departamento de Estado, Coral desarrolló una actividad política y pública en defensa del entonces presidente Gustavo Petro. Landau también recordó que Coral intentó llegar al Congreso de Colombia sin éxito y que realizó declaraciones contra un expresidente colombiano por las que posteriormente tuvo que retractarse.El funcionario estadounidense también aseguró que Coral intentó emprender acciones legales contra el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella.Las críticas de Beto Coral contra el Gobierno de Estados UnidosUno de los elementos centrales de la publicación de Landau fueron varias capturas de pantalla de mensajes publicados por Coral en redes sociales. El subsecretario destacó publicaciones en las que el activista denunciaba una supuesta persecución contra los inmigrantes en Estados Unidos y acusaba al Gobierno estadounidense de perseguir, torturar e incluso asesinar a migrantes.Entre los mensajes citados aparece uno en el que Coral se refiere a inmigrantes que, según sus palabras, estaban siendo “perseguidos, torturados y asesinados por el gobierno de los Estados Unidos”.Landau también reprodujo otro mensaje en el que Coral cuestionaba a los colombianos que votaron por Abelardo De La Espriella en Estados Unidos y lo calificaba de “mafioso”.Landau cuestionó la solicitud de asiloPara el subsecretario de Estado, las declaraciones públicas de Coral contrastaban con su solicitud de protección migratoria en Estados Unidos. Landau sostuvo que, mientras Coral se presentaba como una persona perseguida políticamente, también había realizado fuertes acusaciones contra el Gobierno estadounidense.El funcionario utilizó el caso para defender las medidas adoptadas por la administración estadounidense frente a las solicitudes de asilo que considera fraudulentas o sin fundamento. La publicación de Landau concluye que Coral fue deportado a Colombia después de que las autoridades estadounidenses determinaran que su caso no justificaba su permanencia en el país.La controversia se suma al debate migratorio en Estados Unidos, donde la administración de Donald Trump ha endurecido las medidas contra la inmigración irregular y ha anunciado acciones para reducir lo que considera abusos del sistema de asilo.
La Fiscalía General de la Nación respondió a las declaraciones de la exfiscal Lucy Laborde, quien aseguró que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la presionó para retirar el delito de lavado de activos del proceso contra Nicolás Petro, hijo del expresidente Gustavo Petro, y dejar solo enriquecimiento ilícito.Laborde, quien estuvo al frente de la investigación, también afirmó que fue perseguida y trasladada a Barranquilla en condiciones adversas, además de señalar que habría existido presión para alcanzar un acuerdo que otorgara un trato especial al procesado.“Fui apartada de mi familia, me trasladaron a Barranquilla en condiciones adversas”, afirmó la exfiscal, quien también cuestionó las condiciones en las que desarrolló su trabajo, porque no tenía oficina propia, asistente, investigadores ni siquiera una impresora.Frente a estas acusaciones que formuló Laborde en entrevista con la Revista Semana, la Fiscalía negó que Camargo hubiera impartido instrucciones para modificar los delitos o ejercido presión sobre Laborde. En un comunicado, explican que la reunión del 5 de septiembre de 2024 se realizó dentro de las facultades de la fiscal general y que tuvo como propósito revisar una solicitud de la defensa de Nicolás Petro para modificar la calificación jurídica y buscar un preacuerdo.“En ese espacio no se le impartió orden alguna para la eliminación de delitos, ni hubo coacción o presión”, sostiene la Fiscalía, que agregó que la solicitud de la defensa no fue aceptada y que el proceso continuó bajo la orientación jurídica de Laborde.La entidad también aseguró que la exfiscal recibió “pleno respaldo institucional” y recordó que Camargo la ratificó en el caso pese a dos solicitudes de la defensa para apartarla de la investigación.Niegan salida por persecuciónSobre su salida de la Fiscalía, la institución negó que estuviera relacionada con el proceso contra Nicolás Petro y explicó que obedeció al concurso de méritos para proveer 4.000 cargos de planta, realizado en cumplimiento de órdenes del Consejo de Estado.La Fiscalía indicó que 325 de los 420 fiscales especializados de la misma categoría de Laborde superaron las pruebas del concurso y comenzaron a ejercer sus cargos en propiedad. Añadió que la exfiscal no participó en el concurso para continuar en el cargo que ocupaba provisionalmente y que, además, cumplió los requisitos para acceder a la pensión de jubilación.La Fiscalía enfatiza que en el proceso contra Nicolás Petro se mantienen las acusaciones por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, al tiempo que defendió la autonomía con la que, según la entidad, actuó la exfiscal durante la investigación.
El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda fueron los encargados de emitir el discurso de réplica de la oposición a la alocución que el pasado martes realizó el presidente Abelardo De La Espriella.Petro comenzó su intervención asegurando que “La primera obligación de un Estado, de una sociedad, es la vida”, en referencia a la atención de la tragedia por el terremoto, y centró sus palabras en las decisiones tomadas durante las primeras horas de la emergencia, cuestionando que la falta de empalme del nuevo Gobierno convirtió esas primeras horas decisivas “en un desastre mayor del que había”.Petro señaló que, pese a la magnitud de la tragedia, no se hubiera aprovechado plenamente la capacidad estatal que, según dijo, ya estaba desplegada en los territorios.Recordó que durante su Gobierno se había expandido la presencia pública en salud y educación y sostuvo que esa infraestructura podría haber servido para responder con mayor rapidez.“El mayor instrumento para mitigar el terremoto es un Estado con presencia en todo el territorio colombiano”, afirmó, usando como ejemplo el buque hospital Benkos Biohó.Petro aseguró que la embarcación fue reconocida por el nuevo Gobierno “prácticamente una semana después” y cuestionó qué había ocurrido con los recursos que, según afirmó, su administración había dejado para la atención inmediata.“El buque podía dejar equipos de salud en el litoral e incluso internarse por los ríos del Pacífico”, señaló. También recordó que había realizado miles de operaciones en la región y criticó que permaneciera “7 días quieto en el puerto de Buenaventura” mientras se buscaban hospitales de campaña en otras zonas del país.Cabe recordar que la ministra de Salud del nuevo Gobierno, Ana María Vesga, aseguró que fue necesario hacer un traslado importante de personal e insumos a la costa Pacífica para poner en funcionamiento el buque, pues no tenía las capacidades necesarias.Por otra parte, Petro extendió su cuestionamiento a los llamados territorios saludables que, según explicó, habían sido establecidos durante su administración en el litoral Pacífico.“¿Por qué no se reactivaron si dependían de los dineros del Gobierno nacional?”, preguntó Petro, al sostener que médicos y enfermeras podían haber sido movilizados mediante helicópteros de la Fuerza Aérea y del Ejército.Para Petro, la explicación estuvo en una decisión política del nuevo Gobierno. “Es indudable que la capacidad desplegada por mi Gobierno en salud pública y presencia territorial de la salud no se utilizó por sectarismo e ignorancia”, dijo, criticando la decisión de no mover funcionarios por el hecho de pertenecer a administraciones anteriores.La participación de Israel en la atención de la emergencia fue otro de los puntos centrales de la intervención, pues para el exmandatario esto terminó “parcializando la ayuda” hacia una operación que calificó como “una inteligencia militar en terreno de Colombia por Israel”.Superada la fase más inmediata de la emergencia, Petro planteó la discusión que, a su juicio, apenas comienza: cómo financiar la reconstrucción. “Se necesitan 30 billones de pesos. ¿De dónde los vamos a sacar?”, preguntó. Rechazó que la respuesta fuera un nuevo endeudamiento público y advirtió que una deuda de esa magnitud terminaría siendo pagada por toda la sociedad.Su alternativa fue retomar la reforma tributaria presentada por su administración. “Tendría que recuperar nuestro proyecto de reforma tributaria que se presentó al Congreso ya y que es por valor de 20 billones”, propuso Petro. Según su planteamiento, esos recursos deberían provenir principalmente de los sectores más ricos del país. “¿Quiénes pagan? Los más ricos de Colombia”, afirmó, al defender que la reconstrucción se financiara con una mayor contribución de quienes tienen las mayores fortunas. A esa medida sumó la reducción de las tasas de interés para disminuir el peso de la deuda nacional y ampliar la capacidad presupuestal del Estado.Por otra parte, en su intervención, Iván Cepeda afirmó que desde el comienzo de la emergencia integrantes del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida habían participado en brigadas de rescate, puntos de acopio, distribución de ayudas, ollas comunitarias y brigadas de salud.Después de describir ese trabajo, resumió su lectura de la tragedia con una frase: “Solo el pueblo organizado salva al pueblo”. Cepeda defendió que las comunidades, las organizaciones sociales y las juntas de acción comunal tuvieran un papel central en los planes de reconstrucción, en alianza con universidades públicas, gobiernos territoriales y cooperación internacional.Cepeda cerró planteando que la oposición no renunciará al control político, pero tampoco a la posibilidad de trabajar para superar la emergencia. Advirtió que la reconstrucción no puede dejar atrás a los damnificados ni utilizar la emergencia para afectar a los sectores vulnerables, y reclamó garantías de techo, alimentación, agua potable y atención médica.También pidió vigilar cualquier presencia militar extranjera y facilitar la contratación directa con las organizaciones comunitarias.