El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, aseguró que las protestas que se desarrollan desde hace más de tres semanas en el país tienen dos componentes: uno relacionado con demandas sociales que, según dijo, ha entrado en una etapa de “desescalada” gracias al diálogo con el Gobierno, y otro encabezado por el expresidente Evo Morales, al que acusó de promover una estrategia de desestabilización política.“Esta demanda liderada por el expresidente Morales y un conjunto de líderes y organizaciones sociales demanda la renuncia del presidente Rodrigo Paz, cuyo carácter obviamente ya no es de conflictividad social, sino un movimiento de desestabilización político de la democracia y el orden constitucional”, afirmó Aramayo durante una entrevista en Recap Blu.El funcionario sostuvo que Morales estaría detrás de las movilizaciones que han derivado en bloqueos y protestas en distintas zonas del país. “No vienen a salir 1.200 representantes de las federaciones que él tiene bajo su control (…) a pedir la renuncia por motu proprio”, señaló.Tensiones diplomáticas con ColombiaDurante la entrevista, el canciller también se refirió a la decisión del Gobierno boliviano de expulsar a la embajadora de Colombia en La Paz tras los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre la situación política boliviana.Aramayo calificó los comentarios del mandatario colombiano como una “completa y total injerencia en la política interna boliviana” y cuestionó las publicaciones en las que Petro se ofreció como mediador en la crisis.“La mediación, el mediador tiene que ser neutral, tiene que ser validado por ambas partes”, afirmó. Además, agregó que el presidente colombiano “da información falsa” y “genera una alerta que no es real”.El canciller insistió en que la medida diplomática no representa una ruptura con Colombia. “Las relaciones con Colombia de hermandad con el pueblo colombiano para nosotros son algo entrañable de décadas y que no va a cambiar por esta situación”, expresó.Acusaciones sobre Evo MoralesAramayo también rechazó las declaraciones de Petro sobre una posible persecución contra Evo Morales y negó que existan acciones de captura impulsadas por Estados Unidos.“¿Dónde están las pruebas de ello? (…) me pareció tan inverosímil, pensé que era algún relato hollywoodense”, dijo el canciller sobre las versiones relacionadas con helicópteros y presuntos agentes de la CIA.Asimismo, afirmó que Morales debe responder ante la justicia boliviana por las investigaciones que enfrenta. “Que salga y que responda frente a la justicia”, declaró.Cambios en el Gobierno de Rodrigo PazEn medio de la crisis, el canciller confirmó ajustes en el gabinete del presidente Rodrigo Paz. Indicó que el ministro de Trabajo presentó su renuncia y que el Gobierno avanza en una “nueva arquitectura del Poder Ejecutivo”.Según Aramayo, la administración busca institucionalizar espacios de diálogo con distintos sectores sociales para reducir la conflictividad. “Lo único que queremos de la población es paciencia”, afirmó.Escuche la entrevista completa acá:
El presidente Gustavo Petro sostendrá una reunión oficial con el papa Papa León XIV el próximo 2 de julio en el Vaticano. La información fue confirmada por Andrés Hernández, coordinador de comunicaciones de la Casa de Nariño, quien aseguró que la visita se realizará por invitación directa del pontífice y contará con la presencia de varios integrantes del gabinete presidencial.“Así es, tenemos una visita oficial invitada por su santidad el día 2 de julio en el Vaticano”, señaló Hernández al referirse al encuentro entre el mandatario colombiano y el líder de la Iglesia católica.De acuerdo con el funcionario, el acercamiento entre ambas partes comenzó tras una comunicación enviada hace algunos días por el papa León XIV al presidente Petro, en la que se planteó la posibilidad de una visita oficial de Estado.“Decía el señor presidente en la comunicación que envió hace algunos días el Papa León XIV. Allí se espera que haya una visita oficial de Estado del presidente Gustavo Petro, estará allá en compañía de su gabinete”, explicó Hernández.Aunque todavía no se conocen detalles concretos de la agenda que desarrollarán en territorio vaticano, desde el Gobierno indicaron que continúan las conversaciones con la Santa Sede para definir los temas que serán abordados durante el encuentro.“Todavía se está en proceso de acordar la agenda con el Papa, con la comitiva de él y por supuesto el gobierno colombiano, para poder aceptar esta visita”, agregó el coordinador de comunicaciones de la Presidencia.Se espera que en las próximas semanas la Casa de Nariño entregue más detalles sobre la agenda oficial, los integrantes de la delegación colombiana y los objetivos diplomáticos de la visita al Vaticano.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una indagación previa contra el presidente Gustavo Petro, tras la revelación de un audio atribuido a alias ‘Pipe Tuluá’, cabecilla de la banda criminal “La Inmaculada”, en el que supuestamente afirma haber entregado recursos a la campaña Petro Presidente 2022.“Señala los audios publicados que presuntamente alias ‘Pipe Tuluá’ contaría con supuestas pruebas de los dineros entregados, como videos, audios y soportes de consignaciones. Adicionalmente, se indica que alias ‘Pipe Tuluá’ también habría señalado que los dineros no solo se habrían destinado a la campaña presidencial, sino también a otros asuntos relacionados con la DIAN y que esas pruebas serían entregadas a las autoridades de Estados Unidos”, se lee en el auto de la Comisión de Acusación.Por esta razón, se ordenó la práctica de pruebas para profundizar en el caso. “Para el logro de los fines previstos en la etapa de investigación previa, este despacho ordena lo siguiente: 1. Oficiar, a través de la Secretaría de la Comisión Legal de Investigación y Acusación, a la Fiscalía General de la Nación para que, con destino a esta investigación: 1.1. Informen y entreguen copia de las actuaciones, investigaciones, noticias criminales, procesos, preacuerdos, condenas, solicitudes de extradición, informes de policía judicial y demás documentos que cursen o hayan cursado en contra de alias ‘Pipe Tuluá’, especialmente aquellos relacionados con la estructura criminal denominada ‘La Inmaculada’, financiación de actividades ilícitas, lavado de activos, narcotráfico, extorsión, concierto para delinquir, corrupción, pagos a terceros, vínculos con funcionarios públicos o contactos con personas relacionadas con campañas políticas”, se lee en el documento.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este miércoles que las declaraciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sobre la situación interna del país, son un "ataque a la democracia", al justificar la decisión de expulsar a la embajadora colombiana, Elizabeth García."El ataque de Petro es un ataque a la democracia boliviana, porque él ha preferido su ideología que, parece, carece de conceptos democráticos, por encima de las relaciones y el respeto a la democracia de nuestras naciones", afirmó el mandatario en una rueda de prensa en la casa de Gobierno, en La Paz.Paz apuntó que la embajadora colombiana "se va" por ser "representante de la voluntad política" y "antidemocrática" de Petro y porque Bolivia no puede aceptar "tremenda injerencia".El mandatario recordó que su gobierno no hizo más que hablar de Colombia "en muy buenos términos" y que "nunca" lo hizo de la forma en que actuó el presidente colombiano.La Cancillería de Bolivia anunció este miércoles la expulsión de la embajadora de Colombia debido a las declaraciones de Petro respecto a los conflictos en Bolivia, lo que fue considerado por las autoridades bolivianas como "una injerencia", aunque se aclaró que la decisión no constituye una "ruptura de relaciones".El presidente Petro afirmó el domingo que Bolivia vive una "insurrección popular" que, a su juicio, es una "respuesta a la soberbia geopolítica", en referencia a las protestas y bloqueos de carreteras impulsados por sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y afines al exmandatario boliviano Evo Morales, quienes exigen la renuncia de Paz.Petro ofreció la disposición de su Gobierno, que concluye el próximo 7 de agosto, para contribuir a una salida pacífica de la crisis. También pidió que "no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas" y llamó a construir una "democracia profunda, multicolor" en la región.Este miércoles, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, expresó su respaldo al gobierno boliviano y afirmó que el país norteamericano no permitirá "que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente".El gobierno de Paz afirmó hace unos días que las protestas que exigen la renuncia del mandatario son dirigidas por el expresidente Morales (2006-2019) y financiadas supuestamente con dinero del "narcotráfico", con el objetivo de generar una "ruptura constitucional", algo que el político negó.La Paz, sede de los órganos Ejecutivo y Legislativo, es el departamento donde se concentran las protestas y cortes de vías que demandan la renuncia de Paz, quien lleva seis meses de gestión.Como consecuencia de los bloqueos de carreteras iniciados hace 15 días, comenzaron a escasear en esa región algunos alimentos, combustibles e insumos médicos, como oxígeno medicinal.
A diez días de las elecciones presidenciales, el registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que el sistema electoral colombiano está plenamente blindado y desestimó las dudas del presidente Gustavo Petro sobre un presunto riesgo de fraude mediante la manipulación del sistema informático.“El software no suma votos, el software no declara resultados, el software no dice quién es el presidente de Colombia”, enfatizó Penagos en entrevista con Mañanas Blu, aclarando que el proceso del país es eminentemente manual y que las actas físicas son el verdadero soporte de los escrutinios.¿Por qué no se puede hacer público el código fuente?El funcionario explicó que el código fuente representa la arquitectura y las líneas de programación del sistema de consolidación de datos. Entregar esta información de manera generalizada, como lo solicita el mandatario, pondría en peligro la estabilidad institucional."Ese software y ese código fuente no pueden entregarse a cualquier ciudadano porque eso genera graves riesgos para el proceso electoral: posibilidades de suplantación, de buscar mecanismos para alterarlo y vulnerarlo... Es como entregar la clave de la bóveda de un banco", dijo.Penagos aclaró que el programa informático pertenece al Estado, fue adquirido hace más de cinco años a la firma Indra, y es operado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Asimismo, indicó que el próximo 28 de mayo el código será congelado para garantizar que no sufra ninguna modificación antes de los comicios.Frente a la desconfianza del Ejecutivo, la Registraduría Nacional destacó que la principal auditoría está en manos de la ciudadanía y las campañas. Este 31 de mayo se contará con la participación de 860.000 jurados de votación y se espera la acreditación de más de un millón de testigos electorales.Los testigos contarán con dos herramientas clave para vigilar el proceso en las 122.000 mesas habilitadas:Registro fotográfico: Podrán tomarle fotos a los formularios E-14 antes de que sean trasladados.Reconteo inmediato: Tendrán la facultad de exigir la revisión de los tarjetones si detectan inconsistencias.El registrador concluyó señalando que los resultados concluyentes se conocerán hacia las 6:00 de la tarde con cerca del 70 % de la votación consolidada, y que los verdaderos riesgos de la jornada están en la compra de votos y la coacción externa, no en los sistemas de la entidad.Escuche la entrevista completa aquí:
A pocos días de las elecciones presidenciales, el registrador nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado a las campañas políticas y partidos para que designen el mayor número posible de testigos electorales en las mesas de votación, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la vigilancia ciudadana durante la jornada democrática.Durante una entrevista en Mañanas Blu con el periodista Néstor Morales, el funcionario explicó que estos actores tendrán facultades determinantes en el proceso electoral, especialmente en la verificación de las actas y la posibilidad de solicitar reconteos de votos.“Yo hoy invito a las campañas políticas y a los partidos que designen todos los testigos que puedan. Esa es la mejor tranquilidad que puede tener una organización política”, afirmó Penagos.El registrador detalló que para estas elecciones se espera superar el millón de testigos acreditados, cifra similar a la registrada en las elecciones legislativas pasadas. Incluso, recordó que el sistema electoral colombiano permitiría acreditar hasta 3,6 millones de testigos en todo el país.Testigos podrán fotografiar actas y pedir reconteoUno de los anuncios más relevantes entregados por Penagos tiene que ver con las nuevas herramientas de control que tendrán los testigos electorales en las mesas de votación.Según explicó, los representantes de las campañas podrán tomar fotografías de las actas electorales antes de que sean trasladadas para su digitalización y publicación oficial.“Los testigos podrán tomarle la foto al acta electoral antes de que esa acta sea publicada. Ahí pueden comparar el acta a la que le toman la foto con la que nosotros publiquemos para que tengan certeza de que es la misma”, indicó el registrador.Asimismo, confirmó que tendrán la facultad de solicitar reconteo de votos en caso de encontrar inconsistencias, una medida que busca brindar mayores garantías a las campañas y evitar cuestionamientos posteriores sobre los resultados.El funcionario insistió en que el sistema electoral colombiano sigue siendo manual y que las garantías están soportadas en la participación de jurados, jueces y observadores.“En Colombia son los jurados los que cuentan los votos y hacen las actas, y son los jueces los que declaran los resultados. No es la Registraduría”, enfatizó.Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votarDurante la entrevista, Penagos entregó detalles sobre la logística dispuesta para las elecciones presidenciales.De acuerdo con las cifras oficiales, un total de 41 millones 420 mil ciudadanos están habilitados para votar en Colombia y en el exterior. Además, se instalarán cerca de 122 mil mesas de votación, incluyendo aproximadamente 3 mil en consulados y embajadas fuera del país.También confirmó que fueron designados 860 mil jurados de votación, quienes actualmente participan en jornadas de capacitación.“Por favor asistan a las capacitaciones presenciales que se han convocado”, pidió el registrador al recordar que la correcta diligencia de las actas será determinante para evitar errores en los escrutinios.Penagos explicó que los jurados fueron seleccionados mediante un nuevo sorteo realizado sobre un universo de 2,45 millones de ciudadanos provenientes de empresas públicas, privadas y universidades.Resultados preliminares se conocerían desde las 6 de la tardeOtro de los puntos abordados fue el tiempo estimado para conocer los resultados de la jornada electoral. Aunque inicialmente se habló de un reporte consolidado hacia las 8:30 de la noche, el registrador aclaró que desde las 6:00 p.m. ya habría una tendencia clara sobre el comportamiento de la votación.“A las 6 de la tarde ya tenemos datos concretos”, afirmó Penagos, quien estimó que para esa hora podría estar consolidado cerca del 70 % del escrutinio preliminar.No obstante, reiteró que la prioridad será garantizar que el conteo se haga de manera tranquila y pública, evitando inconsistencias en las actas.Debate por el software electoral y el código fuenteLa entrevista también estuvo marcada por las preguntas relacionadas con las denuncias y dudas expresadas por el presidente Gustavo Petro frente al software electoral y la posibilidad de hacer público el código fuente del sistema.Ante esto, Penagos sostuvo que el proceso colombiano es “eminentemente manual” y minimizó el papel de las herramientas tecnológicas dentro del conteo de votos.“Los software y los códigos fuentes tienen un papel secundario. Si Colombia tuviese voto electrónico, las circunstancias fueran diferentes”, explicó.El registrador añadió que la publicación indiscriminada del código fuente podría representar riesgos de seguridad informática y reiteró que las verdaderas garantías están en las actas físicas y en la vigilancia de partidos, jueces y ciudadanos.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó fuertes acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda y el representante electo Hernán Muriel, luego del altercado registrado en inmediaciones de su residencia en Rionegro, Antioquia, donde un grupo de manifestantes intentó pintar un mural relacionado con los llamados “falsos positivos”.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el exmandatario aseguró que lo ocurrido no fue un acto artístico ni una protesta pacífica, sino una acción intimidatoria que, según él, buscaba generar violencia contra su familia y su entorno político.Uribe relató que decidió regresar a su vivienda tras ser alertado sobre la presencia de una multitud en el puente contiguo a la entrada de su casa. Según su versión, el grupo llegó en tres buses y varios de los asistentes portaban armas blancas.“Ese grafiti al parecer lo iban a pintar con puñaletas. Ahí estaban personas armadas. En los videos se ve claramente uno que tiene una puñaleta”, afirmó el exmandatario. El líder del Centro Democrático aseguró que uno de sus acompañantes resultó herido superficialmente tras ser perseguido por algunos manifestantes.Uribe responsabiliza a Petro y CepedaDurante la entrevista, Uribe elevó el tono político de sus declaraciones y vinculó directamente al senador Iván Cepeda y al presidente Gustavo Petro con el ambiente de confrontación que, según él, vive el país.“Petro y Cepeda quieren es incendiar el país estando ellos en el gobierno o por fuera del gobierno. Y esto necesita una fortaleza cívica tremenda para enfrentarlos”, expresó. El exjefe de Estado también afirmó que el representante electo Hernán Muriel habría coordinado las acciones del grupo presente en el lugar y aseguró que, en medio de una conversación para intentar bajar la tensión, Muriel recibió una llamada de Iván Cepeda.“Primero me tienen que matar”Uno de los momentos más tensos de la conversación se produjo cuando Uribe defendió la frase pronunciada durante el enfrentamiento con los manifestantes: “Primero me tienen que matar”.El exmandatario explicó que reaccionó motivado por la preocupación de que su esposa, Lina Moreno, se encontraba sola en la residencia mientras el grupo permanecía en las inmediaciones.“Ustedes primero me tienen que matar antes que venir a maltratar o a ofender a mi familia y a mi señora”, reiteró durante la entrevista. Uribe insistió en que el sitio donde se pretendía realizar el mural no era un espacio cualquiera, sino un puente en construcción ubicado justo en el acceso principal de su vivienda familiar en Rionegro.El expresidente comparó además el episodio con la violencia que marcó su historia personal y recordó el asesinato de su padre a manos de las Farc.Debate por el mural y los permisosEl incidente también abrió una discusión sobre la legalidad del mural que intentaban realizar los manifestantes. Mientras sectores cercanos al petrismo aseguraron que existían permisos para intervenir el puente, Uribe negó categóricamente esa versión.Según el expresidente, tanto la Gobernación de Antioquia como la Alcaldía de Rionegro le confirmaron que no existía autorización oficial para pintar el mural en esa estructura, que además —afirmó— aún no ha sido entregada por la concesión encargada de la obra.“No tenían permiso. Ese puente está en construcción y no le pidieron autorización a la concesión”, sostuvo. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, llegó posteriormente al lugar para mediar en la situación y verificar las condiciones de seguridad.Uribe pide diálogo con los jóvenesPese a la dureza de sus críticas contra Petro, Cepeda y Muriel, el expresidente hizo una diferenciación entre los líderes políticos y varios de los jóvenes que participaron en la protesta.Uribe aseguró que algunos de ellos estaban siendo “instrumentalizados” y anunció que buscará abrir espacios de conversación con sectores juveniles, especialmente con integrantes y exintegrantes de la denominada “Primera Línea”.“Hay unos muchachos que quieren dialogar. Tenemos que buscarlos y escucharlos”, señaló. El exmandatario afirmó que el país necesita simultáneamente una política de juventud y una política de confianza para atraer inversión y evitar escenarios de violencia.
La ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, afirmó este martes que Ecuador prepara una respuesta a la Comunidad Andina, después de que el organismo pidiera el pasado 7 de mayo a Ecuador y Colombia retirar los aranceles recíprocos, según dijo en una entrevista con el medio de televisión Ecuavisa.El plazo otorgado por la Comunidad Andina vence esta semana, tras conceder diez días hábiles a ambos países para reducir al 0 % las tasas aplicadas en su intercambio comercial.Actualmente, Ecuador mantiene un arancel del 100 % a determinados productos colombianos, que se reducirán al 75 % el próximo 1 de junio, mientras que Colombia elevó sus tasas para ciertos productos ecuatorianos de entre el 35 % y el 75 %.“Ecuador no desacata; somos respetuosos de la decisión que ha tomado la CAN”, señaló la canciller, quien indicó que en el proceso participan la Procuraduría del Estado y el Ministerio de Producción, entre otros.Gabriela Sommerfeld añadió que Ecuador “siempre va a estar defendiendo sus intereses” y pidió a Colombia “tomar conciencia” de la situación en la frontera común, donde el narcotráfico ha permeado “durante casi dos décadas hacia territorio ecuatoriano mediante el uso de sus puertos, vías y aeropuertos”.Además, y en el marco de las próximas elecciones presidenciales colombianas que se celebrarán el 31 de mayo, señaló que Ecuador está “abierto al diálogo” y a que se haga un “trabajo conjunto”, como en “gobiernos anteriores”, para elevar las capacidades de ambos países y brindar seguridad a las poblaciones de la zona fronteriza.Tras la petición de la Comunidad Andina de suprimir los aranceles, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el 8 de mayo que no tenía “ningún problema” en acatar las órdenes del organismo, pero el Gobierno ecuatoriano no se había pronunciado hasta ahora.La guerra comercial la inició el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para presionar a Petro con el argumento de que su administración no estaba haciendo lo suficiente para combatir el narcotráfico.Por parte de Ecuador, los aranceles fueron progresivamente en aumento, a medida que la tensión entre los dos países se incrementaba, pues comenzaron en el 30 % para después pasar al 50 % y posteriormente al 100 % desde el 1 de mayo, aunque se reducirán al 75 % el próximo 1 de junio.Mientras, Colombia impuso en respuesta aranceles del 30 % a los productos ecuatorianos, pero tuvo más cautela en seguir la escalada, pues dio marcha atrás en su intención de responder a los aranceles del 100 % de manera recíproca y finalmente optó por aplicar tasas diferenciadas que pueden ir más allá del 30 % en algunas partidas.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, exhortó al presidente Gustavo Petro para que contribuya a mantener un ambiente de tranquilidad, teniendo en cuenta que faltan menos de dos semanas para las elecciones del próximo 31 de mayo. Además, Eljach le recordó al jefe de Estado las normas que prohíben la indebida participación en política por parte de los servidores públicos.“Si bien es legítimo que defienda su obra de gobierno, es improcedente el uso de las plataformas oficiales o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral a favor de una causa o en contra de otra”, dijo el procurador.Asimismo, Gregorio Eljach señaló que el presidente, en su condición de jefe de Estado, debe dar ejemplo de respeto a la ley y a las garantías democráticas. “El presidente de la República debe ser el máximo ejemplo de neutralidad para la nación. Su condición de jefe de Estado no lo exime de su rol como servidor público; al contrario, lo obliga a ser el primer guardián de la ley, lo que incluye la prohibición absoluta de indebida participación en política electoral”.Además, el procurador advirtió que el órgano de control actuará con severidad a la hora de imponer una sanción disciplinaria, si es el caso, a los funcionarios públicos que participen indebidamente en política. Eljach aprovechó su llamado de atención a toda la sociedad, ad portas de la primera vuelta, para pedir respeto por las decisiones judiciales.“Me dirijo a ustedes para llamar, desde el presidente de la República hasta el último funcionario, al respeto de la independencia de los poderes y los órganos de control. Es un pilar fundamental de la democracia y sus decisiones deben ser acatadas a plenitud; sin embargo, pueden ser discutidas mediante los mecanismos legales”, aseveró el jefe del Ministerio Público.
El Gobierno de Bolivia expresó su rechazo a las declaraciones realizadas por el presidente Gustavo Petro sobre la situación política interna, después de que el mandatario colombiano hiciera referencia a las manifestaciones en Bolivia como una supuesta “insurrección popular”.“No debe haber presos políticos en ninguna parte de las Américas, debemos construir una democracia profunda”, escribió Petro, aunque sin mencionarlo, en referencia al expresidente Evo Morales, a quien el Tribunal de Tarija le dictó orden de captura y lo declaró en rebeldía por no presentarse al juicio que se le sigue por una relación que habría sostenido, cuando estaba en el cargo, con una menor de 15 años, quien tuvo una hija, y se investiga si es producto de esa relación.Pero, pese a ello, Morales no está detenido porque está evadiendo a la justicia en la región del Chapare, donde sus seguidores tomaron el aeropuerto después de que surgieran informaciones de que llegarían a la región funcionarios de la justicia para capturarlo.En un comunicado emitido la noche de este domingo, las autoridades bolivianas señalaron que las palabras del mandatario colombiano no reflejan la relación de amistad, respeto y cooperación que históricamente han mantenido ambos pueblos.Bolivia consideró improcedente cualquier interpretación externa que distorsione los acontecimientos actuales o contribuya a profundizar la confrontación entre bolivianos.El Gobierno del Estado Plurinacional reafirmó que los desafíos del país deben resolverse dentro del orden constitucional, con respeto a las instituciones democráticas y mediante mecanismos de diálogo que correspondan exclusivamente al pueblo boliviano.Asimismo, sostienen que “las transformaciones que requiere Bolivia, tras casi dos décadas de tensiones políticas, deterioro institucional y problemas estructurales, deben ser impulsadas por los propios ciudadanos, en un clima de paz, responsabilidad democrática y pleno respeto a la soberanía nacional”.En el comunicado también se recordó la importancia del principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, conforme al derecho internacional y a las normas que rigen las relaciones entre los países de América Latina y el Caribe.Recordemos que, en el mensaje, Petro también resaltó que en Panamá habló con el presidente de Bolivia sobre su padre, Paz Zamora, a quien definió como “el primer progresismo latinoamericano”. Resaltó el paso de Jaime Paz Zamora, padre del actual presidente de Bolivia, por Bogotá y Panamá en el exilio, donde, según Petro, recibió las visitas del general Omar Torrijos y del integrante del grupo M-19 Carlos Vidales, hijo del poeta. “Que ese recuerdo lo llene hoy de amor por su pueblo y abra el diálogo para transformar a Bolivia en una democracia cada vez más profunda y soberana, profundamente latinoamericana”, escribió el mandatario colombiano.
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, lanzó una dura crítica al presidente Gustavo Petro por sus constantes confrontaciones con las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación, el Banco de la República y otras instituciones del Estado. En entrevista en Sala de Prensa, el exmagistrado aseguró que el mandatario ha adoptado una estrategia sistemática de deslegitimación de los órganos de control con fines políticos y electorales.Según Arrubla, los recientes ataques del jefe de Estado contra decisiones judiciales y económicas no son hechos aislados, sino parte de un patrón que busca debilitar el sistema de pesos y contrapesos que sustenta la democracia colombiana. “No es solamente contra las cortes, es con todo lo que implique equilibrio de pesos y contrapesos democrático”, afirmó.El jurista cuestionó especialmente las declaraciones del presidente frente al Banco de la República, luego de que sugiriera que podría aumentar nuevamente el salario mínimo si la junta directiva no reducía las tasas de interés. Para Arrubla, esta actitud constituye una amenaza impropia del cargo y evidencia un uso político de las decisiones económicas. “Eso no lo habíamos visto aquí nunca. Eso es una amenaza”, señaló.También criticó la reacción del mandatario frente a la decisión del Consejo de Estado de suspender un decreto relacionado con el traslado de recursos de fondos privados de pensiones a Colpensiones. “El presidente entra en furia desmedida contra el Poder Judicial y amenaza con poner una denuncia penal contra el magistrado”, dijo Arrubla, quien cuestionó el interés del Gobierno por disponer de esos recursos.Para el expresidente de la Corte Suprema, esta confrontación responde a una estrategia de “capitalización del fracaso”, mediante la cual el Gobierno atribuye a las instituciones la responsabilidad de los obstáculos que enfrenta su agenda política. “Se vuelve una gestión política para próximas elecciones”, advirtió.Arrubla fue aún más contundente al afirmar que el presidente “está subvertido contra la Constitución” y que su visión apunta a concentrar el poder. “Él quiere una autocracia”, sostuvo, en referencia a la propuesta de una eventual asamblea constituyente y a las denuncias del mandatario sobre un supuesto “bloqueo institucional”.El exmagistrado alertó, además, sobre el riesgo de que se erosione la confianza en el sistema electoral. Recordó que Petro denunció un posible fraude sin presentar pruebas y consideró que estas afirmaciones pueden afectar la legitimidad de las elecciones de 2026. “Está minando la credibilidad del sistema electoral colombiano”, expresó.A juicio de Arrubla, el presidente de la República debe ser el principal garante de la unidad nacional y del respeto por las instituciones. “Es el primero llamado a que se respeten las decisiones de las cortes, así él no esté de acuerdo con ellas”, concluyó.
Hasta Barranquilla llegó este sábado el director general de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, para reportar que las obras de modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz han tenido un avance del 30% en los últimos dos años.Martínez indicó que el presidente Gustavo Petro arribará al Atlántico el próximo 29 de mayo para inaugurar él mismo la nueva zona de llegadas nacionales.“Me acaba de dar una noticia muy interesante el interventor: vamos al 30% en el nivel de ejecución de este hito. Es una excelente noticia. Cogí las obras al 3% cuando llegué y tengo exactamente seis meses. Ya vamos por el 30%”, declaró ante los medios de comunicación.La nueva sala de llegadas nacionales contará con tres bandas de maletas totalmente renovadas, aire acondicionado, un ascensor para 16 personas y una escalera eléctrica. Además, pantallas y una red contra incendios. Solo este sector cuenta con una inversión de 34.000 millones de pesos, sumados a otros 18.000 que garantizarán la infraestructura asoportuaria.Del mismo modo, el director no quiso referirse a la “megaconstrucción” anunciada por el Gobierno para esta terminal aérea, pues “será una primicia que entregará el mismo Presidente a finales de año”.“Por instrucciones del presidente Gustavo Petro, nos pondremos al frente de la megareconstrucción del aeropuerto Ernesto Cortissoz. El presidente en las próximas semanas irá a Barranquilla a hacer los anuncios de la estructuración financiera y los detalles de cómo se adelantarán estas obras”, fueron las palabras que en su tiempo mencionó el ministro de Interior, Armando Benedetti.Antes de que termine el periodo de este Gobierno, es decir, a mediados de julio, se tiene prevista la entrega de las salas para el muelle internacional y la nueva zona de inmigración. También contarán con escalera eléctrica, ascensor y aire acondicionado.Las obras totales de la terminal están tasadas en 54.000 millones de pesos, y pese a los retrasos que se reportaron durante años, dice la Aeronáutica Civil que están avanzando en tiempo récord, está aumentando la movilización de pasajeros y garantizando la responsabilidad para con la ciudad.
El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) presentó un balance de gestión del cuatrienio del gobierno en materia de infraestructura escolar.Según el informe se finalizaron 1.656 obras educativas en distintas regiones del país, con una inversión cercana a $1,4 billones. De acuerdo con la entidad, estas intervenciones permitieron habilitar 9.949 ambientes escolares entre aulas, laboratorios, comedores, cocinas y espacios recreativos.El balance también señala que actualmente hay 675 obras en ejecución y otros 395 procesos en etapa de estructuración y contratación. Entre los departamentos con mayor número de intervenciones concluidas aparecen Santander con 134 obras, Valle del Cauca con 118, Antioquia con 110, Boyacá con 96, Nariño con 97, Cundinamarca con 85 y Norte de Santander con 82. También se reportaron entregas en Chocó y La Guajira.Cerca de 634.800 estudiantes del sistema público tendrán acceso a estos espacios. En el informe, la entidad detalló la implementación del sistema de construcción “Steel Framing”, una tecnología basada en estructuras metálicas prefabricadas que reduce tiempos de obra y ahorrar un 90 % de agua frente a métodos tradicionales. Actualmente, más de 30 mil metros cuadrados de infraestructura educativa se desarrollan bajo este modelo en diferentes regiones del país.El FFIE también reportó la puesta en marcha de mecanismos de vigilancia digital para supervisar obras educativas mediante drones, cámaras 360°, transmisiones en vivo y plataformas digitales.
Tras la reunión entre el presidente Gustavo Petro con observadores, el presidente del CNE y el ministro del Interior, Armando Benedetti, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reiteró que el sistema electoral colombiano cuenta con garantías de transparencia y seguridad, pese a las dudas expresadas por el Gobierno sobre el software de escrutinio.El jefe adjunto de la misión, José Antonio De Gabriel, aseguró en conversación con Blu Radio que no es viable entregar el software como lo ha pedido el mandatario, porque eso podría abrir la puerta a eventuales manipulaciones del sistema. Según explicó, los programas utilizados en procesos complejos y sensibles no suelen ser entregados públicamente, precisamente para evitar vulnerabilidades.“El software de cualquier proceso es complejo, aunque sea transparente, no se entrega a nadie porque se fragilizaría y abriría la posibilidad a manipulaciones”, afirmó.El funcionario señaló que el debate no debe centrarse únicamente en el software, sino en la posibilidad de verificar que los resultados publicados coincidan con los votos depositados por los ciudadanos. Ademas, aseguró que el modelo colombiano, al ser mayoritariamente manual, permite una verificación más sencilla y ofrece salvaguardas suficientes para garantizar la transparencia electoral.“Lo importante es que los resultados que se publiquen se correspondan con aquello que se votó”, sostuvo.De Gabriel también indicó que la Misión Europea cuenta con especialistas en tecnología electoral que han acompañado las presentaciones realizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre los distintos softwares utilizados durante el proceso electoral.La observación internacional para las elecciones en Colombia será amplia. Además de la misión de la Unión Europea, habrá cerca de 800 observadores internacionales y más de 4.000 personas vigilando el desarrollo del proceso electoral, según información del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, expresó su preocupación frente al documento presentado por la Corte Suprema de Justicia en el debate sobre la ley de jurisdicción agraria, al considerar que algunas observaciones podrían afectar principios históricos de la reforma agraria en Colombia y limitar las funciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).En entrevista con Mañanas Blu, la funcionaria defendió la necesidad de mantener las competencias administrativas de la ANT sobre los bienes baldíos de la Nación y cuestionó que, a última hora del trámite legislativo, se planteen modificaciones que —según dijo— “rompen con más de 100 años del régimen agrario colombiano”.“El documento que se radicó y que circuló ampliamente ayer por redes sociales le atribuye la adjudicación de los bienes baldíos a los tribunales. Esto constituye realmente una aseveración bastante crítica, rompe con 100 años del régimen agrario y lo que hace finalmente es quitarle a la Nación la administración de sus bienes”, afirmó Carvajalino.La controversia se originó tras las observaciones hechas por la Sala Civil de la Corte Suprema al proyecto de ley de justicia agraria, iniciativa impulsada por el Gobierno Petro como una pieza clave de la reforma agraria y de la implementación del Acuerdo de Paz.Debate por los baldíos y el papel de los jueces agrariosEl centro de la discusión gira alrededor del artículo 9 del proyecto, que establece las competencias sobre los procesos relacionados con baldíos, recuperación de tierras y conflictos agrarios. Mientras sectores de la Corte Suprema y gremios agrícolas consideran que debe existir un mayor control judicial para evitar excesos del Ejecutivo, el Gobierno insiste en que la ANT debe conservar la capacidad administrativa para adjudicar y recuperar tierras públicas.Carvajalino aseguró que la preocupación del Ejecutivo surgió porque el documento conocido inicialmente sugería trasladar a los tribunales agrarios funciones históricamente ejercidas por la Nación.“Si aquí lo que se quiere es que la adjudicación de los bienes baldíos salga de la Nación, pues aquí estamos frente a una derogatoria expresa y clara de la reforma agraria que este país está adelantando desde 1961”, señaló la ministra.Posteriormente, la Corte Suprema emitió un comunicado aclarando que no pretende eliminar la fase administrativa de estos procesos, aunque la ministra insistió en que persisten dudas sobre el alcance del documento entregado al Congreso.“Nos preocupa que se quiera quitar los principios del proyecto de ley porque en esta nueva jurisdicción necesitamos unas normas que orienten la interpretación judicial”, sostuvo.Reforma agraria y cumplimiento del Acuerdo de PazDurante la entrevista, la ministra también respondió a quienes aseguran que el Gobierno pretende eliminar el papel de los jueces en los procesos agrarios. Según explicó, el Acuerdo de Paz contempla la creación de una jurisdicción agraria especializada, pero no obliga a que todas las decisiones sobre tierras sean judicializadas.“El acuerdo de paz nunca dice que hay que judicializar la decisión de los procesos agrarios”, afirmó. La funcionaria recordó que actualmente existen miles de procesos detenidos por falta de claridad jurídica y por las dificultades para implementar plenamente la jurisdicción agraria.De acuerdo con cifras expuestas en la entrevista, existen cerca de 38.000 procesos de clarificación de tierras pendientes y más de 73.000 conflictos agrarios que hoy cursan en despachos ordinarios. “Lo que nos quieren poner a hacer es que quede suspendida de facto cualquier decisión administrativa”, advirtió.Los conflictos rurales van más allá de los baldíosLa ministra insistió en que el debate público se ha concentrado únicamente en los baldíos, dejando de lado otros conflictos rurales que afectan diariamente a campesinos y propietarios.Entre esos problemas mencionó disputas por servidumbres, acceso al agua, invasiones de predios, contaminación de suelos y cierres ilegales de caminos rurales.“Los conflictos agrarios son cuando a los campesinos les corren la cerca, cuando les cortan la manguera de suministro de agua o cuando les cierran el tránsito y no pueden salir de su finca”, explicó.Según Carvajalino, la ausencia histórica de justicia efectiva en el campo colombiano ha permitido que actores armados ilegales terminen ejerciendo control territorial y resolviendo disputas mediante la violencia.Gobierno defiende facultades de la ANTOtro de los puntos defendidos por la ministra fue la necesidad de que la Agencia Nacional de Tierras conserve facultades de policía administrativa para actuar rápidamente en procesos de recuperación de baldíos y protección ambiental.La funcionaria puso como ejemplo la emergencia climática en Córdoba y el Bajo Sinú, donde el Gobierno busca intervenir terrenos ocupados irregularmente que afectan el flujo natural de las aguas. “¿Deberíamos recuperar los bienes baldíos de la Nación? Yo le digo sí”, enfatizó.Además, explicó que la propuesta del Ejecutivo contempla que las decisiones administrativas puedan tener control judicial automático e inmediato, buscando un equilibrio entre las competencias de la ANT y la intervención de los jueces agrarios.Congreso tendrá la última palabraAunque el debate ha escalado políticamente tras los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y las respuestas de distintos sectores políticos, la definición final del proyecto dependerá del Congreso de la República. El Gobierno espera que la discusión continúe en términos técnicos y jurídicos, mientras sectores críticos insisten en la necesidad de establecer límites claros entre las funciones administrativas y judiciales dentro de la nueva jurisdicción agraria.
La Universidad de Antioquia produjo el primer lote industrial de cloroquina, fármaco clave para el tratamiento de la malaria. El presidente Gustavo Petro destacó el logro frente a este producto, el primero del país producido por una planta de medicamentos públicaLuego de que a mediados de 2025 la Universidad de Antioquia recibiera el aval del Invima para la fabricación de cloroquina en su propia planta de medicamentos, su primer lote industrial ya salió al mercado.Así lo anunció en las últimas horas la institución de educación superior, quien destacó que en los próximos meses será constante la producción de este fármaco clave para el tratamiento de la malaria hasta cumplir con la demanda nacional.Wber Ríos, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Alma Máter, destacó la capacidad que actualmente tiene la dependencia que lidera para generar el medicamento que históricamente ha tenido que importarse en el país."La Universidad de Antioquia está en capacidad de entregar en dos meses 240.000 tabletas, y mes a mes seguir entregando un volumen tabletas importantes hasta cumplir la demanda que se requiere, que es de 1.700.000 tabletas"afirmó.Las tabletas producidas en este primer lote serán distribuidas a través de la Organización Panamericana de la Salud con el fin de fortalecer el acceso a medicamentos en las zonas más apartadas y vulnerables del país.El presidente Gustavo Petro se refirió a este hito como “orgullo industrial y del saber en Antioquia” y aseguró que “comienza la real producción farmacéutica en Colombia”.Esto a propósito de la producción en la misma planta de medicamentos públicos de la Niclosamida, el benznidazol y el praziquantel, otros tres fármacos incluidos en el convenio firmado con el Ministerio de Salud.En otro, ya está incluido otro recientemente respaldado por el Tribunal de la Comunidad Andina en medio de la disputa legal con farmacéuticas internacionales: el dolutegravir triconjugado, esencial para el tratamiento del VIH.
Una nueva controversia política se desató entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por cuenta de la entrega de títulos mineros que comprometen 9.832 hectáreas para explotación de oro a una multinacional china en el occidente del departamento.La discusión comenzó porque el gobernador Rendón cuestionó lo que calificó como una contradicción entre el discurso del presidente y las decisiones de su administración, advirtiendo que municipios como Buriticá, Giraldo y Cañasgordas quedarían sin áreas disponibles para procesos de formalización de minería local, mientras que a su juicio empresas legalmente constituidas y colombianas tienen aprobadas áreas menos extensas.El mandatario llamó “discurso de balcón el de Petro” y cuestionó que la decisión se conociera a pocos días de las elecciones a la presidencia."Mineros S.A. tiene solo habilitados 1.000 hectáreas para explotar minería de oro básicamente en el Bajo Cauca, y él le acaba de entregar a una multinacional china, le acaba de entregar 10.000 hectáreas entre Buriticá, a Cañasgordas y Giraldo. Por dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la coherencia de él?", cuestionó el mandatario regional.En respuesta, el presidente Petro aseguró en su cuenta de X que “la entrega de esos títulos los hizo la misma Gobernación de Antioquia en tiempo pasado”, rechazando así las acusaciones del gobernador.Sin embargo, el mandatario paisa replicó nuevamente y elevó el tono del debate, asegurando no solo que “primero cae un mentiroso que un cojo”, sino que fue durante el actual Gobierno cuando se aprobaron esos títulos mineros y afirmó que desde 2023 el Gobierno Nacional retiró al departamento la delegación minera, por lo que el ente departamental no tiene capacidad de decisión sobre esos procesos.Además, cuestionó que mientras se autorizan nuevas concesiones mineras, los pequeños mineros continúan esperando la prometida formalización por parte del Gobierno nacional.
Con la presencia del presidente Gustavo Petro, este viernes entró oficialmente en funcionamiento el Parque Universidad de la Universidad Industrial de Santander en el municipio de Málaga, considerado uno de los proyectos de infraestructura educativa más importantes construidos en Santander en las últimas décadas.La nueva sede universitaria inicia operaciones con seis módulos habilitados dentro de este moderno complejo académico que busca ampliar el acceso a la educación superior pública para miles de jóvenes del nororiente colombiano.La obra contempla espacios para formación académica, investigación, innovación y bienestar universitario, con auditorios, biblioteca, aulas de clase, laboratorios especializados, aulas de cómputo, zonas culturales, cafeterías y áreas administrativas distribuidas en un campus de cerca de 24 mil metros cuadrados.Durante el acto inaugural participaron representantes del Ministerio de Educación, directivas universitarias y autoridades regionales, en medio de una jornada que simboliza la apuesta del Gobierno Nacional y la UIS por fortalecer la educación pública en Santander y departamentos vecinos como Norte de Santander y Boyacá.El rector de la UIS, Hernán Porras Díaz, destacó que el proyecto nació como una visión de transformación institucional enfocada no solo en la construcción de edificios, sino en dignificar la educación pública y generar nuevos espacios para el conocimiento y la investigación.La sede representa una inversión superior a los 105.000 millones de pesos y comenzó su construcción en diciembre de 2023. Aunque desde este viernes entran en operación los módulos 1, 2, 3, 4 y 6, las obras de los módulos restantes avanzan y se espera que concluyan en junio de 2026.Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su diseño arquitectónico, liderado por el arquitecto Lorenzo Castro, que incorpora mármol travertino de la región, estructuras metálicas integradas al paisaje y un innovador sistema de “cáscaras de concreto” desarrollado en Suiza e implementado por primera vez en Colombia en esta obra.La entrada en funcionamiento del Parque Universidad ocurre en un contexto en el que la cobertura de educación superior en provincias apartadas sigue siendo uno de los principales desafíos de Santander. Durante años, estudiantes de García Rovira y municipios cercanos debían desplazarse hacia Bucaramanga u otras ciudades para acceder a programas universitarios.Con esta nueva infraestructura, la UIS busca consolidar a Málaga como un polo académico regional y fortalecer las oportunidades educativas y de desarrollo social para miles de jóvenes del nororiente del país.
Durante su intervención, el mandatario pidió a organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes coordinar acciones para defender los derechos establecidos en la Constitución de 1991 y preparar lo que denominó dos momentos constituyentes.“Tiene que convocar en el país y la sociedad a defender los derechos establecidos en la Constitución del 91 (…) la coordinación entre todo el movimiento campesino, las organizaciones indígenas y afrodescendientes deben coordinarse de inmediato y citar una asamblea”, afirmó.Este primer momento estaría enfocado en las próximas elecciones presidenciales, según explicó, a pesar de que no puede participar en política. “El primero es decidir si el próximo gobierno es de los desalojadores de la tierra o del campesinado, los indígenas y el pueblo trabajador”, señaló.Asimismo, habló de un segundo momento constituyente relacionado con la movilización rural y la defensa del acceso a la tierra. “Desde este momento preparar el segundo momento constituyente una vez se haya decidido el gobierno de Colombia, que es la movilización rural por el derecho a la tierra y la cultura”.El mandatario también cerró su discurso diciendo: “el presidente de Colombia los convoca a este momento constituyente en donde no vamos a permitir retroceder a 1886 sino que vamos a avanzar en el siglo XXI en que la gente tenga derecho a la tierra”.En medio de su discurso, Petro cuestionó un concepto emitido por la Corte Suprema de Justicia relacionado con los baldíos nacionales en regiones como la Orinoquía y la Amazonía. El presidente sostuvo que ese pronunciamiento limita la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras adelante procesos de saneamiento y adjudicación de tierras a campesinos. Además, pidió a abogados de derechos humanos emprender acciones jurídicas tanto en Colombia como en instancias internacionales.