El Gobierno Nacional decretará el próximo lunes la emergencia económica por el fenómeno de El Niño, con el fin de intervenir la deuda del sector agropecuario. La medida busca aliviar a siete sectores exportadores que generan 11.000 millones de dólares al año en ventas externas, pero que arrastran una cartera crediticia de 55 billones de pesos, según el anuncio hecho por el Ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, en medio de un debate de control político en el Congreso de la República.Para este congelamiento de la deuda se requiere, según explicó el ministro, primero la declaratoria de emergencia porque la congelación de pagos depende de una autorización especial. "Queríamos congelarla, pero para poder congelar, el superintendente financiero solicitó una emergencia nacional. La vamos a decretar, con el favor de Dios, el próximo lunes con el presidente y el consejo de ministros”, afirmó.Con el decreto en firme, la Superintendencia Financiera podría autorizar a la banca a suspender el cobro de esas deudas durante varios meses, sin afectar el historial crediticio de los productores. Paralelamente, el Gobierno adelanta un reperfilamiento de esa cartera a dos años, una medida que, según Dangond, reduce de inmediato el valor de las cuotas. "Cuando mandas una cartera a dos años, baja inmediatamente la amortización, el pago de la deuda, y eso es un tanque de oxígeno”, afirmó.
Luego de conocerse el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional tras el terremoto del pasado 10 de agosto, y de confirmarse que Santander quedó incluido entre los territorios cobijados por la medida, el gobernador Juvenal Díaz explicó cuál será la destinación de los recursos que pueda recibir el departamento.El mandatario departamental señaló que el dinero estará destinado exclusivamente a atender las afectaciones que el sismo haya ocasionado o agravado en la infraestructura de los colegios públicos de Santander.“Eso nos ayuda para arreglar algunas instalaciones que fueron averiadas, pero hay que tener mucho cuidado”, afirmó Díaz, quien además hizo un llamado a los alcaldes y funcionarios para que los daños sean reportados con precisión y no se incluyan en la emergencia problemas de infraestructura que ya existían antes del terremoto.El gobernador explicó que varios municipios ya reportaron ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres las instituciones educativas que presentaron afectaciones después del movimiento sísmico. Estos reportes fueron tenidos en cuenta para la inclusión de Santander en el decreto de emergencia.La situación también fue evidenciada en Bucaramanga. La secretaria de Educación, Martha Guarín, informó que después del sismo fueron identificadas 56 sedes educativas con afectaciones en su infraestructura, entre ellas grietas, movimientos en algunos muros y daños en cubiertas.“Aunque nosotros no fuimos una de las ciudades más afectadas, el hecho de que tengamos la infraestructura deteriorada implicó que tuviéramos 56 sedes educativas identificadas”, explicó la funcionaria.Guarín indicó que este reporte ya fue entregado al Ministerio de Educación Nacional y que la administración municipal también cuenta con un inventario de las instituciones que presentan problemas de infraestructura desde antes del terremoto.
"Que de conformidad con lo informado en el Reporte Situacional No. 47 de la Sala de Crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- (con corte 18:30 del 24 de agosto de 2026), el departamento de Putumayo reportó que sus afectaciones no se derivan del sismo a que hace referencia el presente decreto, razón por la cual fue removido de los reportes; así mismo, manifestó que se adicionan en sus reportes los departamentos de Caquetá y Santander", señala el documento firmado por todo el gabinete.Es importante recordar que en principio este decreto incluyó a 15 departamentos, la idea de la emergencia es poder emitir decretos con fuerza de ley pero sin pasar por el Congreso, de esta manera se hará más ágil la atención de los damnificados por este terremoto. En este decreto se incluyen además dos departamentos que, en principio, no habían sido incluidos. "Que el no haber incluido inicialmente en el artículo 1 del Decreto 1261 de 2026 a los departamentos de Santander y Caquetá, repercutiría negativamente sobre sus habitantes, toda vez de que su no inclusión dentro del ámbito territorial de la emergencia violaría de manera ostensible el derecho a la igualdad, puesto que a pesar de constatar afectaciones directas producto del sismo del 10 de agosto de 2026 en sus respectivas jurisdicciones, al igual que los restantes entes territoriales señalados en la declaración, aquéllos se verían privados del necesario apoyo estatal para enfrentar la calamidad pública", se lee en el decreto.Es importante recordar que la emergencia económica tiene un decreto madre, sin embargo, cada ministerio posteriormente publica otros documentos para atender desde cada área a los damnificados. La declaratoria de emergencia es, además, revisada por la Corte Constitucional, que puede ordenar modificaciones si percibe que alguna medida no está encaminada a la atención de las afectaciones.
La Corte Constitucional ya tiene magistrado ponente para estudiar el decreto de Emergencia Económica, Social y Ecológica expedido por el gobierno de Abelardo De La Espriella tras el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Por sorteo, el expediente quedó en manos del magistrado Juan Carlos Cortés González, quien deberá elaborar la ponencia sobre la constitucionalidad de la medida.El decreto, identificado como 1261 del 19 de agosto de 2026, declara la emergencia por grave calamidad pública en parte del territorio nacional. Ahora comienza formalmente su estudio en la Corte, luego de que el secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto González, remitiera el texto a la presidenta de la Corte, Paola Andrea Meneses Mosquera.Se trata, además, del primer decreto del gobierno de Abelardo De La Espriella que llega a este examen constitucional. Cortés asumirá el análisis después de que otros magistrados estudiaran decretos de emergencia de gobiernos anteriores: Miguel Polo Rosero tuvo a su cargo el correspondiente a febrero y Carlos Camargo Assis el de diciembre.Ahora, la decisión estará en manos de Cortés, quien deberá determinar si la declaratoria de emergencia cumple los requisitos establecidos por la Constitución del Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, firmado por el Presidente Abelardo de la Espriella y sus ministros, que declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en quince departamentos de Colombia por un término de 30 días calendario, que abarca a los municipios que registraron daños por el desastre o en los que se demuestre una afectación concreta y directa derivada del mismo.El Gobierno explica que las medidas habituales no son suficientes para responder a la magnitud de la tragedia, especialmente porque el país ya enfrenta dificultades económicas y poco margen en el presupuesto. Por eso, busca utilizar estas facultades especiales para tomar decisiones rápidas, como hacer cambios urgentes al presupuesto, conseguir recursos adicionales y establecer alivios en impuestos, destinados exclusivamente a atender la emergencia.
El Gobierno declaró oficialmente la emergencia económica por 30 días en Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle, Tolima, Putumayo, Norte Santander, Bolívar, Nariño y Sucre, por la calamidad pública que ha generado el terremoto del pasado 10 de agosto.La medida le da facultades al Gobierno para expedir decretos y otras medidas que permitan mayor flexibilidad para mover y reasignar recursos públicos; crear alivios tributarios, habilitar créditos de emergencia con tasas subsidiadas, apoyar el pago de salarios y aportes para proteger empleos, además de ayudas a independientes."Flexibilizar planes de premios y habilitar sorteos extraordinarios; y orientar de forma temporal recursos con destinación específica de Coljuegos hacia salud en los territorios afectados; adoptar medidas extraordinarias, excepcionales y transitorias destinadas a proteger los derechos de los trabajadores y demás afiliados al Sistema de la Protección Social y de las contribuciones parafiscales, y los programas de Gobierno", se lee en una parte del decreto.Así mismo, podrá tomar medidas para la flexibilización y ampliación de subsidios de vivienda, alojamiento temporal y reubicación, habilitación de espacios alternativos y modalidades remotas para mantener la educación y flexibilizar la entrega del PAE; recuperación acelerada de hospitales y servicios esenciales como energía, agua y telecomunicaciones y mayor rapidez en la contratación pública para obras de emergencia."Que el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado - FRISCO, administrado por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. - SAE, cuenta con inmuebles urbanos, rurales, muebles y activos líquidos ubicados estratégicamente en las zonas de influencia del desastre, que representan una fuente inmediata e indispensable de recursos y predios aptos para la instalación de albergues temporales, reasentamiento de familias vulnerables, centros de acopio y ejecución de obras de infraestructura de emergencia", añade el decreto.Finalmente, el decreto busca dar el respaldo legal para la movilización y reasignación de recursos de distintas fuentes públicas para financiar la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.Decreto de la emergencia económica:
En medio de su recorrido por la ciudad de Pereira, el Presidente Abelardo De La Espriella anunció que la próxima semana firmará el decreto que declara el estado de emergencia económica y social por cuenta del devastador terremoto de 7.4 que azotó cerca de 12 departamentos el pasado lunes 10 de agosto.“No vamos a parar, vamos a seguir trabajando. Mire, en esta circunstancia de Pereira y del departamento se requiere una actuación especial, por eso todo lo que requiere esta tierra maravillosa para su reconstrucción será incluido en la emergencia económica que presentaré la otra semana”, aseguró el primer mandatario.La emergencia económica y social es uno de los estados de excepción que están consagrados en el artículo 215 de la Constitución “cuando ocurran hechos graves que amenacen el orden económico, social, ecológico o constituyan una calamidad pública”.El estado de emergencia faculta al Presidente con la firma de todos sus ministros expedir decretos con fuerza de ley durante 30 días, prorrogables por otros 30 para tomar las medidas necesarias que le permitan conjurar la crisis.Los decretos ley serán sometidos al control inmediato de la Corte Constitucional y el Congreso podrá reunirse por derecho propio para debatir estos decretos hasta 10 días después de finalizado el estado de excepción.
Al cumplirse las primeras 72 horas del devastador terremoto de magnitud 7.4 registrado en Colombia, el país agota este jueves 13 de agosto la denominada "ventana de vida", el periodo crítico en el que existen mayores probabilidades de hallar a personas con vida bajo los escombros. Ante la magnitud de la crisis y las afectaciones de infraestructura, el presidente Abelardo De La Espriella declaró la emergencia económica nacional.De acuerdo con el balance oficial presentado por el mandatario nacional, el movimiento telúrico deja hasta el momento 265 personas muertas, 3.494 heridos y 496 desaparecidos. Asimismo, las autoridades registran la destrucción de 11.347 viviendas, daños en 53.526 casas y el colapso de 140 edificios.Por su parte, los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señalan que la emergencia impacta a 24.324 familias y genera afectaciones en 403 municipios distribuidos en catorce departamentos del territorio nacional.Labores de rescate a contrarreloj en los puntos más críticosLos trabajos de búsqueda se concentran principalmente en Cali y Pereira. En la capital del Valle del Cauca, cerca de 700 socorristas locales y 50 expertos internacionales intervienen en estructuras donde se estima la presencia de sobrevivientes. Según las autoridades locales, en Cali se ha logrado el rescate de 85 personas con vida, aunque más de 150 siguen desaparecidas.Paralelamente, el Instituto de Medicina Legal confirmó la recepción de 202 cuerpos, de los cuales 121 ya han sido identificados y entregados a sus familias, incluyendo a cinco menores de edad.Medidas del Gobierno tras la declaración de emergencia económicaPara hacer frente a la crisis, el presidente De La Espriella anunció la activación de la emergencia económica, mecanismo que permitirá constituir el denominado "fondo milagro". Esta bolsa de recursos estará destinada a financiar la reconstrucción de hospitales, escuelas, viviendas, carreteras y terminales aéreos.Según explicó el Ejecutivo, el paquete de medidas contempla:Subsidios temporales de arrendamiento para las personas que perdieron su vivienda.Cobertura en el pago de servicios públicos y ayudas monetarias a familias vulnerables.Alivios financieros, tributarios y esquemas de apoyo a comerciantes y pequeños empresarios.Tres días de duelo nacional en memoria de las víctimas mortales del sismo.Ayuda internacional y despliegue en territorio nacionalPor otro lado, para atender la contingencia, el Gobierno confirmó la llegada de contingentes especializados de rescate provenientes de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Israel y la agrupación mexicana Los Topos Aztecas.En respuesta a las críticas sobre la selección de la asistencia externa, el canciller Omar Bula aseguró que la ayuda internacional se gestiona sin condicionamientos ideológicos y en coordinación permanente con agencias de Naciones Unidas.A nivel local, instalaciones como el estadio El Campín en Bogotá funcionan como centros de acopio masivo, donde grupos de voluntarios clasifican alimentos no perecederos, agua potable y elementos de aseo para su posterior traslado a las zonas afectadas.
El presidente Abelardo De La Espriella declaró este miércoles la emergencia económica para atender la crisis ocasionada por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a varias regiones de Colombia el pasado lunes 10 de agosto.“La emergencia deberá contemplar medidas de reactivación económica”, expresó el mandatario al anunciar la decisión, con la que busca agilizar las acciones para atender las zonas afectadas y avanzar en su reconstrucción.Gobierno creará el ‘Fondo Milagro’ para reconstruir zonas afectadasDe La Espriella explicó que la emergencia económica permitirá poner en marcha un mecanismo denominado ‘Fondo Milagro’, una entidad que tendrá como objetivo canalizar los aportes nacionales e internacionales destinados a la recuperación de las regiones afectadas por el sismo.“La emergencia que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo”, señaló el presidente.El mandatario insistió en que acelerar la reconstrucción es una de las prioridades frente a la emergencia. Según explicó, las medidas también estarán orientadas a impulsar la actividad económica en las zonas afectadas.“La emergencia, además, queridos periodistas y compatriotas, deberá contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión, reduzcan los obstáculos para el desarrollo de proyectos y generen más empleos”, afirmó.Estas son las cifras que deja el terremotoDurante su declaración, el presidente también entregó una actualización de las cifras de afectados, con base en el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).De acuerdo con el balance, 25.872 familias y 53.816 personas han resultado afectadas por el terremoto. Además, se contabilizan 265 personas fallecidas y 3.494 heridas.Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es el número de desaparecidos, que, según el mandatario, ascendió a 496 personas.“Nuestros esfuerzos principales están concentrados en los desaparecidos”, afirmó De La Espriella al referirse a las labores que actualmente adelantan los organismos de emergencia.
La Corte Constitucional avaló de manera parcial la emergencia económica y social declarada por la crisis climática en Montería, Córdoba, tras las intensas lluvias, pero limitó varias facultades gubernamentales.¿Qué tumbó la Corte de la emergencia económica en Montería?El alto tribunal determinó que no procederán las medidas enfocadas en la atención de la crisis financiera de las empresas de servicios públicos de energía eléctrica, ni las destinadas a mitigar el riesgo sistémico para la continuidad de dicho servicio domiciliario.De igual forma, la Sala Plena dejó sin efectos las facultades extraordinarias de la Agencia Nacional de Tierras en materia de deslinde de tierras de la Nación, así como la recuperación de bienes de uso público y baldíos. Tampoco se permitirá la actualización de los planes de manejo de cuencas hidrográficas ni los procesos de acotamiento de rondas hídricas bajo este decreto excepcional.A pesar de tumbar estos apartes, el fallo emitió órdenes estrictas para el Ejecutivo y el Congreso de la República de cara al futuro. Ambas instituciones deberán incluir, desde sus competencias, el impacto climático en la preparación de los próximos Planes Nacionales de Desarrollo para optimizar la respuesta estatal ante desastres.Asimismo, el tribunal exhortó directamente al presidente de la República, en su condición de conductor del sistema de gestión del riesgo de desastres, a impulsar las medidas necesarias para asegurar el financiamiento permanente de estas políticas y fortalecer la capacidad de atención ante calamidades vinculadas al cambio climático.
Hay reacciones divididas entre los gremios empresariales tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender la segunda cuota del impuesto al patrimonio para algunos contribuyentes, mientras se toma una decisión de fondo. Algunos ven este como un buen inicio de la discusión y para otros es abiertamente una decisión equivocada.Tras la emergencia por lluvias en el norte del país, el Gobierno nacional declaró la emergencia económica y decretó el cobro de impuesto al patrimonio para todas las compañías con más de 10.000 millones en patrimonio. La suspensión aplica por el momento únicamente para entidades sin ánimo de lucro, como las universidades, y también para empresas que estén en liquidación."Es un buen inicio de la discusión porque no solamente se generan efectos nocivos hacia este segmento, sino que los efectos del decreto, desde el punto de vista de inexequibilidad y de la suspensión frente a estos decretos, no solamente debe darse hasta ese sector, sino hacia los sectores que tienen un ánimo de lucro, como es el sector industrial, el sector comercial, el sector empresarial del país. Porque al final del día, este impuesto también es una carga tributaria no deseada, que carece de proporcionalidad a la luz de la constitución colombiana frente a lo sucedido en el departamento de Córdoba", dijo el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda.Y es que los 34 gremios del Consejo Gremial Nacional, y otros sectores empresariales, ya le habían pedido a la Corte que suspendiera el impuesto al patrimonio por considerar que puede causar un impacto desproporcionado en la empresa privada.¿Qué dicen los gremios sobre la decisión de la Corte Constitucional?En ese sentido, hay gremios que ven con preocupación esta primera decisión. Entre ellos el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien dijo que la decisión era "lamentable"."El Gobierno no demostró en los decretos que se cumpliera el requisito de suficiencia, es decir, que los recursos que dice necesitar, no se puedan obtener por medios ordinarios, especialmente, reduciendo el derroche y el gasto burocrático en época preelectoral. Queda esperar que un Gobierno responsable y un Congreso consciente de su papel histórico, deroguen el absurdo e inconstitucional impuesto al patrimonio", agregó.
Un bus chocó con un vehículo tipo niñera en el tunel # 6 de la carretera, entre Loboguerrero y el puerto sobre el Pacífico.De manera preliminar se habla de varios fallecidos, entre ellos, el conductor del bus.En desarrollo.
La ley de rescate económico, o ajuste fiscal, contempla un aumento del costo final de la medicina prepagada y una reducción de ese costo para quienes tienen seguros complementarios de salud y otro tipo de pólizas.La medicina prepagada pagaría un IVA del 19 % y los demás planes quedarían excluidos del impuesto, un tratamiento diferencial que ha sido objeto de debate en redes sociales. El IVA a la medicina prepagada es el punto que más reclamos ha generado.¿Por qué se tomó la decisión? Según el Gobierno Nacional, esa decisión tiene que ver con el nivel de ingresos de quienes compran seguros privados de salud, porque solo los más adinerados están accediendo a la medicina prepagada."El 80 % de las personas con medicina prepagada pertenece al 20 % de la población de mayores ingresos, mientras que el 66 % se concentra en el 10 % de mayores ingresos. En contraste, entre quienes adquieren otros planes voluntarios de salud, como pólizas y planes complementarios, solo el 29 % pertenece al 10 % de mayores ingresos", dijo el Ministerio de Hacienda en respuesta a consultas de Blu Radio.En los últimos años, el deterioro del sistema de salud llevó a una verdadera explosión de demanda de seguros privados. Según Acemi, hoy hay cerca de 1,5 millones de personas en Colombia con contratos de medicina prepagada, un 35 % por encima de las cifras registradas hace tres años.El mercado de las pólizas también está creciendo. Al cierre de 2025, 1,8 millones de colombianos tenían contratos con aseguradoras para financiar su atención en salud, según Fasecolda.Las cifras no incluyen una amplia gama de servicios 'plus' o 'complementarios' que son ofrecidos por las propias EPS con el objetivo de dar un acceso preferencial a una lista corta de servicios. Todos ellos verían una reducción del IVA a pagar, que pasaría del 5 % al 0 %.¿Recibe compensación de IVA? Esto es lo que cambiaría para usted con la reformaDesde la pandemia, el Gobierno colombiano está compensando el IVA pagado por los hogares de menores ingresos. Actualmente, unos 700 mil hogares están en el programa de devolución del DPS y reciben por este concepto unos 111 mil pesos cada uno.Con la reforma tributaria, la compensación de IVA desaparece y se crearía el programa EfectIVA, que implica devoluciones para 35 millones de personas. La promesa del Gobierno es que las familias beneficiarias de la compensación que existe hoy (las que van a recibir los giros desde este fin de semana) serán protegidas en la transición."Ningún hogar que actualmente recibe la compensación perderá ese beneficio durante la transición, ni recibirá menos de lo que recibe hoy", explicó el Ministerio de Hacienda.Hay varias diferencias entre el programa actual y EfectIVA. Por ejemplo, el nuevo programa funcionaría por personas y no por familias.Si se aprueba la reforma, el monto máximo de IVA que le van a devolver a una persona equivale a unos 288 mil pesos mensuales y, dependiendo de su nivel de ingresos, esa devolución será total o parcial. Le pueden devolver el 30 %, el 50 % o el 100 % del IVA."La compensación que opera hoy es una transferencia monetaria que estima el IVA pagado por cada hogar a partir de un nivel de consumo calculado. La devolución, en cambio, le regresa a cada persona el IVA que efectivamente pagó", agregó el Gobierno.No hay que perder de vista que en el nuevo sistema la devolución se haría únicamente por compras con factura electrónica.
Las intensas lluvias registradas durante los últimos días en la Alta Guajira han generado dificultades de movilidad y dejado incomunicadas a varias comunidades indígenas, cuyos habitantes enfrentan problemas para acceder a servicios y productos esenciales.La situación ha impedido que algunas familias puedan salir en busca de agua potable, alimentos y medicamentos, así como trasladar a personas enfermas hacia los cascos urbanos de municipios como Uribia y Manaure, para que reciban atención médica. Las crecientes de los arroyos han complicado aún más el panorama en esta zona del departamento.A estas afectaciones se suman las dificultades que enfrentan los transportadores para movilizarse por las trochas. Las malas condiciones del terreno y el aumento de los caudales han obstaculizado el paso de vehículos que llevan alimentos y otros productos hacia diferentes sectores de la región.Habitantes y transportadores manifiestan su preocupación por las consecuencias que puede traer esta situación, especialmente para las comunidades indígenas que dependen del abastecimiento externo para acceder a productos de primera necesidad y servicios básicos.“ Para esta temporada, la situación es muy difícil a los operadores de estos programas del ICBF han tenido pérdidas porque se mojan los productos porque los camiones se llevaran en las trochas y cualquier cantidad de dificultades para llevar los alimentos y también pasa lo mismo con los medicamentos”, dijo Wilberto Teherán, habitante de la Alta Guajira.Ante este panorama, las comunidades hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que atienda las afectaciones, facilite el acceso a agua a las comunidades y disponga las acciones necesarias para garantizar el suministro del líquido, alimentos, medicamentos y atención médica a las familias damnificadas.
El representante a la Cámara Héctor Chaparro, integrante de la Comisión Tercera y del Partido Liberal, expuso los reparos de su bancada frente a la Ley de rescate económico presentada por el Gobierno nacional. Tras una reunión en Barranquilla con integrantes del Ejecutivo y representantes de diferentes partidos, señaló que existe preocupación por los impuestos propuestos para la canasta familiar, el sector agropecuario y las personas con ingresos superiores a cinco millones de pesos.El congresista reconoció la necesidad de tomar medidas para enfrentar el déficit fiscal, pero advirtió que el proyecto debe tener viabilidad política en el Congreso y contemplar alternativas de recaudo. “La magnitud de la crisis fiscal puede afectar a todos los hogares colombianos”, afirmó.Chaparro indicó que los partidos de gobierno e independientes presentaron sus inquietudes durante el encuentro, en el que participaron el vicepresidente de la República, los ministros de Comercio, Transporte e Interior y el director de la Dian.¿Qué reparos tiene el Partido Liberal frente a la Ley de rescate económico?Uno de los principales puntos de preocupación es el aumento del IVA para productos de la canasta básica y elementos utilizados en el sector agropecuario, como fertilizantes, plaguicidas y distritos de riego. También mencionó los cambios en el impuesto de renta para personas que reciben más de cinco millones de pesos, el incremento de los parafiscales y los posibles efectos de los impuestos a las bebidas alcohólicas sobre las rentas territoriales.El representante recordó que el Gobierno busca reducir una brecha fiscal superior a 90 billones de pesos, por lo que considera necesario revisar las fuentes de financiación. “Es necesario que hoy se trabaje articuladamente entre el Gobierno y el Congreso para buscar una ley que realmente logre generar unas medidas para el ajuste fiscal”, sostuvo.¿Qué opina Héctor Chaparro del IVA a las compras en plataformas digitales?Chaparro también se refirió a la propuesta de eliminar la exclusión del IVA para los envíos urgentes de menos de 200 dólares. La medida implicaría que compras realizadas mediante plataformas como Amazon, Temu y Shein paguen la tarifa general del 19 %.El congresista consideró que el tema debe discutirse en el Legislativo. Explicó que la exclusión comenzó en 2014, antes de la expansión del comercio electrónico, y que actualmente puede generar diferencias entre quienes compran en plataformas digitales y quienes adquieren los mismos productos en establecimientos físicos.“Hay un desnivel en esta cancha”, señaló. Además, mencionó el llamado pitufeo, una práctica que describió como la agrupación de cientos de pedidos de bajo valor en una misma dirección para evitar el pago del impuesto.Sobre las alternativas de recaudo, cuestionó que se plantee reducir el impuesto de renta a las empresas mientras se proponen nuevos cobros para otros sectores. “Tenemos que pensar precisamente en cuáles son los impuestos que realmente vamos a aumentar”, afirmó.Finalmente, anunció que el Partido Liberal presentará en los próximos días una propuesta como bancada de las comisiones económicas para plantear alternativas frente al proyecto del Gobierno.
El Chontico Día es uno de los juegos de chance más reconocidos del Valle del Cauca. Cada jornada reúne a miles de participantes que siguen el sorteo y revisan la combinación ganadora para comprobar si sus apuestas fueron favorecidas.Resultado del Chontico Día hoy, lunes 9 de noviembre de 2026El resultado oficial del sorteo de este lunes está pendiente de publicación. Estos son los datos que podrán consultar los apostadores una vez se anuncien las cifras:Número ganador: pendiente de publicación.Dos últimas cifras: pendiente de publicación.Tres últimas cifras: pendiente de publicación.Quinta balota: pendiente de publicación.Los resultados pueden verificarse en los canales autorizados y en los puntos de venta. Además, el sorteo se transmite en vivo para quienes desean seguir el anuncio del número ganador.¿A qué hora juega el Chontico Día?El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales están disponibles después del sorteo a través de los medios habilitados para su consulta.¿Cómo se juega el Chontico Día?Los participantes pueden elegir entre seis modalidades, según las cifras que quieran acertar:Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su posición.Tres cifras directo: requiere coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.Tres cifras combinado: premia el acierto de las tres cifras finales en cualquier orden.Dos cifras o pata: consiste en acertar los dos últimos números.Una cifra o uña: entrega premio cuando coincide únicamente el último dígito.¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?El juego permite participar con diferentes presupuestos, dentro de los valores establecidos:Apuesta mínima: $500.Apuesta máxima: $10.000.¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar la documentación exigida en los puntos autorizados. Los documentos básicos son:Tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días, expedida a nombre del ganador. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.Con sorteos diarios, seis modalidades de apuesta y distintas opciones para acertar, el Chontico Día conserva su presencia entre los juegos de chance más consultados en el Valle del Cauca.