Mientras el país espera que el presidente Gustavo Petro cumpla su palabra y derogue el llamado “decretazo” tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, el Gobierno anuncia que impulsará la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
A pesar de que de manera insistente en las campañas a la presidencia de 2018 y 2022, Gustavo Petro había dicho que en caso de ser elegido no buscaría una Constituyente, desde hace varios meses esa posibilidad ha formado parte del discurso del jefe de Estado, impulsado primero por su excanciller Álvaro Leyva y ahora por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Lo que han cambiado son los pretextos: Leyva argumentaba que se necesitaba una Constituyente para cumplir el acuerdo de paz, mientras que Montealegre habla de un supuesto bloqueo institucional.
Por ahora son pocos los detalles que se conocen sobre el mecanismo en el que está pensando el Gobierno para convocar a una Constituyente; sin embargo, tanto el presidente Petro como el ministro Armando Benedetti han explicado que buscarían introducir una suerte de papeleta o tarjetón para que los colombianos decidan en las elecciones para Congreso de la República que se realizarán en marzo del año entrante, si apoyan o no esa posibilidad.
De acuerdo con la teoría del Gobierno, lo que se busca es que los ciudadanos mayoritariamente digan sí a la Constituyente, lo cual, en opinión de los juristas que respaldan al Ejecutivo, se convertiría en un mandato tanto al nuevo Congreso como al nuevo Gobierno, para que convoquen la Asamblea para reformar la Constitución de 1991.
A pesar de que el presidente Gustavo Petro quiere revivir el escenario político y social que desembocó en la convocatoria a una Constituyente en 1990, de cara a la Constitución de 1991, la verdad es que no hay ninguna posibilidad de que eso suceda: de acuerdo con los expertos juristas, en el 90 se acudió a esa figura porque la Constitución de 1886 no contemplaba un mecanismo para reformar la carta política.
A diferencia de ese escenario, la Constitución de 1991 tiene un camino claro para convocar a una Asamblea Constituyente: el Gobierno debe presentar una ley que debe ser aprobada por las mayorías en Senado y Cámara, con control previo de la Corte Constitucional, no hay lugar a papeletas u otro tipo de atajos leguleyos, según dijeron varios expertos consultados por Blu Radio.
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