Noticias Caracol obtuvo la única versión que el guerrillero reincidente en armas le dio a la JEP.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP otorgó la libertad a Benito Molina Velarde, condenado por los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado por sus nexos con grupos paramilitares.La Sala consideró que la información aportada por Molina Velarde a la JEP “supera inicialmente los hechos por los cuales fue investigado y condenado por la jurisdicción ordinaria, aporta relato acerca del contexto de conflicto, y los intereses de la Autodefensas Unidas de Colombia no solo en la cooptación del Fondo Ganadero de Córdoba sino en las grandes inversiones estratégicas”, señala un comunicado de la jurisdicción.Inclusive, la JEP estimó que el compareciente “describe preliminarmente las redes de apoyo político local y regional del grupo armado ilegal para la concreción del plan criminal y el fortalecimiento del proyecto paramilitar”.Benito Molina fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión por los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado y concierto para delinquir agravado, condena que cumple en la cárcel La Picota de Bogotá.Entre 1994 y 1998, Vicente y Carlos Castaño Gil, exjefes máximos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) junto con el Fondo Ganadero de Córdoba despojaron y sacaron de sus tierras a 130 familias campesinas de más de 105 predios de la región de Tulapas. Benito Molina fue el presidente del Fondo Ganadero de Córdoba entre 1997 y 2007.Benito Molina deberá profundizar sus aportes a la verdad plena sobre las finanzas y el proyecto de inversiones del grupo paramilitar en conjunto con el Fondo Ganadero de Córdoba. Esta información deberá suministrarla dentro del caso 04 de la JEP, que trata de la 'Situación territorial de Urabá'.Finalmente, la Sala aclaró que el compareciente no podrá salir del país sin previa autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz y advirtió a Benito Molina que el beneficio tiene una naturaleza provisional, lo que implica que puede ser revocado en caso de que incumpla las obligaciones contraídas o los compromisos asumidos de verdad, reparación y no repetición.
En un encuentro en el Museo Casa de la Memoria, la Mesa de Víctimas de Medellín entregó la primera parte del Informe de Desplazamiento Forzado Intraurbano en la ciudad a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).En este documento de 46 páginas, entregado a la magistrada María del Pilar Valencia, se recopila la información sobre este flagelo que han sufrido las familias sobre todo en ocho comunas de la capital antioqueña desde hace 36 años.Según los registros de este primer informe, con datos de la Personería de Medellín, entre 1985 y el 28 de febrero de 2021, se han registrado 138.183 víctimas de desplazamiento forzado intraurbano, pues por amenazas y la misma violencia han tenido que abandonar sus hogares y cambiarse a otro barrio en la ciudad. Incluso, son revictimizadas porque muchas de ellas llegaron despojadas de sus tierras de otras regiones de Antioquia y del país.Por eso, la Mesa de Víctimas de Medellín busca que la Justicia Especial para la Paz investigue y sancione a los causantes de estos desplazamiento intraurbanos, pero además, que los afectados puedan ser reparados porque si bien este flagelo ya fue reconocido por la Corte Constitucional como delito del conflicto armado colombiano, hoy no se ha indemnizado."Lo llevamos hasta la Corte y fue reconocido el desplazamiento intraurbano; sino que tiene unos matices ahora que no lo indemnizan", sostuvo Ana Idaly Delgado, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Medellín.El informe entregado a la JEP también indica que el 71% de los casos de desplazamiento forzado intraurbano ha ocurrido en Robledo, Popular, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires, Manrique, Santa Cruz y la Comuna Trece desde 1985. Sin embargo, los picos de víctimas se evidencian después de la Operación Orión en 2002.Al destacar este informe, la magistrada Valencia indicó que el conocimiento de estos casos "está orientado al derecho no solamente a la verdad sino también a la investigación-sanción de los responsables en el marco de la justicia restaurativa".El segundo informe sobre este delito en la ciudad será entregado al Tribunal de Paz el 20 de septiembre de este año.
Luego de conocerse la aprobación de manera unánime de la extensión del mandato de la misión de la ONU con la verificación y el monitoreo del cumplimiento de las sanciones que imponga el Tribunal para la Paz, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, celebró esta decisión y dijo que esto es un respaldo sin precedentes.Según el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, este hecho "abre un capítulo nuevo a nivel mundial, ya que valida la conexión de la justicia transicional con la justicia portadora de un alto componente restaurativo".Desde la JEP afirmaron que con esta vinculación de la ONU a la verificación de este tipo de sanciones, una vez más reconoce la importancia modular del acuerdo de paz. Finalmente para la Jurisdicción Especial para la Paz con esta decisión “el Consejo de Seguridad de la ONU y la sociedad internacional reafirman su compromiso con la satisfacción de los derechos de las víctimas a través de las instituciones de la transición colombiana”.
Por unanimidad, con 15 votos a favor, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió aceptar la petición del presidente Iván Duque de ampliar el mandato de la Misión de Verificación en el país hasta el 21 de octubre de este año.Esto se da con el fin de verificar las sanciones impuestas por la JEP a los máximos responsables de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia y su responsabilidad ante la Sala Judicial de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conducta denominadas como sanciones propias.La decisión fue celebrada por el Gobierno desde donde se calificó como un apoyo de la ONU a los avances en la implementación del acuerdo de paz.El Consejo de Seguridad de la ONU afirmó además que: “Acoge con beneplácito la propuesta del secretario General de que se informe sobre la verificación del cumplimiento de las sanciones que se mencionan en el párrafo 1 de la presente resolución en el marco del ciclo de presentación de informes de la Misión de Verificación y de que se mantenga plenamente informado al Consejo sobre los preparativos de la Misión de Verificación y los avances, determinaciones y resultados de la verificación”.
En un documento de más de 390 páginas, la antigua guerrilla de las Farc respondió a la Justicia Especial para la Paz por la imputación de crímenes de guerra y lesa humanidad.En esta respuesta, las exFarc aceptaron su responsabilidad en crímenes de guerra como secuestro con fines económicos y la retención de civiles con la finalidad de “canje”.Sobre los crímenes de violencia sexual, afirmaron que “no se trataba de una política de la organización o una práctica sistemática”.“Todo lo anterior involucra hechos de violencia sexual, tratos crueles y otros crímenes que hubieran ocurrido, aislada o de manera concurrente. En todo caso nunca fue una política de la organización aprovechar la condición de la captura y posterior secuestro o privación de la libertad para cometer hechos de violencia sexual. Por el contrario, era una conducta prohibida estatutariamente y castigada cuando era conocida por las comandancias o cualquier instancia superior”, afirmó Rodrigo Londoño.Aseguraron que, para aceptar la responsabilidad, los hechos de violencia sexual debieron ser cometidos con plena consciencia y dolo, lo que, según afirmaron, no ocurrió por parte de los comparecientes y miembros de la antigua guerrilla.“Una persona será penalmente responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte, únicamente, si los elementos materiales del crimen se realizan con intención y conocimiento de los elementos materiales del crimen. En este sentido, cuando un ataque generalizado o sistemático contra la población civil se configura, para que sea considerado como crimen de lesa humanidad, debe ser realizado con dolo o ‘mens rea’ del autor”, argumentaron en el documento.Asimismo, aceptaron que la práctica de secuestro se realizó al interior de la organización con fines económicos y de control territorial.“Reconozco mi responsabilidad respecto de los hechos y conductas ocurridos en el marco del diseño, planeación y ejecución de las políticas relativas al secuestro con fines económicos, políticos y militares. Lo anterior entendiendo que son conductas sancionables a la luz del Derecho Internacional Humanitario”, aseguró Londoño.El secuestro y la retención de personas, según los miembros de la antigua guerrilla, también se realizó con finalidades de canje, práctica de la cual, también fueron víctimas oficiales y suboficiales.De esta manera, reconocieron la responsabilidad por “retener oficiales y suboficiales capturados, en operaciones o acciones militares, por razones humanitarias y posteriormente para “canje” con el fin de buscar un intercambio de prisioneros políticos de las FARC-EP”, según Londoño.Así mismo, el compareciente Julián Gallo también asumió “la responsabilidad por el hecho concreto del conocimiento que tenía sobre una de las formas de financiación de nuestra organización, que hoy, tras haber escuchado distintos relatos de víctimas, entre otras, considero equivocada: el secuestro de civiles, de quienes se exigía una suma de dinero para su liberación”.Finalmente, las exFARC, informaron que entre el próximo lunes 10 y viernes 14 de mayo, comparecerán ante la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas para brindar información sobre los desaparecidos que se les atribuye.“Esto, se hará en cumplimiento del numeral 6° del auto, con el fin de concretar los cronogramas y diferentes aspectos para la búsqueda. Se hará articulando esta labor de búsqueda con Firmantes del Acuerdo de Paz y comparecientes que pertenecieron a las diferentes estructuras de las antiguas FARC- EP, de acuerdo con lo ordenado en el numeral sexto del Auto 019”, concluyeron.
Después de lo dicho por los exjefes de las Farc en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), en la que aceptan cargos por secuestro y violaciones al DIH, el expresidente Juan Manuel Santos calificó el hecho como un paso importante para la reconciliación a través de sus redes sociales.Algunos miembros que participaron en la mesa de negociación calificaron el hecho como histórico.“Este si es histórico, sin retórica, además, inédito. No hay un solo proceso en el mundo y perdón que lo diga, sin exageración que en una mesa de conversaciones una guerrilla acepte someterse a un órgano jurisdiccional y que ahora reconozca en este caso el secuestro y las graves violaciones”, señalo el exjefe negociador El senador Iván Cepeda se pronunció al respecto, pues también ayudo en la construcción del acuerdo de paz: “esta es una decisión que deja sin ningún piso la tan repetida mentira que la JEP había sido creada para la mentira y para desentenderse de la responsabilidad”.Desde el Centro Democrático, el senador Santiago Valencia manifestó que es importante el reconocimiento y aceptar los secuestros, pero manifestó que lo más importe ahora será la determinación de la JEP.Los excomandantes de las Farc aseguraron que en su respuesta formal detallaron todos estos delitos y aceptan su responsabilidad.
En un hecho histórico, este viernes excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc asumieron su responsabilidad en los miles de secuestros durante el conflicto, entre los que están el asesinato de los siete diputados, ocurrido en 2007"Con todo respeto nos dirigimos a las víctimas, son el centro máximo del acuerdo. El acuerdo de paz está dirigido a aliviarle el dolor a las víctimas. Aceptamos los errores cometidos en el conflicto. Estamos asumiendo toda la responsabilidad jurídica y política. También trabajamos para que algún día puedan perdonarnos. Reconocemos hechos y conductas ocurridas en el marco de nuestras políticas de financiación", dijo en rueda de prensa alias Pastor Alape.El senador Julián Gallo, conocido en la guerra como 'Carlos Antonio Lozada', se sumó al reconocimiento. "Estamos reconociendo que hubo una política por parte de las Farc en relación a los secuestros. Hay un reconocimiento de responsabilidad frente a la situación, también reconocemos de las situaciones que se presentaron en el marco de esa política", afirmó Gallo. La JEP, surgida del acuerdo de paz de 2016 como sistema de justicia transicional, imputó el pasado 28 de enero a ocho miembros del antiguo secretariado por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del "Caso 1", donde hay acreditadas 2.107 víctimas de secuestros y crímenes derivados, principalmente entre 1993 y 2012. Uno de los interrogantes más importantes que fue resuelto por parte de ‘Alape’ durante la rueda de prensa tuvo que ver con sí estarían dispuestos a renunciar a su participación en política si así lo determina la JEP como sanción, a lo que el exintegrante de las Farc señaló que asumirán las sanciones que sean impuestas por este alto tribunal.“Nosotros estamos en disposición de asumir las decisiones que tome esta jurisdicción. Por supuesto que actuaremos en términos también de derechos y justicia. A las víctimas, frente a todo el dolor que causamos, solamente hoy la reflexión es que la guerra, la violencia nos enceguece de tal manera de que no vemos sino enemigos y cuando no hay enemigos los miedos nos llevan a construir también enemigos y actuar de manera ciega”, afirmó el exjefe guerrillero.Adicionalmente, los exmiembros de la antigua guerrilla se comprometieron a trazar una hoja de ruta para la recuperación de las cientos de víctimas que fallecieron en poder de las Farc durante los secuestros.“Asumimos también el compromiso, y damos respuesta a la demanda que nos hace la Sala con relación a las obligaciones que se derivan del régimen de condicionalidad, particularmente a lo que tiene que ver con los aportes a los que estamos llamados con relación a la existencia del Sistema Integral de Verdad y Garantías de No Repetición y específicamente a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en lo que tiene que ver en relación con aquellas personas que fallecieron en poder de las FARC en relación con esta política de secuestro”, reiteró Gallo en su intervención.Vea la rueda de prensa en que se hizo el importante reconocimiento:
Pablo Catatumbo y otros tres excabecillas de las Farc fueron citados a la sala de Reconocimiento de la Justicia Especial de Paz para que hablen de las violaciones de los derechos humanos durante el conflictoJunto a Catatumbo fueron llamados a declarar voluntariamente los excomandantes Juan Carlos Ramírez, Diego Ardila Merchán y Edgar López.La JEP investiga las violaciones de derechos humanos en el Valle y el Cauca.Los comparecientes deberán relata de manera, exhaustiva y detallada todo lo que conocieron sobre desplazamiento forzado, secuestros, violencia sexual, muerte producto del conflicto armado, confinamiento y siembra de minas antipersonal, así como reclutamientos, desaparición forzada de personas, ataques a la población civil, amenazas y persecuciones cometidas por las Farc en ambos departamentos.“Estos excomandantes de las Farc deberán hacer aportes plenos a la verdad sobre el desplazamiento forzado, secuestros, violencia sexual, asesinatos, confinamiento y siembra de minas antipersonal”, comunicó la Jurisdicción de Paz.La sala de Reconocimiento de la JEP ha recibido más de 27 informes presentados por las víctimas, la Fiscalía y la Procuraduría y ha efectuado 30 versiones a excombatientes de Farc.En el marco del caso 05 se ha logrado la acreditación de más de 180.000 víctimas del conflicto armado.Escuche este informe en Mañanas BLU:
El presidente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, se refirió en Mañanas BLU al informe que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía, entregaron a la Corte Penal Internacional sobre Colombia.El funcionario dijo que el informe tiene en su totalidad cinco temas sobre actuaciones de la justicia colombiana en casos que el tribunal investiga en el país.“En este informe participó la JEP, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Justicia Penal Militar, el Consejo de Estado. La agencia coordinó con todas las entidades de justicia para demostrar ante la corte que aquí existe una capacidad y voluntad de realizar procesos genuinos”, dijo.Gómez manifestó que los cinco casos son: falsos positivos, paramilitares, delitos sexuales y violencia de género, desplazamiento forzado y marco legal para la paz.“Sobre esos cinco, todas las entidades hicieron muy buenos aportes. La semana pasada tuvimos una reunión con el señor presidente, el defensor, la procuradora. Es decir, una alta cumbre. Es un informe de Estado ante la Corte Penal Internacional”, explicó.De otro lado, sobre su contagio de COVID-19, el funcionario dijo que se encuentra bien, aislado totalmente y que, por fortuna, no tiene síntomas graves.“Afortunadamente no he tenido fiebre ni problemas para respirar y eso es un gran alivio”, dijo.
Este viernes en El Andén BLU se debatió acerca del acceso que tienen los jóvenes colombianos a la educación superior, ¿es el crédito del ICETEX una verdadera opción para poder estudiar?Escuche el programa completo de El Andén BLU aquí:
En este episodio hacemos un repaso por el rol que ha tenido la primera línea de manifestaciones en el paro nacional.Conversamos con varios de ellos para conocer cómo operan y cuáles son sus ideas para salir de esta crisis.“El carácter de la primera línea es un carácter defensivo. Muchas veces no vemos sorprendidos por la fuerza pública, aunque nos manifestemos de manera pacífica", dijo Steven Ospina."No apoyamos los actos vandálicos, buscan hacernos quedar mal", dijo Nia, integrante de los Escudos Negros, colectivo de la primera línea Cali."La democracia participativa no se hace solo desde las urnas, sino a través de las manifestaciones", afirmó Simona.
Este viernes 11 de junio, se realizaron los sorteos de las loterías de Santander, Medellín y Risaralda.Estos son los resultados con el respectivo número de serie:Lotería de Santander: 1795 serie 016Lotería de Medellín: 8743 serie 296 Lotería de Risaralda: 4596 serie 125 Estos son los resultados del chance del 11 de junio:Dorado mañana: 1733Dorado Tarde: 3187Culona: 7991Astro sol: 2928 GéminisPijao de oro: 5503Paisita día: 6777Paisita noche: 0421Chontico día: 5467Chontico noche: 5575Cafeterito tarde: 4748Cafeterito noche: 3728Sinuano día: 7896Sinuano noche: 7763Cash three día: 792Cash three noche: 754Play four día: 2325Play four noche: 0610Saman día: 1115Caribeña día: 0647Caribeña noche: 6459Motilón Tarde: 0587Motilón Noche: 0879Fantástica Día: 4353Fantástica Noche: 7950Antioqueñita Día: 1769Antioqueñita Tarde: 0146Culona noche: 4136
Indígenas de la comunidad Misak manifestaron desde la carrera 100 con calle 26, en Bogotá, donde estaban ubicadas las estatuas de Isabel la Católica y de Cristóbal Colón que: “La historia es un dispositivo de poder contada desde la voz de los opresores, con tal razón nos hemos visto abocados a reconfigurar el pasado colonial que refleja ideología práctica y acciones que buscan aniquilar lo diverso”.“Nosotros obedeciendo el mandato colectivo de nuestros antepasados nos permitimos informar que tenemos una responsabilidad ancestral de limpiar y procurar la sanación de todas aquellas heridas coloniales”, mencionaron.Además de eso, la comunidad Misak concluyó en la lectura del comunicado que “si se siguen cayendo los manifestantes por las calles a causa de la acción policiva” van a seguir tumbando estatuas.Informaron también que al derribar las estatuas están “borrando todo vestigio colonial en el presente porque ellos son los que asesinan, torturan y desaparecen a nuestros jóvenes”.
Este viernes en Blu 4.0 estuvo Tina Rey, cantante que hizo parte de 'La Reina del Flow 2', habló acerca de su participación en esta producción."Actuar es otra cosa, pero te cuento que ya he estado en otros proyectos de actuación, es otra de mis pasiones", dijo.Por otro lado, hablamos con el caricaturista X-Tian, sobre su profesión en digital y de dónde surgió su nombre."Somos muy tocados con el humor, estamos muy precavidos, el colombiano intenta adornar las cosas. Me parece que el humor político colombiano es bastante tibiecito", afirmó.Además, Mariana Burgués de Coibanks, contó sobre el sistema digital del blockchain y su cercanía con la vacunación."Quien vaya a vacunarse, completa un registro en este sistema al cual se puede acceder a través de un código QR desde cualquier lugar del mundo", expresó.Por último, Ricardo Mora, CEO de Ruah 60+, explicó de qué se trata esta plataforma y los servicios que prestan para mayores de 60 años."La persona que va a ir le va a hacer visita, entonces nuestro personal está capacitado. Nosotros en Ruah 60+ lo que queremos es servir", puntualizó.Escuche el programa completo de Blu 4.0:
