El pasado mes de noviembre, la JEP aceptó parcialmente el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Lo que determinaron en ese momento los magistrados es que iba a ser aceptado bajo la figura de bisagra, es decir, únicamente por los casos en los que se le investiga por sus alianzas con la fuerza pública.Mancuso decidió apelar esta decisión pues los casos en los que es investigado por su condición de exjefe paramilitar seguirían en Justicia y Paz. Teniendo en cuenta que el exjefe paramilitar debía entonces responder ante dos sistemas de justicia diferentes, su defensa argumentaba que esto generaría una situación de inseguridad jurídica y por eso pedía ser aceptado integralmente.La sección de apelación acaba de resolver la apelación de Mancuso cuestionando el rol de la bisagra, explicando que este término podría llevar a una fragmentación de la verdad."La calidad de comandante paramilitar es inescindible de la de sujeto bisagra. Así, una lectura estricta de los precedentes consignados en los autos TP-SA 1186 y 1187 de 2022 impediría dividir la condición de paramilitar de la de sujeto bisagra, ya que, de permitir tal dualidad de condiciones y su procesamiento por dos jurisdicciones se fragmentaría la competencia prevalente y exclusiva de la JEP para enjuiciar y sancionar las conductas relacionadas con el CANI", detalla la resolución.Una vez Mancuso fue aceptado por la JEP los magistrados determinaron que la decisión sobre si quedaba libre, o no quedaría en manos de Justicia y Paz, sin embargo, la sección de apelación acaba de determinar lo contrario."Una vez aceptado el sometimiento del señor Mancuso Gómez, la SDSJ deberá continuar con la actuación judicial de un compareciente obligatorio o forzoso, conforme a un análisis holístico, general e integral de su situación, y no en consideración a cada delito. Esto es, la Sala deberá resolver sobre la libertad del compareciente a efectos de definir si cumple los requisitos de la normatividad transicional de la JEP para acceder a un beneficio provisional libertario o a cualquier otro tratamiento especial provisional", señalaron los magistrados de la Sección de Apelación.Ante esta situación, todos los casos en los que es investigado Salvatore Mancuso, entre 1989 y 2004, serán competencia de la JEP."La descisión subjetiva propuesta por la primera instancia resulta artificial y contraevidente al fraccionar la realidad inherente a la condición de bisagra del compareciente, con lo que se afecta el análisis comprehensivo, general e integral de la situación del señor Mancuso Gómez. Un estudio de dichas características tiene el propósito de dilucidar la verdad de su prontuario para atribuir responsabilidades a los implicados de forma holística y no en función de cada infracción penal. De esta manera, se satisfacen los derechos de las víctimas y la sociedad, en particular el derecho a la no repetición de los execrables, graves y representativos crímenes perpetrados", determina la resolución.
En el municipio de Barbosa, Santander, se realizó una mesa de diálogo territorial entre víctimas del conflicto armado y comparecientes del Macrocaso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. En el evento que se llevó a cabo en la sede de la UIS participaron víctimas de la extinta guerrilla de las Farc. Los excomandantes del grupo guerrillero, Pastor Alape y Timochenko, pidieron perdón por su responsabilidad en crímenes a políticos y líderes sociales cometidos entre 1990 y 2000 en la provincia de Vélez, Santander.Así las cosas, en la sede de la Universidad Industrial de Santander UIS, de la provincia de Vélez se realizó un acto de comparecencia ante las víctimas, por parte de ex integrantes del secretariado de las Farc, quienes pidieron perdón por las diferencias acciones violentas que se realizaron en esa zona durante del conflicto armado, con el objetivo de que se pueda avanzar en el marco de lo que se acordó en el proceso de paz de La Habana, Cuba.“Estamos hoy en un acto que hace parte de un proceso que hemos iniciado hace más de un año y medio en la provincia de Vélez, de asumir responsabilidad de las víctimas de secuestro, frente a las víctimas del caso 01 para poder mantener las acciones dirigidas a la reparación de las víctimas. Hoy estamos en un encuentro con instituciones del estado, instituciones de la región, víctimas y los firmantes de la paz que estamos reafirmando nuestro compromiso, solicitando el perdón de manera pública”, dijo Pastor Alape, ex integrante de las extintas Farc y miembro del partido Comunes.Es importante destacar, que este evento se hace en el marco de la comparecencia ante la JEP, dando respuesta a los territorios y lo pactado en el proceso o acuerdo de paz."El propósito de estas mesas de diálogo es escuchar de manera detallada las necesidades de las comunidades afectadas por el conflicto armado en la región del sur de Santander y límites con Boyacá. Esta iniciativa busca enriquecer las estrategias de solución para abordar las problemáticas que estas comunidades enfrentan actualmente", explicaron integrantes de la Universidad Industrial de Santander, UIS.
En una operación llevada a cabo por investigadores del CTI de la Fiscalía en Bogotá, ha sido capturado el exfiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Carlos Julián Bermeo Casas. Esta captura responde al cumplimiento de una condena de 8 años de prisión impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá en septiembre de 2022.Bermeo fue sentenciado por el delito de cohecho propio, luego de que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia demostrara que el exfuncionario recibió la suma de 40.000 dólares para incidir indebidamente en un trámite que se surtía en la JEP. Este trámite tenía como objetivo beneficiar a Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como alias Jesús Santrich.Se espera que Bermeo sea trasladado a un centro penitenciario para cumplir con la pena impuesta por los delitos cometidos en el ejercicio de su función como exfiscal de la JEP.Según la acusación de la Fiscalía, Bermeo trató de influir en personas de la JEP para retrasar el trámite de extradición de Jesús Santrich. "Bermeo era un servidor público y recibió 40.000 dólares al retardar un trámite que se surtía al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz; conforme a las funciones del encausado como Fiscal de Apoyo 2 para la Justicia Transicional, se concluye que tenía la competencia para ejecutar un acto contrario a sus funciones, que era torpedear el trámite de extradición de alias Jesús Santrich a través el retraso a las órdenes impartidas por los magistrados”, precisó el magistrado en su fallo.
El antiguo secretariado de las Farc publicó una carta en la que le pedían al presidente Gustavo Petro una reunión para abordar el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Para los excomandantes de la extinta guerrilla este tribunal no está cumpliendo con lo acordado en La Habana, durante las negociaciones con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Los exjefes de las extintas Farc aseguran que esta situación podría llevarlos a apartarse de algunas decisiones que tome la JEP.La organización Abogados Sin Fronteras publicó una carta dirigida al fiscal Karim Khan, de la Corte Penal Internacional, en la que piden hacer seguimiento a esta situación en Colombia, teniendo en cuenta que el antiguo secretariado también ha propuesto un tribunal de cierre del conflicto."Si bien la propuesta no tiene realidad jurídica aún, manteniéndose intacta la arquitectura institucional de la JEP, si establece un antecedente preocupante, pues se apunta en la dirección de su eliminación. En este sentido, se considera pertinente que la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (fiscal de la CPI) tome nota de este asunto y lo haga objeto de monitoreo en concordancia con el Acuerdo de Cooperación suscrito en octubre del 2021", señala la carta de la organización.Para Abogados Sin Fronteras la labor de la JEP no puede ser obstruida, pero, además, advierten que la propuesta del tribunal de cierre no solo haría más engorroso el cumplimiento del derecho a la justicia de las víctimas, sino que también podría llevar a la intervención del Fiscal de la CPI."Se debe recordar que la JEP trabaja actualmente sobre once (11) macrocasos con una multiplicidad de víctimas de diferentes orígenes culturales, identitarios y étnicos. Asimismo, se encuentran vinculados a su jurisdicción miles de comparecientes que habrían tenido participación y responsabilidad en las conductas criminales. De manera que, proponer la sustitución de la JEP por un “tribunal de cierre” como lo hacen los máximos jefes de las extintas Farc, generaría un enorme impacto en la seguridad jurídica de los propios comparecientes y en las víctimas que verían burlada su expectativa y esperanza en la acción de la justicia en cabeza de la JEP", señala el documento enviado al fiscal Khan.
Este jueves, 14 de marzo de 2024, el Tribunal Superior de Barranquilla decidió trasladar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema la apelación presentada por la defensa de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar.Esta apelación se da tras la negativa de libertad por parte del magistrado Carlos Andrés Pérez, de la sala de Justicia y Paz, quien rechazó la solicitud del exintegrante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).“En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior, el Distrito Judicial de Barranquilla, sala penal de Justicia y Paz, magistratura de control de garantía resuelve conceder el recurso de apelación interpuesto por la defensa ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el efecto devolutivo”, dijo el magistrado Carlos Andrés Pérez.La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema deberá ahora resolver este recurso, mediante el cual Mancuso busca poner fin a las 33 medidas de aseguramiento en su contra. Esto representa un paso crucial en su intento por ejercer el papel de gestor de paz conferido por el presidente de la República, Gustavo Petro. En este contexto, el exmiembro de las AUC se encuentra en una situación determinante en el proceso, que se desarrolla simultáneamente con su participación en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).Cabe recordar que una juez de ejecución de penas concedió la libertad condicional el pasado 4 de marzo a Mancuso, en una decisión relacionada con penas acumuladas en tres sentencias emitidas el 31 de octubre de 2014, el 20 de noviembre de 2014 y el 13 de diciembre de 2022.
El próximo 2 de abril en Usme, Bogotá, empezará el primer proyecto restaurativo de la JEP, que se llamará Siembra de Vida. Esta iniciativa busca trabajar en la restauración ecológica y contará con la participación de al menos 48 comparecientes ante la JEP de la fuerza pública, es decir, militares que han reconocido su participación en falsos positivos."Siembra de Vida es el primer proyecto de la JEP que, como parte del sistema restaurativo, busca que los responsables de los crímenes ocurridos durante el conflicto armado realicen trabajos, obras y actividades para restaurar, dignifica y transformar a las víctimas, a las comunidades afectadas, los territorios y la sociedad", explican la JEP.El ecosistema sobre el que trabajarán los comparecientes está ubicado en el corredor Chingaza- Sumapaz, este territorio fue afectado y estigmatizado como una zona de disputa por los diferentes grupos. Los comparecientes ante la JEP se han capacitado para participar en este proyecto, pero, además, también próximamente se harán otros dos proyectos, uno en Dabeiba, en Antioquia, sobre desminado humanitario y el otro en Nariño. Teniendo en cuenta que aún está jurisdicción no ha emitido sus primeras sanciones en estos proyectos participarán comparecientes que se han inscrito voluntariamente, tanto de la fuerza pública como exguerrilleros de la extinta guerrilla de las Farc."Estos actos de restauración serán tenidos en cuenta por la JEP como un aporte para sanar, dignificar, reconocer y transformar el daño causado. También es un acto de memoria de las víctimas del conflicto", explican desde la JEP.Este proyecto cotará con el acompañamiento de las autoridades del orden local y nacional, la misión de verificación de la ONU en Colombia y la JEP, entre otras entidades e instituciones. Solo podrán participar comparecientes que han reconocido su responsabilidad y se les va a reconocer en su sanción, una vez se emita, el tiempo que cumplan en este proyecto.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una orden para proteger siete puntos de interés forense en las zonas circundantes al aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra, Santander. Estos puntos se identifican como posibles sitios donde se encuentran cuerpos de personas desaparecidas, que se consideran en riesgo.La determinación fue tomada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, luego de una audiencia pública de seguimiento a las medidas cautelares del Cementerio Municipal de Cimitarra. Durante esta audiencia, se escucharon testimonios de entidades estatales y organizaciones de víctimas, lo que condujo a la decisión de proteger estos puntos de interés.“La decisión la tomó la Sección de Ausencia de Reconocimiento luego de escuchar a entidades del Estado y organizaciones de víctimas en audiencia pública de seguimiento a las medidas cautelares del Cementerio Municipal de Cimitarra”, informó la JEP en un comunicado.Además de la protección de los siete puntos cerca del aeropuerto, la JEP ordenó proteger el cementerio rural de Santa Rosa del Carare, debido al “riesgo inminente de recuperación e identificación de los cuerpos de personas sin nombre que se encuentran allí”. Asimismo, se extendió la medida cautelar sobre el Cementerio Central de Cimitarra.Estas decisiones, que tienen una vigencia de 12 meses, representan un paso clave en el proceso de búsqueda, identificación y reconocimiento de las víctimas del conflicto armado en el Magdalena Medio santandereano.Entre los testimonios presentados, se destacó el de Ramón Julián Olaya, quien habló sobre la desaparición de su tío Alberto Olaya Agudelo en 1989. Según Ramón Julián, su tío fue sacado de un billar conocido como 'El Gato Negro', presuntamente por miembros del Ejército, y llevado al Batallón 'Rafael Reyes Prieto', ubicado en la actualidad en la zona del aeropuerto de Cimitarra."Era voz pópuli que el que sacaban del casco urbano se lo llevaban para el batallón. Para nosotros es muy importante establecer si nuestros familiares están allá (en el aeropuerto) (...). El tiempo apremia. El mejor aliado para la impunidad ha sido el tiempo", expresó Ramón Julián.
En medio de una audiencia de seguimiento para conocer los avances para esclarecer la verdad sobre el conflicto armado en Cimitarra, Santander, asociaciones de víctimas les solicitaron a los magistrados de la JEP extender las medidas cautelares a varios sitios de la región donde podría haber restos de desaparecidos.Los magistrados de la JEP evaluarán la solicitud de extender las medidas cautelares al aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra y el cementerio rural de la vereda Santa Rosa del Carare. Asociaciones de víctimas solicitaron que esas medidas también sean aplicadas a los cementerios de Landázuri, El Peñón, Santa Helena del Opón y del corregimiento de La India.Según la JEP, un caso similar se registró en el cementerio rural de la vereda Santa Rosa del Carare, en Cimitarra, en donde la comunidad, de manera humanitaria, les dio sepultura en este lugar a los cuerpos que encontraban.“Muchos de los desaparecidos eran lanzados al río Carare y eran recogidos por pescadores que los enterraban sin ningún tipo de identificación. Por eso necesitamos averiguar si estos restos están allí”, dijo un familiar de las víctimas del conflicto armado en esa zona de Santander.Los hechos ocurridos en Cimitarra son de interés para el caso 08, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública en asocio con paramilitares o terceros civiles.Para el caso del predio en el que se encuentra el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, ubicado a las afueras del casco urbano, miembros de la fuerza pública habrían inhumado de forma irregular cuerpos de campesinos retenidos y torturados, quienes habrían sido señalados de pertenecer a algún grupo al margen de la ley.“De acuerdo con la investigación adelantada por la JEP, en el Cementerio Municipal de Cimitarra se inhumaron cuerpos provenientes de masacres y homicidios sin ningún protocolo o procedimiento que preservara su identificación y, a pesar de que el grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas, Grube, de la Fiscalía intervino el lugar entre 2015 y 2017, a la fecha, aún hay cuerpos sin recuperar en dicho lugar”, señaló la JEP.“La desaparición forzada es un acto atroz, no concreta la muerte ni permite la vida y, de esta manera, niega la condición del ser humano. En ese contexto, los familiares de las víctimas afrontan una permanente dualidad entre la expectativa de la vida que promueve la ilusión del regreso de quien se encuentra desaparecido y el temor de la pérdida definitiva que hace suponer su eterna ausencia”, dijo la magistrada Reinere Jaramillo, quien presidirá la audiencia en Cimitarra.Se estima que más de 1.000 personas aún están desaparecidas en la región del Carare – Opón, producto del conflicto armado que se vivió en esa zona de Santander.
Los más de 15 años de incertidumbre para María Fabiola Gaviria y José Santos Barrera llegaron a su fin hace poco, luego de que labores de la Jurisdicción Especial para la Paz en en articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en contexto del Caso 04, lograran encontrar y entregar dignamente los restos de su hijo, Kenedy de Jesús Barrera Gaviria.El cuerpo de este joven había sido inicialmente encontrado sin vida en inmediaciones de la finca Martha María, en un punto de la vía que conduce de Apartadó a Churidó Pueblo, pero semanas después fue inhumado como ‘NN masculino’ en la bóveda 22 del Cementerio Central de esa localidad del Urabá antioqueño.Durante las averiguaciones forenses se pudo corroborar que los traumas encontrados en ese cuerpo exhumado correspondían efectivamente a las mismas descritas en la necropsia que se practicó al cuerpo de Kenedy en 2009. Allí también se encontraron los zapatos y prendas relacionados en ese documento, aunque en la verificación dental se cotejó la falta de dos de estas piezas que habían sido retiradas en la necropsia.El hallazgo se dio en el marco del Caso 04 de la JEP, que investiga la situación territorial del Urabá, Bajo Atrato y Darién chocoano. La magistrada Nadiezhda Henríquez, de la Sala de Reconocimiento, destacó la importancia de este gesto como la prueba de que el Sistema Integral de Verdad está funcionando."Es una señal de que las instituciones, de que la justicia, que la verdad, que la palabra de los comparecientes, que la palabra de las víctimas tiene un significado en este país y que no está impune y esperamos seguir uniendo estos esfuerzos", aseguró la magistrada.Cristian Barrera, sobrino de Kenedy, manifestó la tranquilidad que ahora le genera poder tener claridad sobre lo sucedido con su familiar."Fueron muchos años que estuvimos como con la incertidumbre buscándolo a él, sin saber de él y también con la ilusión de volverlo a ver físicamente, de volver a verlo con vida en su papel de hermano, de hijo, de tío, de amigo", recordó.Más de 60 personas han sido halladas, identificadas y entregadas por la JEP a sus familiares luego de permanecer años, a veces décadas, con un paradero desconocido a causa del conflicto armado. Son más de 105 mil desaparecidos solo producto del conflicto armado, muchos de ellos en Antioquia.
La JEP citó a las víctimas de secuestro por parte del antiguo Bloque Oriental de la extinta guerrilla de las Farc. Lo anterior para que entregaran sus observaciones sobre lo que han dicho ante este tribunal los exjefes de esa estructura de las antiguas Farc.Una de las víctimas, quien prefirió no revelar su identidad, se refirió a las condiciones del cautiverio, señalando que en algunos casos les dieron agua de caño, además de comida cruda.“El agua por lo general siempre era del caño y la comida había veces que nos la llevaban en una olla para todos, pero había veces que era tanta la desmoralización de nosotros que, así como entraba la comida, salía y eso les daba rabia a ellos. A veces por castigo nos quitaban una comida, a veces cuando mataban a un animal salvaje lo llevaban crudo y eso era un hueso que le chorreaba la sangre cuando uno lo sacaba de la olla y ¿quién se come eso? estaba crudo”, señaló el hombre.Por otro lado, también hubo víctimas que le pidieron a los exjefes de la guerrilla aceptar algunos hechos que sucedieron durante el conflicto que aún no han sido aceptados.“Ellos hablaban de que nos tenían todas las comodidades y eso realmente es falso. Lo que ellos no quieren es admitir algunas situaciones que hicieron con nosotros y siempre han justificado eso diciendo que fue por la situación con el Gobierno o por la situación política o por la situación económica”, señaló Luis Alfonso Beltrán, quien estuvo secuestrado por 14 años.No todas las víctimas se presentaron en estas diligencias, pues algunas aseguran que no sienten confianza ni garantías para participar debido a los cuestionamientos que han hecho desde el antiguo secretariado de las Farc a la JEP.
Luego de conocerse que el Departamento de Estado de EE.UU. solo dará USD 413 millones para estrategias bilateral a Colombia en 2025, reduciendo la cifra anual, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia) explicó en un comunicado que esto no pone en riesgo las relaciones, sino que confirma el compromiso de la nación norteamericana con el país. "Un total de USD 413 millones, enfocados en líneas estratégicas para el Gobierno Nacional como construcción de paz, desarrollo económico y social, transición a economías lícitas, cambio climático y conservación de la biodiversidad, entre otros", explicaron sobre el uso que se le dará a ese dinero y el objetivo de Estados Unidos con el aporte. Si bien es un dato menor al que se ha acostumbrado a recibir el Gobierno nacional en este tema bilateral, la APC no lo ve como algo malo. Dicen en el comunicado, que en realidad es un cambio mínimo y resalta la importancia de Colombia como aliado de Estados Unidos, además que estos cambios van enlazados al cambio de la política de drogas que tiene en mente el país y por eso se da una variación en el presupuesto. “Con la solicitud presupuestal hecha por el Departamento de Estado queda claro que el Gobierno de Estados Unidos ratifica su compromiso con Colombia y con el cumplimiento de las metas del Gobierno nacional. No solo por ser su socio más relevante en el hemisferio, sino por los resultados obtenidos con su cooperación”, añadieron.Sin embargo, la APC aclaró que el valor podría variar en las legislatura de EE.UU., pues, inicialmente, la cifra total presupuestada para 2025 corresponde a lo solicitado por el ejecutivo de los Estados Unidos al Congreso para su revisión y aprobación a través de la Ley de Apropiaciones."Los recursos destinados a Colombia pueden tener una variación en su trámite legislativo, por lo que se trata de una cifra meramente indicativa", puntualizaron.
Como un sueño cumplido fue el concierto en el Movistar Arena para Greeicy Rendón, que ofreció un gran espectáculo para todos sus seguidores el pasado viernes, 15 de marzo, con una gran gama de invitados que llegaron al ‘Corazón de Bogotá’.La también jueza de La Voz Kids emocionó a sus fans con su carisma y cariño en el escenario. Interpretó grandes temas como ‘Amantes’, ‘De a poco’, ‘Los besos’, entre otras, que no dejaron de cantar los más seguidores de la caleña.“Casi 3 años soñando con volver al escenario con el show que llevo soñando hace mucho tiempo, pero la espera ha valido la pena, porque nos ha regalado maduración de las ideas para el show, música nueva y mejores ideas. La espera se acabó”, dijon Greeicy en su cuenta de Instagram mucho ante del concierto.Un momento inédito durante el show fue cuando Rendón se vio obligada a parar el concierto por unos minutos, pues durante una coreografía tuvo un calambre que la obligó a sentarse por un rato para esperar sentirse nuevamente bien.Por este momento, Greeicy Rendón, entre risas, aseguró que es el efecto de tener ya 30 años y que cuánto estaban así en ese momento en el Movistar Arena.Al escenario también se subieron Goyo, Andrés Cepeda, Mike Bahía, Nacho y Willy Rodríguez, que cantaron junto a ella y la felicitaron por tan impresionante espectáculo que se montó en la capital del país.Otro momento importante del show fue una canción que nadie esperaba, pero que, según algunos, eran lo que necesitaban. Rendón presentó una canción dedicada 100 % a su hijo, Kai, que con la emoción la cantó y expresó varios sentimientos en su mirada mientras pasaba cada frase para aquel ser que “le cambió la vida para siempre”.Ahora, la caleña está lista para seguir ofreciendo un espectáculo en su país prometiendo seguir mejorando su calidad como artista.
Una vez más, el alcalde Carlos Fernando Galán rechazó las propuestas del presidente Gustavo Petro para cambiar el diseño de la primera línea del metro de Bogotá y hacer un trazado por la carrera 13 y por la Avenida Caracas.Insiste el mandatario en que son opciones que no tienen estudios de prefactibilidad ni aportes valiosos al proyecto y que incluso es una idea que no ha madurado.“Una modificación que alargaría en por lo menos cuatro años más. No vamos a cambiar certezas por el riesgo de la incertidumbre (...) Evaluar futuros proyectos en el país no es evaluar proyectos que están en ejecución. Frente al metro, ni un paso atrás”, aseguró Galán.En su publicación, el alcalde también recordó que el informe contratado por el Gobierno nacional a la Sociedad Colombiana de Ingenieros no era vinculante, es decir, que no había obligación acatar las alternativas recomendadas, pues, citando a los responsables del estudio, se trata de un ejercicio académico.Galán, en su posición de no cambiar el diseño de la primera línea, argumentó además que la propuesta del presidente Gustavo Petro no tiene forma alguna de cumplirse, en especial cuando se trata de contratos ya firmados.“La modificación que propone el presidente es jurídicamente imposible y técnicamente inviable. Jurídicamente no es posible cambiar un contrato como lo plantea el presidente. Existe un contrato firmado y en ejecución, y nosotros somos respetuosos de la ley, de las instituciones y de la Constitución, y vamos a cumplir el contrato. Además, la ciudad ya ha hecho inversiones por $2.9 billones, y si el proyecto se modifica, buena parte de esos recursos se perderían”, reiteró Galán.Finalmente, el alcalde aseveró que no hará cambios, pues fue su compromiso de campaña entregar el metro en 2028 y así avanzan los planes, por lo que invitó a la ciudadanía a defender el proyecto sin más intervenciones.“Parar el proyecto metro es parar el progreso de Bogotá, asumir pérdidas millonarias e incumplirles a los bogotanos (...) Yo invito al presidente a que miremos hacia el futuro, no hacia lo que se hubiera podido hacer distinto. El cambio no puede ser comenzar todo de nuevo”, puntualizó Galán.
En su más reciente mensaje semanal, el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, envió una serie de alertas e instrucciones a todas las tropas del país tras la suspensión del cese al fuego con las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco' en Nariño, Cauca y Valle del Cauca.Una de las alertas es un aumento en los hechos violentos y escalada de ataques contra la Fuerza Pública y la misma población civil.“La suspensión del cese al fuego podría resultar en un posible aumento de violencia en las áreas afectadas. Nuestra misión es proteger a la población civil y mantener la seguridad en medio de estos desafíos. Debemos estar preparados para enfrentar un escenario de incremento de operaciones militares y enfrentamientos con grupos insurgentes, priorizando la protección de las comunidades y de nuestras tropas”, enfatizó Giraldo.La otra preocupación del general es la alta probabilidad de nuevos casos de asonadas contra la fuerza pública, pues los ilegales instrumentalizan a la comunidad para interferir en operaciones militares contra diferentes delitos.“Preparar y alistar las unidades militares para una acción por parte de la población civil instrumentalizada (asonadas, vías de hecho, ataque a la autoridad, constreñimiento, entre otras) en contra de las Unidades Militares”, es precisamente una de las órdenes del General Giraldo.Así mismo, teniendo en cuenta los recientes hechos en Cauca, habrá un rediseño del Plan Ayacucho que tenía, entre otras, la meta de retomar la seguridad en el Cañón del Micay que se vio complicada en época de elecciones regionales.Los comandantes de tropas también deberán incrementar las inteligencias para determinar los recientes movimientos de los integrantes de las disidencias.“...deben contemplar estas estructuras de manera contundente. Estos planes deben incluir la coordinación entre las diferentes unidades y fuerzas desplegadas en el área, asegurando una acción conjunta con el máximo impacto”, instó el general Giraldo.Otro de los aspectos relevantes de este mensaje es aumentar la coordinación con otras autoridades locales de todo el país, pues el cese al fuego sigue vigente en otros departamentos y se deben evitar cualquier tipo de confrontación.“Nuestras tropas están preparadas, motivadas y dispuestas a enfrentar este desafío. Es momento de demostrar a las estructuras criminales que nuestra determinación no tiene límites. Juntos, debemos hacer uso de nuestras habilidades tácticas, nuestra inteligencia y nuestros equipos para golpear con precisión y contundencia a estas estructuras delictivas”, puntualizó Giraldo.Puede ver:
Leonardo Cuentas es el comerciante que, visiblemente molesto, decidió romper el silencio y denunciar a través de un video en redes sociales la extorsión de la que dice estar siendo víctima en su negocio, La terraza de Leo, ubicada en el sur de Barranquilla.Cuentas narró que este fin de semana unos hombres llegaron hasta su establecimiento de comercio, en el barrio Los Girasoles, y le ordenaron unas cervezas; sin embargo, cuando él les atendió, uno de ellos le advirtió que si no pagaba una extorsión, lo matarían.Pero la historia no acaba ahí. Según el comerciante, policías del cuadrante, incluido uno apellido Barrera, llegaron al negocio y al parecer fueron testigos de las amenazas, pero no lo defendieron, sino que amenazaron con detenerlo si él seguía alterado y ofuscado por la extorsión. Aseguró que los uniformados dejaron escapar a los supuestos extorsionistas."Y entonces, delante de ellos (los policías), dijeron que si yo no pagaba la extorsión, me mataban. Y el señor Barrera dijo que me iba a poner preso a mí, si yo hacía algo contra los hombres. ¿Puede ser justo que la Policía del territorio no proteja mi negocio, sino que me diga que me quede callado o me mete a la UPJ?", contó el comerciante.Dados los graves señalamientos, el coronel Dave Figueroa, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que el caso está siendo analizado por la institución para determinar si hubo irregularidades o fallas por parte de los uniformados."Se ha destacado un grupo con el fin de establecer un análisis que nos permita identificar si hay motivos fundados para generar una investigación disciplinaria o penal ante estos hechos", indicó el oficial."Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier comportamiento irregular en nuestro servicio de Policía, a través de nuestra línea de emergencia 123 y nuestros canales de la oficina de atención al ciudadano", concluyó.