La defensa de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias ‘Simón Trinidad', apeló la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz que dejó sin efectos su acreditación como víctima dentro del Caso 06, relacionado con hechos contra integrantes de la Unión Patriótica.Su abogada sostiene que la determinación representa una “regresión grave” de sus derechos y cuestiona que la Jurisdicción haya argumentado un supuesto “error humano” para corregir la decisión inicial.Según el recurso, existe una “contradicción” dentro de la propia JEP que terminó produciendo la “desacreditación tácita” de un compareciente de las antiguas FARC-EP.La apoderada argumenta que la decisión no estuvo suficientemente motivada y sostiene que la JEP no explicó por qué se reversó una acreditación que, según el recurso, ya había sido reconocida formalmente junto con las pruebas que sustentaban esa condición.“La carga argumentativa que se le exige a la Sala de Reconocimiento para revocar una decisión que acreditó a una víctima en el proceso es sumamente alta. Debe explicar la forma en que, por un lado, respeta el principio províctima y, por otro, la decisión resulta más garantista que la acreditación. El Auto CGD-06 056 de 2026 no evalúa siquiera estos elementos, limitándose a anunciar un “error humano” sin detallar la evaluación de las consecuencias de revertir una acreditación procesal de una víctima. No obstante, el Auto posterior carece de los elementos que, por vía jurisprudencial, son necesarios para debidamente motivar una decisión judicial”, señala el documento.En el recurso, la representante de Trinidad también asegura que la medida afecta derechos de participación dentro del macrocaso, como presentar observaciones, aportar pruebas o intervenir en audiencias. “Se le está negando al señor Palmera Pineda ser escuchado en su relato”, afirma el documento.La defensa además plantea que podría existir una estigmatización contra Trinidad “por ser quien representa a las FARC-EP”, y señala que la pérdida de su acreditación impediría que pueda participar como víctima dentro del proceso relacionado con la persecución contra integrantes de la Unión Patriótica.“Lo relatado también guarda amplia similitud con un hecho que, aunque no está expresamente determinado en ninguna de las decisiones, sí refleja un escenario de posible estigmatización en contra de la víctima por ser quien “representa” a las FARC-EP”.La abogada insiste además en que el Acuerdo de Paz reconoce como víctimas a todas las personas que hayan sufrido afectaciones en el marco del conflicto, incluso si fueron combatientes, y sostiene que excluir a Trinidad desconoce ese principio.“Lo mencionado en tanto podría entenderse, tácitamente, que su proceso de negación de derechos adquiridos como víctima se debió a la posición que este firmante representó para el país, mismo que la JEP mediante diversas decisiones de la SALA DE AMNISTÍA E INDULTO e incluso la SRVR, ha trabajado por desmitificar”.Por eso, pidió revocar la decisión que corrigió la acreditación y mantener en firme el reconocimiento inicial de Simón Trinidad como víctima dentro del Caso 06. Además, solicitó que se garantice “la materialización del principio de las víctimas como el centro del Acuerdo”. En caso de que la reposición no prospere, pidió que el expediente sea enviado a la Sección de Apelación de la JEP para que estudie el caso.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó medidas de conservación, protección y resignificación sobre las instalaciones de la actual Escuela de Logística del Ejército Nacional, en Bogotá, lugar donde funcionó el antiguo Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano, mencionado en múltiples investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.La decisión fue emitida por la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, tras una solicitud presentada por Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, víctima de los hechos del Palacio de Justicia de 1985.Según el documento, la petición buscaba ampliar las medidas cautelares ya existentes para incluir las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, ubicadas en el sur de Bogotá, debido a su presunta relación con hechos asociados a desapariciones, torturas y operaciones de inteligencia militar ilegales.La JEP explicó que el lugar tiene relevancia no solo para esclarecer lo ocurrido durante la retoma del Palacio de Justicia, sino también para investigaciones relacionadas con otros casos de graves violaciones a los derechos humanos que son analizados por la jurisdicción transicional.En el documento, los magistrados señalan que existen elementos de información que vinculan al antiguo Batallón Charry Solano con posibles patrones criminales investigados dentro de los macrocasos 06 y 08 de la JEP, relacionados con crímenes contra integrantes de la Unión Patriótica y acciones cometidas por miembros de la fuerza pública en conjunto con estructuras paramilitares.La decisión también toma en cuenta versiones entregadas ante la JEP por exintegrantes de organismos de inteligencia militar, entre ellos José Leonairo Dorado Gaviria, quien habló sobre presuntas prácticas desarrolladas dentro de esas instalaciones.En esas declaraciones se mencionan entrenamientos de inteligencia militar, seguimientos a objetivos considerados enemigos internos y presuntas detenciones e interrogatorios realizados dentro del batallón. Sin embargo, la JEP aclaró que gran parte de esa información aún se encuentra en proceso de verificación y contrastación.Además de los testimonios, la magistratura recopiló documentos históricos y judiciales, incluyendo archivos de la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio de Defensa. Entre ellos aparece información sobre la creación y funcionamiento del Batallón Charry Solano desde la década de 1960 y su posterior transformación en estructuras de inteligencia militar adscritas al Ejército Nacional.Uno de los puntos clave del auto es el reconocimiento de la importancia de preservar el lugar como espacio de memoria histórica. La JEP sostuvo que el derecho a la verdad no solo corresponde a las víctimas directas, sino también a toda la sociedad colombiana, especialmente en contextos de graves violaciones a los derechos humanos.En ese sentido, el tribunal enfatizó que la protección de estos espacios busca garantizar la conservación de posibles elementos probatorios, evitar alteraciones o destrucciones y avanzar en procesos de resignificación simbólica orientados a la reparación y la no repetición.La magistratura también indicó que las medidas cautelares no interfieren con las labores de búsqueda forense que puedan adelantarse en el lugar por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y otros organismos técnicos.El auto recuerda que sobre estos predios ya existían medidas cautelares decretadas desde septiembre de 2024, inicialmente relacionadas con la búsqueda de Pedro Julio Movilla Galarcio, dirigente político desaparecido en 1993.La Escuela de Logística, donde antes funcionó el Batallón Charry Solano, también estaría involucrado como posible lugar de inhumación clandestina de Irma Franco, exintegrante del M-19 desaparecida tras el Holocausto del Palacio de Justicia en 1985. Así lo reveló el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, y Mateo Piñeros, quienes fueron reconocidos con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor Noticia en Audio, por esa investigación.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctimas a tres hijos y dos nietos de crianza de un hombre asesinado en 2008 en Dagua, Valle del Cauca. La decisión fue tomada dentro del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado.Según estableció la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, aunque entre ellos no existían vínculos biológicos, sí conformaban una “familia real unida por el amor, el cuidado y años de convivencia”. La víctima, de acuerdo con el expediente, era quien sostenía y orientaba el núcleo familiar antes de ser asesinado presuntamente por integrantes del Batallón de Alta Montaña No. 3 Rodrigo Lloreda Caicedo del Ejército.La Jurisdicción concluyó además que el crimen dejó un daño que trascendió generaciones. Es decir, que las afectaciones emocionales, sociales y económicas no terminaron con la muerte del hombre, sino que continuaron impactando la vida de sus hijos y nietos de crianza años después de los hechos.“La sala concluyó que, como ocurrió en este caso, las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) propias del conflicto armado impactaron profundamente las estructuras familiares de crianza, generando afectaciones emocionales, económicas y sociales que continuaron impactando la vida de hijos y nietos de la víctima. El daño causado por el crimen no se agotó con el paso del tiempo, sino que siguió presente en la vida de las generaciones posteriores”, dice el documento.Para tomar la decisión, la JEP también tuvo en cuenta un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 2022, que ya había reconocido la existencia de esta familia de crianza y condenado al Estado por los daños causados.Con esta acreditación, los cinco integrantes de la familia podrán participar formalmente en el proceso judicial ante la JEP, aportar pruebas, intervenir en diligencias, recibir acompañamiento jurídico y psicosocial, y acceder a medidas de protección si llegaran a enfrentar riesgos o amenazas.El magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez señaló en el auto que el reconocimiento busca garantizar que la justicia transicional responda a las distintas formas de familia existentes en el país y no únicamente a los vínculos biológicos o legales.Además, la Sala ordenó medidas especiales de protección para los dos menores de edad acreditados en este caso, con el fin de evitar su revictimización.
Santoyo fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y en la JEP estaba siendo investigado por su presunta responsabilidad en dos casos de desaparición forzada y por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo.Sin embargo, la JEP lo expulsó al considerar que no aportó verdad en sus procesos. Santoyo apeló esa decisión; sin embargo, la medida fue confirmada en las últimas horas por la Sección de Apelación.La jurisdicción también consideró que no era procedente acceder a una solicitud de Santoyo para que le permitieran enfrentar un juicio. Es importante recordar que él ha dicho que no tiene responsabilidad en los casos de desaparición forzada mencionados y que tampoco ha tenido vínculos con el paramilitarismo. Además, asegura que aceptó los cargos cuando fue extraditado a Estados Unidos, pero que lo hizo como parte de una estrategia de su defensa y no porque realmente fuera culpable.Además, advierten que el general en retiro incumplió sus compromisos y, por eso, no puede acceder a los beneficios de la justicia transicional.“El compromiso incumplido no se reduce a una disposición abstracta a comparecer ante la JEP, como erróneamente lo sostiene el recurrente. No se refiere a la mera voluntad formal de colaboración. Consiste en aportar verdad plena, concreta, verificable y útil sobre los hechos y patrones que justificaron su sometimiento: su relación con estructuras paramilitares, la eventual utilización desviada de funciones institucionales, la circulación de información estatal hacia aparatos criminales, los beneficios económicos o funcionales derivados de esa relación y su posible incidencia en los hechos investigados en los procesos 1 y 2”, explican los magistrados.JEP no otorgó libertad al general (r) SantoyoPor su parte, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ordenó trasladar los procesos de Santoyo a la Fiscalía.“PONER A DISPOSICIÓN INMEDIATA de la Fiscalía 56 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de Bogotá D.C. al señor GR (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, con el fin de continuar con el trámite del proceso No. 10179, que actualmente se encuentra en etapa de acusación, y de continuar con el cumplimiento de la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por dicho despacho el 26 de abril de 2019, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 522 del 16 de febrero de 2026”, se lee en la resolución.Según este documento de la Sala de Definiciones, Santoyo también había pedido la libertad, justo mientras se resolvía su situación jurídica en la JEP.“Mediante memorial presentado por el abogado David Leonardo Pardo, quien representa al señor GR (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, solicitó que ‘se ordene de manera inmediata la libertad del compareciente o la revocatoria de la medida cautelar de aseguramiento privativa de su libertad, por vencimiento de cualquier plazo razonable para adelantar su enjuiciamiento’”, se lee en el documento de la JEP.
Se trata de una exposición construida en el primer piso de la sede de la Jurisdicción Especial para La Paz en Bogotá, denominada “renacer por el respeto a la vida”, como un recorrido pedagógico y simbólico que permite entender, paso a paso, cómo operó el patrón criminal y cómo avanza hoy el proceso de verdad y reparación.En este caso, participaron 29 comparecientes del Gaula Tolima, unidad adscrita a la Sexta Brigada del Ejército, quienes no son considerados máximos responsables, pero sí han reconocido su participación en falsos positivos, como ocurrió en la masacre de El Totumo, donde cinco hombres fueron reportados falsamente como muertos en enfrentamientos.A través de murales, piezas audiovisuales, fotografías, objetos simbólicos e instalaciones interactivas, la exposición muestra cómo víctimas y comparecientes, que vivieron el conflicto desde orillas opuestas, lograron dialogar y construir un mensaje conjunto en torno al respeto por la vida.Así operó el patrón criminalEn la primera estación del recorrido se explica cómo funcionaban estos crímenes. Los comparecientes lo describen en tres momentos: “planeación, ejecución y encubrimiento”, y relatan cómo existía presión por mostrar resultados operacionales.“Se señalaba a civiles, se armaban los operativos y luego se alteraban las escenas para hacerlas pasar como combates”, explican en los relatos recogidos dentro de la exposición.Las medallas que dejaron de ser un honorUno de los puntos más fuertes de este espacio está en una vitrina. Allí están varias medallas militares. No están exhibidas como símbolos de honor, están ahí porque fueron devueltas.Uno de los comparecientes, William López Pico, quien en la época de los hechos era teniente, explica el sentido de ese gesto.“Las devolvimos públicamente, aquello que no solo fue un símbolo, sino una contribución de respeto a nuestro proceso ante la JEP y un acto profundamente personal y moral con las víctimas. Devolvimos esas condecoraciones porque no las merecíamos. Faltamos a a nuestro honor y al de la institución. Fueron obtenidas al precio de la vida de personas inocentes”, señaló, y agregó que cada una de esas medallas expuestas lleva impresa “un engaño, un incumplimiento que causó heridas que nunca debieron abrirse”.La devolución de esas condecoraciones surgió de las peticiones de las familias de las víctimas dentro del proceso, quienes querían saber si por los operativos recibieron reconocimientos, y que si lo habían obtenido, las entregarán de vuelta para aceptar responsabilidad.“En este acto de devolución quisimos reconocer que, desafortunadamente, algunos resultados no fueron legítimos, ya que con solo una gota de sangre de una persona inocente se perdió su legalidad. Desde ahí, les hemos fallado a la institución, a nuestro honor militar, y lo más doloroso a nuestras familias, y en especial a las familias de las víctimas”, agregó López.Verdad, reparación y diálogoEl magistrado José Miller Hormiga, ponente del Subcaso Tolima y vicepresidente de la JEP, explicó que ha sido el aporte de los comparecientes lo que ha permitido reconstruir lo ocurrido en detalle.“La contribución a la verdad ha sido clave para responder a las víctimas, no solo en lo que pasó, sino en cómo avanzar en su reparación”, señaló.El espacio también incluye cartas escritas por los comparecientes, fanzines construidos en conjunto y un políptico que recoge el proceso de diálogo. Además, hay piezas textiles y visuales que representan las caras y nombres de las victimas.Uno de los elementos centrales de la exposición es una obra construida colectivamente que, según explican en el recorrido, busca expresar lo que muchas veces no se puede decir con palabras.En la imagen aparece un árbol que atraviesa dos momentos. Para quienes participaron en su construcción, ese árbol simboliza la transformación: “el árbol de la vida, de la esperanza, de la posibilidad de seguir adelante”. La obra también incluye una mano que sostiene esa transición y una luz que se impone con el sol, representando la verdad.El camino de las victimasPara las víctimas, ese camino no ha sido inmediato. Alejandra Ramírez, hija de una de las personas asesinadas, cuenta que este proceso tomó años. “No sucedió de la noche a la mañana”, habla de un recorrido de cerca de cuatro años en el que pasaron de buscar respuestas a poder contar su historia.En su caso, el impacto fue personal desde muy pequeña. Creció en un entorno donde su padre fue señalado como delincuente. “Eso hizo que yo sufriera bullying… que otros niños tuvieran miedo de acercarse a mí”, recuerda. Hoy, dice, poder conocer la verdad y limpiar el nombre de su padre se siente como un alivio.Finalmente, el magistrado Pedro Díaz, explicó el término “vergüenza reintegrativa”, algo que los comparecientes viven en la estos actos restaurativos.“Que un perpetrador se presente ante las víctimas, ante la sociedad, no solo ya ante la JEP, sino ante las víctimas de sociedad, reconozca los hechos, narre qué pasó, solicite el perdón, pues le tiene que dar vergüenza naturalmente, porque son unos hechos tremendamente graves, pero pero eso solo es posible en escenarios restaurativos. Y esa vergüenza que ellos tienen es lo que permite que se reintegren a la sociedad, es lo que permite que tengan una aceptación diferente a la estigmatización de ser delincuentes”.La exposición estará disponible y disponible al publico hasta el 28 de mayo de 2026 en el lobby de la JEP en Bogotá.
En medio de la actualización de cifras de falsos positivos, que elevó a más de 7.800 el número de víctimas documentadas en el país, han surgido cuestionamientos sobre el nivel de verificación real de estos casos. Ese es el caso del politólogo y activista Juan José Serrano, quien radicó un derecho de petición ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para solicitar mayor claridad sobre el alcance de esos datos dentro del Caso 03.Serrano pidió a la jurisdicción precisar cuántas de esas más de 7.000 víctimas han sido identificadas de manera completa, es decir, con nombre, documento de identidad y lugar de los hechos, y cuántas aún permanecen en proceso de verificación.“En Colombia siempre se ha hablado de 6.402 casos, que es el universo provisional de los hechos, es decir, un cruce entre lo que ha dicho el centro de memoria histórica, lo que han dicho fundaciones y los que han dicho ONGs, y ahora lo aumentaron a 7.000 al ampliar el margen de años. Pero lo que hay que aclarar aquí es que estos casos no han sido verificados”, subrayó Serrano.Además, el derecho de petición solicita información sobre la distribución geográfica de los hechos, con el fin de establecer en qué departamentos se concentran los casos documentados y si existe un desglose que permita dimensionar su impacto territorial.“Solicito que se señale la lista de departamentos en los que la JEP tiene documentados o confirmados estos hechos, indicando si es posible el número de casos registrados por departamento”, señaló en el documento.También pide a la JEP explicar los criterios que utiliza para pasar un hecho del universo provisional a la categoría de caso confirmado, así como el número de registros que siguen pendientes de validación.El activista también pidió a la jurisdicción detallar las diferencias procesales dentro del sistema para los comparecientes de la Fuerza Pública que reconocen su responsabilidad frente a quienes la niegan. En particular, busca conocer las rutas que sigue cada caso, los tipos de sanciones aplicables y los beneficios a los que pueden acceder quienes aportan verdad, en contraste con quienes optan por no hacerlo.
Han pasado 80 días desde que la Fiscalía interrogó a Simeon Perez, alias 'El Viejo', quien mencionó a Kendry Téllez, conocido como alias 'Yako', como la persona que habría coordinado la reunión con 'El Zarco Aldinever' para planear el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.A pesar de estos señalamientos, alias 'Yako' aún no ha sido expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz y continúa con los beneficios que le otorga esa jurisdicción, como por ejemplo, Amnistía de iure por fabricación, tráfico y porte de armas, que le otorgó el beneficio de libertad condicionada en 2018.Es importante recordar que el pasado 8 de abril de 2026 la JEP abrió un incidente de verificación de cumplimiento del régimen de condicionalidad en su contra. En esa decisión, la Sala de Amnistía o Indulto ordenó la recolección de pruebas y dio un plazo de cinco días hábiles a las partes involucradas, incluido el solicitante, su defensa y el Ministerio Público, para aportar información relevante en el caso.Según la respuesta oficial de la JEP a Blu Radio, el 29 de abril ingresó al despacho un informe con las respuestas de varias entidades, entre ellas la Procuraduría, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, la Contraloría y dependencias de la Fiscalía General.Sin embargo, señalan que no hubo respuesta por parte del Ministerio de Defensa, al que se le había solicitado información para establecer si Téllez ha tenido vínculos recientes con grupos armados organizados después de 2016. Señalan que tampoco se recibieron observaciones del Ministerio Público ni de la defensa del compareciente frente a las pruebas del proceso.La JEP aseguró que continuará evaluando la información recopilada para determinar si alias 'Yako' incumplió las condiciones del sistema, lo que eventualmente podría llevar a su expulsión.
A través de un comunicado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) explicó que el Anexo I del Auto 06-051, mediante el cual acreditaban a alias ‘Simón Trinidad’ como víctima dentro del caso 06, no corresponde al listado oficial de personas reconocidas como víctimas o intervinientes especiales dentro del proceso que investiga el genocidio contra la Unión Patriótica.Según la JEP, ese archivo fue adjuntado por error y reunía solicitudes que aún se encuentran en evaluación, por lo que no tiene efectos jurídicos ni define acreditaciones dentro del caso.“En dicha decisión, por una equivocación humana, se adjuntó un archivo de Excel denominado Anexo I que no corresponde al listado definitivo de personas acreditadas como víctimas ni como intervinientes especiales en el proceso judicial”, señala el comunicado.En ese documento aparecía el nombre de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como ‘Simón Trinidad’, lo que generó interpretaciones sobre su reconocimiento como víctima. Sin embargo, la jurisdicción señaló que su solicitud no ha sido resuelta y continúa en estudio.“Esto se debe a que la decisión se concentra en criterios generales del proceso de acreditación y deja la identificación de las personas reconocidas al anexo. El texto del auto no incluye pronunciamientos ni desarrollos sobre situaciones individuales de esa naturaleza, que requieren un análisis especial y detallado”.La JEP subrayó que el despacho relator del Caso 06 expidió un nuevo auto en el que ordena ajustar el anexo y notificar a los solicitantes sobre la modificación.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció como víctima a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como alias ‘Simón Trinidad’. El reconocimiento se sustenta en hechos ocurridos entre 1985 y 1987, cuando Palmera Pineda militaba en la UP en Valledupar.Según su relato, “señala como responsables a agentes del Estado. Su militancia política inició en junio de 1985 con la adhesión del Movimiento Cívico Popular–Causa Común a la UP. Durante el proceso electoral de 1986, la UP tuvo un significativo crecimiento regional, lo que generó alianzas con otros sectores políticos emergentes, pero también dio lugar a una intensificación de la persecución y el asesinato de militantes del partido en el departamento del Cesar”.Entre los episodios que expone está una reunión en el Banco de la República, en la que el comandante del Batallón de la Popa le habría solicitado información sobre personas vinculadas a organizaciones sociales y políticas, lo que antecedió a varios asesinatos en la región. Tras el homicidio de dirigentes y amenazas directas contra su familia, incluida una advertencia de muerte contra sus hijos, decidió exiliarse y posteriormente ingresar a las Farc-EP.“Inicialmente se vinculó al Frente 19 en la región del Sumapaz y, posteriormente, fue trasladado a la Sierra Nevada en noviembre de 1987. Finalmente, la solicitud señala que muchos de los militantes de la UP que no se exiliaron ni se incorporaron a la insurgencia fueron asesinados, enumerando varios casos representativos de esta persecución sistemática”, se lee en la sustentación.Uno de los principales efectos jurídicos de esta decisión es que ‘Simón Trinidad’ adquiere la calidad de interviniente especial dentro del proceso. Esto implica que podrá participar activamente en el caso, en línea con lo que establece la JEP. “El acto de acreditación de la condición de víctima ante la JEP le otorga, al mismo tiempo, la calidad de interviniente especial, garantizando así que tendrá las facultades necesarias para participar de manera efectiva en las actuaciones de la JEP”, señala el auto.Esto le permite, entre otras cosas, aportar pruebas, acceder al expediente, conocer las versiones voluntarias de los comparecientes y presentar observaciones frente a estas. “Por esta razón, la Sala de Reconocimiento procederá a poner a disposición de las víctimas acreditadas y de sus representantes las versiones voluntarias practicadas y que se puedan practicar en el marco del Caso 06, para que puedan solicitarlas directamente a la Secretaría Judicial de esta Sala”.Sin embargo, la JEP advierte que el reconocimiento como víctima no implica automáticamente que su caso será priorizado dentro de la investigación. “El reconocimiento de la calidad de víctima y de interviniente especial no implica que los hechos por los cuales procede la acreditación serán abarcados por la priorización interna que se determine para la concentración de las labores de investigación en los subcasos territoriales del Caso 06”.En el auto, la JEP le otorgó personería jurídica a su abogada, Sara María Triana, para ejercer la representación judicial de Palmera Pineda ante la JEP.Es importante recordar que alias ‘Simón Trinidad’, exnegociador y exmiembro del Bloque Caribe de las extintas Farc, fue capturado en el año 2004 en Ecuador y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde actualmente cumple una condena de 60 años por el secuestro de tres estadounidenses.
La JEP ha determinado que entre 1990 y 2016 hubo al menos 7.837 casos de falsos positivos en Colombia.Según las investigaciones que ha adelantado ese tribunal, entre los años 1990 y 1994 se habrían presentado al menos 470 falsos positivos. Entre 1995 y 1998 la cifra sería de 334 casos. Desde 1999 y hasta 2002 hubo 708 registros. De 2003 a 2010 se registran los números más altos, con al menos 6.053 ejecuciones extrajudiciales. Mientras que de 2011 a 2016 empezaron a descender, con 272 registros. Estos datos aún están siendo consolidados y contrastados por la JEP y podrían tener una variación a medida que avanzan las indagaciones.Blu Radio obtuvo documentos oficiales entregados a este medio de comunicación tras una petición, en la que se aclara que se han adelantado varios procesos de revisión y depuración de los registros documentados sobre víctimas de estos casos.La sección que ha estado encargada de esclarecer estas cifras es el Grupo de Análisis de Información, GRAI.Según la respuesta de la jurisdicción, el GRAI “ha adelantado varios procesos de revisión y depuración de los registros documentados como Muertes Ilegítimamente Presentadas como Bajas en Combate (MIPBC), y que hacen parte del patrón macrocriminal investigado en el macrocaso 03 de la JEP. Nótese que las MIPBC son un subconjunto de los homicidios atribuibles a la Fuerza Pública, ya que no todo homicidio de esta naturaleza fue presentado como una baja durante un combate legítimo”.Más de 20.000 homicidios y desapariciones por parte de la Fuerza PúblicaLa JEP también señala que el consolidado de víctimas no es un número estático, absoluto o cerrado, y aclaran que las muertes y desapariciones presuntamente atribuibles a la Fuerza Pública durante el conflicto superan los 20.000 casos.“Bajo la última actualización, el GRAI ha documentado 20.728 homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la Fuerza Pública, de los cuales 7.837 han sido clasificados como MIPBC entre los años 1990 a 2016”.A este resultado se llegó después de que la Sala de Reconocimiento le ordenó al GRAI sistematizar todos los informes remitidos a la jurisdicción y consolidar un Catálogo de Informes y un Universo Provisional de Hechos, con base en cuatro criterios: metadatos de la fuente, información detallada de los hechos, características de las personas identificadas y la posibilidad de realizar conteo y análisis estadísticos relevantes”, dice el documento entregado a Blu Radio por la JEP.El GRAI, desde el 2020, ha desarrollado varios proyectos y ha procesado más de 1.000 informes, con cerca de 35.000 anexos aportados por las víctimas y algunas entidades del Estado, entre ellas la Fiscalía, la Justicia Penal Militar, la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura.“Es preciso señalar que, a la fecha, la Sala de Reconocimiento, en el desarrollo de sus Autos de Determinación de Hechos y Conductas del Macrocaso 03, ha esclarecido 1.952 víctimas de MIPBC (sin incluir aquellos NN: casos esclarecidos pero no identificados)”, explicó la JEP a este medio.¿Desde cuándo hay registros sobre falsos positivos?En esta respuesta oficial, la JEP también precisa que en la base de datos integrada por el GRAI se registra un primer caso de falsos positivos en 1962.“En las bases de datos integradas por el GRAI se registra una primera MIPBC ocurrida en el año 1962. En el marco del trabajo de esclarecimiento judicial adelantado por la Sala de Reconocimiento dentro del Caso 03, el primer caso determinado corresponde al año 1992”, dice la JEP en su respuesta.La concentración de casosDe acuerdo con el análisis realizado por el GRAI, el periodo de mayor concentración de falsos positivos se dio desde el 2001, cuando se registra el inicio de un crecimiento exponencial que empieza a decrecer en 2009, pero que no desaparece.“Se puede concluir que los departamentos con mayor número absoluto de víctimas de MIPBC incluyen, entre otros, Antioquia, Meta, Cesar, Casanare y Huila”, agrega la JEP.
La secretaria de Hábitat de Bogotá, Vanessa Velasco, explicó en Casa Blu los programas de subsidios de vivienda disponibles en la ciudad y cómo pueden acceder los ciudadanos a estas ayudas.Según la funcionaria, el Distrito puso en marcha el plan “Mi Casa en Bogotá”, con el objetivo de facilitar el acceso a vivienda a través de diferentes modalidades. "Nosotros creamos con el alcalde Galán este plan de vivienda que lo que hace es atender a las familias para que tengan una opción real de adquirir, mejorar o arrendar su vivienda", afirmó.Velasco indicó que uno de los programas disponibles es “Ahorro para mi casa”, que busca apoyar a las familias en el pago del arriendo mientras ahorran para adquirir vivienda. "El programa durante un año le da a los bogotanos la posibilidad de acompañarlos en el arrendamiento de su vivienda con el compromiso de que ellos puedan ahorrar. ¿Cuánto damos? Hasta 1 millón de pesos mensual por 12 meses", explicó.Para acceder a estos subsidios, las familias deben cumplir algunos requisitos, como tener ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, no contar con vivienda propia y no haber sido beneficiarios previos de subsidios del Distrito. Además, las convocatorias se realizan en fechas específicas. "Sobre todo esto lo trabajamos con convocatorias. Esta en especial va a estar abierta solamente 19 al 20 de mayo. Así que muy atentos porque tenemos 100 cupos para este año", señaló.La secretaria también destacó que existen otros programas como “Reduce tu cuota”, “Reactiva tu compra” y “Mejora tu casa”, diseñados según las necesidades de cada hogar. “Entendimos que las familias tienen necesidades diferentes y por eso creamos varias opciones”, indicó.Frente a las personas con trabajos informales, Velasco aseguró que también pueden acceder a algunas alternativas. "Nosotros estamos abiertos a trabajar con las entidades financieras que trabajan en el mercado formal de crédito y muchas de ellas reciben también, por supuesto, la apuesta a empleados formales e informales.", dijo.Finalmente, advirtió sobre posibles fraudes en el proceso de acceso a estos beneficios. “No trabajamos con tramitadores ni con ningún tipo de costo por el subsidio. Esto es completamente gratuito”, enfatizó.La funcionaria invitó a los ciudadanos a consultar toda la información en los canales oficiales del Distrito y participar en las convocatorias y ferias de vivienda programadas durante el año.Escuche la entrevista completa aquí:
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ya se pronunció frente al asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, coordinador de su campaña en Cubarral, Meta, y exalcalde del municipio, así como de Eder Fabián Cardona López. El candidato aseguró que “el único delito que cometieron fue luchar por hacer patria y por hacer democracia”.“Con el alma rota de dolor y el corazón lleno de rabia, pero con la frente en alto y decidido a reconstruir esta patria que tanto queremos, les hablo hoy como candidato presidencial y como colombiano que no se arrodilla ante los narcoterroristas. Anoche asesinaron a Roger Mauricio Devia, nuestro coordinador en Cubarral, en el departamento del Meta, y a Fabián Cardona, otro miembro de la campaña que viajaba con él en su moto”, afirmó el candidato.Abelardo de la Espriella aseguró que las víctimas habrían recogido publicidad en Villavicencio para activar su campaña este fin de semana festivo en la región del Alto Ariari, conformada por los municipios de El Castillo, El Dorado, Cubarral, San Martín y Lejanías. Según indicó, cuando los hombres regresaban a sus hogares fueron asesinados luego de que les encontraran el material publicitario.“Su sangre quedó marcada sobre los afiches y el material de nuestra campaña. Esa sangre es la que nos obliga hoy a seguir adelante con más fuerza, ardentía y determinación que nunca. En Cubarral y en todo ese corredor del Meta operan las disidencias de las FARC, al mando del miserable y despreciable Calarcá”, afirmó el candidato.Además, anunció en el video que encabezará personalmente una caravana en homenaje a las víctimas y en rechazo a las disidencias de las FARC y al narcoterrorismo.“Una caravana en honor a Roger y Fabián, y en honor a todos los caídos por defender este país”, aseguró el candidato presidencial. Sin embargo, hasta el momento no ha confirmado el lugar, la fecha ni la hora de la actividad.Más instituciones también se pronunciaronLa Defensoría del Pueblo, a través de X, aseguró que estos hechos son de extrema gravedad y que, al ocurrir en el contexto electoral, afectarían gravemente el ejercicio de los derechos políticos y la participación democrática en los territorios.“La violencia, las amenazas y cualquier forma de intimidación afectan el debate público, profundizan los riesgos para liderazgos políticos y sociales, y debilitan la convivencia democrática”, afirmó la entidad.Por su parte, la Procuraduría General de la Nación también rechazó el crimen mediante un pronunciamiento en X.“El Procurador General, Gregorio Eljach, rechaza de manera contundente el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral (Meta) y coordinador de campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en el departamento”, señaló el organismo.Ambas instituciones hicieron un llamado urgente a las autoridades para avanzar en las investigaciones y esclarecer lo sucedido. Además, pidieron adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, la seguridad y las garantías democráticas de todos los actores políticos en el marco del proceso electoral.
El Gobierno Nacional reconoció el riesgo de que Colombia enfrente problemas de abastecimiento de energía ante la alta probabilidad de la llegada de un nuevo Fenómeno del Niño en el país.A través de una circular firmada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, el Gobierno advirtió que el sistema eléctrico colombiano podría no contar con la generación suficiente para atender la demanda nacional durante el próximo año, especialmente en un escenario de sequía prolongada.“Este escenario hidrológico adverso, sumado al déficit de ENFICC ya identificado, eleva significativamente el riesgo de que el SIN no cuente con la generación suficiente para atender la demanda nacional durante el próximo año”, se lee en la circular.Esta situación se basa en la alerta en proyecciones emitida por la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, que estima una probabilidad del 95 % de que desde junio de 2026 se presente nuevamente el Fenómeno del Niño.El documento señala que la preocupación aumenta porque actualmente ya existe un déficit de energía firme, es decir, de la capacidad de respaldo con la que cuenta el sistema para responder en temporadas críticas cuando disminuyen los niveles de los embalses y baja la generación hidroeléctrica.“La combinación de los factores anteriores —déficit de ENFICC, impacto geopolítico en el precio de escasez, metodología para el cálculo del CPC y alta probabilidad de evento hidrológico crítico— configura una situación de riesgo inminente para la prestación continua del servicio de energía eléctrica, en contradicción con los principios rectores del sector energético colombiano establecidos en la Ley 142 y la Ley 143 de 19942”, afirma el Ministerio de Minas y Energía en la circular.Según el Ministerio, la combinación de varios factores pone en riesgo la prestación continua del servicio de energía en el país: el déficit energético identificado, el aumento internacional en los precios de los combustibles, las dificultades regulatorias para habilitar nuevas plantas de generación y la eventual llegada de un nuevo periodo de sequía.En la circular, el Gobierno pide de manera urgente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, hacer ajustes regulatorios para ampliar la participación de plantas generadoras en las subastas del llamado Cargo por Confiabilidad, mecanismo clave para garantizar energía disponible durante emergencias.“Requerimos respetuosamente, que de manera urgente, se realice por parte de la CREG, los análisis y ajustes regulatorios respectivos, asociados a la situación aquí descrita, para que en el proceso de subasta de CXC se puedan incorporar de manera inmediata lo concerniente a la energía necesaria que requiere el sistema, además de brindar los incentivos para que dichos recursos puedan estar disponibles para el abastecimiento energético de la demanda durante los próximos periodos de sequía en nuestro País”, agregó.Además, el Ministerio advierte que las actuales condiciones del mercado internacional han elevado considerablemente los costos de operación de las plantas térmicas debido al incremento en el precio del petróleo tras la crítica situación en Medio Oriente. Esto podría dejar por fuera del sistema a proyectos que serían fundamentales para garantizar el suministro energético.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad especial por tres meses al exdirector de Operaciones de Metrolínea S.A., Hermes Fuentes Vásquez, tras encontrarlo responsable de irrespetar y maltratar verbalmente a una contratista de la entidad en Bucaramanga.La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, que estableció que los hechos ocurrieron durante 2023, cuando el entonces funcionario sostuvo un altercado verbal con una colaboradora y, en medio de la discusión, golpeó el escritorio mientras se dirigía de forma irrespetuosa hacia ella.Según el fallo disciplinario, la conducta del exdirectivo vulneró el deber funcional de tratar con respeto y rectitud a las personas relacionadas con el servicio público, además de afectar principios fundamentales como la moralidad administrativa y la dignidad humana.El Ministerio Público calificó la falta como grave, cometida a título de culpa gravísima.Aunque inicialmente la sanción consistía en suspensión e inhabilidad especial por tres meses, esta fue convertida en una multa económica debido a que Hermes Fuentes Vásquez ya no se encuentra vinculado laboralmente a Metrolínea S.A.La suma que deberá pagar corresponde al equivalente de tres meses del salario que devengaba para la época de los hechos, es decir, cerca de 23 millones de pesos.El caso ya había generado atención desde 2024, cuando la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el entonces directivo por presuntas conductas irrespetuosas e intimidantes dentro de la entidad de transporte masivo.La decisión vuelve a poner en el centro de la polémica a Metrolínea, sistema que en los últimos años ha enfrentado múltiples cuestionamientos por su crisis financiera, operativa y administrativa en el área metropolitana de Bucaramanga.
El programa del sábado, 16 de mayo de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Andrés López, y contó con las siguientes secciones:En Orgullo País, se habló sobre Yaps Bakery, revolucionando la panadería y repostería.En Un columnista nos contó, se habló sobre vestirse bien es vivir.En el Tema Central, Vivían Montoya Ruiz, Máster en Comunicación y estratega del Juego Corporativo, se refirió sobre ¿cómo ganar la entrevista y el puesto de trabajo? ¿Cómo fluir en una entrevista de trabajo?En 'La maquina de la verdad', se refirió sobre el interiorismo.Escuche el programa completo aquí: