Durante un conversatorio sobre el aporte del informe final de la Comisión de la Verdad a la justicia transicional, el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, se refirió al proceso de paz total que busca llevar a cabo el Gobierno del presidente Gustavo Petro y para el cual ya al menos 10 grupos armados u organizaciones delincuenciales han manifestado que quisieran hacer parte. Cifuentes mostró su respaldo a la paz total, pero además cuestionó que el Estado no tenga proyectos que integren las acciones restaurativas impulsadas por los responsables."Estas entidades- el Sistema Integral para la Paz- son frágiles, y no hubieran sido frágiles si otras hubieran sido las condiciones, yo sí creo que es necesaria la paz total y no solo conceder beneficios desde el principio, sino también que los comparecientes procedan a llevar a cabo reparaciones y que se implanten mecanismos para que los trabajos y obras de contenido reparador se inserten en grandes proyectos desde el Estado, donde eso pueda ser real y sostenible", explicó.Asimismo, aseguró que ha sido un milagro tener un sistema que comience a cumplir sus propósitos y los objetivos para los que fue creado, porque siguen trabajando en un clima de mucha adversidad en el país y que eso no se puede negar, pues se evidencia en el asesinato de líderes."Siguen asesinando excombatientes, no hay una verdadera desmovilización garantista, no vemos un Estado que esté generando proyectos importantes para insertar a los comparecientes y víctimas, sin paz total no es posible que podamos rendir un 100 % a partir del ejercicio de nuestras competencias", finalizó.
La JEP rechazó la solicitud de sometimiento que hizo el coronel retirado de la Policía Nacional y exgobernador de Santander Hugo Aguilar, condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con el paramilitarismo, con quienes habría hecho alianzas con el fin de lograr llegar a la gobernación y a cambio de esto algunos funcionarios durante su administración habrían sido nombrados para cumplir sus compromisos con las Autodefensas Unidas de Colombia; también ha sido acusado por irregularidades en la adjudicación de contratos, enriquecimiento ilícito e, incluso, señalado de tener participación, presuntamente, en homicidios.En 2020, Aguilar pidió su sometimiento a la JEP y aseguró que aportaría información sobre la infiltración de Pablo Escobar en el Bloque de Búsqueda, teniendo en cuenta que él comandó el operativo que llevó a la baja del jefe del cartel de Medellín, y las alianzas entre el paramilitarismo y los políticos de Santander. Sin embargo, no fue aceptado en ese momento, pues se le pidió que ajustara su plan de compromiso.En esta ocasión la JEP consideró que en los hechos por los que está pidiendo su sometimiento no se puede evidenciar con claridad una vinculación directa con el conflicto armado, razón por la que no pueden ser investigado por la justicia transicional."Se tiene que del examen de los procesos que obran en contra del solicitante, existió una pluralidad de investigaciones en las que no fue posible determinar, en un nivel mínimo de intensidad, su relación con el conflicto armado. En algunos casos, la declaratoria de atipicidad excluyó de manera definitiva la posibilidad de relacionar el hecho con el conflicto armado, pues la conclusión determinó la inexistencia del hecho", se lee en la decisión de la JEP.Pero, además, en el plan de aporte a la verdad que entregó Aguilar con los detalles que le pidió la JEP que debía ampliar, el exgobernador aseguró que incluso quería ir a juicio por algunos de los hechos por lo que ha sido señalado, en este sentido ya incumple una de las solicitudes que le hizo la jurisdicción, pues no ampliará los detalles de estos delitos, sino que, por el contrario, pretende controvertirlos. Sobre los acercamientos entre miembros de la fuerza pública y el paramilitarismo para dar con el paradero de Pablo Escobar tampoco aportó información novedosa; asimismo, su compromiso sobre lo que contaría referente a las alianzas entre el paramilitarismo y los políticos en Santander tampoco ayuda a esclarecer detalles importantes sobre el conflicto armado."A lo largo de su compromiso de verdad se enfrascó en la idea de presentar argumentos exculpatorios, tratando de desmantelar la idea de que su condena por la comisión del delito para delinquir no consistió en el auspicio y promoción de grupos paramilitares, sino que estuvo reducida de forma pasiva a recibir el apoyo electoral para ser elegido gobernador de Santander, manteniendo la administración al margen de cualquier colaboración con las autodefensas", asegura la JEP.Ante esto se tomó la decisión de rechazar su sometimiento, pues no cumple con el compromiso de brindar a las víctimas garantías de verdad, y se ordenó, además, que sus procesos vuelvan a la justicia ordinaria para que allí continúen su trámite.Siga y escuche el podcast ‘Emprender, fallar y triunfar’:
En el Canal del Dique se va a adelantar un megaproyecto para restaurar los ecosistemas degradados, el contrato lo adjudicará la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.En los últimos días, se levantó una polémica, pues se dijo que el gobierno de Iván Duque lo dejaría listo antes de terminar su mandato, pero el proyecto se cuestionó desde varios sectores por un supuesto impacto ambiental. La estructura busca controlar las inundaciones que se presentan en algunas poblaciones ribereñas del sur del Caribe.Sin embargo, la JEP encontró que en el Canal del Dique se presentaron cerca de 9.638 desapariciones forzadas, entre los años 1991 y 2015, por lo que desde hace un tiempo ordenó su protección tras una solicitud de las víctimas que aún buscan a sus familiares desaparecidos durante el conflicto.En el mismo sentido, recientemente se elevó una solicitud de la Ruta del Cimarronaje para que la Justicia Especial para la Paz diera orden a la ANI adoptar un protocolo que pudiera garantizar la recuperación de los cuerpos, con el fin de que los derechos de las víctimas no se vieran afectados por el megaproyecto."La Jurisdicción se debe a las víctimas del conflicto armado. En este caso particular, aquellas que puedan reposar en las aguas y sedimentos del Canal del Dique. Es menester responder de manera clara a la comprensible preocupación por el riesgo que puedan correr los lugares en los que se presume podrían estar los cuerpos de familiares y seres queridos de las comunidades aledañas al Canal. Existe una necesidad de aliviar el dolor de las víctimas y las organizaciones que las representan", se leyó en la decisión.Le puede interesar:Es por esto que ordenaron a la ANI, como entidad estatal encargada de adjudicar el contrato, que el contratista del proyecto cumpla con un protocolo para la búsqueda, hallazgo, exhumación, tratamiento y entrega digna de cuerpos de personas desaparecidas.Por suparte, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP negó la solicitud de suspender el proceso de licitación del proyecto, al considerar que esta decisión la debe tomar un juez.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las frases controversiales y los momentos inolvidables del presidente Duque a lo largo de su gobierno:
El exgobernador de Santander y condenado por parapolítica, Hugo Aguilar Naranjo, reveló detalles desconocidos sobre cómo los grupos de Autodefensas permearon la política, la economía y la sociedad en el departamento. Señaló que acompañó al exsenador Luis Alberto Gil Castillo hasta la sede de los paramilitares en el Magdalena Medio para "evitar que lo matarán", porque era visto como un aliado de la guerrilla por ser un desmovilizado del M-19. "Llegamos al corregimiento de San Rafael de Lebrija, donde estaba el comandante del Bloque Central Bolivar, alias 'Camilo Morantes', porque el general Tobías Durán Quintanilla, quien era el comandante de la Policía en Bucaramanga, me había advertido que existía un plan de los paramilitares para atentar contra las directivas del partido Convergencia Ciudadana", expresó. El exgobernador señaló también que a esa reunión con los paramilitares, fuera de Luis Alberto Gil Castillo, asistieron igualmente Jairo Céspedes (gerente de Solsalud), Nelson Franco y otras personas. "Llegamos a una cafetería y apareció 'Camilo Morantes', parecía un 'Rambo' con armas y escoltas", manifestó Aguilar."Nos perdonaron la vida. Ahora tenemos que arreglar el puesto de salud, ayudar en una feria y suministrarle todos los medicamentos al Bloque Central Bolívar. En ese momento nace la relación entre Convergencia Ciudadana con los paramilitares y la mía con el partido", aseguró el exgobernador Aguilar que le dijo Luis Alberto Gil al terminar la reuniónOtro dato revelador que entregó Hugo Aguilar es que entre los años 1998 y 2005 "todos los políticos de Santander debían pedirle permiso a los paramilitares para hacer proselitismo en la región". Indicó que, en ese sentido, "el que lo niegue está diciendo mentiras" y reconoció que él lo hizo "siempre a través de los líderes" y que, por esa razón y error, está preso. También señaló que en el municipio de Encino los paramilitares convocaron a una reunión con varios políticos: "yo llegué hasta La Cantera, después de devolví, pero veía pasar carros con dirigentes políticos", aseveró. Aguilar Naranjo manifestó que ganaderos y palmicultores "debían pagarle a las Autodefensas" y que "otra fuente de ingreso de los paramilitares era el tubo de Ecopetrol".Recordó el coronel (r) de la Policía que, días antes del asesinato del sacerdote Pauselino Camargo en Cúcuta, trató de intervenir ante las Autodefensas para que no cometieran el crimen. "El diputado Nelson Franco me buscó para buscar un acercamiento con las Autodefensas porque querían matar al padre Pauselino. El sargento Moreno buscó un contacto de Carlos Castaño y alias 'Don Berna', viajamos hasta Córdoba, pero ellos me afirmaron que no tenían injerencia en Norte de Santander, me devolví, le comenté a Nelson y para desgracia asesinaron días después al sacerdote", dijo.Finalmente, el exgobernador Hugo Aguilar, pidió perdón a las víctimas de los paramilitares en Santander."Después de servirle a Colombia cometí uno de los peores errores de mi vida que no me deja vivir en paz, el cual fue permitir que las Autodefensas de Colombia apoyaran mi proyecto político dejándome llevar por las malas practicas y la avaricia de poder. Reconozco que varias personas que no votaron por mí fueron sacadas del departamento", contó.Tras pedir perdón, Aguilar Naranjo ofreció resarcir el daño causa entregando una finca, extensas plantaciones de caña de azúcar, dos trapiches, terrenos para la construcción de vivienda, ganado, cultivos de maracuyá, lulo y un proyecto turístico en la Cueva de Los Murciélagos ante la JEP. También le pidió perdón a su esposa Mónica Maria Barrera y familia por sus actuaciones. Actualmente, el exgobernador de Santander Hugo Aguilar, está en libertad condicional, pero en su contra hay otros procesos judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción. Escuche el podcast Sin tabú:
El 13 de diciembre de 1998 se perpetró una masacre en el caserío Santo Domingo, los hechos ocurrieron en el departamento de Arauca, cuando la Fuerza Aérea lanzó una operación dirigida contra cerca de 250 miembros de los frentes 10 y 45 de las FARC, quienes se encontraban en el sector. Durante los hechos murieron 17 personas y 21 más resultaron heridas, entre los que se encontraban menores de edad, mujeres y adultos mayores, uno de ellos ciego.La tripulación del helicóptero estaba conformada por el entonces teniente Cesar Romero Padilla, quien era el piloto; el teniente Johan Jiménez Valencia, copiloto; y Héctor Mario Hernández, técnico de la aeronave. Cesar Romero y Johan Jiménez tienen una sentencia condenatoria por estos hechos, pues no habrían cumplido con lo ordenado por el derecho internacional humanitario durante el bombardeo.Asimismo, el teniente Germán David Lamilla habría sido cómplice en los hechos por entregar las coordenadas de la zona donde se presentó el ataque, mientras que la tropa fue comandada por el coronel Sergio Andrés Garzón Vélez, quien ha sido investigado en la justicia ordinaria por su participación en el operativo.La JEP tiene competencia para investigar los hechos que ocurrieron en el marco del conflicto armado, asimismo para llamar a los miembros de la fuerza pública que considere y puedan estar involucrados en diferentes delitos. Ante esto, le solicitaron a Cesar Romero y Johan Jiménez que entregaran un compromiso de verdad que nunca llegó. Mientras que Germán Ladilla aseguró que no quería someterse a la justicia transicional.Por eso la JEP le hizo a Romero y a Jiménez un llamado de atención asegurando que no están aportando a la verdad ni a reparar a las víctimas, recordándoles que tienen una sentencia condenatoria: "No acatar los requerimientos realizados por la JEP constituye una conducta reprochable, en particular si se considera que los comparecientes en su calidad de servidores públicos, y al ostentar altos rangos dentro de las Fuerza Aérea, deberían ser un ejemplo en el cumplimiento de lo establecido en la Constitución y la ley".Ante esto, la JEP le pidió a la justicia ordinaria que se sancione a Cesar Romero y Johan Jiménez, mientras que en el caso de Germán Lamilla deberá enfrentar un juicio por el delito homicidio múltiple en concurso homogéneo.En el caso de Sergio Andrés Garzón, investigado por los hechos, la JEP explica que, por su calidad de agente del Estado miembro de la fuerza pública, debe comparecer obligatoriamente en la justicia transicional, por lo que decidieron asumir la competencia del caso."Inicialmente se requerirá al señor Sergio Andrés Garzón para que, dentro del término de diez días hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución, presente de manera concreta, programada y clara, cuáles serán sus formas de contribución al esclarecimiento de la verdad a favor de las víctimas y la sociedad, las modalidades de reparación y las garantías de no repetición", dijo la JEP.Asimismo, sobre Germán Lamilla explica que al no querer someterse no tiene un compromiso con el sistema para la paz ni con las víctimas, por lo que el proceso continuará en la justicia ordinaria.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
La Procuraduría General de la Nación lanzó una fuerte advertencia a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los casos de exguerrilleras víctimas de prostitución y violencia sexual y, le pidió que reciba los testimonios de las mujeres de forma individual.La Procuraduría pidió al despacho relator del macro caso 04 de la JEP, que investiga la situación territorial ocurrida en Urabá, recibir en diligencias individuales a las mujeres excombatientes del bloque 57 de las extintas Farc-EP, para que puedan rendir declaraciones de manera reservada, libre y espontánea, sobre su condición de víctimas de aborto, planificación forzada, cohabitación forzada, prostitución y esclavitud sexual.La solicitud la hizo después de analizar declaraciones recibidas por una excombatiente y otras mujeres pertenecientes a diferentes estructuras, además de dos exjefes, que dan cuenta de la ocurrencia de prácticas sistemáticas de abortos y planificación forzada dentro de las Farc, como lo ha venido denunciando el Ministerio Público.Le puede interesar:Además, advirtió que la responsabilidad en la práctica de secuestros y uso de medios y métodos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como minas antipersona, cilindros bomba y dinamita en ataques y, tomas a poblaciones, deben trasladarse a todos los exmiembros de esa estructura guerrillera.Asimismo, entre los datos entregados por los comparecientes, la Procuraduría encontró elementos de contexto que ayudarían a esclarecer la verdad en casos de desaparición, desplazamiento y homicidio contra el partido político Unión Patriótica en la región, por lo cual solicitó traslado de las versiones al despacho relator del macro caso 06.
Durante las audiencias de observaciones a lo que han dicho los exintegrantes del Comando Conjunto de las Farc en la JEP frente a los casos de secuestro que se presentaron en el Tolima, Hersilda Delgado señaló a Gustavo Bocanegra, alias 'Donald', quien fue jefe de finanzas del Frente 21, de haber ordenado el asesinato y desmembramiento de su hermana, secuestrada en San Antonio, Tolima, en el año 2005.Ella aseguró que un informante que hizo parte de las Farc fue quien le habría dado esta información, pues al no conocer sobre el paradero de su hermana, emprendió una búsqueda con el fin de determinar lo sucedido, un hecho sobre el que hasta ahora no tiene certeza y que les exige a los miembros de la antigua guerrilla que le aclaren.En el mismo sentido reveló que, según el informante, tras el secuestro la orden que dio alias ‘Donald’ fue de asesinarla y desmembrarla, pero pide a la JEP que le ayude a aclarar si efectivamente esto fue lo que sucedió. Alias ‘Donald’ actualmente es un líder político del partido Comunes en el departamento del Tolima."Y que este comandante ‘Donald’, Gustavo Bocanegra, da la orden de que ella sea ejecutada o ajusticiada como dicen ellos allá, y que mi hermana fue desmembrada, fue torturada... Me dice el informe que la empacaron en una bolsa negra y que se la entregaron a dos familiares, pero la verdad es que nunca tuvimos conocimiento de eso", sentenció.Le puede interesar: “El que viola la ley no puede ser pobrecito”: alcaldesa Claudia LópezEscuche el podcast Emprender, fallar y triunfar
Cuatro militares y un civil fueron llamados a declarar ante la JEP luego de que reconocieran su responsabilidad en falsos positivos durante audiencias realizadas el pasado mes de abril en Ocaña, Norte de Santander.En esas audiencias, durante dos días, el general (r) Paulino Coronado, cuatro coroneles y otros cinco oficiales y suboficiales, además de un civil, aceptaron su responsabilidad en más de 100 casos de falsos positivos que se presentaron en ese departamento.Posteriormente, las víctimas enviaron sus observaciones a lo dicho por cada uno de los comparecientes, en su mayoría las víctimas aseguraban que sentían que en algunos casos no hubo verdad plena por parte de los militares, incluso cuestionaron que algunos hayan aceptado su responsabilidad por omisión. Después de recibir estas observaciones y las de la Procuraduría, la JEP llamó nuevamente a cuatro militares y a Alexander Carretero, el civil, para que entreguen detalles que pudieron haber faltado u omitido en estas audiencias."Convocará a una nueva diligencia de versión voluntaria para que tenga la oportunidad de aportar verdad sobre los elementos que tiene a su disposición y sobre los cuales no ha dado noticia a la JEP y que pueden resultar de interés para la investigación del caso 03, y complementar su reconocimiento de responsabilidad en lo que corresponda", se lee en los autos con los cuales la JEP convoca nuevamente a los comparecientes.Las personas que deberán volver a rendir versión son el coronel (r) Rubén Darío Castro Gómez, antiguo comandantes de la Brigada Móvil 15; el teniente coronel (r) Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 'General Francisco de Paula Santander' (BISAN), de Ocaña; el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN; el tercero civil Alexánder Carretero Díaz, y el sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz. Escuche el podcast La Caja de los Cómics:
Este miércoles se llevan a cabo audiencias en la JEP, en las que las víctimas de secuestro hacen sus observaciones a lo que contaron los exguerrilleros que pertenecieron al antiguo secretariado de las Farc, que fue comandando por Pablo Catatumbo y en un momento por Alfonso Cano.Las víctimas han dicho que todavía se sienten revictimizadas, no solo por las Farc, sino también por el Estado; uno de los testimonios fue el de Ramiro Charry, quien contó que sus dos padres fueron secuestrados con fines extorsivos en la década del 2000. Aunque aseguró que le ha hecho preguntas precisas a los exguerrilleros sobre temas puntuales, como los colaboradores que llevaron a que sus padres fueran secuestrados, aún no obtiene verdad plena."Fuimos cuatro generaciones víctimas de las Farc, mi padre y mi madre fueron secuestrados, les he pedido que me cuenten el génesis del secuestro de mi familia y quiénes fueron los terceros, ¿no que se metieron al acuerdo de paz a contarlo todo? Estamos a la espera. Nuestros victimarios ahí están en el Congreso revictimizándonos", aseguró.Asimismo, explicó que como hermano mayor tuvo que pedirles a sus hermanos que se salieran del estudio, pues no había recursos para la financiación y, además, que tuvo que dejar de pagar los bonos de paz, una iniciativa del Gobierno para apoyar a las fuerzas militares y lograr más seguridad, cuando no tuvo la financiación para los bonos fue embargado por el Estado.Le puede interesar:"Toda mi vida he pagado extorsiones. Los victimarios pasan con sus camionetas blindadas y nos dejan solo el polvo en la carretera", enfatizó.Por último, contó detalles sobre el secuestro del cual fueron víctimas sus padres y aseguró que aún sigue pagando extorsiones a las disidencias y, que su padre le contó los malos tratos que recibieron, incluso, una vez en la que su madre se enfermó de gravedad. "Mi mamá sufrió un accidente y mi papá en ese desespero me cuenta que le dijo al comandante que 'no más con la tortura que nos matara', el comandante le pasa el fusil y le dice 'hágale empiece por su señora'", relató.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo el presidente Duque defiende a capa y espada los resultados de sus cuatro años de gobierno:
El pasado 20 de julio el capitán retirado del Ejército Jaime Enrique Garnica Ruiz, recibió una medalla que enaltece el respeto por los derechos humanos, pese a que aceptó haber tenido vínculos con los paramilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La ceremonia militar tenía como fin destacar el servicio de los mejores soldados, pero llamó la atención por la designación que se hizo por orden del comandante del Ejército en ese momento, el general Eduardo Zapateiro.En el marco de las celebraciones patrias, miembros de la cúpula de la Segunda División del Ejército le entregaron uno de los reconocimientos más honrosos al capitán en retiro Garnica, quién ya había aceptado sus alianzas con paramilitares ante la JEP.Sin embargo, sin importar sus responsabilidades con la justicia, el capitán recibió dicha medalla como si fuese un héroe de la nación.El capitán Garnica estuvo detenido en su casa durante cinco años, pero la JEP le otorgó en beneficio de la libertad condicionada mientras se adelanta el proceso en su caso, informó Noticias Caracol.Según el expediente de la Fiscalía trasladado a la JEP, el capitán en retiro reconoció que "no realizó los actos propios de un hombre en la legalidad, omitió denunciar la presencia de paramilitares, omitió perseguirlos utilizando la fuerza y permitió que actuaciones irregulares se presentaran frente a sus ojos, como la entrega de víveres a las unidades paramilitares, que acudían ante su base en el lugar reconocido como Campo 23 cuando llegaban los abastecimientos para su compañía”.A su vez, el documento resalta que el capitán retirado le ayudó a los paramilitares a robar hidrocarburos, pero él negó dicho acto. La medalla militar 'Fe en la causa', la cual le fue otorgada a Garnica, tiene como requisito para ser entregada que la persona sea protagonista en el respeto por los derechos humanos, debe también haber liderado o planeado acciones que restituyan la libertad, la democracia y la paz.Lo cual significa que para el Ejército, comandado en aquel entonces por el general Zapateiro, el excapitán es un ejemplo del respeto por los derechos humanos.Por su parte, el Ejército explicó que en el momento de habérsele entregado la medalla a Garnica, el excapitán no tenía ninguna sanción disciplinaria ni penal.Escuche el podcast El Camerino:
La senadora Piedad Córdoba fue ingresada nuevamente a la Clínica El Rosario de El Tesoro, en Medellín, por aparentes quebrantos en su salud.Según la información conocida hasta ahora, la familia llevó a la congresista a una consulta en el área de urgencias del centro asistencial, donde ya se encuentra en observación médica. Sin embargo, se desconoce cuál es su actual estado o la enfermedad que la aqueja en esta ocasión.La congresista Córdoba estaba hace dos días en su vivienda, donde se encontraba recuperándose luego de pasar casi tres semanas hospitalizada en la misma Clínica El Rosario: primero, en la unidad de cuidados intensivos y luego, en una unidad de cuidados intermedios, por una infección urinaria que le impidió posesionarse oficialmente en el Senado el 20 de julio pasado.En ese momento fue internada en la clínica porque sufrió esa descompensación, al parecer, consecuencia de las secuelas que dejó el COVID-19 un mes atrás.Incluso, una comitiva del Congreso, entre ellos el presidente del Senado, Roy Barreras, se trasladó hasta dicha clínica para que Córdoba tomara posesión en su curul cuatro días después de haber comenzado la legislatura.Le puede interesar: escuche el podcast El Zuletazo
Este martes 9 de agosto en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos nacionales e internacionales más importantes acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.Escuche el programa completo de Voz Populi aquí:
El anuncio lo hizo el presidente Petro a través de su cuenta de Twitter: “César Ferrari será el director de Planeación Nacional, DNP, ingeniero civil de la Universidad Católica del Perú, Master en Planificación Regional y Urbana de la New York University y Doctor en Economía de Boston University, actual profesor de Economía de la Javeriana”.Ferrari es peruano, nació en la ciudad de Lima, es economista con experiencia en el análisis y diseño de políticas económicas, desarrollo financiero y micro-financiero, desarrollo regional y superación de la pobreza, según la hoja de vida del nuevo funcionario publicada en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas.El ingeniero habla inglés, italiano, portugués y español, ha sido consultor en distintos países de Latinoamérica como Bolivia, Cuba, Venezuela, Ecuador, Paraguay y Perú, además de otros países de África y Asia. Es profesor de la Javeriana desde 1999. Tendrá el reto principal de liderar la elaboración y presentación del Plan Nacional de Desarrollo, que será concertado en las diferentes regiones de Colombia y que trazará la hoja de ruta del nuevo gobierno.Fue un duro crítico de la reforma tributaria del gobierno anterior, en 2021 escribió una columna el portal Razón Pública en la que aseguraba que “situaciones extraordinarias como esta, ameritan medidas extraordinarias. Como están haciendo casi todos los bancos centrales del mundo, es hora de un préstamo del Banco de la República al gobierno”.En otra publicación advierte que para mejorar la vida de los colombianos se necesita “un Estado más grande, es decir, un Estado que recaude más impuestos”. El nombramiento se conoce, además, solo un día después de presentarse la reforma tributaria del gobierno.
El gobernador del pueblo indígena motilón barí, Juan Titira, denunció que, cuando una integrante de su comunidad identificada como Aurora Ashirona Sagyera era trasladada en ambulancia del hospital de Tibú hacia el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, el Ejército detuvo en dos oportunidades al vehículo para hacer requisas demorando por más de una hora y media su traslado; la indígena falleció luego de recibir atención médica.La comunidad aseguró que la mujer presentaba problemas respiratorios y que esas demoras en controles en los sectores de Agualasal y Ye De Astilleros provocó que la indígena se complicara.“Traía problemas respiratorios en la ambulancia, le prestaron servicio de oxígeno. Los militares en los diferentes puntos se demoraron en darle libertad, darle movilidad a la ambulancia, y el líder indígena y chofer fueron amenazados y estaban con actitud agresiva la fuerza pública”, aseguró Juan Titira, gobernador barí.Por lo que, pidió a la Fiscalía, Defensoría y Procuraduría investigar estos hechos, asegurando que la comunidad está profundamente adolorida por el fallecimiento de esta lideresa indígena del Catatumbo. De momento, el Ejército no se ha pronunciado.Le puede interesar: escuche el podcast El Zuletazo
El programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), en su último informe titulado “En peligro”, expuso que actualmente cada minuto muere una persona por VIH en el mundo. Y mencionan que, aunque las cifras globales muestran una caída de los contagios, el número de nuevas infecciones a nivel mundial se redujo solo un 3,6 % entre 2020 y 2021, el menor descenso anual desde 2016. Esto también se evidencia en los pronósticos, porque el número de nuevas infecciones anuales sería superior a 1,2 millones en el 2025, año en el que la ONU fijó un objetivo de menos de 370.000 nuevas infecciones por VIH en el mundo.Este retroceso se debe a que los recursos internacionales disponibles para el VIH fueron un 6 % inferiores a los de años anteriores, y las normas de comercio mundial obstaculizaron la producción de medicamentos durante la pandemia en los países de bajos y medianos ingresos, manteniendo los precios inasequiblemente altos para que estos países los adquieran a escala.El texto explica que otro obstáculo al que se enfrentaron fue el de la pandemia de COVID-19, además, otras crisis mundiales como la guerra de Ucrania han debilitado los avances contra el VIH y han reducido los recursos en la lucha contra la enfermedad. Porque en los eventos de emergencia quienes viven con esta afección se ven obligados a suspender su tratamiento.“Estos datos muestran que la respuesta mundial al Sida está en grave peligro. Si no avanzamos rápidamente estaremos perdiendo terreno, mientras la pandemia crece, los desplazamientos masivos y otras crisis. Recordemos los millones de muertes evitables que estamos tratando de detener”, afirmó la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, en la presentación del informe.De acuerdo con ONUSIDA, las mujeres y las adolescentes fueron el grupo poblacional más afectado por las nuevas infecciones durante el 2021, con un nuevo contagio cada dos minutos. El crecimiento de los casos de VIH en clave de género coincidió con la interrupción de los servicios de tratamiento y prevención de la enfermedad, con millones de niñas que se quedaron sin asistir a la escuela debido a la pandemia y por el aumento de los embarazos adolescentes, junto a la violencia de género.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
