La defensa del empresario Rafael Antonio Matera Lajud rechazó los señalamientos realizados por el excomandante paramilitar Saúl Severini Caballero ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionados con un supuesto vínculo entre el empresario y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Severini Caballero, quien fue condenado a 30 años de prisión por homicidio y ahora llega a la JEP, ha entregado declaraciones ante esa jurisdicción en las que se refiere a presuntos vínculos de empresarios y otras personas con estructuras paramilitares.En el caso de Matera Lajud, quien fue socio y representante legal de Camagüey, los señalamientos están relacionados con el supuesto ingreso al frigorífico de ganado que, según Severini, habría sido robado por integrantes de las AUC a finqueros y hacendados de la Costa. De acuerdo con esa versión, los animales eran sacrificados y comercializados para obtener recursos destinados a financiar a los grupos paramilitares.Estas afirmaciones hacen parte de las declaraciones que Severini está entregando ante la JEP y que son rechazadas por la defensa de Matera Lajud.El abogado Rubén Darío Henao, representante del empresario, cuestionó los señalamientos y aseguró en entrevista con Blu Radio que su cliente fue víctima de las estructuras paramilitares y no integrante o colaborador de estas.“Rafael Matera siempre fue un hombre, un empresario agroindustrial que, en su vida, lo único que supo hacer fue trabajar, proporcionar empleo y estar apoyando a la fuerza pública”, afirmó Henao.El abogado también sostuvo que las acusaciones contra Matera Lajud se han presentado desde diferentes momentos y que posteriormente llegaron a declaraciones de antiguos comandantes de las AUC.“Los señalamientos empiezan con paramilitares rasos que buscaban extorsionar, y después esos señalamientos llegaron hasta el Mono Mancuso”, señaló Henao.Según el abogado, la Fiscalía 145 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Valledupar ”emitió el pasado 10 de junio una resolución inhibitoria a favor de Rafael Antonio Matera, por concierto para delinquir agravado, debido a que ya existen resoluciones de preclusión por los mismos hechos ante diferentes fiscalías de Valledupar”.La resolución destaca que “la sala encontró una posible vulneración al derecho y al principio del non bis in ídem (juzgado dos veces por un mismo hecho) que le asiste a Matera Lajud, con la existencia una investigación, pues, hubo otro proceso en su contra donde ya fueron investigados por la presunta financiación a las AUC, que terminó con la preclusión de ese expediente en 2020”.Henao también cuestionó el contenido de los nuevos señalamientos y aseguró que estos no establecen circunstancias concretas sobre una eventual financiación de las estructuras paramilitares por parte de su representado. “Los señalamientos no determinan ni el lugar ni el modo ni el tiempo en que se dice que Rafael Matera financió a los paramilitares”, sostuvo el abogado.Como parte de su defensa, Henao también hizo referencia a declaraciones entregadas por Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', antiguo jefe del Bloque Norte de las AUC, estructura a la que perteneció Severini. En una declaración rendida por Tovar Pupo a la oficina de Investigación y Defensa Judicial contratada por la defensa de Matera, el exjefe paramilitar afirmó conocer al empresario, aunque aclaró que no tenía una relación cercana con él.'Jorge 40' agregó que sabía que Matera era propietario de un matadero que compraba ganado en el norte del Cesar y explicó que este último habría sido víctima de extorsiones por parte de las AUC.Frente a la operación de Camagüey, Henao defendió los procedimientos que, según explicó, eran aplicados para el ingreso y recepción del ganado. “Llevaron los controles exigidos por las autoridades de Policía, las autoridades sanitarias y las mismas autoridades penales para el recibimiento de ganado, de reses de todo tipo en estos frigoríficos”, afirmó.La defensa anunció que continuará adelantando acciones para controvertir los señalamientos realizados contra Matera Lajud y buscar demostrar su versión sobre los hechos. “Demostrar una vez más la inocencia de Rafael y que fue una víctima de las autodefensas y nunca un auxiliar de ellas”, afirmó Henao al referirse a las actuaciones que prepara la defensa.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó que el oficial en retiro Mauricio Alfonso Santoyo Velasco deberá continuar privado de la libertad. El alto tribunal resolvió la impugnación presentada por la defensa contra un fallo previo que ya le había negado una acción de habeas corpus.La determinación final de la Corte consistió en modificar la sentencia de primera instancia para declarar improcedente el amparo solicitado. Con este ajuste, el tribunal señaló que la solicitud ni siquiera cumplía con los requisitos básicos para ser analizada de fondo por un juez constitucional en este momento.Santoyo Velasco se encuentra recluido desde el 26 de abril de 2019, vinculado a procesos penales de alta complejidad. Actualmente, enfrenta cargos por delitos de concierto para delinquir y desaparición forzada, ambos agravados, los cuales son tramitados bajo la justicia ordinaria por la Fiscalía General de la Nación, también por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.El caso cobró un nuevo matiz tras el paso del procesado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aunque en 2020 este sistema de justicia transicional asumió el conocimiento de sus procesos, su permanencia en dicha jurisdicción llegó a su fin debido a faltas contra el régimen de condicionalidad.El 16 de febrero de 2026, la JEP decretó la expulsión definitiva de Santoyo del Sistema Integral para la Paz. La razón fundamental fue el incumplimiento grave e injustificado de sus obligaciones, lo que provocó que sus expedientes fueran devueltos inmediatamente a los fiscales de la justicia ordinaria.Tras su salida de la JEP, sus expedientes regresaron a la justicia ordinaria, donde la defensa alegaba que el procesado se encontraba en un "limbo jurídico". La defensa argumentó que existía una prolongación ilícita de su libertad, señalando que lleva más de siete años detenido sin que se haya emitido una sentencia definitiva. Para el procesado, este tiempo sobrepasa los límites de la razonabilidad y vulnera sus garantías fundamentales.Sin embargo, en la ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro, la Corte desestimó estas quejas. El alto tribunal dejó claro que la captura y detención actual son completamente legales, pues están respaldadas por medidas de aseguramiento vigentes dictadas por autoridades competentes.El fallo hizo especial énfasis en el principio de subsidiariedad, recordando que el habeas corpus no es una herramienta para evadir procesos. La Corte subrayó que esta acción no puede reemplazar los trámites ordinarios, ni desplazar a los jueces naturales que ya conocen los expedientes.La Sala de Casación Penal verificó que ya existen solicitudes de libertad radicadas por Santoyo que fueron remitidas a las fiscalías correspondientes y que se encuentran en trámite, por lo que el procesado debe esperar a que estas oficinas resuelvan sus peticiones siguiendo los canales legales establecidos.Finalmente, la Corte advirtió que, si el ciudadano considera que hay una demora excesiva en sus procesos, el camino a seguir es la acción de tutela y no el habeas corpus.
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla cuestionó la permanencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y sostuvo que sus procesos podrían continuar en la justicia ordinaria. Durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, el exmagistrado también se refirió al anuncio de no convocar una Asamblea Constituyente y a la necesidad de preservar la separación de poderes en Colombia.Arrubla pide no prorrogar la JEPAl referirse a la justicia transicional, Arrubla calificó a la JEP como “un parche en nuestro sistema jurídico” y recordó que fue creada como una jurisdicción temporal. Según explicó, considera que no debería prorrogarse y que los procesos pendientes podrían ser asumidos por la justicia ordinaria.“Lo ideal sería terminarla y que esos procesos pasaran a la justicia ordinaria. Si no se puede hacer eso, pues por lo menos que no se incentive, que no se crezca y que se vaya agotando”, afirmó.El exmagistrado también cuestionó los resultados de la jurisdicción en materia de justicia y reparación. “Aquí no ha habido ni justicia, ni reparación, ni paz. Entonces, ¿para qué necesitamos la JEP si lo que buscaba eran esas 3 cosas?”, manifestó.No a la Constituyente, pero sí a reformas institucionalesSobre el anuncio presidencial de no convocar una Asamblea Constituyente, Arrubla consideró que existen aspectos de la Constitución de 1991 que podrían requerir modificaciones, particularmente en su parte orgánica.“Hay una parte orgánica de la Constitución que tiene muchos reparos y a lo mejor necesite ajustes”, señaló. Sin embargo, respaldó que no se utilice una Constituyente para buscar una eventual reelección presidencial y afirmó que en un sistema democrático “no debe haber reelección”.Separación de poderes y respeto a los juecesArrubla insistió en que la democracia requiere que cada rama del poder público cumpla su función y respete las decisiones de las demás instituciones.“Una democracia es cada loro en su estaca, cada uno cumpliendo su función y respetando las del otro”, sostuvo.En ese sentido, destacó que el Ejecutivo debe respetar las decisiones judiciales, incluso cuando no esté de acuerdo con ellas, y defendió el papel de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado como instituciones de control dentro del sistema jurídico colombiano.Escuche la entrevista completa acá:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 antiguos comandantes de las extintas Farc, entre ellos, cuatro exmiembros del último secretariado: Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’; Julián Gallo, ‘Carlos Antonio Lozada’; Jaime Alberto Parra, ‘el médico’ y Milton de Jesús Toncel, ‘Joaquín Gómez’.Según la Sala de Reconocimiento, los comparecientes son máximos responsables de hechos de violencia sexual, además de desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, desplazamientos forzados y torturas.La investigación recoge hechos ocurridos en Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vichada, Vaupés, Guainía y sectores de Huila, Nariño, Cauca, Boyacá y Amazonas.“Es la radiografía judicial más completa y profunda que se ha realizado en Colombia en relación con los 2 bloques más grandes de las antiguas Farc, el bloque oriental y el bloque sur. (…) Estamos hablando de que estos 2 grandes bloques de las Farc básicamente operaban en 15 departamentos, es decir, estamos hablando de casi la mitad de Colombia. O sea, este auto es la mitad de Colombia”, afirmó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.Para explicar cómo operó esa estructura, la Sala agrupó los hechos en tres patrones de criminalidad. El primero corresponde a los crímenes cometidos en medio de las hostilidades. Allí la JEP documentó tomas guerrilleras, hostigamientos, emboscadas, ataques contra estaciones de Policía y bases militares, además del uso de minas antipersonal y explosivos que terminaron afectando a la población civil.Entre los casos más representativos está la toma de Mitú, en noviembre de 1998, que se prolongó durante cerca de 72 horas, dejó 56 personas muertas y gran parte de la capital del Vaupés destruida. También figura el combate de El Billar, en Caquetá, donde el 3 de marzo de 1998 murieron 64 militares tras un enfrentamiento con cerca de 1.800 guerrilleros.El segundo patrón reúne los crímenes que, según la JEP, estuvieron relacionados con el control territorial ejercido por las Farc-EP. La Sala concluyó que varias de estas conductas tenían como propósito consolidar la presencia de la guerrilla en las zonas donde operaba y describió tres modalidades de actuación.La primera, dirigida contra quienes desobedecían sus órdenes, se negaban a pagar extorsiones o se resistían al reclutamiento forzado; la segunda, contra personas señaladas de colaborar o simpatizar con la fuerza pública o con otros grupos armados; y la tercera, orientada a generar un “vacío de poder” mediante ataques contra alcaldes, concejales, candidatos y líderes sociales para forzar su salida y debilitar la presencia del Estado.“La guerrilla castigó los liderazgos campesinos independientes, incluyendo presidentes de las juntas de acción comunal, miembros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC, y líderes de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia, ANMUCIC. También castigaron a las familias que se resistían al reclutamiento, a quienes desobedecían sus órdenes, a quienes eran sospechosos de simpatizar o colaborar con el Ejército Nacional o los paramilitares, y a quienes resentía como rivales dentro del ejercicio de la función democrática”, subraya la JEP.La Jurisdicción documentó 807 registros de desplazamiento forzado, 284 homicidios, 231 desapariciones forzadas, 47 hechos de violencia sexual y 14 casos de torturaEn el tercer patrón la Sala atribuye atentados con explosivos de gran magnitud y homicidios selectivos contra personas declaradas “objetivo militar”.Entre ellos aparecen los rockets disparados contra el Palacio de Nariño durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez el 7 de agosto de 2002, que dejaron 31 personas muertas, incluidos niños, y 29 heridas tras caer en los barrios El Cartucho y La Estanzuela; el atentado contra el Club El Nogal, que dejó 36 muertos y cerca de 200 heridos; la moto bomba en la Zona Rosa de Villavicencio, con 14 muertos y 48 heridos; y la casa bomba en Neiva.“Nos reconocieron que la casa bomba, lo que se estaba preparando, era un atentado a una caravana en la cual iría el presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, llegaron, la fuerza pública, no. La Fiscalía, con una delegación de la policía, llegó a investigar y estallaron la casa los que tenían el control de la bomba, asesinando a 15 personas, incluyendo varios civiles, incluyendo a la fiscal que investigaba, y destruyendo viviendas de la comunidad”, subrayó la magistrada Julieta Lemaitre.“Aceptaron que la guerrilla cometió los atentados contra el exministro Fernando Londoño; el entonces presidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo; el entonces senador Germán Vargas Lleras, y los asesinatos del profesor y economista Jesús Bejarano, del general (r) Fernando Landazabal y de Hernando Pizarro”, se lee en el auto.En medio de esta decisión también se dio la primera imputación conjunta con el Caso 11 por violencia sexual y basada en género. La Sala documentó que integrantes de las Farc utilizaron la violencia sexual como mecanismo de castigo contra mujeres que, según la organización, incumplían sus normas o desafiaban su autoridad, así como agresiones sexuales cometidas durante las hostilidades.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que asciende a 54 los cuerpos de personas no identificadas recuperados en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila. Estos hallazgos fueron resultado de las intervenciones forenses adelantadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas con el apoyo de comparecientes de la Fuerza Pública imputados en el Caso 03 de la JEP, que investiga las ejecuciones extrajudiciales.En la cuarta fase de intervención, las labores contaron con la participación de diez comparecientes que reconocieron su responsabilidad por estos crímenes y realizaron trabajos de adecuación del terreno para facilitar el ingreso de los equipos forenses. Los comparecientes retiraron cerca de 15 toneladas de guadua y despejaron aproximadamente 850 metros cuadrados, lo que permitió avanzar en seis puntos de interés forense.En la última intervención desarrollada entre el 10 y el 19 de junio, fueron recuperados 13 cuerpos. Además, tres de los cuerpos recuperados cuentan con una orientación de identidad, información que ahora deberá ser confirmada mediante análisis científicos.Según la investigación humanitaria de la Unidad de Búsqueda, el cementerio de Pitalito es uno de los principales sitios de interés forense del sur del país. Allí habrían sido inhumadas alrededor de 107 personas fallecidas en hechos relacionados con el conflicto armado entre 1997 y 2012. Hasta el momento, nueve de los cuerpos recuperados han sido identificados y entregados dignamente a sus familias.
El domingo 26 de julio se inauguró, en la Estación de La Sabana de Bogotá, ubicada en la calle 13 #18-24, la exposición "6402+ Razones para no olvidar", un proyecto desarrollado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Macrocaso 03, en conjunto con MAFAPO (Madres de los Falsos Positivos de Colombia), organización de madres buscadoras con más de 18 años de trayectoria en la defensa de la memoria, la dignidad y la verdad.La iniciativa busca convertirse en un referente nacional de memoria participativa, dignidad y reparación simbólica."La muestra es el resultado de tres años de investigación, diálogo y creación colectiva liderados por el Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio, que desde 2023 acompañó el diseño conceptual, arquitectónico, museográfico y curatorial del futuro Parque Memorial 6402+ Razones para no olvidar, además de la investigación histórica y la producción de contenidos que hoy componen la exposición", afirmó Alejandra Sarria, líder del Grupo de Artes Plásticas del Ministerio de las Culturas.El proceso para desarrollar este proyecto en la Estación de La Sabana comenzó en 2025 y contó con acompañamiento técnico para la ejecución de la infraestructura, cuya construcción apenas inicia su materialización, con el apoyo del Grupo de Infraestructuras Culturales. Por ello, la jornada del 26 de julio marca la apertura de la exposición y representa una oportunidad para compartir con la ciudadanía los avances de este proceso de reparación simbólica construido junto a las víctimas.La programación incluyó recorridos guiados por la muestra, un performance de Eblin Grueso Cuero, la presentación del colectivo Madre Ya Regreso junto a TziTzi Barrantes, e intervenciones musicales de Cony Camelo, Diana Ángel y Missio Firemusic, vocalista de la agrupación Brigada Cero Tres. La jornada también contó con una olla comunitaria, una mesa de serigrafía y espacios de encuentro y diálogo con las madres de MAFAPO.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó los mensajes que estigmatizan o ponen en riesgo a quienes comparecen ante este tribunal y han asumido compromisos con la verdad, la reparación de las víctimas y el reconocimiento de responsabilidades en el conflicto armado.Por medio de un comunicado, la JEP advirtió que este tipo de señalamientos no solamente afectan la seguridad de los comparecientes, sino que también “silencian aportes esenciales para esclarecer lo ocurrido” y limitan los avances en los procesos de rendición de cuentas.El pronunciamiento, respaldado por el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, enfatiza que quienes han decidido someterse a este sistema de justicia deben poder continuar aportando a la verdad “sin miedo y con garantías”. Según la entidad, estos aportes son fundamentales para reconstruir lo ocurrido durante el conflicto armado y avanzar en la reparación integral de las víctimas.La JEP insistió en que garantizar las condiciones de seguridad para quienes contribuyen al esclarecimiento es clave para proteger los derechos de las víctimas, fortalecer la justicia restaurativa y avanzar en las garantías de no repetición. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades para adoptar medidas que prevengan riesgos y aseguren la continuidad de los procesos judiciales reparativos.Asimismo, convocó a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional a respaldar estos avances, al advertir que cualquier amenaza o estigmatización puede convertirse en una barrera para el acceso a la justicia y la construcción de paz.Este pronunciamiento se conoce en medio de recientes cuestionamientos al sistema de justicia transicional y luego de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, manifestara su intención de eliminar la JEP. Frente a este panorama, el tribunal reiteró la importancia de proteger a quienes participan en estos procesos como una condición esencial para consolidar la paz en Colombia.
La posibilidad de que el nuevo Gobierno impulse cambios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reabrió el debate sobre el futuro de este mecanismo de justicia transicional. En entrevista con El Radar, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, sostuvo que la jurisdicción tiene un respaldo constitucional e internacional que hace inviable su eliminación mediante decisiones administrativas o decretos, y advirtió sobre las consecuencias que tendría un eventual recorte presupuestal.Ramelli recordó que la JEP nació del Acuerdo de Paz con las extintas FARC y que posteriormente fue incorporada a la Constitución mediante un acto legislativo revisado por la Corte Constitucional. En ese sentido, afirmó que "la Corte determinó que la estructura y el funcionamiento de la JEP era conforme con todos los estándares internacionales" y explicó que modificar ese esquema requeriría una reforma constitucional.Recortes presupuestales y derechos de las víctimasFrente a un eventual ajuste en el presupuesto de la JEP, el magistrado señaló que el impacto dependería de la magnitud de la reducción, pero insistió en que una desfinanciación tendría efectos tanto en el funcionamiento de la jurisdicción como en la ejecución de las sanciones restaurativas."Lo más grave es la afectación de los derechos de las víctimas, porque finalmente ¿quiénes pierden con todo esto? Pues las víctimas", afirmó Ramelli. Agregó que una disminución de recursos también podría significar el incumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado colombiano con la Corte Penal Internacional.La defensa de las sanciones restaurativasDurante la entrevista, Ramelli respondió a las críticas sobre las sanciones propias de la JEP y explicó que estas aplican tanto para exintegrantes de las FARC como para miembros de la fuerza pública que comparecen ante la jurisdicción.Según indicó, el modelo fue diseñado como una alternativa entre la amnistía total y la imposición de largas penas de prisión, con el objetivo de hacer viable el proceso de paz. Precisó que quienes acceden a estas sanciones deben cumplir requisitos como aportar verdad, reconocer responsabilidad y desarrollar trabajos restaurativos en beneficio de las víctimas."Si usted no dice la verdad, pues no se va por ahí", enfatizó. Asimismo, aclaró que, aunque las sanciones no implican reclusión en una cárcel, sí contemplan restricciones de la libertad, horarios definidos, monitoreo permanente y seguimiento internacional.Respuesta a los cuestionamientos sobre imparcialidadAl referirse a las críticas de quienes consideran que la JEP ha sido más benévola con los excombatientes de las FARC que con integrantes de la fuerza pública, Ramelli rechazó esa interpretación."Yo sí creo que esa afirmación realmente es un poco ligera", sostuvo, al asegurar que la jurisdicción no ha actuado con indulgencia frente a la antigua guerrilla y que las decisiones adoptadas responden al marco establecido en el Acuerdo de Paz y a los criterios jurídicos que rigen la justicia transicional.Escuche la entrevista completa acá:
Las madres de los 38 soldados asesinados durante la masacre de Gutiérrez, en Cundinamarca, entregaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un nuevo material probatorio que, aseguran, puede aportar al esclarecimiento de lo ocurrido durante la incursión guerrillera del 8 de julio de 1999. Se trata del testimonio de una exintegrante de las extintas FARC-EP que participó en el ataque.Según las familias, el video fue conservado por más de 25 años y recoge la declaración de la excombatiente sobre las órdenes impartidas por el Bloque Oriental de las FARC, entonces comandado por Henry Castellanos Garzón, alias 'Romaña'. En su relato, asegura que la instrucción no era capturar a los soldados ni limitarse al enfrentamiento armado, sino aniquilarlos.La exguerrillera afirmó que la orden de alias 'Romaña' era no llevar prisioneros. "La orden de Romaña era matarlos porque no se podían llevar prisioneros, por medidas de seguridad para nosotros mismos y porque era muy jodido llevarlos hasta el páramo (...) por el clima y porque los desplazamientos serían muy lentos", aseguró.En el mismo testimonio también respondió a una pregunta sobre por qué varios de los cuerpos fueron encontrados con tiros de gracia. "Los soldados no se entregaron, pero finalmente la guerrilla los encerró y ordenaron que los fusilaran", dijo.La masacre dejó 38 militares muertos, la mayoría jóvenes que prestaban el servicio militar obligatorio. El ataque fue ejecutado por cerca de 500 integrantes de las FARC-EP contra una base militar defendida por menos de 60 soldados, en uno de los episodios más graves del conflicto armado en Cundinamarca.Aunque en 2014 el Consejo de Estado condenó al Estado colombiano por las fallas en la planeación militar que dejaron en riesgo a los uniformados durante la incursión, las familias sostienen que la búsqueda de verdad y justicia sigue incompleta. Por eso, esperan que este nuevo testimonio sea incorporado al proceso que adelanta la JEP."Eso fue un crimen muy atroz. Yo los vi en las carpetas de los expedientes, vi cómo quedaron ellos. Que la JEP se haga responsable de eso. Hay muchos testigos, hay documentos para comprobar el crimen y la masacre que cometieron allá", afirmó Leonor Trujillo, madre del soldado Jorge Enrique Trujillo.Las madres y los sobrevivientes también dijeron que adelantan su proceso de acreditación como víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz para participar en las actuaciones judiciales relacionadas con la masacre.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli, radicó una carta formal dirigida al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, con el objetivo de concertar un espacio de diálogo. La iniciativa surge tras los diversos cuestionamientos públicos que el mandatario entrante ha realizado hacia la efectividad del tribunal transicional y la naturaleza de sus sanciones.Durante una entrevista en Mañanas Blu de Blu Radio, el magistrado Ramelli expuso los argumentos institucionales y constitucionales que sustentan las decisiones de la JEP, detalló los avances en materia de investigación penal contra los antiguos miembros de las Farc y la fuerza pública, y diferenció los logros medibles de aquellos impactos sociales inmateriales derivados del proceso de paz.El blindaje legal e internacional de la justicia transicionalAnte las críticas del Gobierno electo y las dudas del sector político sobre la continuidad del tribunal de paz, el presidente de la JEP enfatizó que la institución cuenta con un soporte normativo sólido que impide su desarticulación unilateral. Ramelli recordó que la jurisdicción se derivó de un marco constitucional refrendado por los altos tribunales colombianos y que goza de un estricto seguimiento por parte de organismos multilaterales.El magistrado también destacó el respaldo de la comunidad internacional hacia el modelo de justicia transicional en el país, mencionando los pronunciamientos recientes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el sistema interamericano y el acuerdo de cooperación e interlocución suscrito en 2021 con la Corte Penal Internacional.¿Cuáles son los resultados de la JEP?Uno de los puntos centrales de la misiva enviada a De La Espriella es la categorización de los resultados de la JEP en aspectos "tangibles" e "intangibles". Según la explicación del magistrado, el análisis de la gestión no puede limitarse de forma exclusiva a una contabilidad de sentencias judiciales, sino que debe integrar componentes cualitativos como la reconciliación y la verdad judicial descubierta.Acompañamiento psicosocialRespecto a las dudas sobre por qué la atención a las víctimas se cataloga en ocasiones dentro de los logros inmateriales de la entidad, Ramelli aclaró que, si bien la cantidad de personas atendidas es una cifra medible, el impacto real radica en la preparación emocional para afrontar los procesos judiciales frente a sus victimarios.“Yo lo coloqué como un intangible, es digamos el alivio, si se quiere explicar mejor, el alivio que sienten las familias por tener un acompañamiento psicosocial, cierto, que no es fácil”, dijo. El funcionario añadió que los equipos técnicos del tribunal realizan labores de preparación durante meses con el fin de evitar la revictimización en el marco de las versiones voluntarias y las audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidad.La defensa de las investigaciones a la antigua guerrillaEl magistrado Ramelli respondió de manera detallada a las percepciones de un sector de la ciudadanía y del nuevo Gobierno que señalan una supuesta ineficacia o laxitud en las sanciones impuestas a los comparecientes de las Farc. Al comparar el estado de los procesos que recibió la JEP con las investigaciones actuales, el presidente del tribunal afirmó que la justicia ordinaria entregó expedientes desarticulados, sentencias emitidas en ausencia y escasa trazabilidad de los mandos medios de la organización insurgente.“Si usted toma el secretariado de las Farc, ¿qué fue lo que recibimos nosotros de la justicia tradicional? Nosotros recibimos unas condenas en ausencia, sí, que realmente no hay una mayor investigación, porque si acaso se investiga el autor material. Pero no se investigaba a fondo al secretariado, tampoco se habían investigado los mandos medios, y eran sentencias que nunca se cumplieron”, aclaró.De acuerdo con el balance entregado, la Fiscalía General de la Nación solía procesar penalmente a los autores materiales directos de los delitos o al secretariado general, omitiendo la cadena de mando intermedia. Ramelli puntualizó: “Si hay una entidad que ha investigado a fondo las Farc, hemos sido nosotros”. La JEP actualmente procesa a mandos medios, comandantes de bloques, frentes y miembros de los estados mayores por un catálogo de 13 crímenes internacionales adicionales a los secuestros y reclutamientos.Otorgamiento de permisos de salida del país a comparecientesFrente a los cuestionamientos por la autorización de viajes al exterior a exmiembros del secretariado de las Farc que ya han aceptado su responsabilidad en crímenes de guerra —como el caso de Rodrigo Londoño para asistir a eventos políticos en España—, el presidente de la JEP subrayó que estas decisiones corresponden estrictamente al cumplimiento de la ley penal y no a criterios de discrecionalidad judicial.Explicó que la Ley 1820 establece los requisitos objetivos que los comparecientes deben cumplir para acceder a este tipo de autorizaciones. El magistrado enfatizó que la norma se aplica de forma idéntica a todos los actores del conflicto sometidos ante la jurisdicción, incluidos los miembros de la fuerza pública y los terceros civiles.Finalmente, Ramelli indicó que los beneficios o permisos otorgados se dan bajo la vigencia de procesos que aún no cuentan con una sentencia ejecutoriada de cierre, debido a que las sanciones definitivas se encontraban suspendidas temporalmente mientras se surtían todas las etapas del debido proceso.
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este viernes:Camilo Pinilla, psicólogo del América de Cali, explicó el impacto emocional del terremoto en los futbolistas, especialmente el estado de alerta y supervivencia que permanece después del desastre. Señaló que el equipo realizó espacios de expresión emocional y habló de la importancia de dar tiempo antes de retomar la competencia.Gustavo Emilio Puerta, padre del futbolista de la Selección Colombia Gustavo Puerta, contó que está repartiendo las ayudas que su hijo envía desde Europa. Explicó que llevaron 236 mercados a diferentes corregimientos de La Victoria, Valle del Cauca, y que estaban preparando la entrega de otros 150.Carolina Pineda, futbolista del América de Cali, contó cómo varias jugadoras del fútbol femenino se unieron para ayudar a los damnificados en Cali. Explicó que adelantan una rifa para recaudar 50 millones de pesos, de los cuales ya han conseguido cerca de 22 millones y entregado alrededor de 12 millones a familias afectadas.Desde España desmienten que el FC Barcelona esté detrás del delantero de la Selección Colombia Luis Suárez. Los medios insisten que la prioridad del club azulgrana es el argentino Julián Álvarez que actualmente milita en el Atlético de Madrid.El expiloto colombiano Juan Pablo Montoya, junto a su hijo Sebastián, confirmó que toda la recaudación del evento Circuito Pony Malta será destinado a la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto de 7,4.Reviva el programa completo de Blog Deportivo aquí:
La Organización Roa Florhuila donó 300 toneladas de arroz, equivalentes a cerca de 3 millones de raciones, para contribuir a la alimentación de las personas damnificadas por el terremoto que golpeó al país. La ayuda será entregada de manera progresiva a través del Banco de Alimentos, que se encargará de coordinar su distribución en las zonas más afectadas.En entrevista con Mañanas Blu, Jaime Alberto Rojas, presidente de la Organización Roa Florhuila, explicó que la compañía decidió canalizar la donación mediante el Banco de Alimentos para garantizar que el arroz llegue a las comunidades que presentan mayores necesidades tras la emergencia.“Los 3 millones van, se van dosificando. Todo lo estamos haciendo a través de ABA, con el Banco de Alimentos, y ellos están manejando la logística para llegar a las zonas damnificadas”, explicó Rojas.La magnitud de la donación representa aproximadamente 10 tractomulas cargadas de arroz. “Eso equivale a 300 toneladas, o sea, estamos hablando más o menos de unas 10 tractomulas”, señaló el presidente de la organización durante la entrevista.Rojas indicó que el Banco de Alimentos cuenta con información sobre las zonas que enfrentan mayores dificultades y, a partir de esos datos, establece las prioridades para la entrega. El objetivo es que las ayudas sean distribuidas de forma paulatina y lleguen a las comunidades que más las necesitan.El arroz destinado a esta ayuda humanitaria tendrá como origen la planta ubicada en Espinal, Tolima, y procederá de cultivos aledaños a esa zona. De acuerdo con Rojas, la entrega de las 300 toneladas no se realizará de una sola vez, sino que será dosificada y podría extenderse durante aproximadamente dos meses.Además de referirse a la donación, Rojas explicó que la operación de la compañía también ha enfrentado algunas dificultades como consecuencia de los efectos del terremoto. Según contó, hubo problemas para ingresar y salir de algunas bodegas ubicadas en Pereira y Cali, mientras que el tránsito hacia Buenaventura también ha presentado complicaciones.La donación de la Organización Roa Florhuila se suma a las diferentes iniciativas del sector empresarial y de organizaciones sociales para atender las necesidades de las familias afectadas por el terremoto.
Tras el terremoto de 7.4 que azotó el occidente de Colombia, las autoridades y cuerpos de rescate han indicado que ya van más de 280 personas fallecidas, más de 3.900 heridos y unos 378 desaparecidos.Lo anterior, debido al colapso de varias edificaciones y estructuras en los territorios afectados. A pesar de que ya pasaron 72 horas de la llamada venta de vida, los rescatistas aún siguen buscando sobrevivientes entre los escombros.Países, organizaciones, empresas, entidades y voluntarios se han sumado para apoyar la emergencia que vive Colombia de diferentes maneras, con donaciones económicas, ayudas humanitarias y más. Ahora, una de las empresas que se suma es el Acueducto de Bogotá.Acueducto de Bogotá apoyará la recuperación de redes en PereiraLa Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) enviará a Pereira una comisión de 18 expertos en temas de agua para apoyar a la empresa Aguas y Aguas de Pereira en la atención de las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto.El equipo está integrado por ingenieros, tecnólogos y operadores de cuadrillas de acueducto y alcantarillado, además de maquinaria especializada, materiales y un equipo de presión-succión.De acuerdo con la empresa, su labor estará enfocada en diagnosticar el estado de las redes de suministro de agua y desagüe y contribuir con la reparación de las infraestructuras que resultaron afectadas por el movimiento telúrico.La gerente general de la EAAB, Natasha Avendaño, señaló que la entidad, con el respaldo del Distrito y siguiendo las instrucciones del alcalde Carlos Fernando Galán, está poniendo a disposición sus capacidades técnicas y operativas para apoyar a los habitantes de Pereira durante la emergencia.Los especialistas viajarán durante la noche del viernes 14 de agosto a la capital de Risaralda y comenzarán las labores de reparación una vez Aguas y Aguas de Pereira lo disponga.La EAAB también evalúa enviar un nuevo grupo de voluntarios para apoyar a otras ciudades afectadas por el terremoto que requieran asistencia técnica.“Entendemos que podemos brindar todo nuestro acompañamiento a más ciudadanos y empresas afectadas por el terremoto; por eso estamos pendientes de concretar apoyos con otro grupo de voluntarios de la EAAB para otra de las ciudades afectadas que lo requieran y donde nuestras capacidades sean de utilidad”, puntualizó la gerente de la EAAB.
Ante la emergencia que atraviesa Colombia por el terremoto de 7.4 del pasado 10 de agosto, más gremios se suman para ayudar a los damnificados y, por supuesto, la música no ha sido ajena a esta situación y ya varios artistas han anunciado conciertos y/o eventos benéficos para ayudar a recaudar dinero para la reconstrucción de las zonas afectadas. Ahora, Vive Claro se sumó a esta iniciativa -ayudando también como centro de acopio- y anunció un concierto benéfico para el sábado, 23 de agosto, que contará con la participación de Karol G, quien con su fundación 'Con el Cora' ayudará a que todas las ayudas que lleguen a este estadio puedan ser distribuidas en las zonas afectadas por el terremoto.Pero a su lado estará una lista de grandes artistas invitados: Andrés Cepeda, Beéle, Bonka, ChocQuibTown, Daniel Habif, Draco Rosa, Eladio Carrión, Galy Galiano, Grupo Niche, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Laura Pérez, Maisak, Manú, Manuel Medrano, Miguel Bosé, Nanpa Básico, Pedro Capó, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond y Timo son algunos de los artistas confirmados, junto a muchos más que se siguen sumando."Artistas nacionales e internacionales y cientos de personas detrás de la música están donando su trabajo, bienes, servicios y talento, sin cobrar honorarios ni costos directos, para hacer posible esta jornada. Una iniciativa inspirada en la solidaridad y en la convicción de que, cuando un país nos necesita, todos podemos elegir ser parte de la solución", explicaron desde la organización.Es importante aclarar que la participación de la 'Bichota' no se hará con ella de manera presencial, pues debe cumplir la gira, sin embargo, tendrá un espacio vía streaming en donde compartirá con todas las personas que dejen su donación y adquieran su boleta. Los precios van desde los 100.000 hasta 1.000.000 de pesos los cuales serán destinados al 100 % para los damnificados por el terremoto: https://www.ticketmaster.co/event/voces-por-la-vida
Estados Unidos anunció este viernes, 14 de agosto, una donación adicional 11 millones de dólares en ayuda humanitaria a Colombia para la atención del terremoto que golpeó el país. Así, el Gobierno de Donald Trump ha destinado en total 26.5 millones de dólares para apoyar la respuesta a la emergencia.De acuerdo con el Departamento de Estado, los recursos serán destinados a asistencia humanitaria en diferentes frentes, entre ellos alimentación, atención sanitaria, protección y refugio. También se contemplan evaluaciones estructurales posteriores al terremoto de 7.4, con el propósito de contribuir a identificar las condiciones de las edificaciones afectadas.El nuevo anuncio se suma a los 15,5 millones de dólares en asistencia inicial que Estados Unidos había informado el pasado 11 de agosto, un día después del evento telúrico. De ese monto, 3 millones de dólares proporcionados a través de Catholic Relief Services corresponden a un fondo de asistencia global de esa organización anunciado previamente por el Gobierno estadounidense.Además, Estados Unidos señaló que, como parte de una contribución de 3.800 millones de dólares del Departamento de Estado a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), se destinaron 200 millones de dólares al Fondo Mancomunado para Colombia. Estos recursos podrán ser utilizados para responder tanto a las necesidades generadas por el terremoto como a otras situaciones humanitarias preexistentes en el país.La respuesta estadounidense también incluye apoyo técnico directamente en territorio colombiano. En coordinación con el Gobierno nacional, el Departamento de Estado activó y desplegó dos equipos especializados en búsqueda y rescate urbano, conocidos como USAR, provenientes de los departamentos de bomberos de los condados de Fairfax, Virginia, y Los Ángeles, California.Los dos equipos llegaron a Colombia el pasado 12 de agosto y desde entonces apoyan las operaciones de búsqueda y rescate encabezadas por las autoridades colombianas. Su trabajo incluye labores de coordinación, comunicaciones y asistencia en ingeniería estructural, en medio de las acciones destinadas a atender a las comunidades afectadas por el terremoto.La ayuda será canalizada a través de organizaciones y socios internacionales, entre ellos Catholic Relief Services (CRS), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Miyamoto International, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas y World Vision.
