El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo un llamado a garantizar los recursos suficientes para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) puedan continuar con su trabajo en Colombia.El pronunciamiento se produjo este lunes, en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, cuyo proyecto contempla una reducción de 170.000 millones de pesos para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El presupuesto fue aprobado en primer debate por las comisiones económicas del Congreso y ahora debe continuar su trámite en las plenarias de Senado y Cámara.Türk destacó los esfuerzos que se vienen adelantando en materia de justicia restaurativa y señaló que los mecanismos creados tras el Acuerdo de Paz son fundamentales para garantizar los derechos de las víctimas.“Es fundamental que el Sistema, en el que tanto se ha invertido, continúe implementándose”, afirmó el Alto Comisionado.En particular, la ONU resaltó el papel de la JEP y de la UBPD en los procesos de verdad, reparación y búsqueda de personas desaparecidas, y señaló que el Sistema Integral para la Paz necesita contar con financiación suficiente para cumplir con su mandato.Además del llamado sobre los recursos, el Alto Comisionado destacó los procesos de justicia restaurativa que actualmente se desarrollan en Colombia.Türk calificó las medidas restaurativas relacionadas con el conflicto armado que ya están en marcha como “un logro mundial para la justicia transicional”.Entre ellas está el proyecto que se desarrolla en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exintegrantes de las Farc-EP y antiguos miembros del Ejército participan en labores de búsqueda y localización de personas desaparecidas. El objetivo es contribuir a la identificación de los restos y permitir que sean entregados a sus familias.Desde la ONU señalaron que este tipo de acciones hacen parte de las medidas restaurativas establecidas dentro del modelo de justicia transicional colombiano.Para Türk, que antiguos adversarios participen conjuntamente en estos procesos representa una contribución a la verdad, la reparación y la recuperación de las familias afectadas por el conflicto.“Las medidas restaurativas sin precedentes en Colombia, relacionadas con el conflicto, que ya están en marcha, son un logro mundial para la justicia transicional”, señaló.El Alto Comisionado insistió en que estos procesos no deben entenderse como esfuerzos aislados y destacó la necesidad de que los mecanismos judiciales y extrajudiciales creados a partir del Acuerdo de Paz continúen funcionando.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.
Los siete integrantes del último Secretariado de las Farc comenzaron a cumplir la sanción impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz por su responsabilidad en los más de 21.000 secuestros investigados en el Caso 01.La medida cobija a Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. El cumplimiento de la sanción comenzó el pasado 21 de septiembre y se extenderá por diferentes regiones del país, en un proceso que contempla siete fases y que está previsto hasta marzo de 2034.La Jurisdicción estableció que los comparecientes deberán desarrollar proyectos restaurativos y estarán sometidos a restricciones efectivas de sus derechos y libertades.Una de las primeras acciones se desarrolla en el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, Huila, donde entre el 21 y el 30 de septiembre participan en la recuperación de cuerpos de personas no identificadas.La intervención está liderada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y se realiza en articulación con la JEP.En este trabajo también participan máximos responsables de la Fuerza Pública vinculados a investigaciones por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate, así como cuatro máximos responsables por secuestro que pertenecieron al extinto Estado Mayor del Bloque Sur de las Farc.La sentencia establece que los siete exintegrantes del Secretariado deberán trabajar en diferentes proyectos restaurativos durante un periodo de hasta ocho años.Las líneas de trabajo incluyen búsqueda de personas dadas por desaparecidas, desminado humanitario, reconstrucción de infraestructura rural y urbana, acciones de protección y recuperación del medio ambiente, construcción de memoria histórica y reparación simbólica y proyectos de vida económicos en favor de las víctimas.Los trabajos se desarrollarán en distintas regiones, entre ellas Huila, Putumayo, Nariño, Meta, Antioquia, Bolívar, Cesar, Santander, Casanare, Vaupés y Bogotá.El cumplimiento de la sanción no implica libertad plena para los comparecientes. La JEP estableció restricciones sobre su movilidad, residencia y actividades.La JEP realizará el seguimiento mediante monitoreo remoto, geocercas y alertas, además de verificaciones presenciales en los lugares donde se desarrollen los proyectos.
En la mañana de este miércoles, el senador por Salvación Nacional, Enrique Gómez, presentó un proyecto de acto legislativo que busca modificar el plazo de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y establecer un régimen para el cierre y transición de los procesos que permanezcan pendientes.La iniciativa plantea que la JEP tenga un término de diez años improrrogables contados desde la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de sus salas y secciones, es decir, hasta marzo de 2028. Actualmente, el mandato de la JEP contempla diez años para la función acusatoria y cinco años adicionales para la actividad jurisdiccional, con la posibilidad de una prórroga bajo determinadas condiciones. El proyecto también establece que el cierre de la JEP no significaría la terminación de los procesos que todavía estén en curso. Para esos casos, propone crear un régimen de transición que permita trasladar los asuntos pendientes a las autoridades judiciales ordinarias competentes en los tribunales de justicia y paz.“La JEP se dedica solo a lavarle el rostro histórico a las FARC y a garantizar una simulación de penas que al final del día nos llevan a la triste conclusión de que ese acuerdo sobre la JEP está orientado a amnistiar lo inamnistiable que son los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, no solo del secretariado, sino de los comandantes de muchos bloques y frentes de las FARC”, señaló el senador Gómez Martínez.De acuerdo con el texto, las actuaciones, pruebas y decisiones válidamente adoptadas por la JEP conservarían sus efectos. Además, las personas sometidas a esta jurisdicción no podrían recibir un tratamiento penal o procesal más gravoso como consecuencia del traslado a la justicia ordinaria.La propuesta señala que las decisiones en firme y las sanciones impuestas por la JEP también mantendrían plenamente sus efectos, mientras que una futura ley tendría que establecer las autoridades y reglas encargadas de su ejecución, supervisión y cumplimiento. El proyecto no modificaría las facultades ni los derechos reconocidos a las víctimas y plantea que estos se mantengan durante el proceso de cierre y transición.Esta iniciativa llega al Congreso justo en el momento en que se sostiene un debate por el presupuesto asignado a esta jurisdicción para el año 2028 y en el que se da una reducción de cerca de $170 mil millones de pesos.
Sofía Gaviria, presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, cuestionó el papel que ha desempeñado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aseguró que una parte mayoritaria de las sentencias relacionados con las Farc ya contaba con avances en la justicia ordinaria. En entrevista con Recap Blu, Gaviria afirmó que “el 90% de las sentencias o de las investigaciones supuestas que ha hecho la JEP estaban ya consolidadas en sentencias en la justicia ordinaria”.Las declaraciones se dieron en medio de la discusión por el presupuesto de la JEP para 2027 y de la propuesta de trasladar $100.000 millones de esa jurisdicción hacia la Rama Judicial. La iniciativa fue presentada por el senador Enrique Gómez y cuenta con el respaldo del presidente Abelardo De La Espriella. Ante esto, Gaviria sostuvo que la reducción de recursos debe analizarse a la luz de los resultados obtenidos por el tribunal y señaló que, desde la perspectiva de las víctimas que representa, todavía existen cuestionamientos sobre verdad, justicia y reparación.La dirigente también cuestionó las sanciones restaurativas impuestas a antiguos integrantes del secretariado de las Farc y planteó que quienes no hayan cumplido con los compromisos de la justicia transicional deberían pasar a la justicia ordinaria.“Cuando usted no cumple las reglas de los beneficios que le da la justicia transicional, usted tiene que ir a la justicia ordinaria”, afirmó. Además, defendió que los procesos y testimonios que las víctimas ya han entregado puedan continuar en esa jurisdicción para evitar que los casos queden nuevamente sin respuesta.Reclutamiento de menores de edadUno de los puntos centrales de su intervención fue el reclutamiento de menores y otros hechos victimizantes atribuidos a la extinta guerrilla de las Farc. Gaviria cuestionó que estos crímenes puedan ser respondidos únicamente mediante sanciones restaurativas y sostuvo que las víctimas reclaman penas privativas de la libertad para los máximos responsables. “Eso no tiene nombre y eso no tiene justicia”, expresó al referirse al reclutamiento de niños, antes de señalar que, desde su perspectiva, las víctimas estarían dispuestas a aceptar penas de entre ocho y diez años de prisión como una forma de obtener “una mínima justicia”.Finalmente, Gaviria aseguró que la Federación Colombiana de Víctimas continuará defendiendo que los casos que, según su posición, no han tenido suficiente esclarecimiento sean llevados ante otras instancias judiciales. También cuestionó que las víctimas no hayan recibido una reparación que considere suficiente y afirmó que la organización reúne a 225.000 víctimas de diferentes hechos y victimarios acreditados.
Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) activará las sanciones para siete exintegrantes del secretariado de las Far, desde el lunes 21 de septiembre y hasta el 30 de agosto Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel cumplirán dicha sentencia con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito Huila.“Como comparecientes del Caso 01, iniciamos el cumplimiento de la sanción que nos ha sido impuesta a los miembros del último secretariado de las Farc, pero también con la presencia de comparecientes del antiguo Bloque Sur. No lo hacemos como quien salda una obligación”, dijeron en un comunicado los integrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP.Desde el secretariado señalaron que dicha acción no es solo un trámite y que durante sus encuentros con las víctimas han aprendido que las palabras no son lo único que funciona para reparar los daños causados por la antigua guerrilla.“No venimos a decir que estas acciones cierran las heridas, venimos a decir que estamos abriendo un camino, con hechos, hacia una reparación que las víctimas y las comunidades merecen y que Colombia necesita”, añadieron.Asimismo, señalaron que cumplirán con las tareas establecidas por la JEP en el marco de este programa de justicia restaurativa con responsabilidad y respeto de cada una de las comunidades.“En un escenario complejo, como el que vive el país, tenemos el deber de demostrar que Colombia puede transformar su historia mediante la verdad, la justicia y la reparación. Es por ello que hoy trabajamos codo a codo, con los comparecientes de la fuerza pública y algunos comparecientes del bloque sur”, señaló Rodrigo Londoño, antes conocido como 'Timochenko' y antiguo comandante de las Farc.Desde el último secretariado defendieron además el proceso de paz y señalaron que continuarán cumpliendo cada una de las partes de este proceso.“A ellas, las víctimas, le reafirmamos que cumplir esta sanción no es un trámite, sino un ejercicio de responsabilidad y compromiso revolucionario de escucha y de reparación frente a lo que nos corresponde”, dijo Londoño.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a cinco excomandantes de las extintas Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con violencia sexual y otras violencias basadas en género cometidas en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.La decisión fue tomada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en el marco del Caso 05, que investiga los hechos más graves ocurridos en esta región durante el conflicto armado. Este es el tercer auto de determinación de hechos y conductas dentro de este caso y el primero dedicado exclusivamente a las violencias basadas en género.Los cinco antiguos integrantes de las Farc-EP fueron identificados con los nombres de guerra ‘Calixto’, ‘El Pija’, ‘Jaime Barragán’, ‘Monín’ y ‘Leonel Páez’.Según la Jurisdicción, fueron comandantes del Frente Sexto y de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, estructuras que tuvieron presencia en diferentes municipios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.La Sala les atribuyó responsabilidad por mando, por no haber ejercido un control efectivo sobre sus subordinados para prevenir, investigar y sancionar los hechos.La investigación documentó 68 hechos de violencia sexual y otras violencias basadas en género contra 35 víctimas: 30 pertenecían a la población civil y cinco eran integrantes de las Farc-EP.Entre los hechos documentados aparecen violaciones, otras formas de violencia sexual, abortos forzados y anticoncepción forzada contra mujeres y niñas reclutadas por la organización.La JEP también estableció hechos de persecución contra personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas, que incluyeron intimidaciones, amenazas, desplazamientos y violencia sexual.La Sala concluyó que estas conductas hicieron parte de un patrón criminal desarrollado en medio de la disputa por el control territorial y social de la región.Según la investigación, las niñas y mujeres reclutadas eran sometidas a métodos anticonceptivos contra su voluntad y, en caso de quedar embarazadas, podían ser obligadas a abortar y recibir sanciones.La JEP calificó los abortos forzados como crimen de guerra de tortura y la anticoncepción forzada como crimen de guerra de ultrajes contra la dignidad personal.Ahora los cinco comparecientes tendrán 30 días hábiles, contados desde la notificación del auto, para reconocer o no los hechos y conductas que les fueron atribuidos.Si los excomandantes reconocen su responsabilidad y se cumplen los requisitos establecidos por la JEP, la Sala podrá avanzar hacia una audiencia de reconocimiento y posteriormente emitir una resolución de conclusiones que podría llevar el caso al Tribunal para la Paz para la imposición de una sanción propia.En cambio, si no reconocen responsabilidad, los casos podrían ser remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Si posteriormente son declarados responsables en un juicio ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, se pronunció sobre la discusión que avanza alrededor del presupuesto de la entidad y defendió la independencia del tribunal frente a las demás ramas del poder público.El magistrado Ramelli aseguró que la JEP está dispuesta a entregar explicaciones sobre su funcionamiento y a mantener abiertos los canales de diálogo, pero rechazó que esto implique rendir cuentas ante el Poder Ejecutivo.“Nosotros no nos vamos a someter al Ejecutivo”, dijo. El magistrado sostuvo que exigirle a la JEP una rendición de cuentas ante otra rama del poder público sería contrario a la separación de poderes y a la independencia judicial. “No vamos a rendirle cuentas a ninguna rama del poder público”. Ramelli aclaró que esta posición no significa que la Jurisdicción se cierre al diálogo. Según explicó, la JEP puede explicar sus decisiones y entregar información a la ciudadanía y a la comunidad internacional, pero considera diferente que otra rama del Estado pretenda ejercer control sobre su actuación judicial.Además, frente al recorte presupuestal que se discute en las comisiones económicas, la Jurisdicción ha advertido que podría enfrentar un recorte total de hasta 185 mil millones de pesos y sostiene que el impacto de la reducción no se limitaría al funcionamiento administrativo del tribunal.El presidente de la JEP insistió en que el debate no debe centrarse únicamente en los salarios de los magistrados o en las cifras del presupuesto. “Bajarle $185 mil millones, si eso no es una desfinanciación, no sé qué será, y eso va a dejar que la JEP quede inoperante. Es que esto no es sobre el sueldo de los magistrados, como lo han querido mostrar, que me parece bastante mezquino, además. Eso es un tema de las víctimas”, aseguró el magistrado. Según explicó, una reducción de los recursos podría afectar programas de protección para víctimas y testigos, la participación de las víctimas en las audiencias, los desplazamientos a los territorios y el funcionamiento de las sedes de la Jurisdicción.Asimismo, señaló que, a su juicio, las decisiones y avances de la JEP han permitido que víctimas que durante años no tuvieron respuesta judicial puedan participar en procesos de verdad y justicia.
El debate sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a tomar fuerza en Colombia por las críticas a sus resultados, las discusiones sobre su presupuesto y las posiciones políticas que plantean modificar o incluso eliminar esta institución. Para el analista Pedro Viveros, el escenario exige exigir eficiencia, pero sin desconocer las obligaciones derivadas del Acuerdo de Paz.Durante una entrevista, Viveros sostuvo que la discusión no debería centrarse únicamente en defender o cuestionar la existencia de la JEP, sino en establecer qué resultados ha producido y cuáles son los tiempos para resolver los casos que permanecen abiertos.“Me parece que está bien si quieren exigir resultados, también está bien, pero lo que no creo es que terminen eliminando la JEP, ahogándola sin recursos”, afirmó.La JEP fue creada como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición derivado del Acuerdo Final de 2016. Sus contenidos relacionados con el derecho internacional humanitario y derechos fundamentales tienen respaldo constitucional, mientras que el Estado tiene el deber de cumplir de buena fe con esos compromisos.La discusión por los resultados de la JEPViveros consideró legítimo que el Gobierno ejerza presión sobre la jurisdicción para acelerar sus resultados. Sin embargo, planteó que esa presión debería traducirse en metas concretas y no en una reducción de recursos que termine afectando su funcionamiento.“Lo que no pueden hacer, según el propio presidente, es pasarse por encima de la Constitución, y esto está consagrado en ella”, señaló el analista durante la conversación.La discusión ocurre mientras la JEP continúa avanzando en diferentes macrocasos. De acuerdo con cifras de la propia jurisdicción, con corte a enero de 2026 había 13.552 víctimas individuales acreditadas, 423 sujetos colectivos y 150 máximos responsables que habían reconocido responsabilidad y verdad plena.Uno de los principales hitos fue la sentencia contra integrantes del antiguo Secretariado de las Farc-EP por el caso de secuestros, emitida en septiembre de 2025. La JEP impuso sanciones propias de hasta ocho años de trabajos restaurativos, acompañadas de restricciones a libertades y derechos.Para Viveros, precisamente estos avances deberían ser complementados con un cronograma que permita a los colombianos conocer qué ocurrirá con los procesos pendientes.“Que la presión del Gobierno de quitarle recursos sirva para que la JEP presente un cronograma y le diga a Colombia: mire, nosotros vamos a hacer esto en este tiempo y vamos a entregar estos fallos”, manifestó.Uno de los puntos que el analista considera centrales es el papel de las víctimas dentro de la justicia transicional. En su opinión, más allá de la discusión política alrededor de la JEP, existe una necesidad de esclarecer hechos ocurridos durante el conflicto armado.“Las víctimas no van a conocer ni siquiera qué pasó con las personas allegadas a ellos que merecen saber qué ocurrió en este conflicto y qué fue la justicia transicional que se aprobó”, sostuvo.En esa línea, Viveros puso como ejemplo el caso relacionado con el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, investigación que también ha sido objeto de actuaciones dentro de la JEP. El analista señaló que una eventual reducción de recursos podría terminar afectando incluso a quienes cuestionan las decisiones de la jurisdicción y esperan respuestas de sus investigaciones.La JEP, además, mantiene abiertos varios macrocasos relacionados con hechos como secuestros, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de menores, violencia territorial y crímenes contra diferentes poblaciones.“No pueden ahogar la JEP”El debate presupuestal adquirió una nueva dimensión en septiembre de 2026. El presidente Abelardo De La Espriella defendió la discusión sobre los recursos de la jurisdicción y sostuvo que desde 2018 la JEP ha recibido más de tres billones de pesos. Según la Presidencia, para 2027 la entidad solicitó $947.642 millones y el proyecto de presupuesto le asignó $821.803 millones.Frente a esta discusión, Viveros insistió en que la exigencia de resultados no es incompatible con mantener funcionando la institución.“Me parece que la exigencia del Gobierno de presionar para que haya resultados no es mala”, afirmó, aunque inmediatamente planteó el límite que, a su juicio, debería tener esa presión: “Ojalá que esa presión no lleve a que ahoguen la JEP, sino que la pongan en cintura”.Para el analista, el cumplimiento del Acuerdo de Paz también tiene una dimensión relacionada con quienes dejaron las armas. Advirtió que incumplir compromisos previamente establecidos podría generar incentivos negativos para personas que abandonaron la lucha armada.“Sería como una especie de incentivo perverso para que terminen metiéndose a traquetear”, dijo Viveros.Así, el debate sobre la JEP continúa dividido entre quienes cuestionan la duración de sus procesos, sus costos y el alcance de sus decisiones, y quienes consideran que la justicia transicional requiere tiempo para esclarecer los crímenes del conflicto y garantizar verdad y reparación. Para Viveros, el punto de encuentro debería estar en la eficiencia: exigir resultados y transparencia, pero sin desconocer el marco constitucional dentro del cual funciona la jurisdicción.
Los resultados de las pruebas PISA 2025 volvieron a poner sobre la mesa el debate sobre la calidad de la educación en Colombia. El país registró un descenso en matemáticas y lectura, lo que plantea preguntas no solo sobre cuánto se invierte en el sistema educativo, sino también sobre qué ocurre dentro de las aulas.Según la OCDE, Colombia obtuvo 381 puntos en matemáticas, dos menos que en 2022, y el 71 % de los estudiantes quedó por debajo del nivel básico de competencia. En lectura, el país perdió 10 puntos y llegó a 399, mientras el 54 % de los jóvenes no alcanzó el umbral mínimo.Para Alejandro De Zubiría, director general de la Fundación Social Alberto Merani, aumentar el presupuesto no garantiza por sí mismo mejores resultados. “Un sistema puede incrementar su gasto sin modificar sus resultados si no altera lo que ocurre en el aula”, señala.El contexto socioeconómico también pesa. La OCDE estima que este factor explica el 17 % de la variación en el desempeño de los estudiantes colombianos en ciencias, frente al 12 % promedio de los países de la organización. Sin embargo, las diferencias dentro de una misma institución también son relevantes: en promedio, el 69 % de la variación corresponde a diferencias entre estudiantes del mismo colegio.El desafío de transformar el aulaDe Zubiría plantea que el foco debe estar en las prácticas pedagógicas y en desarrollar habilidades como la comprensión y la inferencia. La Fundación promueve el Modelo Lector Óptimo, basado en cuatro operaciones: concordar, relievar, inferir y construir (CRIC).La propuesta incluye además las llamadas megaulas, espacios interdisciplinarios donde docentes de distintas áreas trabajan de manera simultánea.“La pregunta pertinente no es cuánto cuesta el continente, sino qué configuración permite que ese entorno sea, en efecto, interdisciplinario y esté efectivamente mediado”, concluye De Zubiría.
Bajo el nombre Tras las huellas de Débora, ocho organizaciones culturales de la ciudad se unirán para reconstruir, desde diferentes perspectivas, la trayectoria de la artista antioqueña, reconocida por una obra que desafió las convenciones sociales y artísticas de su época.Para Lina Botero Villa, directora de la Promotora Cultural, el homenaje responde a la necesidad de poner nuevamente en el centro a una figura esencial de la historia cultural de Medellín.“Débora, una artista, quizás la artista más importante del siglo XX. Yo siento que como ciudad hemos tenido la necesidad y el momento también de poderla visibilizar”.El recorrido incluirá espacios como el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Museo de Antioquia, el Museo Pedro Nel Gómez, Casa Museo Otraparte y la Biblioteca Pública Piloto, entre otros escenarios vinculados con la vida, formación y obra de Arango.Débora Arango y una obra que desafió a su épocaLa artista construyó una trayectoria marcada por la representación de temas sociales, políticos, religiosos y relacionados con el cuerpo, asuntos que provocaron controversia durante buena parte del siglo XX. Uno de los episodios que será revisitado ocurrió en 1939, cuando una exposición suya en el Club Unión generó rechazo entre sectores conservadores de la sociedad antioqueña.Décadas después, siete obras de Arango regresarán a ese escenario como parte del homenaje, recuperando la memoria de aquella exposición y el carácter transgresor de su propuesta artística.El Museo de Arte Moderno de Medellín presentará Débora Arango, Mirar sin miedo, mientras que el Museo de Antioquia exhibirá El mundo en primera persona, con 118 obras provenientes de la colección de la familia Estrada-Londoño.Medellín recorre su historia culturalEl homenaje a Débora Arango será parte de una programación más amplia que reunirá más de 200 actividades durante un mes, entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre. La temporada contará además con la participación de 32 museos, 24 librerías independientes y diferentes escenarios culturales de la ciudad.“Para nosotros la Medellín más bonita es la Medellín cultural”, afirmó Botero Villa, quien invitó tanto a los habitantes de la ciudad como a visitantes nacionales e internacionales a descubrir la oferta cultural de sus 16 comunas y cinco corregimientos.La programación y los diferentes recorridos podrán consultarse en promotoracultural.org, plataforma desde la cual la Promotora Cultural busca facilitar el acceso a la agenda y convertir el homenaje a Débora Arango en una oportunidad para recorrer Medellín a través de su patrimonio y su historia artística.
La Policía, en una operación conjunta con la Fiscalía, la Séptima División del Ejército y la DEA, capturó en zona rural de Turbo, Antioquia, a Norbey Goez Sepúlveda, alias ‘El Paisa’, ‘Ñato’ o ‘Cachaco’, de 48 años de edad, requerido por las autoridades estadounidenses por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir.Según las autoridades, Goez Sepúlveda sería uno de los responsables de coordinar las actividades de narcotráfico del Clan del Golfo en Córdoba y el Urabá antioqueño articulando el acopio y envío de clorhidrato de cocaína hacia Centro y Norteamérica.Las autoridades señalan que la organización podría movilizar más de una tonelada de cocaína al mes, utilizando rutas terrestres y marítimas. Los cargamentos serían trasladados desde diferentes zonas de Córdoba y el Golfo de Urabá mediante embarcaciones rápidas tipo ‘Go Fast’, con rutas hacia Panamá, México y Estados Unidos.“Según la información recopilada, su modalidad delictiva consistía en el acopio de clorhidrato de cocaína y su posterior envío mediante embarcaciones rápidas”, explicó el coronel Elver Vicente Alfonso, director de Investigación Criminal e Interpol.Durante la investigación, se estableció que este hombre habría mantenido un bajo perfil y se habría movilizado por municipios como Tarazá, Necoclí y Dabeiba, además del corregimiento El Tres. Para evitar ser ubicado, se presentaba como comerciante, trabajador de fincas y, según el Ejército, de ganadero.Y es que después de la captura y extradición a Estados Unidos de alias ‘Carne Biche’, en septiembre de 2023, habría reforzado las medidas para ocultar su ubicación y reducir su presencia en registros públicos, privados y redes sociales.Para ubicarlo, las autoridades utilizaron, entre otros recursos, drones suministrados por el Gobierno de Estados Unidos, equipadas con sistemas electro-ópticos e infrarrojos que permiten realizar observación diurna y nocturna, incluso en condiciones de baja visibilidad.Estos equipos facilitaron el seguimiento en la zona rural donde se encontraba el capturado. Según el expediente judicial, Goez Sepúlveda tendría una trayectoria delictiva de más de siete años y fue solicitado en extradición por una corte federal del Distrito de Massachusetts. Además, tenía una orden de captura vigente en Colombia por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.Tras su captura, Goez Sepúlveda quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, mientras se adelanta el trámite correspondiente y las autoridades estadounidenses remiten por vía diplomática la documentación requerida para su extradición.
Estos fueron los temas tratados este 28 de septiembre, en Recap Blu:El Fondo Monetario Internacional (FMI) pide mantener el gasto social y apoyar a los hogares vulnerables mientras avanzan las reformas económicas en Colombia para salir de la crisis.El abogado Luis Hernán Valero entregó detalles de la condena contra el feminicida de Luz Mery Tristán; deberá pagar más de 40 años de cárcel.El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, analizó la negociación que busca el Gobierno con el FMI para hacer frente a la crisis fiscal.El representante a la Cámara Daniel Briceño contó cómo avanza la investigación contra el expresidente Gustavo Petro.El ministro de Hacienda denunció derroche en viajes durante el Gobierno Petro con lagartos y patos: "Desfinanciaron a la tercera edad".
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes atraviesa, según denunció el representante Daniel Briceño en entrevista con Recap Blu, una situación que mantiene paralizados los procesos que están bajo su competencia. El congresista aseguró que, dos meses después del inicio de la nueva legislatura, la corporación continúa sin los recursos necesarios para funcionar y que desde hace dos semanas están suspendidos los términos de más de 2.400 procesos. Vale reocordar que esta comisión tiene entre sus funciones conocer denuncias penales y quejas disciplinarias contra el presidente, el fiscal general y magistrados de las altas cortes.Briceño calificó la situación como preocupante y explicó que la falta de recursos estaría impidiendo avanzar en las investigaciones. “Seguimos sin plata, seguimos sin recursos”, afirmó el representante, quien añadió que actualmente no se estaría ejecutando ninguna actuación dentro de las investigaciones.Procesos contra el expresidente PetroUno de los puntos que más inquieta al congresista es la situación de los expedientes relacionados con el expresidente Gustavo Petro. Briceño aseguró que, como integrante de la comisión, actualmente no puede establecer con precisión cuántas investigaciones contra Petro permanecen activas, cuáles avanzan y cuáles fueron archivadas. “Yo hoy sinceramente no les puedo certificar cuántos casos tiene Petro dentro de la Comisión de Acusaciones porque ni siquiera hemos tenido acceso”, manifestó.Entre los procesos que generan interrogantes está el relacionado con la financiación de la campaña presidencial de Petro y el empresario Euclides Torres. Según explicó, los integrantes de la nueva comisión no tienen acceso a los expedientes hasta que estos sean asignados formalmente por la mesa directiva y la secretaría a los respectivos investigadores.“Hoy ni siquiera sabemos cuál fue el estado en que la comisión de acusaciones pasada dejó todas las investigaciones contra el señor Gustavo Petro”, sostuvo.El representante también mencionó que, según una denuncia de su compañero Hernán Cadavid, al cierre del año pasado habrían sido archivados más de 16 procesos contra Petro. Sin embargo, aclaró que no puede confirmar si entre esos expedientes se encontraba el relacionado con la financiación de la campaña o el de Euclides Torres. La situación expuesta por Briceño se produce mientras la propia Cámara mantiene publicada una resolución del 11 de septiembre de 2026 mediante la cual se suspendieron los términos judiciales y la atención al público en la Comisión de Investigación y Acusación. “Yo espero que por lo menos en un mes estemos hablando de que ya se repartieron los procesos y que ya algo se está impulsando”, concluyó.
