La audiencia de seguimiento de las medidas de protección para los firmantes de paz que se llevó a cabo hoy en la Jurisdicción Especial para la Paz este jueves 12 de noviembre estuvo marcada varios momentos de tensión entre miembros del gobierno nacional y la magistratura del tribunal.Uno de ellos fue el intercambio de declaraciones que se presentó entre la consejera comisionada de Paz, Viviane Morales, y el magistrado Gustavo Salazar, por las afirmaciones de la funcionaria sobre la implementación del Acuerdo de Paz y la asignación de recursos para cumplirlo.La discusión Comenzó cuando el magistrado le pidió a Morales explicar a qué se refería al hablar de una supuesta “petrificación presupuestal”, teniendo en cuenta que los firmantes del acuerdo son considerados sujetos de especial protección y que existe un mandato constitucional sobre la asignación suficiente de recursos.La funcionaria lo corrigió y aclaró que su referencia no era a una petrificación presupuestal, sino a la “petrificación en la implementación” del Acuerdo de Paz. Según explicó, aunque existe una obligación de implementar lo pactado en la Habana durante los tres gobiernos posteriores a su firma, cada administración tiene un margen para definir sus políticas y prioridades.“No dije petrificación presupuestal, dije petrificación en la implementación”, respondió Morales.En medio de esa intervención, la consejera comisionada también argumentó que el país atraviesa una crisis fiscal que obliga a las entidades públicas a ajustar sus gastos. En ese sentido, confirmó que habrá recortes presupuestales en todos los programas del Gobierno.“Habrá recortes presupuestales en todos los programas, los tenemos que asumir de esa manera, y evidentemente lo que tenemos que compaginarlo es con un combate a la corrupción, con mayor eficiencia en la gestión”, sostuvo.La funcionaria aseguró que, en los últimos diez años, se han destinado $170 billones a la implementación del Acuerdo de Paz y planteó la necesidad de revisar cómo se han ejecutado esos recursos.“Creo que es importante que el país y nosotros conozcamos cómo se han gastado y qué tenemos que hacer de aquí para adelante, porque creo que no se podrá seguir en ese ritmo”, afirmó.Morales también señaló que existen asuntos en los que, a su juicio, quedaron líneas poco claras sobre el manejo de los recursos.Al final de la discusión, el magistrado le preguntó si, pese a los ajustes presupuestales, se mantendrían las asignaciones necesarias para garantizar la protección de los comparecientes, de acuerdo con el mandato constitucional y las responsabilidades de la Unidad Nacional de Protección (UNP).Morales respondió que debe haber recursos para ese propósito, aunque insistió en que el Gobierno aplicará medidas de austeridad y que todavía no está definido el monto de los recortes.“En todo va a haber recortes, y lo tenemos que suplir con eficiencia, con rigor en la gestión y con transparencia”, concluyó.
Un fuerte cruce se registró entre el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, Gustavo Salazar, durante una audiencia de seguimiento a las garantías de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz este jueves 12 de noviembre.La discusión comenzó cuando el jefe de la cartera política cuestionó la legitimidad de la JEP y sostuvo que esta debe demostrar resultados y transparencia.“El gran desafío que tiene la JEP tiene que ver con su legitimidad. Y la legitimidad de la JEP, señores magistrados, se consigue con resultados y transparencia”, afirmó Ordóñez.Ante estas declaraciones, el magistrado de la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, Gustavo Salazar, lo interrumpió y le pidió concentrarse en el propósito de la diligencia.“Ministro Ordóñez, no venimos a discutir la legitimidad de la JEP. Entonces le pido que, con la venia de los colegas, se limite al tema de protección”, señaló Salazar.El ministro respondió que no estaba discutiendo la legitimidad de la Jurisdicción y reclamó que no lo dejaran terminar su intervención.“Señor magistrado, usted no me ha permitido terminar. Le pido a usted también el debido respeto. permítame terminar la exposición para que quede clara y objetivamente establecido lo que está diciendo el ministerio”, dijo Ordóñez.Sin embargo, el magistrado insistió en que tenía el uso de la palabra y calificó los comentarios como improcedentes, al tiempo que le pidió ceñirse al tema de la audiencia.“Tengo la palabra yo aquí. Entonces, con los colegas voy a solicitar que el señor ministro se atenga, porque me parece, entre otras, de mala educación, venir a poner en duda la legitimidad de la JEP”, señaló el magistrado.Antes del cruce, el ministro del Interior también había cuestionado el Acuerdo de La Habana y la política de Paz Total. En su intervención, atribuyó el deterioro de las condiciones de seguridad al crecimiento de las economías ilícitas y al fortalecimiento de los grupos armados.Ordóñez sostuvo que la política de Paz Total hizo más difícil la implementación del acuerdo y la aplicación de medidas de seguridad para los firmantes y las comunidades.“En síntesis, la paz total hizo más difícil la implementación del acuerdo y la eficacia de las medidas de seguridad y protección para los desmovilizados y las comunidades. El origen de esta deplorable situación está en la base misma del Acuerdo de La Habana, un acuerdo mal hecho, mal diseñado, que nos han llevado a nadar en coca y tener una grave amenaza criminal”, afirmó.El funcionario también anunció cambios en los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según dijo, los vehículos blindados y los hombres de seguridad se asignaran de acuerdo con los estudios de riesgo que adelante la entidad.“En este gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad”, manifestó.Ordóñez agregó que los recursos públicos no pueden utilizarse para facilitar actividades ilegales y sostuvo que la protección debe estar dirigida a quienes realmente la requieran y actúen dentro de la legalidad.La audiencia tenía como propósito hacer seguimiento a las garantías de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz y a las medidas de protección que se han dispuesto para esta población.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional a reconocer su responsabilidad por crímenes cometidos contra dirigentes y militantes de la Unión Patriótica (UP) entre 1985 y 1993, así como contra integrantes de las guerrillas del M-19, EPL y FARC-EP en Bogotá.La decisión, que hace parte de los casos 06 y 08, identificó dos patrones de criminalidad atribuidos a integrantes del antiguo Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), posteriormente conocido como Brigada 20. El primero corresponde a la estigmatización, vigilancia, amenazas y asesinatos de integrantes de la UP, con 14 hechos documentados y 18 víctimas. El segundo comprende detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y homicidios contra integrantes de organizaciones guerrilleras, con 13 hechos y 15 víctimas.Los ocho imputadosLos llamados a reconocer responsabilidad son los sargentos mayores (r) Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita; y los sargentos viceprimeros (r) Julio Roberto Ortega Araque y Bernardo Alfonso Garzón Garzón, los coroneles (r) Carlos Armando Mejía Lobo y Óscar Diego Sánchez Vélez, el teniente coronel (r) Camilo Pulecio Tovar, el coronel y el brigadier general (r) Álvaro Hernán Velandia Hurtado. La JEP también remitió anticipadamente a la Unidad de Investigación y Acusación al general retirado Iván Ramírez Quintero."Estos hechos muestran el tránsito de la estigmatización genérica al señalamiento individual y de este a la violencia. También revelan que el ataque perseguía efectos que excedían a cada víctima: eliminar liderazgos, debilitar las estructuras organizativas, restringir la participación electoral, sembrar terror entre militantes y simpatizantes, y reducir la capacidad del partido para actuar en la vida pública", señaló el presidente de la JEP, el magistrado Danilo Rojas Betancourth, al leer el fallo.El llamado de la Justicia Especial a los exmilitares de la Brigada 20 del Ejército es a reconocer su responsabilidad en crímenes como el de Nydia Érika Bautista, militante del M19, cuyo caso es uno de los más representativos sobre desaparición forzada en el marco del conflicto armado en Colombia y quien antes de su muerte, se reconoció, fue abusada sexualmente .Los ocho comparecientes tendrán 15 días hábiles para reconocer responsabilidad o controvertir los hallazgos. Además, deberán entregar información y un plan para contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas.
A pocos días de cumplirse diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc, los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque expusieron sus diferencias frente a los resultados de su implementación y los desafíos que todavía enfrenta el país.Durante un encuentro conmemorativo sobre la primera década del acuerdo, realizado en la Defensoría del Pueblo, el expresidente Juan Manuel Santos defendió lo pactado en La Habana y cuestionó los señalamientos que responsabilizan al proceso de paz por el deterioro de la seguridad en Colombia.El exmandatario, quien firmó el acuerdo en noviembre de 2016 y recibió el Premio Nobel de Paz ese mismo año, aseguró que los problemas de orden público actuales son consecuencia de la falta de implementación integral de lo pactado y de la ausencia de una política de seguridad efectiva.“Se ha querido atribuir cínicamente el deterioro de la seguridad a la firma del acuerdo. No pueden estar más equivocados”, afirmó.Santos también recordó las críticas que recibió el proceso durante su negociación y señaló que varias de las advertencias hechas por sus opositores no se cumplieron. Incluso cuestionó que quien promovió la idea de que el acuerdo incluía una supuesta ideología de género que afectaría a las familias colombianas ocupe actualmente el Ministerio del Interior.“En el año 2016, los opositores del acuerdo buscaron sembrar miedo y sembrar frustración entre los colombianos. Dijeron que el acuerdo convertiría a Colombia en otra Venezuela, que yo era castrochavista, que les entregaríamos el país a las FARC, que lo que estábamos firmando era un pacto de impunidad y, como si fuera poco, que el acuerdo tenía implícita la ideología de género que destruiría a las familias colombianas. La persona que puso a rodar esa última falacia es hoy el ministro del Interior”, dijo.En su intervención, el expresidente hizo un llamado al actual Gobierno, encabezado por Abelardo de la Espriella, para que aproveche la decisión de la Corte Constitucional sobre la obligación del Estado de garantizar los recursos necesarios para implementar el Acuerdo de Paz.“Presidente, no pierda esta oportunidad. En eso lo acompañaríamos todos los colombianos y el mundo entero”, manifestó.Por su parte, el expresidente Iván Duque defendió los resultados de su administración en materia de implementación y aseguró que el verdadero enemigo de la paz es el narcotráfico, al que señaló como uno de los principales factores que alimentan la violencia y la expansión de los grupos armados.“Se negoció con unas Farc que se quedó en el Congreso, algunos sin haber reparado a las víctimas y sin haber dicho la verdad”, reclamó Duque.Sin embargo, también lanzó cuestionamientos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), particularmente por las sanciones impuestas a los máximos responsables de crímenes cometidos durante el conflicto y por los resultados en materia de reparación a las víctimas.Duque sostuvo que la justicia transicional debe ofrecer sanciones proporcionales y garantizar que las víctimas reciban una reparación efectiva, tanto económica como moral. También reclamó la entrega de los bienes de las antiguas Farc destinados a reparar a quienes sufrieron los efectos del conflicto.“Los colombianos tenemos que reclamarle a la JEP que las medidas de reparación de las víctimas no han sido efectivas”, señaló.Defensoría pide acelerar reparación a las víctimasEn medio de la conmemoración, la Defensoría del Pueblo presentó un balance sobre los diez años de implementación del Acuerdo. La entidad reconoció avances en reincorporación, justicia transicional y desarrollo rural, pero advirtió que persisten importantes retrasos en la reparación integral de las víctimas y dificultades para garantizar la seguridad de las comunidades.De acuerdo con el informe, de los 1.367 sujetos de reparación colectiva reconocidos, solo 63 han terminado sus planes de reparación. Además, ocho de cada diez víctimas no han accedido al programa de atención psicosocial y salud integral.La defensora del Pueblo, Iris Marín, insistió en que la reparación debe ser una obligación del Estado y no un gesto. También recordó que el acuerdo debe poner en el centro a todas las víctimas, sin distinciones.“Poner a las víctimas en el centro significa, primero, que no hay víctimas de primera y víctimas de segunda. La madre de un soldado ejecutado y la madre de un muchacho reclutado por la guerrilla lloran igual”, señaló.La entidad también alertó sobre la persistencia de la violencia: entre enero de 2016 y junio de 2026 registró 1.743 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. Desde la firma del acuerdo, además, han sido asesinadas 521 personas firmantes de paz.Por eso, la Defensoría reiteró que la implementación del Acuerdo de Paz debe mantenerse como un compromiso constitucional que trascienda los cambios de Gobierno, con financiación y responsabilidades verificables. Además, pidió acelerar la reparación a las víctimas, fortalecer la protección en los territorios y cumplir los compromisos pendientes.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le solicitó a la Corte Suprema de Justicia información oficial para establecer si la exsenadora del partido Comunes Sandra Ramírez Lobo Silva está incluida en la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.A través de un auto enviado por la magistrada Lily Rueda el 3 de noviembre, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP le dio a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema un plazo de tres días hábiles para que precise si la excongresista está comprendida en la actuación que llegó a ese alto tribunal por una compulsa de copias de la Fiscalía General de la Nación. En concreto, la Jurisdicción quiere saber si existen investigaciones, actuaciones judiciales o elementos de información que relacionen a Ramírez con estos hechos. En caso de que esté incluida, también pidió conocer el estado de las diligencias y recibir copias de las piezas procesales pertinentes, siempre respetando la reserva legal.La solicitud se enmarca en el seguimiento al régimen de condicionalidad que deben cumplir las personas sometidas a la justicia transicional. Según la Jurisdicción, Sandra Ramírez firmó un acta de compromiso en diciembre de 2017, mediante la cual asumió obligaciones como no cometer nuevos delitos, aportar verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y comparecer ante el tribunal cuando sea requerida.Además, en septiembre de 2026 fue vinculada como compareciente al Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado.Para hacer el requerimiento, la JEP tuvo en cuenta información publicada por medios de comunicación en octubre de este año sobre una posible línea de investigación relacionada con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. En dichas publicaciones se mencionan declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda del senador, sobre información que habría recibido la Fiscalía y que señalaría a Enrique Marulanda, hijo de crianza de Sandra Ramírez, en relación con la orden del homicidio.También tuvo en cuenta algunas publicaciones sobre la decisión de la Fiscalía de compulsar copias a la Corte Suprema para que investigue la posible participación de excongresistas de Comunes en el crimen. Si la Corte Suprema informa que existen elementos que relacionan a la exsenadora con la posible comisión o coordinación de un delito posterior a la firma del Acuerdo de Paz, la JEP podría evaluar si hubo un incumplimiento de los compromisos que le permiten permanecer en la justicia transicional.Esto podría dar lugar a un incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad, un procedimiento en el que se deben analizar las pruebas y garantizar el debido proceso. Una eventual decisión de incumplimiento podría llevar a la pérdida de los beneficios de la justicia transicional.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional por su participación en 32 masacres y otras conductas criminales contra la población civil en los Montes de María y municipios cercanos.La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, en el marco del subcaso Montes de María del Caso 08. La investigación se concentró en hechos ocurridos principalmente entre 1999 y 2001 y estableció que las masacres no fueron episodios aislados, sino parte de un patrón de violencia contra las comunidades campesinas.Por la Armada Nacional, la Sala atribuyó responsabilidad a Rodrigo Quiñones Cárdenas, Hernando Alfonso Jama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Afranio Mantilla Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes, Bautista Cárcamo Galé y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo.Por la Policía Nacional fueron llamados a reconocimiento Norman León Arango Franco y Paulo César Cruz Delgadillo.La Sala examinó sus posiciones de mando, competencias, deberes, conocimiento de los riesgos y las acciones u omisiones relacionadas con los hechos investigados.Según el tribunal, estos crímenes se produjeron en medio de un alineamiento estratégico entre estructuras paramilitares, determinados integrantes de la Fuerza Pública y otros actores regionales. La Sala identificó acuerdos, coordinación, intercambio de información, facilitación de desplazamientos, omisiones deliberadas y tolerancia operacional que habrían favorecido la ejecución o el ocultamiento de los hechos.Además, determinó que en las 32 masacres fueron asesinadas 284 personas: 169 en cuatro hechos ilustrativos y otras 115 en las 28 masacres adicionales documentadas durante la investigación.En 15 de estos hechos, identificó 107 víctimas de violencias basadas en género, violencia sexual y otras agresiones contra mujeres y niñas.La jurisdicción estableció que estas violencias fueron utilizadas para castigar, humillar, someter y generar terror entre las víctimas, sus familias y las comunidades. También determinó la existencia de persecución por razón de género.La investigación encontró que la población campesina fue señalada como supuesta colaboradora de las antiguas Farc. Dicha estigmatización convirtió sus liderazgos, vínculos familiares, actividades productivas y formas de organización comunitaria en motivos de sospecha y selección de víctimas.Además de los homicidios, se documentaron desapariciones forzadas, torturas, amenazas, restricciones a la libertad, desplazamientos forzados y otras conductas que afectaron la permanencia de las comunidades en sus territorios.Entre los hechos examinados por la JEP están las masacres de Capaca, El Salado, Macayepo y Chengue.En Capaca, El Bongal y Campo Alegre, los hechos ocurrieron entre el 16 y el 17 de agosto de 1999 y dejaron 13 personas asesinadas y una desaparecida, además de registros de violencia sexual y basada en género.En El Salado, Flor del Monte, Canutal, Canutalito y La Sierra, la incursión paramilitar de febrero de 2000 dejó al menos 60 víctimas mortales, así como desapariciones, torturas, desplazamientos y violencias sexuales.En Macayepo, entre el 9 y el 17 de octubre de 2000, fueron asesinadas 13 personas. En Chengue, en enero de 2001, la incursión paramilitar dejó 28 homicidios, torturas, violencia sexual, quema de viviendas y desplazamiento forzado.Los once comparecientes imputados serán notificados y tendrán 15 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o controvertir la decisión con argumentos y elementos de prueba. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tendrán el mismo plazo para presentar observaciones.Si reconocen responsabilidad y aportan verdad, la Sala podrá emitir una resolución de conclusiones y remitir el caso al Tribunal para la Paz, que definirá las sanciones restaurativas. De lo contrario, el caso podrá avanzar ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, donde podrían imponerse penas de hasta 20 años de cárcel si se establece su responsabilidad.La JEP también ordenó crear mesas de articulación con la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, para revisar el acceso a medidas de reparación, coordinar acciones de búsqueda y avanzar en la identificación y entrega digna de personas desaparecidas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 antiguos comandantes e integrantes de los estados mayores de las extintas Farc por hechos de violencia sexual, violencia basada en género y agresiones por prejuicio contra la población civil durante el conflicto armado.La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad señala a estos comparecientes como máximos responsables por su posición de mando o por su participación directa en los crímenes investigados. La jurisdicción les atribuye responsabilidad por delitos como violación, violencia sexual, esclavitud sexual, homicidio, asesinato, tortura, tratos crueles, desplazamiento forzado, persecución y traslado forzoso de población.La JEP aclaró que, por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir perdón judicial.El tribunal asegura que los comparecientes pertenecieron a diferentes estructuras de las extintas Farc, la decisión incluye a antiguos comandantes de frente, integrantes de estados mayores y otros responsables de estructuras regionales.Los 11 imputados son: Fabián Ramírez Cabrera, conocido como ‘Fabián Ramírez’; Floresmiro Burbano, alias ‘Martín Corena’; Élmer Caviedes, alias ‘Albeiro Córdoba’; Bertulfo Caicedo Garzón, conocido como ‘Alberto Pitufo’; Jaime Vásquez Calderón, alias ‘Arquímedes’, responsable de la llamada oficina de quejas y reclamos de las Farc en Vista Hermosa, Meta. Además de Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias ‘Isaías Trujillo’; Ovidio Antonio Mesa Ospina, conocido como ‘Anderson’ o ‘Carranza’; Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’, excomandante del Frente 21; y Gustavo Bocanegra Ortegón, conocido como ‘Donald’, encargado de la organización política y de masas de esa estructura; Jair Enrique Acosta Cuantindioy, alias ‘Javier Guzmán’ o ‘Chugo’, y Reinel Natalio García Mojica, conocido como ‘Ricardo el Pija’.De acuerdo con la JEP, ninguno de los 11 comparecientes había estado en prisión por estos crímenes. La sala determinó su responsabilidad individual al examinar sus posiciones de mando, las funciones que desempeñaron y su participación en los hechos. En algunos casos, la imputación responde a que no previnieron, investigaron ni sancionaron las agresiones cometidas por sus subordinados; en otros, se les atribuye autoría directa.La investigación, que comenzó en septiembre de 2023, identificó que las agresiones no fueron hechos aislados. La sala encontró dos patrones principales de criminalidad.El primero corresponde a la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes por el hecho de ser mujeres, en donde la JEP documentó violaciones, esclavitud sexual y otras agresiones utilizadas para controlar, castigar o someter a las víctimas. También encontró casos de violencia sexual contra mujeres señaladas de colaborar con grupos enemigos, incumplir órdenes de la guerrilla o resistirse al reclutamiento forzado.Entre los hechos documentados está el de una niña de 12 años que fue llevada a un campamento guerrillero, donde durante cuatro años sufrió violencia sexual, física y reproductiva. Según la investigación, fue obligada a abortar y a realizar labores domésticas, mientras que su padre fue torturado y asesinado cuando intentó rescatarla.El segundo patrón corresponde a la violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. La jurisdicción encontró amenazas, agresiones sexuales, desplazamientos y asesinatos contra personas que no encajaban en las normas de comportamiento impuestas por la guerrilla.La imputación tuvo en cuenta los testimonios de 743 víctimas acreditadas, 80 informes de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, las versiones de 54 comparecientes de las extintas Farc y las observaciones presentadas por las víctimas.Ahora, los 11 comparecientes tienen 20 días hábiles para manifestar por escrito si reconocen o no los hechos y las responsabilidades que les atribuyó la JEP.Si los excomandantes reconocen su responsabilidad y aportan verdad, la jurisdicción podrá convocar una audiencia de reconocimiento. Después, la Sala de Reconocimiento emitirá una resolución de conclusiones para continuar con el trámite de las posibles sanciones propias o restaurativas, que incluyen restricciones efectivas de libertad y otros derechos, pero no cárcel.En caso de que nieguen su responsabilidad, los expedientes podrán pasar a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y avanzar hacia un juicio. Si son encontrados responsables, podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.
Un nuevo choque entre el Gobierno y la JEP se está dando por el retiro de algunas piezas y contenidos del Museo Nacional en Bogotá. Es importante recordar que, por orden de un juez, las piezas fueron restituidas, aunque el Gobierno impugnará esa decisión.Una vez se conoció esta situación, la JEP le pidió al Ministerio de Cultura que entregue un informe preliminar en cinco días sobre las razones para trasladar las piezas. Además, en 10 días el Gobierno debía entregar un informe más completo. Lo que quería evaluar la jurisdicción era si con esta decisión del Ministerio se estaban afectando los derechos de las víctimas.El Ministerio de Cultura respondió en las últimas horas; sin embargo, el Gobierno asegura que esa cartera no ha sido vinculada a ningún proceso y que por eso la JEP no puede impartirle órdenes."Se insiste que el Ministerio de Cultura no ha vulnerado, desconocido o violentado derecho alguno de las víctimas y, por tanto, no fue objeto de las medidas cautelares decretadas por el Despacho en el mes de marzo del año 2024, de suerte que, en estricto sentido jurídico, las órdenes derivadas de dichas medidas cautelares deben dirigirse y ser oponibles a aquellos sujetos (personas o entidades) vinculadas al trámite y frente a las cuales, por cumplirse los requisitos legales, sea legalmente procedente su exigencia", señala el Ministerio de Cultura.El Gobierno, además, insiste en que ya entregó información sobre el tema a otras autoridades y por eso la JEP puede ir ante esas instancias a solicitar el informe requerido.“Debe ponerse de presente que este Ministerio, en ejercicio de los deberes legales y constitucionales que le son oponibles, ha suministrado a las autoridades judiciales y administrativas competentes, de manera oportuna e integral, la información relacionada con las actuaciones desplegadas en la Unidad Administrativa Especial del Museo Nacional de Colombia el pasado 15 de octubre de 2026. En tal sentido, lo solicitado en el Auto objeto del presente pronunciamiento puede consultarse con dichas instancias", se lee en la respuesta del Ministerio.La respuesta de la JEPEl magistrado Raúl Eduardo Sánchez, quien solicitó la información al Ministerio, en otro auto, tras la respuesta del Gobierno, advirtió que se estaría incumpliendo una orden judicial, asegurando que esta no es una invitación que la jurisdicción le hace al Ministerio; por eso, la cartera tiene el deber de responder."El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes está incumpliendo la orden judicial de presentar el informe ejecutivo preliminar impartida en el ordinal primero del Auto SAR AT 864 de 2026. No se trata de una invitación ni de una solicitud de colaboración de cumplimiento facultativo. Las objeciones expuestas en su respuesta no sustituyen la entrega de la información ordenada ni habilitan a la entidad para sustraerse unilateralmente de su cumplimiento, con fundamento en una supuesta ausencia de vinculación que el Auto SAR AT 366 de 2024 desvirtúa expresamente", señala la JEP.Pero, además, el magistrado dice que el Ministerio de Cultura sí se encuentra vinculado a la medida cautelar nacional sobre desaparición forzada; por eso, la jurisdicción sí tiene competencia para pedir este tipo de informes. El magistrado Sánchez ordenó, por segunda vez, la entrega del informe, advirtiendo que, si no se entrega, se podrían tomar medidas correccionales que deberán ser cumplidas por la ministra, Paola Holguín."Se ADVIERTE que la persistencia en el incumplimiento dará lugar a la apertura del trámite de medidas correccionales previsto en el artículo 143 de la Ley 906 de 2004, aplicable por remisión del artículo 72 de la Ley 1922 de 2018. En particular, el numeral 4 del artículo 143 contempla arresto inconmutable hasta por cinco (5) días por desobedecer las órdenes del juez impartidas en ejercicio de sus atribuciones legales. La eventual imposición de la medida recaerá sobre la persona responsable, previa individualización de su conducta y con garantía de la oportunidad de explicar las razones de su oposición y solicitar la reconsideración, en los términos del parágrafo de esa disposición, aplicable conforme a la cláusula remisoria del artículo 72 de la Ley 1922 de 2018", advierte el magistrado Raúl Eduardo Sánchez.Es importante recordar que entre las medidas correccionales previstas en el artículo 143 de la Ley 906 de 2004 están las multas e incluso el arresto hasta por cinco días.
El nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas, confirmó que la entidad atraviesa un momento crucial marcado por la aceleración de sus decisiones judiciales y, de manera paralela, un drástico plan de austeridad operacional. En diálogo con Mañanas Blu, dijo que, a pesar de afrontar una reducción presupuestal severa de 170.000 millones de pesos impuesta por el Gobierno Nacional mediante decreto presupuestal, el magistrado garantizó que los recortes no paralizarán la actividad judicial central del tribunal de paz. Aceleración de resultados e imputaciones en todos los macrocasosEn el marco del balance de la corporación, Danilo Rojas anunció que antes del 15 de diciembre de este año se dará a conocer un volumen significativo de decisiones de fondo en los procesos en curso. "De aquí al 15 de diciembre va a haber noticias al menos con 15 o 20... más bien 20 imputaciones de este orden", sostuvo el presidente de la JEP, al precisar que la Sala de Reconocimiento avanza en un cronograma que permitirá presentar imputaciones en todos los macrocasos. Este anuncio coincide con las recientes citaciones a exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc por el reclutamiento de 18.677 niñas y niños, así como las decisiones por el atentado con burro bomba en Chalán (Sucre). Al respecto, el magistrado descartó que los avances respondan a una reacción coyuntural frente a los recortes o a las críticas sobre la efectividad del tribunal: "No es una coincidencia, sino un resultado de un trabajo de todos estos años. La JEP viene desarrollando después del año 2018 estos procedimientos dialógicos y ahora empiezan a dar los resultados más importantes". Rojas explicó que la JEP ha entrado en una fase decisiva de su proceso: "Es la cosecha de resultados en materia de producción de autos... durante estos años estuvo la JEP recibiendo información, contrastando la información, haciendo versiones, recibiendo testimonios y bueno, es el momento de los resultados". Asimismo, destacó la complejidad del momento actual: "Esa es un poco la paradoja que tenemos ahora, que en el momento de mayor presentación de resultados tendremos menos presupuesto, pero lo haremos con mucha responsabilidad". Severo ajuste presupuestal y traslado de sedePara ajustarse a la disminución de 170.000 millones de pesos decretada por el Gobierno, la JEP pondrá en marcha un plan de reorganización severo. Entre las principales decisiones destaca el traslado de su sede principal en Bogotá, abandonando las instalaciones actuales de 15.000 metros cuadrados situadas en la calle 64 con carrera séptima para mudarse a un inmueble de 4.200 metros cuadrados, lo que generará un ahorro anual de aproximadamente 26.000 millones de pesos. La reducción de espacio físico implicará establecer el trabajo virtual como regla general y la rotación en puestos de trabajo. Adicionalmente, se aplicará un recorte del 85% en los contratos de prestación de servicios, ahorrando entre 83.000 y 85.000 millones de pesos. Ante la magnitud de las medidas, el magistrado Rojas enfatizó los límites de los recortes: "La reducción que estamos haciendo por mandato de esta regla, esta norma presupuestal no afectará el núcleo esencial de nuestro mandato. Por eso vamos a hacer recortes en donde haya que hacerlo, pero no reducir la actividad judicial central de la JEP". Escuche aquí la entrevista:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció una serie de ajustes en su funcionamiento para enfrentar el recorte presupuestal de $170.000 millones aprobado en el Congreso. Entre las medidas se encuentran la entrega de su actual sede en Bogotá, la reducción de los esquemas de seguridad y el recorte del 85 % de los contratos de prestación de servicios.El nuevo presidente de la JEP, el magistrado Danilo Rojas, en medio de su acto de posesión este jueves 5 de noviembre, explicó que estas decisiones buscan reducir los gastos de la entidad. Sin embargo, reconoció que algunos de los ajustes pueden tener consecuencias sobre las labores que desarrolla el tribunal en materia de justicia transicional y atención a las víctimas.Una de las primeras decisiones será entregar, en marzo de 2027, el edificio que ocupa actualmente en Bogotá, de aproximadamente 15.000 metros cuadrados, para trasladarse a una sede de 4.200 metros cuadrados. Según la entidad, este cambio representaría un ahorro cercano a los $26.000 millones anuales.El ajuste también contempla modificar la modalidad de trabajo, con mayor virtualidad y un esquema de turnos rotativos para el personal. En las regiones, la JEP buscará apoyarse en espacios compartidos con universidades, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y otras entidades públicas y privadas.La segunda medida tiene que ver con los esquemas de seguridad. La jurisdicción reducirá los dispositivos de protección de magistrados y fiscales, y eliminará los del secretario ejecutivo. También habrá una disminución en los esquemas de protección de víctimas, testigos y comparecientes.Frente a este último punto, Rojas hizo un llamado al Gobierno nacional para que asuma la responsabilidad de proteger a las personas que participan en los procesos de la JEP y que se encuentran amenazadas.“Muy a nuestro pesar, se decidió variar y reducir los esquemas de protección de víctimas, testigos y comparecientes. Con ello habrá un ahorro aproximado de 37 mil millones de pesos anuales. Dada la sensibilidad de esta decisión, de inmediato pediremos al Gobierno Nacional asumir esta responsabilidad con base en lo establecido en las normas pertinentes”, señaló el magistrado.La tercera decisión será reducir en un 85 % los contratos de prestación de servicios, un ajuste que representaría cerca de $83.000 millones. Estos contratos están relacionados, entre otras labores, con la defensa técnica de víctimas y comparecientes, el acompañamiento psicosocial y la realización de encuentros restaurativos.La reducción podría afectar el desarrollo de estas actividades, por lo que la entidad tendrá que reorganizar su personal para intentar responder a las necesidades de sus procesos.Cabe destacar que además de los retos presupuestales, en este momento se discuten algunas iniciativas en el Congreso y que buscan modificar el periodo de funcionamiento de la JEP.El presidente de la jurisdicción pidió a los congresistas revisar el marco constitucional que establece que el Acuerdo Final de Paz es un parámetro de interpretación y un referente de validez, y recordó que el tribunal necesita los 15 años previstos para cumplir con su mandato.“La JEP para poder terminar su mandato necesariamente tiene que tener los 15 años previstos en el Acuerdo Final de Paz. Yo lo que invito a los honorables congresistas es a que revisen la pauta normativa constitucional según la cual el Acuerdo Final de Paz es un parámetro de interpretación y un referente de validez”, afirmó.Ahora la nueva administración que asumirá durante el periodo 2026 - 2028 enfrenta dos retos que pueden marcar su futuro: por un lado, cómo garantizar el cumplimiento de sus funciones con menos recursos y, por otro, cómo mantener el periodo de funcionamiento establecido en el Acuerdo de Paz.
La española Rosalía y el joven compositor argentino Milo J triunfaron este jueves en la 27.ª edición de los Grammy Latinos, celebrada en Las Vegas, Estados Unidos.La ceremonia, considerada una de las más importantes de la música latina, reconoció a los artistas y compositores destacados del año en diferentes géneros y categorías.A continuación, la lista de los ganadores en las principales categorías de los Grammy Latinos:Principales categoríasÁlbum del año: 'LUX (Complete Works)' – Rosalía.Grabación del año: 'Niño' – Milo J.Canción del año: 'La Perla' – Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder y Dylan Wiggins (Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia).Mejor nuevo artista: ARIA VEGA.Compositor del año: Sara Schell.Productor del año: Édgar Barrera.Categorías de popMejor canción pop: 'La Perla' – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia.Mejor álbum contemporáneo de pop: '¿Y Ahora Qué +' – Alejandro Sanz.Mejor álbum de pop tradicional: 'Yo Canto 2' – Laura Pausini.Categorías de música urbanaMejor álbum de música urbana: 'Tropicoqueta' – KAROL G.Mejor interpretación urbana: 'Gil' – Milo J ft. Trueno.Mejor canción urbana: 'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66' – Santiago Alvarado, Bizarrap y Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee).Mejor interpretación de reguetón: 'Verano Rosa' – KAROL G ft. Feid.Categorías de rock y música alternativaMejor álbum de rock: 'Shine' – Fito Páez.Mejor canción de rock: 'Ego' – Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal y Paulina Villarreal (The Warning).Mejor canción pop/rock: 'Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día' – Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL y Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner y Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting).Mejor álbum de música alternativa: 'LUX (Complete Works)' – Rosalía.Categorías de música tropicalMejor álbum de salsa: 'El Alma En Clave' – Luis Enrique.Mejor álbum de merengue/bachata: 'Chula' – Techy.Mejor álbum tropical tradicional: 'Íntimo (En Vivo)' – Gilberto Santa Rosa.Mejor álbum de música tropical contemporáneo: 'Antes que el tiempo se vaya' – Fonseca.Otras categoríasMejor canción en lengua portuguesa: 'Viver e Morrer De Amor Na América Latina' – Johnny Hooker (Johnny Hooker y Ney Matogrosso).Mejor video musical corto: 'Sauvignon Blanc' – Rosalía; Noah Dillon (dirección) y Laura Elizabeth Seydel (producción).Mejor video en formato largo: 'FREE SPIRITS (The Film)' – CA7RIEL & Paco Amoroso; Ferran Echegaray y Ferina (dirección); Jean-Baptiste Fusil, Ellie Loarca y Francisco Wechsler (producción).
Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:El presidente Abelardo De la Espriella ordenó reversar el pago de salarios a funcionarios del Fondo Milagro tras las denuncias en el Congreso que referencian que la nómina supera los $765 millones.El congresista Duvalier Sánchez lanzó duras críticas a la gestión del Fondo Milagro y exigió la salida inmediata de su gerente, Jaime Andrés Uribe.Andrea Mallama, esposa del patrullero de la Policía Álvaro Jair Pistala, habló sobre la situación de su familia tras el secuestro del uniformado ocurrido el 30 de julio.La Fiscalía acusó formalmente y llamó a juicio al ciudadano británico Foster Martinson, señalado de ser el presunto responsable del feminicidio de la modelo Natalia Villalba.El Consejo de Estado admitió una acción de tutela contra el presidente Abelardo De La Espriella por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de personas capturadas en megaoperativos.
El proceso de renovación de la Selección Colombia y la aparición de nuevos referentes fueron algunos de los temas que abordó José Néstor Pékerman durante su visita a Medellín. El exseleccionador nacional pidió paciencia con las nuevas generaciones y defendió la necesidad de permitir que el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo trabaje sin presiones externas.El entrenador argentino, quien condujo a Colombia en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, considera que el recambio generacional no puede darse de manera apresurada. Para Pékerman, los futbolistas deben prepararse en sus clubes y demostrar que tienen las condiciones necesarias para asumir responsabilidades en el combinado nacional.En ese sentido, el extécnico fue enfático al señalar que no se puede exigir una renovación si los jugadores que aspiran a ocupar nuevos espacios no están preparados para hacerlo. También evitó mencionar nombres propios y pidió respetar las decisiones del actual cuerpo técnico.Pékerman no presiona recambios para James y Juanfer QuinteroJosé Néstor Pékerman aseguró que el proceso de renovación de la Selección Colombia debe desarrollarse de manera natural, sin que las opiniones externas condicionen las decisiones del entrenador. En su concepto, Néstor Lorenzo y su equipo de trabajo necesitan tranquilidad para gestionar la llegada de nuevos futbolistas."No, yo no voy a dar ningún nombre, ni de jugadores nuevos ni de posibles líderes. El entrenador y su cuerpo técnico tienen que trabajar tranquilos, sin escuchar lo que se dice", manifestó el argentino al referirse a la búsqueda de nuevos referentes para la Tricolor.El exseleccionador también cuestionó que se pretenda exigir la presencia permanente de los futbolistas jóvenes, pues considera que esa postura puede terminar afectando el proceso de transición. Para él, la renovación requiere preparación y oportunidades bien gestionadas."Tienen que gestionar la incorporación de los nuevos y no escuchar que tienen que jugar siempre, porque así no va a haber una renovación. No habrá renovación si los jugadores no se preparan para eso", advirtió Pékerman.El entrenador explicó que los jugadores deben construir sus condiciones en los equipos en los que compiten habitualmente. A partir de ese seguimiento, el cuerpo técnico de la Selección puede identificar características y evaluar quiénes tienen posibilidades de aportar al equipo nacional."En la Selección no se prueban jugadores. Los jugadores hacen su trabajo en sus clubes. Uno ve las características, después los ve jugar y dice: 'Uy, puede aportar cosas'. Bueno, lo llamamos y vamos a ir conociéndolo", explicó.Otro de los aspectos que destacó Pékerman fue la necesidad de administrar correctamente los minutos de los futbolistas que comienzan a integrarse a la Selección Colombia. Según el argentino, no basta con convocar a un jugador joven: también es necesario encontrar el momento adecuado para darle participación.El exentrenador puso como ejemplo las dificultades que puede afrontar un futbolista cuando debuta en el combinado nacional, especialmente si todavía no conoce a sus compañeros o no está familiarizado con las exigencias del equipo. Por eso, considera que los primeros partidos deben gestionarse con cuidado.Pékerman explicó que un jugador puede sentir una presión adicional cuando recibe su primera oportunidad con la Tricolor, pues sabe que debe demostrar por qué fue convocado. En esas circunstancias, el contexto del partido y la experiencia de sus compañeros también pueden influir en su adaptación."No tenemos que presionarlo para que ya mismo tenga que responder. Apenas queremos que llegue y ya esperamos resultados. Va a llevar tiempo", señaló el argentino, al insistir en que los nuevos futbolistas necesitan un proceso de adaptación.Finalmente, Pékerman reiteró que la construcción de una nueva generación de referentes no debe convertirse en una carrera contra el tiempo. Para el técnico, el trabajo silencioso, la preparación de los futbolistas y la confianza en el cuerpo técnico serán determinantes para el futuro de la Selección Colombia."Es muy importante el tiempo y la tranquilidad que les demos a los jugadores y al cuerpo técnico", concluyó el exseleccionador, quien evitó anticipar quiénes deberían asumir el liderazgo de la Tricolor en los próximos años.
Momentos de tensión se viven en el suroccidente de Cali, Valle del Cauca, luego de que se reportara un presunto atentado en inmediaciones del barrio Siloé, cerca de las instalaciones de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional.De acuerdo con las primeras versiones conocidas, hombres desconocidos habrían lanzado un artefacto explosivo contra una patrulla de la Policía que se encontraba realizando labores de vigilancia y patrullaje en este sector de la capital vallecaucana.El hecho generó preocupación entre los habitantes de la zona, debido a la cercanía del lugar donde se habría producido la detonación con las instalaciones policiales. Tras lo ocurrido, las autoridades adelantaron un procedimiento de seguridad y se reportó el cierre de la vía mientras verificaban las circunstancias del ataque.Por ahora, no se conocen detalles precisos sobre cómo se produjo este nuevo episodio de violencia ni se ha establecido oficialmente si el artefacto fue dirigido directamente contra los uniformados que se encontraban en el sector.Tampoco existe, hasta el momento, un balance oficial sobre posibles personas heridas o civiles afectados por la situación. Se espera que las autoridades entreguen información que permita esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás de este hecho.Otros ataques contra la fuerza pública en el suroccidente del paísEste presunto atentado en Cali se conoce en medio de una serie de hechos violentos que han afectado a la fuerza pública y a la población civil en diferentes zonas del suroccidente colombiano.Durante la tarde de este jueves también se reportaron disparos de fusil contra el peaje de Mondomo, ubicado sobre la vía Panamericana, en el departamento del Cauca. Según la información entregada por la comunidad, varios hombres habrían atacado nuevamente estas instalaciones.
El Departamento de Policía Valle informó que recientemente se registró un hecho que es materia de investigación, luego de que un artefacto explosivo improvisado, elaborado a base de pólvora, fuera lanzado contra la acera de las instalaciones del comando de la Policía del Galeón, en Buenaventura.Tras conocerse la situación, personal especializado en antiexplosivos de la Policía se desplazó hasta el lugar para adelantar los procedimientos de verificación y evaluación del elemento, con el propósito de descartar posibles riesgos y garantizar las condiciones de seguridad en el sector.No hubo heridos De acuerdo con el reporte oficial, una vez realizada la inspección técnica, se estableció que el hecho no dejó uniformados lesionados ni ocasionó daños materiales en la infraestructura de las instalaciones.Asimismo, la intervención del personal especializado permitió verificar las condiciones del área y atender oportunamente la situación.Frente a lo ocurrido, la Policía señaló que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el lanzamiento del artefacto explosivo, establecer quiénes estarían detrás de este hecho e identificar y ubicar al responsable.
