La Jurisdicción Especial para la Paz y la alcaldía de Medellín presentaron la Mesa Metropolitana del Valle de Aburrá para Procesos Restaurativos con la cuál los comparecientes pagarán las sanciones impuestas por los magistrados de la JEP. Según la información entregada, son cerca de 10 entidades estatales que estarán participando en la reparación de víctimas del conflicto armado en el país.La mesa será la primera de esta magnitud en Colombia y tendrá la visión de víctimas y quienes fueron los perpetradores de los criminales que están dispuestos a aportar su versión para tratar de reparar a las personas que de una u otra manera fueron víctimas de hechos delictivos ocurridos en el departamento de Antioquia.Precisamente, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, indicó que serán varias las sanciones con las que más de 400 comparecientes rendirán cuentas en la región."Hemos comenzado con estas de educación en el riesgo de minas y desminado, reconstrucción ambiental, búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Pero también habrá cuestiones de generación de ingreso, obras de dotación comunitaria, escuelas, centros de salud, incluso vías", relató Vidal.Aunque la estrategia ya comenzó con algunos proyectos en Dabeiba, ahora se centrarán en el Valle de Aburrá con la memorialización de las víctimas y otros actos de perdón. La Jurisdicción Especial para la Paz destacó que los proyectos tendrán duraciones desde 1 hasta los 8 años.Sin embargo, lo que destacan desde la JEP es que una de las acciones que más significado tiene para las autoridades es la de la búsqueda de personas desaparecidas, puesto que los victimarios están dando información que por años permaneció en silencio. "La búsqueda de personas dadas por desaparecidas que no había sido posible esclarecer en la justicia ordinaria y que en relativamente pocos meses han significado la devolución y la entrega digna de restos con plena identificación a familias que no tenían ninguna respuesta positiva durante muchos años 15 a 20 años", dijo el secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Suárez.En este sentido, Luz Mery Velásquez, víctima del conflicto armado con la desaparición de su esposo en 2001, relató que la mejor reparación que pueden recibir las personas que han sufrido la violencia es poder encontrar a sus seres queridos."Lo más sanador para nosotros víctimas de desaparición forzada es la entrega de nuestros desaparecidos. Ese es nuestro objetivo dentro de nuestro proyecto restaurativo", destacó la víctima.Finalmente, desde la alcaldía de Medellín indicaron que en esta mesa también se tocarán temas de La Escombrera y que esperan una participación activa de más de 600 personas solamente en la capital de Antioquia.
Ricardo Palmera, conocido como Simón Trinidad, hizo parte del bloque Caribe de la extinta guerrilla de las Farc. En 2004 fue capturado en Ecuador y extraditado hacia Estados Unidos donde fue condenado por su participación en el secuestro de 3 ciudadanos estadounidenses.La Sala de Amnistía e Indulto de la JEP llamó a Trinidad para que entregue información su participación en la extinta guerrilla.“Este despacho considera necesario adelantar una diligencia de entrevista al señor Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, para que entregue información detallada acerca de su pertenencia a las antiguas Farc-Ep, respecto a las posiciones que ocupó, las funciones que desempeñó y, en general, sobre su trayectoria en esa organización. Asimismo, se requiere ampliar información en relación con su participación en los hechos por lo cuales ha sido procesado”, señaló la JEP en la resolución.Teniendo en cuenta que Simón Trinidad se encuentra extraditado la diligencia se hará con apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos.“Requerir al señor Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, para que, con apoyo y asesoría de su apoderado judicial, asista a una diligencia de entrevista que se realizará de manera presencial y será programada en la fecha y hora que disponga el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, después de surtidos los trámites administrativos pertinentes”, se lee en la resolución.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aceptó el sometimiento de Katia Patricia Sánchez Mejía, quien fue empresaria en Montería, Córdoba, y condenada en la justicia ordinaria por los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado, entre otros.“Sánchez Mejía fue fundadora y representante legal, junto con su esposo, de la empresa Urapalma. A través de ese negocio establecieron relación con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y con el Bloque paramilitar Elmer Cárdenas, para desarrollar un proyecto palmicultor que dio lugar al despojo de tierras y al desplazamiento de pobladores en la región de Urabá, específicamente en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, entre 1997 y 2000”, señala la JEP.Sin embargo, esta jurisdicción aclara que los aportes a la verdad de la empresaria cumplieron de manera leve con los estándares exigidos por este tribunal, no permiten aún esclarecer la política criminal de despojo y desplazamiento forzado.“No obstante, la sala acepta el sometimiento Sánchez acogiendo también las posturas del Ministerio Público y de las víctimas, quienes consideran que la ahora compareciente cuenta con información importante que podría brindar un mejor entendimiento sobre el conflicto armado y sobre las dinámicas de macrovictimización ocurridas en el Urabá y el Bajo Atrato perpetradas por paramilitares en connivencia con empresarios de la palma, con miembros de la fuerza pública y con otros agentes del Estado”, explica la jurisdicción.
La JEP está realizando una audiencia sobre las medidas cautelares que protegen a las víctimas del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca, acreditadas en el caso 05. En esta diligencia se ha puesto una vez más en evidencia la compleja situación de orden público que se vive en esa zona del país.Al iniciar la audiencia, el magistrado Raúl Eduardo Sánchez, quien es relator del caso 05, señaló que la situación de violencia en la región está afectando hasta las investigaciones que realizan en la jurisdicción."Es una situación crítica y grave la que se está afrontando en esta región del país. Hacemos esta audiencia en Popayán porque no podemos salir a los pueblos vecinos, porque hay retenes, porque la situación de inseguridad es tan alta que no podemos desplazarnos a los territorios para buscar, identificar y exhumar a los desaparecidos; estamos confinados literalmente en esta audiencia. Debo señalar que desde su apertura el caso 05 se ha visto afectado por esta situación en la seguridad de la zona. Líderes y lideresas que estaban participando en las diligencias han sido asesinados", explicó Sánchez.En la diligencia, el magistrado también le hizo un llamado al Ministerio de Defensa, explicando que esperaba más compromiso por parte de esa cartera, pues, aunque se está abordando un tema de seguridad, no enviaron a un delegado que tenga capacidad de decisión sobre los temas que se están abordando.Por otro lado, las comunidades indígenas también hicieron un llamado de atención por la situación de seguridad."Esa paz que nosotros anhelamos cuando se firmaron los acuerdos en 2016 fue muy poco lo que duró. Nosotros estábamos convencidos de que al firmar esa paz no íbamos a volver a escuchar nuevamente los fusiles y que no iba a haber reclutamiento en nuestros territorios; pero no fue así, fue peor la situación con nuestras comunidades indígenas porque el reclutamiento se agudizó y los asesinatos siguieron", señaló en la audiencia Jaime Ipia, delegado de las organizaciones indígenas del Valle.
La JEP citó al mayor en retiro Juan Carlos Meneses, a una diligencia en la que deberá entregar información sobre el grupo Los 12 apóstoles y sobre las alianzas entre paramilitarismo y fuerza pública en el departamento de Antioquia.“El señor Juan Carlos Meneses Quintero, estuvo asignado al departamento de Policía de Antioquia entre el 1 de agosto de 1992 y el 4 de noviembre de 1994. Durante este periodo, fungió como comandante del Distrito de Policía No. 7 con sede en el municipio de Yarumal, Antioquia 36. Allí tuvo amplio conocimiento sobre las dinámicas del conflicto en ese territorio y fue un aliado fundamental del grupo paramilitar conocido con el nombre de Los Doce Apóstoles, cuyo centro de operación fue el municipio de Yarumal. Meneses Quintero habría llegado incluso a participar de manera indirecta en la comisión de algunos de los crímenes cometidos por parte de esa organización ilegal, tal y como se pudo probar en la justicia ordinaria”, señaló la JEP.Es importante recordar que Juan Carlos Meneses ha sido condenado por un caso de homicidio e investigado por sus presuntas alianzas con el paramilitarismo. Además, es considerado un testigo clave contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el caso de Los 12 Apóstoles.“El conocimiento del señor Meneses sobre el contexto operacional del municipio de Yarumal y de las zonas aledañas al Nudo de Paramillo; de los actores civiles y militares clave para el desarrollo de los fenómenos de macrocriminalidad en el norte antioqueño durante la década de los noventa; y de las actuaciones ilegales de la organización armada de Los Doce Apóstoles, hacen relevante su llamamiento para el posible esclarecimiento de los antecedentes en el establecimiento de vínculos entre organizaciones paramilitares, integrantes de la fuerza pública y otros agentes estatales y civiles en el departamento de Antioquia, específicamente, en los municipios priorizados por la Fase 2 del Subcaso Antioquia”, explica la JEP.En los próximos días, por medio de un oficio, se le notificará a Meneses la hora y fecha en la que tendrá que presentarse ante la JEP.
La decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP tuvo en cuenta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata puntualmente de los soldados en retiro Leonardo Prieto Cáceres y Luis Felipe Villamizar Anaya, ambos involucrados en el asesinato de Gustavo Giraldo Villamizar Durán.Los hechos ocurrieron el 11 de agosto de 1996, cuando Villamizar se desplazaba hacia Puerto Contreras, en la carretera que conduce a Saravena en Arauca. Allí, miembros del Grupo de Caballería Mecanizado N.°18 ‘General Gabriel Revéiz Pizarro’, al cual pertenecía el soldado profesional (r) Prieto Cáceres, dispararon con sus armas de dotación contra Villamizar cuando se este transportaba en una motocicleta.Posteriormente, la sentencia de la Corte IDH afirmó que Villamizar y las otras cinco víctimas no eran miembros de la guerrilla ni de grupos armados ilegales y fueron asesinadas bajo la dinámica de los llamados falsos positivos.Hay que mencionar que estos hechos fueron objeto de análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de una demanda presentada por las víctimas contra el Estado colombiano. En la sentencia del caso denominado 'Gustavo Giraldo Villamizar Durán y Otros', que reúne a otras cinco víctimas, expedida el 20 de noviembre de 2018.Luego de eso, la Corte IDH concluyó, que los hechos fueron de conocimiento de la Justicia Penal Militar y se incumplió con el deber de investigar con la debida diligencia.
Juan Carlos Rodríguez, conocido con el alias de 'Zeus', es compareciente ante la JEP en los casos que investigan los falsos positivos y los crímenes cometidos contra el partido de izquierda Unión Patriótica.Rodríguez, según informó la Policía, fue capturado con un arsenal de guerra que transportaba en un vehículo junto a otras personas. Posteriormente, se informó que 'Zeus' se había fugado junto a más de 20 personas. Tras lo sucedido, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, realizaron una rueda de prensa en la que señalaron la presunta responsabilidad de Rodríguez en una banda que hurtaba armamento en bases militares.La JEP decidió expulsarlo por incumplir con sus compromisos ante la jurisdicción, después de escuchar algunos testimonios, como el de los policías que participaron en el operativo de captura. En las últimas horas, Zeus envió un documento a la JEP, por medio de su abogado, en el que su defensa asegura que no está de acuerdo con la decisión, pues considera que las pruebas no fueron contundentes y que no se comprobó el incumplimiento de Rodríguez ante la jurisdicción."Considero que se deben analizar los hechos y las pruebas con plena vigencia de las garantías y los derechos constitucionales, como la presunción de inocencia y el in dubio pro reo, lo cual requiere un estándar que favorezca un análisis probatorio más allá de toda duda razonable. He planteado y reitero que los testimonios y entrevistas aportadas como medios de conocimiento o pruebas para decidir son dudosas, lo que llevaría a descartarlas como medios de convicción y, en consecuencia, por falta de fundamento probatorio, se debería emitir una decisión de no verificación de incumplimiento del Régimen de Condicionalidad", señala el abogado en el escrito.Zeus insiste en que su detención fue supuestamente "ilegal", ya que asegura que se produjo en una tienda y justo después de la requisa en el retén de la fuerza pública, y considera que hay inconsistencias en el relato de los policías que participaron en la captura.Posteriormente, la defensa se refiere a la fuga que realizó desde la estación de Policía de Cúcuta donde se encontraba detenido."La estación de Policía tenía en un espacio de 4 metros por 3.5 metros, dos habitaciones y un pasillo para mantener en promedio 50 reclusos, algunos con enfermedades contagiosas como la tuberculosis, en un grado de hacinamiento tal que no les quedaba espacio para locomocionar. En esas condiciones de indignidad, salir del lugar constituye una prioridad para cualquier ser humano, un auténtico estado de necesidad, para preservar la salud, la vida, entendida como el elemental y simple vivir. En este aspecto, conviene examinar la declaración de los reclusos Johanny Sneider Villabona Medina y Oswaldo Alexander González Subero ante el juzgado 190 de IPM Rad: S-5353, donde además manifiestan que 'Zeus' no tuvo que ver en la planeación de la fuga", se lee en el documento.Es importante recordar que Noticias Caracol reveló algunos detalles de la fuga de Zeus y citó el testimonio de uno de los reclusos, quien aseguró que Rodríguez había pagado por el plan de fuga. También se revelaron imágenes de las cámaras de seguridad. Sin embargo, su defensa afirma que, supuestamente, no fue un hecho planeado."El hacinamiento, siendo una flagrante violación de derechos humanos cometida por el estado colombiano al omitir su deber de ejecutar la privación de la libertad en condiciones de dignidad humana, constituye un auténtico estado de necesidad, una fuerza mayor, como causales de justificación. Es un hecho notorio la cantidad de llamados de los organismos de defensa de los derechos humanos y de la comunidad internacional al estado colombiano, de manera recurrente, frente al hacinamiento carcelario", se lee en el texto presentado por la defensa.Por último, en el documento el abogado asegura que la tesis de que Zeus fue capturado en un lugar diferente y tiempo después de la incautación, y que se trata de un montaje de la Policía, debe ser refutada con pruebas."En lo relacionado con la fuga de presos, considero que las circunstancias de hacinamiento constituyen una causal de estado de necesidad, de la necesidad de sobrevivir y de fuerza mayor. Además, el hacinamiento no fue creado por el compareciente y por dignidad humana le resultaba imposible permanecer en cautiverio", finaliza el documento.Ante la situación, Zeus le pide a la JEP que reemplace la decisión que decretó probado el incumplimiento del Régimen de Condicionalidad e imponga a Rodríguez un Régimen de Condicionalidad estricto.
La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a siete exintegrantes del Bloque Noroccidental de las extintas FARC-EP. Los cabecillas son los responsables de 314 secuestros y del asesinato, por ejemplo, del gobernador de Antioquia, Guillermo GaviriaLa Sala de Reconocimiento de Verdad y la Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz halló responsables de crímenes de guerra a 7 exFarc por toma de rehenes, homicidio, atentados y tratos crueles e inhumanos a siete cabecillas del Bloque Noroccidental de las extintas FARC-EP. Este grupo delincuencial operó en Antioquia, el norte del Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda con hasta 3.145 combatientes y 923 milicianos.Los imputados fueron Luis Óscar Úsuga, alias 'Isaías Trujillo', Jesús Mario Arenas, alias 'Marcos Urbano'; Rodolfo Ruiz Restrepo, alias 'Víctor Tirado'; Martín Cruz Vega, alias 'Rubín Morro'; Ovidio Antonio Mesa, alias 'Anderson'; el actual congresista, alias 'Pedro Baracutao'; y Jhoverman Sánchez, alias 'Rubén Cano'.Este bloque, según la JEP, fue el responsable de más de 300 secuestros, entre ellos, los del excongresista Óscar Tulio Lizcano y el secuestro y asesinato del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y el consejero de paz, Gilberto Echeverri.La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, reconoció que esta estructura llegó a ser la segunda con más secuestros registrados en Colombia y expresó que se viene ahora para estos siete exintegrantes de las FARC-EP.Capturan a dos migrantes de Colombia y Ecuador en el Darién: uno era exfarc del Frente 16“Si aceptan responsabilidad de la imputación como está se aceptan las responsabilidades de la imputación, cómo está, lo deben hacer en una audiencia pública ante las víctimas cara a cara y luego son remitidos al tribunal de paz que les pone una sanción que debe de alguna manera corresponder al daño documental”, explicó la magistrada.Hay que destacar que estos hombres que fueron imputados eran los encargados de comandar los enfrentamientos con el ELN, al EPL, paramilitares, narcotraficantes y a la FuerzaPública. Además, la JEP estableció que el Bloque Noroccidental tenía la misión de crear condiciones político-militares para controlar los territorios y las vías desde Medellín a varios lugares del país.Por otro lado, estos cabecillas eran los responsables de financiar y generar dos millones de dólares anuales para toda la guerrilla, por ello su fortaleza en el secuestro y la extorsión en varios departamentos del país.
La Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunciará este jueves en el Tribunal Superior de Medellín una imputación, contra un grupo de cerca de 10 exintegrantes de la extinta guerrilla de las Farc, por casos de secuestros,desapariciones y homicidios en al menos cinco departamentos del país, incluyendo a Antioquia.De acuerdo a las versiones voluntarias que han dando ante esta instancia varios comparecientes, se adelantarán estas imputaciones contra los que se consideran máximos responsables, es decir, determinantes en estos delitos en medio del conflicto armado colombiano.Pese a que la Unidad de Víctimas, a través del Registro Único de las mismas, estima que entre 1985 y 2016 en Antioquia hubo más de 8.000 secuestros, será la JEP la que determine esta cifra, en especial porque con este departamento sigue el rastro de lo sucedido con este flagelo en Risaralda, Caldas, Córdoba y Chocó.En específico, se trata de casos cometidos por el Bloque Noroccidental de las Farc y sus enfrentamientos en los años hasta 2002, desde ese año y hasta el 2008 y entre 2009 y 2017, teniendo en cuenta que sus contrincantes eran los paramilitares, Eln, Epl, Estado, Fuerza Pública y hasta narcotraficantes.Por lo pronto, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene información de que este modus operandi de secuestros por parte de este bloque, obedeció a la orden de generar más ingresos, específicamente dos millone de dólares, lo que hizo que se incrementaran estos casos, así como las extorsiones.
La Sala de Reconocimiento de la JEP citó al general en retiro Leonardo Barrero en el marco de las investigaciones por falsos positivos en el departamento del Meta.“Se ha establecido que el general (r) Leonardo Alfonso Barrero Gordillo se desempeñó como Jefe del Estado Mayor o segundo comandante de la Séptima Brigada y en algunas oportunidades comandante encargado de esta misma unidad militar, con jurisdicción en el departamento Meta, lo anterior desde el 01 de diciembre de 2002 hasta el 23 de diciembre de 2003. Según la información de la que dispone la Sala, durante ese periodo efectivos del Batallón de Infantería No. 21, “Batalla Pantano de Vargas”, cometieron múltiples asesinatos y desapariciones forzadas, las cuales fueron reportadas de manera irregular como bajas en combate”, explica la JEP.Según la información que han recolectado los magistrados, durante el periodo investigado se registraron al menos 36 casos de falsos positivos, Barrero deberá contarle a la jurisdicción si tiene conocimiento o información de estos hechos para esclarecer lo sucedido. Las diligencias se harán en la sede de la JEP en Bogotá los días 2 y 3 de octubre a las 8:00am.“La Sala ha encontrado que, el desarrollo de las operaciones militares en las que tuvieron lugar los hechos previamente referidos pudo involucrar las funciones de mando y control a cargo del señor Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, como comandante de la Séptima Brigada. Adicionalmente, en múltiples versiones voluntarias practicadas en el marco del subcaso Meta del Caso 03, se hizo referencia al señor Barrero Gordillo o al ejercicio de las competencias propias del cargo que desempeñó en dicha unidad operativa menor, en relación con los sucesos analizados en el presente trámite”, señala la JEP.El general en retiro Leonardo Barrero alcanzó el grado de comandante general de las Fuerzas Militares, sin embargo, recientemente ha sido señalado por algunos exjefes paramilitares por sus presuntas alianzas con las Autodefensas. También, ha sido mencionado en investigaciones sobre falsos positivos.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a ocho años de prisión contra Horacio Acero Efrez, exfuncionario de la Gobernación de Santander, por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito, tras demostrarse que aprovechó su cargo para exigir dinero a un contratista en 2010.La Fiscalía General de la Nación presentó las pruebas que evidenciaron que Acero Efrez, mientras se desempeñaba en la Secretaría de Gobierno de Santander, se autoproclamó como el encargado de gestionar los procesos de contratación pública en el departamento.Con esta estrategia, convenció a un contratista de que le otorgaría un contrato por 1.600 millones de pesos, destinado a la remodelación de dormitorios en un batallón de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, con sede en Bucaramanga. “En el transcurso de la adjudicación, el exfuncionario exigió el 10% del monto total del contrato, recibiendo en octubre y diciembre de 2010 un total de 80 millones de pesos por parte del contratista”, dice la Fiscalía en un comunicado.Acero Efrez fue capturado el pasado 10 de septiembre en el centro de Bucaramanga por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, para que cumpla la sentencia en un centro penitenciario.
La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata, Kamala Harris, insistió este jueves en su propuesta de celebrar un segundo debate con su rival republicano, el expresidente Donald Trump (2017-2021), a pesar de que este ha rechazado participar en un nuevo cara a cara."Hace dos noches Donald Trump y yo tuvimos nuestro primer debate. Y creo que le debemos a los votantes tener otro porque estas elecciones y lo que está en juego no puede ser más importante", expresó durante un mitin en Charlotte (Carolina del Norte).Ambos tuvieron su primer debate televisado el martes por la noche en Filadelfia, donde Harris se impuso con una imagen sosegada y presidenciable frente a un Trump iracundo que fue interrumpido varias veces por los moderadores para desmentir sus bulos.El magnate neoyorquino, que en junio ganó con claridad el debate con el presidente, Joe Biden, forzando su salida de la carrera electoral, anunció este jueves que no se prestará para un tercer cara a cara con los demócratas."¡NO HABRÁ TERCER DEBATE!" escribió en redes sociales, argumentando que fue él el que ganó a Harris y que por eso ella le está pidiendo ahora una "revancha".Durante su mitin en Carolina del Norte, uno de los estados decisivos para las elecciones del 5 de noviembre, la vicepresidenta rememoró varios momentos del debate y se burló de Trump por haber dicho que tiene "un concepto de plan" para la sanidad pública.A pesar de su buen desempeño en el cara a cara, Harris advirtió que las presidenciales estarán "muy ajustadas" y que los demócratas están en "desventaja" en esta carrera porque Trump tiene el apoyo de varios grupos de poder.
Las autoridades inspeccionaron un apartamento en el exclusivo sector de El Poblado y encontraron sin vida a Yariv Bokor, un ciudadano israelí del que se conoce que vivía hace varios años en Medellín.Fueron los allegados del extranjero, que tenía 49 años de edad, los que alertaron a la Policía Metropolitana tras dos días de no tener noticias sobre él, motivo por el que ingresaron al apartamento donde residía solo, en la urbanización Río Luna, del sector del Diamante 2, en la comuna 14.Aunque serán las autoridades las que investiguen para esclarecer lo que sucedió, de momento se conoce que en el apartamento había vidrios rotos. A la par, sobre las causas de la muerte, será Medicina Legal la que tenga la última palabra.Fallecimientos de extranjeros en Medellín Esta ciudad es la tercera ciudad del país donde más fallecen extranjeros por causas violentas o accidentales, después de Cali y Cartagena, según Medicina Legal.Según la Policía Metropolitana, durante el primer semestre de este año se registraron en el Valle de Aburrá 65 muertes de extranjeros, 30 de ellos de Venezuela y 25 de nacionalidades estadounidense, alemana, peruana, holandés, canadiense, chileno, irlandés y suizo.A su vez, las autoridades indicaron que de las 25 muertes de extranjeros de dichos países, 17 se presentaron por problemas de salud, cinco por intoxicación, uno por sobredosis, se registró una muerte accidental por caída y una más está en estudio. Asimismo, se siete de estas personas atentaron contra su vida.En cuanto a los de nacionalidad venezolana, 12 han sido esclarecidos por las autoridades, es decir un 38%.
Un estremecedor caso de violencia contra la mujer sacudió el municipio de Carmen de Apicalá, en el departamento del Tolima, cuando un hombre atacó brutalmente a su compañera sentimental con un arma blanca, asestándole más de 43 puñaladas. A pesar de la gravedad de las heridas, la mujer logró sobrevivir y fue trasladada a un centro médico, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos en estado reservado.De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, el ataque ocurrió tras una discusión entre la pareja, durante la cual el agresor arremetió violentamente contra la víctima. La rápida intervención de la Policía del sector permitió detener el ataque, aunque el hombre intentó huir del lugar. Gracias a la oportuna reacción de las patrullas policiales, el agresor fue capturado poco después.El coronel Fabio Ojeda, comandante del departamento del Tolima, informó dio detalles sobre el caso: “Un sujeto agredió con arma cortopunzante a quien sería su compañera sentimental. Inmediatamente las patrullas conocen el caso, reaccionan y capturan al ciudadano que agredió a la mujer”. Además, Ojeda reiteró el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra la violencia de género, destacando la importancia de la patrulla púrpura, un equipo especializado disponible las 24 horas para atender a mujeres en situación de riesgo.Este caso se suma a una serie de ataques recientes de hombres a sus parejas o exparejas en diferentes ciudades, como el registrado esta semana en un bus en Bogotá o el del policía que encontró a su exesposa con un hombre y les disparó.
Una tragedia conmociona la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá: un hombre, enfurecido tras ser dejado por su compañera sentimental, la esperó y la atacó con un arma blanca dentro de un bus. La agresión no solo afectó a la mujer, sino también a su tía, quien la acompañaba.El hecho ocurrió en la vía principal del barrio Bosa Porvenir, donde el hombre, tras seguir a su expareja, irrumpió en el transporte público y la atacó en repetidas ocasiones. Como resultado, la mujer falleció en un centro médico cercano y su tía está actualmente en la unidad de cuidados intensivos, luchando por su vida.El teniente coronel Jairo Hernández, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, relató cómo sucedieron los hechos. Dijo que el hombre la atacó sin mediar palabra.“Se sube a un vehículo de transporte público y sin mediar palabra agrede a su expareja sentimental causándole la muerte de manera inmediata y, asimismo, agrede a una persona que le acompañaba, una señora de aproximadamente 42 años de edad, quien se encuentra en el delicado estado de salud y en este momento está siendo atendida por los galenos”, dijo.El oficial dijo que al sitio llegó la seccional de investigación criminal Sijín y adelantaron las labores correspondientes. Buscan al agresor“Ya está identificado plenamente el agresor y estamos en la búsqueda de este sujeto para dar con su captura. Ya estamos trabajando de la mano con la Fiscalía para obtener la orden de captura una vez la obtengamos la vamos a difundir por las diferentes redes sociales con el fin de que la comunidad nos ayude y nos alerte para dar captura con este individuo”, dijo.Otro feminicidio en TolimaOtra discusión, pero en esta oportunidad el sujeto sacó un arma blanca y la agredió en más de 43 oportunidades a la mujer y fue gracias a la policía del sector que llegó que el hombre se detuvo, salió huyendo, pero en esta oportunidad si lo capturaron.El coronel Fabio Ojeda, comandante del departamento del Tolima contó los pormenores de este caso: “Un sujeto agredió con arma cortopunzante a quien sería su compañera sentimental. Inmediatamente las patrullas conocen el caso, reaccionan y capturan al ciudadano que agredió a la mujer. La Policía Nacional rechaza tajantemente este tipo de acciones contra nuestras mujeres. Tenemos una patrulla púrpura 24 h al día. Toda mujer que se sienta agredida puede llamar a la línea una y 55 y recibirá una rápida atención”, dijo el oficial.Número de la línea púrpuraSi usted es víctima de violencia de género o conoce algún caso, puede denunciar en la línea púrpura, una línea telefónica gratuita que funciona las 24 horas.Llamando al 018000112137Escribiendo al WhatsApp 3007551846