La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 antiguos comandantes de las extintas Farc, entre ellos, cuatro exmiembros del último secretariado: Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’; Julián Gallo, ‘Carlos Antonio Lozada’; Jaime Alberto Parra, ‘el médico’ y Milton de Jesús Toncel, ‘Joaquín Gómez’.Según la Sala de Reconocimiento, los comparecientes son máximos responsables de hechos de violencia sexual, además de desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, desplazamientos forzados y torturas.La investigación recoge hechos ocurridos en Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vichada, Vaupés, Guainía y sectores de Huila, Nariño, Cauca, Boyacá y Amazonas.“Es la radiografía judicial más completa y profunda que se ha realizado en Colombia en relación con los 2 bloques más grandes de las antiguas Farc, el bloque oriental y el bloque sur. (…) Estamos hablando de que estos 2 grandes bloques de las Farc básicamente operaban en 15 departamentos, es decir, estamos hablando de casi la mitad de Colombia. O sea, este auto es la mitad de Colombia”, afirmó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.Para explicar cómo operó esa estructura, la Sala agrupó los hechos en tres patrones de criminalidad. El primero corresponde a los crímenes cometidos en medio de las hostilidades. Allí la JEP documentó tomas guerrilleras, hostigamientos, emboscadas, ataques contra estaciones de Policía y bases militares, además del uso de minas antipersonal y explosivos que terminaron afectando a la población civil.Entre los casos más representativos está la toma de Mitú, en noviembre de 1998, que se prolongó durante cerca de 72 horas, dejó 56 personas muertas y gran parte de la capital del Vaupés destruida. También figura el combate de El Billar, en Caquetá, donde el 3 de marzo de 1998 murieron 64 militares tras un enfrentamiento con cerca de 1.800 guerrilleros.El segundo patrón reúne los crímenes que, según la JEP, estuvieron relacionados con el control territorial ejercido por las Farc-EP. La Sala concluyó que varias de estas conductas tenían como propósito consolidar la presencia de la guerrilla en las zonas donde operaba y describió tres modalidades de actuación.La primera, dirigida contra quienes desobedecían sus órdenes, se negaban a pagar extorsiones o se resistían al reclutamiento forzado; la segunda, contra personas señaladas de colaborar o simpatizar con la fuerza pública o con otros grupos armados; y la tercera, orientada a generar un “vacío de poder” mediante ataques contra alcaldes, concejales, candidatos y líderes sociales para forzar su salida y debilitar la presencia del Estado.“La guerrilla castigó los liderazgos campesinos independientes, incluyendo presidentes de las juntas de acción comunal, miembros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC, y líderes de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia, ANMUCIC. También castigaron a las familias que se resistían al reclutamiento, a quienes desobedecían sus órdenes, a quienes eran sospechosos de simpatizar o colaborar con el Ejército Nacional o los paramilitares, y a quienes resentía como rivales dentro del ejercicio de la función democrática”, subraya la JEP.La Jurisdicción documentó 807 registros de desplazamiento forzado, 284 homicidios, 231 desapariciones forzadas, 47 hechos de violencia sexual y 14 casos de torturaEn el tercer patrón la Sala atribuye atentados con explosivos de gran magnitud y homicidios selectivos contra personas declaradas “objetivo militar”.Entre ellos aparecen los rockets disparados contra el Palacio de Nariño durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez el 7 de agosto de 2002, que dejaron 31 personas muertas, incluidos niños, y 29 heridas tras caer en los barrios El Cartucho y La Estanzuela; el atentado contra el Club El Nogal, que dejó 36 muertos y cerca de 200 heridos; la moto bomba en la Zona Rosa de Villavicencio, con 14 muertos y 48 heridos; y la casa bomba en Neiva.“Nos reconocieron que la casa bomba, lo que se estaba preparando, era un atentado a una caravana en la cual iría el presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, llegaron, la fuerza pública, no. La Fiscalía, con una delegación de la policía, llegó a investigar y estallaron la casa los que tenían el control de la bomba, asesinando a 15 personas, incluyendo varios civiles, incluyendo a la fiscal que investigaba, y destruyendo viviendas de la comunidad”, subrayó la magistrada Julieta Lemaitre.“Aceptaron que la guerrilla cometió los atentados contra el exministro Fernando Londoño; el entonces presidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo; el entonces senador Germán Vargas Lleras, y los asesinatos del profesor y economista Jesús Bejarano, del general (r) Fernando Landazabal y de Hernando Pizarro”, se lee en el auto.En medio de esta decisión también se dio la primera imputación conjunta con el Caso 11 por violencia sexual y basada en género. La Sala documentó que integrantes de las Farc utilizaron la violencia sexual como mecanismo de castigo contra mujeres que, según la organización, incumplían sus normas o desafiaban su autoridad, así como agresiones sexuales cometidas durante las hostilidades.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que asciende a 54 los cuerpos de personas no identificadas recuperados en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila. Estos hallazgos fueron resultado de las intervenciones forenses adelantadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas con el apoyo de comparecientes de la Fuerza Pública imputados en el Caso 03 de la JEP, que investiga las ejecuciones extrajudiciales.En la cuarta fase de intervención, las labores contaron con la participación de diez comparecientes que reconocieron su responsabilidad por estos crímenes y realizaron trabajos de adecuación del terreno para facilitar el ingreso de los equipos forenses. Los comparecientes retiraron cerca de 15 toneladas de guadua y despejaron aproximadamente 850 metros cuadrados, lo que permitió avanzar en seis puntos de interés forense.En la última intervención desarrollada entre el 10 y el 19 de junio, fueron recuperados 13 cuerpos. Además, tres de los cuerpos recuperados cuentan con una orientación de identidad, información que ahora deberá ser confirmada mediante análisis científicos.Según la investigación humanitaria de la Unidad de Búsqueda, el cementerio de Pitalito es uno de los principales sitios de interés forense del sur del país. Allí habrían sido inhumadas alrededor de 107 personas fallecidas en hechos relacionados con el conflicto armado entre 1997 y 2012. Hasta el momento, nueve de los cuerpos recuperados han sido identificados y entregados dignamente a sus familias.
El domingo 26 de julio se inauguró, en la Estación de La Sabana de Bogotá, ubicada en la calle 13 #18-24, la exposición "6402+ Razones para no olvidar", un proyecto desarrollado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Macrocaso 03, en conjunto con MAFAPO (Madres de los Falsos Positivos de Colombia), organización de madres buscadoras con más de 18 años de trayectoria en la defensa de la memoria, la dignidad y la verdad.La iniciativa busca convertirse en un referente nacional de memoria participativa, dignidad y reparación simbólica."La muestra es el resultado de tres años de investigación, diálogo y creación colectiva liderados por el Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio, que desde 2023 acompañó el diseño conceptual, arquitectónico, museográfico y curatorial del futuro Parque Memorial 6402+ Razones para no olvidar, además de la investigación histórica y la producción de contenidos que hoy componen la exposición", afirmó Alejandra Sarria, líder del Grupo de Artes Plásticas del Ministerio de las Culturas.El proceso para desarrollar este proyecto en la Estación de La Sabana comenzó en 2025 y contó con acompañamiento técnico para la ejecución de la infraestructura, cuya construcción apenas inicia su materialización, con el apoyo del Grupo de Infraestructuras Culturales. Por ello, la jornada del 26 de julio marca la apertura de la exposición y representa una oportunidad para compartir con la ciudadanía los avances de este proceso de reparación simbólica construido junto a las víctimas.La programación incluyó recorridos guiados por la muestra, un performance de Eblin Grueso Cuero, la presentación del colectivo Madre Ya Regreso junto a TziTzi Barrantes, e intervenciones musicales de Cony Camelo, Diana Ángel y Missio Firemusic, vocalista de la agrupación Brigada Cero Tres. La jornada también contó con una olla comunitaria, una mesa de serigrafía y espacios de encuentro y diálogo con las madres de MAFAPO.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó los mensajes que estigmatizan o ponen en riesgo a quienes comparecen ante este tribunal y han asumido compromisos con la verdad, la reparación de las víctimas y el reconocimiento de responsabilidades en el conflicto armado.Por medio de un comunicado, la JEP advirtió que este tipo de señalamientos no solamente afectan la seguridad de los comparecientes, sino que también “silencian aportes esenciales para esclarecer lo ocurrido” y limitan los avances en los procesos de rendición de cuentas.El pronunciamiento, respaldado por el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, enfatiza que quienes han decidido someterse a este sistema de justicia deben poder continuar aportando a la verdad “sin miedo y con garantías”. Según la entidad, estos aportes son fundamentales para reconstruir lo ocurrido durante el conflicto armado y avanzar en la reparación integral de las víctimas.La JEP insistió en que garantizar las condiciones de seguridad para quienes contribuyen al esclarecimiento es clave para proteger los derechos de las víctimas, fortalecer la justicia restaurativa y avanzar en las garantías de no repetición. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades para adoptar medidas que prevengan riesgos y aseguren la continuidad de los procesos judiciales reparativos.Asimismo, convocó a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional a respaldar estos avances, al advertir que cualquier amenaza o estigmatización puede convertirse en una barrera para el acceso a la justicia y la construcción de paz.Este pronunciamiento se conoce en medio de recientes cuestionamientos al sistema de justicia transicional y luego de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, manifestara su intención de eliminar la JEP. Frente a este panorama, el tribunal reiteró la importancia de proteger a quienes participan en estos procesos como una condición esencial para consolidar la paz en Colombia.
La posibilidad de que el nuevo Gobierno impulse cambios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reabrió el debate sobre el futuro de este mecanismo de justicia transicional. En entrevista con El Radar, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, sostuvo que la jurisdicción tiene un respaldo constitucional e internacional que hace inviable su eliminación mediante decisiones administrativas o decretos, y advirtió sobre las consecuencias que tendría un eventual recorte presupuestal.Ramelli recordó que la JEP nació del Acuerdo de Paz con las extintas FARC y que posteriormente fue incorporada a la Constitución mediante un acto legislativo revisado por la Corte Constitucional. En ese sentido, afirmó que "la Corte determinó que la estructura y el funcionamiento de la JEP era conforme con todos los estándares internacionales" y explicó que modificar ese esquema requeriría una reforma constitucional.Recortes presupuestales y derechos de las víctimasFrente a un eventual ajuste en el presupuesto de la JEP, el magistrado señaló que el impacto dependería de la magnitud de la reducción, pero insistió en que una desfinanciación tendría efectos tanto en el funcionamiento de la jurisdicción como en la ejecución de las sanciones restaurativas."Lo más grave es la afectación de los derechos de las víctimas, porque finalmente ¿quiénes pierden con todo esto? Pues las víctimas", afirmó Ramelli. Agregó que una disminución de recursos también podría significar el incumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado colombiano con la Corte Penal Internacional.La defensa de las sanciones restaurativasDurante la entrevista, Ramelli respondió a las críticas sobre las sanciones propias de la JEP y explicó que estas aplican tanto para exintegrantes de las FARC como para miembros de la fuerza pública que comparecen ante la jurisdicción.Según indicó, el modelo fue diseñado como una alternativa entre la amnistía total y la imposición de largas penas de prisión, con el objetivo de hacer viable el proceso de paz. Precisó que quienes acceden a estas sanciones deben cumplir requisitos como aportar verdad, reconocer responsabilidad y desarrollar trabajos restaurativos en beneficio de las víctimas."Si usted no dice la verdad, pues no se va por ahí", enfatizó. Asimismo, aclaró que, aunque las sanciones no implican reclusión en una cárcel, sí contemplan restricciones de la libertad, horarios definidos, monitoreo permanente y seguimiento internacional.Respuesta a los cuestionamientos sobre imparcialidadAl referirse a las críticas de quienes consideran que la JEP ha sido más benévola con los excombatientes de las FARC que con integrantes de la fuerza pública, Ramelli rechazó esa interpretación."Yo sí creo que esa afirmación realmente es un poco ligera", sostuvo, al asegurar que la jurisdicción no ha actuado con indulgencia frente a la antigua guerrilla y que las decisiones adoptadas responden al marco establecido en el Acuerdo de Paz y a los criterios jurídicos que rigen la justicia transicional.Escuche la entrevista completa acá:
Las madres de los 38 soldados asesinados durante la masacre de Gutiérrez, en Cundinamarca, entregaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un nuevo material probatorio que, aseguran, puede aportar al esclarecimiento de lo ocurrido durante la incursión guerrillera del 8 de julio de 1999. Se trata del testimonio de una exintegrante de las extintas FARC-EP que participó en el ataque.Según las familias, el video fue conservado por más de 25 años y recoge la declaración de la excombatiente sobre las órdenes impartidas por el Bloque Oriental de las FARC, entonces comandado por Henry Castellanos Garzón, alias 'Romaña'. En su relato, asegura que la instrucción no era capturar a los soldados ni limitarse al enfrentamiento armado, sino aniquilarlos.La exguerrillera afirmó que la orden de alias 'Romaña' era no llevar prisioneros. "La orden de Romaña era matarlos porque no se podían llevar prisioneros, por medidas de seguridad para nosotros mismos y porque era muy jodido llevarlos hasta el páramo (...) por el clima y porque los desplazamientos serían muy lentos", aseguró.En el mismo testimonio también respondió a una pregunta sobre por qué varios de los cuerpos fueron encontrados con tiros de gracia. "Los soldados no se entregaron, pero finalmente la guerrilla los encerró y ordenaron que los fusilaran", dijo.La masacre dejó 38 militares muertos, la mayoría jóvenes que prestaban el servicio militar obligatorio. El ataque fue ejecutado por cerca de 500 integrantes de las FARC-EP contra una base militar defendida por menos de 60 soldados, en uno de los episodios más graves del conflicto armado en Cundinamarca.Aunque en 2014 el Consejo de Estado condenó al Estado colombiano por las fallas en la planeación militar que dejaron en riesgo a los uniformados durante la incursión, las familias sostienen que la búsqueda de verdad y justicia sigue incompleta. Por eso, esperan que este nuevo testimonio sea incorporado al proceso que adelanta la JEP."Eso fue un crimen muy atroz. Yo los vi en las carpetas de los expedientes, vi cómo quedaron ellos. Que la JEP se haga responsable de eso. Hay muchos testigos, hay documentos para comprobar el crimen y la masacre que cometieron allá", afirmó Leonor Trujillo, madre del soldado Jorge Enrique Trujillo.Las madres y los sobrevivientes también dijeron que adelantan su proceso de acreditación como víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz para participar en las actuaciones judiciales relacionadas con la masacre.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli, radicó una carta formal dirigida al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, con el objetivo de concertar un espacio de diálogo. La iniciativa surge tras los diversos cuestionamientos públicos que el mandatario entrante ha realizado hacia la efectividad del tribunal transicional y la naturaleza de sus sanciones.Durante una entrevista en Mañanas Blu de Blu Radio, el magistrado Ramelli expuso los argumentos institucionales y constitucionales que sustentan las decisiones de la JEP, detalló los avances en materia de investigación penal contra los antiguos miembros de las Farc y la fuerza pública, y diferenció los logros medibles de aquellos impactos sociales inmateriales derivados del proceso de paz.El blindaje legal e internacional de la justicia transicionalAnte las críticas del Gobierno electo y las dudas del sector político sobre la continuidad del tribunal de paz, el presidente de la JEP enfatizó que la institución cuenta con un soporte normativo sólido que impide su desarticulación unilateral. Ramelli recordó que la jurisdicción se derivó de un marco constitucional refrendado por los altos tribunales colombianos y que goza de un estricto seguimiento por parte de organismos multilaterales.El magistrado también destacó el respaldo de la comunidad internacional hacia el modelo de justicia transicional en el país, mencionando los pronunciamientos recientes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el sistema interamericano y el acuerdo de cooperación e interlocución suscrito en 2021 con la Corte Penal Internacional.¿Cuáles son los resultados de la JEP?Uno de los puntos centrales de la misiva enviada a De La Espriella es la categorización de los resultados de la JEP en aspectos "tangibles" e "intangibles". Según la explicación del magistrado, el análisis de la gestión no puede limitarse de forma exclusiva a una contabilidad de sentencias judiciales, sino que debe integrar componentes cualitativos como la reconciliación y la verdad judicial descubierta.Acompañamiento psicosocialRespecto a las dudas sobre por qué la atención a las víctimas se cataloga en ocasiones dentro de los logros inmateriales de la entidad, Ramelli aclaró que, si bien la cantidad de personas atendidas es una cifra medible, el impacto real radica en la preparación emocional para afrontar los procesos judiciales frente a sus victimarios.“Yo lo coloqué como un intangible, es digamos el alivio, si se quiere explicar mejor, el alivio que sienten las familias por tener un acompañamiento psicosocial, cierto, que no es fácil”, dijo. El funcionario añadió que los equipos técnicos del tribunal realizan labores de preparación durante meses con el fin de evitar la revictimización en el marco de las versiones voluntarias y las audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidad.La defensa de las investigaciones a la antigua guerrillaEl magistrado Ramelli respondió de manera detallada a las percepciones de un sector de la ciudadanía y del nuevo Gobierno que señalan una supuesta ineficacia o laxitud en las sanciones impuestas a los comparecientes de las Farc. Al comparar el estado de los procesos que recibió la JEP con las investigaciones actuales, el presidente del tribunal afirmó que la justicia ordinaria entregó expedientes desarticulados, sentencias emitidas en ausencia y escasa trazabilidad de los mandos medios de la organización insurgente.“Si usted toma el secretariado de las Farc, ¿qué fue lo que recibimos nosotros de la justicia tradicional? Nosotros recibimos unas condenas en ausencia, sí, que realmente no hay una mayor investigación, porque si acaso se investiga el autor material. Pero no se investigaba a fondo al secretariado, tampoco se habían investigado los mandos medios, y eran sentencias que nunca se cumplieron”, aclaró.De acuerdo con el balance entregado, la Fiscalía General de la Nación solía procesar penalmente a los autores materiales directos de los delitos o al secretariado general, omitiendo la cadena de mando intermedia. Ramelli puntualizó: “Si hay una entidad que ha investigado a fondo las Farc, hemos sido nosotros”. La JEP actualmente procesa a mandos medios, comandantes de bloques, frentes y miembros de los estados mayores por un catálogo de 13 crímenes internacionales adicionales a los secuestros y reclutamientos.Otorgamiento de permisos de salida del país a comparecientesFrente a los cuestionamientos por la autorización de viajes al exterior a exmiembros del secretariado de las Farc que ya han aceptado su responsabilidad en crímenes de guerra —como el caso de Rodrigo Londoño para asistir a eventos políticos en España—, el presidente de la JEP subrayó que estas decisiones corresponden estrictamente al cumplimiento de la ley penal y no a criterios de discrecionalidad judicial.Explicó que la Ley 1820 establece los requisitos objetivos que los comparecientes deben cumplir para acceder a este tipo de autorizaciones. El magistrado enfatizó que la norma se aplica de forma idéntica a todos los actores del conflicto sometidos ante la jurisdicción, incluidos los miembros de la fuerza pública y los terceros civiles.Finalmente, Ramelli indicó que los beneficios o permisos otorgados se dan bajo la vigencia de procesos que aún no cuentan con una sentencia ejecutoriada de cierre, debido a que las sanciones definitivas se encontraban suspendidas temporalmente mientras se surtían todas las etapas del debido proceso.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) invitó formalmente al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a una reunión institucional con el propósito de presentar los principales resultados alcanzados por el tribunal y dialogar sobre los retos que enfrenta en el cumplimiento de su mandato constitucional.En la carta, firmada por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, la jurisdicción señala que el encuentro busca exponer los resultados "tangibles", entre ellos sentencias, imputaciones a máximos responsables, renuncias condicionadas a la acción penal, medidas cautelares restaurativas, amnistías, atención a víctimas y asesoría jurídica a comparecientes. También pretende presentar los resultados "intangibles", como las verdades alcanzadas en patrones macrocriminales y casos individuales, actos de reconciliación entre víctimas y victimarios y la seguridad jurídica para los comparecientes.Según el documento, la reunión también permitiría dialogar sobre los principales desafíos que enfrenta la jurisdicción, especialmente la financiación de las sentencias impuestas por más de 21.000 secuestros atribuidos a integrantes del último Secretariado de las Farc y contra 12 exintegrantes de la fuerza pública por 135 ejecuciones extrajudiciales cometidas en el departamento del Cesar.La jurisdicción asegura que el encuentro "representaría una valiosa oportunidad para fortalecer el diálogo institucional" y propiciar un intercambio de información que contribuya a la preservación de las instituciones, al cumplimiento efectivo del Acuerdo Final de Paz y a una adecuada articulación entre las ramas del poder público, "siempre dentro del marco de nuestra autonomía e independencia judicial", afirmaron. Asimismo, plantea identificar mecanismos de coordinación y cooperación para fortalecer la garantía de los derechos de las víctimas y generar un mayor impacto en beneficio de la sociedad colombiana.Finalmente, la JEP solicitó al presidente y al vicepresidente electos informar la fecha, hora y lugar que consideren convenientes para realizar el encuentro, al considerar que este intercambio contribuirá al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, la seguridad jurídica de más de 17.000 comparecientes y la garantía de los derechos de más de 15.000 víctimas acreditadas individualmente y 439 sujetos colectivos.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, en entrevista con Noticias Caracol, aseguró que ese tribunal no ha solicitado una prórroga de su mandato constitucional y afirmó que la jurisdicción avanza dentro de los tiempos establecidos para culminar las investigaciones de los macrocasos tras críticas del nuevo Gobierno del Presidente electo Abelardo De La Espriella.El magistrado Ramelli se refirió a la posibilidad de que el nuevo Gobierno impulse cambios sobre la continuidad de la JEP. El magistrado recordó que la Constitución fijó un periodo de funcionamiento de 15 años para la jurisdicción, con la posibilidad de extenderlo únicamente para culminar los juicios, si así lo determina el Congreso.“Nosotros, por constitución, tenemos 15 años, llevamos 8. Lo que establece la Constitución es que eventualmente se pueden ampliar a 20 para terminar los juicios, pero nosotros nunca hemos pedido ninguna prórroga”, afirmó.El presidente de la JEP explicó que la jurisdicción tampoco ha solicitado tiempo adicional para avanzar en las investigaciones de los macrocasos. “Pero es que nosotros nunca hemos pedido plazos para emplear los macrocasos. Nosotros estamos terminando ya la fase de investigación de los macrocasos dentro de la Constitución y la ley vigente. Lo que dice la Constitución es que eventualmente el Congreso de la República pueda ampliarlo, no para seguir las investigaciones, sino para terminar los juicios. Pero eso es un debate que no necesariamente tiene que darse ahora”, señaló.Ramelli también respondió a las críticas formuladas por el presidente electo, quien ha calificado a la JEP como un “disfraz” para la impunidad. Frente a esas afirmaciones, el magistrado defendió los resultados alcanzados por la jurisdicción.“Yo no comparto esa afirmación sencillamente porque hemos dado unos resultados que nunca se han dado en Colombia. Entonces, pues, impunidad es lo que había, y lo digo claramente. A pesar de los esfuerzos de la justicia ordinaria, los índices de impunidad en Colombia eran muy altos. No habían imputaciones, por ejemplo, por violencia sexual, cometido por la antigua guerrilla de las Farc, ni tampoco por 21.000 secuestros, ni tampoco todo el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, nosotros en temas, digamos, de investigación, hemos llegado mucho más lejos de lo que la justicia ordinaria llegó alguna vez en Colombia, apoyándonos en lo que ellos hicieron”, manifestó.Durante la entrevista, el presidente de la JEP también se pronunció sobre las declaraciones del presidente electo respecto al último comandante de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, a quien ha considerado que debería permanecer en prisión de por vida.Sobre ese punto, Ramelli explicó que el régimen de sanciones previsto en el Acuerdo Final de Paz aplica tanto para exintegrantes de las Farc como para miembros de la Fuerza Pública que comparecen ante la jurisdicción. “Lo que está en el acuerdo de paz es que aquellos comparecientes, tanto de las FARC como de la fuerza pública, es que esto también es para la fuerza pública, que decidan decir la verdad y reconocer su responsabilidad, tienen una sanción diferente. Aquellos que no y se vayan a un juicio pueden terminar con penas privativas de la libertad hasta 20 años. Entonces, el tema no solamente es para la antigua guerrilla, el tema es para la fuerza pública. Y nosotros tenemos más de 7.000 comparecientes de fuerza pública. Entonces, el mensaje sería para todo el mundo”, concluyó.
Ha pasado casi una década desde la firma del acuerdo del Teatro Colón, que produjo la desmovilización de más de nueve mil guerrilleros de las Farc en medio de una controversia de tal magnitud, que diez años después, el gobierno electo de Abelardo De La Espriella ha revivido viejas heridas relacionadas con las penas alternativas para los máximos cabecillas de ese grupo criminal, consideradas como muestra de impunidad frente a crímenes de lesa humanidad, sumado a las duras críticas a la Jurisdicción Especial de Paz.La situación ha llegado a tal punto, que el presidente electo publicó un mensaje en sus redes sociales en la tarde de este martes, con un afiche con los rostros de los excabecillas de las Farc, Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Sandra Ramírez, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino entre otros, con un mensaje que dice “sus víctimas siguen impunes” y con un nuevo mensaje en tono de advertencia: “no hay nada que haga borrar la sangre que derramaron estos narcoterroristas. Yo pienso todos los días en los cientos de miles de civiles, policías y militares que asesinaron estos salvajes, cuyas familias no han tenido ni verdad, ni justicia, ni reparación. No habrá perdón ni olvido”.Ese mensaje estuvo antecedido por una gran controversia en torno a la situación del presidente del partido Comunes y exjefe de las Farc, Rodrigo Londoño Timochenko, quien regresó al país el sábado pasado tras haber permanecido durante varios días en España, participando de un encuentro político, con permiso de la JEP, a pesar de que ya pesa en su contra una sanción propia por los miles de secuestros cometidos por las extintas Farc.El tema de fondo, más allá del contenido político de las declaraciones del presidente electo sobre las Farc y la JEP, que están cumpliendo con lo que prometió en campaña, está la pregunta de hasta dónde y cómo podría eventualmente el gobierno de Abelardo De La Espriella, derogar el acuerdo de paz con las Farc, que tiene rango constitucional y fue en su momento avalado por la Comunidad Internacional.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, propuso un diálogo con el gobierno entrante para buscar la mejor manera de coordinar acciones y buscar solucionar los problemas que han identificado quienes conforman el nuevo ejecutivo a partir del próximo 7 de agosto, además recordó el blindaje constitucional y por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, la Corte Penal Internacional y el sistema interamericano de Derechos Humanos al acuerdo del Teatro Colón.Hay un asunto que por cuenta de la atención que se le ha dado al tema Timochenko, ha pasado a un segundo plano pero que también es serio: el cierre de la consejería presidencial para los Derechos Humanos por parte del gobierno entrante implica el fin de una tradición que incluso ha estado presente durante los 8 años de mandato de Álvaro Uribe, sumado al final de la figura del Comisionado de Paz, ante la cual queda una gran duda sobre quién será el encargado de gestionar ordenadamente el desenlace de cada uno de los procesos de paz que viene adelantando el gobierno Petro.
La cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, se convirtió en el nuevo centro de reclusión de 16 internos considerados de alto perfil, trasladados desde establecimientos penitenciarios de Antioquia en medio de una operación nacional que llevó a la redistribución de 117 presos.Entre los reclusos que ahora permanecen en Santander aparecen reconocidos nombres del crimen organizado, varios de ellos relacionados durante años con estructuras dedicadas al narcotráfico, homicidio, extorsión y otras rentas ilegales.Uno de los internos que llegó a Palogordo es Freyner Alfonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’, señalado como exjefe de una estructura vinculada a la Oficina de Envigado y a la organización conocida como Los Pesebreros.Su nombre tomó especial relevancia durante los acercamientos de paz urbana promovidos durante el Gobierno de Gustavo Petro. Ramírez García fue uno de los voceros de las estructuras criminales de Medellín y participó en el denominado ‘tarimazo’, realizado en junio de 2025 en La Alpujarra, donde varios cabecillas compartieron escenario con el entonces presidente.Otro de los internos trasladados es Hernán Giraldo, alias ‘El Patrón’, reconocido por su trayectoria dentro de estructuras paramilitares y por sus vínculos con el narcotráfico.Giraldo fue jefe del Frente Resistencia Tayrona de las AUC, estructura que tuvo influencia en la Sierra Nevada de Santa Marta y el departamento del Magdalena. Su nombre también ha aparecido en investigaciones relacionadas con actividades de narcotráfico.En Palogordo también quedó recluido Francisco Antonio Angulo Osorio, alias ‘El Piloto’, condenado por su participación en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en Medellín en 1998.Angulo fue señalado de tener vínculos con estructuras paramilitares y su trayectoria criminal también ha sido relacionada con hechos violentos ocurridos en Antioquia, entre ellos los casos de El Aro y La Granja.Otro de los nombres de peso es José Ómar Henao Acevedo, alias ‘Ómar’, señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de Los Pachelly, organización criminal con presencia en el Valle de Aburrá.Esta estructura ha sido relacionada con actividades como narcotráfico, extorsión, homicidios y control territorial en diferentes sectores de Antioquia.En la lista también aparece Cristian Camilo Mazo Castañeda, alias ‘Sombra’, señalado en su momento por las autoridades como cabecilla de la estructura Odín Robledo.Su nombre fue relacionado con el manejo de actividades criminales en Medellín y, según investigaciones de las autoridades, habría asumido el liderazgo de la estructura después de la captura de otros cabecillas.También fue trasladado Samir Alexander Jaramillo Cartagena, alias ‘Samir’, señalado como integrante de una organización criminal de Medellín y condenado por su participación en siete homicidios relacionados con disputas territoriales y las denominadas fronteras invisibles. La lista incluye además a Juan David Corrales Jaramillo, alias ‘Jara’, señalado por las autoridades de desempeñar funciones de liderazgo y manejo de finanzas dentro de una estructura criminal de Medellín relacionada con microtráfico, extorsión y homicidios.Además de estos perfiles, la relación de internos trasladados desde Itagüí a Palogordo incluye:Juan Fernando ÁlvarezJhony Andrés FlórezJohn Fredy González ParraÉdgar Iván Guevara CuéllarHernán Darío Londoño PradaIgnacio Manuel Meléndez MejíaÁlvaro de Jesús Valderrama ArangoJorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias ‘Vallejo’Juan Camilo Vélez OspinaEdwin Ferney Vélez RestrepoLa relación conocida suma 16 nombres provenientes de la cárcel de Itagüí, mientras que el grupo está compuesto por 17 internos. El preso restante fue trasladado desde la cárcel El Pedregal, en Medellín.
Una mujer y un bebé fallecieron el sábado por la noche al volcar una embarcación cerca de la isla donde se encuentra la Estatua de la Libertad, en Nueva York, informó este domingo la Guardia Costera de Estados Unidos.El capitán de la embarcación, identificado como Manuel Hernández, de 46 años, fue arrestado y acusado de imprudencia temeraria, detallaron las autoridades.El Departamento de Policía de Nueva York explicó que tanto la mujer, de 27 años, como el bebé, de cinco meses, fueron trasladados a un hospital de Brooklyn en estado crítico, donde posteriormente fallecieron.Una docena de personas fueron rescatadas tras el accidente y trasladadas a hospitales con heridas leves. Las autoridades no facilitaron detalles sobre la embarcación ni sobre su operador.La Isla de la Libertad, en la bahía de Nueva York, es un popular destino turístico porque alberga la Estatua de la Libertad, la estatua que Francia regaló a Estados Unidos en 1886 como símbolo de la alianza entre ambas naciones.
Un operativo de la Policía Nacional en zona rural de Lebrija, Santander, terminó con la muerte de dos presuntos integrantes del ELN señalados de tener un papel clave en el tráfico de drogas y el abastecimiento de armas hacia Bucaramanga y su área metropolitana.Los fallecidos fueron identificados como alias ‘Manchado’, señalado por las autoridades como cabecilla de las Estructuras de Finanzas y Economías para la Revolución (EFER) del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN, y alias ‘Negro Yolber’, quien, según la investigación, cumpliría funciones de seguridad y apoyo dentro de la organización.De acuerdo con el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los uniformados llegaron hasta una finca ubicada en zona rural de Lebrija para hacer efectiva una orden de allanamiento emitida por un fiscal especializado de Bucaramanga. Durante el procedimiento se habría presentado un enfrentamiento que terminó con la muerte de los dos hombres.Uno de los principales hallazgos de la investigación está relacionado con el papel que habría desempeñado alias ‘Manchado’ en el transporte de estupefacientes, el hombre estaría relacionado con el control de una ruta utilizada para movilizar clorhidrato de cocaína y base de coca desde el sur de Bolívar hacia Bucaramanga y su área metropolitana.La droga, tendría como destino estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes y otras organizaciones criminales en la capital santandereana. Las autoridades estiman que estas actividades podían representar para la estructura rentas criminales de hasta $800 millones mensuales, lo que habría convertido a ‘Manchado’ en una pieza importante dentro de las finanzas del grupo armado.La Policía también estableció que esta estructura habría participado en el abastecimiento de armas de fuego y municiones a organizaciones criminales, utilizadas para fortalecer disputas por el control de rentas ilícitas en diferentes sectores de la ciudad.Según las autoridades, alias ‘Manchado’ tendría una trayectoria delictiva de aproximadamente 23 años. La investigación señala que inició su actividad criminal en el Ejército Popular de Liberación (EPL).Posteriormente permaneció privado de la libertad entre 2003 y 2015 por delitos relacionados con rebelión, secuestro, homicidio y porte ilegal de armas de fuego.Tras recuperar la libertad, en 2015 habría ingresado al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, en la región del sur de Bolívar. Desde allí habría asumido responsabilidades dentro del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, particularmente en el manejo de las finanzas y economías criminales.La Policía señala además que ‘Manchado’ estuvo incluido en el cartel de los más buscados durante 2022 y que sobre él pesaba una orden de captura por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso restringido de las Fuerzas Armadas y concierto para delinquir agravado.El 26 de mayo de 2026 también habría sido incluido en el Centro Integrado de Información e Inteligencia contra el Terrorismo (CI3T), como parte de las labores de priorización y seguimiento de las autoridades.Las autoridades también venían siguiendo varios videos intimidatorios difundidos en redes sociales, que fueron atribuidos dentro de la investigación a integrantes de esta estructura.Uno de los videos más recientes habría incluido amenazas en el municipio de Piedecuesta. Según el comandante William Quintero, en las imágenes aparecía un hombre portando un fusil que posteriormente fue encontrado durante el procedimiento realizado en Lebrija.Durante el operativo fueron incautados un fusil M4 calibre 5,56 milímetros, una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre .32, 11 cartuchos calibre 9 mm, 90 cartuchos calibre 5,56 mm y 26 cartuchos calibre 7,62 mm, además de tres proveedores, dos radios de comunicación y siete teléfonos celulares.Las autoridades reportaron igualmente el hallazgo de material de intendencia, una cartilla con contenido alusivo al ELN, elementos relacionados con el procesamiento y dosificación de sustancias estupefacientes y una camioneta.
Sigue la revisión de procesos por parte del Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ordenó cambios en el funcionamiento del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), que analiza los casos de personas que requieren medidas de protección.A través de una circular con firma del 7 de agosto, Lara informó que asumirá personalmente la presidencia del comité y que no delegará esta función. Por esta razón, las sesiones que sean convocadas deberán contar con su presencia y dirección.La orden también afecta las reuniones que ya habían sido convocadas y las que están pendientes. Todas deberán ser programadas de manera que el ministro pueda participar y dirigirlas. La Secretaría Técnica o quien convoque al CERREM deberá abstenerse de realizar una sesión si Lara no está presente.Además, Rodrigo Lara dio instrucciones a la Dirección General y a la Subdirección de Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Antes de cada reunión, deberán enviar a su despacho las convocatorias, agendas, documentos técnicos e informes de evaluación de riesgo que serán revisados por el comité.La circular está dirigida precisamente a los directivos de la UNP y a la Secretaría Técnica del CERREM y señala que estas medidas buscan garantizar la función de la presidencia del comité, la transparencia en las recomendaciones de protección y el cumplimiento de las reglas de la función pública.
La crisis del sistema de salud será uno de los principales retos que recibirá el gobierno de Abelardo De La Espriella. Jorge Toro, director de la UNIPS, advirtió que alrededor de 600.000 pacientes en Colombia no estarían recibiendo los tratamientos que necesitan y pidió tomar decisiones inmediatas para evitar que la situación continúe.Para Toro, el problema más urgente está en la falta de recursos que ha llevado a la red prestadora a cerrar servicios y limitar la atención. Por eso, consideró que el primer paso del nuevo Gobierno debe ser garantizar una red abierta para que los pacientes puedan acceder oportunamente a los servicios médicos.¿Qué necesita el sistema de salud para salir de la crisis?El director de la UNIPS planteó que el plan de choque anunciado por la ministra de Salud, Ana María Vesga, debe concentrarse inicialmente en una inyección de recursos mediante un ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). “La medida de choque de muy corto tiempo no puede ser otra que garantizar los recursos que le faltan al sistema”, afirmó.Toro también señaló que las cuentas del sector deben ser aclaradas, pues existen diferentes cifras sobre las deudas acumuladas. Mencionó un reporte de la Contraloría que ubicaba la cartera en $32 billones y otro estudio posterior que la elevaba a $45 billones.Sin embargo, pidió que el proceso de revisión no frene los pagos actuales. “Mientras aclaramos las cuentas, hay giro, debe haber giro”, sostuvo.¿Qué pasará con las EPS intervenidas?Uno de los puntos más críticos está relacionado con las EPS intervenidas por el Estado. Toro cuestionó el manejo que han tenido estas entidades y aseguró que los usuarios han terminado afectados en el acceso a medicamentos y servicios.“Eso resultó el remedio más malo que la enfermedad”, afirmó al referirse a las intervenciones.A su juicio, el Gobierno debe revisar la gestión de las entidades intervenidas y poner al frente de ellas equipos con capacidad técnica, conocimiento del sector y capacidad operativa.Finalmente, Toro consideró que el sistema necesita una reingeniería del modelo de aseguramiento, aunque señaló que primero debe estabilizarse financieramente para garantizar la atención de los pacientes.Bloque de preguntas y respuestas¿Cuántos pacientes no reciben actualmente su tratamiento?Jorge Toro aseguró que cerca de 600.000 pacientes en Colombia no estarían recibiendo los tratamientos que necesitan.¿Qué necesita el sistema de salud para estabilizarse?El director de la UNIPS plantea una inyección de recursos, un ajuste de la UPC, saneamiento de las cuentas y continuidad de los pagos a los prestadores.¿Qué propone para las EPS intervenidas?Toro considera necesario mejorar su gestión con equipos técnicos y operativos que permitan recuperar el acceso de los usuarios a medicamentos y servicios.
