La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, informó que tres generales retirados del Ejército Nacional y otros 22 militares reconocerán su responsabilidad dentro del proceso por asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas como bajas en combate.El anuncio hace parte del Subcaso Costa Caribe, una investigación en la que la JEP documentó una estructura criminal que operó en diferentes unidades militares de la región, específicamente en el Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, y que estaría relacionada con la presentación irregular de civiles como resultados operacionales.Según el tribunal, la investigación permitió imputar a 28 comparecientes por su presunta responsabilidad en 604 asesinatos y desapariciones forzadas. Entre los militares convocados a reconocer responsabilidad están los mayores generales (r) Hernán Giraldo Restrepo y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, así como el brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez, además de coroneles, mayores y otros integrantes retirados de la Fuerza Pública.La JEP señaló que estos hechos estuvieron relacionados con un patrón en el que algunos integrantes de unidades militares habrían presentado asesinatos y desapariciones como supuestas bajas en combate, en medio de una presión por justificar resultados operacionales contra grupos armados ilegales.De acuerdo con la investigación, el fenómeno se habría extendido a unidades militares de siete departamentos de la Costa Caribe. El tribunal estableció que, entre enero de 2002 y diciembre de 2008, fueron documentados cientos de casos y que una parte significativa de las bajas reportadas en algunas unidades correspondían a hechos que no ocurrieron en combate y que calificaron como asesinatos. Entre las víctimas hay 26 menores de edad, 31 integrantes de los Pueblos Indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo y 14 mujeres, una de ellas embarazada.La investigación de la JEP incluyó cientos de versiones de comparecientes, documentos judiciales, informes de entidades estatales y organizaciones de víctimas, además de miles de documentos recopilados durante el proceso.Además, la jurisdicción informó que ha adelantado acciones para proteger lugares donde podrían encontrarse víctimas de desaparición forzada, relacionadas con el Subcaso Costa Caribe. En estas labores se han recuperado 93 cuerpos y se han identificado 20 personas, de las cuales 18 fueron víctimas de crímenes cometidos por unidades militares en la región.La audiencia pública se realizará en dos jornadas, la primera se realizará en Barranquilla, el 30 de junio y 1 de julio de 2026, en donde comparecerán 10 personas, incluidos dos generales retirados y la segunda se hará en Valledupar, los días 28, 29 y 30 de julio, en donde, 25 comparecientes declararán sobre el patrón criminal documentado por la Sala.
Con la confirmación de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de la República, aumenta la expectativa frente al futuro de entidades del sistema de justicia transicional creadas tras el acuerdo de paz de 2016 con las extintas Farc, especialmente la JEP.Durante su campaña De la Espriella se refirió a la institución como un “bodrio” o un “directorio disfrazados de tribunal”, declaraciones que han generado preocupación frente a la capacidad de continuar en su labor como en los últimos años.Durante su más reciente visita a Medellín en el marco de una audiencia de verificación de cumplimiento de compromisos de comparecientes, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, dejó clara la postura de la entidad.El magistrado indicó que lo que debe prevalecer es el respeto por la institucionalidad y la integralidad del acuerdo de paz que cumple diez años y a partir de la cual el país sigue conociendo verdades sobre el conflicto armado."Hay que preservar la institucionalidad del acuerdo de paz y todo lo que tiene que ver con la justicia transicional. Es decir, acá no es un tema únicamente de la jurisdicción, es un tema de todo ese andamiaje institucional que ha permitido que el acuerdo de paz se se venga ejecutando en estos años", dijo.Ramelli también señaló que en lo que será el empalme y los acercamientos con el nuevo Gobierno nacional están en juego cosas mucho más importantes que recursos para operar de una manera adecuada como entidad. Destacó que están de por medio la verdad que siguen reclamando las víctimas y la seguridad jurídica de comparecientes que siguen siendo procesados."Es que más allá del tema de la estabilidad económica de la jurisdicción y demás, lo que está de por medio es un sistema restaurativo. ¿De qué estamos hablando? De que las víctimas por primera vez están accediendo a la verdad, están viendo resultados, están viendo que los comparecientes ya están realizando unas labores incluso antes de la sentencia", argumentó.Sobre un posible desmonte de la JEP, varios sectores políticos y sociales han insitido en la dificultad que el proceso puede llevar por el blindaje constitucional del que goza. No obstante, el suministro de herramientas y recursos financieros es clave para que el tribunal continúe su labor, especialmente de procesos de búsqueda de desaparecidos como el que tiene lugar en La Escombrera de la Comuna 13 en Medellín.
La JEP señaló que está presta a iniciar el proceso de empalme con el equipo que designe el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Aunque indicó que hasta el momento no ha recibido una comunicación oficial, manifestó la disposición de la jurisdicción para sostener un diálogo con la nueva administración.El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, manifestó este jueves que el tribunal está presto para iniciar el proceso de empalme con el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.El presidente de la JEP señaló que, por ahora, la entidad no ha recibido una comunicación oficial por parte del gobierno entrante. Sin embargo, aseguró que existe disposición para reunirse con el equipo que sea designado y avanzar en una conversación sobre el funcionamiento de la jurisdicción.“Nosotros estamos prestos a hacer el empalme con el equipo que designe el señor presidente electo. Por el momento, no hemos recibido ninguna comunicación, pero aprovechamos este escenario para decir que estamos listos para reunirnos con el equipo que el señor presidente electo designe y sostener un diálogo técnico sobre los avances, los retos y los desafíos que tiene la jurisdicción”, afirmó Ramelli.El magistrado explicó que ese eventual encuentro buscaría exponer el estado actual de la JEP y los principales retos que enfrenta la entidad.Las declaraciones se producen en medio de las críticas que el presidente electo ha expresado en distintas oportunidades contra la Jurisdicción Especial para la Paz. En diferentes entrevistas, Abelardo De La Espriella ha asegurado que “la JEP es fruto de la burla de la voluntad popular del constituyente primario, que dijo no”. También ha sostenido que “la JEP no es un tribunal judicial; es un directorio jurídico disfrazado de tribunal”.Además, desde su campaña se ha señalado que durante su gobierno no se promovería una extensión del mandato de la jurisdicción, ya que “fue creada como un mecanismo transitorio, no como una institución permanente”.
La JEP impuso la primera sanción alternativa a un oficial del Ejército dentro del Caso 03. El teniente coronel (r) fue condenado por su responsabilidad en 31 casos de falsos positivos en Casanare y BoyacáLa condena de 5 años, 9 meses y un día de prisión fue impuesta al teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán por su responsabilidad en 31 casos de falsos positivos ocurridos entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006.Los hechos ocurrieron en el norte de Casanare y el suroriente de Boyacá, cuando el oficial se desempeñaba como comandante del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, adscrito a la Brigada XVI del Ejército.Las víctimas eran, en su mayoría, hombres jóvenes, campesinos y personas en condición de vulnerabilidad provenientes de Casanare, Boyacá, Arauca, Meta, Quindío y Santander.La JEP señaló que durante el periodo de comandancia de León Durán el 94,8 % de los resultados reportados por el batallón fueron ilegítimos. Incluso, la unidad llegó a registrar el mayor número de bajas dentro de la Brigada XVI.Aunque inicialmente negó los hechos y su caso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación, en 2025 el oficial decidió aceptar su responsabilidad.Durante una audiencia realizada en Yopal, reconoció que su firma en las órdenes de operaciones permitió que se ejecutaran los crímenes.La sentencia podrá ser apelada por las víctimas. Una vez quede ejecutoriada, se deberá establecer la disponibilidad de establecimientos militares para definir cuándo y dónde comenzará a cumplir la condena.
Tras verificar que aportaron verdad, reconocieron responsabilidad y adelantaron acciones restaurativas, la JEP remitió al Tribunal para la Paz a 29 exintegrantes de la fuerza pública señalados como máximos responsables de falsos positivos ocurridos en Huila entre 2005 y 2008.“La decisión envía el tribunal a un coronel, 11 tenientes coroneles, un teniente, 3 capitanes, 2 mayores, 6 suboficiales y 5 soldados profesionales retirados que reconocieron su máxima responsabilidad por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos entre los años 2005 y 2008 en el Huila”, señaló Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.La decisión incluye al coronel (r) Carlos Yair Salamanca, a los tenientes coroneles (r) Orlando Pico Rivera, Ricardo Andrés López, Jair Arias Sánchez, Faiver Coronado, Alejandro León, Mario Hernán Duarte, Luis Carlos Aguilera, Domingo Peña Cepeda y Ómar Oswaldo Ojeda; así como a los mayores (r) Leonardo Ayala, Felipe Andrés Ramírez, Francisco Adrián Álvarez, Ángel Fernando Carvajal y Julián Andrés Calderón.También fueron remitidos los capitanes (r) Miller Damián Forero, Jesús Mauricio Jiménez y Carlos Mahecha Bernal; los sargentos viceprimeros (r) Jhon Esteban Urueta, Desaix de Jesús Palomino y Fernando Riveros Sarmiento; los sargentos segundos (r) William Andrés Capera y Carlos Hernán Rodríguez; el cabo primero (r) José Roldán López; y los soldados profesionales (r) Luis Rodolfo Mulcué, Willinton Espinoza, Roberto Yesid Quintero, José Yaty Anacona y Francisco Javier Castañeda.Los comparecientes integraron unidades adscritas a la Novena Brigada del Ejército Nacional, entre ellas el Batallón Cacique Pigoanza, el Batallón Magdalena y la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11.La investigación permitió identificar tres patrones macrocriminales. El primero fue la estigmatización de las víctimas, quienes eran señaladas arbitrariamente de colaborar con grupos armados antes de ser asesinadas.El segundo consistió en el engaño de personas en condición de vulnerabilidad mediante falsas ofertas de trabajo o promesas económicas para trasladarlas a zonas donde posteriormente eran ejecutadas y reportadas como combatientes muertos.El tercero correspondió a la realización de operaciones ilegales sustentadas en denuncias falsas o información manipulada.Al explicar los hallazgos, la magistrada Catalina Díaz señaló que en el departamento se logró establecer “la ejecución de un plan criminal cuya finalidad fue exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados”, con el propósito de generar una falsa sensación de seguridad y obtener beneficios profesionales e institucionales.La JEP practicó 130 versiones voluntarias, siete testimonios y analizó expedientes judiciales, archivos militares e información aportada por organizaciones de víctimas.Según la jurisdicción, estos crímenes ocasionaron daños al buen nombre de las víctimas, afectaciones familiares y comunitarias, impactos emocionales y psicológicos, perjuicios económicos y afectaciones al tejido social.Como parte de las medidas restaurativas, los comparecientes han participado en jornadas de intervención en cementerios de Huila y Caquetá, labores que han permitido la recuperación de 71 cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Además, se adelantan iniciativas de memoria y acciones para restablecer públicamente el buen nombre de las víctimas.La JEP señaló que seis de los 36 militares retirados imputados en el Subcaso Huila fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, luego de que no reconocieran verdad ni responsabilidad por los hechos atribuidos.Se trata de los generales (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, Juan Carlos Figueroa García y Luis Fernando Rojas Espinosa; así como de los coroneles (r) Raúl Fernando Suárez del Río, José Joaquín González del Río y Edilberto Cortés Gómez.Durante la investigación, la JEP documentó 204 falsos positivos, 35 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio. Además, 434 víctimas fueron acreditadas dentro del Subcaso Huila.
Luego de más de dos décadas de incertidumbre, la familia de Orlando de Jesús Oquendo Úsuga finalmente pudo despedirse de él luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz les entregara los restos del joven campesino desaparecido en julio de 2004 en el corregimiento de Quiparadó de Dabeiba.Lo que se pudo conocer es que Orlando tenía apenas 19 años cuando desapareció y según las investigaciones adelantadas por la JEP, integrantes del Ejército Nacional lo asesinaron y posteriormente presentaron su cuerpo como el de un supuesto guerrillero muerto en combate, en uno de los casos asociados a los 'falsos positivos'.La identificación fue posible gracias a los aportes de verdad realizados por antiguos integrantes de la Fuerza Pública, quienes también suministraron información que permitió ubicar los restos del joven en el cementerio de Carepa, donde había sido sepultado como persona no identificada.Las pruebas genéticas realizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmaron su identidad gracias a las muestras biológicas entregadas por sus familiares y, además, el estudio también permitió establecer el vínculo biológico con su hijo, Sebastián Durango.Durante la ceremonia de entrega, familiares expresaron que el hallazgo representa el fin de una búsqueda marcada por el dolor y la esperanza, “para mí eso es un descanso. Saber que al menos enterramos el cuerpecito de él”, manifestó una de sus hermanas.Con la entrega de Orlando, ya son 18 las víctimas identificadas y restituidas a sus familias en Antioquia y Chocó dentro de este proceso judicial, y 25 en toda la región de Urabá.
A través de una respuesta oficial a un derecho de petición presentado por el ciudadano Juan José Serrano, en el que solicitó información sobre el estado de identificación de las víctimas investigadas dentro del Caso 03, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP entregó un balance sobre los avances relacionados con los ‘falsos positivos’.Según la respuesta, con corte a 2025, la JEP ha determinado judicialmente 2.374 víctimas dentro de los Autos de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 03.De ese total, 1.956 corresponden a personas plenamente identificadas, mientras que 418 continúan sin identificar.Se trata de víctimas respecto de las cuales la Sala ha adelantado un proceso de contrastación judicial que permitió establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, así como su relación con los patrones de macrocriminalidad investigados en los distintos subcasos territoriales.La información entregada también detalla la distribución de las víctimas determinadas por territorios. El mayor número corresponde al subcaso de la Costa Caribe, con 737 víctimas documentadas entre los dos periodos analizados. Le siguen Casanare, con 546 víctimas; Antioquia, con 507 casos entre los dos periodos investigados; Meta, con 209; Huila, con 208; Norte de Santander, con 120; y el caso conjunto de Dabeiba, con 47 víctimas.Cabe recordar que hace algunos meses la JEP actualizó el universo provisional de víctimas del Caso 03 tras ampliar el periodo de análisis e incorporar nuevas fuentes de información. Además, reportó 7.837 casos ocurridos entre 1990 y 2016.
La eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una de las propuestas más contundentes y cuestionadas del programa de gobierno de Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, que competirá en segunda vuelta el 21 de junio contra Iván Cepeda.De la Espriella ha calificado a la JEP de "farsa" y prometió que, de ganar la Presidencia, el 8 de agosto buscará el camino para suprimirla.En sus palabras, el tribunal "es un escenario para lavarle las manos sucias de sangre a los miembros de las Farc y perseguir a los héroes de la patria".La propuesta forma parte de un programa de gobierno más amplio denominado "País Milagro". En materia de reforma del Estado, De la Espriella también plantea reducir en un 40 % el aparato estatal, lo que significaría un ahorro de entre 25 y 30 billones de pesos, y construir siete megacárceles bajo un modelo similar al implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.De la Espriella ha sostenido que la eliminación de la JEP y otras instituciones que "no sean funcionales" permitiría recortar el gasto público y, en consecuencia, reducir impuestos como el cuatro por mil y los gravámenes a la gasolina, que representan más de la mitad de su precio final.Frente a esta posibilidad, este martes 9 de junio se pronunció el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Alejandro Ramelli, quien, sin nombrar a De la Espriella, pidió respeto por el tribunal en medio del debate electoral.Eliminar la JEP, sin embargo, no sería un trámite sencillo. El Acto Legislativo 02 de 2017, aprobado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional, estableció que las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz tienen carácter obligatorio.Además, retirar a la JEP implicaría que organismos internacionales como la Corte Penal Internacional pudieran intervenir en casos de lesa humanidad, incluidas las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas militares.El senador Iván Cepeda, contrincante de De la Espriella en la segunda vuelta, ha señalado que esta propuesta "les quitaría a millones de víctimas su derecho a la reparación, la verdad y la justicia".
La Jurisdicción Especial para la Paz expulsó y excluyó al coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha al considerar que su reconocimiento de verdad y responsabilidad no evidencia una contribución genuina al esclarecimiento de la verdad.Ruiz Mahecha es señalado de ser uno de los máximos responsables de casos de ‘falsos positivos’ cometidos por el Batallón La Popa entre 2002 y 2005.La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR) del Tribunal para la Paz concluyó que el compareciente no realizó aportes efectivos al esclarecimiento de la verdad, desconoció reiteradamente la verdad judicial establecida en sentencias condenatorias ejecutoriadas e incumplió los compromisos asumidos ante la justicia transicional.Como consecuencia de esta exclusión, el proceso adversarial en su contra será remitido a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación para que continúe la investigación por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, tipificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.Asimismo, un segundo proceso retornará al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Florencia, Caquetá, para que continúe la etapa de juzgamiento.En la JEP, el coronel (r) Ruiz Mahecha estaba vinculado a dos macroinvestigaciones. La primera corresponde al Caso 03, que aborda asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. En este proceso fue imputado como máximo responsable en el Subcaso Costa Caribe, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, por hechos ocurridos cuando se desempeñó como jefe de inteligencia y de operaciones del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, en Valledupar.Ante su negativa a reconocer responsabilidad, el caso fue remitido a la UIA, que formuló acusación en su contra ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad.La segunda corresponde al Caso 08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública u otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares y/o terceros civiles.En el marco del Subcaso Ariari-Guayabero-Guaviare-Caguán, Florencia y zonas aledañas, la Sala de Reconocimiento de Verdad lo convocó a rendir versión por hechos relacionados con el homicidio de Jorge Andrés Beltrán Cortés, una persona con discapacidad asesinada el 24 de abril de 2005 en la vereda Doce de Octubre, en Cartagena del Chairá (Caquetá), cuando Ruiz Mahecha se desempeñaba como comandante del Batallón de Contraguerrilla No. 55 de la Brigada Móvil 6.Con esta decisión, la JEP registra 119 exclusiones por incumplimiento de las obligaciones adquiridas ante el Sistema Integral para la Paz. De ellas, 80 corresponden a exintegrantes de las Farc-EP, 19 a miembros de la fuerza pública, 8 a agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, 4 a terceros civiles y 8 a comparecientes de otras categorías o en proceso de verificación.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 35 antiguos integrantes del Batallón de Infantería No. 14 Capitán Antonio Ricaurte (BIRIC), involucrados en casos de asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados falsamente como bajas en combate en Santander y Norte de Santander entre 2003 y 2008.La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que concedió a los comparecientes el beneficio de renuncia a la persecución penal, al concluir que no tuvieron un papel determinante como máximos responsables dentro de los patrones criminales investigados y que cumplieron con los requisitos exigidos por la justicia transicional.Los hechos por los que comparecieron ante la JEP dejaron 11 víctimas directas en municipios de Santander como El Playón, Matanza, Lebrija, Sabana de Torres y Suratá, así como en La Esperanza, Norte de Santander. De acuerdo con la investigación, los militares participaron en nueve casos de ejecuciones extrajudiciales que posteriormente fueron reportadas como resultados operacionales contra grupos armados ilegales.La JEP explicó que el beneficio otorgado extingue la acción penal y disciplinaria contra los comparecientes por estos hechos, lo que implica el cierre definitivo de los procesos en su contra. Sin embargo, precisó que esta medida no constituye una absolución automática ni fue concedida de manera gratuita.Durante el proceso, los exintegrantes de la fuerza pública participaron en audiencias públicas en las que aportaron versiones detalladas sobre lo ocurrido, reconocieron su responsabilidad en los hechos y realizaron actos de perdón dirigidos a las víctimas y sus familias.Según la decisión de la Jurisdicción, los comparecientes también asumieron compromisos restaurativos y de no repetición, entre ellos la realización de una audiencia pública de reconocimiento de responsabilidad ante medios de comunicación de Santander y otras acciones orientadas a reivindicar el buen nombre de las víctimas.La Sala estableció que los crímenes investigados respondieron principalmente a dos modalidades. En la primera, civiles señalados por informantes o supuestas fuentes de inteligencia fueron asesinados y posteriormente reportados como integrantes de grupos armados muertos en combate. En la segunda, las víctimas fueron engañadas mediante ofertas de actividades ilegales remuneradas para luego ser ejecutadas y presentadas falsamente como bajas operacionales.La JEP señaló que los aportes de verdad entregados por los comparecientes permitieron reconstruir los hechos con un nivel de detalle superior al alcanzado en las investigaciones adelantadas por la justicia ordinaria. Además, indicó que durante el trámite fueron identificados nuevos hechos que no habían sido documentados previamente y que continúan bajo análisis.Como parte de las medidas adoptadas, la jurisdicción ordenó que los beneficiarios no puedan reincorporarse a la fuerza pública, salvo para desempeñar funciones administrativas, y dispuso la revocatoria de los reconocimientos, condecoraciones e incentivos obtenidos por las operaciones ilegítimas relacionadas con estos casos.La decisión también permitió establecer que uno de los hechos analizados dentro del mismo proceso correspondió a una operación militar legítima y no a una ejecución extrajudicial.
Un sismo de magnitud 6,1 se registró este martes 30 de junio en el estado de Sinaloa, al noroeste de México. El movimiento telúrico ocurrió a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, según el reporte oficial dell Servicio Sismológico Nacional de México, a través de su cuenta de X.De acuerdo con la entidad, el temblor se presentó a las 1:45 p. m. (hora local) y tuvo una profundidad de 5 kilómetros, una característica que podría hacer que el movimiento se perciba con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.El Servicio Sismológico Nacional precisó que el evento sísmico se localizó en las coordenadas 24.712 de latitud y -109.130 de longitud, en aguas del océano Pacífico, frente a la costa de Sinaloa.Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre personas lesionadas, víctimas fatales o daños materiales relacionados con el sismo. Tampoco se han emitido reportes oficiales sobre afectaciones en la infraestructura de la región.Los organismos de gestión del riesgo y de protección civil continúan evaluando la situación para determinar el impacto del movimiento telúrico y atender cualquier eventualidad que pueda presentarse en las zonas cercanas al epicentro.¿Por qué tiembla tanto en México?México es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción de las placas tectónicas de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe, por lo que los movimientos telúricos son frecuentes en diferentes regiones del territorio nacional.
La previa del choque entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tuvo un capítulo inesperado fuera de la cancha. Un grupo de aficionados mexicanos decidió recibir a la selección ecuatoriana de una manera particular: con una "serenata" frente al hotel de concentración, con la intención de afectar el descanso de la escuadra sudamericana.Desde la medianoche, decenas de seguidores del conjunto mexicano llegaron hasta las afueras del hotel ubicado en la zona de Santa Fe, en Ciudad de México, con elementos para generar un fuerte ruido, como bocinas, megáfonos, instrumentos improvisados y cláxones de vehículos, entre otros. La idea era ejercer presión de localía y convertirse en un factor determinante para darle ventaja al 'Tri' en el partido decisivo.Aficionados mexicanos llegaron con una "serenata" al hotel de EcuadorLa concentración de Ecuador se vio alterada durante varias horas. Los hinchas organizaron la jornada por medio de redes sociales y, pese a las lluvias y la hora, llegaron para cumplir con la convocatoria.El ruido aumentó con el pasar de la noche, lo que llevó a que la delegación ecuatoriana solicitara apoyo a las autoridades. Según la información conocida, el equipo pidió la intervención de la Policía debido a que los jugadores y el cuerpo técnico no lograban descansar con normalidad.La situación fue más compleja para Ecuador debido al desgaste del viaje previo. El equipo llegó después de un recorrido cercano a nueve horas, marcado por retrasos y dificultades logísticas desde su salida.Policía intervino tras protesta de aficionados mexicanosLuego de la medianoche, los organismos de seguridad llegaron al lugar para controlar la situación y evitar inconvenientes en la zona. Los uniformados acudieron con equipos de protección y permanecieron en el sector para mantener el orden, aunque los aficionados continuaron algunos minutos más con la celebración.La llamada "serenata" es una práctica conocida dentro del fútbol latinoamericano y, aunque para muchos representa una muestra de pasión, también genera debate porque en ocasiones se utiliza como estrategia para incomodar al rival antes de un partido decisivo.La Federación Ecuatoriana de Fútbol informó que presentó una queja formal ante los organizadores del torneo por lo ocurrido y pidió mayores medidas para proteger a jugadores, cuerpo técnico e hinchas.“Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo”, señaló la entidad.Ecuador tuvo problemas de descanso previo al partido contra MéxicoAdemás del ruido provocado por los aficionados, Ecuador enfrentó otros inconvenientes antes del partido. El técnico Sebastián Beccacece manifestó su molestia por el retraso del vuelo hacia México, que terminó convirtiendo un trayecto de pocas horas en un viaje mucho más largo.A esto se sumó la llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado a unos 65 kilómetros del hotel de concentración, y el complicado tráfico de Ciudad de México durante una noche marcada por fuertes lluvias.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 30 de junio de 2026:El Banco de la República aumentó las tasas de interés tras los acuerdos con el Gobierno saliente.El doble terremoto en Venezuela deja ya 1.943 muertos y profundiza la tragedia humanitaria que vive el país.Escuche el programa completo aquí:
El equipo colombiano de búsqueda y rescate urbano USAR Col-1 completó más de 96 horas continuas de labores en La Guaira, una de las zonas más golpeadas por el terremoto en Venezuela, mientras el Gobierno nacional anunció el fortalecimiento de la misión humanitaria con el envío de ingenieros especializados y nuevas ayudas para las comunidades afectadas.De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el grupo de élite ha trabajado sin interrupciones durante cuatro días entre estructuras colapsadas, donde ya logró uno de los rescates más significativos de la emergencia: el hallazgo con vida de Moisés, un niño de 11 años.La misión está integrada por 63 rescatistas y cuatro caninos especializados, quienes han realizado 21 evaluaciones técnicas en distintos puntos para identificar posibles sobrevivientes. Para estas operaciones utilizan drones, cámaras de búsqueda y otros equipos especializados que permiten inspeccionar edificaciones inestables antes de ingresar a ellas.Como parte del apoyo colombiano, el Gobierno también enviará cuatro ingenieros de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, quienes participarán en la evaluación de edificaciones e infraestructura para determinar su estabilidad y apoyar a las autoridades venezolanas en la toma de decisiones sobre las zonas afectadas.En paralelo, Colombia continúa enviando asistencia humanitaria. En las últimas horas fueron entregadas ocho toneladas de Bienestarina, mientras avanza la distribución de 3.200 elementos de ayuda de emergencia, entre ellos colchonetas, frazadas, carpas, sábanas y kits de aseo. A esta respuesta también se suman más de 2.500 insumos donados por la Alcaldía de Bogotá.Por su parte, la Fundación Juntos Se Puede informó que, en seis días de operación como centro de acopio, ha reunido 720 toneladas de ayudas humanitarias. De ese total, 136 toneladas ya fueron trasladadas a Venezuela mediante cuatro vuelos humanitarios, con alimentos no perecederos, agua, insumos médicos, kits de rescate y alimento para mascotas.La organización señaló que la distribución de la ayuda se realiza en coordinación con voluntarios y organizaciones locales, priorizando a las familias afectadas en los estados de La Guaira y el Distrito Capital.Según el balance más reciente entregado por las autoridades venezolanas, el terremoto deja hasta ahora 1.943 personas fallecidas y más de 10.571 heridas. En la atención de la emergencia participan actualmente 49 equipos internacionales de búsqueda y rescate provenientes de 25 países, en una de las mayores operaciones de cooperación humanitaria desplegadas en la región.
El Banco de la República subió las tasas de interés por encima de lo que esperaban los analistas económicos y decretó un alza de 75 puntos básicos. Con esta decisión, Banrep llevó la tasa de referencia a su punto más alto desde diciembre de 2023.La decisión contó con el apoyo de cuatro de los siete miembros de la entidad, mientras que el Gobierno saliente votó nuevamente por un recorte en las tasas de referencia.Las tasas de interés habían quedado congeladas en el 11,25 % luego de que estallara una disputa entre la entidad y el Gobierno nacional por los incrementos. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, amenazó con boicotear la junta y finalmente se llegó a una tregua que mantuvo las tasas estables hasta que pasaron las elecciones. La de este martes es la primera junta directiva de la entidad después de las elecciones presidenciales.El objetivo es volver a la meta de inflación, no es una decisión de corto plazo: BanrepEl gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, defendió la decisión de la entidad y aseguró que el objetivo es que la inflación pueda cambiar de tendencia y empezar a descender para regresar a la meta."Las proyecciones que tiene el equipo técnico sugieren que podríamos llegar hasta un nivel del orden del 4 % a finales del año entrante, pero no hay optimismo de que pueda lograrse una reducción mayor en ese año. Luego, realmente, el retorno a la meta del 3 % se daría en 2028. Debe enfatizarse que la política monetaria tiene impactos rezagados sobre el comportamiento de la inflación y que, por esa misma razón, el endurecimiento de la política monetaria que se ha hecho a lo largo de este primer semestre de 2026 no va a impedir que aumente la inflación en este año", aseguró Villar.Este año, la proyección del equipo técnico es que la inflación cerrará en el 6 % e incluso podría ubicarse por encima del 6,5 %.Colombia no ha logrado cumplir con su meta de inflación desde 2021, cuando terminaron las cuarentenas por la pandemia del covid-19.Es un error, pero ya es asunto del próximo gobierno: ÁvilaEl ministro de Hacienda, Germán Ávila, rechazó la decisión de subir las tasas de interés de referencia y abogó por la necesidad de consolidar un crecimiento económico basado en "altos salarios" y una expansión de la demanda.Ávila argumentó que el aumento del salario mínimo no tuvo impactos negativos en el mercado laboral y atribuyó a la política del Gobierno la reducción del desempleo al 8 % en mayo."Creemos inconveniente que se haya producido esta decisión del Banco de la República, pero consideramos que ya es una decisión que debe ser administrada por el nuevo Gobierno que está próximo a iniciarse", dijo el funcionario.A pesar de la declaración, Ávila aún tendrá que asistir a una junta a finales de julio para una nueva decisión sobre el futuro de las tasas de interés, antes de que la administración de De La Espriella nombre a un nuevo ministro o ministra de Hacienda.
