La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP requirió al consejero presidencial para la Estabilización Emilio Archila y al director de la UNP Alfonso Campo Martínez establecer medidas para garantizar la seguridad de los líderes sociales.En medio de las medidas cautelares colectivas y con el fin de proteger los derechos fundamentales de los excombatientes el consejero deberá, a través de la mesa técnica, diseñar un plan estratégico de seguridad y protección, “incluida la sostenibilidad de los recursos administrativos y financieros necesarios”.La UNP también deberá, en 10 días, presentar un plan de acción para evacuar el trámite de solicitudes pendientes que, de acuerdo con el informe de la misión de verificación de la ONU, llegarían a 1.000.Tras la presentación de ese informe en el que se da cuenta del asesinato de 256 excombatientes desde que se firmó el acuerdo, la JEP hizo los requerimientos pues señaló “las medidas adoptadas no han sido suficientes por parte de las entidades para proteger la vida”.La UNP también deberá nombrar y contratar a los 686 escoltas y los 40 analistas que se requieren para cubrir las necesidades identificadas en el plan de acción y destinar el presupuesto aprobado para la vigencia de este año.La JEP alertó que, de no cumplir con los requerimientos, los funcionarios podrían verse inmersos en sanciones correccionales.
La Comisión Colombiana de Juristas denunció que en El Copey, Cesar, se está infringiendo la orden de la Jurisdicción Especial para la Paz de proteger los restos que podrían estar en el cementerio municipal y que serían de víctimas de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.Lo que dice la organización está basado en que se estarían adelantando intervenciones en terrenos donde habría, al menos, un centenar de cuerpos víctimas del conflicto, como de desaparición forzada y presentados como bajas en combate.“El 25 de agosto de 2020 Francisco Manuel Meza, alcalde de El Copey, manifestó que adoptaría una serie de compromisos y actividades en respuesta a las órdenes judiciales de la JEP y las recomendaciones de la UBPD. En octubre de ese mismo año, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas solicitó a la alcaldía de ese municipio información sobre medidas adoptadas y estado actual del predio”, indicó la CCJ.Según se denunció, el alcalde del municipio habría manifestado que las autoridades podían brindar la seguridad al predio, además de que habitantes de la zona han indicado que diariamente se realizan intervenciones que no son permitidas por la orden judicial. Con base en eso, se pidió a la JEP que se decrete un desacato, además de pedir información de las medidas que se han adoptado en el terreno por parte de la administración municipal.“Reiteramos nuestra preocupación por los cuerpos de las víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, los cuales, al estar siendo intervenidos sin un protocolo técnico y por personas no idóneas para el manejo adecuado de los restos, podrían perderse para siempre", manifestó la comisión."En especial nos inquieta lo que pueda suceder con los restos de Óscar Alexander Morales Tejada, Octavio Bilbao Becerra y Germán Leal Pérez, los cuales reposan en el cementerio alterno El Copey desde el 16 de enero de 2008, fecha en la que fueron desaparecidos por miembros del batallón de artillería No. 2 La Popa, haciéndolos pasar falsamente como bajas en combate. Esperamos que el daño causado hasta el momento con la intervención no vaya a ser irreparable”, añadió la Comisión.
Esta semana o máximo la que viene la Jurisdicción especial de paz, JEP, emitirá el primer auto de acusación en contra del Secretariado de las Farc.La magistrada relatora Julieta Lemaitre Ripoll de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas habría entregado la ponencia en diciembre de 2020.El auto que está por emitirse sería revisado por los miembros del secretariado mencionados en el documento, quienes tendrían un mes a partir de su publicación, al igual que las víctimas, para decidir si aceptan o no los cargos que allí se les imputan. De no aceptarlos su proceso pasaría a la Unidad de Investigación y Acusación. De aceptarlos, se procedería como indican los acuerdos de La Habana.Este proceso es el resultado de dos años y medio años de recolección de versiones directas y contraste con documentación del Estado y de distintas organizaciones civiles y sociales.Escuche esta noticia en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
BLU Radio conoció en primicia que la Jurisdicción Especial para la Paz citó al general en retiro Rito Alejo del Río y a varios exfuncionarios del antiguo DAS para que entreguen su versión en el caso 06, que prioriza el exterminio de la Unión Patriótica. Varios de los llamados han sido procesados por distintos casos en el tribunal especial.En el caso del militar, será el próximo 25 de marzo cuando deba ir a la JEP, esto con base en el estudio de un informe presentado por la Fiscalía en el que se habla de la victimización de la UP por parte de agentes del Estado e informes de la Corporación Reiniciar y el Centro Nacional de Memoria Histórica.Aparte de Del Río, los exagentes del DAS, Giovanni Calderón Salazar y John Alirio Parra, también entregarán su versión el 12 de febrero y el 5 de marzo respectivamente. El primero fue condenado a más de 40 años por falsos positivos en el Tolima, mientras que Parra ha sido señalado de presuntamente haber tenido responsabilidad en el homicidio de la exalcaldesa de Apartadó, Antioquia, Diana Stella Cardona, en 1989.Asimismo, fue llamado el exsubdirector del DAS Emiro José Granados, a quien se le ha vinculado con seguimientos y amenazas en contra de la periodista Claudia Julieta Duque y su hija, y a quien en su momento se le endilgó el delito de tortura psicológica. Granados fue citado el próximo 9 de marzo al tribunal.A su vez, Alexander Romero Vargas, entonces jefe de inteligencia del DAS, y acusado de tener responsabilidad en falso positivo en el departamento de Casanare, deberá acercarse a la JEP a responder el próximo 16 de febrero de 2021.
A propósito de la columna de Alberto Donadío y la polémica generada que señala al expresidente Virgilio Barco de haber tenido responsabilidad en el exterminio de la Unión Patriótica, BLU Radio le cuenta en qué va ese macrocaso en el que la JEP prioriza los hechos cometidos contra el movimiento político en el que miembros de la fuerza pública, terceros civiles y paramilitares, habrían tenido responsabilidad.De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, el macrocaso fue abierto en febrero de 2019, tomando en cuenta informes presentados por la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica, y la Corporación Reiniciar, además del estudio de sentencias tanto de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte IDH, revelando datos y cifras escandalosas.Mientras la Fiscalía ha reportado 1.620 víctimas fatales, la Corporación Reiniciar ha identificado 6.613 entre 1984 y 2002, además de un reporte de 2.049 sobrevivientes de amenazas, tentativa de homicidio, tortura, violencia sexual y violación de garantías judiciales, desplazamiento forzado y casos que están registrados como exilio.Después de los diálogos de paz en Uribe, Meta, entre las Farc y el gobierno de Betancourt, la UP consiguió ser un partido político hacia 1985 que de inmediato logró miles de seguidores y personas afines.Sin embargo, para una facción eran considerados aún guerrilleros y eran tildados de enemigos por, supuestamente, “querer impulsar el comunismo en Colombia”, pero no pasó mucho tiempo para que sus ideas fueran concebidas como una salida política y racional a los problemas del país y a la forma tradicional de gobierno.Tampoco pasó mucho tiempo para que iniciara una violencia sistemática contra los seguidores de la U.P., misma que constató la Sala de Reconocimiento de la JEP contra los miembros de ese partido político, y misma constatación de que fueron víctimas de atentados contra su vida, libertad, seguridad e integridad física, sexual, psicológica y otras tantas.Incluso, la Unidad para la Reparación a las Víctimas tomó como argumento para identificarlos como sujeto colectivo de reparación, así como el mismo Consejo de Estado declaró el daño colectivo explicando que hubo un atentado contra el pluralismo y la democracia con el propósito de deshacer el partido e impedir su participación política.De acuerdo con la JEP, el informe compartido por la Fiscalía revela avances bien calificados, pero insuficientes, señalando, por ejemplo, la condena de dos agentes del DAS, 18 miembros del Ejército y 10 agentes de la Policía, estas, de 246 sentencias que han sido proferidas.Además, cuenta la jurisdicción que, entre ellas, "3.122 fueron víctimas de asesinatos selectivos, 544 lo fueron de desaparición forzada, 478 fueron víctimas de asesinatos en masacres, 4 secuestradas y 3 más en otras modalidades de violencia".Asimismo, da cuenta que los años donde más se registraron hechos victimizantes, fueron 1988 y 1996, empezando en una creciente en el año 1985, principalmente en el Magdalena Medio, el Urabá, el Meta y la Costa Caribe, donde la base campesina y obrera, los militantes del partido tanto dirigentes nacionales o regionales y simpatizantes, eran los perfiles que más recibieron afectaciones.“La Sala de Reconocimiento le pidió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que le remita las solicitudes de acogimiento de los exagentes y funcionarios del antiguo DAS y de los miembros de la fuerza pública vinculados con victimizaciones sufridas por miembros de la UP o cuya vinculación con estos hechos se esté investigando, que solicitaron su acogimiento ante la Jurisdicción, con el fin de darle trámite prioritario a dichas solicitudes”, explicó la JEP.AccionesEn octubre de 2019, junto a la Comisión de la Verdad, la JEP adelantó una serie de jornadas de escucha a víctimas de la Unión Patriótica en el Exilio; 16 informes de sobrevivientes exiliados en Europa, fueron recibidos en Ginebra, Suiza, relatando hechos, conductas y demandas de las víctimas, además de jornadas de escucha en Argentina y Canadá.De forma reciente, la JEP acreditó al partido político Unión Patriótica como víctima, con el que se les permitirá conocer el expediente del proceso, se han acreditado cuatro víctimas individuales y estudian 50 solicitudes más, mientras avanza en este macrocaso que es de los más recientes, y que busca esclarecer lo sucedido en el marco del conflicto armado interno.
El comité ejecutivo de la Unión Patriótica solicitó a la JEP citar al exministro de Defensa, general Rafael Samudio Molina, y demás funcionarios de la época para esclarecer los hechos sobre el exterminio del movimiento político.Tras conocer la columna del periodista Alberto Donadío, en el portal losdanieles.com, en el que precisa la presunta responsabilidad del expresidente Virgilio Barco y otros funcionarios de su gabinete, la Unión Patriótica solicitó a la JEP que cite a los altos mandos de la época para tener claridad sobre las graves denuncias.La organización dijo que lo que paso con la Unión Patriótica es lo mismo que está pasando en este Gobierno con los excombatientes de las Farc, los campesinos, indígenas y afrodescendientes. Señaló que se continúan ejecutando “con la complicidad de altas esferas del Estado” y con “los mismos métodos".
En una continuación de audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz, el brigadier general en retiro, Adolfo León Hernández, señalado de tener presunta responsabilidad en casos de falsos positivos cuando era el comandante del Batallón de Artillería número dos, ‘La Popa’, en Valledupar. Señaló que las presiones para obtener resultados operacionales eran constantes, indicando que venían desde “la alta cúpula”, hasta el comandante de brigada y, también por su parte, estando al frente de unidades, pero enmarcadas en la legalidad.De acuerdo con organizaciones de víctimas, Hernández Martínez estuvo al frente de ese batallón en el Cesar, desde donde se habría ordenado, al menos, 39 ejecuciones extrajudiciales y de ellas, no se logró la identidad de 13, 10 del sector vulnerable y cinco menores de edad, según explicó el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.Hernández expresó que las exigencias y presiones que recibía por parte del comando conjunto y del entonces mayor general Óscar González Peña, se daban, también, en medio de reuniones de comandantes. Además, por parte del comandante de la división, el brigadier general Luís Felipe Paredes, de quien dijo se manifestaba con esas instrucciones a través de programas radiales y explicó que, incluso, existen libros al respecto.“En esos programas se hablaba de la presencia de los bandidos, de las organizaciones armadas al margen de la ley, de las acciones que efectuaban y seguido de eso, del contexto en el que había enemigo, de que estaban haciendo lo que se les daba la gana y que se paseaban por el área, venía la exigencia de dónde están los resultados”, agregó.Sin indicar irregularidades dentro de las órdenes, manifestó que la presión del general Óscar González Peña, se ejercía en reuniones en las que mencionaba que lo más importante era dar de baja a “terroristas de las organizaciones armadas”, dijo que se trataba de una cultura del Ejército. Asimismo, añadió que a pesar de que hacia 2007 prevalecía la desmovilización, González Peña expresaba a través de frases lo que consideraba su lógica primaria.Añadió que nada que no alterara el orden y la lógica de la institución era permitido. A su vez, dijo que él ejercía presión, pero a través del estímulo, de manera positiva a sus subordinados con permisos, cursos y destacando a oficiales que se iban al exterior o incluso, viajes de bienestar en centros vacacionales, pero todo en el marco de la ley.Cuando fue cuestionado sobre eventuales relaciones con soldados, manifestó que solo tuvo cercanía con su conductor y su estafeta. Manifestó que no tuvo conocimiento de amenazas de oficiales que en versiones anteriores ante la JEP habían puesto en la mesa ese tipo de situaciones. A su vez, expresó que no tuvo inconvenientes y que, al contrario, recibía solicitudes de apoyo.En un informe presentado por varias organizaciones a la JEP, se detalló que fueron cometidos homicidios en Valledupar, Pueblo Bello, San Diego, Copey, Codazzi y Bosconia, y aducen que al comandar el batallón, tendría responsabilidad o al menos, conocimiento de esos hechos que fueron denunciados recurrentemente durante varios años, casi que de forma sistemática en diferentes regiones de Colombia, por lo que de manera insistente, se le ha pedido desde los representantes de víctimas que cuente, como compromiso al someterse al tribunal especial, quién dio las órdenes de estos hechos.Se le preguntó sobre reuniones con ganaderos de la región del Cesar, y aunque de manera afirmativa lo reconoció, dijo que esto se daba de manera normal, pues había una red de cooperantes del gremio con la que se realizaban encuentros, así como con otras comunidades, “para escuchar las apreciaciones de ellos en materia de seguridad, qué requerían, etc.”, dijo.Negó que se prestara seguridad privada a los ganaderos, que él no tenía negocios de ganado, señalando que no era ético y que no era presentable, porque podría generar conflictos de intereses.Sobre su decisión de retiro del Ejército, contó que fue tomada con su familia, que en 2016, cuando logró su propósito de ser general, consideró que ya había cumplido su ciclo en la institución, además de que la distancia con sus seres queridos fue importante para que diera un paso al costado.Recordó que, al llegar a la institución, lo más importante para el Ejército eran las bajas en combate y neutralizar a quienes estuvieran al margen de la ley, pero que no hacía parte de un contexto de un batallón, sino en general, e hizo relación a una directiva de noviembre de 2007, que fue socializada a través de los programas radiales que iban encaminados a la importancia de las desmovilizaciones por encima de las muertes en combate.Por último, se comprometió a entregar documentación que sirva como soporte para contrastar las diferentes versiones en su compromiso por contar la verdad de lo sucedido en el marco del conflicto y, se espera que ese material sirva como sustento para la magistratura en los futuros escritos de acusación y determinaciones que lleven al caso.
Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación del Posconflicto, habló en Mañanas BLU sobre el plazo que vence este jueves, para que las Farc entregué los recursos para indemnizar a las víctimas. "Lo que tenemos hasta ahora es un inventario, un balance donde ellos en su propio inventario incluyeron bienes por más de un billón de pesos. De esos, alrededor de 500.000 millones de pesos eran cosas que no se podían utilizar nunca en favor de reparación de las víctimas, como carreteras, campañas de vacunación, cosas de ese estilo. Eso nos dejaba alrededor de $ 500.000 millones de pesos y de estos hemos podido monetizar en este momento alrededor de 50.000 millones de pesos", indicó el funcionario. "Estamos pendientes de las validaciones de títulos, alrededor del 10 % de eso", añadió. Archila se refirió a los distintos escenarios que podrían darse si las Farc no reparan a sus víctimas. "De aquí, seguirían cuatro rutas. Enviar un informe a la JEP y la Fiscalía, son ellos quienes pueden establecer si hay consecuencias individuales", dijo el consejero. "De otra parte, lo mismo que existen instancias donde se hace el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Gobierno, lo que cumplimos de parte del Estado. Vamos a presentar este reporte a ellos para lo que corresponda", añadió. "Lo más importante son las víctimas. Ahí está la disposición a que si en algún momento, aún extemporáneamente quieren aportar más bienes, obviamente los recibiríamos y vamos a continuar trabajando en la extinción del dominio de los bienes que no fueron incluidos dentro del inventario", complementó. Escuche al consejero Emilio Archila en entrevista con Mañanas BLU:
En audiencia ante la JEP, Pastor Alape, dirigente de la FARC, dijo que la extinta guerrilla cumplió con la obligación de reportar sus bienes en el inventario, pero que el Gobierno no ha cumplido su parte de custodiarlos.Según su testimonio, los bienes están disminuyendo con el paso de los años porque los están hurtando, los están tomando grupos armados organizados o se están deteriorando.“Desde el momento de entrega del inventario en el año 2017, los bienes han sido objeto de hurto, perdida y/o deterioro por abandono, o han sido apropiados por grupos armados ilegales. En este sentido, teniendo en cuenta que los firmantes del acuerdo abandonamos los territorios que ocupábamos como integrantes de una organización insurgente en confrontación con el Estado, y ante la ausencia del Estado pues es apenas lógico que se presenten situaciones que afecten el inventario entregado”, añadió.Por otro lado, dijo que el exfiscal Néstor Humberto Martínez obstruyó el proceso para que los bienes que les fueran extinguidos pasaran al patrimonio autónomo por lo que le hizo esa misma solicitud a la nueva administración.Finalmente, dijo que el Gobierno expidió el decreto en el que se establece como plazo máximo la entrega de bienes el 31 de diciembre y que es “el mismo decreto el que induce al incumplimiento de los exintegrantes de las Farc porque el Estado colombiano no tiene cómo garantizar el proceso”.
La Jurisdicción Especial para La Paz citó a Pastor Alape el próximo 23 de diciembre para que informe de manera detallada el estado actual del proceso de inventario y gestión de los bienes de las FARC-EP, y “las dificultades que, en su concepto, se han presentado en ese proceso y los esfuerzos que se han adelantado para superarlas”.Esta citación se da luego de que, en mayo pasado, tanto Alape como el máximo líder del partido Farc, Rodrigo Londoño, enviaran un memorial en su calidad de suscriptores del inventario de la antigua guerrilla y pidieron ser escuchados sobre la situación de los bienes, en el marco del ultimátum del Gobierno Nacional que puso como plazo el 31 de diciembre para que entreguen todos los bienes de cuando estaban en armas.Según expresaron, el Gobierno no ha puesto en marcha las acciones que garanticen la seguridad de dichos bienes que previamente habían sido inventariados y “su respectiva incorporación a los fondos de reparación de víctimas y, por el contrario, ha puesto estas obligaciones en cabeza de los solicitantes”.Aseverando que han sido responsables en el cumplimiento suscribieron esta solicitud para que el tribunal especial los escuche y será solo Alape quien asista, en representación del partido, pues Rodrigo Londoño tiene problemas de salud.
La Alcaldía de Cali continúa con las medidas para frenar el número de contagios por coronavirus en la capital del Valle del Cauca. Por ello, para este domingo 24 de enero la medida de pico y cédula aplica para los ciudadanos cuyo documento de identidad termine en número impar (1,3,5,7,9).¿Qué puede hacer cuando le toque pico y cédula?Para quienes les aplique el pico y cédula este domingo pueden ingresar a centros comerciales, entidades financieras, notariales y de atención al ciudadano.¿Para qué establecimientos rige la medida?La medida rige tanto para establecimientos públicos y privados. Quienes incumplan con la norma no podrán ingresar a dichos sitios.Cabe recordar que en la ciudad también habrá ley seca desde el 23 hasta el 26 de enero a partir de las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana.
Este domingo 24 de enero, en Bogotá la medida de pico y cédula aplica para los ciudadanos cuyo documento de identidad termine en números par, es decir, las personas cuyo digito termine en 2,4,6,8 y 0 no podrán salir o ser atendidos en ciertos establecimientos de acuerdo a las demás restricciones.Cabe recordar que desde el viernes 22 de enero empezó a regir en la capital del país una cuarentena total, medida adoptada por la Alcaldía de Bogotá para reducir los contagios de COVID.Lo anterior quiere decir que las cédulas terminadas en números impares podrán acceder a establecimientos comerciales donde se realicen actividades como adquisición y pago de bienes y servicios.Medidas en Bogotá para este fin de semanaTal y como venía funcionando, se decretó una cuarentena total de nuevo en toda Bogotá durante este fin de semana. Inicia este viernes 22 de enero a las 8:00 de la noche y finaliza el lunes 25 de enero a las 4:00 de la mañana.Entre tanto, las localidades de San Cristóbal, Usme, Bosa, Tunjuelito, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar seguirán en cuarentena hasta la medianoche del 28 de enero.También continúa aplicándose la medida de pico y cédula y restricción a la venta y consumo de licor (menos domicilio).
La Alcaldía de Medellín informó que el pico y cédula en la ciudad empezó a regir desde el miércoles 20 de enero y va hasta el martes 26 de enero preliminarmente.Este domingo 24 de enero, la medida de pico y cédula para los ciudadanos que deseen salir será para los quienes su documento de identidad termine en números pares (0,2,4,6,8), así lo determinó la Alcaldía de Medellín.¿Qué se puede hacer mientras apliquen estas restricciones?Los ciudadanos podrán realizar diligencias en establecimientos de comercio, compra de productos, actividades bancarias, financieras y notariales, atención al ciudadano en entidades públicas y privadas, entre otros.
Las autoridades en Bucaramanga extendieron las medidas de restricción hasta el 5 de febrero ante el aumento de casos de coronavirus en la ciudad.A eso se suma que se mantendrá el pico y cédula. Este domingo 24 de enero, podrán salir a realizar diligencias en bancos, supermercados, centros comerciales, entre otros establecimientos con atención al público, las personas cuya cédula termine en números pares (0, 2, 4, 6, 8).Toque de queda y ley secaEsta medida aplicará desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana en los 87 municipios de Santander.Otras restriccionesTambién se restringen procedimientos quirúrgicos complementarios no urgentes y cirugías estéticas y se intensificará la estrategia PRASS en toda el área metropolitana de Bucaramanga y municipios de alta afectación de COVID-19 en Santander.
Bogotá sigue siendo la ciudad que puntea en la lista de casos y muertes por coronavirus en Colombia. En el último reporte se registraron 5.591 nuevos contagios y un total de 144 fallecimientos a causa de la enfermedad, siendo la cifra más alta. Frente a esto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció lamentando la cifra récord de muertes en la capital del país, al mismo tiempo que dio un parte positivo sobre la ocupación de UCI. “Tenemos un segundo día en el transcurso de esta semana en el que tenemos más egresos que ingresos a unidades de cuidado intensivo y bajamos la ocupación UCI del 93.5% en el que estaba al 92.2%”, afirmó.Asimismo, indicó que “el CRUE sigue teniendo una tendencia a la baja en el número de solicitudes nuevas”.Agregó que estas cifras demuestran que las cuarentenas localizadas y generales de los fines de semana han dado resultados y han logrado contener la emergencia hospitalaria en Bogotá.Bogotá ya tiene un acumulado de 587.675 casos de coronavirus y un total de 11.787 fallecidos, siendo la ciudad más afectada por el virus en el país.