En su más reciente decisión sobre el subcaso Meta del Caso 03, la Jurisdicción Especial para la Paz determinó que, entre 2002 y 2007, miembros del Ejército Nacional manipularon la participación de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en varias operaciones militares que terminaron con civiles muertos presentados como supuestos combatientes.
Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, las aeronaves de la FAC realizaron apoyos aéreos cercanos, bombardeos y sobrevuelos en zonas donde posteriormente el Ejército reportó enfrentamientos, sin que en realidad existieran combates.
La JEP subrayó que no hay pruebas de que los pilotos o comandantes de la FAC hubieran actuado con dolo o conocimiento de la falsedad. Por el contrario, consideró plausible que los miembros de la Fuerza Aérea fueran manipulados por los oficiales del Ejército, quienes usaban su respaldo para dar un ropaje de legalidad a acciones criminales.
Un testimonio recogido dentro del proceso ilustra con precisión ese patrón. En San Juan de Arama, un comandante del Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas (BIVAR), identificado como el coronel Capulla, ordenó a su jefe de operaciones, el mayor Lizarazo, trasladar un pelotón hacia una zona rural. En lugar de enviar a las tropas más cercanas, movilizó a hombres vinculados al plan de ejecuciones y, una vez en el terreno, pidió apoyo aéreo simulando un combate.
“Lizarazo pidió apoyo aéreo cercano, decía que lo estaban bombardeando, que necesitaban apoyo. Desde el batallón enviaron la solicitud a la brigada y luego a la división. Durante ese día hubo varios sobrevuelos: primero los Tucano dispararon y se fueron; después, helicópteros abrieron fuego. Incluso una volqueta usada por el batallón fue destruida por error. Al otro día, el Ejército reportó muertos en combate y el vehículo destruido como resultado de una operación militar”, relató uno de los testigos ante la JEP.
Para la Jurisdicción, este tipo de casos demuestra cómo las solicitudes de apoyo aéreo fueron instrumentalizadas para simular combates inexistentes y así legitimar falsos positivos. Las unidades del Ejército responsables de los hechos, como el BIVAR y el Gaula Meta, aprovecharon la intervención de la FAC para reforzar sus informes operacionales y presentar los resultados como victorias legítimas.
La JEP no imputó cargos a integrantes de la Fuerza Aérea, pero dejó abierta la posibilidad de investigar si en futuras pruebas se evidencia conocimiento o colaboración consciente. Por ahora, la conclusión es contundente: el Ejército utilizó el respaldo de la FAC como fachada para encubrir asesinatos de civiles y consolidar el patrón criminal que operó en Meta durante los años más críticos del conflicto armado.
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