La Fiscalía condenó a Yarleny Muñoz Franco a 55 años de prisión por su participación en un caso de ejecuciones extrajudiciales ocurrido el 3 de julio de 2009 en el Cauca. El ente acusador demostró que la mujer engañó a tres jóvenes con falsas promesas de trabajo para llevarlos al lugar donde fueron asesinados y posteriormente presentados como integrantes de las Farc muertos en combate.La condenada contactó a las víctimas, dedicadas a labores de construcción y pertenecientes a una población vulnerable, y las convenció de trasladarse hasta la vereda Campamento, en zona rural de Puracé, con la promesa de un empleo. Según las pruebas presentadas en el juicio, una vez llegaron al lugar, fueron interceptados por tropas del Batallón de Alta Montaña Número 4 del Ejército Nacional, asesinados y reportados falsamente como guerrilleros muertos en combate.La Fiscalía confirmó que los jóvenes estaban desarmados, que no existió ningún enfrentamiento y que no pertenecían a ningún grupo armado ilegal. Además, al día siguiente de los hechos, Muñoz acudió a una unidad militar, donde afirmó falsamente que pertenecía a las Farc y que las víctimas eran sus compañeros. Con esa versión obtuvo una certificación como desmovilizada, la cual le fue retirada meses después al comprobarse que nunca hizo parte de esa organización.El juzgado la declaró responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y fraude procesal. Además de la pena de prisión, fue condenada al pago de una multa equivalente a 4.074 salarios mínimos legales mensuales vigentes, quedó inhabilitada para ejercer funciones públicas durante 20 años y el juez ordenó su captura inmediata para que cumpla la condena.
En el tercer día de la audiencia que se adelanta en Valledupar, tres generales del Ejército Nacional y otros 22 militares comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. Durante la diligencia, el mayor general en retiro Jorge Enrique Navarrete reconoció que las presiones e incentivos que impuso cuando comandó el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 Juan José Rondón contribuyeron a la comisión de 28 ejecuciones extrajudiciales."Reconozco que contribuí a generar condiciones que facilitaron la comisión de delitos, mediante exigencias y presiones dirigidas a mis subalternos para obtener resultados operacionales representados en muertes en combate. En una distorsión inaceptable del deber institucional, permití que la muerte fuera tratada como un indicador de éxito", afirmó Navarrete.Le puede interesar: JEP resolvió la situación jurídica de 39 exmilitares vinculados a falsos positivos en AntioquiaEl mayor general en retiro aceptó su responsabilidad en la configuración del aparato criminal dentro del Grupo Juan José Rondón, que permitió la comisión de estos crímenes. Entre las prácticas que reconoció estuvo la promoción de estímulos, felicitaciones y permisos asociados a los resultados operacionales, es decir, al número de presuntos integrantes de grupos armados reportados como muertos en combate.Los tres generales del Ejército y los otros 22 militares reconocen su responsabilidad después de haber sido imputados por la JEP, en marzo de 2025, por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con 604 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008 en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Entre las víctimas había 31 personas pertenecientes a pueblos indígenas, 26 niños y niñas, 14 mujeres, una de ellas embarazada, y cerca de 120 personas que aún no han sido identificadas."Si supieran la vergüenza que siento al pararme aquí, ante los ojos del mundo, a reconocer que no solo fallé, sino que facilité la ocurrencia de tanta crueldad (...) Fui yo quien falló en contener esa maquinaria de muerte. Ese dolor que causé me acompañará por el resto de mi vida", concluyó Navarrete.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que asciende a 54 los cuerpos de personas no identificadas recuperados en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila. Estos hallazgos fueron resultado de las intervenciones forenses adelantadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas con el apoyo de comparecientes de la Fuerza Pública imputados en el Caso 03 de la JEP, que investiga las ejecuciones extrajudiciales.En la cuarta fase de intervención, las labores contaron con la participación de diez comparecientes que reconocieron su responsabilidad por estos crímenes y realizaron trabajos de adecuación del terreno para facilitar el ingreso de los equipos forenses. Los comparecientes retiraron cerca de 15 toneladas de guadua y despejaron aproximadamente 850 metros cuadrados, lo que permitió avanzar en seis puntos de interés forense.En la última intervención desarrollada entre el 10 y el 19 de junio, fueron recuperados 13 cuerpos. Además, tres de los cuerpos recuperados cuentan con una orientación de identidad, información que ahora deberá ser confirmada mediante análisis científicos.Según la investigación humanitaria de la Unidad de Búsqueda, el cementerio de Pitalito es uno de los principales sitios de interés forense del sur del país. Allí habrían sido inhumadas alrededor de 107 personas fallecidas en hechos relacionados con el conflicto armado entre 1997 y 2012. Hasta el momento, nueve de los cuerpos recuperados han sido identificados y entregados dignamente a sus familias.
El domingo 26 de julio se inauguró, en la Estación de La Sabana de Bogotá, ubicada en la calle 13 #18-24, la exposición "6402+ Razones para no olvidar", un proyecto desarrollado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Macrocaso 03, en conjunto con MAFAPO (Madres de los Falsos Positivos de Colombia), organización de madres buscadoras con más de 18 años de trayectoria en la defensa de la memoria, la dignidad y la verdad.La iniciativa busca convertirse en un referente nacional de memoria participativa, dignidad y reparación simbólica."La muestra es el resultado de tres años de investigación, diálogo y creación colectiva liderados por el Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio, que desde 2023 acompañó el diseño conceptual, arquitectónico, museográfico y curatorial del futuro Parque Memorial 6402+ Razones para no olvidar, además de la investigación histórica y la producción de contenidos que hoy componen la exposición", afirmó Alejandra Sarria, líder del Grupo de Artes Plásticas del Ministerio de las Culturas.El proceso para desarrollar este proyecto en la Estación de La Sabana comenzó en 2025 y contó con acompañamiento técnico para la ejecución de la infraestructura, cuya construcción apenas inicia su materialización, con el apoyo del Grupo de Infraestructuras Culturales. Por ello, la jornada del 26 de julio marca la apertura de la exposición y representa una oportunidad para compartir con la ciudadanía los avances de este proceso de reparación simbólica construido junto a las víctimas.La programación incluyó recorridos guiados por la muestra, un performance de Eblin Grueso Cuero, la presentación del colectivo Madre Ya Regreso junto a TziTzi Barrantes, e intervenciones musicales de Cony Camelo, Diana Ángel y Missio Firemusic, vocalista de la agrupación Brigada Cero Tres. La jornada también contó con una olla comunitaria, una mesa de serigrafía y espacios de encuentro y diálogo con las madres de MAFAPO.
La Jurisdicción Especial para la Paz resolvió la situación jurídica de 39 exintegrantes de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (AFEUR No. 5), quienes estarían vinculados con casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en el Valle de Aburrá, Antioquia, entre 2004 y 2008.La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que concedió a los comparecientes el beneficio de renuncia a la persecución penal, figura prevista por la JEP para quienes no fueron identificados como máximos responsables y cumplieron con las condiciones del sistema transicional. Dicha medida implica la eliminación de antecedentes penales, el levantamiento de órdenes de captura y el archivo de investigaciones disciplinarias relacionadas con estos hechos.Los exmilitares según la Jurisdicción estuvieron involucrados en 10 hechos en los que 18 personas fueron asesinadas y posteriormente presentadas de manera fraudulenta como guerrilleros o integrantes de grupos armados muertos en combate.Según la JEP, antes de conceder el beneficio verificó que los comparecientes cumplieran con el régimen de condicionalidad, es decir, que aportaran verdad plena y detallada, reconocieran su responsabilidad, participaran en acciones de reparación a las víctimas y asumieran compromisos de no repetición. También realizaron actos de dignificación y ofrecieron disculpas a los familiares de las víctimas.El tribunal también destacó que 29 de los 39 comparecientes nunca habían sido investigados, procesados o condenados por estos hechos en la justicia ordinaria, pero ante la JEP admitieron por primera vez su participación y reconocieron su responsabilidad en cada uno de esos casos.La jurisdicción explicó que estos comparecientes no fueron considerados como máximos responsables porque no tuvieron un papel determinante en el diseño o ejecución de los patrones criminales investigados, razón por la cual hicieron parte de la denominada Ruta No Sancionatoria, con la que la JEP busca resolver la situación jurídica mediante un proceso restaurativo, garantizando los derechos de las víctimas.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, informó que tres generales retirados del Ejército Nacional y otros 22 militares reconocerán su responsabilidad dentro del proceso por asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas como bajas en combate.El anuncio hace parte del Subcaso Costa Caribe, una investigación en la que la JEP documentó una estructura criminal que operó en diferentes unidades militares de la región, específicamente en el Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, y que estaría relacionada con la presentación irregular de civiles como resultados operacionales.Según el tribunal, la investigación permitió imputar a 28 comparecientes por su presunta responsabilidad en 604 asesinatos y desapariciones forzadas. Entre los militares convocados a reconocer responsabilidad están los mayores generales (r) Hernán Giraldo Restrepo y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, así como el brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez, además de coroneles, mayores y otros integrantes retirados de la Fuerza Pública.La JEP señaló que estos hechos estuvieron relacionados con un patrón en el que algunos integrantes de unidades militares habrían presentado asesinatos y desapariciones como supuestas bajas en combate, en medio de una presión por justificar resultados operacionales contra grupos armados ilegales.De acuerdo con la investigación, el fenómeno se habría extendido a unidades militares de siete departamentos de la Costa Caribe. El tribunal estableció que, entre enero de 2002 y diciembre de 2008, fueron documentados cientos de casos y que una parte significativa de las bajas reportadas en algunas unidades correspondían a hechos que no ocurrieron en combate y que calificaron como asesinatos. Entre las víctimas hay 26 menores de edad, 31 integrantes de los Pueblos Indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo y 14 mujeres, una de ellas embarazada.La investigación de la JEP incluyó cientos de versiones de comparecientes, documentos judiciales, informes de entidades estatales y organizaciones de víctimas, además de miles de documentos recopilados durante el proceso.Además, la jurisdicción informó que ha adelantado acciones para proteger lugares donde podrían encontrarse víctimas de desaparición forzada, relacionadas con el Subcaso Costa Caribe. En estas labores se han recuperado 93 cuerpos y se han identificado 20 personas, de las cuales 18 fueron víctimas de crímenes cometidos por unidades militares en la región.La audiencia pública se realizará en dos jornadas, la primera se realizará en Barranquilla, el 30 de junio y 1 de julio de 2026, en donde comparecerán 10 personas, incluidos dos generales retirados y la segunda se hará en Valledupar, los días 28, 29 y 30 de julio, en donde, 25 comparecientes declararán sobre el patrón criminal documentado por la Sala.
La JEP impuso la primera sanción alternativa a un oficial del Ejército dentro del Caso 03. El teniente coronel (r) fue condenado por su responsabilidad en 31 casos de falsos positivos en Casanare y BoyacáLa condena de 5 años, 9 meses y un día de prisión fue impuesta al teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán por su responsabilidad en 31 casos de falsos positivos ocurridos entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006.Los hechos ocurrieron en el norte de Casanare y el suroriente de Boyacá, cuando el oficial se desempeñaba como comandante del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, adscrito a la Brigada XVI del Ejército.Las víctimas eran, en su mayoría, hombres jóvenes, campesinos y personas en condición de vulnerabilidad provenientes de Casanare, Boyacá, Arauca, Meta, Quindío y Santander.La JEP señaló que durante el periodo de comandancia de León Durán el 94,8 % de los resultados reportados por el batallón fueron ilegítimos. Incluso, la unidad llegó a registrar el mayor número de bajas dentro de la Brigada XVI.Aunque inicialmente negó los hechos y su caso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación, en 2025 el oficial decidió aceptar su responsabilidad.Durante una audiencia realizada en Yopal, reconoció que su firma en las órdenes de operaciones permitió que se ejecutaran los crímenes.La sentencia podrá ser apelada por las víctimas. Una vez quede ejecutoriada, se deberá establecer la disponibilidad de establecimientos militares para definir cuándo y dónde comenzará a cumplir la condena.
Tras verificar que aportaron verdad, reconocieron responsabilidad y adelantaron acciones restaurativas, la JEP remitió al Tribunal para la Paz a 29 exintegrantes de la fuerza pública señalados como máximos responsables de falsos positivos ocurridos en Huila entre 2005 y 2008.“La decisión envía el tribunal a un coronel, 11 tenientes coroneles, un teniente, 3 capitanes, 2 mayores, 6 suboficiales y 5 soldados profesionales retirados que reconocieron su máxima responsabilidad por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos entre los años 2005 y 2008 en el Huila”, señaló Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.La decisión incluye al coronel (r) Carlos Yair Salamanca, a los tenientes coroneles (r) Orlando Pico Rivera, Ricardo Andrés López, Jair Arias Sánchez, Faiver Coronado, Alejandro León, Mario Hernán Duarte, Luis Carlos Aguilera, Domingo Peña Cepeda y Ómar Oswaldo Ojeda; así como a los mayores (r) Leonardo Ayala, Felipe Andrés Ramírez, Francisco Adrián Álvarez, Ángel Fernando Carvajal y Julián Andrés Calderón.También fueron remitidos los capitanes (r) Miller Damián Forero, Jesús Mauricio Jiménez y Carlos Mahecha Bernal; los sargentos viceprimeros (r) Jhon Esteban Urueta, Desaix de Jesús Palomino y Fernando Riveros Sarmiento; los sargentos segundos (r) William Andrés Capera y Carlos Hernán Rodríguez; el cabo primero (r) José Roldán López; y los soldados profesionales (r) Luis Rodolfo Mulcué, Willinton Espinoza, Roberto Yesid Quintero, José Yaty Anacona y Francisco Javier Castañeda.Los comparecientes integraron unidades adscritas a la Novena Brigada del Ejército Nacional, entre ellas el Batallón Cacique Pigoanza, el Batallón Magdalena y la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11.La investigación permitió identificar tres patrones macrocriminales. El primero fue la estigmatización de las víctimas, quienes eran señaladas arbitrariamente de colaborar con grupos armados antes de ser asesinadas.El segundo consistió en el engaño de personas en condición de vulnerabilidad mediante falsas ofertas de trabajo o promesas económicas para trasladarlas a zonas donde posteriormente eran ejecutadas y reportadas como combatientes muertos.El tercero correspondió a la realización de operaciones ilegales sustentadas en denuncias falsas o información manipulada.Al explicar los hallazgos, la magistrada Catalina Díaz señaló que en el departamento se logró establecer “la ejecución de un plan criminal cuya finalidad fue exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados”, con el propósito de generar una falsa sensación de seguridad y obtener beneficios profesionales e institucionales.La JEP practicó 130 versiones voluntarias, siete testimonios y analizó expedientes judiciales, archivos militares e información aportada por organizaciones de víctimas.Según la jurisdicción, estos crímenes ocasionaron daños al buen nombre de las víctimas, afectaciones familiares y comunitarias, impactos emocionales y psicológicos, perjuicios económicos y afectaciones al tejido social.Como parte de las medidas restaurativas, los comparecientes han participado en jornadas de intervención en cementerios de Huila y Caquetá, labores que han permitido la recuperación de 71 cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Además, se adelantan iniciativas de memoria y acciones para restablecer públicamente el buen nombre de las víctimas.La JEP señaló que seis de los 36 militares retirados imputados en el Subcaso Huila fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, luego de que no reconocieran verdad ni responsabilidad por los hechos atribuidos.Se trata de los generales (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, Juan Carlos Figueroa García y Luis Fernando Rojas Espinosa; así como de los coroneles (r) Raúl Fernando Suárez del Río, José Joaquín González del Río y Edilberto Cortés Gómez.Durante la investigación, la JEP documentó 204 falsos positivos, 35 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio. Además, 434 víctimas fueron acreditadas dentro del Subcaso Huila.
Luego de más de dos décadas de incertidumbre, la familia de Orlando de Jesús Oquendo Úsuga finalmente pudo despedirse de él luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz les entregara los restos del joven campesino desaparecido en julio de 2004 en el corregimiento de Quiparadó de Dabeiba.Lo que se pudo conocer es que Orlando tenía apenas 19 años cuando desapareció y según las investigaciones adelantadas por la JEP, integrantes del Ejército Nacional lo asesinaron y posteriormente presentaron su cuerpo como el de un supuesto guerrillero muerto en combate, en uno de los casos asociados a los 'falsos positivos'.La identificación fue posible gracias a los aportes de verdad realizados por antiguos integrantes de la Fuerza Pública, quienes también suministraron información que permitió ubicar los restos del joven en el cementerio de Carepa, donde había sido sepultado como persona no identificada.Las pruebas genéticas realizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmaron su identidad gracias a las muestras biológicas entregadas por sus familiares y, además, el estudio también permitió establecer el vínculo biológico con su hijo, Sebastián Durango.Durante la ceremonia de entrega, familiares expresaron que el hallazgo representa el fin de una búsqueda marcada por el dolor y la esperanza, “para mí eso es un descanso. Saber que al menos enterramos el cuerpecito de él”, manifestó una de sus hermanas.Con la entrega de Orlando, ya son 18 las víctimas identificadas y restituidas a sus familias en Antioquia y Chocó dentro de este proceso judicial, y 25 en toda la región de Urabá.
A través de una respuesta oficial a un derecho de petición presentado por el ciudadano Juan José Serrano, en el que solicitó información sobre el estado de identificación de las víctimas investigadas dentro del Caso 03, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP entregó un balance sobre los avances relacionados con los ‘falsos positivos’.Según la respuesta, con corte a 2025, la JEP ha determinado judicialmente 2.374 víctimas dentro de los Autos de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 03.De ese total, 1.956 corresponden a personas plenamente identificadas, mientras que 418 continúan sin identificar.Se trata de víctimas respecto de las cuales la Sala ha adelantado un proceso de contrastación judicial que permitió establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, así como su relación con los patrones de macrocriminalidad investigados en los distintos subcasos territoriales.La información entregada también detalla la distribución de las víctimas determinadas por territorios. El mayor número corresponde al subcaso de la Costa Caribe, con 737 víctimas documentadas entre los dos periodos analizados. Le siguen Casanare, con 546 víctimas; Antioquia, con 507 casos entre los dos periodos investigados; Meta, con 209; Huila, con 208; Norte de Santander, con 120; y el caso conjunto de Dabeiba, con 47 víctimas.Cabe recordar que hace algunos meses la JEP actualizó el universo provisional de víctimas del Caso 03 tras ampliar el periodo de análisis e incorporar nuevas fuentes de información. Además, reportó 7.837 casos ocurridos entre 1990 y 2016.
Unos 400 cerdos fueron encontrados muertos en una granja de Austria, muchos de ellos en avanzado estado de descomposición, durante una inspección policial motivada por las denuncias de vecinos debido a los fuertes malos olores que provenían de la explotación.El hallazgo se produjo en una granja situada a unos 110 kilómetros al oeste de Viena, donde las autoridades también encontraron 88 animales que todavía estaban con vida. Los cerdos fueron retirados del lugar y trasladados a explotaciones cercanas para recibir atención.Las autoridades investigan ahora las condiciones en las que se encontraban los animales y las circunstancias que llevaron a la muerte de cientos de ejemplares. El propietario de la explotación fue denunciado por maltrato animal y la granja quedó clausurada.Investigan qué ocurrió con los cerdos muertosLa inspección comenzó después de que residentes de la zona alertaran sobre los malos olores procedentes de la granja. Al ingresar al establecimiento, los agentes encontraron una gran cantidad de animales muertos, algunos de ellos en avanzado estado de descomposición.De acuerdo con fuentes policiales citadas por la agencia austríaca APA, el responsable de la explotación gestionaba la granja por su cuenta. Las autoridades consideran que podría atravesar problemas psicológicos, aunque esta circunstancia forma parte de las primeras hipótesis y deberá ser determinada por las investigaciones correspondientes.Algunos medios locales señalan que el propietario podría haber dejado de alimentar a los animales desde comienzos de este año. Esta información todavía forma parte de las indagaciones sobre las condiciones en las que permanecieron los cerdos.Faltan cerca de 1.000 animales del registro oficialUno de los elementos que más ha llamado la atención de los investigadores es la diferencia entre el número de animales que figuraban en los registros oficiales y los encontrados durante la inspección.Según APA, alrededor de 1.000 cerdos no aparecen en el recuento realizado en la explotación. Además, los agentes localizaron huesos entre los restos hallados en la granja.Ante esta situación, las autoridades no descartan que algunos de los animales pudieran haber recurrido al canibalismo como consecuencia de la falta de alimento. Sin embargo, se trata de una hipótesis que deberá ser esclarecida mediante la investigación y las pruebas correspondientes.La presencia de los huesos y la ausencia de una parte importante de los animales registrados han llevado a los investigadores a ampliar las pesquisas para determinar qué ocurrió en la explotación.88 cerdos fueron encontrados con vidaEn medio de las condiciones detectadas en la granja, los equipos que participaron en la intervención encontraron 88 cerdos vivos. Los animales fueron retirados de la explotación y distribuidos en otras granjas de la zona, donde quedaron bajo resguardo después de que las autoridades clausuraran el establecimiento.La intervención permitió evitar que estos ejemplares permanecieran en las mismas condiciones que los animales que murieron. Las autoridades deberán determinar ahora el estado de salud de los animales supervivientes y establecer las circunstancias en las que permanecieron en la explotación.El propietario fue denunciado por maltrato animalEl responsable de la granja fue denunciado por maltrato animal, mientras que las instalaciones quedaron clausuradas tras la intervención policial. La investigación deberá establecer, entre otros aspectos, durante cuánto tiempo los animales estuvieron sin recibir alimentación adecuada, qué ocurrió con los ejemplares que no fueron encontrados y cuáles fueron las causas concretas de las muertes.El caso ha generado atención en Austria debido a la magnitud del hallazgo y a las condiciones en las que fueron localizados los animales. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.
La Lotería del Tolima oficializó este lunes el aplazamiento de su sorteo número 4182, el cual estaba programado para realizarse durante la jornada. La entidad informó que la determinación responde a una “calamidad presentada en Colombia” durante la mañana de hoy, aunque no ofreció detalles adicionales sobre la naturaleza específica del suceso que motivó la medida.A través de un comunicado oficial dirigido a distribuidores, vendedores, loteros y asesores comerciales, la organización precisó que la nueva fecha y hora para el desarrollo del sorteo aún están por confirmarse.Para tranquilidad de los apostadores y de la red de comercialización, la Lotería del Tolima aclaró que el sorteo se llevará a cabo utilizando exactamente la misma billetería que ya se encuentra en circulación. En consecuencia, la entidad subrayó que la venta de billetes y fracciones continuará abierta y plenamente vigente hasta que se establezca el nuevo cronograma para el evento.La dirección de la institución indicó que esta decisión se toma en cumplimiento de su compromiso con el “juego legal, la transparencia, el bienestar y la tranquilidad” de todos los integrantes de su familia comercial. Asimismo, la Lotería del Tolima habilitó la línea telefónica 3125929517 para atender cualquier inquietud o requerimiento de información adicional por parte de sus colaboradores y clientes.Precio del billete de la Lotería del TolimaEl billete de la Lotería del Tolima tiene un valor de $12.000 y está compuesto por tres fracciones de $4.000 cada una.El producto puede adquirirse en los puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos autorizados en Colombia, incluidos establecimientos de Efecty, Gelsa y Codesa.La Lotería del Tolima realiza sus sorteos todos los lunes a las 10:30 p. m. Si el lunes es festivo, el sorteo se lleva a cabo el martes, en el mismo horario.La transmisión puede seguirse a través del canal P&C de Ibagué y de la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima.
La Lotería de Cundinamarca anunció oficialmente que el sorteo número 4815, originalmente programado para este lunes 10 de agosto, fue pospuesto para el próximo viernes 14 de agosto. La entidad informó que la decisión responde a una "calamidad" ocurrida durante la mañana de hoy en el territorio colombiano, sin precisar detalles adicionales sobre la naturaleza del evento.Según el comunicado emitido por la entidad, el sorteo se llevará a cabo en su nuevo horario a las 11:15 p.m. La Lotería enfatizó que esta modificación en su calendario operativo busca salvaguardar su compromiso con el juego legal, la transparencia y el bienestar de sus apostadores en todo el país.Para los usuarios que requieran información adicional o tengan inquietudes sobre el proceso, la organización ha dispuesto el número de WhatsApp 313 800 3929 como canal directo de atención al cliente.¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?La Lotería de Cundinamarca realiza sus sorteos todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo, el sorteo se realiza el martes, también a las 10:30 p. m.La transmisión puede seguirse a través de la página oficial de Facebook de la Lotería de Cundinamarca.Los billetes se comercializan mediante canales autorizados como Lottired, Loti Colombi y Paga Todo, además de los puntos físicos habilitados por esta última red.Más de dos siglos de historiaLa Lotería de Cundinamarca tiene una trayectoria que se remonta al 16 de febrero de 1812, fecha en la que realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca.Con más de dos siglos de historia, se mantiene como una de las loterías con mayor tradición en Colombia.
La tierra sigue temblando en territorio colombiano, en los últimos minutos se presentaron dos sismos en el Pacífico, el primero a las 2:52 de la mañana de magnitud 3.2 con epicentro en Itsmina, Chocó, el segundo a las 4:03 de la mañana, de magnitud 3.1 en el Océano Pacífico. Terremoto en Colombia deja al menos 132 muertos, hospitales desbordados y toques de quedaAl menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia, donde decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.Pereira, capital del departamento de Risaralda y una de las ciudades más cercanas a San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).La cifra recoge únicamente el balance de las capitales del país, por lo que no incluye los muertos y heridos registrados en municipios y localidades aledañas, donde también se reportaron colapsos de edificios y daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia están entre las ciudades más golpeadas por el terremoto, que obligó al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, quien asumió el cargo hace solo tres días, a declarar la situación de "desastre nacional".El terremoto se produjo a las 07:34 de la mañana y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).El movimiento telúrico se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y oeste del país, así como en Ecuador, Panamá y Venezuela.
La sostenibilidad en la industria hotelera ha dejado de medirse únicamente por indicadores ambientales. Aunque la reducción del consumo de agua, energía o plásticos sigue siendo una prioridad, cada vez cobra más fuerza un enfoque que también busca generar oportunidades para las comunidades, promover la inclusión laboral y fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones sociales.Así lo explicó Agustina Nadellini, líder de Up for People en América, quien considera que el reto del sector es demostrar que la sostenibilidad no puede limitarse al discurso, sino traducirse en acciones que tengan un impacto real sobre las personas.Uno de los ejes de este modelo es el voluntariado corporativo. A través de diferentes jornadas durante el año, colaboradores participan en actividades con fundaciones que apoyan a niños en condición de vulnerabilidad, entregando alimentos, juguetes y otros insumos. A esto se suman iniciativas de economía circular, en las que la ropa donada por los propios empleados se intercambia por alimentos no perecederos que posteriormente son destinados a organizaciones sociales.La inclusión laboral también hace parte de esta transformación. En Colombia, por ejemplo, se desarrollan programas que facilitan el acceso al empleo de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual, en alianza con fundaciones especializadas. El propósito es ofrecer oportunidades de trabajo formal que contribuyan a su autonomía económica y a una mayor inclusión en el mercado laboral.Otra de las iniciativas busca brindar apoyo a familias con niños que deben desplazarse para recibir tratamientos médicos o cumplir actividades organizadas por fundaciones. La idea es que los menores puedan permanecer acompañados por sus familiares durante estos procesos, aprovechando la infraestructura hotelera como una herramienta de apoyo.Nadellini explicó que el impacto de estos programas se mide a través de indicadores como el número de beneficiarios, voluntarios y donaciones, además de la capacidad de adaptar las iniciativas a las necesidades específicas de cada comunidad.Este modelo hace parte de la estrategia de sostenibilidad de Minor Hotels, que divide su trabajo entre los programas Up for Planet, enfocado en el cuidado del medio ambiente, y Up for People, orientado al desarrollo de las comunidades. "La sostenibilidad llegó para quedarse. No solo se trata de cuidar el planeta, sino también de construir comunidades más fuertes, inclusivas y con mejores oportunidades para las futuras generaciones", concluyó Nadellini.