La Policía y la Fiscalía realizaron la extinción de dominio de 13 bienes de Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias 'Zeus', el exmilitar acusado de casos de falsos positivos que se fugó de una estación de Policía en Cúcuta tras ser capturado en abril de este año.Los bienes, de acuerdo con las autoridades, están avaluados comercialmente en $11.710 millones y están ubicados en el municipio de Yondó, Antioquia; Puerto Boyacá, Boyacá; y en Bogotá. Todos estos bienes estaban a nombre de su pareja sentimental, su excónyuge y su hija.El 10 de abril de 2024, alias 'Zeus' fue capturado en flagrancia en inmediaciones de la vía que conduce de Pamplona a Cúcuta, mientras traficaba armas y explosivos. Una vez judicializado, fue recluido en la Estación de Policía Centro de la ciudad de San José de Cúcuta, de donde se fugó el 21 de abril y actualmente se encuentra prófugo de la justicia."Según los análisis y rastreos financieros realizados por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias 'Zeus', desde el año 2005 se dedicaba a la compra y venta ilegal de armas de fuego, material explosivo y a la comercialización de estupefacientes con diferentes estructuras criminales organizadas que delinquen en Colombia", indicó el coronel Hebert Mejía, director de investigación criminal (e) de la Policía.Alias 'Zeus' había sido capturado el 25 de octubre de 2005 en un operativo en la ciudad de Bogotá con 200 kilos de cocaína en su poder, por lo que fue condenado el 1 de diciembre de 2005 a 12 años de prisión por narcotráfico, tráfico de armas, utilización ilegal de uniformes y falsedad marcaria.En total, se le hizo extinción de dominio a dos fincas, una casa, un apartamento, un garaje y ocho vehículos. Entre estos, había dos fincas ganaderas con más de 500 hectáreas de extensión ubicadas en el Magdalena Medio y una camioneta blindada de alta gama.
El coronel en retiro Luis Fernando Borja Aristizábal fue comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre y aceptó ante la JEP su responsabilidad en al menos 70 casos de ejecuciones extrajudiciales.Este miércoles 11 de septiembre, participó en el evento el diálogo restaura en la Universidad Javeriana de Cali. Allí, Borja aseguró que los falsos positivos podrían ser más de 10.000.“En estas ejecuciones extrajudiciales dice la justicia que fueron 6.402, yo he dicho que pueden llegar a más de 10.000 porque las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos a personas civiles inocentes siempre existieron, pero con otro nombre; todos participamos y todos sabíamos”, señaló Borja.En este evento también estuvo presente Rodrigo Londoño, quien fue el último comandante de las extintas Farc y era conocido como Timochenko.“No hay estrategias muy claras en función de la paz total, debemos exigirle al Gobierno, que sabemos que está convencido y tiene voluntad de paz, que elabore una estrategia escuchando a la sociedad y a las víctimas. Si hay una falencia de que nos quejamos es que este Gobierno no tomó como punto de referencia nuestro acuerdo, lo está tomando ahora, después de 2 años”, señaló Londoño.
La decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP tuvo en cuenta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata puntualmente de los soldados en retiro Leonardo Prieto Cáceres y Luis Felipe Villamizar Anaya, ambos involucrados en el asesinato de Gustavo Giraldo Villamizar Durán.Los hechos ocurrieron el 11 de agosto de 1996, cuando Villamizar se desplazaba hacia Puerto Contreras, en la carretera que conduce a Saravena en Arauca. Allí, miembros del Grupo de Caballería Mecanizado N.°18 ‘General Gabriel Revéiz Pizarro’, al cual pertenecía el soldado profesional (r) Prieto Cáceres, dispararon con sus armas de dotación contra Villamizar cuando se este transportaba en una motocicleta.Posteriormente, la sentencia de la Corte IDH afirmó que Villamizar y las otras cinco víctimas no eran miembros de la guerrilla ni de grupos armados ilegales y fueron asesinadas bajo la dinámica de los llamados falsos positivos.Hay que mencionar que estos hechos fueron objeto de análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de una demanda presentada por las víctimas contra el Estado colombiano. En la sentencia del caso denominado 'Gustavo Giraldo Villamizar Durán y Otros', que reúne a otras cinco víctimas, expedida el 20 de noviembre de 2018.Luego de eso, la Corte IDH concluyó, que los hechos fueron de conocimiento de la Justicia Penal Militar y se incumplió con el deber de investigar con la debida diligencia.
El general en retiro Henry William Torres Escalante, quien fue comandante de la Brigada XVI con sede en Yopal, Casanare, aceptó su responsabilidad en casos de falsos positivos ocurridos durante su mando en esa unidad militar. El pasado 23 de julio, Torres envió un documento a la JEP solicitando la organización de un espacio con las víctimas, con el propósito de entregar una medalla que le fue otorgada por los resultados operacionales obtenidos durante su comandancia en dicha brigada.Una vez se conoció la decisión del general, la Asociación de Víctimas de Casanare para la Paz (Casa-Paz) envió un documento a la JEP expresando su postura sobre el tema. En primer lugar, las víctimas aseguran que Torres Escalante no ha cumplido con sus compromisos, ya que sus aportes a la verdad han sido incompletos."Lo anterior se sustenta en su amplio rechazo a aceptar responsabilidad por delitos cometidos en calidad de autor, es decir, por su acción y no por simple omisión. Esto se debe a que tuvo todas las herramientas y el poder para intervenir, dar órdenes y movilizar completamente el aparato criminal que, desde la Brigada XVI, ejecutó delitos como concierto para delinquir, secuestro agravado, tortura, homicidio de persona protegida, entre otros tantos, convirtiendo a Casanare en un capítulo más del genocidio en Colombia contra la población campesina y vulnerable entre los años 2005 y 2008", se lee en el documento enviado a la JEP.La organización también advierte a la jurisdicción que Torres Escalante no ha esclarecido las amenazas contra el entonces Defensor del Pueblo, Mauricio Mojica, quien denunció las ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, recuerdan que el general fue imputado por la Fiscalía por otros casos de homicidios que, según las víctimas, él no ha podido desvirtuar. Por ello, piden que no se realice la entrega de la medalla hasta que el general amplíe su aporte a la verdad."Por tanto, la entrega de la Medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público no satisface los vacíos de verdad y aceptación de responsabilidad en crímenes de lesa humanidad en Casanare. Estos vacíos deben ser ampliamente llenados. La entrega de dicha medalla debería estar condicionada a un aporte de verdad oportuno, amplio y suficiente por parte de Henry William Torres Escalante, en nombre de cada una de las víctimas y sus familias, aceptando sus crímenes, así como la naturaleza, magnitud y duración del daño ocasionado, y reconociendo los impactos directos e indirectos causados a la sociedad casanareña, asumiendo su culpa de manera pública. No debe limitarse a una referencia abstracta a 'las víctimas' a quienes ha causado 'un daño', sino que la sociedad debe conocer los pormenores de sus crímenes, con la finalidad de restituir el buen nombre de las víctimas y cesar la estigmatización a la que hemos sido sometidos durante más de dieciocho años como resultado de los crímenes cometidos por Henry William Torres Escalante", explicó la organización en el documento.Finalmente, desde la organización aseguran que Torres Escalante ha despreciado la dignidad de las víctimas al aceptar su responsabilidad solo por omisión en los casos de ejecuciones extrajudiciales."En consecuencia, percibimos la aceptación de responsabilidad por omisión de Henry William Torres Escalante como una burla a la dignidad y la memoria de las víctimas por parte de uno de los máximos responsables dentro del aparato criminal conformado en Casanare, integrado por el Ejército Nacional de Colombia, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), reinsertados y paramilitares, por solo mencionar algunos actores", advirtieron las víctimas a la JEP.
Aunque escucharon las palabras de perdón que tanto anhelaron por parte del Estado colombiano por las ejecuciones extrajudiciales de las que fueron víctimas sus seres queridos, las familias siguen esperando una reparación económica por parte del Gobierno.De hecho, así lo reclamó en nombre de al menos 17 familias el abogado Javier Villegas, quien aunque representa a 26 de los 35 casos de los llamados falsos positivos en los que en un acto las fuerzas militares aceptaron su responsabilidad, manifestó que para esa cantidad aún no han llegado los recursos económicos y que estos gestos deben estar acompañados de reparaciones económicas.“No han sido reparadas en debida forma. Algunos desde hace cuatro o cinco años están a la espera de que el Estado cumpla con la obligación de reparar a las familias en debida forma. Por lo tanto, estos actos, sin esos actos de reparación reales y efectivos, adolecen y quedan incompletos y revictimizan de cierta manera a las víctimas”, manifestó Villegas. Ante este panorama en el que algunas familias llevan seis años esperando a que sean compensados económicamente, en cumplimiento de las sentencias, el ministro Iván Velásquez señaló que están en trámite y que trabajan en un grupo de liquidación de sentencias para cumplirles a las víctimas."Desde principios de año la conformación de un grupo especial de liquidación de sentencias con el propósito que podamos acelerar (...) No es posible, ni siquiera en la situación de hechos de tanta gravedad como estos de las ejecuciones extrajudiciales, puedan irrespetarse esos turnos", dijo el ministro.Para el abogado Villegas, estos recursos debieron haber llegado a las familias desde antes de este acto de perdón, que se llevó a cabo en el Museo Casa de la Memoria en Medellín este miércoles. Por lo pronto, ya fueron presentadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ocho denuncias, con más de 15 casos de falsos positivos.Según la Jurisdicción Especial para la Paz, solo entre 2002 y 2008, en Antioquia, se registraron 1.611 casos de ejecuciones extrajudiciales, representando un 25% del total de víctimas ocurridas en el país durante esos años.A la fecha, 4.000 exintegrantes de la fuerza pública se han sometido a esta Jurisdicción, mientras que nueve militares han sido imputados en el subcaso Antioquia, entre ellos el general (retirado) Mario Montoya, por 130 ‘falsos positivos’ en el oriente de este departamento.
Con la presencia del ministro de Defensa y el comandante del Ejército Nacional, el Estado realizó un acto público en el que reconoció la responsabilidad de miembros de la fuerza pública en la muerte de 35 personas que fueron desaparecidas o ejecutadas extrajudicialmente entre los años 1998 y 2009 en diferentes zonas de Antioquia.Municipios como Rionegro, Caldas, Santa Fe de Antioquia, Briceño, Carepa, Apartadó, Cocorná, Anorí, Yarumal, entre otros, fueron los epicentros de graves violaciones a los derechos humanos.En cada una de sus intervenciones las familias de las victimas, algunos en medio de lágrimas, recordaron sus casos, pidieron justicia, resarcir el nombre de sus seres queridos y garantías de no repetición.Esto dijo Isabel Giraldo, hija de Omar de Jesús Gutiérrez, desaparecido en agosto de 2004 en el municipio de Abejorral."Lo que yo quiero y mi familia quiere es que el nombre de él quede limpiro porque él no era la persona que decían que era. Yo, su famiñlia y todo el pueblo decimos que era un hombre maravilloso", intervino Giraldo.Otras personas como María Consuelo García, quien perdió a uno de sus hijos en estos hechos, recalcó que ha habido una revictimización por parte de la justicia, pues su persistencia para buscar la verdad es lo que les ha permitido encontrar algún tipo de reparación."Nuestros procesos se envejecían de fiscalía en fiscalía. Yo tenía el corazón en la mano siempre, llena de angustia, de horror de la poca colaboración que recibismos en esa época. Si no hubiera sido por nosotros jamás hubiéramos encontrado a nuestros hijos", declaró García.El ministro Iván Velásquez reconoció en el evento que todo lo ocurrido se trató de una práctica sistemática y que debe avergonzarnos como ciudadanos."Esta terrible, vergonzosa práctica ante el mundo como ciudadano y como ministro me avergüenza y debe avergonzarnos a todos. Situaciones que hemos conocido como falsos positivos, verdaderas ejecuciones extrajudiciales, muchas de ellas ocurridas en este departamento", aseguró el funcionario.Según cifras de la JEP, entre 1998 y 2009 en Antioquia se produjeron un total de 1.611 casos de falsos positivos, que representaron la cuarta parte de hechos en el país ocurridos en ese periodo.
La Justicia Especial para la Paz, JEP, expulsó al mayor (r) Juan Carlos Rodríguez, alias 'Zeus', tras varios incumplimientos con esa jurisdicción y al determinarse, además, que había regresado a un grupo ilegal.El hecho detonante ocurrió el pasado 10 de abril cuando Rodríguez fue detenido en una vía en Norte de Santander con explosivos, granadas y municiones en su poder. En ese momento fue judicializado y enviado a estación Central de la Policía en Cúcuta, sin embargo, 11 días después, el 21 de abril, se fugó y hoy su paradero es desconocido.Estos comportamientos, sumado que no se presentó a la JEP cuando fue requerido, llevó a la expulsión y retiro de su rol como compareciente en el caso 03 que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.“Se considera que la violación del señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo es grave y realmente constituye un incumplimiento a los fundamentos del acuerdo de paz, debido a que se cuentan con bases suficientes para entender que el incidentado retomó la vida armada”, argumentó el magistrado Alejandro Ramelli.Otro de los motivos para tomar la decisión es que la JEP encontró suficientes elementos para determinar que alias 'Zeus' volvió a delinquir al hacer parte y liderar un grupo organizado delincuencial, así como la posesión de recursos económicos para planear su fuga, por eso también le pidió a la Fiscalía iniciar una nueva investigación contra el militar retirado.La expulsión hace que las órdenes de captura y demás procesos sean reactivados de inmediato, y pierde beneficios como la libertad condicionada.La JEP puntualizó que esta decisión no afectará la información aportada ni el reconocimiento de responsabilidades que hizo Rodríguez en 10 sesiones en el marco de los presuntos casos de falsos positivos ocurridos en Meta cuando hizo parte de la Séptima Brigada del Ejército y en homicidios de militantes de la Unión Patriótica; los hechos siguen bajo investigación.
El Ministro de Defensa y altos mandos militares pedirán excusas públicas por más de 30 ejecuciones extrajudiciales en Antioquia. En el acto, que se llevará a cabo este miércoles, familiares de las víctimas tomarán la palabra para honrar a quienes perdieron la vida en el contexto del conflicto armado en el paísEn un acto que se llevará a cabo a las 8:00 de la mañana de este miércoles en el Museo Casa de la Memoria, el Estado Colombiano, en cabeza del ministro de Defensa Iván Velásquez Gómez y altos mandos militares, reconocerá su responsabilidad y pedirán perdón por las ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, como consecuencia de un fallo judicial. También se espera la presencia del general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional.En este acto de excusas públicas, los agentes del Estado pedirán perdón por 35 ejecuciones extrajudiciales, de personas en el departamento que fueron presentadas como bajas en combate y señalados de ser integrantes de grupos al margen de la ley.Durante el evento, que será transmitido por las redes sociales del Ministerio, las familias de las víctimas adelantarán sus intervenciones para honrar a quienes perdieron la vida en el contexto del conflicto armado en el país.Si bien este acto de perdón no es una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha sido este estamento el que ha revelado la grave situación de los denominados falsos positivos en el país, de los cuales 20 por ciento de los casos registrados entre 2004 y 2007 ocurrieron en Antioquia, pero para el primer año mencionado se concentraron el 39% de los hechos en el departamento. Es decir, dos de cada cinco casos en Colombia en 2004 ocurrieron en suelo antioqueño.A su vez, de esta problemática la macro región de Antioquia y Eje Cafetero fue la zona más afectada con 1.802 víctimas, el 28,2 % del total nacional. En su orden, los 10 departamentos con mayor número de víctimas fueron Antioquia, Meta, Caquetá, Cesar, Norte de Santander, Tolima, Huila, Casanare, La Guajira y Cauca.
Avanza la audiencia pública sobre el caso del Gaula Militar de Rionegro, en el que ante la Jurisdicción Especial para La Paz, se presentan 10 comparecientes sobre ocho hechos de asesinato o desaparición forzada, que fueron presentados como bajas en combate, entre los años 2004 y 2007, es decir, falsos positivos.Como parte del macrocaso 03 de ejecuciones extrajudiciales en el país, la JEP indaga en estos hechos, en los que 15 víctimas reclaman la verdad sobre lo sucedido a sus familiares en los municipios de Rionegro, San Vicente, Guarne, Cocorná, Abejorral, Montebello y Medellín.Si bien los militares que hoy comparecen son de los mandos medios, no fueron determinantes en los hechos o, en muchos casos, no son quienes ejecutaron los crímenes, y no recibirán sanciones, deberán cumplir con compromisos como aportar la información que permita a las familias la verdad sobre lo sucedido a sus seres queridos. Se busca que en esta diligencia se determinen los máximos responsables, es decir, los comandantes o quienes dieron las órdenes. Pedro Uribe, compareciente, manifestó en una diligencia anterior dijo que sus superiores del Ejército pedían bajas en combate y no se conformaban con capturas. Jaime Cerón, otro de ellos, apoyó el relato diciendo que las unidades eran calificadas de acuerdo a las bajas.Precisamente Cerón es uno de los comparecientes por el asesinato de Maicol Losada y Mario Arboleda, dos menores de edad de Guarne a quienes les ofrecieron 50.000 pesos por ir a cobrar un dinero, para entregarlos con engaños al Gaula de Oriente, quienes los presentaron como bajas en combates, en hechos ocurridos el 24 de febrero de 2007. Juan Carlos Álvarez, su tío, pidió conocer todo lo que rodea este hecho. "Utilizaron dineros públicos, dineros que nosotros mismos, como víctimas, como contribuyentes, aportamos para nuestra propia seguridad, y con estos dineros, pagaron a los reclutadores, no sólo acá en Medellín, sino en todo el país, para que estos reclutaran especialmente personas de bajos recursos, con necesidades de trabajo, con niños que mantener, con esperanzas de que iban a trabajar", dijo.En el inicio de la diligencia, Álvarez tomó la palabra en nombre de las víctimas y agregó que: "por dolorosa que sea, queremos la verdad". Cerón, como jefe de operación, reveló que Maicol y Mario fueron presentados como integrantes de bandas criminales, cuando no lo eran y que pagaron 2 millones de pesos a quien sería el reclutador, del que dijo no conocer el nombre. Cuando el magistrado Pedro Díaz le pregunto sobre de dónde venían estos recursos, este respondió que seguramente " de los fondos de inteligencia militar".Por este crimen están vinculados los comparecientes Jaime Cerón, Pedro Uribe. Wilson Agudelo y Guillermo Gulfo.Este proceso cuenta con la veeduría internacional, como parte del Acuerdo de Paz. Carlos Castrisano, fiscal del tribunal de cuentas de España."Desgraciadamente el número de comparecientes ha multiplicado por 5 las expectativas iniciales y eso ha producido un cierto atasco. Yo creo que el ejercicio de la renuncia a la persecución penal para los comparecientes que son partícipes no determinantes es un elemento fundamental del proceso de paz", manifestó.De acuerdo con la JEP, 20 por ciento de los casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2004 y 2007 ocurrieron en Antioquia, pero para el primer año mencionado se concentraron 39% de los hechos en el departamento, es decir, dos de cada cinco casos ocurrieron en suelo antioqueño.
El Consejo de Estado emitió una sentencia crucial que declara la responsabilidad agravada del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional en la ejecución extrajudicial de David Leonardo Osorio, un joven de 23 años que fue falsamente presentado como una baja en combate en el marco de los falsos positivos.Se estableció que el Ejército intentó justificar su muerte argumentando que este joven se encontraba en un combate armado. Sin embargo, el alto tribunal determinó que el Ejército Nacional simuló un combate y presentó la muerte como el resultado de un operativo.En este caso, la sentencia del Consejo de Estado incluye varias medidas de reparación, entre las cuales se ordena al Estado realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad y ofrecer disculpas públicas.“Con base en las inconsistencias sobre la existencia de un combate y el contexto personal, social y familiar de la víctima, se concluyó que el señor Osorio Hernández fue dado de baja de forma arbitraria y sumaria para hacerlo pasar como delincuente muerto en combate, por manera que su muerte se trató de una ejecución extrajudicial por parte de miembros del Ejército Nacional, quienes prevalidos de sus condiciones de militares y utilizando armas y uniformes de dotación oficial, dispararon a un ciudadano indemne, todo lo cual comprometía su responsabilidad patrimonial”, dice la decisión.Se pudo establecer que este fallo será remitido a la Fiscalía Especializada JEP para asegurar que se investigue, juzgue y sancione a los responsables de estos hechos.Esta sentencia del Consejo de Estado marca un precedente importante en la lucha contra la impunidad y busca garantizar justicia y reparación para las víctimas de crímenes de Estado en Colombia.
Mayra Nevárez Torres fue declarada culpable este jueves por causarle la muerte a Justin Santos Delanda, de 21 años y hermano del cantante Arcángel, al conducir en contra del tránsito y en estado de embriaguez en San Juan en noviembre de 2021.Névarez Torres también fue encontrada culpable de provocarle grave daño corporal a Keven Monserrate Gandía, que acompañaba a Santos Delanda en el momento del accidente, ocurrido en el puente Teodoro Moscoso, según informó el Departamento de Justicia.Tras evaluar la prueba presentada por los fiscales, la jueza Wanda Cruz Ayala declaró culpable a Nevárez Torres por violar los artículos de 5.07, 7.06 y 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.La vista de lectura de sentencia fue programada para el próximo 7 de noviembre."Finalmente se le hizo justicia a Justin Santos, a Keven Monserrate y a sus familiares, tras un extenso proceso judicial", dijo en la nota el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández."A causa de la actuación ilegal y voluntaria de Mayra Nevárez Torres se apagó la vida de un joven que apenas comenzaba a vivir y resultó herida otra persona, ocasionando dolor a sus seres queridos", agregó.El titular de Justicia reconoció la excelente labor de la Oficina del Procurador General, cuyo trabajo fue "esencial" para que los fiscales utilizaran la prueba de alcohol como evidencia en el proceso, así como el trabajo de los agentes del Negociado de la Policía a cargo de la investigación criminal.La Fiscalía demostró que la convicta manejaba su vehículo de motor de manera temeraria y contra el tránsito en el puente Teodoro Moscoso cuando impactó dos vehículos todo terreno Can-Am, en los que transitaban los perjudicados al momento del choque.Santos Delanda falleció en la escena a causa de las lesiones recibidas. Monserrate Gandía, quien viajaba como pasajero, resultó con heridas de gravedad.Las autoridades le realizaron a Nevárez Torres una prueba para detectar alcohol en la sangre, la cual arrojó 0,29 %. El límite permitido por ley para conducir un vehículo de motor es de 0,08 %.Por su parte, el Director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz, aseguró que el fallo envía "un mensaje claro y contundente de que guiar borracho tiene consecuencias legales y fatales".La familia de Justin Santos sufrió durante el proceso judicial a consecuencia de los tecnicismos legales presentados por los abogados de la defensa; tal como fue el intento de suprimir la evidencia del caso de embriaguez.El reguetonero Arcángel afirmó tras el fallecimiento de su hermano que "nunca" había sufrido tanto ni se había sentido "tan derrotado" y "tan perdido". Días después dijo que deseaba ayudar a la causante del accidente porque ella sufre una enfermedad que él también padece: alcoholismo.En el mes de agosto del año pasado, el Departamento de Justicia, a través de la Oficina del Procurador General, recurrió al Tribunal de Apelaciones para que revisara la determinación de la jueza Nerisvel Durán, quien eliminó la prueba de alcohol como pieza de evidencia en el juicio.El foro apelativo le dio la razón al Departamento de Justicia y revocó la decisión de la jueza. El pasado 18 de marzo, el secretario de Justicia informó públicamente que la Fiscalía de San Juan finalmente podía utilizar como evidencia en el juicio la prueba de alcohol realizada a Nevárez Torres.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia canceló la acreditación de seis diplomáticos británicos, en cuyas labores se detectaron "indicios de actividades de espionaje y sabotaje", informó el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso.La decisión fue adoptada en base a la documentación aportada por los servicios de seguridad y "en repuesta a las numerosas acciones inamistosas de Londres", se afirma en el comunicado del FSB, citado por la agencia oficial rusa TASS."Londres nos envía oficiales de inteligencia como cónyuges diplomáticos y se utiliza a niños pequeños para encubrir actividades de espionaje", dijo un oficial del FSB en condiciones de anonimato a canal Rossía-24 de la televisión estatal rusa.Precisó que los diplomáticos privados de acreditación son tres hombres y tres mujeres."El clásico espionaje británico, divertido de ver, pero ya era demasiado", dijo el oficial de inteligencia rusoSegún Rossía-24, los seis diplomáticos privados de acreditación trabajan en el departamento político de la embajada británicaLa portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, declaró que la misión diplomática del Reino Unido en Moscú ha ido "mucho más allá de los límites marcados por la convenciones de Viena"."Pero lo más importante es que no estamos hablando sólo del lado formal del problema y del incumplimiento de las actividades declaradas, sino de acciones que buscan causar daño a nuestro pueblo", subrayó. Londres tilda de "completamente infundadas" las acusaciones rusas contra sus diplomáticosEl Gobierno del Reino Unido tildó este viernes de "completamente infundadas" las acusaciones vertidas por Rusia contra seis diplomáticos británicos en Moscú a quienes el Ejecutivo ruso canceló sus acreditaciones.En un escueto comunicado, el Foreign Office reaccionó a la decisión adoptada por el ministerio de Asuntos Exteriores ruso de suspender las credenciales al detectarse "indicios de actividades de espionaje y sabotaje"."Las acusaciones hechas hoy por el FSB (Servicio Federal de Seguridad ruso) contra nuestros empleados son completamente infundadas", apuntó un portavoz de Exteriores.La misma fuente oficial agregó que "las autoridades rusas revocaron el pasado mes las acreditaciones diplomáticas de seis diplomáticos británicos en Rusia a raíz de medidas tomadas por el Gobierno del Reino Unido como respuesta a la actividad dirigida por el Estado ruso por Europa y el Reino Unido".
Se sea supersticioso o no, el viernes 1 es una fecha que ha dado siempre de qué hablar y generado temor a lo largo de la historia, además de estar profundamente arraigado en diversas culturas, especialmente en el mundo occidental. Aunque algunos lo toman a la ligera, para otros representa un día lleno de presagios y posibles infortunios y, por eso mismo, para los más creyentes hay una serie de actividades que es mejor no hacer en un viernes 13. De dónde viene el viernes 13Este día tiene raíces en diversas culturas. Desde la mitología nórdica, donde la llegada del decimotercer invitado, Loki, causó la muerte del dios de la alegría, hasta el cristianismo, donde el viernes ha sido visto como un día de tragedia, incluido el día de la crucifixión de Jesús. En la tradición cristiana, el número 13 también está asociado con eventos trágicos. Según la Biblia, durante la Última Cena, celebrada el jueves antes de la crucifixión de Jesús, había 13 comensales. El decimotercero, Judas Iscariote, fue quien traicionó a Jesús, lo que llevó a su crucifixión al día siguiente, un viernes. Este día también ha estado marcado por hechos históricos como la persecución de los Caballeros Templarios en 1307, lo que reforzó aún más su mala reputación, y otros eventos como:Viernes 13 de diciembre de 1939: 'Viernes negro', uno de los incendios forestales más devastadores de la historia de Australia.Viernes 13 de octubre de 1972: el vuelo 571 de Uruguay se estrella en la cordillera de los Andes, conocido como el Milagro de los Andes.Viernes 13 de enero de 2012: accidente del crucero Costa Concordia; murieron 32 personas.Viernes 13 de noviembre 2015: atentado terrorista en París.Qué no hacer un viernes 13Para quienes creen en las supersticiones, este día se convierte en una jornada donde es mejor ser precavido y hay una serie de actividades para ellos que es preferible evitar en esta fecha:Romper un espejo.Derramar sal.Pasar por debajo de una escalera.Levantarse con el pie izquierdo.Reunirse en un grupo de 13 personas.Dejar un mantel blanco sobre la mesa durante la noche.Abrir un paraguas en interiores.Colocar zapatos nuevos sobre la mesa.Cruzarse con un gato negro.Cortar ambos extremos de una barra de pan.Tener la billetera vacía.Viajar o tomar un vuelo con el número 13.El miedo al número 13, conocido como triscaidecafobia, ha influido en múltiples aspectos de la vida cotidiana, desde la construcción de edificios sin un piso 13 hasta la omisión de ese número en filas de aviones. Sin embargo, cuando este número se combina con un viernes, la preocupación se intensifica. Este temor, conocido como parascevedecatriafobia, tiene orígenes que datan de hace siglos, y aunque muchas de las creencias se basan en tradiciones antiguas, su impacto sigue siendo fuerte en la actualidad.
Un trágico incidente en India llevó a la inesperada muerte de Krishna Kumar, un joven de 15 años, tras una cirugía realizada por un hombre que presuntamente no era médico y que se habría guiado por tutoriales en YouTube para llevar a cabo el procedimiento. El hecho ha generado indignación en el país.Krishna Kumar fue ingresado en una clínica en el distrito de Saran, estado de Bihar, con síntomas graves de vómitos persistentes y dolor abdominal. Ajit Kumar Puri, encargado de la clínica, decidió realizar una cirugía para extraer un cálculo en la vesícula biliar del joven.Sin embargo, el procedimiento se llevó a cabo sin el consentimiento de la familia de Kumar y sin verificar si Puri contaba con las credenciales adecuadas. Según informes de medios en India, el presunto médico se guió por videos de YouTube en su teléfono móvil durante la cirugía.Horas después de la operación, Krishna comenzó a experimentar dolores abdominales intensos. A pesar de las quejas de los familiares al cirujano, el estado del joven empeoró rápidamente. Puri intentó trasladar a Kumar a un hospital en una ambulancia, pero el joven falleció en el camino. El abuelo de la víctima reportó que el personal de la clínica abandonó el cuerpo en las escaleras y huyó."Creemos que era un impostor que se hacía pasar por médico", dijo la familia del joven, según el canal NDTV.La familia de Krishna ha presentado una denuncia ante la Policía, acusando a Ajit Kumar Puri de negligencia grave y mala praxis. Las autoridades están investigando el incidente y realizando redadas para localizar a los responsables.La policía ha cuestionado a la familia sobre la decisión de llevar al joven a un supuesto médico sin verificar su identidad. Los familiares explicaron que su única intención era aliviar los síntomas de Krishna y no sabían que el procedimiento no estaba en manos de un profesional capacitado.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a ocho años de prisión contra Horacio Acero Efrez, exfuncionario de la Gobernación de Santander, por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito, tras demostrarse que aprovechó su cargo para exigir dinero a un contratista en 2010.La Fiscalía General de la Nación presentó las pruebas que evidenciaron que Acero Efrez, mientras se desempeñaba en la Secretaría de Gobierno de Santander, se autoproclamó como el encargado de gestionar los procesos de contratación pública en el departamento.Con esta estrategia, convenció a un contratista de que le otorgaría un contrato por 1.600 millones de pesos, destinado a la remodelación de dormitorios en un batallón de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, con sede en Bucaramanga. “En el transcurso de la adjudicación, el exfuncionario exigió el 10% del monto total del contrato, recibiendo en octubre y diciembre de 2010 un total de 80 millones de pesos por parte del contratista”, dice la Fiscalía en un comunicado.Acero Efrez fue capturado el pasado 10 de septiembre en el centro de Bucaramanga por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, para que cumpla la sentencia en un centro penitenciario.