Durante dos jornadas de audiencia restaurativa, realizadas el 27 y 28 de agosto en Valledupar, Cesar, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, reconoció su responsabilidad por 24 hechos ocurridos entre 2004 y 2005, en los que 38 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate. De ellas, 13 fueron víctimas de desaparición forzada y nueve de tortura.El excomandante reconoció los tres patrones macrocriminales identificados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), relacionados con la entrega de víctimas por parte de grupos paramilitares, la selección ilícita de personas mediante engaños y la ejecución de heridos y personas rendidas que no tenían estatus de combatientes.“Reconozco que las conductas descritas anteriormente recayeron sobre personas que nunca debieron ser tratadas como enemigos y que su presentación como resultados operacionales agravó aún más el daño causado a ellas y no solamente a ellas, sino a sus familias, a sus pueblos y a sus comunidades”, declaró Figueroa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).El compareciente pidió perdón a las víctimas y reconoció que, como comandante, avaló ante medios locales versiones oficiales que presentaban a las víctimas como combatientes.“Les pido perdón por las vidas arrebatadas, por las desapariciones, por la tortura, por la estigmatización y por todos los señalamientos que cayeron sobre personas y familiares que nunca debieron cargar con ellos”, afirmó.Además, les pidió perdón a las víctimas por “haberlas obligado a defender lo más importante: el buen nombre de esos seres queridos frente a versiones oficiales que los presentaban como combatientes y que, como comandante del batallón, a través de los medios locales de comunicación, firmaba”.Ante el compareciente, las víctimas exigieron verdad y dignificación.“En ningún informe aquí encuentro que hubiera una persona que por lo menos fuera hijo de un congresista o de una persona de cuello blanco. Todas las personas que se ejecutaron fueron personas humildes, fueron personas nobles, como mi hermano John Hader”, afirmó Rocío Escorcia, una de las víctimas acreditadas por la JEP dentro de este caso.De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa exigía “bajas” a sus subordinados en programas radiales diarios y existía un sistema de incentivos que incluía dinero, permisos, felicitaciones y viajes internacionales para premiar los reportes de combate.La tropa armaba, además, kits de armas y uniformes para simular enfrentamientos, mientras que varias víctimas fueron sepultadas como personas sin identificar en los cementerios de Codazzi y Valledupar.Entre las víctimas se encuentran integrantes de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, entre ellos Nohemí Pacheco Zabatá, una niña Wiwa de 13 años que fue asesinada y presentada falsamente como integrante de la guerrilla.El magistrado Raúl Sánchez fijó el 22 de octubre como fecha para la lectura de la sentencia. Debido a que se trata de un reconocimiento tardío, corresponderá una sanción alternativa de entre cinco y ocho años de privación de la libertad, con componentes restaurativos.
Una dolorosa historia de ausencia que se prolongó por más de dos décadas llegó a su etapa de cierre, luego de que las autoridades humanitarias confirmaran la identificación y entrega de los restos de un joven que había desaparecido en el año 2004 tras viajar a Medellín.El caso se remonta al domingo 8 de agosto de 2004, cuando Giovanni Gutiérrez Peña, de 20 años, salió de su vivienda en San Pedro de los Milagros rumbo a la capital antioqueña para presenciar el tradicional Desfile de Silleteros, momento desde el cual su familia perdió todo rastro.Según relató su hermana Nancy, doña Magnolia Gutiérrez, su madre, dedicó el resto de sus días a buscarlo incansablemente por las calles, enfrentando la constante angustia de no saber el paradero del joven, quien padecía problemas de adicción y salud mental."Mi mamá empezó a buscarlo con dos señores, se llama Leonel Gallego y el difunto Arcesio Ríos, el dueño de la funeraria asunción. Ya después no, en ese tiempecito no lo encontraron. Ya después se fue mi exesposo, y también lo buscaron con mi mamá y no lo encontraron", relató.Años atrás, un familiar había reconocido su fotografía en televisión tras su hallazgo sin vida en el municipio de Santuario, pero debido al deterioro en la salud de su madre, quien falleció en 2010 sin poder sepultarlo, el proceso institucional quedó inconcluso.La respuesta definitiva llegó recientemente para su hermana Nancy, gracias a las labores del Plan Regional de Búsqueda del Oriente Antioqueño. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas confirmó que el cuerpo de Giovanni había sido recuperado el 13 de octubre de 2025 en el cementerio municipal de Rionegro, donde se adelantan intervenciones en bóvedas con restos no identificados."Me siento tranquila porque ya lo encontraron, ya le di cristiana sepultura, ya está en un lugar más tranquilo, donde yo pueda visitarlo", manifestó Nancy.Tras un riguroso análisis forense y la solicitud oportuna de la familia, los investigadores lograron cruzar los datos para dar con su plena identidad, un proceso catalogado por el enlace de víctimas municipal, Javier Garcés, como un logro significativo para la región."La facilidad con que se dio la entrega de esta primera persona en tan poquito tiempo es un significado bastante grande. Para mí, primero, como enlace de víctimas del municipio, y segundo, para conocimiento de la misma población", señaló.El pasado 24 de julio de 2026 se llevó a cabo la ceremonia de entrega digna en San Pedro de los Milagros, permitiendo que los seres queridos de Giovanni le dieran el último adiós después de 22 años de incertidumbre.Las cifras oficiales recuerdan la magnitud de esta problemática en el país, donde el universo de falsos positivos en el municipio de San Pedro de los Milagros es de 1.092, mientras que en el departamento el registro asciende a 27.613 y en Colombia a 137.000.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 59 comparecientes de la fuerza pública vinculados a 11 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados falsamente como bajas en combate en la región del Catatumbo.Los hechos ocurrieron entre 2003 y 2008 y estuvieron relacionados principalmente con municipios de Norte de Santander como Ocaña, San Calixto, Villa Caro, Ábrego, Bucarasica y Hacarí, además uno de los casos ocurrió en Aguachica, Cesar. En total, las investigaciones abordaron 17 víctimas.Los comparecientes pertenecieron al Batallón de Infantería número 15, General Francisco de Paula Santander, BISAN. De acuerdo con la JEP, no fueron considerados máximos responsables de los crímenes ni tuvieron un papel decisivo en el diseño o ejecución del patrón de macrocriminalidad analizado dentro del Caso 03, relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.Por esa razón, y luego de evaluar sus actuaciones dentro de la justicia transicional, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que cumplían los requisitos para acceder al beneficio de renuncia a la persecución penal.La JEP verificó que los comparecientes realizaron aportes de verdad plena y detallada sobre lo ocurrido, reconocieron responsabilidades, asumieron compromisos de no repetición y realizaron u ofrecieron medidas de reparación simbólica en favor de las víctimas y de la región. Obligaciones que hacen parte del régimen de condicionalidad y deberán continuar durante el tiempo que permanezcan bajo la jurisdicción. Si incumplen, los beneficios podrían ser revocados.La resolución también precisa que la renuncia a la persecución penal es una alternativa jurídica que tiene efectos de sentencia. En este caso, los procesos que se adelantaban por los hechos analizados deberán archivarse y no habrá una sanción penal para quienes recibieron el beneficio. De los 11 hechos, solo uno se encontraba en etapa de ejecución de penas en la justicia ordinaria y otro estaba en juicio; los demás permanecían en etapas de indagación o acusación.La decisión se tomó después de un proceso en el que las víctimas participaron en distintas audiencias y los comparecientes entregaron información que, según la JEP, permitió reconstruir los hechos con un nivel de detalle superior al que había sido establecido en la justicia ordinaria. Además, en las audiencias hubo actos públicos de perdón y reconocimiento de responsabilidad y compromisos para dignificar a las víctimas.La resolución revisó inicialmente la situación de 60 integrantes de la fuerza pública. Sin embargo, la JEP negó el beneficio definitivo de renuncia a la persecución penal a Wilmar Ferney Durán Caselles. Por tanto, la decisión concede el beneficio a los otros 59 comparecientes.Con esta decisión, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas reportó que, mediante 42 resoluciones, ha resuelto la situación jurídica de 984 comparecientes involucrados en crímenes no amnistiables cometidos durante el conflicto armado. De ellos, 933 pertenecen a la fuerza pública.
Después de 19 años de incertidumbre y dolor, las familias de Diomedes de Jesús Daza Williams y Luis Alexander Cáceres Angarita recibieron sus restos en una entrega digna realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Fiscalía General de la Nación.Los dos hombres, quienes se desempeñaban como vendedores y vivían en Bucaramanga, fueron asesinados el 5 de septiembre de 2007 en el municipio de Tona y posteriormente presentados falsamente como integrantes de un grupo armado muertos en combate por la Quinta Brigada del Ejército. De acuerdo con los hallazgos conocidos durante las investigaciones y los aportes de verdad entregados ante la JEP por comparecientes, Diomedes y Luis Alexander no eran guerrilleros. Ambos habrían sido engañados mediante falsas ofertas de trabajo, trasladados hasta la zona y posteriormente asesinados. Sus cuerpos fueron además vestidos con prendas militares para hacerlos pasar como bajas en combate.La información aportada ante la JEP permitió reconstruir los hechos y avanzar en la identificación y recuperación de los cuerpos, cerrando un ciclo de casi dos décadas de búsqueda para sus familias.La entrega digna se convirtió en un momento especialmente significativo para los allegados de las víctimas, quienes durante 19 años tuvieron que enfrentar la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos y el peso de una versión que los señalaba injustamente como integrantes de grupos armados.Sara Angarita Toro, madre de Luis Alexander Cáceres Angarita, expresó durante el acto: “Hijo mío, te fuiste demasiado pronto, pero el amor que sembraste en mi corazón permanecerá en mis recuerdos para siempre”. También manifestó su agradecimiento porque ahora podrá contar con un lugar para visitarlo y honrar su memoria.Por su parte, Gladys Otilia Otero Carreño, pareja sentimental de Diomedes de Jesús Daza Williams, destacó el acompañamiento recibido durante el proceso y aseguró que la entrega representa una forma de recuperar la tranquilidad después de tantos años.El caso se enmarca en las investigaciones sobre los llamados ‘falsos positivos’, ejecuciones extrajudiciales en las que civiles fueron asesinados y posteriormente presentados por integrantes de la Fuerza Pública como personas muertas legítimamente en combate.La JEP ha documentado patrones de este tipo de crímenes y ha escuchado los aportes de comparecientes que han reconocido responsabilidades. En este caso, cuatro comparecientes reconocieron su responsabilidad en los hechos, según la información entregada por la jurisdicción."Para las familias de Diomedes y Luis Alexander, la recuperación y entrega de sus cuerpos no solo permitió despedirlos después de 19 años, sino también recuperar sus nombres y dignidad frente a una versión que los presentó injustamente como combatientes", dijo Manue Criales Aponte, coordinador de la Unidad de Búsqueda en Santander. La entrega digna representa así un paso en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias, y un nuevo capítulo en el esclarecimiento de los crímenes relacionados con los ‘falsos positivos’ en Santander.
La Fiscalía condenó a Yarleny Muñoz Franco a 55 años de prisión por su participación en un caso de ejecuciones extrajudiciales ocurrido el 3 de julio de 2009 en el Cauca. El ente acusador demostró que la mujer engañó a tres jóvenes con falsas promesas de trabajo para llevarlos al lugar donde fueron asesinados y posteriormente presentados como integrantes de las Farc muertos en combate.La condenada contactó a las víctimas, dedicadas a labores de construcción y pertenecientes a una población vulnerable, y las convenció de trasladarse hasta la vereda Campamento, en zona rural de Puracé, con la promesa de un empleo. Según las pruebas presentadas en el juicio, una vez llegaron al lugar, fueron interceptados por tropas del Batallón de Alta Montaña Número 4 del Ejército Nacional, asesinados y reportados falsamente como guerrilleros muertos en combate.La Fiscalía confirmó que los jóvenes estaban desarmados, que no existió ningún enfrentamiento y que no pertenecían a ningún grupo armado ilegal. Además, al día siguiente de los hechos, Muñoz acudió a una unidad militar, donde afirmó falsamente que pertenecía a las Farc y que las víctimas eran sus compañeros. Con esa versión obtuvo una certificación como desmovilizada, la cual le fue retirada meses después al comprobarse que nunca hizo parte de esa organización.El juzgado la declaró responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y fraude procesal. Además de la pena de prisión, fue condenada al pago de una multa equivalente a 4.074 salarios mínimos legales mensuales vigentes, quedó inhabilitada para ejercer funciones públicas durante 20 años y el juez ordenó su captura inmediata para que cumpla la condena.
En el tercer día de la audiencia que se adelanta en Valledupar, tres generales del Ejército Nacional y otros 22 militares comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. Durante la diligencia, el mayor general en retiro Jorge Enrique Navarrete reconoció que las presiones e incentivos que impuso cuando comandó el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 Juan José Rondón contribuyeron a la comisión de 28 ejecuciones extrajudiciales."Reconozco que contribuí a generar condiciones que facilitaron la comisión de delitos, mediante exigencias y presiones dirigidas a mis subalternos para obtener resultados operacionales representados en muertes en combate. En una distorsión inaceptable del deber institucional, permití que la muerte fuera tratada como un indicador de éxito", afirmó Navarrete.Le puede interesar: JEP resolvió la situación jurídica de 39 exmilitares vinculados a falsos positivos en AntioquiaEl mayor general en retiro aceptó su responsabilidad en la configuración del aparato criminal dentro del Grupo Juan José Rondón, que permitió la comisión de estos crímenes. Entre las prácticas que reconoció estuvo la promoción de estímulos, felicitaciones y permisos asociados a los resultados operacionales, es decir, al número de presuntos integrantes de grupos armados reportados como muertos en combate.Los tres generales del Ejército y los otros 22 militares reconocen su responsabilidad después de haber sido imputados por la JEP, en marzo de 2025, por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con 604 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008 en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Entre las víctimas había 31 personas pertenecientes a pueblos indígenas, 26 niños y niñas, 14 mujeres, una de ellas embarazada, y cerca de 120 personas que aún no han sido identificadas."Si supieran la vergüenza que siento al pararme aquí, ante los ojos del mundo, a reconocer que no solo fallé, sino que facilité la ocurrencia de tanta crueldad (...) Fui yo quien falló en contener esa maquinaria de muerte. Ese dolor que causé me acompañará por el resto de mi vida", concluyó Navarrete.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que asciende a 54 los cuerpos de personas no identificadas recuperados en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila. Estos hallazgos fueron resultado de las intervenciones forenses adelantadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas con el apoyo de comparecientes de la Fuerza Pública imputados en el Caso 03 de la JEP, que investiga las ejecuciones extrajudiciales.En la cuarta fase de intervención, las labores contaron con la participación de diez comparecientes que reconocieron su responsabilidad por estos crímenes y realizaron trabajos de adecuación del terreno para facilitar el ingreso de los equipos forenses. Los comparecientes retiraron cerca de 15 toneladas de guadua y despejaron aproximadamente 850 metros cuadrados, lo que permitió avanzar en seis puntos de interés forense.En la última intervención desarrollada entre el 10 y el 19 de junio, fueron recuperados 13 cuerpos. Además, tres de los cuerpos recuperados cuentan con una orientación de identidad, información que ahora deberá ser confirmada mediante análisis científicos.Según la investigación humanitaria de la Unidad de Búsqueda, el cementerio de Pitalito es uno de los principales sitios de interés forense del sur del país. Allí habrían sido inhumadas alrededor de 107 personas fallecidas en hechos relacionados con el conflicto armado entre 1997 y 2012. Hasta el momento, nueve de los cuerpos recuperados han sido identificados y entregados dignamente a sus familias.
El domingo 26 de julio se inauguró, en la Estación de La Sabana de Bogotá, ubicada en la calle 13 #18-24, la exposición "6402+ Razones para no olvidar", un proyecto desarrollado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Macrocaso 03, en conjunto con MAFAPO (Madres de los Falsos Positivos de Colombia), organización de madres buscadoras con más de 18 años de trayectoria en la defensa de la memoria, la dignidad y la verdad.La iniciativa busca convertirse en un referente nacional de memoria participativa, dignidad y reparación simbólica."La muestra es el resultado de tres años de investigación, diálogo y creación colectiva liderados por el Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio, que desde 2023 acompañó el diseño conceptual, arquitectónico, museográfico y curatorial del futuro Parque Memorial 6402+ Razones para no olvidar, además de la investigación histórica y la producción de contenidos que hoy componen la exposición", afirmó Alejandra Sarria, líder del Grupo de Artes Plásticas del Ministerio de las Culturas.El proceso para desarrollar este proyecto en la Estación de La Sabana comenzó en 2025 y contó con acompañamiento técnico para la ejecución de la infraestructura, cuya construcción apenas inicia su materialización, con el apoyo del Grupo de Infraestructuras Culturales. Por ello, la jornada del 26 de julio marca la apertura de la exposición y representa una oportunidad para compartir con la ciudadanía los avances de este proceso de reparación simbólica construido junto a las víctimas.La programación incluyó recorridos guiados por la muestra, un performance de Eblin Grueso Cuero, la presentación del colectivo Madre Ya Regreso junto a TziTzi Barrantes, e intervenciones musicales de Cony Camelo, Diana Ángel y Missio Firemusic, vocalista de la agrupación Brigada Cero Tres. La jornada también contó con una olla comunitaria, una mesa de serigrafía y espacios de encuentro y diálogo con las madres de MAFAPO.
La Jurisdicción Especial para la Paz resolvió la situación jurídica de 39 exintegrantes de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (AFEUR No. 5), quienes estarían vinculados con casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en el Valle de Aburrá, Antioquia, entre 2004 y 2008.La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que concedió a los comparecientes el beneficio de renuncia a la persecución penal, figura prevista por la JEP para quienes no fueron identificados como máximos responsables y cumplieron con las condiciones del sistema transicional. Dicha medida implica la eliminación de antecedentes penales, el levantamiento de órdenes de captura y el archivo de investigaciones disciplinarias relacionadas con estos hechos.Los exmilitares según la Jurisdicción estuvieron involucrados en 10 hechos en los que 18 personas fueron asesinadas y posteriormente presentadas de manera fraudulenta como guerrilleros o integrantes de grupos armados muertos en combate.Según la JEP, antes de conceder el beneficio verificó que los comparecientes cumplieran con el régimen de condicionalidad, es decir, que aportaran verdad plena y detallada, reconocieran su responsabilidad, participaran en acciones de reparación a las víctimas y asumieran compromisos de no repetición. También realizaron actos de dignificación y ofrecieron disculpas a los familiares de las víctimas.El tribunal también destacó que 29 de los 39 comparecientes nunca habían sido investigados, procesados o condenados por estos hechos en la justicia ordinaria, pero ante la JEP admitieron por primera vez su participación y reconocieron su responsabilidad en cada uno de esos casos.La jurisdicción explicó que estos comparecientes no fueron considerados como máximos responsables porque no tuvieron un papel determinante en el diseño o ejecución de los patrones criminales investigados, razón por la cual hicieron parte de la denominada Ruta No Sancionatoria, con la que la JEP busca resolver la situación jurídica mediante un proceso restaurativo, garantizando los derechos de las víctimas.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, informó que tres generales retirados del Ejército Nacional y otros 22 militares reconocerán su responsabilidad dentro del proceso por asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas como bajas en combate.El anuncio hace parte del Subcaso Costa Caribe, una investigación en la que la JEP documentó una estructura criminal que operó en diferentes unidades militares de la región, específicamente en el Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, y que estaría relacionada con la presentación irregular de civiles como resultados operacionales.Según el tribunal, la investigación permitió imputar a 28 comparecientes por su presunta responsabilidad en 604 asesinatos y desapariciones forzadas. Entre los militares convocados a reconocer responsabilidad están los mayores generales (r) Hernán Giraldo Restrepo y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, así como el brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez, además de coroneles, mayores y otros integrantes retirados de la Fuerza Pública.La JEP señaló que estos hechos estuvieron relacionados con un patrón en el que algunos integrantes de unidades militares habrían presentado asesinatos y desapariciones como supuestas bajas en combate, en medio de una presión por justificar resultados operacionales contra grupos armados ilegales.De acuerdo con la investigación, el fenómeno se habría extendido a unidades militares de siete departamentos de la Costa Caribe. El tribunal estableció que, entre enero de 2002 y diciembre de 2008, fueron documentados cientos de casos y que una parte significativa de las bajas reportadas en algunas unidades correspondían a hechos que no ocurrieron en combate y que calificaron como asesinatos. Entre las víctimas hay 26 menores de edad, 31 integrantes de los Pueblos Indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo y 14 mujeres, una de ellas embarazada.La investigación de la JEP incluyó cientos de versiones de comparecientes, documentos judiciales, informes de entidades estatales y organizaciones de víctimas, además de miles de documentos recopilados durante el proceso.Además, la jurisdicción informó que ha adelantado acciones para proteger lugares donde podrían encontrarse víctimas de desaparición forzada, relacionadas con el Subcaso Costa Caribe. En estas labores se han recuperado 93 cuerpos y se han identificado 20 personas, de las cuales 18 fueron víctimas de crímenes cometidos por unidades militares en la región.La audiencia pública se realizará en dos jornadas, la primera se realizará en Barranquilla, el 30 de junio y 1 de julio de 2026, en donde comparecerán 10 personas, incluidos dos generales retirados y la segunda se hará en Valledupar, los días 28, 29 y 30 de julio, en donde, 25 comparecientes declararán sobre el patrón criminal documentado por la Sala.
El abogado Luis Felipe Henao, apoderado judicial de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Alvaro Uribe, se pronunció a través de un comunicado sobre la tutela que negó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual mantiene en firme la condena a 28 años de cárcel contra el ganadero.Se trata de la decisión STC19112-2026, proferida el 30 de septiembre de 2026. La defensa de Uribe Vélez recuerda que el fallo de tutela será remitido para revisión de la Corte Constitucional.“El planteamiento formulado tiene una naturaleza estrictamente constitucional y se relaciona con el alcance de las garantías de la doble conformidad, el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, aspectos frente a los cuales la Sala expuso una interpretación que, aunque desfavorable a las pretensiones de mi representado, no agota el debate constitucional propuesto, máxime cuando la providencia será remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión”, dice Henao.Pero esa argumentación no significa que con la tutela se pretendiera tener una tercera instancia, reabrir el debate probatorio o desconocer la competencia de la Sala de Casación Penal como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria.Henao explicó que la acción de tutela fue promovida con el propósito de que se examinara si resultaba constitucionalmente admisible rechazar de plano el recurso de casación, antes de que la defensa pudiera presentar la respectiva demanda.Es decir, explica el abogado, es un mecanismo jurídico válido en medio del proceso y que su defendido profesa un “profundo respeto” por los jueces y por las decisiones judiciales, por lo tanto, “las actuaciones adelantadas en su defensa se encuentran plenamente amparadas por el orden constitucional y corresponden al ejercicio legítimo de los derechos y mecanismos de protección que el Estado Social de Derecho pone a su disposición”.
La Armada de Colombia incautó 1.620 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 51 kilogramos de marihuana durante una operación de control y seguridad marítima en el Pacífico sur colombiano, luego de interceptar una embarcación tipo Go Fast que transportaba sustancias ilícitas.El procedimiento fue realizado por unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco. Durante la operación, la embarcación naufragó, por lo que el personal naval rescató a sus tres tripulantes, dos colombianos y un ciudadano ecuatoriano, y recuperó del mar el cargamento que transportaban.En total, fueron recuperados 83 bultos que contenían 1.620 paquetes de cocaína, con un peso neto de 1.620 kilogramos, y 51 paquetes de marihuana, que pesaban 51 kilogramos. Además, fueron incautados un equipo GPS y dos teléfonos satelitales.De acuerdo con las investigaciones, el cargamento tendría como destino Costa Rica y, según las autoridades, la incautación evitó el ingreso de cerca de 17 millones de dólares a las finanzas del crimen transnacional e impidió la comercialización de más de cuatro millones de dosis de estupefacientes en el mercado ilegal internacional.Los tres tripulantes fueron capturados y junto con el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.
Una nueva alocución del presidente Abelardo De La Espriella sirvió para abordar varios temas de actualidad nacional y anunciar medidas frente a las protestas convocadas por algunos sectores de oposición para el próximo miércoles 14 de octubre.Uno de los principales anuncios fue la defensa del decreto que permite a la fuerza pública intervenir en manifestaciones en las que se presenten hechos de violencia. El mandatario aseguró que la medida busca garantizar el derecho a la protesta pacífica y evitar bloqueos prolongados y actos vandálicos.“Separar lo que la Constitución protege de lo que la Ley persigue. Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano”, expresó De La Espriella al explicar el propósito del decreto.El presidente también cuestionó a los sectores que promueven las movilizaciones y los señaló de buscar la desestabilización del Gobierno, haciendo alusión a los aliados políticos del expresidente Gustavo Petro y reprochando las condiciones en las que dejaron el país.“Quienes promueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al Gobierno son los mismos que dejaron el país quebrado, ad portas de un apagón, con el sistema de salud en cuidados intensivos, con la soberanía energética comprometida y con los recursos públicos depredados y saqueados. A esos mismos en medio de la reconstrucción después del terremoto se les ocurre convocar un paro que solo busca engañar al pueblo, que es lo que saben hacer, generando caos para lograr un fin politiquero en contra de mi gobierno. Son instigadores de la maldad y no luchadores por la libertad”, afirmó el jefe de Estado.Esas afirmaciones sirvieron como preámbulo para lanzar una advertencia frente a posibles hechos de violencia durante las jornadas de protesta. “Si pretenden incendiar a Colombia se van a encontrar con la determinación del tigre para defender lo que en derecho corresponde”.Durante su intervención, De La Espriella también se refirió al Fondo Milagro, creado para brindar atención a las familias afectadas por el terremoto y financiar la reconstrucción de las zonas impactadas.El mandatario anunció que, desde el 7 de octubre, el fondo arrancó con un billón de pesos destinados a atender la emergencia y avanzar en las labores de recuperación.El presidente hizo énfasis en la transparencia en el manejo de estos recursos y señaló que el dinero debe destinarse de manera efectiva a las necesidades de las comunidades afectadas. “Cada peso debe tener un destino verificable”, sostuvo.En materia de seguridad, el jefe de Estado presentó un balance de las operaciones adelantadas por la fuerza pública durante sus primeros dos meses de gobierno. Según las cifras entregadas, las acciones permitieron afectar a 33 cabecillas de dos grupos armados.Entre los señalados por el mandatario se encuentran alias ‘La Morocha’, de la estructura Rodrigo Cadete; alias ‘Lobo’ o ‘Emanuel’, cabecilla de la Estructura 36; alias ‘Max Max’, identificado como explosivista de la estructura Jaime Martínez; y alias ‘Ruso’ o ‘Alemán’, del Frente 28 de las disidencias de las Farc.También mencionó a alias ‘Bonito’, señalado como cabecilla de Comandos de Frontera, y a alias ‘Águila’, integrante de una estructura de la Segunda Marquetalia.En la lucha contra el narcotráfico, el presidente De La Espriella informó que las autoridades han incautado 125.182 kilos de cocaína desde el inicio de su administración.Otro de los asuntos centrales de la alocución fue la situación energética del país. De La Espriella anunció que su Gobierno ha adoptado medidas para prevenir un posible apagón y garantizar la continuidad del servicio eléctrico.Para avanzar en ese objetivo, ordenó conformar un equipo de trabajo con responsabilidades específicas y plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para definir medidas de choque que permitan reforzar la generación térmica y administrar adecuadamente los embalses.La instrucción también contempla acciones para garantizar el suministro de energía, con especial atención a las regiones más vulnerables ante eventuales dificultades en el sistema eléctrico.La alocución también fue escenario para entregar cifras sobre el funcionamiento del Banco de Talentos, la plataforma creada para recibir hojas de vida de ciudadanos interesados en trabajar en el Gobierno sin depender de recomendaciones políticas o influencias.De acuerdo con el balance presentado por De La Espriella, 145 ciudadanos que ingresaron mediante este mecanismo ya fueron contratados y tomaron posesión de sus cargos.Además, hay 76 hojas de vida publicadas cuyos titulares están pendientes de posesión, mientras que otras 38 permanecen pendientes de publicación.El mandatario dio esos detalles para destacar el avance de la plataforma como una alternativa para facilitar el acceso al empleo público bajo criterios de mérito y transparencia.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo que su Gobierno se puso como fecha límite el próximo 31 de diciembre para tener listas las medidas y evitar un apagón eléctrico por el fenómeno de El Niño, que según las previsiones se extenderá durante el primer semestre de 2027."Ya ordené constituir un grupo, un equipo especial con responsables, con tareas identificadas y además concretas, y con una fecha límite el 31 de diciembre", indicó el mandatario en la alocución.Según De La Espriella, antes de esa fecha deberán estar en marcha "las medidas de choque para reforzar la generación térmica, administrar los embalses y proteger el servicio" de energía, especialmente en las regiones más vulnerables.El mandatario reiteró que su Gobierno tiene como obligación "reducir al máximo el riesgo de racionamiento" y dejar una ruta de prevención con responsables y fechas, y en ese sentido sentenció que el país no puede volver a llegar desprevenido y sin un plan a un fenómeno que ya estaba anunciado."Menos agua en los embalses y más presión sobre la generación. Eso no es mala suerte, es falta de preparación, porque ya sabíamos que esto iba a pasar", dijo el jefe de Estado tras criticar, por falta de previsión, al Ejecutivo de su antecesor Gustavo Petro (2022-2026).Colombia confirmó oficialmente el pasado 8 de octubre la llegada del fenómeno de El Niño, que podría prolongarse hasta mediados de 2027 y reducir las lluvias, especialmente en las regiones Andina, Pacífica y Caribe."Hoy se cumplen las condiciones técnicas para declarar oficialmente la entrada del fenómeno de El Niño en Colombia", afirmó entonces el director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Andrés Herkrath Sanclemente, quien advirtió de que se trata de un evento de intensidad fuerte a muy fuerte.Herkrath señaló que existe un 83 % de probabilidad de que El Niño se mantenga al menos hasta marzo de 2027 y explicó que, aunque el fenómeno no supone la ausencia de lluvias, se esperan precipitaciones inferiores a las habituales durante octubre y noviembre, con un mayor déficit en diciembre.
Una persona murió y otras resultaron heridas durante un incidente registrado este lunes 12 de octubre en el parque de diversiones Six Flags Over Georgia, ubicado en las afueras de Atlanta, Estados Unidos. Las autoridades investigan lo ocurrido para establecer las circunstancias del suceso y determinar qué provocó la muerte del visitante.El hecho se presentó en una de las atracciones del parque, situado a unos 24 kilómetros al noroeste de Atlanta. Tras conocerse la emergencia, detectives de la unidad de delitos graves del departamento de Policía asumieron la investigación.Por ahora, las autoridades no han entregado detalles concluyentes sobre cómo ocurrió el incidente ni han explicado las causas del fallecimiento. Sin embargo, medios locales reportaron que cuatro personas sufrieron heridas durante el episodio.¿Qué pasó en la montaña rusa de Six Flags?Las primeras versiones apuntan a que la montaña rusa Goliath se habría detenido a mitad de su recorrido. No obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades ni por los responsables del parque.Imágenes aéreas difundidas en redes sociales mostraron momentos de la evacuación de algunos pasajeros que se encontraban en la atracción después de la emergencia. Las circunstancias en las que se produjo la interrupción del recorrido y la relación de este hecho con las lesiones reportadas continúan bajo investigación.Goliath es una de las atracciones de mayor tamaño de Six Flags Over Georgia. Fue inaugurada en 2006 y alcanza aproximadamente 60 metros de altura. Sus vagones pueden llegar a una velocidad de 112 kilómetros por hora, características que la convierten en una de las montañas rusas más destacadas del parque.Luego de lo ocurrido, un portavoz de Six Flags expresó su pesar por lo sucedido y manifestó su solidaridad con los allegados de la persona fallecida.“Lamentamos profundamente el incidente ocurrido hoy con un huésped en nuestro parque”, señaló el representante de la compañía en declaraciones recogidas por Associated Press (AP).El parque también transmitió sus condolencias a la familia, los amigos y los seres queridos de la víctima, en medio de las investigaciones para esclarecer los hechos.Hasta el momento, no se han divulgado oficialmente las identidades de las personas involucradas ni se ha establecido qué originó la emergencia. Se espera que las autoridades entreguen nueva información a medida que avance la investigación.