Durante dos jornadas de audiencia restaurativa, realizadas el 27 y 28 de agosto en Valledupar, Cesar, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, reconoció su responsabilidad por 24 hechos ocurridos entre 2004 y 2005, en los que 38 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate. De ellas, 13 fueron víctimas de desaparición forzada y nueve de tortura.El excomandante reconoció los tres patrones macrocriminales identificados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), relacionados con la entrega de víctimas por parte de grupos paramilitares, la selección ilícita de personas mediante engaños y la ejecución de heridos y personas rendidas que no tenían estatus de combatientes.“Reconozco que las conductas descritas anteriormente recayeron sobre personas que nunca debieron ser tratadas como enemigos y que su presentación como resultados operacionales agravó aún más el daño causado a ellas y no solamente a ellas, sino a sus familias, a sus pueblos y a sus comunidades”, declaró Figueroa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).El compareciente pidió perdón a las víctimas y reconoció que, como comandante, avaló ante medios locales versiones oficiales que presentaban a las víctimas como combatientes.“Les pido perdón por las vidas arrebatadas, por las desapariciones, por la tortura, por la estigmatización y por todos los señalamientos que cayeron sobre personas y familiares que nunca debieron cargar con ellos”, afirmó.Además, les pidió perdón a las víctimas por “haberlas obligado a defender lo más importante: el buen nombre de esos seres queridos frente a versiones oficiales que los presentaban como combatientes y que, como comandante del batallón, a través de los medios locales de comunicación, firmaba”.Ante el compareciente, las víctimas exigieron verdad y dignificación.“En ningún informe aquí encuentro que hubiera una persona que por lo menos fuera hijo de un congresista o de una persona de cuello blanco. Todas las personas que se ejecutaron fueron personas humildes, fueron personas nobles, como mi hermano John Hader”, afirmó Rocío Escorcia, una de las víctimas acreditadas por la JEP dentro de este caso.De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa exigía “bajas” a sus subordinados en programas radiales diarios y existía un sistema de incentivos que incluía dinero, permisos, felicitaciones y viajes internacionales para premiar los reportes de combate.La tropa armaba, además, kits de armas y uniformes para simular enfrentamientos, mientras que varias víctimas fueron sepultadas como personas sin identificar en los cementerios de Codazzi y Valledupar.Entre las víctimas se encuentran integrantes de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, entre ellos Nohemí Pacheco Zabatá, una niña Wiwa de 13 años que fue asesinada y presentada falsamente como integrante de la guerrilla.El magistrado Raúl Sánchez fijó el 22 de octubre como fecha para la lectura de la sentencia. Debido a que se trata de un reconocimiento tardío, corresponderá una sanción alternativa de entre cinco y ocho años de privación de la libertad, con componentes restaurativos.
Una dolorosa historia de ausencia que se prolongó por más de dos décadas llegó a su etapa de cierre, luego de que las autoridades humanitarias confirmaran la identificación y entrega de los restos de un joven que había desaparecido en el año 2004 tras viajar a Medellín.El caso se remonta al domingo 8 de agosto de 2004, cuando Giovanni Gutiérrez Peña, de 20 años, salió de su vivienda en San Pedro de los Milagros rumbo a la capital antioqueña para presenciar el tradicional Desfile de Silleteros, momento desde el cual su familia perdió todo rastro.Según relató su hermana Nancy, doña Magnolia Gutiérrez, su madre, dedicó el resto de sus días a buscarlo incansablemente por las calles, enfrentando la constante angustia de no saber el paradero del joven, quien padecía problemas de adicción y salud mental."Mi mamá empezó a buscarlo con dos señores, se llama Leonel Gallego y el difunto Arcesio Ríos, el dueño de la funeraria asunción. Ya después no, en ese tiempecito no lo encontraron. Ya después se fue mi exesposo, y también lo buscaron con mi mamá y no lo encontraron", relató.Años atrás, un familiar había reconocido su fotografía en televisión tras su hallazgo sin vida en el municipio de Santuario, pero debido al deterioro en la salud de su madre, quien falleció en 2010 sin poder sepultarlo, el proceso institucional quedó inconcluso.La respuesta definitiva llegó recientemente para su hermana Nancy, gracias a las labores del Plan Regional de Búsqueda del Oriente Antioqueño. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas confirmó que el cuerpo de Giovanni había sido recuperado el 13 de octubre de 2025 en el cementerio municipal de Rionegro, donde se adelantan intervenciones en bóvedas con restos no identificados."Me siento tranquila porque ya lo encontraron, ya le di cristiana sepultura, ya está en un lugar más tranquilo, donde yo pueda visitarlo", manifestó Nancy.Tras un riguroso análisis forense y la solicitud oportuna de la familia, los investigadores lograron cruzar los datos para dar con su plena identidad, un proceso catalogado por el enlace de víctimas municipal, Javier Garcés, como un logro significativo para la región."La facilidad con que se dio la entrega de esta primera persona en tan poquito tiempo es un significado bastante grande. Para mí, primero, como enlace de víctimas del municipio, y segundo, para conocimiento de la misma población", señaló.El pasado 24 de julio de 2026 se llevó a cabo la ceremonia de entrega digna en San Pedro de los Milagros, permitiendo que los seres queridos de Giovanni le dieran el último adiós después de 22 años de incertidumbre.Las cifras oficiales recuerdan la magnitud de esta problemática en el país, donde el universo de falsos positivos en el municipio de San Pedro de los Milagros es de 1.092, mientras que en el departamento el registro asciende a 27.613 y en Colombia a 137.000.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 59 comparecientes de la fuerza pública vinculados a 11 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados falsamente como bajas en combate en la región del Catatumbo.Los hechos ocurrieron entre 2003 y 2008 y estuvieron relacionados principalmente con municipios de Norte de Santander como Ocaña, San Calixto, Villa Caro, Ábrego, Bucarasica y Hacarí, además uno de los casos ocurrió en Aguachica, Cesar. En total, las investigaciones abordaron 17 víctimas.Los comparecientes pertenecieron al Batallón de Infantería número 15, General Francisco de Paula Santander, BISAN. De acuerdo con la JEP, no fueron considerados máximos responsables de los crímenes ni tuvieron un papel decisivo en el diseño o ejecución del patrón de macrocriminalidad analizado dentro del Caso 03, relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.Por esa razón, y luego de evaluar sus actuaciones dentro de la justicia transicional, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que cumplían los requisitos para acceder al beneficio de renuncia a la persecución penal.La JEP verificó que los comparecientes realizaron aportes de verdad plena y detallada sobre lo ocurrido, reconocieron responsabilidades, asumieron compromisos de no repetición y realizaron u ofrecieron medidas de reparación simbólica en favor de las víctimas y de la región. Obligaciones que hacen parte del régimen de condicionalidad y deberán continuar durante el tiempo que permanezcan bajo la jurisdicción. Si incumplen, los beneficios podrían ser revocados.La resolución también precisa que la renuncia a la persecución penal es una alternativa jurídica que tiene efectos de sentencia. En este caso, los procesos que se adelantaban por los hechos analizados deberán archivarse y no habrá una sanción penal para quienes recibieron el beneficio. De los 11 hechos, solo uno se encontraba en etapa de ejecución de penas en la justicia ordinaria y otro estaba en juicio; los demás permanecían en etapas de indagación o acusación.La decisión se tomó después de un proceso en el que las víctimas participaron en distintas audiencias y los comparecientes entregaron información que, según la JEP, permitió reconstruir los hechos con un nivel de detalle superior al que había sido establecido en la justicia ordinaria. Además, en las audiencias hubo actos públicos de perdón y reconocimiento de responsabilidad y compromisos para dignificar a las víctimas.La resolución revisó inicialmente la situación de 60 integrantes de la fuerza pública. Sin embargo, la JEP negó el beneficio definitivo de renuncia a la persecución penal a Wilmar Ferney Durán Caselles. Por tanto, la decisión concede el beneficio a los otros 59 comparecientes.Con esta decisión, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas reportó que, mediante 42 resoluciones, ha resuelto la situación jurídica de 984 comparecientes involucrados en crímenes no amnistiables cometidos durante el conflicto armado. De ellos, 933 pertenecen a la fuerza pública.
Después de 19 años de incertidumbre y dolor, las familias de Diomedes de Jesús Daza Williams y Luis Alexander Cáceres Angarita recibieron sus restos en una entrega digna realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Fiscalía General de la Nación.Los dos hombres, quienes se desempeñaban como vendedores y vivían en Bucaramanga, fueron asesinados el 5 de septiembre de 2007 en el municipio de Tona y posteriormente presentados falsamente como integrantes de un grupo armado muertos en combate por la Quinta Brigada del Ejército. De acuerdo con los hallazgos conocidos durante las investigaciones y los aportes de verdad entregados ante la JEP por comparecientes, Diomedes y Luis Alexander no eran guerrilleros. Ambos habrían sido engañados mediante falsas ofertas de trabajo, trasladados hasta la zona y posteriormente asesinados. Sus cuerpos fueron además vestidos con prendas militares para hacerlos pasar como bajas en combate.La información aportada ante la JEP permitió reconstruir los hechos y avanzar en la identificación y recuperación de los cuerpos, cerrando un ciclo de casi dos décadas de búsqueda para sus familias.La entrega digna se convirtió en un momento especialmente significativo para los allegados de las víctimas, quienes durante 19 años tuvieron que enfrentar la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos y el peso de una versión que los señalaba injustamente como integrantes de grupos armados.Sara Angarita Toro, madre de Luis Alexander Cáceres Angarita, expresó durante el acto: “Hijo mío, te fuiste demasiado pronto, pero el amor que sembraste en mi corazón permanecerá en mis recuerdos para siempre”. También manifestó su agradecimiento porque ahora podrá contar con un lugar para visitarlo y honrar su memoria.Por su parte, Gladys Otilia Otero Carreño, pareja sentimental de Diomedes de Jesús Daza Williams, destacó el acompañamiento recibido durante el proceso y aseguró que la entrega representa una forma de recuperar la tranquilidad después de tantos años.El caso se enmarca en las investigaciones sobre los llamados ‘falsos positivos’, ejecuciones extrajudiciales en las que civiles fueron asesinados y posteriormente presentados por integrantes de la Fuerza Pública como personas muertas legítimamente en combate.La JEP ha documentado patrones de este tipo de crímenes y ha escuchado los aportes de comparecientes que han reconocido responsabilidades. En este caso, cuatro comparecientes reconocieron su responsabilidad en los hechos, según la información entregada por la jurisdicción."Para las familias de Diomedes y Luis Alexander, la recuperación y entrega de sus cuerpos no solo permitió despedirlos después de 19 años, sino también recuperar sus nombres y dignidad frente a una versión que los presentó injustamente como combatientes", dijo Manue Criales Aponte, coordinador de la Unidad de Búsqueda en Santander. La entrega digna representa así un paso en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias, y un nuevo capítulo en el esclarecimiento de los crímenes relacionados con los ‘falsos positivos’ en Santander.
La Fiscalía condenó a Yarleny Muñoz Franco a 55 años de prisión por su participación en un caso de ejecuciones extrajudiciales ocurrido el 3 de julio de 2009 en el Cauca. El ente acusador demostró que la mujer engañó a tres jóvenes con falsas promesas de trabajo para llevarlos al lugar donde fueron asesinados y posteriormente presentados como integrantes de las Farc muertos en combate.La condenada contactó a las víctimas, dedicadas a labores de construcción y pertenecientes a una población vulnerable, y las convenció de trasladarse hasta la vereda Campamento, en zona rural de Puracé, con la promesa de un empleo. Según las pruebas presentadas en el juicio, una vez llegaron al lugar, fueron interceptados por tropas del Batallón de Alta Montaña Número 4 del Ejército Nacional, asesinados y reportados falsamente como guerrilleros muertos en combate.La Fiscalía confirmó que los jóvenes estaban desarmados, que no existió ningún enfrentamiento y que no pertenecían a ningún grupo armado ilegal. Además, al día siguiente de los hechos, Muñoz acudió a una unidad militar, donde afirmó falsamente que pertenecía a las Farc y que las víctimas eran sus compañeros. Con esa versión obtuvo una certificación como desmovilizada, la cual le fue retirada meses después al comprobarse que nunca hizo parte de esa organización.El juzgado la declaró responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y fraude procesal. Además de la pena de prisión, fue condenada al pago de una multa equivalente a 4.074 salarios mínimos legales mensuales vigentes, quedó inhabilitada para ejercer funciones públicas durante 20 años y el juez ordenó su captura inmediata para que cumpla la condena.
En el tercer día de la audiencia que se adelanta en Valledupar, tres generales del Ejército Nacional y otros 22 militares comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. Durante la diligencia, el mayor general en retiro Jorge Enrique Navarrete reconoció que las presiones e incentivos que impuso cuando comandó el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 Juan José Rondón contribuyeron a la comisión de 28 ejecuciones extrajudiciales."Reconozco que contribuí a generar condiciones que facilitaron la comisión de delitos, mediante exigencias y presiones dirigidas a mis subalternos para obtener resultados operacionales representados en muertes en combate. En una distorsión inaceptable del deber institucional, permití que la muerte fuera tratada como un indicador de éxito", afirmó Navarrete.Le puede interesar: JEP resolvió la situación jurídica de 39 exmilitares vinculados a falsos positivos en AntioquiaEl mayor general en retiro aceptó su responsabilidad en la configuración del aparato criminal dentro del Grupo Juan José Rondón, que permitió la comisión de estos crímenes. Entre las prácticas que reconoció estuvo la promoción de estímulos, felicitaciones y permisos asociados a los resultados operacionales, es decir, al número de presuntos integrantes de grupos armados reportados como muertos en combate.Los tres generales del Ejército y los otros 22 militares reconocen su responsabilidad después de haber sido imputados por la JEP, en marzo de 2025, por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con 604 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008 en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Entre las víctimas había 31 personas pertenecientes a pueblos indígenas, 26 niños y niñas, 14 mujeres, una de ellas embarazada, y cerca de 120 personas que aún no han sido identificadas."Si supieran la vergüenza que siento al pararme aquí, ante los ojos del mundo, a reconocer que no solo fallé, sino que facilité la ocurrencia de tanta crueldad (...) Fui yo quien falló en contener esa maquinaria de muerte. Ese dolor que causé me acompañará por el resto de mi vida", concluyó Navarrete.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que asciende a 54 los cuerpos de personas no identificadas recuperados en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila. Estos hallazgos fueron resultado de las intervenciones forenses adelantadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas con el apoyo de comparecientes de la Fuerza Pública imputados en el Caso 03 de la JEP, que investiga las ejecuciones extrajudiciales.En la cuarta fase de intervención, las labores contaron con la participación de diez comparecientes que reconocieron su responsabilidad por estos crímenes y realizaron trabajos de adecuación del terreno para facilitar el ingreso de los equipos forenses. Los comparecientes retiraron cerca de 15 toneladas de guadua y despejaron aproximadamente 850 metros cuadrados, lo que permitió avanzar en seis puntos de interés forense.En la última intervención desarrollada entre el 10 y el 19 de junio, fueron recuperados 13 cuerpos. Además, tres de los cuerpos recuperados cuentan con una orientación de identidad, información que ahora deberá ser confirmada mediante análisis científicos.Según la investigación humanitaria de la Unidad de Búsqueda, el cementerio de Pitalito es uno de los principales sitios de interés forense del sur del país. Allí habrían sido inhumadas alrededor de 107 personas fallecidas en hechos relacionados con el conflicto armado entre 1997 y 2012. Hasta el momento, nueve de los cuerpos recuperados han sido identificados y entregados dignamente a sus familias.
El domingo 26 de julio se inauguró, en la Estación de La Sabana de Bogotá, ubicada en la calle 13 #18-24, la exposición "6402+ Razones para no olvidar", un proyecto desarrollado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Macrocaso 03, en conjunto con MAFAPO (Madres de los Falsos Positivos de Colombia), organización de madres buscadoras con más de 18 años de trayectoria en la defensa de la memoria, la dignidad y la verdad.La iniciativa busca convertirse en un referente nacional de memoria participativa, dignidad y reparación simbólica."La muestra es el resultado de tres años de investigación, diálogo y creación colectiva liderados por el Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio, que desde 2023 acompañó el diseño conceptual, arquitectónico, museográfico y curatorial del futuro Parque Memorial 6402+ Razones para no olvidar, además de la investigación histórica y la producción de contenidos que hoy componen la exposición", afirmó Alejandra Sarria, líder del Grupo de Artes Plásticas del Ministerio de las Culturas.El proceso para desarrollar este proyecto en la Estación de La Sabana comenzó en 2025 y contó con acompañamiento técnico para la ejecución de la infraestructura, cuya construcción apenas inicia su materialización, con el apoyo del Grupo de Infraestructuras Culturales. Por ello, la jornada del 26 de julio marca la apertura de la exposición y representa una oportunidad para compartir con la ciudadanía los avances de este proceso de reparación simbólica construido junto a las víctimas.La programación incluyó recorridos guiados por la muestra, un performance de Eblin Grueso Cuero, la presentación del colectivo Madre Ya Regreso junto a TziTzi Barrantes, e intervenciones musicales de Cony Camelo, Diana Ángel y Missio Firemusic, vocalista de la agrupación Brigada Cero Tres. La jornada también contó con una olla comunitaria, una mesa de serigrafía y espacios de encuentro y diálogo con las madres de MAFAPO.
La Jurisdicción Especial para la Paz resolvió la situación jurídica de 39 exintegrantes de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (AFEUR No. 5), quienes estarían vinculados con casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en el Valle de Aburrá, Antioquia, entre 2004 y 2008.La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que concedió a los comparecientes el beneficio de renuncia a la persecución penal, figura prevista por la JEP para quienes no fueron identificados como máximos responsables y cumplieron con las condiciones del sistema transicional. Dicha medida implica la eliminación de antecedentes penales, el levantamiento de órdenes de captura y el archivo de investigaciones disciplinarias relacionadas con estos hechos.Los exmilitares según la Jurisdicción estuvieron involucrados en 10 hechos en los que 18 personas fueron asesinadas y posteriormente presentadas de manera fraudulenta como guerrilleros o integrantes de grupos armados muertos en combate.Según la JEP, antes de conceder el beneficio verificó que los comparecientes cumplieran con el régimen de condicionalidad, es decir, que aportaran verdad plena y detallada, reconocieran su responsabilidad, participaran en acciones de reparación a las víctimas y asumieran compromisos de no repetición. También realizaron actos de dignificación y ofrecieron disculpas a los familiares de las víctimas.El tribunal también destacó que 29 de los 39 comparecientes nunca habían sido investigados, procesados o condenados por estos hechos en la justicia ordinaria, pero ante la JEP admitieron por primera vez su participación y reconocieron su responsabilidad en cada uno de esos casos.La jurisdicción explicó que estos comparecientes no fueron considerados como máximos responsables porque no tuvieron un papel determinante en el diseño o ejecución de los patrones criminales investigados, razón por la cual hicieron parte de la denominada Ruta No Sancionatoria, con la que la JEP busca resolver la situación jurídica mediante un proceso restaurativo, garantizando los derechos de las víctimas.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, informó que tres generales retirados del Ejército Nacional y otros 22 militares reconocerán su responsabilidad dentro del proceso por asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas como bajas en combate.El anuncio hace parte del Subcaso Costa Caribe, una investigación en la que la JEP documentó una estructura criminal que operó en diferentes unidades militares de la región, específicamente en el Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, y que estaría relacionada con la presentación irregular de civiles como resultados operacionales.Según el tribunal, la investigación permitió imputar a 28 comparecientes por su presunta responsabilidad en 604 asesinatos y desapariciones forzadas. Entre los militares convocados a reconocer responsabilidad están los mayores generales (r) Hernán Giraldo Restrepo y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, así como el brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez, además de coroneles, mayores y otros integrantes retirados de la Fuerza Pública.La JEP señaló que estos hechos estuvieron relacionados con un patrón en el que algunos integrantes de unidades militares habrían presentado asesinatos y desapariciones como supuestas bajas en combate, en medio de una presión por justificar resultados operacionales contra grupos armados ilegales.De acuerdo con la investigación, el fenómeno se habría extendido a unidades militares de siete departamentos de la Costa Caribe. El tribunal estableció que, entre enero de 2002 y diciembre de 2008, fueron documentados cientos de casos y que una parte significativa de las bajas reportadas en algunas unidades correspondían a hechos que no ocurrieron en combate y que calificaron como asesinatos. Entre las víctimas hay 26 menores de edad, 31 integrantes de los Pueblos Indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo y 14 mujeres, una de ellas embarazada.La investigación de la JEP incluyó cientos de versiones de comparecientes, documentos judiciales, informes de entidades estatales y organizaciones de víctimas, además de miles de documentos recopilados durante el proceso.Además, la jurisdicción informó que ha adelantado acciones para proteger lugares donde podrían encontrarse víctimas de desaparición forzada, relacionadas con el Subcaso Costa Caribe. En estas labores se han recuperado 93 cuerpos y se han identificado 20 personas, de las cuales 18 fueron víctimas de crímenes cometidos por unidades militares en la región.La audiencia pública se realizará en dos jornadas, la primera se realizará en Barranquilla, el 30 de junio y 1 de julio de 2026, en donde comparecerán 10 personas, incluidos dos generales retirados y la segunda se hará en Valledupar, los días 28, 29 y 30 de julio, en donde, 25 comparecientes declararán sobre el patrón criminal documentado por la Sala.
Más de 30 carros eléctricos e híbridos recorrerán Bogotá este sábado 26 de septiembre en una caravana que tendrá a los perros como protagonistas y que terminará con una acción destinada a animales rescatados: la donación de una tonelada de alimento canino a una fundación de rescate.La iniciativa, denominada ALL ENGINE PETs, partirá a las 9:00 de la mañana desde el centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá, y reunirá vehículos de más de una veintena de marcas del sector automotor.Entre las marcas participantes estarán Mazda, Porsche, BMW, BYD, MINI, KIA, Geely, Chevrolet, Chery, JAC, Nissan, Honda, Changan, Suzuki, GWM, Citroën, Mercedes-Benz, Smart, Xpeng y Subaru.El elemento particular de esta edición será la presencia de los perros, pues los vehículos estarán personalizados con la misma mascota que viajará a bordo. La actividad busca relacionar la movilidad electrificada con el bienestar de los animales.¿Qué recorrido tendrá la caravana de carros eléctricos?La caravana saldrá de Unicentro y tomará algunas de las principales vías del norte de Bogotá. El recorrido incluirá la calle 116, la avenida Córdoba y la calle 127, antes de conectar con la avenida Boyacá.Desde allí, los vehículos continuarán hacia el norte para atravesar el puente de la Calle 153 y posteriormente tomar la Autopista Norte. El recorrido seguirá hasta el peaje de Los Andes y terminará aproximadamente a las 11:00 de la mañana en el restaurante Santa Costilla Campestre, en Sopó.En ese punto se realizará una exposición de vehículos electrificados, donde los asistentes podrán conocer los modelos participantes y recibir información de las diferentes marcas.¿Por qué los perros son protagonistas de la caravana?ALL ENGINE señaló que uno de los objetivos de la actividad es mostrar una relación entre la movilidad electrificada y el bienestar de los animales.La organización destaca que los vehículos eléctricos generan menos ruido y vibraciones mecánicas que los vehículos con motores de combustión. Según la información entregada para la actividad, estas características pueden contribuir a que los desplazamientos sean más tranquilos para los perros, cuyos sentidos del oído y el equilibrio son sensibles.Uno de los componentes de la jornada será una alianza entre ALL ENGINE y Laika, mediante la cual se realizará una donación de una tonelada de alimento para perros a una fundación de rescate.La acción busca llevar el propósito de la caravana más allá de la exhibición de vehículos y destinar parte de la actividad al apoyo de animales rescatados.“La protección del medio ambiente y el bienestar de los animales están en el corazón de todo lo que hacemos”, afirmó Claudia Guerrero, gerente general de ALL ENGINE, al referirse a la iniciativa.La jornada estará abierta a quienes quieran acercarse al punto de llegada en Sopó, donde además de la exposición de los vehículos electrificados habrá actividades y espacios relacionados con las marcas participantes.
Ya fue extraditado a Estados Unidos Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera. A las 10:39 de la mañana de este viernes 25 de septiembre despegó desde el Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el avión Falcón 2.000 chárter que lo lleva a territorio estadounidense.Con el despegue de la aeronave terminó un operativo que comenzó desde la noche del jueves en Bogotá y que incluyó su salida de la cárcel La Picota, un traslado bajo fuertes medidas de seguridad hasta CATAM, un primer vuelo hacia Barranquilla y, finalmente, su entrega judicial a las autoridades de Estados Unidos.Antes de abandonar territorio colombiano, Interpol realizó en Malambo la entrega formal de ‘Araña’ a personal de los US Marshals y la DEA, que desde ese momento asumió su custodia. El procedimiento contó con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella, quien estuvo al frente del protocolo entre las autoridades colombianas y estadounidenses.Para concretar la extradición fue utilizado un Falcón 2.000 chárter. La aeronave había realizado inicialmente el trayecto desde CATAM, en Bogotá, hasta Barranquilla, donde se completaron los procedimientos judiciales, migratorios y de seguridad antes de autorizar su salida definitiva del país.El operativo había comenzado sobre las 8:30 de la noche del jueves, cuando un grupo especializado de la Policía Antiterrorista e Interpol asumió la custodia de Rojas en la cárcel La Picota. Desde allí fue trasladado hasta la base militar de CATAM bajo un amplio dispositivo de seguridad.Posteriormente fue embarcado en la aeronave con destino al Atlántico. Una vez en Malambo, se desarrolló el protocolo de entrega entre los dos países y ‘Araña’ quedó oficialmente bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Finalmente, a las 10:39 de la mañana, el Falcón 2.000 despegó de Malambo rumbo a Estados Unidos, concretando la extradición del señalado máximo cabecilla de los Comandos de Frontera.Geovany Andrés Rojas es requerido por una corte federal estadounidense para responder por cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo. Su salida del país se produjo después de que el Gobierno colombiano autorizara formalmente su extradición y se completaran los trámites judiciales correspondientes.
El máximo despliegue de las fuerzas armadas en carreteras, zonas comerciales y áreas turísticas ha sido clave para el regreso paulatino de las actividades en Magdalena y La Guajira, después de la zozobra que generó el paro armado.En la terminal de transporte de Barranquilla se reporta una mejora en la movilización de pasajeros y el restablecimiento de la ruta directa entre Barranquilla y Riohacha, cuyo viaje se estaba extendiendo hasta por 10 horas, debido a los desvíos que debían tomar los buses por el Cesar.La Guajira ya tiene listo un plan de reactivación económica para atraer visitantes nacionales e internacionales y evitar la cancelación de reservas por los ataques recientes. La estrategia contempla desde el despliegue permanente del Ejército Nacional, hasta actividades para los turistas como rumbaterapia en playas y paseos en embarcaciones de etnoturismo.Le puede interesar: ¿Habrá Feria de Manizales? La estrategia para reactivar la economía y el turismo por terremoto"Más de tres pelotones hoy están recorriendo las vías y las zonas principales del distrito capital, hay un despliegue tanto en la Troncal del Caribe como en las otras arterias viales del departamento de La Guajira. También se han hecho caravanas en distintos horarios y están presentes las unidades de inteligencia que se han desplegado por parte del Gobierno Nacional en Magdalena, Cesar y La Guajira", informó el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar.El mandatario indicó que este jueves el 70% del comercio en Riohacha se animó a reabrir sus puertas y que a la fecha se reportan 10 capturas de criminales implicados en los ataques a bala, cometidos contra los negocios de esta ciudad.Concluyó así con un parte de tranquilidad y adelantó que para la próxima semana se lanzarán nuevas ofertas para recuperar el turismo.
La riqueza musical del Caribe y la sofisticación del jazz se dan cita en la ciudad Heroica con la realización del XIII Festival Voces del Jazz y del Caribe. Durante cuatro jornadas consecutivas, del 23 al 26 de septiembre, la capital de Bolívar se transformará en el epicentro cultural de la región con una variada programación de conciertos, encuentros artísticos y espacios de formación académica.El evento abarcará dos escenarios icónicos de la ciudad: los días 23 y 24 de septiembre las presentaciones se llevarán a cabo en el Centro Comercial Caribe Plaza, mientras que las noches del 25 y 26 de septiembre la música se trasladará al histórico Teatro Adolfo Mejía."Los Diez del Jazz": homenaje a la memoria sonora cartageneraEl eje central de esta décimo tercera edición estará dedicado a rendir un tributo especial a "Los Diez del Jazz en Cartagena", un selecto grupo de músicos de distintas generaciones que han dejado una huella imborrable en el desarrollo y la evolución de este género y los ritmos afrocaribeños en la ciudad.Le puede interesar: Colombia presente en el Festival de Jazz de New Orleans, EEUUEntre los homenajeados destacan referentes fundamentales como Juan Álvarez Altafulla, saxofonista y leyenda viva de la música local; Cristhian Salazar Rivera, bajista, compositor y director musical; Edgar Avilán Díaz, pianista, educador y autor del himno del festival; Tiko Tambor, percusionista enfocado en las tradiciones afrocaribeñas; y Pacho Madariaga, baterista con cerca de cuatro décadas de trayectoria artística.La nómina de exaltados se completa con la formadora y directora Patricia Ojeda; el trompetista y maestro en música Onix Bello; el saxofonista e investigador Federico Ochoa; el destacado graduado de Berklee College of Music, Leonardo Tatis Serrano; y el pianista Sergio Girado Llamas, una de las figuras más activas del jazz y el latin jazz cartagenero.Invitados internacionales y la nueva generaciónLa cartelera internacional contará con el regreso del virtuoso organista y compositor neoyorquino Greg Lewis, quien presentará su aclamado proyecto Organ Monk, una reinterpretación de la obra de Thelonious Monk a través del clásico sonido del órgano Hammond B-3. Desde Canadá llegará la agrupación Wesli Band, liderada por el músico haitiano Wesli, con una propuesta festiva que fusiona el konpa con las diversas sonoridades del Caribe.El festival también abrirá espacio a las nuevas generaciones a través de las presentaciones del Ensamble Sinfónico de Puerto Azul y la agrupación infantil Caribe Jazz Kids, dos procesos de formación que representan el presente y el futuro musical de la ciudad.Inteligencia artificial y culturaJunto a la oferta musical, el festival ofrecerá una agenda académica enfocada en la inteligencia artificial aplicada a la música, desarrollada en alianza entre EMAT Berkeley y la Cámara de Comercio de Cartagena.Esta edición cuenta con el respaldo de entidades públicas y culturales como la Alcaldía Mayor de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), la Universidad de Cartagena y UdeC Radio. La imagen oficial del festival combina la fotografía del maestro Antonio Alcalá con la propuesta gráfica de Martha Isabel Henao Lovera. Las entradas para el evento se encuentran disponibles a través de su sitio web oficial (www.vocesdeljazz.com).
Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública sacudió al municipio de Ábrego, Norte de Santander, dejando un saldo trágico de dos miembros de la Policía Nacional asesinados en el lugar de los hechos.El atentado se produjo en una zona de desarrollo urbano comprendida entre los sectores de El Tirol y La Curva, en las inmediaciones del colegio Carlos Julio Torrado Peñaranda.Ante la gravedad de lo ocurrido, el alcalde municipal, Húber Darío Sánchez Ortega, manifestó su consternación señalando que es una "lamentable esta situación, nos preocupa". El mandatario recordó que este es el segundo evento de gravedad registrado en la zona en lo que va del año, tras un hecho previo donde un soldado resultó afectado y otros cinco quedaron heridos. Actos urgentes y presuntos responsables del ataqueTras la acción armada, las autoridades locales iniciaron las coordinaciones correspondientes para el despliegue del personal de la Policía y del CTI de la Fiscalía con el fin de adelantar la inspección técnica a los cadáveres y los actos urgentes.Con respecto a los autores materiales del crimen, el alcalde Sánchez aclaró que "hasta el momento no se tiene claridad qué grupo" ejecutó el atentado.No obstante, el funcionario reconoció la presencia activa del ELN y disidencias de las Farc en la jurisdicción. Sánchez enfatizó además que Ábrego es geográficamente "la puerta del Catatumbo", condición por la cual la población habita en un escenario permanente de alerta e inestabilidad en materia de seguridad.Evaluación de toque de queda y llamados al Gobierno nacionalFrente al deterioro del orden público, la administración municipal programó un Consejo Extraordinario de Seguridad para horas de la tarde, donde se evaluará la implementación de medidas restrictivas.Entre las alternativas sobre la mesa está la posible adopción del toque de queda, sobre lo cual el alcalde afirmó: "Eso es un tema que hay que contemplarlo y la decisión se toma en conjunto en el Consejo de Seguridad". De igual forma, en la sesión se debatirá la veracidad de informaciones sobre un presunto "plan pistola" contra los uniformados de la subregión.Escuche aquí la entrevista: