Por medio de una carta de cerca de cinco páginas, Human Rights Watch dio su concepto a la fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre el por qué deben agilizarse los exámenes preliminares sobre crímenes cometidos en territorio colombiano.En la misiva con fecha del 30 de septiembre, HRW, que durante años ha seguido de cerca la evolución de la violencia en Colombia y los esfuerzos que hace la justicia transicional para dar respuesta a las víctimas, asegura que, “cerrar el examen preliminar, en deferencia de las investigaciones nacionales, resultaría prematuro y contraproducente para los afectados”.En ese sentido, HRW también insta a la fiscalía de la Corte Penal Internacional a que mantenga el examen preliminar abierto e intensifique sus esfuerzos para interactuar con las autoridades nacionales, las asociaciones de víctimas, sus representantes y otras organizaciones de la sociedad civil, todo con el objetivo de asegurar que existan procesos genuinos.La oenegé destaca el trabajo realizado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) frente a varios de los puntos priorizados por los magistrados de la corte en el último informe anual de 2020. Resultados en los que se interpreta la responsabilidad de mando de algunos casos.Cita como ejemplo la imputación de 26 personas, incluidos un exgeneral y varios coroneles, por casos de falsos positivos, y de ocho exaltos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por toma de rehenes y otros delitos conexos.Avances que, según la oenegé, no se evidencian en las autoridades judiciales colombianas con respecto a otros delitos, incluidos los delitos sexuales, de género y los procesos relacionados con la promoción y expansión de grupos paramilitares.Tras este análisis, en la carta se mencionan personajes de la vida política colombiana y propuestas que podrían afectar el desarrollo del trabajo de la justicia.“El expresidente Álvaro Uribe, mentor del presidente Iván Duque y líder del partido de Gobierno, ha propuesto recientemente una “amnistía” y “casi que un borrón y cuenta nueva”, una idea que recibió el apoyo parcial del dirigente opositor Gustavo Petro, quien lidera las encuestas para la elección presidencial de mayo de 2022. Posteriormente, Uribe propuso reformar la JEP y reducir las penas de prisión para los soldados”.HRW dice que las propuestas que planteó el expresidente Uribe forman parte, “de un patrón de acciones impulsadas por el partido gobernante, el Centro Democrático, para obstaculizar los avances de la JEP”.En la carta de respuesta a la fiscalía de la Corte Penal Internacional, HRW dice que no cederán en sus esfuerzos para lograr que los Estados parte se ocupen, con carácter urgente, de proveer los recursos necesarios para que la Fiscalía pueda implementar su mandato en forma independiente, robusta y cada vez más eficaz en todas las situaciones.Le puede interesar: escuche y siga La Intérprete, en Spotify
La Justicia Especial de Paz admitió en su jurisdicción al teniente coronel del Ejército Marcolino Puerto Jiménez del Ejército, cuyo testimonio sería fundamental para esclarecer la verdad en casos de falsos positivos en Casanare. Se trata de tres homicidios: en primer lugar el asesinato de José Rubiel Llanos en Tauramena, Casanare, en julio de 2006; así como los Diego Armando Heredia y Domingo Castro en agosto de 2007. Para asesinar a Rubiel Llanos, según las investigaciones, se habría instrumentalizado a una menor de edad. El coronel (r) Puerto Jiménez, de acuerdo con la JEP, ha cumplido estrictamente 22 compromisos asumidos con la jurisdicción. Conozca el documento de la JEP:
La Fiscalía imputó a alias 'El Zarco', conocido como el reclutador de falsos positivos, por nuevos hechos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en el año 2007. Según el organismo judicial, las víctimas son tres personas que habrían sido engañados con la búsqueda de un dinero en una 'guaca', la cual ocultaba $200’000.000 de pesos y que sería repartida entre el Zarco y los hombres citados."Al encuentro asistieron tres hombres que aceptaron acompañar a Castro Ramírez. En el camino al punto de extracción del dinero, alias 'El Zarco', presuntamente les pidió ponerse uniformes de uso exclusivo de la fuerza pública y caminar juntos. Minutos después, integrantes del pelotón Cascabel del Batallón de Montaña N°3 del Ejército Nacional los interceptaron, obligaron a acostarse baca abajo y les dispararon", explicó Deicy Jaramillo, directora especializada contra violaciones de DD.HH.Las unidades militares reportaron lo sucedido como ‘bajas en combate’."En las inspecciones al lugar, los investigadores encontraron una vainilla calibre 7.62 que, según las pruebas de balística, no correspondía a las armas encontradas junto a los cuerpos", dijo Jaramillo.Este accionar, al parecer lo había hecho el 'Zarco' a cambio de dinero y ayudas para su manutención, porque se encontraba en proceso de desmovilización del ELN y no tenía recursos.Esta es la segunda formulación de cargos contra alias 'El Zarco' por ejecuciones extrajudiciales, en la primera, realizada en septiembre, fue imputado por el reclutamiento y posteriormente el asesinato de 14 personas en 2008.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
Ante la Comisión de la Verdad, los familiares de las víctimas de los falsos positivos le exigieron Estado garantías de no repetición, medidas de reparación efectivas y el reconocimiento público de estos hechos. Aseguraron que los falsos positivos fueron una práctica sistemática que se extendió por todo el país. En el evento estuvieron víctimas del Caribe, Antioquia y el Eje Cafetero, la Orinoquía y el centro oriente del país, entre otras regiones.Uno de ellos fue Eliecer Arias, representante indígena Kankuamo, que explicó que el conflicto y los falsos positivos también llegaron a los territorios indígenas.Gloria Peláez es representante de víctimas de Bogotá y Soacha y recordó que el 8 de febrero de 2008 su hijo salió emocionado de la casa a llevar una hoja de vida para un trabajo que le estaban ofreciendo: “Yo le di la bendición después del desayuno sin pensar que era el último abrazo”."Los militares se burlan ante nosotros, dijeron en la JEP que mataron a nuestros hijos porque no sabían ir al baño ni sabían coger la cuchara. ¿Por qué tenían que hacerlo? ¿Por qué tenían que buscar a esos muchachos que buscaban un trabajo para una mejor vida?", agregó Gloria Peláez. Además, las víctimas han dicho que, tanto de parte del Ejército como de parte de otras instituciones del Estado e, incluso civiles, se necesita un compromiso con la justicia y la verdad de lo sucedido frente a estos hechos. "Las víctimas coincidimos en que en cuestión de justicia no ha habido avances; los avances han sido pocos o nulos, la Fiscalía se relajó con el proceso de paz y quedamos olvidados, estamos invisibilizados”", dijo Alfamir Castillo, representante de víctimas del Eje Cafetero.Por su parte, el comisionado Alejandro Valencia explicó que, según la información recolectada por la Comisión de la Verdad, existe un subregistro en la cifra de 6.402 casos por falsos positivos.“Las ejecuciones extrajudiciales cometidos durante el gobierno de la seguridad democrática se cometieron, como parte de una política para incrementar las cifras de muerte del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad”, aseguró Valencia.
Durante el reconocimiento a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales hecho por la Comisión de la Verdad, Catalina Díaz, magistrada de la JEP, le respondió a quienes niegan la cifra entregada por esta jurisdicción, según la cual, entre los años 2002 y 2008 se habrían presentado 6.402 víctimas de falsos positivos.“Que lo sepan los que lo niegan, que lo reconozcan aquellos que dicen que es mentira; porque como lo encontramos nosotros, trabajando con esos nombres, apellidos y lugares, esto no es mentira…Llegamos a esta cifra que a mí personalmente me aterró, 6.402”, aseguró Díaz.Por otro lado, Bertina Badillo, familiar de dos víctimas de falsos positivos, le respondió a la senadora y precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien aseguró durante este fin de semana que la cifra de 6.402 falsos positivos eran un invento de la izquierda.“Le digo a la senadora María Fernanda Cabal y a Colombia que las 6.402 muertes extrajudiciales no son una mentira. Me atrevo a decirle que no soy de la izquierda ni de derecha. Aquí estamos porque somos madres que tenemos vientre que derramó sangre y nos duele”, respondió Badillo.Las declaraciones de Cabal se dieron durante el primer foro de precandidatos del partido Centro Democrático donde afirmó que, “se inventaron 6.402 falsos positivos, pero el presidente (de la JEP) no publica la lista, para demostrar que es falso, ¡publiquen la lista!, no deshonren más a los hombres que perdieron sus ojos, sus brazos, sus piernas y su vida por este país”.Le puede interesar. Escuche las Noticias del Día en Spotify:
La Justicia Especial para la Paz (JEP) levantó la reserva que mantenía sobre las versiones que han entregado los comparecientes de falsos positivos en los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.Estas 81 versiones voluntarias y 10 escritas fueron tenidas en cuenta por la jurisdicción para imputar a 25 miembros del Ejército y a un civil dentro de estas investigaciones, en las que se buscaba identificar patrones, planes y políticas que se habrían presentado para cometer falsos positivos en esas zonas del país.Levantar la reserva sobre estas versiones significa que desde este momento serán de conocimiento público, es decir, cualquier persona podrá consultarlas."Los magistrados ordenaron poner a disposición pública en el canal JEP Colombia de YouTube los videos de las versiones voluntarias de los comparecientes vinculados en los dos subcasos. Adicionalmente, solicitaron anonimizar cualquier dato que permita dar con la ubicación de los comparecientes", anunció la JEP.Estas versiones voluntarias, hasta el momento, habían sido puestas a disposición de las víctimas y sus representantes, así como de los comparecientes y su defensa.La Sala de Reconocimiento de la JEP aseguró que la reserva en estos casos se levantará a medida de que cada uno de los casos llegue a la fase procesal de reconocimiento de responsabilidad. En este momento tanto el subcaso Caribe como el subcaso Norte de Santander se encuentran en etapa de reconocimiento de responsabilidad.
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Justicia Especial para la Paz amplió el plazo por 30 días más para que los militares imputados por falsos positivos, en el subcaso de Norte de Santander, acepten o nieguen su responsabilidad por estos hechos.Lo anterior, después de recibir cinco solicitudes para ampliar el plazo por parte de los militares imputados.Por su parte, la organización Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en representación de las víctimas, también hizo una solicitud, ya que “han constatado que en lo pertinente a la presunta responsabilidad del compareciente Gabriel de Jesús Rincón Amado, la sala ha omitido imputar la responsabilidad en punto a los hechos de fecha agosto 25 de 2008 y en los que fueron asesinados, luego de ser sustraídos del municipio de Soacha, los ciudadanos Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacio Bustamante”. Ante lo anterior, consideran razonable la extensión de los 30 días para ajustar la lista de víctimas.Entre otras cosas, los comparecientes argumentaron que en el término fijado, en principio, 30 días no era posible revisar y contrastar con responsabilidad la conducta imputada a los militares y que había dificultades técnicas, además, para revisar algunos documentos digitales del expediente.Por estos hechos, la JEP imputó al general (r) del Ejército Paulino Coronado, así como a otros nueve militares por 120 casos de falsos positivos.
Este viernes 17 de septiembre, la sala de definición de situaciones jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, aceptó el sometimiento del general (r) Mauricio Alfonso Santoyo. La JEP le concedió al general (r) el beneficio de la privación de la libertad en “unidad policial, en relación con los procesos penales por los que es investigado”. Cuando Santoyo regresó al país después de pagar cárcel en EEUU, por vínculos con paramilitares, fue recapturado por su presunta participación en desapariciones forzadas y por concierto para delinquir agravado.Escuche La Intérprete en Spotify:
Las autoridades enviaron a la cárcel a alias 'El Zarco', guerrillero del ELN extraditado desde España y señalado por las autoridades de haber participado en 14 casos de falsos positivos entre 2007 y 2008.La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir y homicidio en persona protegida.En 2008 'El Zarco' reclutó bajo promesas económicas a 14 personas para llevarlas a lugares donde se encontraban tropas del Ejército Nacional, que las asesinaron y presentaron como bajas legítimas en combate en operaciones militares.En audiencia, el fiscal especializado relató que la orden en esa época era dar de baja a los presuntos guerrilleros de grupos armados.Entre más víctimas llevaba ‘El Zarco' para hacerlos pasar por falsos positivos las recompensas aumentaban, incluso, entre el Ejército y el antiguo DAS estaban planeando que Luis Jhon fuera cobijado como desmovilizado del ELN para obtener beneficios.Cabe resaltar que el delincuente deberá pagar su condena en la cárcel La Picota. Escuche más noticias de Colombia y el mundo:
El 5 de septiembre de 2019 las ráfagas de fusil que se escucharon en horas de la madrugada alertaron a la comunidad de Jamundí de un posible hecho de falso positivo.Ese día, la tragedia cayó sobre el resguardo Kiwe Nasa de Valle del Cauca, con la muerte del indígena Ómar Guasaquillo, quien recibió un impacto de fusil realizado al parecer por tropas del Ejército que desarrollaban operativos en la zona.Los guardias indígenas, Ómar Guasaquillo y Diego Alexis Vega, que se encontraban hace un año desarrollando labores propias de vigilancia nocturna en el territorio, fueron sorprendidos por la fuerza pública. El último asegura que logró escapar con vida del supuesto intercambio de disparos que se registró."Cuando estos dos guardias indígenas pretendían abandonar el lugar donde hacían sus labores fueron sorprendidos por el Ejército. Pese a que las víctimas suplicaron y alzaron sus brazos para que no les dispararan, dichos militares accionaron sus armas de fuego, sabiendo que se encontraban en total indefensión", dijo en audiencia el fiscal especializado, Juan Carlos Fajardo.La muerte de Guasaquillo fue justificada por las Fuerzas Militares como un operativo contra miembros de un grupo armado ilegal residual del municipio. Un hecho que la comunidad calificó como falso positivo porque luego del tiroteo, aparentemente el cuerpo fue movido de lugar y la escena se alteró.“En el informe de Medicina Legal dice que, en efecto, Ómar Guasaquillo falleció en consecuencia de una herida producida por un proyectil de arma de fuego de alta velocidad de un fusil, el cual le impactó en el abdomen y le ocasionó un compromiso grave. Y su manera de muerte violenta, homicidio, fue de un disparo hecho por tropas del Ejército adscritos al Batallón Pichincha”, añadió Fajardo.Por estos sucesos confusos, un juez de control de garantías les imputó los delitos de homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio en persona protegida a los 5 militares implicados en la muerte del líder indígena, identificados como John Jairo Luna, el Teniente Andrés Torres, Alexander Marín, Daniel Andrés Madrid, y Lucio Cortés Santiago.Los procesados se declararon inocentes de haber participado en un hecho de falso positivo y no aceptaron los cargos.Escuche más noticias de Colombia y el mundo:
La Personería de Bogotá tendrá un mecanismo especial para atender y priorizar los casos de abuso o violencia de género que se hayan dado o se den en el marco de protestas en la capital del país.Se trata del Protocolo de Prevención, Atención y Seguimiento de Violencias Basadas en Género y en Diversidades Sexuales en el marco de la Protesta Social, que se creó luego de cinco meses de trabajo con la Universidades Nacional, Pedagógica Nacional, Distrital Francisco José de Caldas y la Pontificia Universidad Javeriana.La estrategia tiene dos objetivos principales, que son el contar con estrategias de prevención de este tipo de violencias, sin revictimización y sistematizar de manera clara y coherente las tipificaciones de los casos, es decir, identificarlos y clasificarlos.De acuerdo con la Personería, el protocolo, en cuya creación también participaron algunas organizaciones defensoras de Derechos Humanos y la Brigada de Salud Estudiantil, está en línea con la normatividad vigente que aplica a la protesta social.La iniciativa busca explicar, además, la terminología para que los ciudadanos actúen ante estas situaciones, como la denunciada el pasado 6 de junio cuando la Secretaría de las Mujeres y colectivos feministas dieron a conocer un caso de abuso en el Portal de Las Américas contra una de las asistentes a las actividades del Paro Nacional.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
El Instituto de Protección y Bienestar Animal hizo presencia en el lugar para atender las denuncias ciudadanas y realizó el debido traslado del camión con 20 equinos, entre ellos uno muerto, hacia el Fuerte Ecológico de la Policía.“Uno de los caballos murió en el traslado desde fuera de Bogotá; y los restantes fueron valorados por los médicos veterinarios, encontrándolos en condiciones aceptables de peso, y algunos con conjuntivitis”, destacó la entidad distrital.Aunque los responsables del vehículo portaban los documentos reglamentarios para el traslado de los equinos, el Instituto de Protección Animal realizó el traslado del caso del caballo muerto al grupo GELMA de la Fiscalía para la respectiva investigación.“Instamos a los actores de los sectores productivos y agrícolas del país a priorizar las buenas prácticas y la tenencia responsable, tanto en los predios como en el transporte, garantizando las condiciones adecuadas para los animales”, agregó la entidad.
La Contraloría General imputó el delito de responsabilidad fiscal por $27.923 millones a seis exfuncionarios, contratistas e interventores por las obras del Parque Educativo de Ibagué que, pese a que se pagaron, nunca se terminaron, ni se pudieron usar para los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales de 2015.Entre los imputados están exdirector de Coldeportes, Andrés Botero; el exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez, dos funcionarias de su administración y el exdirector del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, IMDRI, Carlos Heberto Ángel, además de dos funcionarios de esta entidad; así como el contratista y el interventor del proyecto.La medida también cobijó a Vera Construcciones Sucursal Colombia, Benjamin Tomas Herrera Amaya y Coning – Construcción y obras de ingeniería Civil S.A.S., como miembros de la Unión Temporal Parque Deportivo Ibagué 2015, en calidad de contratista; a Lks Colombia S.A.S y Diego Fernando Fonseca, integrantes del consorcio Juegos Nacionales, quienes eran los interventores.Entre los argumentos de la Contraloría, está que la Alcaldía y el instituto omitieron tomar acciones frente a las falencias del contrato, ni actuaron oportunamente cuando se dieron los incumplimientos, lo que influyó a que no se entregaran los escenarios para la fecha prevista, que era el 31 de octubre de 2015.Pese a esto, agrega la entidad nacional, los contratistas recibieron pagos por obras no ejecutadas o con deficiencias constructivas, lo que a su vez implicó la adición de recursos para que se terminaran.El exdirector de Coldeportes fue vinculado también por omitir “su deber de controlar, vigilar y hacer seguimiento a los recursos destinados a la financiación del proyecto, al contratista, supervisor del contrato de obra y la interventoría, a las supervisoras técnica y financiera, en cuantía de $ 25.288 millones”.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
Milagros, ese fue el nombre que una pareja venezolana le colocó a su pequeña hija, quien, por las precarias condiciones económicas de sus padres, tuvo que nacer debajo del puente García Herreros, sobre el contaminado río Pamplonita.El equipo de Los Informantes conoció la historia de la pequeña, quien llegó al mundo gracias a la ayuda de dos policías que encontraron a sus padres en labores de parto en plena calle, ya que ningún taxista les ofreció el servicio para llevarlos a una clínica.Sus padres tienen dos hijos más, lo que hace más dramática su historia.Conozca la historia aquí:
En un documento el Partido de la U, cuya presidente es Dilian Francisca Toro, muestra varias capturas de pantalla de sus redes sociales en las que se evidencia el uso del eslogan desde agosto de este año.“Desde días anteriores el Partido Conservador ha intentado realizar un plagio de nuestra estrategia de campaña: 'Escuchar para cambiar', que se ha venido implementando desde hace más de tres meses, con el punto culmen del lanzamiento celebrado el pasado 20 de octubre”, indicó la U.La frase mencionada aparece en las descripciones de los perfiles de Twitter de las dos colectividades. Por esto, el Partido de la U hizo un llamado “respetuoso” a los conservadores, para que construyan a partir de sus propias investigaciones y no a través de la réplica de ideas y estrategias.Sobre el tema, Omar Yepez, director del Partido Conservador, publicó un trino en el que enfatizó que por sugerencia de un experto se acogió esa expresión y que no se sabía que la U la trabajaba como eslogan.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
