Entre los años 2007 y 2008 varios jóvenes de Soacha empezaron a desaparecer después de que salían de sus casas bajo algunas promesas de trabajo, unos meses después se conoció que estas personas habían sido asesinadas para ser presentadas como bajas en combate, acusadas además, falsamente, de ser integrantes de grupos armados, hechos conocidos como los falsos positivos.El caso de los jóvenes de Soacha fue uno de los que llevó a las investigaciones por los casos de falsos positivos, además, después se supo que las ejecuciones extrajudiciales se registraron en otras zonas del país, según la JEP, fueron al menos 6.402 casos.El próximo 3 de octubre, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, pedirá perdón públicamente y ante las víctimas por estos casos de ejecuciones extrajudiciales en Soacha. Será a las 2:00 de la tarde y hace parte de las medidas restaurativas proferidas, de manera inicial, en el año 2015 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander ."Si bien el dolor de las familias no puede compensarse con nada, este acto de disculpas públicas puede resultarles reparador y, esperamos, también lo sea para la sociedad colombiana, pues se reconoce públicamente que agentes del Estado cometieron crímenes que los altos mandos militares y quien fuera Presidente de la República en el periodo en que sucedieron, Álvaro Uribe Vélez, han intentado minimizar e incluso justificar durante años" señalaron en un comunicado las víctimas de los casos de ejecuciones extrajudiciales.¿El Estado pudo evitar los falsos positivos?El general (r) Paulino Coronado se convirtió en el militar de más alto rango en aceptar su responsabilidad por falsos positivos. Lo hizo el pasado 27 de abril en Ocaña, Norte de Santander, justo donde comandó la Brigada 30 entre los años 2007 y 2008, cuando fue destituido por orden del ministro de Defensa de ese entonces, Juan Manuel Santos, después de que salieran a la luz pública las denuncias sobre los falsos positivos de los jóvenes de Soacha, que bajo falsas promesas de trabajo, fueron llevados hacia Norte de Santander para ser presentados como falsos positivos.También manifiesta que se debió haber actuado con responsabilidad frente a estas denuncias y adoptado medidas de control para haber evitado, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes de Soacha, que se presentaron nueve meses después.“Pero lo que se hizo fue sustituir, en la victimización, a pobladores del Catatumbo, por habitantes vulnerables de otra región”, agregó.Le puede interesar
El reconocido abogado y columnista Rodrigo Uprimny generó un intenso debate tras publicar una columna en el periódico El Espectador en la que aborda la responsabilidad política en torno a los falsos positivos en el país.La polémica se intensificó cuando el expresidente Álvaro Uribe respondió en Twitter, acusando a Uprimny de ser "responsable moral y político del terrorismo" por sus posturas. En una entrevista en el programa Mañanas Blu, conducido por Néstor Morales, Uprimny lamentó que el expresidente lo ataque personalmente y que deje de lado el fondo del asunto.Durante la entrevista, Uprimny explicó que la molestia expresada por el expresidente Uribe proviene de su incapacidad para refutar los argumentos sustantivos presentados en su columna. El abogado argumentó que, en lugar de abordar directamente los puntos que él plantea sobre la responsabilidad moral y política en torno a los falsos positivos, Uribe ha optado por ataques personales y falacias.“En un primer trino dijo que yo era abogado de las Farc, abogado de Santos y contratista de la Comisión de la Verdad, como para deslegitimar lo que dijera, con una típica falacia ad hominen. Es decir, que, en vez de atacar el argumento, se ataca a la persona sin refutar el argumento. Pero como todo eso es falso, entonces ahora él es el que escala el argumento, entonces criticando mis posiciones como si éstas hubieran legitimado alguna vez el terrorismo”, manifestó.Uprimny destacó que su columna no afirma que Uribe sea responsable de manera categórica, sino que plantea un debate sobre la posibilidad de que haya incurrido en una responsabilidad de mando debido a su posición como presidente de la República y comandante de las Fuerzas Militares durante la época en que ocurrieron los falsos positivos. Para respaldar su argumento, Uprimny citó tres elementos de la responsabilidad de mando en el derecho internacional, señalando que Uribe cumplía con estos criterios.“Yo afirmo que hay elementos que inducen a plantear que ese es un debate que debe darse. Porque los elementos de la responsabilidad del mando en el derecho internacional son tres. Uno, que la persona superior, sea este militar o sea un mando político o que tenga autoridad, tenga mando efectivo sobre las tropas que cometieron atrocidades. Uribe era presidente de la República y comandante de las Fuerzas Militares. Segundo, que hubiera sabido o hubiera documentación que le indicara que esas atrocidades estuvieran ocurriendo y las hubiera ignorado. Como yo señalo, los informes de la Oficina de la Alta Comisionada desde el 2003 o en el 2004, relativo al 2003, empiezan a hablar de las denuncias sobre falsos positivos. (…) Finalmente, el tercer elemento es que no se tomen medidas”, explicó.En respuesta a la pregunta de por qué no mencionó la responsabilidad de Juan Manuel Santos, quien fue ministro de Defensa en esa época, Uprimny aclaró que Santos ya ha asumido una responsabilidad moral y política al comparecer ante la Comisión de la Verdad y expresar su pesar por los falsos positivos. Por otro lado, señaló que Uribe ha negado cualquier responsabilidad moral y política, lo que ha generado un contraste en la percepción pública.Finalmente, Uprimny enfatizó que no espera que Uribe sea juzgado por los falsos positivos debido a las dificultades procesales involucradas, pero argumentó que el país necesita que el expresidente asuma sus responsabilidades morales y políticas, explique por qué no se tomaron medidas a tiempo y contribuya a cerrar un capítulo doloroso en la historia colombiana.
El Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad le pidió al expresidente Álvaro Uribe frenar sus declaraciones en contra de esa instancia y contra la JEP, que siguen adelantando las investigaciones en el marco de los casos de ejecuciones extrajudiciales.“Sus declaraciones (...) son revictimizantes y en nada le contribuyen a la verdad, la paz y la reconciliación que millones de colombianas y colombianos buscamos y esperamos”, reseñó el comité en un comunicado.Y es que durante esta semana, el exmandatario emitió al menos dos pronuncumaientos cuestionando los avances en los proceso por falsos positivos y más tras las declaraciones de varios militares desde Yopal, Casanare, entre ellos el general (r ) William Torres Escalante, quienes reconocieron su responsabilidad en esos delitos y mencionaron a Uribe.El exmandatario escribió, entre otras, que la JEP impulsaba a reconocer delitos no cometidos y permitía “presentar como inocentes a quienes estaban delinquiendo así sus familias no lo supieran. Hay casos clarísimos de integrantes de grupos terminales que aparecen como víctimas inocentes”.Y por eso Uribe agregó que enviaría a ese justicia especial la misma declaración que había entregado a la Comisión de la Verdad aunque difiera de su informe final.El comité responde entonces que es necesario el respeto para quienes vienen trabajando en el cumplimiento de las recomendaciones del informe en el que sí se incluyeron las versiones de los diferentes sectores involucrados en el conflicto armado.“Reconocemos y exaltamos la importancia de las declaraciones dadas por los militares en clave del esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de personas desaparecidas y la no repetición de estos hechos, en la Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Caso 03, sub caso Casanare, y la cual el expresidente Uribe atacó con un video y desde su cuenta en la red social X”, reiteró el comité.Finalmente, desde este equipo creado una vez fue publicado el informe final de la Comisión, mantuvieron su respaldo al trabajo, pero además le piden a Uribe que se involucre en la JEP como testigo que aporte verdad y asumiendo responsabilidad.Vea también
Terminaron las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Yopal, Casanare, en las que 21 miliares rindieron sus versiones y aceptaron su responsabilidad por los llamados falsos positivos en la región. Uno de los testimonios más duros fue el que entregó el mayor retirado Gustavo Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Militar de Casanare.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el mayor (r) Bracamonte reconoció que los falsos positivos fueron “capitulo muy oscuro” en la historia del conflicto armado del país y, por eso, aseguró que quisiera que “eso jamás se repitiera”, pues ahora entiende que muchas familias se vieron afectadas.Y es que parte de esas muertes de jóvenes inocentes, quienes en su momento fueron presentadas por parte de miembros del Ejército como bajas en combate, se dieron bajo la orden de Soto Bracamonte, según aceptó él mismo.“Fueron tropas del Gaula Militar Casanare bajo mi comando, efectivamente fue bajo mi comando todas las personas que yo mencioné ese día (en las audiencias) con nombre propio. Siempre lo he dado a conocer en la JEP, que esas cuestiones derivaron en una degradación de la guerra, a la que, infortunadamente, estuve sometido”, comentó.En su caso, estos hechos ocurrieron entre el 2006 y 2007, por “todas esas presiones por resultados operacionales” que, aseguró, vivió por parte de sus superiores de la época; sin embargo, dijo que cuando llegó a Casanare, esas exigencias, los falsos positivos, ya existían. De acuerdo con él, las capturas no valían nada, pues lo que pedían los altos mandos eran “muertos”.“Cuando yo asumo el comando del Gaula Casanare, esta práctica ya existía. Lo que hice fue continuar, infortunadamente me faltó carácter para no someterme a esto, porque desafortunadamente las capturas no valían. Yo di muchas capturas allá como comandante, pero esto no me valía, lo que se pedía y los resultados que exigían eran los muertos”, contó.Según relató, las capturas no eran aceptadas como un logro por parte de la Brigada y, recordó, hizo alrededor de 70 detenciones, por las que no recibió ninguna felicitación, pero por las muertes en combate que luego presentó su escuadrón, sí tuvo reconocimientos.En ese sentido, aseguró que él nunca asesinó a ninguna persona para hacerla pasar como un falso positivo, pero por ser el comandante, la responsabilidad es suya y así lo ha asumido durante las varias audiencias de reconocimiento y verdad: “Era personal bajo mi mando”.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
Durante tres días en Yopal un grupo de 21 militares, dos civiles y un exdetective del DAS aceptaron su responsabilidad por 296 casos de falsos positivos que se registraron en el Casanare, entre 2005 y 2008.El militar de más alto rango en aceptar su responsabilidad en estos casos fue el general en retiro Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16 en el Casanare.“Tuvimos varias veces en la Brigada la visita del presidente Álvaro Uribe, estaba la población, estábamos las autoridades que teníamos responsabilidad de seguridad en el departamento y pues las personas empezaban a quejarse todo el tiempo de seguridad y él daba instrucciones en forma dura también hacia los comandantes de Policía, Ejército y DAS y decía que, si no podíamos con el cargo, pues que avisáramos para que él pudiera gestionar un relevo”, aseguró Torres.El expresidente Álvaro Uribe reaccionó a estas declaraciones y a las audiencias de reconocimiento en Yopal. Aseguró que en el Casanare había guerrillas y grupos paramilitares que estaban afectando a la población civil y que por eso su deber era exigirles a las autoridades que tomaran medidas.“Preferimos las desmovilizaciones sobre las capturas y las bajas. En efecto hubo 53.000 desmovilizaciones, 18.000 de guerrilleros y 35.000 de paramilitares, 36.363 capturas y 13.992 bajas. Nunca desautoricé a los ministros de Defensa en decisiones de separar personas de la institución armada. Muchos de los responsables de falsos positivos fueron a la cárcel”, señaló Uribe.Por otro lado, el expresidente aseguró que algunos militares, que ante la justicia ordinaria negaban su responsabilidad en estos delitos, ahora ante la JEP los están aceptando.“El diseño de la JEP estimula, en aras de la libertad, a reconocer incluso delitos no cometidos. Este diseño también facilita presentar como inocentes a quienes estaban delinquiendo, así sus familias no lo supieran. Hay casos clarísimos de integrantes de grupos criminales que aparecen como víctimas inocentes. Como presidente fui muy exigente, ello contribuyó a sensibles reducciones de homicidios, secuestros, asesinatos de sindicalistas, de profesores, de periodistas, a la disminución de todos los delitos”, finalizó Uribe.Puede ver:
En la mañana de este miércoles, 20 de septiembre, sigue la jornada de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, que se realiza en Yopal, en la que 21 exintegrantes del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos terceros civiles reconocen su responsabilidad en la comisión de 303 asesinatos ilegítimamente presentados como bajas en combate en Casanare, los llamados falsos positivos.Siga la audiencia acá:
"Yo asesiné, yo torturé. Yo me adapté a una práctica sistemática de asesinatos", dijo este martes el cabo primero retirado del Ejercito Gélver Pérez García, durante el segundo día de la audiencia de reconocimiento de 303 "falsos positivos" ocurridos en el departamento colombiano de Casanare (este).La confesión la hizo Pérez durante el segundo día de la audiencia de reconocimiento de ejecuciones de civiles por parte de militares, diligencia organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Yopal, que finalizará este miércoles.El exmilitar reconoció ante familiares de campesinos y colonos que participó en al menos 31 crímenes perpetrados en Casanare como miembro del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno) conformado por más de 1.000 hombres, conocidos en Colombia como "falsos positivos".A la diligencia también acuden el mayor general retirado Henry Torres Escalante, que fue comandante de la Brigada XVI; 13 oficiales, siete suboficiales, un funcionario de la Policía secreta y dos terceros civiles en una audiencia de reconocimiento de ejecuciones de civiles por parte de militares organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Yopal.Todos han reconocido su participación en el asesinato de 303 campesinos ocurridos entre enero de 2005 y diciembre de 2008 en Casanare (este), conocidos en Colombia como "falsos positivos".Con dichos crímenes, que fueron destapados a finales de 2008, los militares de la época buscaban recompensas tales como permisos y ascensos, entre otros."Máquina de guerra" Por su lado, el teniente retirado del Ejército colombiano Jhon Suancha Florián, dijo: "Fui preparado como máquina de guerra. Se me cambió esa mentalidad que tenía de una persona normal a una persona fría. Hasta hoy estoy empezando a sentir cosas que no sentía hace mucho tiempo".Suancha también relató que fue utilizado como un instrumento "para cometer los objetivos de los generales que nos están mirando (por televisión o por redes sociales), el cuerpo de generales que muchas veces fueron a los centros de reclusión a callarnos la boca".Y fue más allá: "Acá falta nombrar al padre de la omisión de los 'falsos positivos': general Carlos Arturo Suárez Bustamante", remarcó.Por su lado, Wilson Rodríguez, que fue un civil que reclutó campesinos para llevarlos a militares del Casanare que luego los hacían pasar por "bajas en combate", aseguró que los "falsos positivos" fue "un sistema de ejecución extrajudicial implementado por el gobierno central del momento".Organización criminal compleja La JEP consideró en julio pasado que en la Brigada XVI se implantó una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en Casanare.La Sala de Reconocimiento de la JEP estableció que bajo la comandancia del mayor general Torres Escalante se incrementó la presentación artificial de resultados operacionales en esta región por lo que les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad.Mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en condiciones de discapacidad cognitiva sufrieron daños graves, diferenciados y desproporcionados por las acciones de esta unidad militar.Las víctimas eran equipadas con armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes. Los miembros de la Brigada XVI denominaban a estos implementos el "kit de legalización". Vea también
Carlos Suárez Bustamante fue considerado como el general que se encargó de investigar y posteriormente denunciar a militares que llevaron a cabo falsos positivos en diferentes zonas del país, llegó a alcanzar el puesto de inspector general en las Fuerzas Militares.Durante una audiencia de reconocimiento ante la JEP, en Yopal, el teniente (r) Jhon Alexander Suancha aseguró que el general (r) Suárez Bustamante tendría responsabilidad por omisión, presuntamente, en los falsos positivos, tras hacer la afirmación dijo además que si algo le pasaba a su vida sería responsabilidad de Suárez.“Pero acá falta nombrar al padre de la omisión de los falsos positivos: general (r) Suárez Bustamante Carlos Arturo, que después de la muerte de Eduardo Pérez Vega y de los hechos acaecidos con Florentino Vargas y Ricardo Vargas llegó al Gaula militar Casanare, ¿qué general, siendo el inspector general del Ejército, se toma la molestia de venirse a Bogotá a hablar con un pinche teniente en ese momento? Porque el teniente era el que estaba dando resultados”, aseguró Suancha.Por otro lado manifestó que el general (r) Suárez Bustamante le habría pedido directamente bajas en combate.“Mi general me dijo frentiado, oiga guevon no se gastó tanta plata en su entrenamiento para que usted ahorita se venga a atortolar, ¿o es que no quiere ser capitán? Estoy hablando de 2007 los casos de Soacha salieron en 2008, y se pedían bajas, las bajas me las pidió directamente el señor general Suárez Bustamante”, explicó el teniente (r) Suancha.Le puede interesar
Un grupo de 21 militares está en Yopal, Casanare, aceptando su responsabilidad en 296 ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) que se registraron en este departamento entre 2005 y 2008, en estos hechos también están involucrados civiles que reclutaban víctimas y un exdetective del DAS.En la sesión de este martes, 19 de septiembre, el soldado (r) Alexander González aseguró que recibió algunos reconocimientos por parte de sus superiores por operaciones en las que se presentaron casos de ejecuciones extrajudiciales.“No tengo cómo ni cara de venir a decirles que por mi culpa fue que se asesinaron a sus familiares no hay palabras ni cómo curar el dolor que ustedes en este momento sienten, los reconocimientos que yo tuve por asesinar a sus familiares fueron permisos, medallas y fui enviado a la península del Sinai también”, explicó el soldado (r) del Gaula Casanare.Además, dijo que en otros casos obtuvo permisos de hasta cinco días por otros resultados operacionales que finalmente eran casos de falsos positivos en el departamento del Casanare.Confesiones estremecedoras en Casanare ante la JEPEn una audiencia celebrada en Yopal, Casanare, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) presidida por el magistrado Óscar Parra, fue testigo de confesiones estremecedoras por parte de militares, oficiales, suboficiales e incluso un exfuncionario del DAS, quienes han aceptado y reconocido su responsabilidad en el asesinato de 296 jóvenes entre los años 2005 y 2008.Esta serie de confesiones arroja luz sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia, conocido como los "falsos positivos". El magistrado Óscar Parra, entrevistado por Néstor Morales en Mañanas Blu, reveló detalles sobre cómo ocurrieron estos terribles hechos y qué factores llevaron a que esta política criminal alcanzara niveles tan macabros en la región de Casanare.Le puede interesar
En una audiencia celebrada en Yopal, Casanare, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) presidida por el magistrado Óscar Parra, fue testigo de confesiones estremecedoras por parte de militares, oficiales, suboficiales e incluso un exfuncionario del DAS, quienes han aceptado y reconocido su responsabilidad en el asesinato de 296 jóvenes entre los años 2005 y 2008.Esta serie de confesiones arroja luz sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia, conocido como los "falsos positivos". El magistrado Óscar Parra, entrevistado por Néstor Morales en Mañanas Blu, reveló detalles sobre cómo ocurrieron estos terribles hechos y qué factores llevaron a que esta política criminal alcanzara niveles tan macabros en la región de Casanare.Según Parra, uno de los factores determinantes en la proliferación de los falsos positivos fue la intensa presión ejercida a todos los niveles dentro del Ejército. Esta presión se manifestó a través de programas radiales, actas de compromiso y cuotas de presentación de bajas que debían cumplirse a toda costa. A quienes se negaban a participar en estos crímenes, se les amenazaba. Además, se ofrecían incentivos como permisos, recursos de planes de bienestar y pertenencia a unidades élites.“Quiero resaltar entre muchos otros elementos que estos reconocimientos ratifican imputaciones e investigaciones que había hecho la JEP previamente aquí en el Casanare, donde hemos dado cuenta que estos crímenes se dieron por, primero, presiones a todo nivel a través de programas radiales, actas de compromiso, cuotas de presentación de bajas que tenían que presentar ellos, amenazas dirigidas a quienes se negaban a participar de los hechos, incentivos como permisos, recursos de los planes de bienestar, pertenencia a unidades élites, entre otros”, dijoPara encubrir los crímenes, se constató que los documentos operacionales eran elaborados posteriormente a los hechos o contenían información falsa. También se obligaba a informantes a firmar documentos en blanco relacionados con el dinero que a veces no se pagaba o que se destinaba para otros fines. Se registraban víctimas como no identificadas, lo que facilitaba la desaparición forzada de los cadáveres, que eran trasladados por militares sin la presencia de la Policía Judicial para obstaculizar las investigaciones. Se utilizaban kits de legalización para manipular la escena de los crímenes.El magistrado Parra destacó que, si bien los falsos positivos fueron un fenómeno multicausal, uno de los detonantes clave fue la presión por bajas a como diera lugar. Las unidades militares competían entre sí, lo que generaba cuotas de presentación de bajas cada vez más altas. Los ascensos estaban vinculados a esta competencia, y quienes se negaban a cumplir con estas cuotas enfrentaban amenazas de traslado a zonas alejadas de sus familias.“Nosotros hemos documentado que este fenómeno es multicausal, es decir, que confluyen varios factores de la dinámica del conflicto armado en diversos momentos del país. Pero sí hay un componente importante en esa prevalencia que tuvo la presión por bajas a como diera lugar. en relación con la dinámica del conflicto en determinado momento, puntualizó.La entrega de medallas, permisos, comisiones al exterior y planes vacacionales también desempeñó un papel importante en la motivación de los perpetradores. El magistrado Parra mencionó el caso del GAULA militar de Casanare, donde el comandante comenzó a utilizar recursos destinados a la lucha contra la extorsión y el secuestro para respaldar la ejecución de falsos positivos.Además, se señaló que, en Casanare, este fenómeno alcanzó niveles particularmente brutales debido a la dinámica del conflicto armado en la región, la protección de pozos petroleros y la desmovilización de grupos paramilitares que involucraron a desmovilizados como informantes o víctimas.“Yo creo que lo que estamos resaltando es la gente, es como algunos militares en determinado momento se meten en esta dinámica de producir bajas masivas y sistemáticamente competir a hacerse una carrera a partir de eso y eso va a dinamizar el fenómeno en esta en esta en esta zona. Pongo un ejemplo, el Gaula Militar Casanare empieza a involucrarse con los falsos positivos en una época, pero después llega un comandante que, de un momento a otro, el mayor Soto Bracamonte, empieza a fortalecer el tipo de planeación, ejecución, encubrimiento de los crímenes”indicó.Las confesiones durante esta audiencia han arrojado luz sobre la complejidad de los factores que llevaron a la perpetración de los falsos positivos en Casanare. La presión por bajas, la competencia entre unidades militares y la búsqueda de ascensos y reconocimientos se combinaron con otros elementos del conflicto para dar lugar a esta trágica serie de eventos. La investigación de la JEP continúa desentrañando los detalles de esta oscura página de la historia colombiana.
Yo Me Llamo Rosalía volvió a presentarse en el programa musical para defender su puesto en el templo de la imitación. En su última gala no tuvo su mejor noche, pues la jueza Amparo Grisales le manifestó que se había descuidado en el peso y eso no le jugaba a favor para ser la doble perfecta de la cantante española.Vale recordar que, en ese capítulo, la concursante que interpreta a Rosalía no puedo evitar las lágrimas, aunque dijo que los comentarios de la actriz Amparo Grisales eran para mejorar y no para hacerla sentir mal. Incluso, la jueza tuvo que responder en redes sociales a quienes la criticaron por lo que dijo.‘La noche de anoche’ fue la canción escogida por Rosalía para dejar atrás esos comentarios y cambiar la percepción de los jurados de Yo Me Llamo. Además, en esta ocasión lució un hermoso vestido blanco mientras bailaba.¿Qué dijo Amparo Grisales a Rosalía?Amparo Grisales comentó que Rosalía estaba hermosa, que aprovechó los flecos del vestido “para disimular lo que le molestó”, pero no le gustó que no usara la base del micrófono. Según la actriz, es importante este elemento en el escenario para que la participante pueda realizar los característicos pasos de flamenco, como aplaudir mientras da pasos corticos, y así tener una mejor presentación en la tarima.“Tú tienes que hacer la tarea, porque Rosalía se planta, ¿no sé a qué le tienes miedo? Usa la base para tener ese desparpajo de flamenco”, dijo Grisales.Por su parte, el maestro César Escola, con los ojos llorosos, manifestó que esa había sido la noche de ella, pues tuvo el color de la voz de la artista original, la entrega en el escenario y la canción la favoreció.Mientras Pipe Bueno calificó su actuación como “perfecta”, “con todos los poderes en esa garganta” y cumplió con la exigencia de las notas.
Fabian Salvioli, el relator especial de Justicia Transicional de La ONU, dijo que rechaza los ataques a la paz y reveló que en Colombia no hay garantías de no repetición en el acuerdo de paz. Además, aseguró que mandatarios anteriores no deben satanizar la función de la JEP, por miedo a descubrir sus acciones.El relator de la ONU afirmó que la insuficiente implementación de las garantías esenciales de no repetición contenidas en el acuerdo de paz es lo que ha alimentado la crítica situación del conflicto armado en varios territorios del país, pero también lanzó una pulla a mandatarios que han criticado la labor de la JEP.“Los ataques no son aceptables. Las críticas, bueno, eventualmente, pero un ataque es un ataque a la paz y el ataque a la paz es inaceptable. Yo lo que creo es que, además, cada quien debe rendir cuentas en relación a lo que ha hecho y el expresidente Uribe tiene responsabilidades en relación con los hechos cometidos durante su Gobierno y, además, cuando él era gobernador”, destacó el relator de la ONU, Fabián Salvioli.Salvioli resaltó los renovados esfuerzos del Gobierno para avanzar en las negociaciones de paz con los grupos armados y criminales y para implementar las agendas de paz y justicia transicional: "Sin embargo, existen retrasos en la judicialización de los casos y preocupaciones sobre el papel de las víctimas en la definición de las sanciones a imponer a los perpetradores ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y el tipo de sanciones".Para la ONU, la respuesta de Colombia debe incluir estrategias para una presencia efectiva del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto, la reparación integral de las víctimas -incluida la restitución de tierras-, la reintegración de los excombatientes y la labor de los defensores de los derechos humanos, incluidos los líderes sociales. Estos fueron los llamados que hizo Fabián Salvioli, el relator de la ONU, en su visita por Colombia.Puede ver:
De acuerdo con el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, una vez se enteró de la irrupción del grupo de indígenas en las instalaciones de la revista Semana en Bogotá, dispuso de la presencia de la fuerza disponible y los agentes necesarios para garantizar la seguridad en las instalaciones del medio de comunicación y tuvo contacto con la directora del medio para ofrecerle su respaldo.“Me enteré y dispuse de la presencia inmediata de la Policía, que llega en minutos a la sede de Semana. Tuve contacto con la directora Vicky Dávila y le doy mi respaldo. La Policía es garante de la libertad de prensa y mantiene ahora una expectativa mayor sobre las sedes de los medios de comunicación”, indicó el general Salamanca desde Cali.Sobre la expectativa policial hacia las sedes de los medios de comunicación en el país, el general explicó que esto se da no porque haya informaciones en el sentido de alguna amenaza, sino de que la institución siempre estará a disposición de las necesidades de la sociedad. “Aquí actuamos de manera inmediata”.Destacó el general, además, que una vez supo del hecho, ordenó la presencia inmediata de la propia comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, la general Sandra Hernández, para que le hiciera frente de la situación personalmente. “Ahora me hará un reporte de lo que ella ha investigado con su equipo de Policía judicial y de inteligencia”.El grupo de indígenas que entró este viernes, 29 de septiembre, a la fuerza a las instalaciones de la revista Semana primero llegó a esta zona del norte de Bogotá en dos chivas, donde el grupo de personas se bajó y causó destrozos en uno de los vidrios de la entrada del edificio e intimidaron a las personas que allí se encontraban, con el fin de ingresar a los ascensores y subir a los pisos más altos del medio.Puede ver:
El Consejo Nacional Electoral a través de la Resolución 11820 de 2023, dejó en firme la candidatura a la Gobernación del Huila, de Rodrigo Lara Sánchez inscrito por la coalición ‘Construyamos un Huila para Todos’ y con el coaval de la Alianza Verde y el partido Creemos.En la resolución la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral determinó que no existe inhabilidad alguna del exalcalde de Neiva para participar de las elecciones del próximo 29 de octubre.Esta decisión fue tomada en respuesta a la denuncia que había presentado por los ciudadanos Dimas Olarte Silva y Ernesto Cardoso Camacho, al considerar que Lara Sánchez estaría inhabilitado como consecuencia del contrato suscrito entre el sindicato médico al cual se encontraría afiliado el aspirante y la Gobernación del Huila.Además, porque según la denuncia siendo presidente de la Corporación Club Campestre de Neiva, esta organización durante el último año habría celebrado contratos con Corposanpedro, entidad perteneciente a la Gobernación del Huila.En la resolución del CNE, se explica que para que se acredite la causal de inhabilidad alegada en el caso concreto es necesario probar la intervención activa, directa y efectiva del candidato en la contratación (fase precontractual o firma del contrato respectivo), sin que sea posible inferir la inhabilidad a partir de la pertenencia de un candidato a una persona jurídica.Según el análisis de la Sala Plena del CNE, no eran sólitos los señalamientos en contra del ex alcalde de Neiva hoy candidato a la gobernación del Huila. porque en el primero de los casos se logró establecer que Lara Sánchez, no hace parte de la junta directiva, ni actúa como representante legas de ANESMEDIC, por lo cual no intervino en la gestión o celebración del contrato suscrito entre el sindicato y el Hospital Universitario H.M.P de Neiva, y que su vínculo se limita a recibir una compensación a cambio de su labor profesional como médico.En lo que se refiere al contrato entre el Club Campestre de Neiva y Corposanpedro, se estableció que no participó en la etapa precontractual del negocio jurídico celebrado, pues se apartó de la discusión y el perfeccionamiento de este estuvo a cargo de la gerente de la época, quien además ejercía la representación legal de la organización.A través de su cuenta de X el candidato a la Gobernación del Huila señalo: Por unanimidad el Consejo Nacional Electoral - CNE tomó la decisión de no revocar nuestra inscripción. Intentaron de todas las formas sacarnos de la contienda e inventaron mil noticias falsas sobre el tema. Una vez más vencimos la politiquería.Le puede interesar:
Al relleno sanitario La Pradera, ubicado en el municipio de Don Matías, Antioquia le quedan 18 días de vida útil. Por medio de un acto administrativo, Corantioquia le notificó a Empresas Varias de Medellín y a las entidades encargadas de la recolección de los residuos en otros 39 municipios de Antioquia que a partir del 17 de octubre, el vaso Altaír, que hasta diciembre 31 de 2022 había recibido 9’071.928 toneladas de residuos, no podrá recibir más basuras.Según Corantioquia, aunque la Alcaldía de Medellín se había comprometido a iniciar en 2022 la construcción de un nuevo vaso que se llamaría La Piñuela, el proyecto quedó en veremos a pesar de que cuenta con los permisos. Otra alternativa que propusieron fue hacer uso de un área de 380.000 metros cuadrados adicional en vaso Altaír, para evitar una contingencia, sin embargo la autoridad ambiental informó que no es posible."Teniendo en cuenta que los estudios que ha presentado Emvarias no garantizan la seguridad o la estabilidad, y en particular el manejo de los lixiviados que se generan en ese vaso, la corporación decide no autorizar el uso de ese cambio menor. Entonces le está requiriendo a Empresas Varias que presente nuevas alternativas; una puede ser que se tramite una modificación de la licencia ambiental" afirmó Marcela Ruiz, Subdirectora de Sostenibilidad y Gestión Territorial Pese al ultimátum de Corantioquia, el alcalde Daniel Quintero afirmó por medio de su cuenta en X que “Gracias al plan diseñado por el Gerente de EPM, la Pradera podrá seguir operando por 6 meses más mientras se construye el nuevo vaso. No es cierto que se vaya a producir un cierre en los próximos días como insinuó Corantioquia.” No obstante la autoridad ambiental le confirmó a Blu Radio que desconoce dicho plan.Le puede interesar:
