La JEP impuso la primera sanción alternativa a un oficial del Ejército dentro del Caso 03. El teniente coronel (r) fue condenado por su responsabilidad en 31 casos de falsos positivos en Casanare y BoyacáLa condena de 5 años, 9 meses y un día de prisión fue impuesta al teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán por su responsabilidad en 31 casos de falsos positivos ocurridos entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006.Los hechos ocurrieron en el norte de Casanare y el suroriente de Boyacá, cuando el oficial se desempeñaba como comandante del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, adscrito a la Brigada XVI del Ejército.Las víctimas eran, en su mayoría, hombres jóvenes, campesinos y personas en condición de vulnerabilidad provenientes de Casanare, Boyacá, Arauca, Meta, Quindío y Santander.La JEP señaló que durante el periodo de comandancia de León Durán el 94,8 % de los resultados reportados por el batallón fueron ilegítimos. Incluso, la unidad llegó a registrar el mayor número de bajas dentro de la Brigada XVI.Aunque inicialmente negó los hechos y su caso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación, en 2025 el oficial decidió aceptar su responsabilidad.Durante una audiencia realizada en Yopal, reconoció que su firma en las órdenes de operaciones permitió que se ejecutaran los crímenes.La sentencia podrá ser apelada por las víctimas. Una vez quede ejecutoriada, se deberá establecer la disponibilidad de establecimientos militares para definir cuándo y dónde comenzará a cumplir la condena.
Tras verificar que aportaron verdad, reconocieron responsabilidad y adelantaron acciones restaurativas, la JEP remitió al Tribunal para la Paz a 29 exintegrantes de la fuerza pública señalados como máximos responsables de falsos positivos ocurridos en Huila entre 2005 y 2008.“La decisión envía el tribunal a un coronel, 11 tenientes coroneles, un teniente, 3 capitanes, 2 mayores, 6 suboficiales y 5 soldados profesionales retirados que reconocieron su máxima responsabilidad por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos entre los años 2005 y 2008 en el Huila”, señaló Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.La decisión incluye al coronel (r) Carlos Yair Salamanca, a los tenientes coroneles (r) Orlando Pico Rivera, Ricardo Andrés López, Jair Arias Sánchez, Faiver Coronado, Alejandro León, Mario Hernán Duarte, Luis Carlos Aguilera, Domingo Peña Cepeda y Ómar Oswaldo Ojeda; así como a los mayores (r) Leonardo Ayala, Felipe Andrés Ramírez, Francisco Adrián Álvarez, Ángel Fernando Carvajal y Julián Andrés Calderón.También fueron remitidos los capitanes (r) Miller Damián Forero, Jesús Mauricio Jiménez y Carlos Mahecha Bernal; los sargentos viceprimeros (r) Jhon Esteban Urueta, Desaix de Jesús Palomino y Fernando Riveros Sarmiento; los sargentos segundos (r) William Andrés Capera y Carlos Hernán Rodríguez; el cabo primero (r) José Roldán López; y los soldados profesionales (r) Luis Rodolfo Mulcué, Willinton Espinoza, Roberto Yesid Quintero, José Yaty Anacona y Francisco Javier Castañeda.Los comparecientes integraron unidades adscritas a la Novena Brigada del Ejército Nacional, entre ellas el Batallón Cacique Pigoanza, el Batallón Magdalena y la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11.La investigación permitió identificar tres patrones macrocriminales. El primero fue la estigmatización de las víctimas, quienes eran señaladas arbitrariamente de colaborar con grupos armados antes de ser asesinadas.El segundo consistió en el engaño de personas en condición de vulnerabilidad mediante falsas ofertas de trabajo o promesas económicas para trasladarlas a zonas donde posteriormente eran ejecutadas y reportadas como combatientes muertos.El tercero correspondió a la realización de operaciones ilegales sustentadas en denuncias falsas o información manipulada.Al explicar los hallazgos, la magistrada Catalina Díaz señaló que en el departamento se logró establecer “la ejecución de un plan criminal cuya finalidad fue exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados”, con el propósito de generar una falsa sensación de seguridad y obtener beneficios profesionales e institucionales.La JEP practicó 130 versiones voluntarias, siete testimonios y analizó expedientes judiciales, archivos militares e información aportada por organizaciones de víctimas.Según la jurisdicción, estos crímenes ocasionaron daños al buen nombre de las víctimas, afectaciones familiares y comunitarias, impactos emocionales y psicológicos, perjuicios económicos y afectaciones al tejido social.Como parte de las medidas restaurativas, los comparecientes han participado en jornadas de intervención en cementerios de Huila y Caquetá, labores que han permitido la recuperación de 71 cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Además, se adelantan iniciativas de memoria y acciones para restablecer públicamente el buen nombre de las víctimas.La JEP señaló que seis de los 36 militares retirados imputados en el Subcaso Huila fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, luego de que no reconocieran verdad ni responsabilidad por los hechos atribuidos.Se trata de los generales (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, Juan Carlos Figueroa García y Luis Fernando Rojas Espinosa; así como de los coroneles (r) Raúl Fernando Suárez del Río, José Joaquín González del Río y Edilberto Cortés Gómez.Durante la investigación, la JEP documentó 204 falsos positivos, 35 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio. Además, 434 víctimas fueron acreditadas dentro del Subcaso Huila.
Luego de más de dos décadas de incertidumbre, la familia de Orlando de Jesús Oquendo Úsuga finalmente pudo despedirse de él luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz les entregara los restos del joven campesino desaparecido en julio de 2004 en el corregimiento de Quiparadó de Dabeiba.Lo que se pudo conocer es que Orlando tenía apenas 19 años cuando desapareció y según las investigaciones adelantadas por la JEP, integrantes del Ejército Nacional lo asesinaron y posteriormente presentaron su cuerpo como el de un supuesto guerrillero muerto en combate, en uno de los casos asociados a los 'falsos positivos'.La identificación fue posible gracias a los aportes de verdad realizados por antiguos integrantes de la Fuerza Pública, quienes también suministraron información que permitió ubicar los restos del joven en el cementerio de Carepa, donde había sido sepultado como persona no identificada.Las pruebas genéticas realizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmaron su identidad gracias a las muestras biológicas entregadas por sus familiares y, además, el estudio también permitió establecer el vínculo biológico con su hijo, Sebastián Durango.Durante la ceremonia de entrega, familiares expresaron que el hallazgo representa el fin de una búsqueda marcada por el dolor y la esperanza, “para mí eso es un descanso. Saber que al menos enterramos el cuerpecito de él”, manifestó una de sus hermanas.Con la entrega de Orlando, ya son 18 las víctimas identificadas y restituidas a sus familias en Antioquia y Chocó dentro de este proceso judicial, y 25 en toda la región de Urabá.
A través de una respuesta oficial a un derecho de petición presentado por el ciudadano Juan José Serrano, en el que solicitó información sobre el estado de identificación de las víctimas investigadas dentro del Caso 03, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP entregó un balance sobre los avances relacionados con los ‘falsos positivos’.Según la respuesta, con corte a 2025, la JEP ha determinado judicialmente 2.374 víctimas dentro de los Autos de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 03.De ese total, 1.956 corresponden a personas plenamente identificadas, mientras que 418 continúan sin identificar.Se trata de víctimas respecto de las cuales la Sala ha adelantado un proceso de contrastación judicial que permitió establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, así como su relación con los patrones de macrocriminalidad investigados en los distintos subcasos territoriales.La información entregada también detalla la distribución de las víctimas determinadas por territorios. El mayor número corresponde al subcaso de la Costa Caribe, con 737 víctimas documentadas entre los dos periodos analizados. Le siguen Casanare, con 546 víctimas; Antioquia, con 507 casos entre los dos periodos investigados; Meta, con 209; Huila, con 208; Norte de Santander, con 120; y el caso conjunto de Dabeiba, con 47 víctimas.Cabe recordar que hace algunos meses la JEP actualizó el universo provisional de víctimas del Caso 03 tras ampliar el periodo de análisis e incorporar nuevas fuentes de información. Además, reportó 7.837 casos ocurridos entre 1990 y 2016.
La Jurisdicción Especial para la Paz expulsó y excluyó al coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha al considerar que su reconocimiento de verdad y responsabilidad no evidencia una contribución genuina al esclarecimiento de la verdad.Ruiz Mahecha es señalado de ser uno de los máximos responsables de casos de ‘falsos positivos’ cometidos por el Batallón La Popa entre 2002 y 2005.La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR) del Tribunal para la Paz concluyó que el compareciente no realizó aportes efectivos al esclarecimiento de la verdad, desconoció reiteradamente la verdad judicial establecida en sentencias condenatorias ejecutoriadas e incumplió los compromisos asumidos ante la justicia transicional.Como consecuencia de esta exclusión, el proceso adversarial en su contra será remitido a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación para que continúe la investigación por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, tipificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.Asimismo, un segundo proceso retornará al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Florencia, Caquetá, para que continúe la etapa de juzgamiento.En la JEP, el coronel (r) Ruiz Mahecha estaba vinculado a dos macroinvestigaciones. La primera corresponde al Caso 03, que aborda asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. En este proceso fue imputado como máximo responsable en el Subcaso Costa Caribe, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, por hechos ocurridos cuando se desempeñó como jefe de inteligencia y de operaciones del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, en Valledupar.Ante su negativa a reconocer responsabilidad, el caso fue remitido a la UIA, que formuló acusación en su contra ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad.La segunda corresponde al Caso 08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública u otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares y/o terceros civiles.En el marco del Subcaso Ariari-Guayabero-Guaviare-Caguán, Florencia y zonas aledañas, la Sala de Reconocimiento de Verdad lo convocó a rendir versión por hechos relacionados con el homicidio de Jorge Andrés Beltrán Cortés, una persona con discapacidad asesinada el 24 de abril de 2005 en la vereda Doce de Octubre, en Cartagena del Chairá (Caquetá), cuando Ruiz Mahecha se desempeñaba como comandante del Batallón de Contraguerrilla No. 55 de la Brigada Móvil 6.Con esta decisión, la JEP registra 119 exclusiones por incumplimiento de las obligaciones adquiridas ante el Sistema Integral para la Paz. De ellas, 80 corresponden a exintegrantes de las Farc-EP, 19 a miembros de la fuerza pública, 8 a agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, 4 a terceros civiles y 8 a comparecientes de otras categorías o en proceso de verificación.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctimas a tres hijos y dos nietos de crianza de un hombre asesinado en 2008 en Dagua, Valle del Cauca. La decisión fue tomada dentro del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado.Según estableció la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, aunque entre ellos no existían vínculos biológicos, sí conformaban una “familia real unida por el amor, el cuidado y años de convivencia”. La víctima, de acuerdo con el expediente, era quien sostenía y orientaba el núcleo familiar antes de ser asesinado presuntamente por integrantes del Batallón de Alta Montaña No. 3 Rodrigo Lloreda Caicedo del Ejército.La Jurisdicción concluyó además que el crimen dejó un daño que trascendió generaciones. Es decir, que las afectaciones emocionales, sociales y económicas no terminaron con la muerte del hombre, sino que continuaron impactando la vida de sus hijos y nietos de crianza años después de los hechos.“La sala concluyó que, como ocurrió en este caso, las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) propias del conflicto armado impactaron profundamente las estructuras familiares de crianza, generando afectaciones emocionales, económicas y sociales que continuaron impactando la vida de hijos y nietos de la víctima. El daño causado por el crimen no se agotó con el paso del tiempo, sino que siguió presente en la vida de las generaciones posteriores”, dice el documento.Para tomar la decisión, la JEP también tuvo en cuenta un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 2022, que ya había reconocido la existencia de esta familia de crianza y condenado al Estado por los daños causados.Con esta acreditación, los cinco integrantes de la familia podrán participar formalmente en el proceso judicial ante la JEP, aportar pruebas, intervenir en diligencias, recibir acompañamiento jurídico y psicosocial, y acceder a medidas de protección si llegaran a enfrentar riesgos o amenazas.El magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez señaló en el auto que el reconocimiento busca garantizar que la justicia transicional responda a las distintas formas de familia existentes en el país y no únicamente a los vínculos biológicos o legales.Además, la Sala ordenó medidas especiales de protección para los dos menores de edad acreditados en este caso, con el fin de evitar su revictimización.
En medio de la actualización de cifras de falsos positivos, que elevó a más de 7.800 el número de víctimas documentadas en el país, han surgido cuestionamientos sobre el nivel de verificación real de estos casos. Ese es el caso del politólogo y activista Juan José Serrano, quien radicó un derecho de petición ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para solicitar mayor claridad sobre el alcance de esos datos dentro del Caso 03.Serrano pidió a la jurisdicción precisar cuántas de esas más de 7.000 víctimas han sido identificadas de manera completa, es decir, con nombre, documento de identidad y lugar de los hechos, y cuántas aún permanecen en proceso de verificación.“En Colombia siempre se ha hablado de 6.402 casos, que es el universo provisional de los hechos, es decir, un cruce entre lo que ha dicho el centro de memoria histórica, lo que han dicho fundaciones y los que han dicho ONGs, y ahora lo aumentaron a 7.000 al ampliar el margen de años. Pero lo que hay que aclarar aquí es que estos casos no han sido verificados”, subrayó Serrano.Además, el derecho de petición solicita información sobre la distribución geográfica de los hechos, con el fin de establecer en qué departamentos se concentran los casos documentados y si existe un desglose que permita dimensionar su impacto territorial.“Solicito que se señale la lista de departamentos en los que la JEP tiene documentados o confirmados estos hechos, indicando si es posible el número de casos registrados por departamento”, señaló en el documento.También pide a la JEP explicar los criterios que utiliza para pasar un hecho del universo provisional a la categoría de caso confirmado, así como el número de registros que siguen pendientes de validación.El activista también pidió a la jurisdicción detallar las diferencias procesales dentro del sistema para los comparecientes de la Fuerza Pública que reconocen su responsabilidad frente a quienes la niegan. En particular, busca conocer las rutas que sigue cada caso, los tipos de sanciones aplicables y los beneficios a los que pueden acceder quienes aportan verdad, en contraste con quienes optan por no hacerlo.
La JEP ha determinado que entre 1990 y 2016 hubo al menos 7.837 casos de falsos positivos en Colombia.Según las investigaciones que ha adelantado ese tribunal, entre los años 1990 y 1994 se habrían presentado al menos 470 falsos positivos. Entre 1995 y 1998 la cifra sería de 334 casos. Desde 1999 y hasta 2002 hubo 708 registros. De 2003 a 2010 se registran los números más altos, con al menos 6.053 ejecuciones extrajudiciales. Mientras que de 2011 a 2016 empezaron a descender, con 272 registros. Estos datos aún están siendo consolidados y contrastados por la JEP y podrían tener una variación a medida que avanzan las indagaciones.Blu Radio obtuvo documentos oficiales entregados a este medio de comunicación tras una petición, en la que se aclara que se han adelantado varios procesos de revisión y depuración de los registros documentados sobre víctimas de estos casos.La sección que ha estado encargada de esclarecer estas cifras es el Grupo de Análisis de Información, GRAI.Según la respuesta de la jurisdicción, el GRAI “ha adelantado varios procesos de revisión y depuración de los registros documentados como Muertes Ilegítimamente Presentadas como Bajas en Combate (MIPBC), y que hacen parte del patrón macrocriminal investigado en el macrocaso 03 de la JEP. Nótese que las MIPBC son un subconjunto de los homicidios atribuibles a la Fuerza Pública, ya que no todo homicidio de esta naturaleza fue presentado como una baja durante un combate legítimo”.Más de 20.000 homicidios y desapariciones por parte de la Fuerza PúblicaLa JEP también señala que el consolidado de víctimas no es un número estático, absoluto o cerrado, y aclaran que las muertes y desapariciones presuntamente atribuibles a la Fuerza Pública durante el conflicto superan los 20.000 casos.“Bajo la última actualización, el GRAI ha documentado 20.728 homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la Fuerza Pública, de los cuales 7.837 han sido clasificados como MIPBC entre los años 1990 a 2016”.A este resultado se llegó después de que la Sala de Reconocimiento le ordenó al GRAI sistematizar todos los informes remitidos a la jurisdicción y consolidar un Catálogo de Informes y un Universo Provisional de Hechos, con base en cuatro criterios: metadatos de la fuente, información detallada de los hechos, características de las personas identificadas y la posibilidad de realizar conteo y análisis estadísticos relevantes”, dice el documento entregado a Blu Radio por la JEP.El GRAI, desde el 2020, ha desarrollado varios proyectos y ha procesado más de 1.000 informes, con cerca de 35.000 anexos aportados por las víctimas y algunas entidades del Estado, entre ellas la Fiscalía, la Justicia Penal Militar, la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura.“Es preciso señalar que, a la fecha, la Sala de Reconocimiento, en el desarrollo de sus Autos de Determinación de Hechos y Conductas del Macrocaso 03, ha esclarecido 1.952 víctimas de MIPBC (sin incluir aquellos NN: casos esclarecidos pero no identificados)”, explicó la JEP a este medio.¿Desde cuándo hay registros sobre falsos positivos?En esta respuesta oficial, la JEP también precisa que en la base de datos integrada por el GRAI se registra un primer caso de falsos positivos en 1962.“En las bases de datos integradas por el GRAI se registra una primera MIPBC ocurrida en el año 1962. En el marco del trabajo de esclarecimiento judicial adelantado por la Sala de Reconocimiento dentro del Caso 03, el primer caso determinado corresponde al año 1992”, dice la JEP en su respuesta.La concentración de casosDe acuerdo con el análisis realizado por el GRAI, el periodo de mayor concentración de falsos positivos se dio desde el 2001, cuando se registra el inicio de un crecimiento exponencial que empieza a decrecer en 2009, pero que no desaparece.“Se puede concluir que los departamentos con mayor número absoluto de víctimas de MIPBC incluyen, entre otros, Antioquia, Meta, Cesar, Casanare y Huila”, agrega la JEP.
La JEP reveló que las víctimas de 'falsos positivos' en Colombia subieron a 7.837, provocando un fuerte cruce de mensajes entre los senadores Paloma Valencia e Iván Cepeda. Este nuevo reporte de la justicia especial, que actualiza la cifra anterior de 6.402 casos, reabrió el debate sobre la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe y los resultados de las investigaciones judiciales.Por qué aumentó la cifra de víctimasEl presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, aclaró que este cambio se debe a que ahora analizan un tiempo más largo: desde 1990 hasta 2016. Además, se incluyeron datos de la Procuraduría y de casi mil víctimas que antes no se habían tenido en cuenta. "Lo más probable es que incluso esta nueva cifra, pues, vaya a aumentar en el futuro", advirtió el magistrado.Jaqueline Castillo, de la asociación de madres MAFAPO, recibió con esperanza la noticia. Según explicó, las familias siempre supieron que eran más de 6.402 jóvenes y que, según confesiones de los mismos militares ante la JEP, el número podría superar los 10.000 casos.El senador Iván Cepeda utilizó sus redes sociales para cuestionar cuándo será juzgado Álvaro Uribe por estos hechos, a los que calificó como "crímenes contra la humanidad". Su mensaje encendió la respuesta inmediata de la senadora Paloma Valencia, quien salió en defensa del exmandatario."No sea descarado, Iván Cepeda", respondió Valencia, señalando que el senador usa a las víctimas para atacar a Uribe. La congresista defendió la gestión del expresidente asegurando que fue quien derrotó al terrorismo y criticó a Cepeda pidiéndole cuentas por la situación actual de violencia y los líderes sociales asesinados en el país."Responda usted por los resultados de su “paz total”: por cada secuestrado, por cada campesino desplazado, por cada líder social asesinado. Hoy ataca a Uribe, el hombre que derrotó al terrorismo que usted legitimó. Usted no defiende a las víctimas: las usa", agregó Valencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) elevó a 7.837 el número de víctimas de falsos positivos, tras actualizar su universo de casos documentados en el país. Según el tribunal, la cifra anterior, de 6.402, podía aumentar a medida que avanzaran las investigaciones.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que el incremento responde a una ampliación en el periodo de análisis y en las fuentes de información. Mientras el cálculo inicial se concentraba entre 2002 y 2008, la nueva revisión va desde 1990 hasta 2016.“Siempre hemos dicho que esa cifra era un universo provisional de hechos, algo que podía aumentar”, señaló Ramelli, al indicar que también se integraron nuevas bases de datos y procesos de verificación.“Se cruzaron, por ejemplo, las bases de datos de la Procuraduría que no estaban inicialmente y todos los informes que se recibieron de las víctimas que fueron casi mil. Entonces toda esa información no hizo parte de la cifra inicial”, explicó.El presidente de la JEP también señaló que esta cifra puede aumentar, ya que faltan datos de las audiencias que viene realizando la sala de definición de situaciones jurídicas, en donde comparecientes también estarían confesando ejecuciones y desapariciones que anteriormente no habían sido investigadas.“Lo más probable es que incluso esta nueva cifra, pues, vaya a aumentar en el futuro. Pero la razón es esa, se amplió el período, digamos, de constatación de información y se ampliaron las bases de datos que inicialmente se han manejado”, agregó.Para las víctimas, el aumento en la cifra refuerza la necesidad de avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades. Jaqueline Castillo, representante del colectivo Madres de Víctimas de Falsos Positivos (MAFAPO), pidió a la JEP que profundice las investigaciones.“Siempre lo dijimos, que eran muchos más de 6.402, y lo hemos escuchado desde varios de los comparecientes ante las versiones en la JEP que ellos mismos han dicho que son más de 10.000 casos de ejecuciones extrajudiciales. Así que, en verdad nos alegra mucho este gran trabajo que viene haciendo esta justicia especial para la paz, porque si bien, quizás no vamos a alcanzar a conocer el el horror que vivió Colombia, y tal vez nunca vamos a tener una cifra exacta, se está demostrando que sí fueron muchos más de 6.402 jóvenes presentados ilegítimamente como bajas en combate”, señaló Castillo.
Bogotá se alista para vivir una jornada llena de actividades en el marco del Mundial 2026 este sábado 27 de junio, cuando la Selección Colombia se enfrente a Portugal en la tercera fecha de la fase de grupos. Tras asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final con seis puntos luego de vencer a Congo, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo busca ratificar su liderato en el grupo K frente a un rival que llega de golear a Uzbekistán. Para este encuentro, que iniciará a las 6:30 p.m., la capital colombiana ha dispuesto múltiples puntos de encuentro para que los aficionados disfruten del evento de forma gratuita y segura.Fanzones oficiales en parquesLa Alcaldía de Bogotá y el IDRD habilitaron fanzones ubicadas en los parques metropolitanos El Tunal, en Tunjuelito, y Fontanar del Río, en Suba. El parque El Tunal cuenta con un aforo máximo de 15.000 asistentes, mientras que el espacio en Suba recibirá hasta 5.000 personas. Para ingresar a estos lugares, los interesados pueden reclamar boletas gratuitas en puntos CADE y SuperCADE, con un límite de tres entradas por persona. Es importante recordar que el ingreso solo se permite a mayores de ocho años y no se admite la entrada de mascotas.Estos son los puntos donde puede reclamar las entradas:-SuperCADE Suba.-SuperCADE Bosa.-SuperCADE Manitas.-CADE Tunal.-CADE Santa Lucía.-CADE La Gaitana.-CADE Los Luceros.-CADE Muzú.-CADE Toberín.-CADE Servitá.-CADE Santa Helenita.Fútbol desde las alturasUna opción alternativa para seguir el partido de la Selección Colombia contra Portugal es la experiencia programada en la Torre Colpatria. Este espacio ofrece tres zonas diferentes para los asistentes: el helipuerto, el salón de arte y el mirador, cada uno con beneficios y combos especiales que incluyen palomitas de maíz y bonos de bebidas. Además de la transmisión del juego, los fanáticos podrán disfrutar de un DJ en vivo y participar en jornadas de intercambio de láminas del álbum del Mundial.Otras actividades alrededor del MundialLa oferta de entretenimiento en la ciudad se extiende más allá de los estadios y pantallas con iniciativas como "Fanáticos de tu Pasión" de Starbucks, que celebra el vínculo entre el café y el deporte a través de bebidas especiales de temporada.Por otro lado está Casa Estadio, un espacio en Bogotá disponible hasta el 19 de julio que trasciende lo deportivo para integrar cultura, memoria y gastronomía. Su principal atractivo es la exposición “América cumplirá su destino: un viaje a través de la pelota”, desarrollada con el acompañamiento del Museo Nacional, donde se exhiben piezas históricas, balones de torneos mundiales y objetos pertenecientes a leyendas como Pelé, Garrincha, Maradona y Messi.Bogotá ofrece un abanico de experiencias que permiten a la ciudadanía sumergirse por completo en la emoción del Mundial 2026, combinando el fervor deportivo con propuestas culturales y gastronómicas de alto nivel.
Este viernes, 26 de junio, la Lotería de Medellín lleva a cabo el sorteo 4838, que entrega un premio mayor de $16.000 millones. De acuerdo con la información oficial de la entidad, el afortunado billete ganador correspondió al número 6346 - 023.Premios secos de la Lotería de MedellínComo es habitual, además del premio principal, el sorteo distribuyó una amplia cantidad de premios secos en diferentes categorías, brindando más oportunidades de ganar a los participantes en todo el país.En la siguiente imagen oficial, publicada por la Lotería de Medellín, puede recorfirmar los resultados, en caso de que su billete haya resultado ganador.¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?Las personas que resultaron ganadoras deben verificar que el billete físico se encuentre en buen estado y que los datos coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo. Una vez realizada esta comprobación, deberán acercarse a los puntos autorizados o a la entidad bancaria designada por la lotería para iniciar el proceso de reclamación.Asimismo, es obligatorio presentar el documento de identidad original al momento de reclamar cualquier premio.La Lotería de Medellín se mantiene como una de las loterías más reconocidas del país gracias a sus millonarios premios, la frecuencia de sus sorteos y su amplia cobertura de distribución. Estas características la convierten en una de las opciones preferidas por miles de colombianos que participan semanalmente en busca de la suerte.
El grupo del cuerpo de Bomberos de Medellín que se desplazó este viernes a Venezuela para labores de salvamento aún no sabe si podrá cumplir con la misión en el vecino país, ya que llevan varias horas en una sala en un aeropuerto de Caracas sin autorización para hacer las tareas de rescate.A través de un trino, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió que a los bomberos de Medellín no los habían dejado entrar a Venezuela.“El pueblo venezolano necesitando atención en la búsqueda de personas con y sin vida por el terrible terremoto y las “autoridades” de Venezuela no los dejan ingresar. Y el gobierno colombiano diciendo que todo tiene que ser coordinado con ellos. Señores es una tragedia. Es una emergencia. No es una fiesta que necesite invitación. Pobre Venezuela y pobre Colombia con estos arrogantes soberbios. Se trata de la vida de la gente”, señaló Gutiérrez en su cuenta de X.La razón por la que los bomberos de Medellín llevan varias horas en un aeropuerto de Caracas es porque no contaría con el aval del Gobierno Nacional.A través de un comunicado, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) advierte que toda misión colombiana de búsqueda y rescate en Venezuela debe primero coordinarse a través del Gobierno Nacional.“El envío de equipos colombianos de búsqueda y rescate para atender la emergencia en Venezuela debe realizarse exclusivamente bajo la coordinación del Gobierno nacional, a través de la UNGRD, en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno Venezolano. Como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), la UNGRD representa al Estado colombiano ante los mecanismos internacionales de asistencia humanitaria y mantiene la coordinación permanente con las autoridades venezolanas para atender los requerimientos de apoyo”, dice el comunicado.La UNGRD en el comunicado también resalta que el envío de grupos de manera independiente, sin coordinación entre gobiernos, puede generar dificultades en la organización de la respuesta, duplicidad de esfuerzos, riesgos para los rescatistas y limitaciones para su incorporación a las operaciones oficiales de búsqueda y rescate.Así, mientras se resuelve esta situación entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, los bomberos de Medellín siguen en una sala en un aeropuerto de Caracas.
Como hace tres años y medio en Catar 2022, cuando consumó su eliminación pese a su triunfo final sobre Ghana, la selección de Uruguay volvió a fallar en el acceso a las eliminatorias del Mundial por segunda edición seguida; un hecho nunca visto a lo largo de su historia, cuando jamás fracasó consecutivamente.No le había ocurrido nunca a lo largo de sus quince participaciones, incluida la actual, en el torneo de los torneos. Sí había caído en la primera fase hasta en cuatro ocasiones, cinco con Estados Unidos, Canadá y México 2026, pero nunca de forma sucesiva. Un síntoma del momento del campeón del mundo original, el ganador de la primera edición.Si Catar 2022, eliminada por la derrota de Portugal ante Corea del Sur en la última cita, pese a vencer ella a Ghana, entre las reclamaciones de dos penaltis a su favor, ya fue un golpe duro, inasumible entonces para el conjunto dirigido por Diego Alonso, el adiós al Mundial 2026 incide en la misma línea, con el agravante de que no ha ganado a nadie.Ni a Arabia Saudí, con la que empató a uno en la primera jornada; ni a Cabo Verde, con la que igualó a dos en la segunda; ni a España, con la que perdió 0-1 en el último y decisivo capítulo, en el que debía superar a su rival para lograr la clasificación. No le valía ni el equilibrio ni la derrota. Está fuera del Mundial el equipo de Marcelo Bielsa.Hasta el episodio de Catar en 2022, Uruguay había alcanzado todas las eliminatorias desde la eliminación también en esta instancia en Japón y Corea 2002. Entonces tampoco ganó ninguno de sus encuentros, como ahora, con dos empates y una derrota y tan solo dos puntos. Marcó cuatro goles y encajó cinco. Fue derrotada por Dinamarca (1-2) y niveló tanto con Francia (0-0) como con Senegal (3-3). Fue insuficiente. Acabó tercera.No fue más allá de esa ronda, igualmente, en Alemania 1974. Ubicada en el fondo de la tabla de su grupo, no venció tampoco a nadie. Ni a Países Bajos, cuando fue doblegada por 0-2; ni a Bulgaria, con un 1-1; ni a Suecia, que la superó por 3-0. Un punto. Y un gol.El Mundial de Chile 1962 completan la lista de cinco eliminaciones en la fase de grupos del conjunto celeste. Aquel torneo lo comenzó con un triunfo frente a Colombia (2-1), que después no le sirvió para nada porque cayó con las entonces Yugoslavia, por 3-1, y Unión Soviética, por 2-1. La tercera posición del grupo lo dejó fuera de la siguiente ronda.Por el contrario, Uruguay sí fue más allá hasta en diez de sus quince participaciones en las fases finales de los Mundiales. Fue campeona en 1930 y 1950; cuarta en 1954, 1970 y 2010, su último gran éxito en este torneo; llegó a cuartos tanto en 1966 como en 2018; y su límite fueron los octavos de final en 2014, 1990 y 1986.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, continúa recibiendo mensajes de reconocimiento y estableciendo contactos con líderes internacionales de cara a su posesión el próximo 7 de agosto. En las últimas horas, el mandatario electo recibió una carta de felicitación del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y sostuvo conversaciones telefónicas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del partido español Vox, Santiago Abascal.En el mensaje difundido por la Embajada de Rusia en Colombia, Putin felicitó a De la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales y destacó que las relaciones entre Rusia y Colombia "tradicionalmente tienen un carácter amistoso".Además, expresó su confianza en que el nuevo Gobierno contribuya al fortalecimiento de la cooperación bilateral en distintos ámbitos y le deseó éxitos, salud y bienestar durante su mandato.Tras conocer la carta de felicitación, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, respondió a través de su cuenta de X, donde agradeció el mensaje enviado por Vladímir Putin y expresó su disposición a fortalecer las relaciones entre ambos países. De la Espriella aseguró que Colombia y Rusia trabajarán para reforzar una comunicación fluida y avanzar en decisiones bilaterales que contribuyan a la reciprocidad, el progreso y el crecimiento de ambas naciones.Por otra parte, el equipo del presidente electo informó que De la Espriella conversó con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien coincidió en la importancia de fortalecer los vínculos entre Colombia y España en esta nueva etapa política. La llamada se produjo pocos días después de que la dirigente española felicitara públicamente al mandatario electo por su triunfo en la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio.Asimismo, De La Espriella dialogó con Santiago Abascal, presidente del partido español Vox, como parte de los acercamientos internacionales que adelanta antes de asumir el cargo.