La Procuraduría fue enfática en manifestar que existe una necesidad para que la magistratura entre a investigar estos casos y, de demostrarse responsabilidad alguna, se hagan las imputaciones correspondientes.
Para Jairo Acosta, procurador delegado ante la JEP, los asesinatos realizados por el Ejército Nacional presentan características particulares en cuanto a la forma de ejecución, el contexto y el perfil de las víctimas. Por esto, sugiere en su informe de observaciones que se establezca un patrón único de conducta que comience a partir del año 2002.
Además, enfatizó que en Medellín la afectación por este fenómeno de ejecuciones extrajudiciales es más alto que en otros municipios, y esto claramente es un indicador de que este flagelo se concentró en esa zona del país entre los años 2002 y 2003, y por esa razón ese territorio merece una especial atención.
La Procuraduría también solicitó frente al macrocaso 03, subcaso Antioquia, que se adopte medidas urgentes para atender de manera prioritaria y con enfoque diferencial de género a las mujeres víctimas para evitar posibles hechos relacionados con violencias basadas en género.
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Por último, el Ministerio Público también hizo un llamado a garantizar la participación de víctimas cuya acreditación se realizó de manera tardía y prevenir los traslados fragmentados de información para las versiones voluntarias.
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