La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Fernando Alarcón Báquiro, exsubdirector Administrativo y Financiero de la Defensa Civil Colombiana, por presuntas irregularidades relacionadas con posibles sobrecostos en un contrato suscrito en 2022 para la adquisición de herramientas, elementos y equipos destinados a la atención de emergencias.De acuerdo con la investigación disciplinaria, el exfuncionario tenía entre sus responsabilidades verificar y validar que los estudios y documentos elaborados durante la etapa precontractual cumplieran con los requerimientos técnicos y funcionales necesarios para garantizar la adecuada adquisición e implementación de los bienes.El contrato tenía como propósito adquirir los elementos requeridos para dotar los kits de los equipos de búsqueda y rescate urbano de la Defensa Civil Colombiana.Sin embargo, según la investigación adelantada por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, la adquisición habría presentado sobrecostos por $58.137.137, suma que, de acuerdo con el organismo de control, corresponde a una diferencia superior al 53 % frente al valor pagado en el contrato.La Procuraduría señaló que el análisis se concentra en las actuaciones que habría desarrollado Alarcón Báquiro durante el proceso contractual, particularmente frente a su deber de verificar las condiciones técnicas y funcionales de los bienes que serían adquiridos.La conducta atribuida al exsubdirector fue calificada provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal.
Evaluar de manera preventiva la estructuración y las actuaciones adelantadas por la Policía Nacional para la adquisición de elementos de protección personal con características balísticas será la labor que realizará la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de establecer si el eventual proceso contractual se desarrolla conforme a las disposiciones que regulan la contratación estatal.La revisión comprende la compra de equipos destinados al uso institucional, entre ellos chalecos y cascos blindados, cuyo valor estimado es de más de 10 mil millones de pesos.Esta actuación de vigilancia se desarrolla en el marco de las funciones preventivas de la Procuraduría, un proceso que comenzó el pasado 22 de julio y que continuará para determinar si hay alguna irregularidad o, por el contrario, el proceso se rige a la contratación estatal. Desde esa fecha, el organismo de control mantiene la atención sobre las actuaciones de la Policía Nacional relacionadas con la planeación y eventual adquisición de este material de protección, buscando advertir de manera anticipada cualquier circunstancia que pueda representar riesgos dentro del proceso.Como parte de las verificaciones, el equipo de la Delegada Segunda para la Vigilancia de la Función Pública solicitó información a la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional. El requerimiento busca obtener elementos que permitan establecer cómo ha sido concebida la posible contratación desde los componentes técnico, jurídico, financiero y económico, así como conocer los fundamentos utilizados para determinar las condiciones bajo las cuales se desarrollaría el proceso.Dentro de la documentación que permitirá la investigación y vigilancia de esta compra se encuentran los estudios previos y los soportes correspondientes al estudio de mercado, además de la justificación de los requisitos habilitantes que serían exigidos a los posibles oferentes. También fueron solicitados los documentos relacionados con la modalidad de selección prevista, el cronograma establecido y los antecedentes que sirven de fundamento para adelantar la contratación de los elementos de protección balística.La intervención preventiva también busca detectar oportunamente posibles riesgos en la planeación o desarrollo de la adquisición y, de ser necesario, emitir recomendaciones que contribuyan a corregir o prevenir situaciones antes de que se produzca la apertura formal del proceso de selección.
La Procuraduría anunció una vigilancia especial al proceso que adelanta Cartagena para crear una nueva Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios, iniciativa con la que la administración distrital busca asumir de manera gradual la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y aseo.El proyecto de acuerdo fue presentado ante el Concejo de Cartagena y plantea la creación de una empresa oficial que tendría participación del sector privado. La iniciativa contempla que la nueva entidad comience su proceso de estructuración con acompañamiento técnico de Empresas Públicas de Medellín, EPM.Ante esta discusión, la Procuraduría Regional de Bolívar pidió a las autoridades distritales garantizar que cualquier eventual cambio de modelo no termine afectando a los ciudadanos.El Ministerio Público señaló que deben existir fundamentos técnicos, jurídicos, financieros, patrimoniales, ambientales y relacionados con la gestión del riesgo que permitan demostrar que el nuevo esquema es efectivamente la mejor alternativa para Cartagena.Uno de los principales puntos de la discusión está relacionado con el actual operador. Aguas de Cartagena continúa prestando los servicios públicos y su contrato tiene vigencia hasta 2034. Sin embargo, la Alcaldía ha planteado la posibilidad de evaluar alternativas jurídicas que permitan una eventual terminación anticipada del contrato, mientras avanza el proceso de creación de la nueva empresa distrital. La iniciativa contempla que la nueva empresa se constituya como una Empresa Industrial y Comercial del Estado, con un capital inicial de 10.000 millones de pesos, aportados en su totalidad por el Distrito.Si el Concejo aprueba el proyecto, el alcalde recibiría facultades extraordinarias durante un año para expedir los decretos necesarios para crear formalmente la entidad y poner en marcha su estructura.Uno de los principales llamados del Ministerio Público tiene que ver con la protección de los usuarios.La Procuraduría pidió conocer cómo se garantizarían, ante una eventual transición institucional, aspectos esenciales como la facturación, el recaudo, la atención de peticiones, quejas y reclamos y la respuesta a emergencias. También expresó preocupación por el posible efecto que el nuevo modelo pueda tener sobre el valor de las tarifas que pagan los ciudadanos.
En el Foro con Impacto, organizado por el Foro de Presidentes y realizado este jueves 6 de agosto en Bogotá, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, resaltó que “nos gustaría que haya más comunicación con los empresarios. Sería de gran utilidad que quienes contratan con el Estado nos adviertan si ven asuntos que no se quieren llevar con transparencia, y con ese soporte evitamos que se rompa la estructura jurídica”.Este foro tiene como propósito principal reunir a líderes empresariales para debatir sobre la realidad nacional y escuchar propuestas que promuevan la competitividad y la inversión en el país. En ese evento, el procurador Eljach destacó también el aporte de los empresarios a la sociedad e hizo énfasis en que “el sector privado siempre va adelante, siempre propone, siempre invierte y produce, mientras el Estado cumple su papel”.“Yo he dicho desde que llegué a la Procuraduría, y eso lo aprendí desde la Universidad del Cauca, que el sector privado tiene una característica única: es el que genera empleo, crea riqueza, paga impuestos y, lo más importante, aunque a veces se olvide, es el único sector que se queda después de que los gobiernos pasan”, sostuvo el jefe del Ministerio Público.En ese sentido, Gregorio Eljach Pacheco aclaró que “no se trata solo del sector financiero o de las grandes empresas de capital foráneo, también incluye a los tenderos, porque entre todos es que se mueve la economía, y ese es el verdadero sustento de la estabilidad de las instituciones”.El Procurador General hizo una invitación a quienes conforman el sector privado “para que haya una autoestima (…) y no prestarse para la corrupción. Esa es una mala costumbre que ha permeado todos los sectores y se concibe como algo normal, y eso hay que acabarlo. Necesitamos algo más dinámico y que nos ayuden a ver si estamos viendo al lado que no es y, en lugar de eso, miremos hacia el lado correcto”.
La Procuraduría General de la Nación solicitó aplazar la aprobación de tres convocatorias: 44, 45 y 50 de Ciencia, Tecnología e Innovación, financiadas con cerca de 900.000 millones de pesos del Sistema General de Regalías, al considerar que aún se requiere un análisis más amplio sobre su conveniencia, viabilidad, alcance e impacto.Por esa razón, pidió que la sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, prevista para este 6 de agosto, tenga únicamente un carácter informativo y deliberativo, dejando las decisiones de fondo para una próxima reunión.Según el Ministerio Público, la magnitud de los recursos y la importancia de estas iniciativas para el desarrollo científico del país exigen que su aprobación se realice con suficientes garantías de transparencia, deliberación y una adecuada evaluación de sus beneficios."La convocatoria No 44 tiene como objetivo el fortalecimiento de capacidades regionales mediante la formación de talento humano a nivel de doctorado y maestría, alineado con los retos estratégicos de CTel del plan bienal 2025-2026; la No 45 busca el fortalecimiento y creación de nuevos centros e institutos de investigación, centros de desarrollo tecnológico y centros de ciencia; mientras que la No 50 es una convocatoria de proyectos en investigación básica", señaló la Procuraduría.Las convocatorias involucradas buscan fortalecer la formación de talento humano mediante maestrías y doctorados, crear y consolidar centros de investigación y desarrollo tecnológico, además de financiar proyectos de investigación básica.La Procuraduría precisó que su solicitud no implica suspender estas iniciativas, sino asegurar que la destinación de los recursos públicos se adopte después de una revisión técnica y administrativa más rigurosa.La decisión final quedará en manos del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, que deberá definir si acoge la recomendación del órgano de control y pospone la aprobación de las convocatorias para una nueva sesión.
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el presidente de Coosalud EPS, Jaime Miguel González Montaño, y siete integrantes de la junta directiva de la entidad, para establecer si incurrieron en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos durante la vigencia 2024.El Ministerio Público busca determinar si los investigados participaron en operaciones financieras que estarían prohibidas por la regulación aplicable al sistema de salud, así como establecer las circunstancias en las que se realizaron distintos movimientos de recursos administrados por la EPS.De acuerdo con la decisión, la investigación disciplinaria se centra en posibles irregularidades relacionadas con pagos a terceros, una presunta concentración en la dispersión de recursos destinados a ese concepto y un contrato de coworking suscrito por la entidad.Con la apertura formal del proceso, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para esclarecer los hechos y determinar si las actuaciones cuestionadas constituyen faltas disciplinarias.El organismo de control precisó que la investigación permitirá verificar la ocurrencia de las conductas denunciadas, establecer si existieron eventuales incumplimientos del régimen disciplinario y definir si los funcionarios actuaron o no bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.La actuación disciplinaria se conoce semanas después de que la Contraloría General de la República revelara los resultados de una auditoría forense practicada a Coosalud EPS, entidad que actualmente se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional.En ese informe, el organismo de control fiscal identificó múltiples presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos administrados por la EPS y concluyó que los hallazgos podrían dar lugar a responsabilidades de carácter administrativo, disciplinario, fiscal e incluso penal.
Nuevas tensiones han surgido en Cali con relación al futuro del 'Monumento a la Resistencia', tras conocer la solicitud que hizo la Procuraduría al Tribunal Administrativo del Valle, para declarar nula la licencia de construcción póstuma que del departamento de Planeación Distrital le otorgó al monumento.El ente de control indicó que fue una irregularidad haber entregado esa licencia después que esta estructura fuera levantada durante el estallido social del 2021 en Cali, además de las afectaciones que este generó al proyecto de la Troncal Oriental del Mío que tuvo que rediseñar el paso de una de las estaciones."La Procuraduría basó su concepto en tres aspectos, el primero es el hecho de que la licencia fue expedida de manera irregular, instalaron la Mano y después salió la licencia. Lo segundo es que Planeación Distrital desconoció que el espacio donde se instaló hacía parte del trazado diseñado, aprobado y contratado para la estación 19 del Mío. Y el tercero es que Metrocali nunca fue consultada sobre la decisión de Planeación Distrital, lo que generó millonarios sobrecostos para la modificación del trazado del MÍO", dijo el concejal de Cali, Andrés Escobar.La postura de la Procuraduría debe ser analizada por el juez encargado del proceso de demanda que busca declarar ilegal el 'Monumento a la Resistencia', para determinar si debe ser retirado o no de ese sector del oriente de Cali."Seguramente tomará la decisión y ya el tribunal entonces se va a pronunciar sobre la legalidad como tal de la resolución. Es importante aclarar que cuando se pensó en demandar la resolución no era dar a cuestionar en sí mismo el significado o el simbolismo que hay detrás del 'Monumento a la Resistencia'. Lo que se pensó fue precisamente pedirle a la autoridad judicial competente que entrara a revisar la actuación de la administración distrital para efectos de definir si se hizo, o no dentro de lo que la ley le permite", explicó la abogada Yadira, del equipo jurídico del concejal Andrés Escobar, quien interpuso la demanda.Este no es el único factor de tensión, pues en las últimas horas la comunidad del sector de Puerto Rellena denunció que un grupo de funcionarios de la alcaldía, liderada por el subsecretario de seguridad, Jorge Moreno, llegó al sitio y al parecer les anunció que el monumento sería retirado."Creo que esto lo que hace es provocar situaciones que no queremos en la ciudad. Es importante entender que ese monumento representa simbólicamente una historia caleña y esto no puede convertirse en un 'Florero de Llorente' a futuro. La verdad me preocupa muchísimo toda esta discusión que se ha dado alrededor de la Mano de la Resistencia", dijo la representante a la Cámara, Ana Erazo.Según indicó la secretaría de Seguridad de Cali, al ser consultada por detalles de lo ocurrido en la visita de la tarde del martes, se trató de una verificación junto al inspector de Policía de la zona, tras recibir denuncias de la comunidad por el 'muro de contención' que comenzaron a construir alrededor del monumento esta semana. Se señaló, además, que no existe orden para retirar el Monumento, pero sí se debe tener en cuenta que el nuevo muro no está autorizado.
La Alcaldía de Bucaramanga comenzó el pago de las indemnizaciones ordenadas por la justicia a favor de 16 exfuncionarios que fueron retirados de sus cargos en noviembre de 2025, durante la vigencia de la Ley de Garantías, una decisión que le costará al municipio más de 500 millones de pesos.Los pagos se realizan luego de que diferentes decisiones judiciales concluyeran que las desvinculaciones se efectuaron de manera irregular, al haberse producido en pleno calendario electoral previo a las elecciones atípicas para la Alcaldía de Bucaramanga. Ese hecho fue producto de las decisiones del alcalde encargado, Javier Sarmiento. Uno de los casos que dio origen a las demandas fue el nombramiento y posterior remoción de funcionarios mediante el Decreto 774 del 6 de noviembre de 2025. En ese proceso, el Tribunal Administrativo de Santander admitió una demanda de nulidad electoral y decretó la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo al considerar, de manera preliminar, que se habría desconocido la prohibición de modificar la nómina oficial durante la Ley de Garantías.Entre los exfuncionarios beneficiados con las decisiones judiciales se encuentra Manuel Eduardo Parada Rueda, quien se desempeñaba como asesor de despacho de la administración municipal. Según explicó, las reclamaciones fueron presentadas en enero de 2026 tras considerar que las declaratorias de insubsistencia vulneraron las restricciones establecidas por la Ley de Garantías.Parada aseguró que existían advertencias claras sobre la imposibilidad de modificar la planta de personal durante el calendario electoral. "La circular de la Procuraduría advertía que una vez se fijara el calendario electoral la planta del municipio no se podía mover", afirmó al referirse al proceso judicial que finalmente dio la razón a los exfuncionarios.Las decisiones que ahora deberá asumir económicamente el municipio corresponden a actuaciones realizadas durante la administración del entonces alcalde designado Javier Sarmiento, quien ejercía el cargo mientras se adelantaba el proceso para elegir al nuevo mandatario de Bucaramanga.La Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, restringe la modificación de la nómina estatal durante los procesos electorales, salvo excepciones expresamente previstas en la norma. Estas medidas buscan evitar que los cambios en el empleo público puedan influir en las campañas o afectar la transparencia electoral. En este caso de Bucaramanga, las decisiones judiciales concluyeron que las desvinculaciones no cumplían con esas excepciones, por lo que ordenaron el reconocimiento de las indemnizaciones a favor de los exfuncionarios afectados.
La Procuraduría General de la Nación informó que realizó una visita preventiva a la vereda Alfonso López, ubicada en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja, Santander, con el propósito de escuchar a la comunidad y conocer las inquietudes relacionadas con posibles riesgos ambientales asociados a la actividad petrolera que se desarrolla en ese sector.La diligencia fue adelantada por la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, en el marco de sus funciones de prevención y protección del interés público. Durante el encuentro, los habitantes expusieron sus preocupaciones por presuntas afectaciones al medio ambiente, los recursos naturales y su calidad de vida, que, según manifestaron, estarían relacionadas con las operaciones petroleras en la zona.Tras recoger las inquietudes de la comunidad, el Ministerio Público anunció que promoverá la articulación entre las entidades competentes para que se realicen las evaluaciones técnicas correspondientes y, de ser necesario, se adopten las medidas contempladas en la normatividad ambiental vigente.La Procuraduría aclaró que su intervención tiene un carácter preventivo y busca facilitar el diálogo entre las instituciones responsables y la comunidad, con el fin de garantizar una atención oportuna a las denuncias y verificar las condiciones ambientales del sector.El organismo de control también informó que continuará haciendo seguimiento a esta situación, impulsando el diálogo institucional y velando por la protección del ambiente, la salud de las comunidades y la defensa del interés general en la región del Magdalena Medio.Por ahora, la Procuraduría no ha emitido conclusiones sobre la existencia de afectaciones ambientales, por lo que las posibles situaciones denunciadas deberán ser evaluadas por las autoridades competentes mediante los estudios técnicos correspondientes.
La Procuraduría abrió una indagación previa para establecer si existieron posibles irregularidades en la celebración del contrato entre Ministerio de Igualdad y la empresa Laborando S.A.S. por un valor de $30.275.999.986 para vincular a 1.270 personas que apoyarían la gestión operativa del programa 'Jóvenes en Paz', durante un periodo de ejecución de cuatro meses, entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2026.El Ministerio Público decidió iniciar la indagación tras conocer denuncias públicas y pronunciamientos de servidores públicos que cuestionan la conveniencia y legalidad de la contratación en especial, teniendo en cuenta que ese contrato se suscribió cuando el Ministerio de Igualdad y Equidad se encuentra en proceso de liquidación y no está clara la necesidad y el alcance de este tipo de compromisos administrativos.Otro de los puntos que revisará el organismo de control es el anticipo pactado en el contrato, equivalente al 30 % de su valor total, es decir, $9.082.799.996. También evaluará si la contratación respondió a una necesidad real del servicio o si pudo comprometer recursos públicos para los meses siguientes, como lo señalan algunas de las denuncias conocidasEn medio de esto, la Procuraduría ordenó recaudar pruebas documentales, entre ellas las hojas de vida de los directivos involucrados, los antecedentes administrativos del proceso contractual, los informes sobre los pagos efectuados y otros documentos relacionados con la celebración y ejecución del contrato. Asimismo, solicitó copia de la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró inexequible la norma que dio origen al Ministerio de Igualdad y Equidad.
Tras quedar formalizada la Resolución 2188 del 14 de agosto, mediante la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales certificó el cumplimiento del requisito ambiental que estaba pendiente para continuar con el proyecto de ampliación de la Autopista Norte, desde Presidencia señalaron que la decisión se da en el marco de las gestiones adelantadas por el Gobierno y hace parte de su apuesta por impulsar obras de infraestructura. “Esta determinación materializa el compromiso del presidente Abelardo De La Espriella de impulsar las obras estratégicas que requiere el país y ofrecer soluciones concretas a los problemas de movilidad de Bogotá y Cundinamarca”, afirmaron a través de un comunicado.Es importante recordar que esta resolución no corresponde a una nueva licencia ambiental, pues el proyecto ya contaba con ese permiso desde enero. Sin embargo, la intervención de este sector estaba condicionada al cumplimiento de requisitos ambientales específicos, relacionados con el tramo entre los humedales Torca y Guaymaral. Ahora, la ANLA certificó que la concesionaria cumplió con esa condición y podrá avanzar en la totalidad del corredor.El proyecto contempla la ampliación de aproximadamente 5,8 kilómetros de la Autopista Norte, entre las calles 191 y 245, con seis carriles por sentido y un carril exclusivo para TransMilenio. La Presidencia señaló que esta determinación busca contribuir a solucionar los problemas de movilidad de Bogotá y Cundinamarca.A partir de ahora, la Concesionaria Ruta Bogotá Norte deberá continuar con la ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y las obligaciones establecidas en la licencia ambiental. El Gobierno Nacional aseguró que mantendrá el seguimiento institucional a las obras para que el proyecto avance y se traduzca en resultados para la región.
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto sorprendió a equipos médicos que se encontraban trabajando dentro del Hospital Universitario del Valle, en Cali. Entre ellos había profesionales que estaban en medio de procedimientos quirúrgicos cuando comenzó el movimiento.Las imágenes registran uno de los momentos más críticos de la emergencia dentro de la institución médica. Mientras el sismo generó temor entre quienes se encontraban en el hospital, los equipos médicos permanecieron junto a los pacientes que estaban a punto de ser intervenidos. El video publicado en redes sociales permite observar cómo se vivió el terremoto dentro del hospital durante una jornada en la que la emergencia obligó posteriormente a evacuar a cientos de pacientes de la institución. ¿Qué pasó durante el terremoto en el Hospital Universitario del Valle?El terremoto sorprendió a los equipos médicos mientras realizaban cirugías. La situación generó una tensión particular porque los pacientes que estaban en los procedimientos se encontraban inconscientes y dependían de la atención del personal médico.En el video se puede observar como el instinto de supervivencia llevó a los galenos a pensar en salir del lugar ante el movimiento. Sin embargo, permanecieron en las salas para proteger y cuidar a los pacientes que estaban bajo su responsabilidad.El registro muestra precisamente ese momento de incertidumbre dentro de la sala de cirugía, en medio de un terremoto que también provocó afectaciones y evacuaciones en distintas zonas del país.¿Cómo reaccionaron los médicos durante la cirugía?Los equipos médicos permanecieron junto a sus pacientes durante el movimiento telúrico. La prioridad fue mantener la atención de quienes estaban siendo sometidos a procedimientos quirúrgicos, pese a las condiciones generadas por el terremoto.Las imágenes muestran la dimensión de la emergencia desde el interior de un centro hospitalario y permiten conocer cómo el terremoto sorprendió a quienes se encontraban desarrollando procedimientos médicos esa mañana del lunes 10 de agosto.El Hospital Universitario del Valle, ubicado en Cali, fue uno de los escenarios donde la emergencia obligó a modificar las actividades habituales. Después del terremoto, cientos de pacientes tuvieron que ser evacuados de la institución por los graves daños que sufrió el centro médico.El terremoto interrumpió la normalidad dentro del hospital y puso a los equipos médicos frente a una situación inesperada durante sus labores.
Un militar muerto y otros seis heridos dejó un ataque con drones cargados con explosivos contra unidades del Ejército Nacional que se encontraban en el sector de Los Piñitos, en Ábrego, Norte de Santander.Según la Trigésima Brigada, los militares del Grupo de Caballería Liviano N.° 7 fueron atacados con más de nueve artefactos explosivos, presuntamente lanzados por integrantes del ELN, frente Carlos Armando Cacua Guerrero.La víctima mortal fue identificada como Neiver Madera Ricardo. Los cinco militares heridos reciben atención médica.Tras el ataque, las autoridades reforzaron la seguridad en la zona con apoyo de la Aviación del Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.El ataque generó preocupación entre las autoridades y habitantes de la población, debido a la cercanía del lugar donde ocurrió con la zona urbana de Ábrego. Las autoridades evalúan las medidas que se podrían adoptar para garantizar la seguridad de la comunidad y de los propios integrantes de la Fuerza Pública.Entre las posibilidades que se analizan está la implementación de un toque de queda, aunque hasta el momento no se ha confirmado la adopción de esta medida.El hecho se registró en medio de las acciones de seguridad que adelantan las unidades militares en esta zona de Norte de Santander, un departamento que ha enfrentado diferentes hechos de violencia asociados a la presencia y accionar de grupos armados.
El Operador Nacional de Juegos realizó el sorteo del Baloto y Baloto Revancha correspondiente a este sábado 15 de agosto de 2026, dos de los juegos de azar con los premios acumulados más altos del país.En esta jornada, miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados con la expectativa de quedarse con el premio mayor. A continuación, puede consultar los números ganadores de ambas modalidades y conocer cómo quedaron los acumulados para el siguiente sorteo.Números ganadores del Baloto y Baloto RevanchaEstos son los resultados del sorteo de este sábado 15 de agosto de 2026.BalotoNúmeros ganadores: 02 - 10 - 15 - 23 - 30Super Balota: 02Baloto RevanchaNúmeros ganadores: 03 - 06 - 13 - 16 - 28Super Balota: 08¿Cómo quedaron los premios del Baloto y Revancha?Si bien el resultado del premio mayor se conoce al finalizar el sorteo, el Operador Nacional de Juegos también publica el balance de ganadores en cada una de las categorías de premiación, desde los cinco aciertos con Super Balota hasta los premios por aproximaciones.En esta publicación se actualizarán el número de ganadores, los valores entregados en cada categoría y el reporte oficial de premiación una vez la información sea divulgada.¿Cuánto está acumulado el Baloto y la Revancha?Para este sábado, 15 de agosto de 2026, el Baloto ofrece un premio acumulado de $53.200 millones, mientras que la modalidad Revancha entrega un acumulado de $10.600 millones.En caso de que no se registre un ganador del premio mayor, ambos acumulados aumentarán para el próximo sorteo, programado para el lunes 17 de agosto, de acuerdo con el calendario oficial del juego.Los jugadores pueden verificar sus resultados y validar los tiquetes adquiridos en los puntos de venta autorizados o mediante los canales oficiales del operador en todo el país.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, entregó un nuevo balance sobre la emergencia provocada por el terremoto del pasado lunes, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y ajustó varias de las cifras que habían sido reportadas. Con corte a las 6:30 de la tarde, la entidad confirmó 289 personas fallecidas, frente a las 294 reportadas previamente. También corrigió el número de desaparecidos, que pasó de 320 a 143 personas. El balance registra además 3.937 heridos y 353 personas rescatadas. La UNGRD explicó que estos cambios obedecen al proceso de verificación de la información. Los primeros reportes fueron recibidos, en buena parte, de manera verbal y ahora están siendo contrastados con los registros oficiales de la Fiscalía, Medicina Legal y los organismos de socorro, con el propósito de evitar duplicidades.También fueron ajustadas las cifras de infraestructura afectada. Actualmente se reportan 234 centros de salud afectados y 2.535 instituciones educativas, mientras que hay 81.536 viviendas averiadas, 14.705 destruidas, 66 edificios colapsados y 308 vías afectadas. En total, la emergencia ya deja 117.222 personas y 54.382 familias afectadas en 450 municipios. Los organismos de socorro también reportan 205 animales rescatados y 754 afectados, mientras continúan las labores de atención y verificación en las zonas más golpeadas por el terremoto.