El Consejo de Estado dio un paso decisivo en la adecuación de las normas disciplinarias colombianas al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Gustavo Petro, lo que, según el magistrado Milton Chávez, presidente de esta alta corte, representa un cumplimiento integral de las directrices internacionales y de la Constitución Nacional. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el magistrado detalló el impacto del fallo y aclaró cómo se ajustarán los procesos sancionatorios contra funcionarios públicos de elección popular.La Procuraduría seguirá sancionando, pero bajo control judicialEl fallo establece que la Procuraduría General de la Nación conservará sus facultades investigativas y sancionatorias, pero las decisiones que impliquen destituciones o inhabilidades de funcionarios elegidos popularmente deberán ser revisadas y ratificadas por el Consejo de Estado antes de hacerse efectivas.“El examen que hace el Consejo de Estado es integral, abarcando la legalidad, la constitucionalidad y la convencionalidad de la actuación de la Procuraduría. Solo una vez concluido este trámite, la sanción podrá ejecutarse”, afirmó el magistrado Chávez, quien dijo en Blu Radio que esta revisión garantizará el respeto al principio de reserva judicial exigido por la Convención Americana de Derechos Humanos.La adecuación legislativa, un reto pendienteEl magistrado Chávez calificó la decisión como una solución transitoria mientras el Congreso de la República desarrolla un marco legislativo definitivo para cumplir plenamente con los estándares internacionales. “El Congreso debe implementar la solución legislativa para que el principio de reserva judicial quede completamente incorporado en nuestro ordenamiento jurídico”, señaló.Aunque esta sentencia da claridad inmediata al rol del Consejo de Estado, también implica que los legisladores deberán trabajar en una ley que fortalezca estas garantías.Impacto en procesos disciplinarios y agilidad en la justiciaEl fallo introduce un modelo que algunos podrían considerar complejo, ya que se suman nuevas etapas al procedimiento disciplinario. Según explicó el magistrado, ahora los procesos pasarán por dos instancias dentro de la Procuraduría y dos más en el Consejo de Estado.Ante la preocupación de que este esquema pueda dilatar los casos, Chávez aseguró que el control judicial será automático y que los términos establecidos por ley, como el plazo de seis meses para la revisión, deberán cumplirse estrictamente. “Esto no es un detrimento para la administración de justicia, sino una mejora que asegura mayor transparencia y respeto por los derechos fundamentales”, indicó.Efectos retroactivos y casos emblemáticosEn cuanto a la posible retroactividad de la decisión, el magistrado fue enfático: “Las decisiones que ya fueron objeto de control judicial no se verán afectadas; esta sentencia aplica únicamente a casos futuros o pendientes de revisión”.Esto deja fuera de su alcance casos recientes como los de Daniel Quintero, suspendido como alcalde de Medellín, y Alex Flores, senador sancionado por la Procuraduría. Sin embargo, las nuevas reglas beneficiarán a otros funcionarios que enfrenten procesos disciplinarios en el futuro.¿Un triunfo para el gobierno Petro?El fallo ha sido percibido como una alineación con las críticas del presidente Gustavo Petro hacia la Procuraduría. Sin embargo, el magistrado Chávez evitó hacer comentarios políticos, insistiendo en que la decisión responde únicamente al cumplimiento de las órdenes de la CIDH y de la Corte Constitucional.“No estamos en rebeldía con la Corte Interamericana, sino integrando sus directrices al bloque de constitucionalidad colombiano”, afirmó Chávez. Aun así, reconoció que tanto el presidente como la Procuraduría podrían sentirse satisfechos con la decisión, al haberse clarificado el camino para que las sanciones respeten plenamente los derechos humanos.
El presidente del Consejo de Estado Milton Chávez anunció que ese tribunal unificó la jurisprudencia y definió que la Procuraduría puede seguir sancionando funcionarios de elección popular, pero aclaró que el Consejo de Estado revisará las medidas de destitución e inhabilidad contra funcionarios que sean apartados de su cargo por decisión de la Procuraduría.“El Consejo de Estado sí va a revisar esas sanciones propuestas por la Procuraduría General de la nación en los casos de funcionarios, servidores elegidos popularmente y en los casos de sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad”, afirmó el presidente del Consejo de Estado.Además, este alto tribunal explicó que el control de ese tribunal a las sanciones de la Procuraduría General de la Nación tendrá un enfoque en las sanciones que se impongan a los funcionarios.“La decisión que se tomó hoy, que tiene fuerza de unificación de sala plena, es de carácter obligatorio y va a cobijar los casos posteriores que tengan estas mismas características, la sala plena hoy decidió acoger el criterio expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023, en la que se señaló el alcance del recurso extraordinario de revisión, que está previsto en los artículos 54 a 60 de la ley 2094, y, por tanto, la sala plena fija la competencia en cabeza del Consejo de Estado para tramitar y resolver este llamado recurso extraordinario de revisión en el caso de elegidos popularmente”, dijo.Por otro lado, el presidente del Consejo de Estado, aclaró que estas reglas de unificación, que esencialmente son de trámite y de cómo se va a asumir el conocimiento de este caso, es de carácter transitorio, lo que pretenden es darle eficacia y aplicabilidad a estas normas, pero se insiste en que el Congreso de la República, como ya lo había dicho la Corte Constitucional, es el que debe expedir el estatuto legal que defina el principio de reserva judicial que está contemplado como principio convencional.Esto marca un precedente en medio de la polémica entre el presidente Gustavo Petro y la Procuraduría por las sanciones e inhabilidades del Ministerio Público a los electos por voto popular.
Una grave denuncia se dio a conocer en plenaria del Concejo de Caucasia, donde la concejal Surany Arboleda Arias expuso un presunto mal manejo de recursos públicos con sobrecostos que se están registrando para las Fiestas del Retorno, que serán entre el 6 y el 8 de diciembre en este municipio del Bajo Cauca antioqueño.Según detalló, tras cotejar con contratos en la plataforma SECOP, cotizar los mismos artistas y las empresas que prestan servicios de tarima, el sonido y la planta de energía, se registran incrementos de entre el 30 y el 50 por ciento, respectivamente.Uno de los ejemplos, según contó la concejala a Blu Radio, es el del cantante El Andariego que pese a cobrar en Tarazá este año 120 millones de pesos por su presentación, le estaría cobrando a Caucasia 173 millones 860 mil pesos (53.860.000 pesos más), teniendo de diferente sólo una distancia de 40 kilómetros entre las localidades."Esa diversión y ese sano esparcimiento se puede dar con artistas de la misma calidad y de precios menores, que sean precios ajustados a la realidad, porque cuando hay sobrecosto hay presuntamente un hecho de corrupción y alarmante del 50% subirse en el tema del montaje del evento", detalló Arboleda.También señaló que contactó directamente al mánager del vallenatero Jean Carlos Centeno, quien pese a cobrar 110 millones de pesos, en el contrato aparece por 137 millones 750 mil pesos, es decir son 27 millones 750 mil pesos de exceso; por lo que se estima que, en solo estos dos artistas, hay una diferencia de más de 81 millones de pesos. También en el tema de las tarimas se encuentran en el mercado servicios de 30 millones al día, pero para este caso costarán 67, gasto que se extenderá por tres días. Ante una polémica reciente porque Corantioquia embargó el Palacio Municipal debido a una deuda, Arboleda criticó que con estos sobrecostos se hubiese podido atenuar esta obligación."Por qué no emplean parte de los excesos en el cobro de los artistas y el montaje del evento en abonar a la deuda de Corantioquia, por qué por el contrario no cuidan los bienes públicos, sino que los dan como prenda de garantía ante una deuda", agregó.Ante las que al parecer son las fiestas más costosas que se han hecho en Caucasia por valer 1.000 millones de pesos, la concejal pidió a la Contraloría y a la Procuraduría que investiguen de una manera juiciosa si hay alguna irregularidad.Además, reiteró que en un municipio donde hay tanta pobreza, desigualdad social, con este monto se podría iniciar un programa para evitar el reclutamiento forzado, para las madres cabeza de hogar o las adolescentes embarazadas, o en su defecto un proyecto de alimentación suplementario adicional al PAE para los niños que presentan desnutrición infantil.Blu Radio contactó a la Alcaldía de Caucasia y directamente al mandatario Johan Montes para conocer su versión sobre la denuncia de Arboleda, pero hasta ahora no hay pronunciamiento al respecto.
A un año de ejercer como secretaria de Educación de Santander, María Paola Suárez Morales, renunció a su cargo en esta dependencia de la Gobernación para asumir como parte del equipo de empalme del recién elegido procurador, Gregorio Eljach.Durante los 11 meses en la administración del gobernador Juvenal Díaz, Suárez Morales, abogada de profesión y especialista en derecho penal con estudios en gerencia pública, alta gerencia y contratación estatal, lideró procesos para implementar programas de bilingüismo y lograr el envío de estudiantes y docentes para una experiencia de inmersión en Inglaterra.También la implementación de un proyecto de apoyo a jóvenes que se formalizó a través de una ordenanza que designará un recurso con destinación específica para transporte y alimentación a estudiantes de carreras profesionales, técnicas o tecnológicas de los estratos 1,2 y 3.El subsidio, que oscilará entre $400.000 y $600.000, se entregará con base en las necesidades específicas de los estudiantes que deben cumplir que un requisito adicional y es que residan en zonas lejanas a la institución educativa.Como parte de las funciones naturales de su cargo como secretaria de Educación, garantizó el funcionamiento del PAE, el transporte escolar, el cubrimiento de las faltantes docentes en las instituciones educativas y la resolución de problemas estructurales en colegios de la región, entre otras.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se refirió a la renuncia de la secretaria de Educación le agradeció por su trabajo. "Primero felicitarla por su ascenso profesional, y agradecerle por los buenos resultados que tuvieron los estudiantes en las pruebas del Icfes pues se subieron 4 puestos este año. Esperamos continuar con el trabajo de bilingüismo en el departamento. Nos deja la vara muy alta", dijo el mandatario.
El documento de la Procuraduría que analiza el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2024, revela los progresos y dificultades que enfrenta Colombia para dar cumplimiento a la Convención de Ottawa, teniendo en cuenta el recrudecimiento del conflicto armado en los últimos tres años.Según el Ministerio Público, el país enfrenta dificultades para lograr un territorio libre de minas antipersonal, ya que los municipios con seguridad relativamente estable ya han sido desminados casi en su totalidad.Las zonas pendientes, aproximadamente el 10 % de los municipios del país, coinciden con las áreas de emergencia humanitaria recurrente identificadas por la Defensoría del Pueblo y mencionadas en el Auto 894 de 2022 y son regiones con presencia de cultivos ilícitos y extracción ilegal de oro.“El conflicto armado se ha intensificado desde 2016 tras el Acuerdo de Paz y en los que los ceses al fuego en el marco de la política de paz total han facilitado el accionar en estas zonas de estructuras criminales que usan artefactos explosivos para ejercer control territorial”, dice la Procuraduría.Incluso, es imprescindible que el Estado continúe y multiplique sus esfuerzos para cumplir con los compromisos adquiridos con la Convención de Ottawa, además, Colombia ya ha presentado 2 solicitudes de extensión a la Convención, una al vencer el primer plazo de 10 años en 2011 y otra en 2021 que le fue concedida hasta 2025.En este momento se encuentra preparando la tercera solicitud para el período 2025-2030 porque a pesar de haber cumplido con la destrucción de arsenales, renunciado a la producción de MAP y haber desminado las bases militares protegidas con este tipo de AE, el país no ha podido cumplir con el Artículo 5 debido al uso indiscriminado de MAP de carácter improvisado por parte de los GAOML y a dificultades adicionales propias de la geografía y el clima, así como a las complejas condiciones de conectividad y acceso a ciertas regiones.“La extracción ilegal de oro en las que se ha recrudecido el conflicto armado desde el 2016 luego de la firma del Acuerdo de Paz, especialmente desde que el Gobierno propuso la política de paz total y dio apertura a diálogos de paz con los principales GAOML suspendiendo operaciones ofensivas por parte de las fuerzas armadas del Estado Colombiano en algunas regiones, lo que facilitó el accionar de esas estructuras criminales que se apoyan en el uso de AE como estrategia de control territorial”, dice el Ministerio Público.Por esta razón, la Procuraduría como miembro de la Comisión, ha identificado barreras en el marco de la ruta de atención y asistencia integral a víctimas de minas, especialmente en la etapa de atención urgente, toda vez que los accidentes ocurren en zonas de difícil acceso y se presentan dificultades de coordinación para la evacuación de las víctimas, su traslado a centros de salud de primer nivel y posteriormente en el seguimiento a las condiciones de salud y procesos de rehabilitación cuando las víctimas han adquirido alguna discapacidad.Además, enfatizan en que las víctimas de las minas antipersonales enfrentan dificultades en materia de acceso a educación, ofertas para la reintegración social y económica, acceso a vivienda, indemnización y restablecimiento de derechos.Finalmente, urge desarrollar y formalizar la ruta de atención y asistencia integral a víctimas, para lo cual la Comisión insiste en que se elabore un estándar nacional de Atención y Asistencia a víctimas donde se coordinen acciones de las entidades responsables en materia de salud y reparación integral.
Fue a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales que se logró identificar las presuntas irregularidades en licencia ambiental Interconexión Carrieles durante la Audiencia Pública Ambiental liderada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).Según la Procuraduría, específicamente se cuestiona la participación de Juan Gonzalo Marín, contratista del Ministerio de Ambiente, quien podría estar involucrado en un conflicto de interés debido a la relación con su pareja, Lina María Velásquez, directamente vinculada al proyecto.La polémica radica en que Lina Velásquez figura como solicitante activa de la Audiencia Pública y ha participado en eventos informativos relacionados con el proyecto, lo que podría comprometer la imparcialidad de Juan Marín en representación del Ministerio.Y es que de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 1952 de 2019, los servidores públicos tienen la obligación de declararse impedidos en situaciones que pongan en riesgo su objetividad, un principio que la Procuraduría considera vulnerado en este caso.Es por esta razón que la Procuraduría solicitó al Ministerio de Ambiente designar a otro funcionario o contratista en sustitución de Marín Fuentes para la Audiencia Pública programada el próximo 30 de noviembre de 2024. Esta medida busca preservar la confianza en el proceso y asegurar que las decisiones adoptadas estén libres de cualquier tipo de sesgo o interés particular.
Este procedimiento, que incluye entidades como Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Sanitas y Coosalud, se apartó del mecanismo establecido en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores.En el documento enviado por la Procuraduría, se enfatiza que "si bien la medida es discrecional, no puede ser adoptada de manera indiscriminada o arbitraria", por lo que se requiere una "exposición de motivos de los fundamentos que dieron lugar a ella, incluso los juicios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de su adopción".El requerimiento cuestiona por qué se decidió apartarse del procedimiento regulado por la Resolución 2599 de 2016 y sus modificaciones, que establece que las designaciones deben hacerse a partir de candidatos recomendados y evaluados dentro del sistema RILCO. En el texto, se solicita a la Supersalud que explique si efectivamente no se contaba con "los perfiles requeridos y de acuerdo con las categorías" dentro del registro y que justifique la razón para optar por una designación discrecional.El documento enviado por la Procuraduría también se destaca que, aunque estas decisiones se enmarcan en lo dispuesto por el artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo "las facultades administrativas al margen de la discrecionalidad no pueden ser absolutas" y deben estar fundamentadas con criterios objetivos.Por esto, el Ministerio Público solicita de manera urgente que se allegue toda la información que respalde estas actuaciones, incluyendo los "fundamentos técnicos y jurídicos, las respectivas evaluaciones y los soportes que dieron lugar a la decisión de apartarse del procedimiento establecido".La Supersalud tiene un plazo de tres días hábiles para entregar la documentación requerida, que será determinante para esclarecer posibles irregularidades.
La reciente muerte de una niña de aproximadamente dos años de edad en una clínica de Manizales y aparentemente por desnutrición, encendió las alarmas de las autoridades por esta problemática de desnutrición infantil con graves repercusiones en Antioquia.Y es que la Procuraduría General al tiempo que solicitó una investigación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre lo ocurrido, indicó que en el año ya son 21.867 casos notificados por morbilidad asociados a desnutrición en menores de cinco años, un incremento levemente superior al 7 % con respecto al mismo periodo del año anterior.Del total de registros Antioquia tiene 2.468 y es el tercer departamento del listado solo por detrás de La Guajira y la ciudad de Bogotá. De igual manera, de los 278 fallecimientos en esta población por desnutrición, Antioquia también ocupa la misma posición con 14 hechos en el listado que encabezan La Guajira con 31 y Chocó 28.“En este contexto, la Procuraduría reiteró el llamado urgente a las autoridades nacionales y locales para redoblar esfuerzos en la atención a los grupos más vulnerables, garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales a la alimentación y a la salud, y prevenir que esta tragedia siga cobrando más vidas”, destacó la entidad del Ministerio Público en un pronunciamiento.A propósito de esta problemática en el departamento la Gobernación anunció que se destinaron solo durante 2024 324 mil millones de pesos para combatir el hambre vía recursos recaudados a través del impuesto vehicular.
Este miércoles, 27 de noviembre, se desarrolló la audiencia de medida de aseguramiento contra el imputado Andrés Camilo Sotelo, por presuntamente haber asesinado a Juan Felipe Rincón con un arma de fuego en medio de una riña en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá.La Fiscalía solicitó que Sotelo sea enviado a prisión preventiva mientras avanza la investigación por el asesinato del hijo del inspector general de la Policía Nacional. Por su parte, la Procuraduría apoyó los argumentos del ente acusador basado en los testimonios de policías y la médica forense, que apunta a que Sotelo disparó en “varias ocasiones” en la escena del crimen.Detalles necropsia Juan Felipe RincónLa necropsia de Juan Felipe Rincón arrojó un nuevo dato relacionado con la bala que impactó en el tórax del joven de 21 años que le causó la muerte en hechos posteriores a la riña que se dio en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá el pasado domingo 24 de noviembre.Según el Instituto Colombiano de Medicina Legal, el proyectil no fue hallado dentro del cuerpo del joven: “trauma torácico por proyectil de arma de fuego. No se recuperan proyectiles durante la necropsia”, dice el informe de necropsia. El análisis forense, llevado a cabo por la médica Jennifer Cárdenas Romero, determinó que la causa principal del fallecimiento fue un trauma torácico por proyectil de arma de fuego.Sin embargo, el examen también identificó que el cuerpo del joven no solo tenía el impacto de bala, sino también múltiples lesiones contundentes en la cabeza, espalda y extremidades, junto con fracturas y hemorragias internas, lo que indica que la víctima fue golpeada antes de recibir el disparo.El fiscal Hernando Rozo Samudio afirmó que la necropsia de Juan Felipe Rincón arrojó en “etapa preliminar” que no se encontró en su cuerpo ningún proyectil que pueda estar relacionado con el arma de dotación de su escolta Sergio Felipe Rico.Esto, en medio de la controversia sobre el arma Sig Sauer que sería propiedad del escolta Sergio Felipe Rico, la persona que también se ha visto vinculada en el caso, ya que, según los testigos de la defensa de Sotelo, fue él quien habría asesinado al joven Rincón.
Luego de que el personero de Medellín, Mefi Boset Rave, le pidiera una investigación a Procuraduría General de la Nación por la presunta falsificación en certificado de antecedentes de Camilo Salas, cuestionado contratista condenado por intento de feminicidio, el ente de control anunció la apertura de una investigación disciplinaria en contra de tres funcionarios del Ministerio Público.Se trata del personero auxiliar de la capital antioqueña, Héctor Gómez y dos mujeres más que estarían involucrados en presuntas irregularidades en la verificación de los requisitos para contratar a Salas. Además, se conoció que el hombre habría firmado otro contrato con entidades públicas de Medellín, a pesar de que Salas estaba inhabilitado ante la Procuraduría General de la Nación.Hay que recordar que esta polémica se desató porque, en gestiones de control de la entidad, se identificó que el contratista habría falsificado su certificado de antecedentes que estaba en limpio aunque ya había sido condenado por intento de feminicidio en 2016.El personero de Medellín, Mefi Boset Rave, aseguró que también se le pidió a la Fiscalía General de la Nación que intervenga en las investigaciones sobre el polémico caso,."Le hemos compulsado copias ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue el posible delito de falsedad en documento público", dijo.Sobre el caso también se pronunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien admitió que este hombre fue cercano a su campaña, pero expulsado y negada su acreditación como testigo electoral tan pronto se conocieron estas situaciones. El mandatario también indicó que debe haber un proceso exhaustivo interno, con el fin de identificar situaciones similares que no se pueden permitir en el sector público.Finalmente, sobre el personero auxiliar de la capital de Antioquia, hay que destacar que esta semana tendría una audiencia de imputación por temas de contratación cuando fue alcalde del municipio de Campamento.
Los hechos que fueron noticia en Colombia y el mundo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 4 de diciembre de 2024:Óscar Guateque, presidente de la Fundación Sindical de Migración Colombia, explicó por qué están protestando hoy en el aeropuerto El Dorado. Martha Hernández, directora (e) de Migración Colombia, reveló detalles sobre las protestas de los funcionarios en todos los aeropuertos internacionales del país.Se confirmó que aparecieron en el cementerio del Sur, en Bogotá, los restos del exguerrillero del M-19 Guillermo Elvencio Ruiz, uno de los responsables de la Toma del Palacio de Justicia y del secuestro de Martha Nieves Ochoa. El presidente Petro le solicitó a los excombatientes del M19 organizarse para darle sepultura, "al que fue fiel a su consigna".Milton Cháves, presidente del Consejo de Estado, explicó el fallo donde se afirma que la Procuraduría sí podrá sancionar y destituir a funcionarios de elección popular.Se habló de la ampliación de denuncias sobre las presuntas irregularidades en contratación relacionada con la Hidroeléctrica Urrá, sobre presuntas presiones indebidas de Nicolás Alcocer y del Presidente de Ecopetrol. El alcalde Carlos Fernando Galán se refirió al avance en las obras del metro. Explicó que a la semana se están construyendo 200 metros de viaducto y recalcó el compromiso que se tiene con cumplir las metas que se tienen estipuladas.Angélica Lozano, senadora, habló sobre la situación de la reforma tributaria presentada por el Gobierno.Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explicó por qué enviaron una carta al Dane, junto con Andi y Anif, cuestionando la cifra de productividad.Brigitte Baptiste, rectora de Universidad EAN, se conectó para hablar de su elección dentro del top 100 de mujeres más influyentes durante el 2024, según BBC.Escuche el programa completo aquí:
El caso del crimen de Sofía Delgado, una niña de 12 años cuyo cuerpo fue hallado días después de ser reportada como desaparecida, ha mantenido en vilo a la comunidad del Valle del Cauca. Brayan Campo, el confeso autor del asesinato, enfrenta un proceso judicial que podría condenarlo a hasta 50 años de prisión. La niña fue secuestrada y posteriormente asesinada, y su cuerpo fue descubierto tras un operativo de búsqueda que duró 18 días. Durante las investigaciones iniciales, Nader Jiménez, un policía encargado del caso, compartió detalles en el pódcast Más allá del silencio sobre la confesión de Brayan Campo, el asesino confeso. Según Jiménez, Campo relató los eventos que condujeron al asesinato de Sofía."Una vez él logra engañar a la niña y baja la reja del establecimiento, ella empieza a gritar y correr", citó El Tiempo. Campo intentó silenciarla, y en su relato a la policía, este confesó haberla golpeado con una pala, lo que causó su muerte de manera inmediata.El impactante hallazgo se dio en un cañaduzal entre Candelaria y Florida, donde la víctima fue encontrada tras haber sido ocultada en costales de comida para perros. Brayan Campo fue quien guio a las autoridades al lugar exacto. Además, de acuerdo con el informe policial, "había elementos incinerados que pertenecían a la niña", lo que añade un elemento estremecedor al ya macabro crimen.Respecto al historial delictivo de Brayan Campo, quien ya tenía antecedentes por un delito similar, su confesión resultó crucial para resolver el misterio de la desaparición de Sofía. En un primer momento, Campo negó cualquier relación con el caso, afirmando que se encontraba trabajando el día de los hechos. Sin embargo, según señaló el policía, durante una entrevista, Brayan Campo mostró un comportamiento "muy nervioso", incrementando las sospechas sobre su autoría.El proceso contra Campo ha involucrado múltiples cargos, que incluyen secuestro y asesinato. En la actualidad, espera su condena en la cárcel de Valledupar. La gravedad de los cargos y la frialdad del crimen han generado un gran impacto y conmoción social. La policía continúa trabajando en el caso y brindando apoyo a la comunidad afectada por este trágico asesinato.La cobertura de este caso de los medios resaltó no solo la perversidad del crimen, sino también los procedimientos que llevaron a la captura del criminal. La declaración del uniformado, Nader Jiménez, aclara la situación: "En la entrevista él comenzó a tornarse muy nervioso", observación que fue clave para desentrañar la verdad detrás de los hechos.Este crimen ha suscitado un debate sobre la seguridad infantil y la necesidad de medidas protectoras más severas contra aquellos que atentan contra menores.La comunidad local sigue de cerca el avance del caso, esperando justicia para Sofía. Se espera que el proceso judicial contra Brayan Delgado continúe sus avances en los próximos meses, tomando en cuenta la gravedad de los hechos y el dolor provocado en una sociedad que clama por cambios y mayor seguridad para los más vulnerables.
Tia Castle, una mujer escocesa de 31 años, enfrenta una rara y dolorosa condición médica que le ha impedido orinar de forma natural durante los últimos ocho años. Su historia comenzó cuando, a los 23 años, comenzó a experimentar una hinchazón incómoda en el estómago, acompañada de la imposibilidad de ir al baño durante varios días. El dolor que sentía se volvió tan insoportable que, temerosa por su salud, decidió acudir al hospital.Fue allí donde le diagnosticaron una infección grave en su tracto urinario, causada por la retención de dos litros de agua en su cuerpo. Este estado provocó sepsis, una infección que amenaza la vida. Ante el alto riesgo de complicaciones, Tia fue sometida a un tratamiento con catéter para vaciar su vejiga manualmente durante los siguientes nueve meses.A pesar de este tratamiento inicial, los problemas urinarios de Tia no cesaron. Tras varios exámenes médicos, fue diagnosticada con el síndrome de Fowler, una rara afección que impide que el músculo del esfínter de la vejiga se relaje, lo que dificulta la micción. Este síndrome, descubierto en 1985, afecta a solo dos de cada millón de mujeres, y se caracteriza por la falta de la sensación de urgencia para orinar, incluso cuando la vejiga está llena.“Tenía un dolor terrible, pero por más que lo intentaba, no podía ir al baño”, relata Tia, quien ha vivido con esta condición durante años. A lo largo de su vida, Tia también enfrentó varias infecciones urinarias y renales que resultaron en la extirpación de su riñón derecho. Además, los intensos espasmos vesicales y la pérdida de sensibilidad en su vejiga han afectado gravemente su calidad de vida, alterando su sueño y sus actividades cotidianas.A lo largo de este proceso de ocho años, Tia ha sido sometida a numerosas cirugías para la colocación de catéteres permanentes en su cuerpo. "Me he perdido mucho y me han quitado todo lo que conocía. Todavía hay muchas cosas que quiero hacer en la vida, pero ahora mismo eso parece imposible", expresa con tristeza.El síndrome de Fowler, que afecta a una pequeña proporción de mujeres, es una enfermedad debilitante que requiere atención médica especializada.
El modelo laboral de las plataformas digitales, como Uber, Rappi o Glovo, ha generado intensos debates a nivel global. Felipe Corredor, portavoz de la plataforma sindical Riders por Derechos, abordó este tema en una entrevista con Blu Radio, destacando los desafíos y abusos que enfrentan los repartidores de estas aplicaciones, y la reciente decisión de Glovo, el "Rappi español", de contratar a 15.000 trabajadores.Corredor, un colombiano que lleva 20 años en España, relató cómo las condiciones laborales en plataformas como Glovo llevaron a los repartidores a organizarse. "Siempre estuvimos en situación de dependencia, aunque nos catalogaran como autónomos. Más de 50 sentencias, incluido el Tribunal Supremo de España, lo confirmaron", afirmó. Los trabajadores no solo pagaban por su seguridad social, sino que también competían entre sí para mantener buenas puntuaciones en los algoritmos que determinaban quién recibía más pedidos.La supuesta "flexibilidad", considerada un beneficio de este modelo, fue desmentida por Corredor. "Si rechazas pedidos, el algoritmo te penaliza bajando tu puntuación y, al final, ganas menos dinero. La libertad que venden no es real", aseguró.La decisión de Glovo de contratar formalmente a sus repartidores tras años de demandas y denuncias representa un avance, pero no está exenta de retos. Algunos repartidores temen perder la flexibilidad que les permite combinar trabajos o alquilar cuentas, una práctica común entre migrantes sin papeles. "No podemos permitir que esta necesidad de sobrevivir se transforme en un sistema de precariedad laboral. La solución no es flexibilizar aún más el trabajo, sino regularlo para proteger los derechos de todos", enfatizó Corredor.El portavoz también subrayó la necesidad de transparencia en los algoritmos que gestionan las plataformas, para evitar abusos y garantizar un trato justo. "No se puede confiar en una caja negra que decide cuántas horas trabajas o cuánto ganas", afirmó.Corredor explicó cómo este modelo, conocido como "uberización", se ha extendido más allá de los repartidores, afectando a otras profesiones como periodistas y psicólogos. "Es un sistema que precariza a los trabajadores, haciéndolos competir entre sí y eliminando derechos básicos bajo la ilusión de ser independientes", señaló.El caso de Glovo y la lucha de Riders por Derechos marcan un precedente importante en la regulación de las plataformas digitales. "El trabajo no puede ser una necesidad básica gestionada sin regulación. Debe estar fuertemente controlado para evitar abusos", concluyó Corredor.Este caso de Glovo puede ser visto como un modelo a seguir, no solo para otras plataformas en España, sino también en la realidad colombiana, donde servicios como Rappi enfrentan interrogantes similares. La evolución de estas discusiones en diferentes países demuestra la necesidad de abordar la precariedad laboral a nivel global, garantizando así un trabajo digno para todos.
La llegada de diciembre, con celebraciones como el Día de Velitas, pone en alerta a las autoridades sobre el aumento de los casos de quemados por pólvora, que en la ciudad de Cartagena ya son 34, de los cuales seis son menores de edad en lo corrido de este año.El Departamento Distrital de Salud de Cartagena (Dadis) hizo el lanzamiento de su campaña educativa “Celebra sin pólvora”, que incluye una medida con la que busca ‘poner en cintura’ especialmente a los padres de familia o tutores legales de menores de edad que resulten quemados por pólvora.Según explicó la entidad, podrían pagar una multa de hasta cinco salarios mínimos legales vigentes, es decir, cerca de 6.500.000 pesos, además de enfrentar las acciones legales correspondientes en los casos donde se demuestre la responsabilidad de los padres o tutores.El director del Dadis, Álex Tejada, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para celebrar con responsabilidad y llevar a cero la cifra de quemados durante estas tradicionales celebraciones.“Las cifras de este año en relación con las fiestas de noviembre fueron de 34 casos, en comparación con el año pasado, que fueron 24. Pero quiero aclarar que durante el resto del año no tuvimos pacientes quemados; o sea, que festejamos de una manera en que la pólvora afectó a la ciudad (…) Padres de familia, en videos hemos visto cómo algunos enseñan a los niños a prender pólvora o a estar al lado de ellos. Quiero decirles que esto es penalizado y que existen sanciones económicas y judiciales. No podemos celebrar con pólvora”, explicó Tejada.El funcionario, además, señaló que la ciudad entrará en una vigilancia intensificada que se extenderá hasta el 15 de enero de 2025.“Esta vigilancia no solo es en salud, sino también ambiental, policial y a nivel de todo el estado colombiano (…) Vamos a celebrar sin pólvora, vamos a darle un buen ejemplo a todos nuestros hijos”, sostuvo.En diciembre de 2023, en Cartagena se registraron ocho casos relacionados con pólvora, de los cuales tres involucraron a menores de edad.