Este martes, 9 de agosto, la Procuraduría pidió condenar a la excongresista Aída Merlano por violar los límites de gastos en su campaña al Senado para 2018-2022.En la audiencia que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia, en el despacho del magistrado Ariel Torres Rojas, en el concepto rendido ante la sala especial de primera instancia del alto tribunal, el ministerio Público requirió, además, que la Corte inicie los trámites para solicitar su extradición desde Venezuela, cuando se verifique que sí se encuentra en ese país y se cumplen los requisitos legales para realizar el requerimiento.El ministerio público también señaló que en medio de la investigación se determinó que la campaña de Merlano Rebolledo recibió más de 8.300 millones de pesos, por lo que superó el tope fijado por el Consejo Nacional Electoral, que para su caso era de 884 millones de pesos.Para la Procuraduría, Aída Merlano: “Afectó gravemente el bien jurídico tutelado de la participación democrática, puesto que desbalanceó injustificadamente la contienda electoral, haciendo que tanto aspirantes como electores, vieran ante sus ojos el desmantelamiento de los principios de igualdad, participación, pluralismo y transparencia en tal indigno espectáculo”.Por esa razón, solicitó condenar a la excongresista, quien era representante a la Cámara para la fecha en que ocurrieron los hechos, por el delito de violación a los topes o límites de gasto en las campañas electorales, que contempla una pena de cuatro a ocho años, y que la misma se dicte bajo una circunstancia de mayor punibilidad.
De acuerdo con información difundida a través de un comunicado de la Procuraduría Provincial de Rionegro, a niños de diferentes instituciones de La Ceja (Antioquia) les fue suministrada carne de caballo en raciones alimentarias del PAE, por lo que se adelantan investigaciones para dar con los responsables ante la vulneración de los derechos a la salud y a la alimentación equilibrada de esta población estudiantil. De igual manera, dicho organismo recordó al alcalde de La Ceja que es su obligación hacer seguimiento al cumplimiento de las condiciones necesarias para el adecuado proceso de recepción, conservación, manejo y distribución de la alimentación escolar.Recordemos que en el 2020 un caso similar se presentó en Bucaramanga, donde un comerciante identificado como Fernando Trujillo Gómez compraba caballos y burros, muchos de ellos enfermos o muertos, en la Costa Atlántica, los trasladaba, los sacrificaba y trataba su carne con químicos para alterar su contextura y luego la empacaba al vacío para distribuirla.Por este hecho, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a Fernando Trujillo Gómez los delitos de corrupción de alimentos en concurso homogéneo y simultáneo en 18 oportunidades, fraude procesal y falsedad en documento privado.Escuche más noticias:
La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que incluya a cuatro municipios más en la zona de influencia del proyecto HidroItuango, que tuvieron afectaciones luego de la emergencia en la obra.El requerimiento de la Procuraduría es que Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí cuenten en el área de influencia del proyecto Hidroeléctrico Ituango, debido a que, luego de que la emergencia registrada en el megaproyecto en el 2018 y el cierre de las compuertas de captación de la casa de máquinas en el 2019, generara afectaciones directas e indirectas en estos municipios.Asimismo, pidió revisar el seguimiento sobre el Plan de Manejo Ambiental que fue aprobado por la Anla para el proyecto, el cual no puede convertirse en un mecanismo permanente, indefinido y abierto para amparar ajustes y modificaciones.Actualmente, la licencia ambiental del megaproyecto limita la zona de influencia de municipios como Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Olaya, Ituango y Valdivia.Escuche más noticias:
La Procuraduría imputó cargos al exconcejal de Copacabana, Antioquia, Jesús Aníbal Díaz Montoya , por violación al régimen de inhabilidades al realizar contratos con empresas sociales del Estado, pese a estar impedido para ello.Al parecer, el investigado habría contratado con la empresa social del estado, el Hospital Bellos alud y Hospital San Luis Beltrán de San Jerónimo, Antioquia, para atender temas jurídicos y actuar en representación de estos, lo que fue calificado como falta gravísima.El Ministerio Público también formuló cargos al gerente y representante legal de la empresa social del estado Bello alud, del municipio de Bello, Elkin de Jesús Cardona Ortiz, por presunto trámite, aprobación, y celebración de contrato con el ex-funcionario de Copacabana, aun cuando pareciera que este se encontraba incurso en causal de inhabilidad por ser servidor público.Le puede interesar:
La Procuraduría General de la Nación lanzó una fuerte advertencia a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los casos de exguerrilleras víctimas de prostitución y violencia sexual y, le pidió que reciba los testimonios de las mujeres de forma individual.La Procuraduría pidió al despacho relator del macro caso 04 de la JEP, que investiga la situación territorial ocurrida en Urabá, recibir en diligencias individuales a las mujeres excombatientes del bloque 57 de las extintas Farc-EP, para que puedan rendir declaraciones de manera reservada, libre y espontánea, sobre su condición de víctimas de aborto, planificación forzada, cohabitación forzada, prostitución y esclavitud sexual.La solicitud la hizo después de analizar declaraciones recibidas por una excombatiente y otras mujeres pertenecientes a diferentes estructuras, además de dos exjefes, que dan cuenta de la ocurrencia de prácticas sistemáticas de abortos y planificación forzada dentro de las Farc, como lo ha venido denunciando el Ministerio Público.Le puede interesar:Además, advirtió que la responsabilidad en la práctica de secuestros y uso de medios y métodos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como minas antipersona, cilindros bomba y dinamita en ataques y, tomas a poblaciones, deben trasladarse a todos los exmiembros de esa estructura guerrillera.Asimismo, entre los datos entregados por los comparecientes, la Procuraduría encontró elementos de contexto que ayudarían a esclarecer la verdad en casos de desaparición, desplazamiento y homicidio contra el partido político Unión Patriótica en la región, por lo cual solicitó traslado de las versiones al despacho relator del macro caso 06.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general de 12 años al exsenador de la República Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías Vidal.La sanción es por incurrir en hechos de corrupción, aprovechando su investidura como congresista, para beneficiar a la firma Odebrecht en el trámite de procesos contractuales.Para el Ministerio Público, el ‘Ñoño’ Elías cometió el delito de cohecho propio, al recibir alrededor de $1.600 millones de la firma Odebrecht entre los años 2012 y 2014 para conseguir beneficios y decisiones favorables para esa empresa, aprovechando su cargo como congresista.Para la Procuraduría, Elías Vidal “quebrantó sin justa causa el correcto funcionamiento de la administración pública, pues, de un lado ejerció indebidas influencias sobre servidores públicos haciendo prevalecer intereses particulares, y derivó para sí y para otros beneficios económicos, cuando le correspondía actuar conforme lo demandaba su investidura de congresista, encaminando su comportamiento a la búsqueda del bien común y la consecución de los fines del Estado”.La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular destacó que, “cada que un servidor público trasgrede un deber, el derecho disciplinario aparece como una forma de autotutela, para actuar en virtud de esa relación especial de sujeción que lo ata y le impone proceder con probidad y en garantía de los derechos fundamentales”.En desarrollo del proceso, Elías Vidal aceptó su responsabilidad disciplinaria frente a los cargos señalados por la Procuraduría.Le puede interesar: Gobierno Petro revisará doctrina, capacitación y protocolos del Esmad: general (r) William SalamancaEscuche el podcast El Camerino
El representante a la Cámara Andrés Calle, quien presentó un proyecto que busca mayores libertades para alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos en términos políticos, explicó la iniciativa en Mañanas Blu. El legislador explicó de dónde salió el bautizo de la iniciativa como "ley Daniel Quintero". "Los medios de comunicación han hablado de la Ley Quintero, pero para nosotros es motivo de complacencia el acompañamiento del doctor Daniel Quintero, quien defiende esos ideales, pero los autores somos el senador Juan Diego Echavarría, mi persona y otros grupo de congresistas del Pacto Histórico y el Partido Liberal", sostuvo el legislador. "El proyecto de ley busca darle cumplimiento al artículo 127 de la Constitución, garantizar el ejercicio de la actividad política para los servidores públicos. La iniciativa incluye las limitaciones, dar garantías. Es un ejercicio transparente y no por debajo de la mesa. Claro, el que utilice los recursos públicos se irá a la cárcel, el que use los escenarios públicos, también”, añadió. Le puede interesar:De acuerdo con el representante Calle, de aprobarse el proyecto se abriría la puerta a la participación en política, por encima de la mesa, a “todos los servidores públicos en Colombia, exceptuando a la rama judicial, órganos de control y la fuerza pública, que tiene una prohibición expresa”.El congresista Calle aseguró que romper “las cadenas” a los políticos permitirá ponérselas a la corrupción. Además, dijo que es absurdo que haya restricciones a los funcionarios, cuando en todos los países de América Latina es permitido. “Aquí lo están haciendo por debajo de la mesa", aseguró.
El proyecto de ley que fue radicado es apoyado por diferentes sectores políticos e impediría que se repita una situación parecida a la que vivió el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en medio de la campaña electoral reciente cuando fue suspendido de su cargo por la Procuraduría después de una presunta participación en política.La medida busca cambiar las leyes colombianas actuales que impiden que alcaldes, gobernadores y otros funcionarios públicos puedan participar activamente en medio de las contiendas electorales.“La regulación no es clara, estamos secuestrando la política y abriendo las puertas a la corrupción. Hoy los funcionarios públicos en vez de hacerlo públicamente lo hacen por debajo de la mesa y eso sí que no garantiza transparencia para los ciudadanos y para la democracia”, expresó el representante Liberal Andrés Calle.La ley, a la cual acompañan varios congresistas, contó también con el apoyo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a quien justamente le dijeron que llevaría su nombre.“Este es un proyecto que hará cumplir la Constitución, allí se dice que una ley estatutaria debe reglamentar el asunto y por eso será una adecuación del marco electoral colombiano, a los estándares mundiales. En Colombia, la Procuraduría suspende alcaldes por su imaginario, esperamos que el Congreso cumpla con la reglamentación”, dijo Daniel Quintero.Este proyecto de ley contaría con el apoyo del presidente electo, Gustavo Petro, quien fue apoyado en su campaña por el representante de Córdoba Andrés Calle y por el mismo Daniel Quintero, de hecho, la separación de su cargo fue por supuesta participación en política a favor del entonces candidato del Pacto Histórico.“Le pediremos al presidente Gustavo Petro y a todas las bancadas que apoyen este proyecto de ley porque se deben acabar las irregularidades electorales y queremos es que se cumpla la Constitución”, dijo el mandatario de Medellín.En este proyecto, el servidor público no podrá pertenecer a la dirección de un partido político, no podrá usar recursos públicos con fines electorales, ni usar su cargo para obligar a los subordinados a votar por determinado candidato.“A mí me hubiera gustado decir que iba a votar por Gustavo Petro y no lo pude hacer, por eso pido al Congreso que tramite esta iniciativa”, puntualizó Quintero.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
La elección de contralor General ha sido bastante controvertida, en especial en el momento de confirmar la lista de los 10 elegibles, de quienes el Congreso debe escoger el próximo 11 de agosto al reemplazo de Felipe Córdoba, para los próximos cuatro años.El Ministerio Público aseguró que las decisiones adoptadas por el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel, quien hace parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, son asuntos de naturaleza electoral que no deben seguir siendo controvertidos.Por lo que la Procuraduría pidió revocar todas las peticiones del Tribunal Administrativo respecto a la elección de Contralor y solicitó que se inadmitiera la demanda instaurada por la ciudadana Dala Karime Daguer.El secretario del Senado, Gregorio Eljach, le respondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que la lista final de 10 candidatos para el cargo de Contralor General no se cambiaría otra vez.Esto luego de que a través de un incidente de desacato se solicitara incluir a los dos candidatos, Julio César Cárdenas Uribe y Juan Carlos Guardón, porque sus puntajes sí correspondían para alcanzar la lista.Según la demandante, se desconocieron los requisitos establecidos para el cargo de contralor por parte de algunos de los seleccionados en la lista de elegibles definitiva.Por lo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió abrir un incidente de desacato contra la comisión accidental del Congreso, que reformó la lista de 10 finalistas para el cargo del contralor general de la República.Sin embargo, aunque para el tribunal y la demandante hay dos candidatos que por meritocracia debían estar en esa lista y conformarla, el Congreso dijo que ya la lista está confirmada con todos los estándares que dice la Ley, por lo que se tiene que modificar, ni incluir a los otros dos candidatos.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca por qué no dio frutos la reunión del exmandatario y el presidente electo:
En la primera semana de sesiones del nuevo Congreso, integrantes de los partidos Liberal, Conservador, Alianza Verde y Dignidad presentaron el primer proyecto de Ley de reforma a la Procuraduría General de la Nación, un tema que será protagonista de la agenda en los próximos cuatro años.La iniciativa, de 10 artículos, pretende adelantar varios cambios a la entidad, con los que reversaría lo aprobado el año anterior en la reforma al Código Disciplinario impulsada por la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello, especialmente frente a la ampliación de la planta de personal y buscando, además, la eliminación de las funciones de investigación y sanción a funcionarios elegidos por voto popular.Aunque el presidente electo, Gustavo Petro, insistió en buscar transformar la Procuraduría, trasladando sus funciones a una especie de Fiscalía anticorrupción, este proyecto plantea ajustes a la entidad actual, conservando el mismo nombre, pero modificando sus funciones.Juan Carlos Losada, representante a la Cámara del Partido Liberal y uno de los autores, explicó que se trata de una contrarreforma. “Vamos a echar para atrás el adefesio que la procuradora Cabello hizo aprobar en la legislatura anterior, que es poco garantista y creó un montón de empleos que no se necesitaban”, puntualizó.Antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera el fallo del caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, destituido durante la administración de Alejandro Ordóñez, la Procuraduría venía ejerciendo sus funciones de suspender y sancionar a elegidos popularmente, pero con ese fallo se les advirtió que solo los jueces tienen competencia para destituir y sancionar.Le puede interesar:Con esa advertencia, el Ministerio Público impulsó una reforma ante el Congreso el año anterior, aumentando la planta de personal en 1.200 cargos y dándole facultades de jueces, entre otras medidas. En este momento la Procuraduría está sancionando con esa facultad, pero se espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional.Lo que dice el texto• Deja las funciones disciplinarias en manos de las oficinas de control interno, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.• La Procuraduría solo podrá destituir e inhabilitar a servidores públicos o particulares, siempre y cuando no sean elegidos por voto popular.Los autores del proyecto, que iniciará su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, son: Juan Carlos Losada y Andrés Calle, del Partido Liberal; Santiago Osorio e Inti Asprilla, de Alianza Verde; Jennifer Pedraza, de Dignidad, y Nicolás Echeverry, del Partido Conservador.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca todas las reacciones de la ‘paz total’ que quiere el nuevo gobierno:
Durante un conversatorio sobre el aporte del informe final de la Comisión de la Verdad a la justicia transicional, el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, se refirió al proceso de paz total que busca llevar a cabo el Gobierno del presidente Gustavo Petro y para el cual ya al menos 10 grupos armados u organizaciones delincuenciales han manifestado que quisieran hacer parte. Cifuentes mostró su respaldo a la paz total, pero además cuestionó que el Estado no tenga proyectos que integren las acciones restaurativas impulsadas por los responsables."Estas entidades- el Sistema Integral para la Paz- son frágiles, y no hubieran sido frágiles si otras hubieran sido las condiciones, yo sí creo que es necesaria la paz total y no solo conceder beneficios desde el principio, sino también que los comparecientes procedan a llevar a cabo reparaciones y que se implanten mecanismos para que los trabajos y obras de contenido reparador se inserten en grandes proyectos desde el Estado, donde eso pueda ser real y sostenible", explicó.Asimismo, aseguró que ha sido un milagro tener un sistema que comience a cumplir sus propósitos y los objetivos para los que fue creado, porque siguen trabajando en un clima de mucha adversidad en el país y que eso no se puede negar, pues se evidencia en el asesinato de líderes."Siguen asesinando excombatientes, no hay una verdadera desmovilización garantista, no vemos un Estado que esté generando proyectos importantes para insertar a los comparecientes y víctimas, sin paz total no es posible que podamos rendir un 100 % a partir del ejercicio de nuestras competencias", finalizó.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
La senadora Piedad Córdoba fue ingresada nuevamente a la Clínica El Rosario de El Tesoro, en Medellín, por aparentes quebrantos en su salud.Según la información conocida hasta ahora, la familia llevó a la congresista a una consulta en el área de urgencias del centro asistencial, donde ya se encuentra en observación médica. Sin embargo, se desconoce cuál es su actual estado o la enfermedad que la aqueja en esta ocasión.La congresista Córdoba estaba hace dos días en su vivienda, donde se encontraba recuperándose luego de pasar casi tres semanas hospitalizada en la misma Clínica El Rosario: primero, en la unidad de cuidados intensivos y luego, en una unidad de cuidados intermedios, por una infección urinaria que le impidió posesionarse oficialmente en el Senado el 20 de julio pasado.En ese momento fue internada en la clínica porque sufrió esa descompensación, al parecer, consecuencia de las secuelas que dejó el COVID-19 un mes atrás.Incluso, una comitiva del Congreso, entre ellos el presidente del Senado, Roy Barreras, se trasladó hasta dicha clínica para que Córdoba tomara posesión en su curul cuatro días después de haber comenzado la legislatura.Le puede interesar: escuche el podcast El Zuletazo
Este martes 9 de agosto en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos nacionales e internacionales más importantes acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.Escuche el programa completo de Voz Populi aquí:
El anuncio lo hizo el presidente Petro a través de su cuenta de Twitter: “César Ferrari será el director de Planeación Nacional, DNP, ingeniero civil de la Universidad Católica del Perú, Master en Planificación Regional y Urbana de la New York University y Doctor en Economía de Boston University, actual profesor de Economía de la Javeriana”.Ferrari es peruano, nació en la ciudad de Lima, es economista con experiencia en el análisis y diseño de políticas económicas, desarrollo financiero y micro-financiero, desarrollo regional y superación de la pobreza, según la hoja de vida del nuevo funcionario publicada en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas.El ingeniero habla inglés, italiano, portugués y español, ha sido consultor en distintos países de Latinoamérica como Bolivia, Cuba, Venezuela, Ecuador, Paraguay y Perú, además de otros países de África y Asia. Es profesor de la Javeriana desde 1999. Tendrá el reto principal de liderar la elaboración y presentación del Plan Nacional de Desarrollo, que será concertado en las diferentes regiones de Colombia y que trazará la hoja de ruta del nuevo gobierno.Fue un duro crítico de la reforma tributaria del gobierno anterior, en 2021 escribió una columna el portal Razón Pública en la que aseguraba que “situaciones extraordinarias como esta, ameritan medidas extraordinarias. Como están haciendo casi todos los bancos centrales del mundo, es hora de un préstamo del Banco de la República al gobierno”.En otra publicación advierte que para mejorar la vida de los colombianos se necesita “un Estado más grande, es decir, un Estado que recaude más impuestos”. El nombramiento se conoce, además, solo un día después de presentarse la reforma tributaria del gobierno.
El gobernador del pueblo indígena motilón barí, Juan Titira, denunció que, cuando una integrante de su comunidad identificada como Aurora Ashirona Sagyera era trasladada en ambulancia del hospital de Tibú hacia el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, el Ejército detuvo en dos oportunidades al vehículo para hacer requisas demorando por más de una hora y media su traslado; la indígena falleció luego de recibir atención médica.La comunidad aseguró que la mujer presentaba problemas respiratorios y que esas demoras en controles en los sectores de Agualasal y Ye De Astilleros provocó que la indígena se complicara.“Traía problemas respiratorios en la ambulancia, le prestaron servicio de oxígeno. Los militares en los diferentes puntos se demoraron en darle libertad, darle movilidad a la ambulancia, y el líder indígena y chofer fueron amenazados y estaban con actitud agresiva la fuerza pública”, aseguró Juan Titira, gobernador barí.Por lo que, pidió a la Fiscalía, Defensoría y Procuraduría investigar estos hechos, asegurando que la comunidad está profundamente adolorida por el fallecimiento de esta lideresa indígena del Catatumbo. De momento, el Ejército no se ha pronunciado.Le puede interesar: escuche el podcast El Zuletazo
