El Consejo de Estado acogió un recurso extraordinario de revisión y condenó al Ejército Nacional por la muerte de Edison Andrés Gómez Galeano, ocurrida en abril de 2007 en Medellín, atribuida a integrantes del Batallón de Ingenieros No. 4 Pedro Nel Ospina de la Cuarta Brigada. Con esta decisión, la Sala invalidó una sentencia de marzo de 2023 de la misma corporación.El proceso había tenido fallos desfavorables para la familia. En 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda al considerar que los soldados actuaron en legítima defensa durante una operación militar, misma conclusión que en su momento fue ratificada por el Consejo de Estado, al señalar que no había pruebas de un traslado forzado de la víctima y que se acreditó un supuesto ataque armado contra los militares, descartando un montaje para encubrir un falso positivo.Posteriormente, el abogado de las víctimas, Javier Villegas Posada, interpuso un recurso extraordinario de revisión, aportando como elemento nuevo una declaración rendida ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que no había sido valorada en las decisiones anteriores."Logramos conseguir que se anularan las sentencias por la sentencia del Consejo de Estado en la que se exoneraba y en reemplazo se emitiera la sentencia en la que se condenaba al Estado después de haber valorado una prueba sobreviviente que se aportó en el proceso extraordinario de revisión, que era el testimonio de un sargento del Ejército que participó en la ejecución de Andrés", resaltó Villegas.En esa declaración, el sargento viceprimero retirado William Darley Ospina García confesó que Gómez Galeano fue reclutado con una falsa oferta de empleo, trasladado en un vehículo oficial al barrio Altos del Oriente de Medellín y asesinado por tropas coordinadas por un oficial, para luego ser presentado como baja en combate. El exmilitar, quien aceptó su participación en 46 ejecuciones extrajudiciales, también reconoció la manipulación de la escena para simular un enfrentamiento.Con base en estas pruebas, el Consejo de Estado concluyó que no hubo combate, que la víctima estaba en estado de indefensión y que existió una manipulación deliberada de la escena y de documentos oficiales."Había simulado perfectamente un combate, hasta el punto de que la prueba de guantelete había salido positiva, lo que implicaba que le habían colocado en sus manos un arma y disparada después de muerto para, efectivamente, resultar positivo este este resultado. Fueron documentos y testimonios falsos los que validaron la muerte de Andrés", aseguró el abogado.En consecuencia, este tribunal ordenó indemnizar a los familiares por perjuicios morales y dispuso medidas de reparación integral, como una rectificación pública y la incorporación del caso a los registros del Centro Nacional de Memoria Histórica y el Archivo General de la Nación.
Un presunto fletero fue dado de baja por la Policía en medio de una balacera en el occidente de Medellín. Con este fueron dos casos en poco más de doce horas de presuntos delincuentes abatidos en la capital antioqueña.En medio de un recorrido habitual de un patrullaje en el sector de La Torre, parte periférica del barrio Doce de Octubre, en Medellín, una patrulla de la policía encontró a dos hombres en una moto intentando cometer un hurto, cuando los uniformados intentaron detenerlos, los sujetos comenzaron a disparar contra los ellos.En medio del cruce de disparos que cortó la calma de los habitantes en el sector, uno de los presuntos criminales cayó herido por los disparos y falleció en el lugar. Su compañero alcanzó a huir, pero el testimonio de los uniformados involucrados señala que también estaba herido, por lo cual es buscado en centros asistenciales de la ciudad.Según la versión que entregaron algunos de los testigos de los hechos, el hombre ingresó al establecimiento comercial y se dirigió al lugar donde estaba el dueño del restaurante. Se le acercó, le puso un arma de fuego en la cabeza para quitarle una cadena de oro y en ese momento los patrulleros reaccionaron y le dieron de baja.El fallecido fue identificado como José Ángel Nieto Villanueva, de 26 años. Se supo que era de nacionalidad venezolana y que había llegado a Medellín desde hace dos meses proveniente de Chile.En Medellín, desde mediados de 2025, la alcaldía anunció recompensas de hasta 25 millones de pesos por la información que permita la captura de los integrantes de estructuras criminales que se dediquen al fleteo. Hay que recordar que, según cifras oficiales, al día se denuncian casi 20 atracos en la ciudad.
Un caso de aparente negligencia médica tiene nuevamente bajo la lupa del Ministerio Público a Mario Fernando Córdoba, gerente del Hospital General de Medellín durante la administración de Daniel Quintero.El caso por el cual ahora la Personería de Medellín formuló pliego de cargos en su contra se remonta a septiembre de 2023 donde un menor de edad falleció en el centro asistencial que dirigía tras no garantizar la prestación del servicio especializado de cirugía pediátrica, requerido con urgencia por el paciente.El menor de edad, con un cuadro de enterocolitis necrotizante con perforación intestinal y shock séptico, también tuvo una complicación abdominal grave y transcurrieron más de cuatro horas y media sin que se le practicara el procedimiento médico."Como primer cargo, se le formuló homicidio agravado en razón de que la víctima sería un menor de edad. Como segundo cargo, se le atribuye al señor Córdoba la falsedad ideológica en documento público al utilizar un otro sí fechado el 20 de septiembre del 2023 que contenía declaraciones contrarias a la verdad", explicó Yenny Teresita Serna, personera delegada.Según pudo establecer la Personería, el entonces gerente presentó un otrosí que fue suscrito dos días después para demostrar que el Hospital con el servicio de cirujano neonatal, cuando en realidad, tras un acuerdo verbal, el servicio de cirugía infantil se restableció el 21 de septiembre a partir de las 4:30 p.m.A Córdoba, como tercer y último cargo, se le atribuye el presunto incumplimiento de deberes, contemplado en el Manual de Funciones de la institución de salud. Se espera que en las próximas semanas se conozca el veredicto en la etapa de Decisión Disciplinaria que ya inició.
Contra el tiempo, un grupo especializado de la Policía en Medellín avanza en la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables de la batalla campal que se vivió en el estadio Atanasio Girardot al cierre de la final de Copa Colombia entre Independiente Medellín y Atlético Nacional.El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, aseguró que el Distrito, de manera conjunta, denunciará penalmente a los responsables. Esto porque en medio de las riñas se registraron afectaciones a bienes de entidades como el Inder y la misma Secretaría de Seguridad."De acuerdo a esa recopilación de pruebas y ese material fílmico que nosotros vamos a tener, es cuando vamos a calificar o a cualificar la denuncia de acuerdo a los respectivos tipos penales que aplique. Pero obviamente hay lesiones, hay tentativas, hay daño en bien público", argumentó.El funcionario también se refirió al balance de daños en la infraestructura que sufrió el estadio, especialmente en la tribuna Norte y que están siendo cuantificados."Cuatro gabinetes contra incendios que fueron afectados. Parte del tapete de Norte fue quemado, seis separadores de orientales fueron arrancados, cinco contenedores fueron vandalizados o reventados, seis cámaras de seguridad dentro del estadio fueron vandalizadas y afectadas, cuatro torniquetes de los ingresos fueron afectados, y 20 sillas fueron arrancadas", detalló.Frente a una de las principales preocupaciones con respecto a las garantías de seguridad para el partido disputado ayer, Villa defendió que hubo acompañamiento permanente de la policía al punto que quienes ingresaron al terreno de juego desde las tribunas populares tuvieron que hacerlo por el sector occidental.Sin embargo, admitió que el ingreso de pirotecnia y otros elementos no autorizados hacen parte de un entramado en el que incluso participan miembros de los equipos de fútbol. Durante la final cuatro personas resultaron quemadas en medio de la manipulación de artefactos explosivos.Ya habría pruebas en video sobre su ingreso y en los próximos días se darán a conocer, reveló Villa."Hay gente dentro de los equipos, hay gente dentro de los liderazgos de las barras, hay gente dentro de los equipos de utileros, hay gente dentro de las logísticas que están facilitando, y eso está evidenciado con este material que ya tenemos".Finalmente, con respecto a las sanciones, el secretario de Seguridad detalló que seguro habrá algunas de carácter individual y otras de carácter colectivo, pero que se tomarán en los próximos días cuando se convoqué a una reunión extraordinaria de la Mesa de Convivencia y Seguridad del Fútbol de la ciudad.
A un año del hallazgo de cuerpos en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, Margarita Restrepo, madre de Karol Vanessa, desaparecida en 2002 con 17 años, aseguró que el proceso ha estado marcado por sentimientos opuestos. “Fue una alegría muy grande, pero también una pérdida”, expresó al recordar ese momento.Restrepo afirmó que las excavaciones permitieron visibilizar un daño histórico oculto durante años. De manera indirecta, señaló que el dolor de las familias empezó a emerger junto a la tierra removida. “Empezó a brotar todo el daño que se hizo a la naturaleza, llevándose sueños”, dijo.La madre buscadora sostuvo que los hallazgos también significan una reivindicación para quienes insistieron durante décadas. “Ha sido un logro muy importante demostrar y reafirmar que nosotras no éramos locas”, afirmó, al destacar que ya se han encontrado siete cuerpos, aunque no correspondan a mujeres de su colectivo.Según explicó, La Escombrera sigue siendo un punto clave para la verdad y la memoria en Medellín. De forma directa, indicó que en el lugar se buscan 502 cuerpos de personas desaparecidas en 2002. “Aquí tiene que seguir hablando la tierra”, insistió al pedir continuidad en las labores.Restrepo relató que la desaparición forzada es una experiencia que solo deja dolor y desgaste. “La desaparición forzada no tiene nombre”, dijo, al recordar años de trámites en Fiscalía y Medicina Legal sin respuestas claras, incluso con la pérdida de documentos clave como la foto de su hija.Tras 23 años de búsqueda, la mujer aseguró que hoy existe una esperanza distinta. De manera indirecta, afirmó que los mecanismos creados tras el Acuerdo de Paz fortalecieron los procesos de búsqueda y el acompañamiento a las familias que aún esperan verdad.También cuestionó la falta de resultados en intentos anteriores de intervención en el sitio. “Donde la Fiscalía hubiera tenido buena voluntad política, hubiéramos logrado algún hallazgo acá en La Escombrera en 2015”, sostuvo al referirse a procesos que no avanzaron.Finalmente, defendió la memoria como una herramienta fundamental para la sociedad. Recordó el impacto que tuvo la censura de un mural en honor a las víctimas y el papel simbólico de estas expresiones. “Quien no conoce la historia está expuesto a repetirla”, concluyó, al pedir respeto por una memoria que sigue siendo vulnerada.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la identificación de una quinta víctima en La Escombrera, al cumplirse un año de los primeros hallazgos que revelaron el uso de este lugar como fosa común en la Comuna 13 de Medellín. Se trata de una niña de 17 años desaparecida por paramilitares del Bloque Cacique Nutibara el 24 de agosto de 2002, cuyo cuerpo fue hallado por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) el pasado 15 de julio y plenamente identificado por el Instituto Nacional de Medicina Legal.Con esta identificación, ya son siete los cuerpos exhumados en el sitio desde 2024, de los cuales cinco han sido identificados y cuatro entregados de manera digna a sus familias. Estos avances confirman la relevancia de La Escombrera como lugar clave para el esclarecimiento de casos de desaparición forzada en la Comuna 13, donde las víctimas y sus organizaciones han denunciado durante años la existencia de fosas comunes utilizadas en el contexto del conflicto armado.Durante 2025, la JEP mantuvo activa la intervención judicial en La Escombrera bajo las medidas cautelares vigentes, con el apoyo logístico y financiero de la Alcaldía de Medellín. Gracias a esta articulación institucional, se amplió el área de excavación y se reforzaron las capacidades técnicas del GATEF, lo que permitió avanzar en las labores forenses, fortalecer los procesos de identificación y brindar acompañamiento psicosocial y jurídico a las familias de las víctimas.La continuidad de esta búsqueda depende ahora del cumplimiento del Auto AI-48 de 2025, que vinculó a los ministerios de Hacienda y del Interior para garantizar la sostenibilidad financiera e institucional de la intervención. La JEP resaltó que contar con recursos estables, maquinaria y personal especializado será determinante para continuar con las excavaciones durante 2026 y consolidar los resultados obtenidos este año.Asimismo, la Jurisdicción recordó que en mayo de 2025 se ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en coordinación con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, diseñar un proceso de memoria y reparación simbólica en La Escombrera. Esta propuesta, ya presentada y actualmente en revisión, busca honrar a las víctimas y convertir el sitio en un espacio de memoria y reconocimiento.La intervención del GATEF en La Escombrera hace parte del Subcaso Antioquia del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública en alianza con grupos paramilitares. Estos esfuerzos judiciales y forenses contribuyen al esclarecimiento de la verdad, a la reconstrucción de los hechos y al reconocimiento de las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13, uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado en Medellín.
Antioquia superó los 70 quemados con pólvora, 22 de ellos menores de edad. En la última jornada, durante la final de la Copa Colombia los asistentes reportaron más de 20 minutos de quema de pirotecnia, dejando el Atanasio Girardot totalmente blanco. El inicio de las novenas navideñas y la final de la Copa Colombia entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, marcada por al menos 20 minutos continuos del uso de pirotecnia por parte de ambas hinchadas, no dejan un buen balance para la ciudad.Antioquia registra 72 personas lesionadas por pólvora en lo que va de la temporada 2025–2026, según el más reciente reporte de vigilancia intensificada de la Gobernación, cifra que representa un aumento del 10.8% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se habían notificado 65 casos.De acuerdo con la información consolidada por el Instituto Nacional de Salud (INS), las lesiones incluyen quemaduras de primer y segundo grado, laceraciones, contusiones y, en los casos más graves, amputaciones.El balance departamental indica que 22 de los lesionados son menores de edad y 50 son adultos y que en total, seis personas han sufrido amputaciones, una de las consecuencias más severas asociadas al uso indebido de pólvora. Hidalgo Vélez Sierra, líder de la Unidad de Quemados del Hospital San Vicente Fundación en Medellín, habló de las lesiones que generan una quemadura por pólvora.“Es muy importante recordar que en la época de sembrina las quemaduras por pólvora pueden dejar secuelas gravísimas, por eso la invitación es a no manipular ningún tipo de instrumento que va a contener pólvora, ni siquiera las chispitas mariposa. Siempre que ocurra una quemadura existe una destrucción de alguna de las capas de la piel que tiene un grado variable dependiendo de la profundidad del tejido afectado”, aseguró.Medellín concentra el mayor número de casos reportados en Antioquia, seguida por municipios como Bello, Itagüí, El Bagre, Segovia y otros del Valle de Aburrá y las subregiones del Nordeste, Bajo Cauca y Occidente. En cuanto al tipo de lesiones, las manos, la cara y los miembros superiores figuran entre las partes del cuerpo más afectadas, además de reportes de daño ocular y auditivo. Sobre las implicaciones, esto advirtió el experto.“Cuando las quemaduras son profundas y comprometen todas las capas de la piel, los tiempos de hospitalización se prolongan hasta cuatro, a veces cinco semanas y los pacientes pueden requerir intervenciones quirúrgicas que, dependiendo del tipo de intervención, van a generar secuelas funcionales en algunos pacientes. En algunos casos, la destrucción es tan grave que los pacientes pueden tener algún tipo de daño de uno de los órganos importantes”, dijo.El reporte advierte, además, que la ocupación de las unidades de quemados en Antioquia se encuentra al 100 %, tanto en servicios para adultos como pediátricos, lo que incrementa la preocupación del sector salud frente a un posible aumento de casos en los días previos a Navidad y Año Nuevo.
El alcalde de Medellin, Federico Gutiérrez, celebró que el Clan del Golfo fuera declarado como una organización terrorista e indicó que Estados Unidos está haciendo lo que Colombia no hace: luchar contra los grupos armados. El mandatario criticó que a pesar de la escalada violenta, el Gobierno nacional siga nombrando gestores de paz.Recientemente Estados Unidos designó al Clan del Golfo como una organización terrorista extranjera por sus actividades de tráfico de cocaína para financiar actividades violentas como diversos atentados terroristas perpetrados en territorio colombiano contra la Fuerza Pública y también la población civil, por ejemplo, en el departamento de Antioquia donde no dieron espera.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional luego de que primero fuera Estados Unidos quien se pronunciara por los hechos delictivos realizados por el Clan del Golfo, mientras que en Colombia se sigue dialogando con el grupo delincuencial, incluso, con zonas de ubicación temporal en el territorio nacional.El mandatario celebró la decisión que se tomó desde Estados Unidos, no sin antes irse nuevamente en contra del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la Paz Total que ha tratado de implementar el Gobierno nacional con diferentes diálogos con grupos delincuenciales como ELN o las disidencias.“Mientras el gobierno de los Estados Unidos declara como organización terrorista el Clan del Golfo, que es lo que son, como el ELN, las Farc y todas las otras organizaciones dedicadas al narcotráfico. Pues entonces, aquí lo que hacen en Colombia, el Gobierno Petro, se dedica a seguir nombrando los gestores de paz y darles garantías y entregarles territorios”, dijo.Gutiérrez aprovechó el momento para referirse a la situación de orden público en el país e indicó que es la respuesta a que el Gobierno nacional no haya querido enfrentar a la delincuencia desde un inicio y en sus palabras, “salió mal para el país, y hoy el país está en manos de las estructuras criminales”.Finalmente, el alcalde de Medellín lamentó la situación que se vive en el Cauca tras los ataques terroristas de las últimas horas y expresó que a menos de ocho meses de que se acabe la presidencia de Gustavo Petro lo que deberá hacer el próximo presidente de la República es enfocar sus esfuerzos en combatir la criminalidad desde el primer momento de su mandato.
Tras los desmanes registrados en el estadio Atanasio Girardot luego de la final de la Copa Colombia entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, aseguró que las autoridades ya avanzan en la identificación de los responsables. Según el funcionario, existen registros clave que permitirán establecer responsabilidades individuales.Villa confirmó que el balance de la jornada dejó 59 personas heridas, entre ellas siete uniformados de la Policía Nacional. “De los 59 heridos hay 7 policías y alrededor de 52 personas fueron atendidas dentro del estadio; solo una tuvo que ser trasladada”, explicó, al precisar que no todos los casos están asociados directamente a la riña tras el partido.Hinchas afectados y uso de pólvoraEl secretario indicó que la mayoría de los heridos son hinchas, aunque aclaró que algunos resultaron lesionados por el uso de pólvora. “Entre los 52 todos son hinchas, pero no todos producto de la riña al finalizar el partido. Hay unos quemados con pólvora”, señaló, lo que abrió una nueva línea de investigación sobre el ingreso de estos elementos al escenario deportivo.Las autoridades analizan cómo se vulneraron los controles de seguridad y quiénes permitieron el ingreso de material pirotécnico, con el fin de establecer sanciones administrativas y penales.Judicialización y actuación de las autoridadesManuel Villa recalcó que la actuación institucional está sujeta a los límites legales. “Nosotros como autoridad tenemos que actuar en el marco de la ley; si no son capturados en flagrancia, infortunadamente no pueden ser judicializados”, afirmó, subrayando la importancia de contar con pruebas sólidas para avanzar en los procesos.En ese contexto, defendió las decisiones tomadas por el Puesto de Mando Unificado (PMU). “La decisión del PMU fue evitar una tragedia mayor y restablecer el orden”, dijo, al insistir en que el objetivo es capturar y judicializar a los responsables para evitar que queden en libertad.Barras, logística y responsables identificadosSobre el rol de las barras organizadas, el secretario recordó que existen líderes con responsabilidad directa. “Dentro de las barras hay líderes, se supone que son los responsables de mantener la cordura”, indicó, mientras que el componente logístico externo corresponde a personal contratado.Finalmente, Villa reiteró que ya hay personas plenamente identificadas por los desmanes. “Ya se tienen identificados y tendrá que pagar el que tenga que pagar, pertenezca a donde pertenezca”, aseguró, y agregó que “quedaron registros de quiénes cometieron las fallas y quiénes lo toleraron”, los cuales serán clave para las decisiones judiciales y administrativas que se avecinan.
Organismos de seguridad en la capital antioqueña ya avanzan en plena identificación de los responsables de los graves desmanes que se vivieron en el estadio Atanasio Girardot tras terminar la final de Copa Colombia en la que Atlético Nacional se impuso por la mínima diferencia a Independiente Medellín.Como balance preliminar de afectaciones, el secretario de Seguridad del distrito, Manuel Villa, indicó que 52 personas debieron ser atendidas por lesiones, una de ellas trasladada a un centro asistencial, mientras que siete policías resultaron heridos.Cámaras de de seguridad del escenario deportivo serán claves en la identificación de los responsables y esclarecimiento de lo ocurrido que según versiones iniciales señalan que inició en la tribuna Norte para posteriormente trasladarse a los bajos del sector occidental, muy cerca a los bancos de los equipos y mientras seguía el festejo del cuadro verde tras su victoria."Estamos en pleno proceso de identificación de los responsables. Contamos con cámaras de seguridad dentro y fuera del estadio, con registros audiovisuales y con material probatorio que ya está siendo analizado y que será presentado ante la Fiscalía General de la Nación", señaló Villa.Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un balance detallado de la jornada violenta en el que incluso hay reportes de daños a mobiliario y elementos de dotación del estadio donde también en sus inmediaciones se incautaron 120 kilos de pirotecnia.De igual manera, en una pronta reunión de la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia se espera que se definan sanciones para las hinchadas de los equipos que probablemente podrían afectarlos de cara al inicio de su participación en torneos continentales en 2026.
El fútbol colombiano se volvió a opacar por la violencia en los estadios. Luego del octavo título de Atlético Nacional en la Copa BetPlay contra el Medellín, se vivieron momentos de angustia y tensión por los desmanes que generaron los seguidores en las tribunas.Todo sucedió después del pitazo final en el estadio Atanasio Girardot, cuando en la zona norte los seguidores del DIM empezaron con los disturbios en las tribunas e, incluso, lanzaron objetos a la cancha para retrasar la premiación del verdolaga.Así las cosas, la final de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín que se vio empañada por actos de violencia en la tribuna norte del Atanasio Girardot, donde hinchas del DIM derribaron vallas y generaron enfrentamientos con los seguidores del Nacional.El personal de logística y la UNDMO intervinieron para controlar la situación y por supuesto, la premiación no se pudo realizar y los jugadores del verde fueron trasladados al camerino por seguridad. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó los hechos, clasificándolos de criminales y asegurando que los responsables asumirán las consecuencias. Además, los desórdenes afectaron la operación de varias estaciones del metro de la ciudad y se trasladó hacia las afueras del estadio. Por su parte, las autoridades entregaron un balance de 59 heridos entre ellos, siete policías heridos por los desmanes, así lo confirmó el comandante la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño. 43.000 hinchas estuvieron anoche en el estadio, pero además se decomisaron bengalas, bazucas con más de 300 tiros, más de 20 cajas de pólvora tipo torta y más de1.100 policías enfrentaron los desmanes, según confirmó la Secretaría de Seguridad de Medellín.
La capital antioqueña se tiñe de rojo y verde por la final de vuelta que entregará el título de la Copa Betplay en el Estadio Atanasio Girardot. El partido comenzará a las 7:30 de la noche y ya hay todo un dispositivo de seguridad montado para asegurar la tranquilidad del evento que contará con hinchada de ambos elencos.Las puertas del estadio se abrirán a las 4:30 de la tarde y el esquema de seguridad adoptado por la Policía Nacional permitirá mantener la tranquilidad antes, durante y después del encuentro, contará con cerca de 1.100 uniformados que integran distintas especialidades del servicio como los carabineros, el Grupo de Diálogo y Mantenimiento del Orden, así como unidades de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial.Además, se han dispuesto de siete reacciones motorizadas en el exterior del estadio, dos reacciones a pie en el interior del estadio con capacidad de respuesta inmediata y de manera complementaria. Por su parte, en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá estarán desplegados 395 patrullas de vigilancia, integradas por cerca de 800 hombres que acompañarán este encuentro."Reiteramos el llamado a todos los asistentes y a la ciudadanía en general para que este encuentro deportivo se viva con respeto, con tolerancia, con convivencia, entendiendo que el fútbol es un espacio de encuentro, de celebración y de sana competencia, de que la vida y la tranquilidad de todos están por encima de cualquier resultado", indicó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.A las medidas de seguridad se suman estrategias de transporte para garantizar especialmente el retorno de los hinchas a sus hogares, desde el Metro de Medellín, se ha desplegado una estrategia que busca facilitar el desplazamientos de ambas hinchadas al complejo deportivo tanto antes del partido como a la salida del estadio cuando termine la final.El sistema masivo de transporte anunció que la Línea B del Metro dispondrá de las estaciones Floresta y Santa Lucía para el ingreso de los hinchas del Medellín, mientras que los hinchas del cuadro verde tendrán habilitado el ingreso al Metro por las estaciones Estadio y Suramericana.
El ejército de Estados Unidos anunció el jueves la muerte de cinco presuntos "narcoterroristas" en dos ataques contra embarcaciones en aguas del Pacífico, lo que eleva al menos a 104 las víctimas desde el inicio de la campaña antidrogas de Washington en la región."La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucradas en operaciones de narcotráfico. Un total de cinco hombres narcoterroristas murieron durante estas acciones", dijo el Comando Sur en su cuenta de X.Tres personas murieron en el primer ataque y las otras dos en la segunda embarcación, indicó el ejército.De acuerdo con un recuento hecho por la AFP con información oficial, con este nuevo ataque la cifra de muertos en los bombardeos de Estados Unidos en el Pacífico y en el Caribe supera el centenar.La administración del presidente Donald Trump no ha aportado pruebas de que las embarcaciones estén implicadas en narcotráfico, lo que ha abierto un intenso debate sobre el marco legal de las operaciones.La ONU, expertos y oenegés han cuestionado la legalidad de estas operaciones.Legisladores de la oposición demócrata, pero también de la mayoría republicana en el Congreso, consideran que el presidente no tiene la autoridad legal para realizar estos ataques.Sin embargo, la Cámara de Representantes rechazó el miércoles dos textos que buscaban regular por ley estas operaciones. En el Senado también fracasaron medidas similares.La campaña llega al tiempo que el gobierno de Estados Unidos aumenta la presión sobre Nicolás Maduro, a quien acusa de encabezar una red de narcotráfico.
El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el próximo martes 23 por la tarde una reunión de urgencia para tratar la situación en Venezuela, confirmó este jueves a EFE la presidencia rotatoria del órgano.Venezuela pidió el miércoles una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad tras el bloqueo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país suramericano, informó la Cancillería venezolana.El martes, Trump anunció el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar que inició en agosto pasado en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de régimen.Laura Miklic, portavoz de la Misión Permanente de Eslovenia ante la ONU, afirmó que está previsto "convocar una reunión sobre Venezuela el martes" por la tarde.Miklic señaló que la convocatoria, a petición de Venezuela, se realiza en el marco de las funciones de la presidencia rotatoria, que Eslovenia ejerce durante todo el mes de diciembre.La solicitud de Venezuela de celebrar una sesión de emergencia ante el Consejo de Seguridad llega en un contexto de creciente tensión por las sanciones estadounidenses, que afectan directamente al transporte y comercio de petróleo del país sudamericano.La reunión permitirá a los miembros del órgano analizar la situación y evaluar posibles medidas colectivas, aunque la presidencia no ha precisado aún los temas concretos que se debatirán ni si habrá participación de representantes de Caracas.Eslovenia, como presidencia rotatoria, tiene la autoridad para dirigir los debates y facilitar la coordinación entre los miembros del Consejo.
Tras el atentado terrorista contra una base militar en Aguachica, sur del Cesar, que deja al menos seis soldados muertos y varios más gravemente heridos, en Bucaramanga se activó la alerta máxima ante el riesgo de posibles acciones violentas por parte del ELN, debido a la relativa cercanía entre ambos territorios.El alcalde electo de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó que se reforzaron de manera inmediata las capacidades de la Fuerza Pública para blindar la ciudad, con especial énfasis en la base principal de la Quinta Brigada y la Segunda División del Ejército, así como en instalaciones policiales consideradas estratégicas.En el marco de un consejo de seguridad extraordinario, se determinó el despliegue de grupos especiales del Ejército Nacional y la Policía, además de unidades de inteligencia, para anticipar y neutralizar cualquier amenaza.De acuerdo con las autoridades, al menos ocho grupos de operaciones especiales adelantan labores de control, vigilancia y monitoreo permanente en distintos sectores de la capital santandereana, con el objetivo de frustrar posibles hechos criminales asociados a estructuras del ELN.“El atentado terrorista en Aguachica es el reflejo del olvido histórico en materia de seguridad que han sufrido las regiones. Desde el consejo de seguridad extraordinario hemos articulado acciones concretas con la Policía, el Ejército y los demás grupos especializados de la Fuerza Pública para fortalecer el control y garantizar una reacción oportuna que preserve la tranquilidad de todos los bumangueses”, afirmó el alcalde Cristian Portilla, quien agregó que se intensificarán los operativos y el monitoreo constante para proteger el orden público.Entre tanto, se confirmó que en las próximas horas podrían ser trasladados a Bucaramanga algunos de los soldados que resultaron gravemente heridos en el ataque terrorista en Aguachica, quienes requerirían atención médica de mayor complejidad en centros hospitalarios de la región.A este panorama se suma el anuncio de la Gobernación de Santander, que mantiene vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita prevenir o frustrar atentados terroristas en el departamento.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y colaborar con las líneas de emergencia, en medio del reforzamiento de las medidas de seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este jueves que Nicolás Maduro no debe dar órdenes al Ejército colombiano, en respuesta a un llamado del gobernante venezolano para que los militares de los dos países protejan la soberanía."No, él no tiene que dar órdenes a los militares", afirmó Petro al ser consultado sobre si Maduro podría pedir apoyo directo a las Fuerzas Militares de Colombia.Petro explicó que la relación entre los dos países solo puede construirse desde el respeto mutuo."Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes a otro Ejército. Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia", remarcó Petro.El miércoles, Maduro afirmó que la colaboración entre los militares de ambos países es esencial para garantizar la paz y la estabilidad de la región, en medio de la tensión con Estados Unidos por su despliegue aeronaval en aguas del mar Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico y las amenazas de una operación militar contra el Gobierno de Maduro."Le hago mi llamado, ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia que conozco muy bien; los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países", afirmó Maduro en un discurso transmitido en cadena nacional.Igualmente, Petro aseguró hoy que solo a través de una constituyente que permita un trabajo mancomunado entre países —incluyendo a Colombia y Venezuela— será posible que un jefe de Estado dé órdenes a militares de otras naciones."La única manera para que las naciones vuelvan a estar juntas (Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela) es con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro Ejército", afirmó Petro.Igualmente, dijo que "la única organización armada binacional, integrada por venezolanos y colombianos, se llama ELN", en alusión a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.Petro calificó al ELN como "enemigo de Colombia, Venezuela y enemigo de Latinoamérica", y aseguró que su accionar violento, especialmente en regiones como el Catatumbo, fronteriza con Venezuela, ha tenido un impacto directo en el aumento de homicidios.El Gobierno colombiano inició diálogos de paz con el ELN en noviembre de 2022, pero se suspendieron en agosto de 2024 tras el vencimiento de un cese al fuego bilateral.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió este jueves en su llamado a los militares de Colombia a unirse al pueblo y la Fuerza Armada venezolana para defender la soberanía "como un solo Ejército", en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, rechazado tanto por Caracas como por Bogotá."Le hice un llamado a los pueblos de Colombia, a los militares de Colombia, a la patria de Colombia a unirse al pueblo de Venezuela, a defender la soberanía como un solo ejército, como un suelo pueblo y hoy ratifico el llamado a la unión para la defensa del derecho a la paz", señaló Maduro en un acto de entrega de las obras de rehabilitación de un sistema de metrocable (teleférico) en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).El mandatario sostuvo que "nadie lo va a sacar" de esa idea, que ya había anunciado el miércoles, porque, añadió, si un día Colombia fuera agredida, Venezuela la defendería sin "dubitación".Este jueves, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que Maduro no debe dar órdenes a los militares de la nación andina y que la única manera de que estas dos naciones se unan es con "el poder constituyente y la soberanía popular"."Mientras eso no pase nadie puede dar órdenes al otro Ejército, yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada ni allá pueden darle órdenes al Ejército de Colombia", sostuvo en una rueda de prensa sobre el informe de lucha contra el contrabando y hallazgos de auditorías.El mandatario colombiano señaló que la única organización armada binacional, "integrada por venezolanos y colombianos, se llama ELN (Ejército de Liberación Nacional)".Maduro llamó el miércoles a los militares de Colombia a una "unión perfecta" con Venezuela a favor de la soberanía de estas naciones vecinas, cuyos Gobiernos rechazan el despliegue aeronaval estadounidense y sus ataques contra embarcaciones supuestamente cargadas con drogas.Banderas de pazPor otra parte, el presidente venezolano pidió al pueblo de Estados Unidos "levantar las banderas de la paz", luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, ordenara bloquear los buques petroleros sancionados que se desplacen desde y hacia el país suramericano."Aquí lo que se pretende, con todos estos planes, es un cambio de régimen, y el pueblo de Estados Unidos lo sabe", afirmó el líder chavista.Maduro indicó que todos los productos que se producen en el país seguirán saliendo al mercado exterior.La semana pasada, el Comando Sur de EE.UU., que ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país suramericano y fue interceptado bajo una orden judicial.Trump afirmó este miércoles que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta, algo que desde el país suramericano han rechazado.EFE
