En medio de la emergencia provocada por los terremotos en Venezuela, las Fuerzas Militares, en cabeza de la Fuerza Aeroespacial, pusieron en marcha un puente aéreo para facilitar el regreso de ciudadanos colombianos que requieren retornar al país desde territorio venezolano.El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el general Carlos Silva, aseguró que las aeronaves desplegadas para llevar ayuda humanitaria también están siendo utilizadas para la repatriación de connacionales, en coordinación con la Cancillería y la Embajada de Colombia en Venezuela.“Igualmente, estamos utilizando esas aeronaves para repatriar, en coordinación con la Embajada de Colombia en Venezuela, los colombianos que necesiten regresar”, explicó el oficial.El primer grupo de personas que será trasladado al país está integrado por cerca de 23 deportistas colombianos que se encontraban en Venezuela al momento de la emergencia y que solicitaron apoyo para retornar. Sin embargo, las autoridades señalaron que la operación continuará de manera progresiva para atender a otros ciudadanos que requieran regresar.“Inicialmente se va a hacer con aproximadamente 23 deportistas nuestros que estaban allá y se van sumando poco a poco las personas que, en coordinación con la Cancillería, necesitan regresar al país en los aviones”, indicó el general Silva.Las aeronaves empleadas en esta misión son dos Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que en la madrugada de este viernes despegaron desde CATAM hacia el aeropuerto Simón Bolívar, en Caracas, transportando además 13 toneladas de ayuda humanitaria y más de 50 especialistas en atención de emergencias y rescate.El comandante de la Fuerza Aeroespacial destacó que el apoyo de Colombia no se limitará a estos primeros vuelos y afirmó que la institución mantendrá disponibles sus capacidades para continuar respaldando tanto las labores humanitarias como el retorno de los connacionales. “Estos no serán los únicos aviones. Tenemos a disposición toda la capacidad de carga y de transporte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para seguir ayudando en estas tareas”, concluyó.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
La Corte Constitucional llamó la atención a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) tras concluir que no puede excluir a una mujer de un cargo público por razones relacionadas con la imposibilidad médica de usar zapatos de tacón durante el ejercicio de sus funciones. El alto tribunal analizó el caso de una aspirante identificada como Aurora, quien interpuso una acción de tutela luego de no ser nombrada en período de prueba pese a ocupar el segundo lugar en la lista de elegibles.De acuerdo con la accionante, la FAC justificó su decisión en un diagnóstico médico que le impedía utilizar tacones y permanecer de pie durante tiempos prolongados, circunstancia que derivó en su exclusión del proceso de vinculación laboral.En su decisión, el alto tribunal reiteró que el principio del mérito debe prevalecer en los concursos públicos y no puede ser desplazado por criterios estéticos, estereotipos de género o exigencias que no hayan sido establecidas previamente dentro de las reglas de la convocatoria. La Corte señaló que las entidades estatales no pueden incorporar condiciones adicionales que terminen restringiendo el acceso de quienes ya cumplieron los requisitos fijados para el cargo.Asimismo, recordó que el derecho de acceso a la función pública puede vulnerarse cuando se obstaculiza la posesión de una persona que obtuvo un lugar en la lista de elegibles, cuando se imponen exigencias no previstas inicialmente o cuando se omite injustificadamente el nombramiento de quien tiene derecho a ocupar el empleo. Con este pronunciamiento, la Corte envió un mensaje a las entidades públicas sobre la obligación de garantizar procesos de selección libres de discriminación y ajustados a los principios de igualdad y mérito.
Con el objetivo de fortalecer la seguridad, que se ha visto gravemente afectada en el Nordeste antioqueño, la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizó una operación de información en varios municipios mediante el lanzamiento de 2.000 volantes desde un helicóptero UH-60 Black Hawk.Los municipios de Yalí, Cisneros, Santo Domingo y Vegachí fueron los elegidos para que las autoridades difundieran información importante y así la población civil entregue datos sobre el actuar criminal de las disidencias de alias 'Calarcá' o del Clan del Golfo, grupos que asesinaron a cinco personas en una semana.Esta estrategia de la Fuerza Pública también tiene como objetivo la segunda vuelta presidencial, ya que en esta zona del departamento existen serias amenazas de constreñimiento por parte de grupos armados sobre las comunidades rurales.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, indicó que la mayor preocupación está, hoy por hoy, enfocada en la conformación de las disidencias de alias 'Calarcá'."Un apoyo importante que él envió al departamento. En hombres fue alias Chala para instruir al frente 36 en el manejo de drones y para, de pronto, asumir el liderazgo de este frente, porque, como ustedes saben, Primo Gay asume el 5.º, y él tiene que estar apoyando absolutamente con todo; es el cabecilla principal", indicó.Volviendo a la estrategia con los volantes distribuidos, estos hacen parte del denominado 'Plan Themis', una estrategia institucional enfocada en divulgar información relacionada con los delincuentes más buscados en Antioquia. La campaña busca incentivar la cooperación de la ciudadanía para obtener información que permita su ubicación y captura.De acuerdo con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, estas acciones aprovechan las capacidades aéreas y operacionales de la institución para acercar información de interés a las comunidades, especialmente en territorios donde la presencia de grupos armados y organizaciones criminales continúa representando desafíos para la seguridad del departamento.
La Aeronáutica Civil confirmó la reapertura del Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar a las 6:00 de la mañana de este sábado, luego de que permaneciera cerrado durante la noche por la emergencia de un helicóptero militar que quedó inoperativo sobre la pista.Según informó la entidad, la situación se presentó en la tarde del jueves, cuando un helicóptero Bell 212 al servicio de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se declaró en emergencia mientras sobrevolaba el departamento del Cesar.Gracias a la maniobra de la tripulación, la aeronave logró aterrizar de forma segura en el aeropuerto de Valledupar. Sin embargo, fallas técnicas provocaron que el helicóptero quedara detenido a 1.300 metros de la cabecera de la pista, obligando a suspender preventivamente las operaciones aéreas.La Aerocivil explicó que, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la administración del terminal, se activaron los protocolos de remoción para retirar la aeronave.Aunque Avianca ofreció apoyo con equipos de plataforma, las condiciones del helicóptero exigían el uso de un equipo técnico especializado conocido como “patín de traslado”, el cual tuvo que ser movilizado desde Barranquilla.Como consecuencia del cierre temporal, un vuelo comercial de Avianca programado para aterrizar a las 7:30 de la noche debió desviarse hacia el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla.Tras varias horas de trabajo durante la madrugada, el helicóptero fue removido a plataforma hacia las 4:00 a.m. Posteriormente, las autoridades realizaron las inspecciones de seguridad correspondientes y habilitaron nuevamente la pista a las 6:00 a.m.
La inspección de la Fuerza Aeroespacial Colombiana presentó los hallazgos preliminares sobre el accidente del avión C-130 Hércules ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó 69 miembros de la fuerza pública muertos. Según ese informe, la aeronave no registraba fallas técnicas, problemas de mantenimiento ni restricciones operacionales antes del despegue.El inspector coronel Luis Fernando Giraldo Escobar, director de Seguridad Operacional de la Inspección de la FAC, explicó que la investigación se encuentra en fase inicial y aún no busca determinar responsables o causas definitivas. Sin embargo, sí permitió establecer elementos técnicos relevantes sobre los últimos segundos del vuelo.Uno de los hallazgos más contundentes es que el avión despegó dentro de los márgenes operacionales permitidos. Según el informe, el peso estimado de la aeronave al momento del despegue era de aproximadamente 133.000 libras, cifra inferior al límite máximo permitido para las condiciones del aeródromo de Puerto Leguízamo.Los cálculos fueron reconstruidos mediante entrevistas, análisis del grabador de voz de cabina y registros técnicos, debido a que parte de los formatos físicos de peso quedaron destruidos tras el accidente. La investigación preliminar también determinó que la tripulación utilizó una configuración estándar de despegue, con potencia máxima limitada por temperatura de turbina y parámetros normales para la operación.Según los datos del grabador de vuelo, aproximadamente cuatro segundos después de despegar, la aeronave impactó varios árboles ubicados en la trayectoria de salida de la pista 30 del aeropuerto, lo que podría llevar a concluir a un error humano en el cálculo relacionado a peso y velocidad de la aeronave, así como le confirmaron fuentes a Blu Radio que hicieron parte del grupo de investigación de accidentes.“El motor número tres impacta el árbol número uno; posteriormente, el motor número uno y el motor número dos impactan el árbol número dos y el árbol número tres”, explicó Giraldo durante la presentación del informe. Los investigadores encontraron evidencia física que indica que fragmentos de material vegetal fueron ingeridos por los motores uno y dos, situación que alteró de manera crítica el desempeño de la aeronave.Posteriormente, los registros del grabador de datos revelaron una pérdida progresiva de potencia. “La pérdida de potencia de los motores número uno y número dos fue consecuencia del golpe contra los árboles, no porque tuvieran previamente algún tipo de falla”, enfatizó el coronel Giraldo.La FAC fue enfática en aclarar que la aeronave mantenía certificación completa de aeronavegabilidad y estaba habilitada para operar sin restricciones. “La aeronave tenía una aeronavegabilidad al cien por ciento, es decir, no tenía ninguna anotación de mantenimiento que impusiera restricciones a la operación”, afirmó.El coronel Giraldo reiteró y fue enfático en que los hallazgos preliminares no muestran anomalías técnicas antes del impacto. “La aeronave se encontraba perfectamente aeronavegable y sin ninguna restricción de vuelo”, insistió.Tras el contacto con los árboles, el avión comenzó a perder capacidad aerodinámica, especialmente en el ala izquierda, generando un viraje de hasta 29 grados hacia ese lado y pérdida de altitud. El informe detalla que el piloto intentó recuperar el control reduciendo potencia en motores específicos, aunque aún no existe evidencia concluyente sobre la ejecución completa de procedimientos de emergencia.La aeronave permaneció en vuelo aproximadamente 36 segundos desde el despegue hasta impactar el terreno a unos 2.080 metros del final de la pista. Otro aspecto que llamó la atención de la investigación es que no existían antecedentes formales sobre reportes de riesgo relacionados con los árboles cercanos a la pista.Como medida preventiva, la Fuerza Aeroespacial Colombiana recomendó restringir temporalmente operaciones por la cabecera utilizada durante el accidente y solicitó retirar obstáculos vegetales en ambas aproximaciones del aeropuerto de Puerto Leguízamo.
Fuentes que hicieron parte del grupo de investigación de accidentes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, le confirmaron a Blu Radio que, tras un mes de investigación sobre el accidente del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC-1016) que se estrelló al despegue en Puerto Leguízamo, Putumayo, dejando al menos 69 muertos, se llegó a la conclusión preliminar de que todo se dio, al parecer, por una falla humana.De acuerdo con la fuente oficial, la tripulación habría hecho un mal cálculo del peso del avión y la distancia de la pista, teniendo en cuenta que esta apenas tenía 1200 metros de distancia, por lo que podría considerarse como muy corta. Además, la premura por salir de la zona, teniendo en cuenta que podría cerrarse la ventana por clima, habría contribuido al despegue en dichas condiciones.Aunque el avión tenía toda la capacidad para llevar el peso que tenían en el momento de pasajeros y carga, no hubo la suficiente velocidad para que pudiera despegar de manera exitosa.Según el comandante de la FAC, general Carlos Silva, la aeronave iba a despegar con un peso de 133.000 libras, y en Puerto Leguízamo, este tipo de avión puede despegar hasta con 139.000 libras. Incluso su peso máximo de operación en una pista adecuada es de 155.000 libras.Al ocurrir esto, y salir sin velocidad, la aeronave tuvo lo que se cataloga un hundimiento con potencia, que consiste en que el avión pierde altura rápidamente aunque el motor siga generando potencia y ocurre cuando la aeronave entra en una condición aerodinámica inestable, generalmente durante aproximaciones lentas o maniobras a baja velocidad, en este caso el despegue.Esta condición, de acuerdo con lo conocido por este medio, habría llevado a que el avión perdiera sustentación, que ocurre cuando los motores de un avión dejan de generar suficiente fuerza para mantenerlo en el aire y allí, el C-130 Hércules se fue de lado y terminó estrellándose en zona rural de Puerto Leguizamo.El vuelo no correspondía a un ejercicio de formación. Según el comandante de la FAC, se trataba de una misión de transporte militar con personal plenamente capacitado. A bordo viajaban 126 personas, de las cuales 11 eran tripulantes.
De acuerdo con el relato entregado a Blu Radio por el coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada del Ejército, la intervención se desarrolló en zona rural del municipio de Chaparral, en límites con Ataco, donde más de 100 hombres, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Brigada contra la Extracción Ilícita de Yacimientos Mineros y la Brigada contra el Narcotráfico N.º 3, lograron desmantelar un complejo dedicado a esta actividad ilegal.El resultado operativo fue contundente: nueve unidades de producción minera fueron neutralizadas, junto con la destrucción de nueve maquinarias amarillas utilizadas para la explotación ilícita. Así mismo, fueron inutilizadas nueve clasificadoras, un motor tipo Cummins y más de 16.000 galones de ACPM.Según el oficial, esta infraestructura tenía un valor cercano a los $2.900 millones y generaba ingresos ilícitos superiores a los $15.900 millones, recursos que, según inteligencia militar, fortalecían a la estructura GAOR residual de las FARC, conocida como “Ismael Ruiz”.“El objetivo es claro: proteger el medio ambiente y frenar las economías ilegales que afectan el sur del Tolima”, indicó el coronel Pérez Linares.Por su parte, el coronel Edwin Encinales Lota, comandante de la Brigada Contra el Narcotráfico N.º 3, advirtió que la intervención responde a reiteradas alertas de las autoridades civiles frente al grave daño ambiental generado por la minería ilegal en esta zona del departamento, lo que motivó la acción urgente de la fuerza pública.A su turno, el coronel Jhaderson Germán Torres Enciso, comandante de la Brigada contra la Extracción Ilícita de Yacimientos Mineros, explicó que este fenómeno se ha expandido en el país, impulsado por el alto precio del oro, que en 2026 ronda los 5.000 dólares, con un incremento cercano al 220 % en los últimos años.Las autoridades estiman que de este punto intervenido salían cerca de 27.000 gramos de oro mensuales, valorados en más de $15.000 millones, mientras que el impacto ambiental generado tardaría más de una década en recuperarse.Este operativo se suma a la estrategia nacional para combatir la minería ilegal, un delito que, según cifras oficiales, representa más de 210 toneladas de oro extraídas ilícitamente al año en Colombia, consolidándose como una de las principales fuentes de financiación de grupos armados ilegales.Las Fuerzas Militares reiteraron que continuarán intensificando las operaciones en el territorio para frenar este fenómeno y garantizar la protección de los recursos naturales.
Una versión que comenzó a circular en las últimas horas apunta a un eventual movimiento en la cúpula de la Fuerza Pública: el actual ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, podría dejar su cargo para regresar al servicio activo y asumir como comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). La información fue revelada por Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, durante la emisión de Mañanas Blu.De acuerdo con el periodista, la versión surge en medio de la molestia del presidente Gustavo Petro con el actual comandante de la Fuerza Aérea, el general Carlos Silva, tras el accidente de un avión Hércules en Puerto Leguízamo que dejó 69 militares y policías muertos.Según Ospina, el malestar se habría intensificado luego de que el general Silva contradijera públicamente al mandatario en un Consejo de Ministros, al desmentir que las aeronaves fueran “chatarra” o carecieran de mantenimiento. Desde entonces, el Gobierno evalúa escenarios frente a la continuidad del oficial en el cargo.El informe oficial sobre las causas del accidente, que debe entregarse el próximo 23 de abril, aparece como un punto clave. Coincidiendo con esa fecha, podrían darse decisiones sobre la comandancia de la Fuerza Aérea Colombiana. En ese contexto, comenzó a mencionarse la posibilidad de que el presidente contemple el regreso al servicio activo del actual ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, para que asuma la comandancia de la FAC. Incluso, según se relató en el programa, el propio jefe de Estado insinuó esa posibilidad en una intervención reciente.En una intervención reciente, incluso dejó entrever posibles cambios en la cúpula militar al referirse directamente al ministro de Defensa: “Ministro de Defensa, te va a hacer general, no sé si otra vez, pero bueno. Ya veré yo”, afirmó, sugiriendo la posibilidad de retornarlo al servicio activo. Estas declaraciones se dan en medio del choque con el actual comandante de la FAC, quien desmintió públicamente la versión del presidente sobre las condiciones de las aeronaves.No obstante, dentro de las Fuerzas Militares habría reparos frente a ese escenario. De acuerdo con fuentes, un eventual retorno del ministro al uniforme sería “catastrófico” para la institución y podría implicar la salida de varios generales activos.Pese a las versiones, en Mañanas Blu advirtieroon que no parece probable que el ministro acepte dejar su cargo para regresar al servicio activo. Además, se recordó que este tipo de reintegros no serían inéditos en el actual Gobierno, donde otros altos oficiales han sido reincorporados tras estar en retiro.
Según el más reciente balance brindado por las autoridades, 10 integrantes de las Fuerzas Militares han muerto en combate y alrededor de 100 más han resultado heridos en el desarrollo de operaciones.El informe fue presentado mediante una carta abierta del general de la República, Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, en la que se detallan algunos resultados del periodo inicial de gestión.Un balance oficial de los primeros 100 días de mando militar en Colombia deja un registro que combina cifras operacionales, pérdidas humanas y el despliegue permanente de tropas en todo el territorio nacional.A los datos principales se suma un hecho de alto impacto y es el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en el que fallecieron 69 uniformados.Según la carta, durante estos 100 días se ha mantenido el enfoque en la estabilización de zonas consideradas críticas y en el acompañamiento a procesos institucionales del país. Las operaciones militares han continuado de forma sostenida contra estructuras armadas organizadas y economías ilegales, en particular aquellas relacionadas con el narcotráfico, la minería ilícita y otras redes del crimen organizado.A la par, en la carta señala que el dispositivo militar se mantiene activo en los 32 departamentos del país, con presencia en distintos entornos geográficos y operacionales como selvas, ríos, zonas montañosas, fronteras, mar, aire y ciberespacio. La estrategia operativa ha incluido acciones continuas para afectar estructuras criminales y reducir su capacidad de control en regiones específicas.Sin embargo, el propio comandante reconoce que el escenario de seguridad sigue siendo cambiante. La evolución de los grupos armados, el uso de nuevas tecnologías y la persistencia de economías ilícitas representan factores que obligan a ajustes constantes en las capacidades militares y en la forma de conducción de las operaciones.Finalmente, el general López Barreto señala que el balance de este periodo no puede reducirse únicamente a resultados numéricos, sino que también refleja el nivel de exigencia operativa y el desgaste humano asociado a la misión. Reitera que las Fuerzas Militares de Colombia continúan bajo el mandato constitucional de proteger la soberanía, la integridad territorial y a la población civil en todo el país en Colombia, a través de la Fuerzas Militares de Colombia.
El reciente terremoto en Venezuela ha generado una profunda preocupación en el sector de las confecciones de Santander, un gremio que ve con incertidumbre el impacto que esta emergencia pueda tener en el intercambio comercial bilateral. Franklin Guevara, director del gremio textil en el departamento, manifestó la solidaridad de los empresarios locales con el pueblo venezolano, al tiempo que advirtió sobre las repercusiones económicas inmediatas y a mediano plazo para la industria santandereana.La principal preocupación radica en la proximidad de la Exposición Internacional de Moda Infantil (EIMI Colombia), considerado el evento más importante de su tipo en Latinoamérica. Para esta edición, que se celebrará del 13 al 15 de julio en Bucaramanga, ya se tenía confirmada la asistencia de ocho grandes compradores provenientes de Caracas. Sin embargo, el cierre temporal de aeropuertos y la crisis humanitaria en el vecino país ponen en duda su participación, lo que afectaría directamente los negocios proyectados para la producción del segundo semestre del año.Históricamente, Venezuela ha sido el socio comercial más importante para los confeccionistas de Santander. Aunque el comercio sufrió una fuerte contracción a partir de 2006, en los últimos meses se venía registrando una notable recuperación en las ventas. Santander lidera la producción de ropa para recién nacidos en Colombia, un producto altamente apetecido en el mercado venezolano y en Centroamérica.Guevara señaló que, por respeto a la situación, aún no se han establecido contactos directos con los empresarios afectados, pero están muy atentos a la situación del país vecino. El flujo constante de mercancías en la frontera se encuentra bajo una enorme incertidumbre debido a los problemas logísticos derivados del sismo. Los textileros santandereanos esperan una pronta estabilización de la emergencia para reanudar los despachos diarios y asegurar la continuidad de un canal comercial que es vital para la economía de la región.
La Gobernación de Caldas informó que el Pico y Placa Ambiental sobre la vía que comunica a Manizales con Murillo, pasando por inmediaciones del volcán Nevado del Ruiz, continuará aplicándose hasta el próximo 30 de junio de 2026.Recordemos que recientemente un fallo judicial ordenó suspender esta medida y dispuso que las gobernaciones de Caldas y Tolima, además del Gobierno Nacional, implementen diferentes acciones que permitan la conservación de esa zona de geoparque.La administración departamental explicó que, desde la expedición de esa determinación, las gobernaciones de Caldas y Tolima, el Gobierno Nacional y las entidades competentes mantienen un proceso de articulación interinstitucional para evaluar y definir las medidas que permitan continuar con la protección del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora.Según la Gobernación, este trabajo ha estado acompañado por acciones permanentes de conservación, educación y sensibilización ambiental, las cuales buscan fortalecer la protección de este ecosistema estratégico.La Secretaría de Medio Ambiente indicó que, una vez las autoridades definan las medidas que regirán después del 30 de junio, la información será divulgada oportunamente a través de los canales oficiales de la Gobernación de Caldas.Finalmente, la administración departamental invitó a la ciudadanía a mantener prácticas responsables y a contribuir con la conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora, considerados uno de los principales patrimonios naturales del país.
El Juzgado 01 de Control de Garantías de Barranquilla negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento presentada por la defensa de Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación en una red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente era comercializada en establecimientos de Lili Pink. La defensa solicitó que la medida intramural fuera reemplazada por detención domiciliaria debido al estado de salud del procesado, quien ha comparecido a las audiencias desde una cama hospitalaria.Durante la diligencia, el abogado defensor Orlando Anaya explicó que Martínez permanece hospitalizado desde mayo y sostuvo que su condición médica no ha mejorado. “En el transcurrir de esa audiencia prácticamente desde el 1.º de mayo se encuentra en hospitales, por un delicado estado de salud, el 13 de mayo de 2026 se ordenó que el señor Walter Martínez se quedara en la clínica La Asunción por su estado de salud , A la fecha, el señor Martínez no ha superado esa situación, por lo que solicitó deberá permanecer en su hogar de residencia”, manifestó.Entre las patologías expuestas por la defensa figuran afecciones renales, cardíacas y problemas en la columna. Sin embargo, el juez concluyó que no era procedente modificar la medida de aseguramiento, al considerar que la decisión adoptada previamente por el Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá estableció que el procesado debía permanecer en un centro hospitalario hasta que un dictamen médico certificara su recuperación.Al sustentar su decisión, el despacho señaló que carecía de competencia para modificar lo resuelto por otro juez. “Porque el mismo médico estableció que debía estar en ese tiempo, en ese centro hospitalario hasta que se acredite su recuperación , una vez se verifique mediante dictamen médico que ya el señor está recuperado, debe ser trasladado al establecimiento carcelario. En esta situación, no se ha acreditado que el señor se encuentra recuperado, y si este despacho entra a tomar una decisión distinta se estaría convirtiendo en un superior del Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá”, indicó.El juez también descartó ordenar el traslado del procesado a su residencia, al considerar que ello podría afectar su recuperación y excedería las competencias del despacho. “Este despacho no sustituye la medida de aseguramiento intrahospitalaria especialmente con el propósito, primero, de no convertirse en un superior funcional jerárquico de esa autoridad, y segundo, de preservar el derecho a la vida de la persona que se encuentra en riesgo de muerte”, concluyó.Según la investigación de la Fiscalía, Walter Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras, utilizadas presuntamente para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esa manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos con apariencia de legalidad.Las autoridades también establecieron que varias de las sociedades investigadas registraban direcciones inexistentes o correspondían a lotes desocupados e inmuebles residenciales sin relación con la actividad comercial reportada. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
Soldados de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional lograron la captura de tres sujetos y la recuperación de una menor de edad, presuntamente integrantes del grupo armado organizado Cartel del Clan del Golfo.La ofensiva se produjo en la vereda Villa Severa, en jurisdicción del municipio de Zaragoza, gracias a la información aportada por la inteligencia militar. Los capturados son conocidos como alias Care Loco, Z y Boika, quienes, junto a la menor recuperada, harían parte del componente armado de la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario.El Brigadier General Óscar del Cristo Díaz, señaló que, como resultado de la acción militar, también se incautó material de guerra, intendencia y comunicaciones perteneciente a este grupo ilegal.“Con estas operaciones donde se le incauta material de guerra, comunicaciones y otros elementos de interés para la inteligencia militar, reafirmamos el compromiso con esta población civil en este sector del Bajo Cauca antioqueño. El propósito es que estas personas desplazadas puedan retornar a su territorio”, resaltó el Brigadier General.Estas personas serían responsables del cobro de extorsiones, y homicidios selectivos de civiles y miembros de la Fuerza Pública en su área de injerencia criminal.Asimismo, son señalados de participar en las recientes confrontaciones entre grupos ilegales en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, empleando drones con explosivos como método de ataque, lo que ha generado desplazamientos masivos, afectaciones a viviendas y confinamiento en las comunidades de la zona.
La emergencia provocada por los terremotos que sacudieron al estado venezolano de La Guaira sigue dejando escenas de angustia, mientras decenas de voluntarios intentan rescatar a personas atrapadas entre estructuras colapsadas y miles de habitantes enfrentan la pérdida de sus viviendas, la interrupción de servicios básicos y la incertidumbre sobre las próximas horas.Así lo describió el diputado venezolano Jhonny Rivas durante una entrevista con Mañanas Blu 10:30, en la que aseguró que la situación sobre el terreno es más grave de lo que muestran las imágenes difundidas en redes sociales.“La situación es peor de lo que ves en los videos, de lo que está en las redes sociales”, afirmó el legislador, quien se encuentra en la zona afectada. Según explicó, el paso del tiempo aumenta la preocupación de las familias que esperan noticias de personas atrapadas bajo los escombros, debido a que las primeras horas posteriores a un terremoto son consideradas fundamentales para las labores de búsqueda y rescate.Los terremotos suelen generar el mayor número de rescates durante las primeras 24 a 72 horas. Organismos internacionales especializados en gestión de riesgos han señalado históricamente que este periodo resulta decisivo para localizar sobrevivientes en estructuras colapsadas, especialmente cuando se cuenta con equipos técnicos, maquinaria pesada y personal entrenado. Sin embargo, Rivas sostuvo que gran parte de las labores que actualmente se desarrollan en La Guaira están siendo ejecutadas por ciudadanos y grupos de voluntarios.“De cada diez personas que están tratando de ayudar, un solo bombero oficial y nueve son voluntarios trabajando sin herramientas”, señaló.Uno de los episodios que relató involucra a vecinos que lograron sacar a dos menores de entre los restos de una estructura. Según dijo, todavía habría otros niños atrapados en el lugar.“Escuchan a los otros niños pedir ayuda y están tratando de sacarlos ellos mismos”, aseguró.Viviendas destruidas y familias desplazadasEl impacto de los movimientos telúricos también habría dejado una amplia destrucción residencial en distintos sectores de La Guaira.De acuerdo con el diputado, decenas de edificaciones colapsaron tanto en el este como en el oeste del estado. “Estamos hablando de más de cincuenta o sesenta residencias que se cayeron”, afirmó.La consecuencia inmediata, según explicó, ha sido el desplazamiento de numerosas familias que hoy permanecen en espacios abiertos o buscando refugio temporal con amigos y familiares.“Hay mucha gente deambulando en las calles que no tiene para dónde ir”, dijo Rivas, quien además aseguró haber perdido su propia vivienda durante la emergencia.El temor a posibles réplicas también ha llevado a que personas cuyas casas permanecen en pie opten por pasar las noches al aire libre ante el riesgo de nuevos daños estructurales.Servicios básicos bajo presiónMás allá de los rescates, una de las principales preocupaciones gira en torno al funcionamiento de los servicios públicos.Rivas afirmó que varias zonas permanecen sin suministro eléctrico y enfrentan dificultades para acceder al agua potable. También advirtió sobre la presión que soportan los centros asistenciales.“Los hospitales están colapsados”, aseguró, al describir una red sanitaria que ya enfrentaba limitaciones antes de la emergencia.Los desastres naturales de gran magnitud suelen generar riesgos sanitarios asociados a la interrupción de servicios esenciales, la acumulación de escombros, la escasez de agua segura y la saturación de los sistemas de salud. Por esta razón, organismos humanitarios priorizan el envío de medicamentos, materiales médicos y equipos de atención de emergencia durante las primeras etapas de respuesta.Donaciones y apoyo ciudadanoAnte la magnitud de la crisis, diversas organizaciones y ciudadanos dentro y fuera de Venezuela han comenzado campañas de recolección de ayuda.Rivas indicó que parte de los insumos están siendo canalizados a través de Cáritas de Venezuela con el objetivo de facilitar una distribución organizada. Asimismo, mencionó iniciativas impulsadas desde Colombia y otras regiones para reunir alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad destinados a los afectados.“La preocupación nuestra en este momento es ayudar a nuestros hermanos guaireños y venezolanos que están viviendo esta tragedia”, expresó.Mientras continúan las labores de rescate, el llamado de las comunidades afectadas se centra en acelerar la llegada de equipos especializados, fortalecer la asistencia humanitaria y garantizar la atención de miles de personas que enfrentan una de las emergencias más complejas registradas recientemente en esta zona costera de Venezuela.