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En una audiencia pública, las víctimas del conflicto armado confrontaron al general (r) Mauricio Santoyo Velasco y solicitaron su exclusión de la JEP, argumentando que sus aportes de verdad son insuficientes y no contribuyen a la reparación integral de los afectados.
Santoyo, quien fue también jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es investigado por su posible responsabilidad en desapariciones forzadas y vínculos con grupos paramilitares durante su paso por el Gaula de Medellín entre 1997 y 2001.
Durante la diligencia, familiares de las víctimas reclamaron que el general (r) no ha reconocido la magnitud del daño causado, ni ha aportado información sustancial sobre el destino de los desaparecidos, entre ellos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, defensores de derechos humanos secuestrados en 2000.
Las víctimas exigieron respeto y verdad plena, afirmando que “no se trata de discursos, sino de hechos concretos que permitan cerrar heridas”.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP analiza si Santoyo incumplió el régimen de condicionalidad, que obliga a los comparecientes a contribuir activamente con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Si se determina que no ha cumplido, podría ser expulsado de la Jurisdicción y enfrentar un proceso penal en la justicia ordinaria.
Mientras tanto, el general (r) pidió libertad condicional, alegando haber colaborado con el sistema y haber permanecido bajo reclusión por más de una década. Sin embargo, la solicitud será evaluada en el marco del mismo incidente que determinará si mantiene los beneficios de la justicia transicional.
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