Santoyo fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y en la JEP estaba siendo investigado por su presunta responsabilidad en dos casos de desaparición forzada y por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo.Sin embargo, la JEP lo expulsó al considerar que no aportó verdad en sus procesos. Santoyo apeló esa decisión; sin embargo, la medida fue confirmada en las últimas horas por la Sección de Apelación.La jurisdicción también consideró que no era procedente acceder a una solicitud de Santoyo para que le permitieran enfrentar un juicio. Es importante recordar que él ha dicho que no tiene responsabilidad en los casos de desaparición forzada mencionados y que tampoco ha tenido vínculos con el paramilitarismo. Además, asegura que aceptó los cargos cuando fue extraditado a Estados Unidos, pero que lo hizo como parte de una estrategia de su defensa y no porque realmente fuera culpable.Además, advierten que el general en retiro incumplió sus compromisos y, por eso, no puede acceder a los beneficios de la justicia transicional.“El compromiso incumplido no se reduce a una disposición abstracta a comparecer ante la JEP, como erróneamente lo sostiene el recurrente. No se refiere a la mera voluntad formal de colaboración. Consiste en aportar verdad plena, concreta, verificable y útil sobre los hechos y patrones que justificaron su sometimiento: su relación con estructuras paramilitares, la eventual utilización desviada de funciones institucionales, la circulación de información estatal hacia aparatos criminales, los beneficios económicos o funcionales derivados de esa relación y su posible incidencia en los hechos investigados en los procesos 1 y 2”, explican los magistrados.JEP no otorgó libertad al general (r) SantoyoPor su parte, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ordenó trasladar los procesos de Santoyo a la Fiscalía.“PONER A DISPOSICIÓN INMEDIATA de la Fiscalía 56 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de Bogotá D.C. al señor GR (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, con el fin de continuar con el trámite del proceso No. 10179, que actualmente se encuentra en etapa de acusación, y de continuar con el cumplimiento de la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por dicho despacho el 26 de abril de 2019, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 522 del 16 de febrero de 2026”, se lee en la resolución.Según este documento de la Sala de Definiciones, Santoyo también había pedido la libertad, justo mientras se resolvía su situación jurídica en la JEP.“Mediante memorial presentado por el abogado David Leonardo Pardo, quien representa al señor GR (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, solicitó que ‘se ordene de manera inmediata la libertad del compareciente o la revocatoria de la medida cautelar de aseguramiento privativa de su libertad, por vencimiento de cualquier plazo razonable para adelantar su enjuiciamiento’”, se lee en el documento de la JEP.
La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que adelantó un incidente de incumplimiento luego de evaluar los aportes realizados por el exoficial Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Velez.Tras analizar sus escritos de aporte de verdad, su intervención en audiencias y el material probatorio practicado, la Jurisdicción determinó que sus declaraciones no fueron claras, exhaustivas ni satisfactorias frente a los hechos investigados.La Sala determinó que Santoyo evitó asumir responsabilidad, se limitó a negar su participación en los hechos y no contribuyó de manera efectiva al esclarecimiento de la verdad ni a la satisfacción de los derechos de las víctimas.“Se concluye que durante el proceso del señor Santoyo Velasco se advierte que los aportes presentados por el compareciente han sido calificados de manera reiterada como insuficientes por otros despachos de la SDSJ, así como por la SRVR, en relación con las obligaciones que le asisten ante la JEP, en atención a los fines propios del SIP y a los derechos y garantías que les asisten a las víctimas”, señala el documento.Aunque el exgeneral acudió a espacios con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la JEP consideró que ello no compensó la falta de un aporte sustancial de verdad dentro del proceso transicional. De hecho, en el trámite se advirtió que las constancias de asistencia no demostraban un cumplimiento real de sus obligaciones.“Las constancias de asistencia del señor Santoyo Velasco a la UPBD no satisfacen los estándares de necesidad y significatividad, pues no son pruebas relevantes, sino que “resultan distractores e irrelevantes para los fines del IIRC”. Además, consideró que los documentos solo dan cuenta de la participación formal del compareciente a los espacios en los que fue llamado por la UBPD, pero no reflejan por sí mismos el cumplimiento a las obligaciones derivadas del régimen de condicionalidad”, afirmó la JEP.En consecuencia, la Sala concluyó que “las contribuciones realizadas por el compareciente no han sido suficientes en aras de materializar el derecho a la verdad que les asiste a las víctimas y a la sociedad colombiana” y que no era posible mantener su sometimiento.“A partir de lo expuesto, considera esta Subsala, que no es posible continuar con el trámite de sometimiento a la JEP del GR (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, pues se ha evidenciado de su parte una falta de cumplimiento del régimen de condicionalidad, como elemento estructural de todo el Sistema Integral para la Paz114, y a la garantía de los derechos de las víctimas como su eje central, que hoy hace injustificable su mantenimiento en el Sistema”.La Jurisdicción declaró improcedente la concesión del beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada que había solicitado el compareciente, al no encontrarse acreditadas las condiciones necesarias para que continuara en la JEP. Asimismo, revocó el beneficio transicional de privación de la libertad en unidad policial o militar que le había sido otorgado.Ahora, la Fiscalía 56 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos continuará el trámite del proceso por desaparición forzada, que ya se encuentra en etapa de acusación, y se hará efectiva la medida de aseguramiento de detención preventiva. Asimismo, se ordenó coordinar su traslado a un centro de reclusión bajo la custodia del INPEC.“Para el cumplimiento de lo anterior, se ordenará a la Inspección General de la Policía Judicial, al Centro Especial de Reclusión de la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, en el que se encuentra actualmente privado de la libertad, y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC— que, en firme esta decisión, bajo estrictas medidas de seguridad, coordinen el traslado del señor Mauricio Alfonso Santoyo Velasco a un centro de reclusión, conforme a lo señalado en la medida de aseguramiento de detención preventiva proferida en su contra”, añadió.Santoyo estaba sometido ante la JEP por dos investigaciones: una por concierto para delinquir agravado y desaparición forzada agravada, relacionada con la desaparición de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero en 2000; y otra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En una audiencia pública, las víctimas del conflicto armado confrontaron al general (r) Mauricio Santoyo Velasco y solicitaron su exclusión de la JEP, argumentando que sus aportes de verdad son insuficientes y no contribuyen a la reparación integral de los afectados.Santoyo, quien fue también jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es investigado por su posible responsabilidad en desapariciones forzadas y vínculos con grupos paramilitares durante su paso por el Gaula de Medellín entre 1997 y 2001.Durante la diligencia, familiares de las víctimas reclamaron que el general (r) no ha reconocido la magnitud del daño causado, ni ha aportado información sustancial sobre el destino de los desaparecidos, entre ellos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, defensores de derechos humanos secuestrados en 2000.Las víctimas exigieron respeto y verdad plena, afirmando que “no se trata de discursos, sino de hechos concretos que permitan cerrar heridas”.La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP analiza si Santoyo incumplió el régimen de condicionalidad, que obliga a los comparecientes a contribuir activamente con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Si se determina que no ha cumplido, podría ser expulsado de la Jurisdicción y enfrentar un proceso penal en la justicia ordinaria.Mientras tanto, el general (r) pidió libertad condicional, alegando haber colaborado con el sistema y haber permanecido bajo reclusión por más de una década. Sin embargo, la solicitud será evaluada en el marco del mismo incidente que determinará si mantiene los beneficios de la justicia transicional.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP citó a audiencia pública al general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco para determinar si ha incumplido el régimen de condicionalidad, lo que podría dejarlo por fuera del sistema transicional y exponerlo a la justicia ordinaria.El proceso se relaciona con los crímenes cometidos entre 1997 y 2001, cuando Santoyo fue comandante del Gaula en Antioquia, y con la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Monsalve y Ángel Quintero, ocurrida en Medellín en 2000. La JEP abrió el incidente de incumplimiento en marzo de este año, tras considerar que sus aportes de verdad eran insuficientes frente a la magnitud de los hechos y a la información que debía conocer por su rango y funciones.Durante la diligencia, programada para el 20 y 21 de noviembre en Bogotá, la JEP verificará si Santoyo ha cumplido sus compromisos de verdad, reparación y no repetición, pilares del régimen de condicionalidad. Si la Sala concluye que no lo ha hecho, podría revocarle los beneficios judiciales y remitir su caso a la justicia ordinaria.La defensa presentó nuevas pruebas sobre su participación en espacios de aporte ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), las cuales fueron admitidas de manera excepcional. Sin embargo, la JEP advirtió que solo se considerarán relevantes si aportan información nueva, útil y verificable.Con este proceso, la Jurisdicción reafirma que los comparecientes deben cumplir plenamente sus compromisos de verdad para conservar los beneficios transicionales y que el centro de su labor continúa siendo la protección de los derechos de las víctimas.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP decidió abrir un incidente de verificación al régimen de condicionalidad del general (r) Mauricio Santoyo, esto quiere decir que se va a evaluar si sus posibles incumplimientos ante el tribunal ameritan una sanción, que podría llevarlo a la expulsión.“El aporte de verdad del compareciente Mauricio Alfonso Santoyo Velasco hasta el momento es insuficiente para entender satisfechas sus obligaciones dentro del Sistema y la garantía de los derechos de las víctimas, y por ende ha incumplido con los deberes y obligaciones que tiene con el Sistema Integral para la Paz en la presentación y cumplimiento de su régimen de condicionalidad, y la actitud adoptada en el trámite transicional no contribuye efectivamente al cumplimiento de las finalidades de reparación, la consecución de la verdad y la reparación del daño causado a las víctimas”, señaló la JEP.Es importante recordar que aunque Santoyo fue condenado en Estados Unidos por alianzas con el paramilitarismo, en Colombia ha dicho que es inocente, tampoco ha reconocido responsabilidad en los casos de desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín Ángel José Quintero Mesa, defensores de derechos humanos.Al mismo tiempo, Blu Radio conoció que el Tribunal Superior de Bogotá le negó a Santoyo en las últimas horas un habeas corpus, es decir, una solicitud de libertad.“Insistió en que cumple con las condiciones para que se le otorgue la libertad transitoria, condicionada y anticipada, pues, pese a que se le investiga por una supuesta desaparición forzada, superó ampliamente el término de cinco años previsto en la norma y, por lo tanto, debe concedérsele la libertad por vencimiento de términos o la revocatoria y sustitución de la medida de aseguramiento, pues, pese a que lo solicitó, ello fue negado y, por lo tanto, se está prolongando ilegalmente la privación de su libertad”, se lee en la decisión del Tribunal.Es importante recordar que Santoyo cumplió varios roles en la Policía Nacional, pues fue subdirector antisecuestro y antiextorsión entre diciembre de 1999 y mayo de 2001, comandante del cuerpo de élite antiterrorista de la ciudad de Medellín desde mayo 2001 hasta diciembre del mismo año y jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2005.“Verificado que el accionante está legalmente privado de la libertad, por cuenta del diligenciamiento aludido y considerando que no corresponde en este escenario procesal revisar las determinaciones objetadas por el señor Santoyo Velasco, en las que, en todo caso, se expuso por qué no era posible acceder a lo pretendido y que apreciadas objetivamente tampoco se observan transgresoras de su derecho a la libertad, no es posible conceder el amparo deprecado, máxime cuando las valoraciones hechas por la JEP y lo atinente a lo allí determinado, deben ser objeto de estudio y debate dentro de la actuación respectiva, que, como se indicó, se encuentra en curso y es en la que deben resolverse las eventuales solicitudes de libertad, por motivos distintos de los que son del resorte del juez de habeas corpus, así como la concesión o ejecución de beneficios, todas ellas cuestiones propias de los procedimientos ordinarios o especiales, según sea el caso, que se deben ventilar ante los jueces competentes, quienes cuentan con plenas facultades y herramientas procesales, sin intromisión del juez constitucional que dirime la acción ahora invocada, porque esta no está prevista para obtener opinión del juzgador constitucional sobre las materias que son propias de aquella”, argumenta la decisión del tribunal.
La Justicia Especial para la Paz (JEP) le dio un plazo de cinco días hábiles al general (r) Mauricio Santoyo Velasco para que entregue un aporte detallado sobre la relación y apoyo entre agentes del Estado, como fuerza pública, y grupos paramilitares, que terminó en la violación de derechos humanos en Medellín, Antioquia, durante 2001.Esto se da en el marco de la investigación de los crímenes de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, asesinados el 6 de octubre de 2000 en la ciudad.>> Lea también: Procuraduría a JEP en caso Almario: "Existe una vulneración al principio de legalidad"La directriz dada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, que a su vez responde a una orden de la Sección de Apelación de la JEP, busca determinar si los hechos en los que está involucrado el general serán priorizados en algunos de los macrocasos como el 08 y su subcaso Antioquia, que investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, u otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles.El pasado 10 de diciembre dicha Sección de Apelación había dejado en firme la decisión que le niega la libertad condicional a quien también fuera jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe.La decisión se toma ya que los magistrados consideran que Santoyo no ha aportado verdad ni ha reconocido responsabilidad alguna ante la JEP sobre sus alianzas con el paramilitarismo pese a ya tiene una condena en su contra proferida en Estados Unidos.
Este lunes, 30 de septiembre, se conoció que la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al general (r) Mauricio Santoyo Velasco por los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada en el caso de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, defensores de derechos humanos desaparecidos en Medellín, el 6 de octubre del año 2000.El caso investiga esta y otras desapariciones forzadas y homicidios sistemáticos ejecutados por paramilitares y miembros del Gaula Medellín, al mando o bajo influencia de Santoyo a finales de los 90 y principios de los 2000.Santoyo fue vinculado a este proceso por su rol de mando en el Gaula; según testigos, el colaboró estrechamente con las AUC para perpetrar crímenes contra civiles. La Fiscalía concluyó que estos hechos deben ser investigados como crímenes de sistema, o de contexto, dado el grado de organización y el apoyo estatal que recibieron los perpetradores.“Las desapariciones fueron sistemáticas e hicieron parte de un patrón de violencia estatal en colaboración con grupos paramilitares. Varios exintegrantes de las AUC admitieron la participación de Santoyo en estos crímenes”, dice la Comisión Colombiana de Juristas que hace seguimiento al caso.Actualmente, la JEP estudia la libertad transitoria de Santoyo, sin embargo, la reciente decisión de la Fiscalía corrobora que este caso es crucial para entender los nexos entre el Estado y los grupos armados ilegales en Colombia.
Recientemente, se conoció una decisión de la JEP en la que se le niega la libertad condicional al general en retiro Mauricio Santoyo, quien cumplió varios roles en la Policía Nacional, pues fue subdirector antisecuestro y antiextorsión entre diciembre de 1999 y mayo de 2001, comandante del cuerpo de élite antiterrorista de la ciudad de Medellín desde mayo 2001 hasta diciembre del mismo año y jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2005.La decisión de negarle su libertad se tomó porque los magistrados consideraron que no aportó verdad plena en la audiencia a la cual fue citado. Santoyo también ha sido vinculado a los casos de desaparición forzada de Claudia Patricia Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, el 6 de diciembre de 2001 en Medellín, pero el general en retiro señaló que esta vinculación era equivocada.Blu Radio conoció un documento que fue radicado en las últimas horas por la Comisión Colombiana de Juristas, quienes llevan la representación de las víctimas ante la JEP. En 9 páginas, las víctimas aseguran que Santoyo ha sido evasivo con la justicia colombiana y que no está cumpliendo con los requerimientos que le han hecho las víctimas y la misma jurisdicción."El negacionismo no solo está dictado por lo que ya se probó en justicia ordinaria, sino, también en la forma en la que el compareciente asume su relato. Por eso, de cara a una parte principal y necesaria del régimen de condicionalidad y las obligaciones que de él se desprenden, corresponde al aporte a los derechos de las víctimas. Existen elementos probatorios con nivel de certeza como el proceso penal internacional donde el compareciente aceptó la relación con el paramilitarismo y proveer apoyo material y técnico a los planes paramilitares, hoy este compareciente pese a esa aceptación y confesión de su responsabilidad niega lo ya probado", se lee en el documento.Los representantes de víctimas aseguran que hay pruebas en la justicia ordinaria de que Santoyo se encontraba en la nómina de los miembros de los grupos paramilitares y que hay relatos de sus subalternos que han hecho referencia a los presuntos nexos con el paramilitarismo.Cuestionan además que Santoyo haya dicho que el hecho de haber aceptado responsabilidad ante la justicia de Estados Unidos se dio, en parte, por una estrategia jurídica."El nivel de convencimiento que tiene esta representación con la condena y pruebas obrantes nos indican de manera más que fehaciente su alianza con grupos paramilitares que dio origen a la autoría en un concierto para delinquir, la autoría en la interceptación de las líneas y acciones de inteligencia ilegal, así como la coautoría en la desaparición forzada!, aseguran las víctimas.Para ellos Santoyo no entrega pruebas de su inocencia ni datos sobre modo, tiempo y lugar en el que se presentaron los hechos por los cuales ha sido señalado y por eso le hacen algunas solicitudes a la JEP."Mauricio Santoyo por ahora no merece beneficio transicional, pues está mintiendo, ello queda demostrado en los siguientes elementos: inició un proceso de investigación criminal,aceptó jurídicamente unos cargos con su respectiva consecuencia y de acuerdo a documentos internos del proceso en Estados Unidos colaboró con la justicia para obtener las respectivas rebajas de pena que lo llevó a una condena inferior", señala el documento.Entre algunas de las solicitudes está también que se valore la expulsión de Santoyo."Solicitamos con la dignidad que acompaña este memorial para los derechos de las víctimas que se valore la expulsión del sistema a Mauricio Santoyo, quien le ha hecho perder a la JEP cuatro años de trabajo, recursos y ha sacrificado la expectativa y derechos de las víctimas por mantener el aparente buen nombre que parcialmente cree que le acompaña su situación jurídica. Esta solicitud va acompañada del desarrollo jurisprudencial ya relatado previamente, también debe señalarse que hasta el momento los hechos por los cuales se encuentra investigado no se encuentran seleccionados como hechos representativos en los macro caos que ha priorizado la investigación de los distintos patrones abordados por la JEP.La expulsión está relacionada con los tres incumplimientos del régimen de condicionalidad, la entrega de un CCCP adecuado, la falta de entrega del complemento a los vacíos del compromiso, la ausencia de aporte coherente de verdad a las preguntas de la magistratura y la falta de elementos otorgados en la audiencia de aporte a la verdad", finaliza el texto.
La Procuraduría General de la Nación le hizo la petición a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para que deje en libertad al general (r) Mauricio Santoyo, porque según el Ministerio Público cumplió con los cinco años mínimo privado de la libertad que ordena la ley en el caso de los integrantes de la Fuerza Pública.La JEP abordó el caso de Santoyo para determinar si cumple los requisitos necesarios para recibir beneficios de libertad transitoria, condicionada y anticipada, sin embargo, la JEP ha señalado que Santoyo no ha aportado suficiente verdad sobre su participación en los hechos por los cuales se le investiga, lo que ha complicado su situación legal en el país.“El problema jurídico que abordó la resolución apelada se redujo a determinar si el compareciente reúne los requisitos para otorgarle el beneficio de LTCA. Con tal propósito, expuso los requisitos legales que deben acreditarse para gozar el citado beneficio. Indicó que otorgar la LTCA constituye una “medida de confianza, sin que ello implique definir la situación jurídica del compareciente”, señala el documento emitido por la Procuraduría.En este documento, también se afirma que durante una audiencia de aporte de verdad realizada el 21 de marzo de 2024, Santoyo mantuvo su postura de negar cualquier responsabilidad en los delitos investigados, afirmando que no recuerda los hechos o que no participó en ellos, actitud criticada por la JEP, que considera necesario que el compareciente contribuya de manera significativa a la construcción de la verdad y la memoria histórica del conflicto armado en Colombia.
La JEP le negó al general en retiro Mauricio Santoyo la libertad condicional, lo anterior, al considerar que el exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe no ha aportado una verdad plena para poder acceder a este beneficio.Santoyo fue aceptado por esta jurisdicción por las desapariciones forzadas de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa y por un proceso de enriquecimiento ilícito que, según su abogado, tiene relación con el conflicto.Sin embargo, al no haber aportado verdad, según la JEP, durante una audiencia a la cual fue citado, los magistrados decidieron negarle la libertad.“Santoyo Velasco no realizó aportes de verdad que puedan siquiera de manera preliminar, contribuir a los fines del sistema, a la construcción de memoria y a la garantía de los derechos de las víctimas. El compareciente mantuvo la postura sobre su ausencia de responsabilidad en las investigaciones penales por las cuales se encuentra sometido a esta jurisdicción, derecho que en principio le asiste en razón a su situación jurídica dentro de la justicia ordinaria; sin embargo, omitió realizar cualquier tipo de aporte de verdad y señaló en repetidas ocasiones que no recuerda los hechos, o que los hechos por los cuales se le investiga no tuvieron su participación, o se fundamentaron en denuncias o versiones falsas”, señala la JEP.En el mismo sentido, la JEP le hace un llamado para que aporte verdad plena recordándole que, de no ser así, podría ser expulsado de la jurisdicción. Es importante recordar que Santoyo ya fue condenado en Estados Unidos por presuntas alianzas con el paramilitarismo; sin embargo, ante la JEP dijo que se declaró culpable como una estrategia de su defensa.
El equipo jurídico del presidente electo, Abelardo De La Espriella, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de asesoría jurídica celebrado por Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., filial de Ecopetrol.El anuncio fue hecho por el abogado Germán Calderón España, integrante del equipo de empalme y líder del denominado Equipo Dorado Anticorrupción, quien aseguró que la acción judicial hace parte de las auditorías forenses ordenadas por el presidente electo y coordinadas por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Según explicó Calderón, la denuncia se fundamenta en presuntas irregularidades detectadas en un contrato suscrito con la firma Gesycobro S.A.S. para la prestación de servicios de asesoría jurídica. De acuerdo con el abogado, el contrato habría superado el valor inicial de la oferta, fijada en más de 21.108 millones de pesos, y fue adjudicado por encima de otras firmas reconocidas del sector petrolero e hidrocarburos.El jurista sostiene que la empresa contratada no cumpliría con los requisitos de idoneidad y que existirían aparentes vínculos políticos entre integrantes de la firma y el vicepresidente jurídico de Ecopetrol, Jorge Edilson Murcia, exrepresentante a la Cámara por el departamento del Huila, aspectos que, según indicó, fueron incluidos como soporte de la denuncia.Calderón también afirmó que cada una de las denuncias presentadas por el equipo de empalme está respaldada por contratos, convenios, informes de auditoría forense, publicaciones de medios de comunicación y controles de advertencia emitidos por la Contraloría General de la República. En el documento radicado ante la Fiscalía se recuerda que Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. es una sociedad de economía mixta controlada por Ecopetrol, cuyo objeto social comprende el transporte y almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, así como la celebración de contratos necesarios para el desarrollo de esas actividades.La denuncia señala además que, por su naturaleza de sociedad de economía mixta vinculada a Ecopetrol, los servidores que ejercen funciones en la compañía están sujetos a un régimen especial que puede generar responsabilidades de carácter penal, disciplinario y fiscal.
La posibilidad de que la Copa Mundial de la FIFA vuelva a cambiar de formato comenzó a tomar fuerza. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el organismo analizará la opción de disputar el Mundial de 2030 con 64 selecciones, una expansión que supondría sumar 16 equipos más respecto al formato vigente de 48 participantes.Según explicó el dirigente,una vez concluya el certamen que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, la propuesta será revisada y debatida por los órganos competentes de la FIFA.Infantino señaló que el organismo evaluará la iniciativa con el objetivo de seguir impulsando un torneo en el que, según su visión, "todos puedan participar", manteniendo abierta la puerta a una nueva transformación de la principal competencia del fútbol.La propuesta de ampliar nuevamente el número de selecciones volverá a generar el debate sobre el futuro de la Copa del Mundo. ¿Por qué la FIFA estudia ampliar el Mundial 2030 a 64 selecciones?El eventual cambio responde a la evaluación que realizará la FIFA sobre el desarrollo del Mundial de 2026, el primero de la historia con 48 selecciones.Ese torneo marcó un cambio histórico al dejar atrás el tradicional formato de 32 equipos, vigente durante varias ediciones. Con la ampliación aprobada por la FIFA, el campeonato pasó de 64 partidos a 104 encuentros, incrementando el número de selecciones participantes y ampliando la representación de las distintas confederaciones.Ahora, el organismo pretende analizar si ese modelo puede seguir creciendo. Por esa razón, la posibilidad de llegar a 64 selecciones en la edición de 2030 será uno de los temas que se discutirán una vez termine la actual Copa del Mundo.¿Dónde se jugará el Mundial de 2030?La próxima Copa del Mundo tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los tres partidos inaugurales como parte de la conmemoración del centenario del torneo.En caso de aprobarse la expansión a 64 selecciones, el campeonato tendría que adaptarse nuevamente en aspectos como la programación, la distribución de los encuentros y la organización deportiva, y a la oposición que han mostrado confederaciones como la UEFA, que se ha opuesto en pleno a esta medida.Recordemos que la presidencia de Infantino en la FIFA ha estado marcada por una política de expansión del torneo. Después de varios mundiales disputados con 32 selecciones, el dirigente suizo impulsó el histórico incremento a 48 equipos para la edición de 2026, una decisión que amplió tanto el número de países participantes como la cantidad de partidos.Con ese antecedente, la posibilidad de un Mundial de 64 selecciones vuelve a instalarse sobre la mesa.
El chance Paisita Noche se mantiene como uno de los sorteos más populares entre los jugadores colombianos, especialmente en Antioquia, donde miles de personas consultan cada día los resultados oficiales para conocer si fueron favorecidos.Resultado ganador de Paisita NocheEn el más reciente sorteo del Chance Paisita Noche, los números favorecidos fueron: resultado en breve.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: Los jugadores que hayan realizado apuestas bajo alguna de las modalidades disponibles pueden verificar si resultaron ganadores de acuerdo con las condiciones de su apuesta.¿A qué hora juega el Chance Paisita Noche?Los sorteos del Paisita Noche se realizan todos los días, aunque el horario cambia según la jornada:De lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Los valores de las apuestas oscilan entre los $500 y los $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para acceder al premio mayor es necesario acertar el número completo en el mismo orden en que fue sorteado.Modalidades de apuesta del Paisita NocheUna de las características que distingue al Paisita Noche es la variedad de opciones de juego que ofrece a sus participantes.Cuatro cifras directo o superpleno: premia a quienes aciertan las cuatro cifras exactas y en el orden correcto.Combinado de cuatro cifras: permite ganar acertando las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan.Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras exactamente como fueron sorteadas.Combinado de tres cifras: premia las tres últimas cifras aunque el orden sea diferente.Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado ganador.Una cifra o uña: se gana acertando únicamente la última cifra sorteada.La quinta balota amplía las oportunidades de ganarDesde 2025, el Chance Paisita Noche incorporó la denominada quinta balota, una modalidad adicional que ha despertado el interés de los apostadores al ofrecer más posibilidades de obtener premios complementarios.Esta alternativa agrega una cifra extra al sorteo tradicional, permitiendo nuevas combinaciones asociadas al resultado principal. Gracias a esta innovación, muchos jugadores han encontrado una forma adicional de diversificar sus apuestas y aumentar sus opciones de ganar.¿Cómo reclamar un premio del Chance Paisita Noche?El procedimiento para cobrar un premio depende del valor obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar una serie de documentos básicos.Documentación requeridaTiquete original en buen estado.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Requisitos según el valor del premioPremios inferiores a 48 UVTLos ganadores solo deben presentar la documentación básica para recibir el pago en los puntos autorizados.Premios entre 48 y 181 UVTAdemás de los documentos exigidos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, requerido por la normativa vigente para los procesos de verificación y control.Premios superiores a 182 UVTLos beneficiarios deberán presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar hasta ocho días hábiles.El Chance Paisita Noche sigue siendo uno de los favoritosGracias a sus sorteos diarios, las diferentes modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el Chance Paisita Noche se mantiene como una de las alternativas preferidas por miles de colombianos. La variedad de premios y las múltiples formas de participar continúan impulsando el interés de quienes consultan los resultados oficiales cada día en busca de la suerte.
Los incendios pueden comenzar en cuestión de segundos, pero sus consecuencias suelen ser devastadoras. Un corto circuito, una fuga de gas o incluso una falla humana pueden desatar emergencias difíciles de controlar, especialmente en espacios cerrados o con alta afluencia de personas.En estos escenarios, el fuego se propaga con rapidez, reduce las posibilidades de evacuación y convierte cualquier lugar cotidiano en una trampa mortal.Un hecho de esta magnitud ocurrió en un concurrido restaurante pub en Tailandia, donde una emergencia se salió de control en pocos minutos.Incendio en bar de Bangkok deja 27 de muertosAl menos 27 personas murieron tras un incendio que arrasó un restaurante bar lleno de clientes en el sector de Chatuchak, en Bangkok, capital de Tailandia. El hecho ocurrió en el área de Chom Phon, una zona bastante transitada dentro de este distrito.Videos difundidos en redes sociales muestran escenas de pánico, pues varias personas corren desesperadas intentando escapar, mientras una enorme llamarada sale desde el interior del establecimiento. Las imágenes dejan ver la magnitud del fuego, que rápidamente se propagó por el lugar.Según medios locales, equipos de bomberos acudieron a atender la emergencia; no obstante, las llamas eran incontrolables en el momento en que llegaron, por lo que la intensidad del incendio dificultó las labores de rescate y evacuación, dejando múltiples víctimas mortales y varios heridos.El incendio se produjo antes de la medianoche en la cervecería de Na Padprao, al norte de la capital tailandesa, y alrededor de las 12:26 de la madrugada los bomberos lograron controlar el incendio, según indicó el canal público tailandés Thai PBS.El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, acudió horas más tarde al lugar para supervisar la situación e informó a los medios que unas 27 personas murieron y que varios heridos habían sido trasladados al hospital.Este hecho recordó lo ocurrido en agosto de 2022 cuando un incendio en una discoteca en Tailandia dejó al menos 15 muertos y 37 heridos. En ese momento el propietario fue acusado de negligencia y de operar el establecimiento nocturno sin licencia.*Con información de EFE
La muerte de Adriana Manotas Rodríguez, de 52 años, tras someterse a un procedimiento estético en Bogotá, volvió a encender las alarmas por el funcionamiento de centros clandestinos que continúan ofreciendo este tipo de intervenciones sin cumplir con los requisitos legales.La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá informó que clausuró temporalmente el establecimiento donde falleció Adriana Manotas y confirmó que el lugar continuaba realizando procedimientos invasivos, pese a que desde noviembre de 2025 tenía medidas sanitarias vigentes que le prohibían prestar servicios de salud.Según la entidad, el pasado 10 de julio funcionarios de la Secretaría participaron en un allanamiento liderado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, en donde encontraron material quirúrgico y residuos biológicos que evidenciarían la realización de procedimientos médicos sin cumplir la normatividad vigente en este centro.La Secretaría explicó que, durante una inspección realizada en noviembre de 2025, había impuesto dos medidas sanitarias de seguridad: una contra el establecimiento y otra contra el médico que allí prestaba sus servicios, debido a que ninguno contaba con la habilitación requerida para ofrecer servicios de salud.No obstante, durante el operativo se comprobó que dichas restricciones fueron desacatadas y que el lugar continuaba funcionando de manera irregular, situación que desencadenó en el fallecimiento de Adriana Manotas.Como resultado de la inspección, la Secretaría ordenó dos nuevas medidas: la clausura temporal total del establecimiento y el decomiso de cerca de 108 elementos, entre equipos biomédicos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos que, según indicó, representaban un riesgo para los pacientes.La Secretaría Distrital de Salud señaló que continuará trabajando de manera articulada con la Fiscalía y la Policía para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Adriana Manotas y determinar las responsabilidades correspondientes. Asimismo, lamentó la muerte de la mujer y envió sus condolencias a su familia.