Santoyo fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y en la JEP estaba siendo investigado por su presunta responsabilidad en dos casos de desaparición forzada y por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo.Sin embargo, la JEP lo expulsó al considerar que no aportó verdad en sus procesos. Santoyo apeló esa decisión; sin embargo, la medida fue confirmada en las últimas horas por la Sección de Apelación.La jurisdicción también consideró que no era procedente acceder a una solicitud de Santoyo para que le permitieran enfrentar un juicio. Es importante recordar que él ha dicho que no tiene responsabilidad en los casos de desaparición forzada mencionados y que tampoco ha tenido vínculos con el paramilitarismo. Además, asegura que aceptó los cargos cuando fue extraditado a Estados Unidos, pero que lo hizo como parte de una estrategia de su defensa y no porque realmente fuera culpable.Además, advierten que el general en retiro incumplió sus compromisos y, por eso, no puede acceder a los beneficios de la justicia transicional.“El compromiso incumplido no se reduce a una disposición abstracta a comparecer ante la JEP, como erróneamente lo sostiene el recurrente. No se refiere a la mera voluntad formal de colaboración. Consiste en aportar verdad plena, concreta, verificable y útil sobre los hechos y patrones que justificaron su sometimiento: su relación con estructuras paramilitares, la eventual utilización desviada de funciones institucionales, la circulación de información estatal hacia aparatos criminales, los beneficios económicos o funcionales derivados de esa relación y su posible incidencia en los hechos investigados en los procesos 1 y 2”, explican los magistrados.JEP no otorgó libertad al general (r) SantoyoPor su parte, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ordenó trasladar los procesos de Santoyo a la Fiscalía.“PONER A DISPOSICIÓN INMEDIATA de la Fiscalía 56 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de Bogotá D.C. al señor GR (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, con el fin de continuar con el trámite del proceso No. 10179, que actualmente se encuentra en etapa de acusación, y de continuar con el cumplimiento de la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por dicho despacho el 26 de abril de 2019, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 522 del 16 de febrero de 2026”, se lee en la resolución.Según este documento de la Sala de Definiciones, Santoyo también había pedido la libertad, justo mientras se resolvía su situación jurídica en la JEP.“Mediante memorial presentado por el abogado David Leonardo Pardo, quien representa al señor GR (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, solicitó que ‘se ordene de manera inmediata la libertad del compareciente o la revocatoria de la medida cautelar de aseguramiento privativa de su libertad, por vencimiento de cualquier plazo razonable para adelantar su enjuiciamiento’”, se lee en el documento de la JEP.
La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que adelantó un incidente de incumplimiento luego de evaluar los aportes realizados por el exoficial Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Velez.Tras analizar sus escritos de aporte de verdad, su intervención en audiencias y el material probatorio practicado, la Jurisdicción determinó que sus declaraciones no fueron claras, exhaustivas ni satisfactorias frente a los hechos investigados.La Sala determinó que Santoyo evitó asumir responsabilidad, se limitó a negar su participación en los hechos y no contribuyó de manera efectiva al esclarecimiento de la verdad ni a la satisfacción de los derechos de las víctimas.“Se concluye que durante el proceso del señor Santoyo Velasco se advierte que los aportes presentados por el compareciente han sido calificados de manera reiterada como insuficientes por otros despachos de la SDSJ, así como por la SRVR, en relación con las obligaciones que le asisten ante la JEP, en atención a los fines propios del SIP y a los derechos y garantías que les asisten a las víctimas”, señala el documento.Aunque el exgeneral acudió a espacios con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la JEP consideró que ello no compensó la falta de un aporte sustancial de verdad dentro del proceso transicional. De hecho, en el trámite se advirtió que las constancias de asistencia no demostraban un cumplimiento real de sus obligaciones.“Las constancias de asistencia del señor Santoyo Velasco a la UPBD no satisfacen los estándares de necesidad y significatividad, pues no son pruebas relevantes, sino que “resultan distractores e irrelevantes para los fines del IIRC”. Además, consideró que los documentos solo dan cuenta de la participación formal del compareciente a los espacios en los que fue llamado por la UBPD, pero no reflejan por sí mismos el cumplimiento a las obligaciones derivadas del régimen de condicionalidad”, afirmó la JEP.En consecuencia, la Sala concluyó que “las contribuciones realizadas por el compareciente no han sido suficientes en aras de materializar el derecho a la verdad que les asiste a las víctimas y a la sociedad colombiana” y que no era posible mantener su sometimiento.“A partir de lo expuesto, considera esta Subsala, que no es posible continuar con el trámite de sometimiento a la JEP del GR (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, pues se ha evidenciado de su parte una falta de cumplimiento del régimen de condicionalidad, como elemento estructural de todo el Sistema Integral para la Paz114, y a la garantía de los derechos de las víctimas como su eje central, que hoy hace injustificable su mantenimiento en el Sistema”.La Jurisdicción declaró improcedente la concesión del beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada que había solicitado el compareciente, al no encontrarse acreditadas las condiciones necesarias para que continuara en la JEP. Asimismo, revocó el beneficio transicional de privación de la libertad en unidad policial o militar que le había sido otorgado.Ahora, la Fiscalía 56 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos continuará el trámite del proceso por desaparición forzada, que ya se encuentra en etapa de acusación, y se hará efectiva la medida de aseguramiento de detención preventiva. Asimismo, se ordenó coordinar su traslado a un centro de reclusión bajo la custodia del INPEC.“Para el cumplimiento de lo anterior, se ordenará a la Inspección General de la Policía Judicial, al Centro Especial de Reclusión de la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, en el que se encuentra actualmente privado de la libertad, y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC— que, en firme esta decisión, bajo estrictas medidas de seguridad, coordinen el traslado del señor Mauricio Alfonso Santoyo Velasco a un centro de reclusión, conforme a lo señalado en la medida de aseguramiento de detención preventiva proferida en su contra”, añadió.Santoyo estaba sometido ante la JEP por dos investigaciones: una por concierto para delinquir agravado y desaparición forzada agravada, relacionada con la desaparición de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero en 2000; y otra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En una audiencia pública, las víctimas del conflicto armado confrontaron al general (r) Mauricio Santoyo Velasco y solicitaron su exclusión de la JEP, argumentando que sus aportes de verdad son insuficientes y no contribuyen a la reparación integral de los afectados.Santoyo, quien fue también jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es investigado por su posible responsabilidad en desapariciones forzadas y vínculos con grupos paramilitares durante su paso por el Gaula de Medellín entre 1997 y 2001.Durante la diligencia, familiares de las víctimas reclamaron que el general (r) no ha reconocido la magnitud del daño causado, ni ha aportado información sustancial sobre el destino de los desaparecidos, entre ellos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, defensores de derechos humanos secuestrados en 2000.Las víctimas exigieron respeto y verdad plena, afirmando que “no se trata de discursos, sino de hechos concretos que permitan cerrar heridas”.La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP analiza si Santoyo incumplió el régimen de condicionalidad, que obliga a los comparecientes a contribuir activamente con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Si se determina que no ha cumplido, podría ser expulsado de la Jurisdicción y enfrentar un proceso penal en la justicia ordinaria.Mientras tanto, el general (r) pidió libertad condicional, alegando haber colaborado con el sistema y haber permanecido bajo reclusión por más de una década. Sin embargo, la solicitud será evaluada en el marco del mismo incidente que determinará si mantiene los beneficios de la justicia transicional.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP citó a audiencia pública al general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco para determinar si ha incumplido el régimen de condicionalidad, lo que podría dejarlo por fuera del sistema transicional y exponerlo a la justicia ordinaria.El proceso se relaciona con los crímenes cometidos entre 1997 y 2001, cuando Santoyo fue comandante del Gaula en Antioquia, y con la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Monsalve y Ángel Quintero, ocurrida en Medellín en 2000. La JEP abrió el incidente de incumplimiento en marzo de este año, tras considerar que sus aportes de verdad eran insuficientes frente a la magnitud de los hechos y a la información que debía conocer por su rango y funciones.Durante la diligencia, programada para el 20 y 21 de noviembre en Bogotá, la JEP verificará si Santoyo ha cumplido sus compromisos de verdad, reparación y no repetición, pilares del régimen de condicionalidad. Si la Sala concluye que no lo ha hecho, podría revocarle los beneficios judiciales y remitir su caso a la justicia ordinaria.La defensa presentó nuevas pruebas sobre su participación en espacios de aporte ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), las cuales fueron admitidas de manera excepcional. Sin embargo, la JEP advirtió que solo se considerarán relevantes si aportan información nueva, útil y verificable.Con este proceso, la Jurisdicción reafirma que los comparecientes deben cumplir plenamente sus compromisos de verdad para conservar los beneficios transicionales y que el centro de su labor continúa siendo la protección de los derechos de las víctimas.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP decidió abrir un incidente de verificación al régimen de condicionalidad del general (r) Mauricio Santoyo, esto quiere decir que se va a evaluar si sus posibles incumplimientos ante el tribunal ameritan una sanción, que podría llevarlo a la expulsión.“El aporte de verdad del compareciente Mauricio Alfonso Santoyo Velasco hasta el momento es insuficiente para entender satisfechas sus obligaciones dentro del Sistema y la garantía de los derechos de las víctimas, y por ende ha incumplido con los deberes y obligaciones que tiene con el Sistema Integral para la Paz en la presentación y cumplimiento de su régimen de condicionalidad, y la actitud adoptada en el trámite transicional no contribuye efectivamente al cumplimiento de las finalidades de reparación, la consecución de la verdad y la reparación del daño causado a las víctimas”, señaló la JEP.Es importante recordar que aunque Santoyo fue condenado en Estados Unidos por alianzas con el paramilitarismo, en Colombia ha dicho que es inocente, tampoco ha reconocido responsabilidad en los casos de desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín Ángel José Quintero Mesa, defensores de derechos humanos.Al mismo tiempo, Blu Radio conoció que el Tribunal Superior de Bogotá le negó a Santoyo en las últimas horas un habeas corpus, es decir, una solicitud de libertad.“Insistió en que cumple con las condiciones para que se le otorgue la libertad transitoria, condicionada y anticipada, pues, pese a que se le investiga por una supuesta desaparición forzada, superó ampliamente el término de cinco años previsto en la norma y, por lo tanto, debe concedérsele la libertad por vencimiento de términos o la revocatoria y sustitución de la medida de aseguramiento, pues, pese a que lo solicitó, ello fue negado y, por lo tanto, se está prolongando ilegalmente la privación de su libertad”, se lee en la decisión del Tribunal.Es importante recordar que Santoyo cumplió varios roles en la Policía Nacional, pues fue subdirector antisecuestro y antiextorsión entre diciembre de 1999 y mayo de 2001, comandante del cuerpo de élite antiterrorista de la ciudad de Medellín desde mayo 2001 hasta diciembre del mismo año y jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2005.“Verificado que el accionante está legalmente privado de la libertad, por cuenta del diligenciamiento aludido y considerando que no corresponde en este escenario procesal revisar las determinaciones objetadas por el señor Santoyo Velasco, en las que, en todo caso, se expuso por qué no era posible acceder a lo pretendido y que apreciadas objetivamente tampoco se observan transgresoras de su derecho a la libertad, no es posible conceder el amparo deprecado, máxime cuando las valoraciones hechas por la JEP y lo atinente a lo allí determinado, deben ser objeto de estudio y debate dentro de la actuación respectiva, que, como se indicó, se encuentra en curso y es en la que deben resolverse las eventuales solicitudes de libertad, por motivos distintos de los que son del resorte del juez de habeas corpus, así como la concesión o ejecución de beneficios, todas ellas cuestiones propias de los procedimientos ordinarios o especiales, según sea el caso, que se deben ventilar ante los jueces competentes, quienes cuentan con plenas facultades y herramientas procesales, sin intromisión del juez constitucional que dirime la acción ahora invocada, porque esta no está prevista para obtener opinión del juzgador constitucional sobre las materias que son propias de aquella”, argumenta la decisión del tribunal.
La Justicia Especial para la Paz (JEP) le dio un plazo de cinco días hábiles al general (r) Mauricio Santoyo Velasco para que entregue un aporte detallado sobre la relación y apoyo entre agentes del Estado, como fuerza pública, y grupos paramilitares, que terminó en la violación de derechos humanos en Medellín, Antioquia, durante 2001.Esto se da en el marco de la investigación de los crímenes de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, asesinados el 6 de octubre de 2000 en la ciudad.>> Lea también: Procuraduría a JEP en caso Almario: "Existe una vulneración al principio de legalidad"La directriz dada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, que a su vez responde a una orden de la Sección de Apelación de la JEP, busca determinar si los hechos en los que está involucrado el general serán priorizados en algunos de los macrocasos como el 08 y su subcaso Antioquia, que investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, u otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles.El pasado 10 de diciembre dicha Sección de Apelación había dejado en firme la decisión que le niega la libertad condicional a quien también fuera jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe.La decisión se toma ya que los magistrados consideran que Santoyo no ha aportado verdad ni ha reconocido responsabilidad alguna ante la JEP sobre sus alianzas con el paramilitarismo pese a ya tiene una condena en su contra proferida en Estados Unidos.
Este lunes, 30 de septiembre, se conoció que la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al general (r) Mauricio Santoyo Velasco por los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada en el caso de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, defensores de derechos humanos desaparecidos en Medellín, el 6 de octubre del año 2000.El caso investiga esta y otras desapariciones forzadas y homicidios sistemáticos ejecutados por paramilitares y miembros del Gaula Medellín, al mando o bajo influencia de Santoyo a finales de los 90 y principios de los 2000.Santoyo fue vinculado a este proceso por su rol de mando en el Gaula; según testigos, el colaboró estrechamente con las AUC para perpetrar crímenes contra civiles. La Fiscalía concluyó que estos hechos deben ser investigados como crímenes de sistema, o de contexto, dado el grado de organización y el apoyo estatal que recibieron los perpetradores.“Las desapariciones fueron sistemáticas e hicieron parte de un patrón de violencia estatal en colaboración con grupos paramilitares. Varios exintegrantes de las AUC admitieron la participación de Santoyo en estos crímenes”, dice la Comisión Colombiana de Juristas que hace seguimiento al caso.Actualmente, la JEP estudia la libertad transitoria de Santoyo, sin embargo, la reciente decisión de la Fiscalía corrobora que este caso es crucial para entender los nexos entre el Estado y los grupos armados ilegales en Colombia.
Recientemente, se conoció una decisión de la JEP en la que se le niega la libertad condicional al general en retiro Mauricio Santoyo, quien cumplió varios roles en la Policía Nacional, pues fue subdirector antisecuestro y antiextorsión entre diciembre de 1999 y mayo de 2001, comandante del cuerpo de élite antiterrorista de la ciudad de Medellín desde mayo 2001 hasta diciembre del mismo año y jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2005.La decisión de negarle su libertad se tomó porque los magistrados consideraron que no aportó verdad plena en la audiencia a la cual fue citado. Santoyo también ha sido vinculado a los casos de desaparición forzada de Claudia Patricia Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, el 6 de diciembre de 2001 en Medellín, pero el general en retiro señaló que esta vinculación era equivocada.Blu Radio conoció un documento que fue radicado en las últimas horas por la Comisión Colombiana de Juristas, quienes llevan la representación de las víctimas ante la JEP. En 9 páginas, las víctimas aseguran que Santoyo ha sido evasivo con la justicia colombiana y que no está cumpliendo con los requerimientos que le han hecho las víctimas y la misma jurisdicción."El negacionismo no solo está dictado por lo que ya se probó en justicia ordinaria, sino, también en la forma en la que el compareciente asume su relato. Por eso, de cara a una parte principal y necesaria del régimen de condicionalidad y las obligaciones que de él se desprenden, corresponde al aporte a los derechos de las víctimas. Existen elementos probatorios con nivel de certeza como el proceso penal internacional donde el compareciente aceptó la relación con el paramilitarismo y proveer apoyo material y técnico a los planes paramilitares, hoy este compareciente pese a esa aceptación y confesión de su responsabilidad niega lo ya probado", se lee en el documento.Los representantes de víctimas aseguran que hay pruebas en la justicia ordinaria de que Santoyo se encontraba en la nómina de los miembros de los grupos paramilitares y que hay relatos de sus subalternos que han hecho referencia a los presuntos nexos con el paramilitarismo.Cuestionan además que Santoyo haya dicho que el hecho de haber aceptado responsabilidad ante la justicia de Estados Unidos se dio, en parte, por una estrategia jurídica."El nivel de convencimiento que tiene esta representación con la condena y pruebas obrantes nos indican de manera más que fehaciente su alianza con grupos paramilitares que dio origen a la autoría en un concierto para delinquir, la autoría en la interceptación de las líneas y acciones de inteligencia ilegal, así como la coautoría en la desaparición forzada!, aseguran las víctimas.Para ellos Santoyo no entrega pruebas de su inocencia ni datos sobre modo, tiempo y lugar en el que se presentaron los hechos por los cuales ha sido señalado y por eso le hacen algunas solicitudes a la JEP."Mauricio Santoyo por ahora no merece beneficio transicional, pues está mintiendo, ello queda demostrado en los siguientes elementos: inició un proceso de investigación criminal,aceptó jurídicamente unos cargos con su respectiva consecuencia y de acuerdo a documentos internos del proceso en Estados Unidos colaboró con la justicia para obtener las respectivas rebajas de pena que lo llevó a una condena inferior", señala el documento.Entre algunas de las solicitudes está también que se valore la expulsión de Santoyo."Solicitamos con la dignidad que acompaña este memorial para los derechos de las víctimas que se valore la expulsión del sistema a Mauricio Santoyo, quien le ha hecho perder a la JEP cuatro años de trabajo, recursos y ha sacrificado la expectativa y derechos de las víctimas por mantener el aparente buen nombre que parcialmente cree que le acompaña su situación jurídica. Esta solicitud va acompañada del desarrollo jurisprudencial ya relatado previamente, también debe señalarse que hasta el momento los hechos por los cuales se encuentra investigado no se encuentran seleccionados como hechos representativos en los macro caos que ha priorizado la investigación de los distintos patrones abordados por la JEP.La expulsión está relacionada con los tres incumplimientos del régimen de condicionalidad, la entrega de un CCCP adecuado, la falta de entrega del complemento a los vacíos del compromiso, la ausencia de aporte coherente de verdad a las preguntas de la magistratura y la falta de elementos otorgados en la audiencia de aporte a la verdad", finaliza el texto.
La Procuraduría General de la Nación le hizo la petición a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para que deje en libertad al general (r) Mauricio Santoyo, porque según el Ministerio Público cumplió con los cinco años mínimo privado de la libertad que ordena la ley en el caso de los integrantes de la Fuerza Pública.La JEP abordó el caso de Santoyo para determinar si cumple los requisitos necesarios para recibir beneficios de libertad transitoria, condicionada y anticipada, sin embargo, la JEP ha señalado que Santoyo no ha aportado suficiente verdad sobre su participación en los hechos por los cuales se le investiga, lo que ha complicado su situación legal en el país.“El problema jurídico que abordó la resolución apelada se redujo a determinar si el compareciente reúne los requisitos para otorgarle el beneficio de LTCA. Con tal propósito, expuso los requisitos legales que deben acreditarse para gozar el citado beneficio. Indicó que otorgar la LTCA constituye una “medida de confianza, sin que ello implique definir la situación jurídica del compareciente”, señala el documento emitido por la Procuraduría.En este documento, también se afirma que durante una audiencia de aporte de verdad realizada el 21 de marzo de 2024, Santoyo mantuvo su postura de negar cualquier responsabilidad en los delitos investigados, afirmando que no recuerda los hechos o que no participó en ellos, actitud criticada por la JEP, que considera necesario que el compareciente contribuya de manera significativa a la construcción de la verdad y la memoria histórica del conflicto armado en Colombia.
La JEP le negó al general en retiro Mauricio Santoyo la libertad condicional, lo anterior, al considerar que el exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe no ha aportado una verdad plena para poder acceder a este beneficio.Santoyo fue aceptado por esta jurisdicción por las desapariciones forzadas de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa y por un proceso de enriquecimiento ilícito que, según su abogado, tiene relación con el conflicto.Sin embargo, al no haber aportado verdad, según la JEP, durante una audiencia a la cual fue citado, los magistrados decidieron negarle la libertad.“Santoyo Velasco no realizó aportes de verdad que puedan siquiera de manera preliminar, contribuir a los fines del sistema, a la construcción de memoria y a la garantía de los derechos de las víctimas. El compareciente mantuvo la postura sobre su ausencia de responsabilidad en las investigaciones penales por las cuales se encuentra sometido a esta jurisdicción, derecho que en principio le asiste en razón a su situación jurídica dentro de la justicia ordinaria; sin embargo, omitió realizar cualquier tipo de aporte de verdad y señaló en repetidas ocasiones que no recuerda los hechos, o que los hechos por los cuales se le investiga no tuvieron su participación, o se fundamentaron en denuncias o versiones falsas”, señala la JEP.En el mismo sentido, la JEP le hace un llamado para que aporte verdad plena recordándole que, de no ser así, podría ser expulsado de la jurisdicción. Es importante recordar que Santoyo ya fue condenado en Estados Unidos por presuntas alianzas con el paramilitarismo; sin embargo, ante la JEP dijo que se declaró culpable como una estrategia de su defensa.
El gobierno de Abelardo De La Espriella acaba de entregarle al Congreso de la República una versión 'reformulada' de la ley de presupuesto de 2027, centrada en 'sincerar' las cuentas de la nación en medio de una dura crisis fiscal que tiene al país por fuera de la regla fiscal y con pocas esperanzas de volver, por ahora.Se va a discutir un presupuesto que es incluso mayor que el que había dejado el gobierno anterior y amarrado a nuevas deudas por más de 238 billones de pesos, pero también una ley de ajuste fiscal con medidas 'complementarias' de ingreso.Estas son las 8 claves para entender qué está pasando con el Presupuesto General de la Nación para 2027.1. El gobierno De La Espriella propone un presupuesto de 635 billones: más grande que el que había dejado PetroEl propio gobierno de Abelardo De La Espriella pidió que le devolvieran el presupuesto de 2027 por considerar que estaba tan mal hecho que generaba un lío fiscal, y el Congreso, efectivamente, se lo devolvió.La versión corregida radicada este jueves incluye gastos por 635 billones de pesos. Es decir, el presupuesto aumenta 71,1 billones de pesos frente al presupuesto vigente para el año 2026.Esta versión también es más elevada que la que había radicado el gobierno de Gustavo Petro (575,6 billones).2. El problema fiscal era peor de lo que se esperaba: se están 'sincerando' las cuentas'Sincerar las cuentas' y 'poner la casa en orden' son expresiones recurrentes que hoy está utilizando el equipo de gobierno para justificar los cambios al presupuesto. El concepto desde el Ministerio de Hacienda es que venimos de varios años en los que se subestimaron los gastos y se 'escondieron' bajo la alfombra, mientras que los ingresos se inflaron durante años.Luego de las sumas y restas, lo que queda al final será un déficit fiscal de 9,4 % del PIB para 2027, que es 4,5 puntos por encima de lo que estimaba el gobierno anterior.3. Los gastos que no estaban 'reconocidos'Para el gobierno, aquí no se están aumentando los gastos sino que se está reconociendo el verdadero nivel de gastos del país.Por ejemplo, al presupuesto de 2027 le faltaban unos 8 billones de pesos para el pago de pensiones, 4 billones de pesos para financiar el sistema de salud, 3,6 billones en aportes parafiscales en la nómina, 9,6 billones de pesos en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, y presupuesto para la realización de las elecciones regionales.4. El nuevo presupuesto vendrá con más deudaEl plan del gobierno anterior era financiar el presupuesto con una reforma tributaria. El nuevo gobierno cree que el primer paso, mientras llega la reforma fiscal, es aumentar el endeudamiento. Para 2027 Colombia buscará 238 billones de pesos en financiamiento, incluyendo deudas con el mercado interno y deudas en el exterior (que suman más de 26 mil millones de dólares)."El sinceramiento de ingresos y gastos implica el aumento de las necesidades de endeudamiento. El servicio de la deuda para 2027 se estima en 155,4 billones de pesos, de los cuales 94,4 billones corresponden a intereses y 58,2 billones a amortizaciones. Como resultado, se proyecta que el endeudamiento neto del Gobierno nacional central pase de 5,5 % del PIB en el proyecto inicial a 7,3 % del PIB en la versión reformulada", señala el documento.5. El gobierno promete ley de ajuste fiscal, pero el apretón será gradualEn las próximas semanas el gobierno De La Espriella radicará una "Ley de Ajuste Fiscal" con la que promete reducir el déficit primario de 2027. El objetivo global hoy apunta a una reducción de gastos de unos 40 billones de pesos. El ajuste, sin embargo, no se hará todo en un solo año."Un ajuste fiscal abrupto puede generar efectos recesivos y agravar problemas estructurales como el desempleo, la pobreza y la desigualdad, con efectos adversos sobre la cohesión social y el crecimiento económico y, por esta vía, sobre la propia sostenibilidad fiscal. Por ello, la reformulación del PGN 2027 es un componente de una estrategia de ajuste fiscal de mediano plazo, que permita ordenar las cuentas públicas sin comprometer la inversión productiva ni la provisión de bienes y servicios públicos esenciales", indicó el gobierno.6. Las prioridades de inversión cambianEl nuevo gobierno le está dando prioridad, en la nueva versión del presupuesto, a los sectores que están más cerca de su propio programa. Por ejemplo, tiene más protagonismo la asignación de recursos para la fuerza pública y para una agenda en favor del crecimiento.En total se invertirán 86 billones de pesos. El principal destinatario es Inclusión Social, seguido por Transporte y Trabajo.7. La ley fiscal viene con nuevos impuestosEl ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y su equipo dejaron abierta la posibilidad de que se tramiten nuevos ingresos vía impuestos durante el trámite de la ley de ajuste fiscal.Sin embargo, no hay detalles sobre esos nuevos impuestos, y el Congreso no estaría forzado a discutir una ley de financiamiento para 2027 porque este presupuesto no está desfinanciado: se financiará con más deuda.8. El país gastará más pagando intereses por sus deudas que en programas de inversiónComo están las cosas hoy, el próximo año el gobierno tendrá que destinar más de 94 billones de pesos solamente al pago de intereses de las deudas. Una cifra que incluso supera la proyección de pago del capital de esas deudas. Es decir, cada vez pagamos más intereses, pero las deudas siguen creciendo.
El centrocampista español Rodrigo Hernández 'Rodri', Balón de Oro del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, debutó este jueves de forma oficial con el Barcelona, en la victoria del conjunto azulgrana ante el Athletic Club (2-0) en el Spotify Camp Nou.El madrileño, que llegó este verano procedente del Manchester City como el gran refuerzo estival del conjunto catalán, saltó al terreno de juego en el minuto 63 en sustitución del goleador Raphael Dias 'Raphinha'.Durante el calentamiento, la afición azulgrana también aplaudió al refuerzo estrella del club azulgrana para la presente temporada, que esta semana empezó a trabajar en los entrenamientos al mismos ritmo que sus compañeros.El exjugador del City disputó así cerca de media hora en su primera aparición oficial con el Barcelona ante una afición que ya le había recibido con una atronadora ovación cuando saltó a calentar, muestra de la expectación generada por el fichaje del Balón de Oro de 2024. La grada de animación incluso le dedicó el primer cántico de la noche, al ritmo de 'Rodri is on fire' (Rodri está que arde).Durante los minutos que estuvo sobre el césped, el capitán de la selección española se situó en el doble pivote junto a Pedri, una primera pista de la que podría ser la pareja titular en el centro del campo para el técnico alemán Hansi Flick una vez Rodri alcance el tono físico necesario.Reacción de RodriEl centrocampista español expresó su alegría por su debut este jueves ante miles de azulgranas: "Muy feliz por estar donde quería"."Evidentemente, ha sido un verano largo y ahora tengo que recuperar rápido el ritmo. Estoy muy feliz de estar donde quería estar y, a partir de ahora, toca trabajar", señaló el mediocentro madrileño en declaraciones a DAZN.El Balón de Oro de 2024, que llegó este verano procedente del Manchester City como el gran refuerzo estival del conjunto catalán, apuntó la importancia de la victoria para mantenerse al frente del campeonato y destacó la necesidad de adaptarse todavía "a este gran equipo".Finalmente, sobre el delantero Lamine Yamal, que no anotó gol, apuntó la importancia de su "gran actuación" ante el Athletico Club y se mostró convencido de que sus goles "llegarán"."Venía de un momento más cabizbajo. Le hemos intentado levantar y hoy se ha visto la mejor versión de Lamine, aunque no haya podido marcar. Es lo que necesitamos de él, ese trabajo, la constancia, porque los goles llegarán, el talento está", concluyó.
Como José Olger Melo Charry, oriundo de la ciudad de Pasto, y quien se desempeña como suboficial del Ejército francés, fue identificado el militar secuestrado por desconocidos cuando se dirigía hacia un municipio de la subregión de la cordillera en el norte de Nariño.El comandante del Gaula militar de la brigada 23 del Ejército Nacional, coronel Mauricio Osorio, dijo a Blu radio que el militar francés llegó a Pasto el seis de agosto y que el plagio de Melo Charry habría ocurrido hace aproximadamente 15 días.Esposa del ciudadano colombo- francés denunció su desapariciónConocimos este caso por la denuncia que hizo la esposa del militar, quien aseguró que Melo Charry ingresó a la Legión Extranjera Francesa, que es un cuerpo de élite del Ejército de tierra francés desde hace cuatro años.Según el relato de la esposa del militar, el llegó a Pasto a visitar a la familia, pero días después se habría dirigido en compañía de otra persona al sector de la cordillera, en donde fue interceptado por hombres armados que habían instalado un retén ilegal, según Osorio.El oficial dijo que se desconoce a donde se dirigía Melo Charry, pero que, de acuerdo con las versiones de algunas personas, el habría sido retenido en cercanías al corregimiento de Puerto Remolino una población enclavada en la cordillera occidental a riveras del río Patía.Osorio dijo que se analiza la información que ha entregado la esposa del militar, pero que desconocen que grupo lo podría tener en su lugar.El comandante del Gaula militar en Nariño dijo que ya se avisó a la Defensoría Nacional del Pueblo y a los organismos internacionales defensores de derechos humanos para establecer que suerte pudo correr el integrante de la legión extrajera francesa.
La familia de Salvador, un niño de 3 años, atraviesa un profundo dolor luego de que el menor muriera tras ser atacado por un perro pitbull. El pequeño sufrió graves heridas en la cabeza y el rostro y, pese a los esfuerzos de sus familiares y los equipos de emergencia, no logró sobrevivir.El hecho ocurrió en el barrio Villa La Lonja, en Córdoba, España, cuando el padre del niño se encontraba lavando una camioneta. De acuerdo con el relato entregado por Claudia, madre de Salvador, el menor se alejó de su papá y se acercó a un terreno baldío cercano, de donde salió el animal que posteriormente lo atacó.Claudia contó que en ese momento estaba dentro de su vivienda preparando la comida. Al salir, le preguntó a su pareja por el paradero de su hijo y él le respondió que “se había ido a la vuelta”, algo que, según la familia, Salvador solía hacer.La mujer decidió salir a buscarlo y se encontró con una escena que jamás imaginó presenciar. Según su relato, el niño estaba siendo atacado por el perro. Los familiares intervinieron para intentar apartar al animal y auxiliar al menor, mientras solicitaban ayuda a los servicios de emergencia.Salvador presentaba mordeduras de gravedad en la cabeza y el rostro. Sus familiares hicieron todo lo posible para que recibiera atención médica y fue trasladado hacia un hospital, pero murió durante el trayecto debido a la gravedad de las lesiones.Luego de la tragedia, la madre del niño manifestó que espera que los responsables sean llevados ante la justicia y paguen por lo ocurrido. La familia también cuestionó las condiciones de seguridad del terreno desde donde salió el perro, pues aseguró que la valla que dividía el lugar no tenía ninguna señal de advertencia sobre la presencia del animal.La abuela de Salvador, identificada como Brenda, señaló directamente al propietario del perro y reclamó mayor responsabilidad por parte de quienes tienen animales de estas características.La Fiscalía de Córdoba adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes. Celeste Blasco, fiscal de Córdoba, imputó por homicidio culposo a la dueña y al cuidador de la perra.Según la información conocida sobre el caso, ambas personas se encuentran prófugas, mientras que el animal fue puesto bajo custodia y permanece bajo observación en el Instituto Antirrábico.En medio del duelo, el padre de Salvador también salió al paso de las versiones sobre una supuesta colecta para cubrir los gastos funerarios. El hombre negó que la familia haya iniciado una campaña de este tipo y aclaró que no están solicitando apoyo económico.
Los usuarios de Nequi que tengan un crédito preaprobado podrán utilizarlo para pagar directamente en comercios físicos a través de datáfonos de Redeban, gracias a una nueva alianza entre ambas compañías.La función permitirá que una persona que llegue a un establecimiento habilitado pueda solicitar el desembolso de su crédito desde la aplicación de Nequi en el mismo momento de la compra, sin necesidad de disponer previamente del dinero en su saldo.La implementación será gradual y posteriormente llegará a más establecimientos. Redeban cuenta actualmente con más de 340.000 datáfonos y presencia en el 98 % de los municipios de Colombia, aunque esto no significa que todos estarán habilitados inmediatamente para recibir este tipo de pagos.Nequi calcula que más de tres millones de personas tendrán un crédito preaprobado que podrán utilizar para realizar compras en puntos físicos mediante esta modalidad. Actualmente, cerca de un millón de usuarios de la plataforma tiene uno o más créditos activos.¿Cómo funcionará el pago con Crédito Nequi en un datáfono?Al momento de realizar una compra, el cliente deberá indicar en el establecimiento que desea pagar con Nequi. El comercio seleccionará esta opción en el datáfono de Redeban e ingresará el número de celular asociado a la cuenta del comprador.La persona recibirá entonces una notificación en la aplicación de Nequi, donde podrá verificar el monto y los detalles de la transacción. Si tiene disponible una oferta de crédito preaprobado, podrá seleccionarla como forma de pago.Antes de aceptar, la aplicación mostrará las condiciones del préstamo. Si el usuario cumple con los requisitos y decide continuar, se realizará el desembolso directamente al comercio y el datáfono recibirá la confirmación de la compra.Después de la transacción, desde la misma aplicación será posible consultar información como el monto desembolsado y la fecha de pago del crédito.Sin embargo, tener Nequi no significa que automáticamente se pueda acceder a esta modalidad. La compañía aclaró que la aprobación depende de una evaluación previa de las condiciones de cada usuario y de sus políticas de riesgo crediticio.“El crédito cobra valor cuando está disponible en el momento en que una persona realmente lo necesita”, señaló Andrés Vásquez, CEO de Nequi, quien explicó que la intención es ampliar las situaciones en las que los usuarios pueden utilizar los créditos preaprobados disponibles en la aplicación.Hasta ahora, Nequi ya permitía solicitar y utilizar sus créditos para compras en determinados comercios digitales. Con la integración con Redeban, la compañía busca extender esta alternativa a establecimientos físicos y ampliar progresivamente los lugares en los que estará disponible.