Santoyo fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y en la JEP estaba siendo investigado por su presunta responsabilidad en dos casos de desaparición forzada y por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo.Sin embargo, la JEP lo expulsó al considerar que no aportó verdad en sus procesos. Santoyo apeló esa decisión; sin embargo, la medida fue confirmada en las últimas horas por la Sección de Apelación.La jurisdicción también consideró que no era procedente acceder a una solicitud de Santoyo para que le permitieran enfrentar un juicio. Es importante recordar que él ha dicho que no tiene responsabilidad en los casos de desaparición forzada mencionados y que tampoco ha tenido vínculos con el paramilitarismo. Además, asegura que aceptó los cargos cuando fue extraditado a Estados Unidos, pero que lo hizo como parte de una estrategia de su defensa y no porque realmente fuera culpable.Además, advierten que el general en retiro incumplió sus compromisos y, por eso, no puede acceder a los beneficios de la justicia transicional.“El compromiso incumplido no se reduce a una disposición abstracta a comparecer ante la JEP, como erróneamente lo sostiene el recurrente. No se refiere a la mera voluntad formal de colaboración. Consiste en aportar verdad plena, concreta, verificable y útil sobre los hechos y patrones que justificaron su sometimiento: su relación con estructuras paramilitares, la eventual utilización desviada de funciones institucionales, la circulación de información estatal hacia aparatos criminales, los beneficios económicos o funcionales derivados de esa relación y su posible incidencia en los hechos investigados en los procesos 1 y 2”, explican los magistrados.JEP no otorgó libertad al general (r) SantoyoPor su parte, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ordenó trasladar los procesos de Santoyo a la Fiscalía.“PONER A DISPOSICIÓN INMEDIATA de la Fiscalía 56 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de Bogotá D.C. al señor GR (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, con el fin de continuar con el trámite del proceso No. 10179, que actualmente se encuentra en etapa de acusación, y de continuar con el cumplimiento de la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por dicho despacho el 26 de abril de 2019, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 522 del 16 de febrero de 2026”, se lee en la resolución.Según este documento de la Sala de Definiciones, Santoyo también había pedido la libertad, justo mientras se resolvía su situación jurídica en la JEP.“Mediante memorial presentado por el abogado David Leonardo Pardo, quien representa al señor GR (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, solicitó que ‘se ordene de manera inmediata la libertad del compareciente o la revocatoria de la medida cautelar de aseguramiento privativa de su libertad, por vencimiento de cualquier plazo razonable para adelantar su enjuiciamiento’”, se lee en el documento de la JEP.
La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que adelantó un incidente de incumplimiento luego de evaluar los aportes realizados por el exoficial Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Velez.Tras analizar sus escritos de aporte de verdad, su intervención en audiencias y el material probatorio practicado, la Jurisdicción determinó que sus declaraciones no fueron claras, exhaustivas ni satisfactorias frente a los hechos investigados.La Sala determinó que Santoyo evitó asumir responsabilidad, se limitó a negar su participación en los hechos y no contribuyó de manera efectiva al esclarecimiento de la verdad ni a la satisfacción de los derechos de las víctimas.“Se concluye que durante el proceso del señor Santoyo Velasco se advierte que los aportes presentados por el compareciente han sido calificados de manera reiterada como insuficientes por otros despachos de la SDSJ, así como por la SRVR, en relación con las obligaciones que le asisten ante la JEP, en atención a los fines propios del SIP y a los derechos y garantías que les asisten a las víctimas”, señala el documento.Aunque el exgeneral acudió a espacios con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la JEP consideró que ello no compensó la falta de un aporte sustancial de verdad dentro del proceso transicional. De hecho, en el trámite se advirtió que las constancias de asistencia no demostraban un cumplimiento real de sus obligaciones.“Las constancias de asistencia del señor Santoyo Velasco a la UPBD no satisfacen los estándares de necesidad y significatividad, pues no son pruebas relevantes, sino que “resultan distractores e irrelevantes para los fines del IIRC”. Además, consideró que los documentos solo dan cuenta de la participación formal del compareciente a los espacios en los que fue llamado por la UBPD, pero no reflejan por sí mismos el cumplimiento a las obligaciones derivadas del régimen de condicionalidad”, afirmó la JEP.En consecuencia, la Sala concluyó que “las contribuciones realizadas por el compareciente no han sido suficientes en aras de materializar el derecho a la verdad que les asiste a las víctimas y a la sociedad colombiana” y que no era posible mantener su sometimiento.“A partir de lo expuesto, considera esta Subsala, que no es posible continuar con el trámite de sometimiento a la JEP del GR (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, pues se ha evidenciado de su parte una falta de cumplimiento del régimen de condicionalidad, como elemento estructural de todo el Sistema Integral para la Paz114, y a la garantía de los derechos de las víctimas como su eje central, que hoy hace injustificable su mantenimiento en el Sistema”.La Jurisdicción declaró improcedente la concesión del beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada que había solicitado el compareciente, al no encontrarse acreditadas las condiciones necesarias para que continuara en la JEP. Asimismo, revocó el beneficio transicional de privación de la libertad en unidad policial o militar que le había sido otorgado.Ahora, la Fiscalía 56 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos continuará el trámite del proceso por desaparición forzada, que ya se encuentra en etapa de acusación, y se hará efectiva la medida de aseguramiento de detención preventiva. Asimismo, se ordenó coordinar su traslado a un centro de reclusión bajo la custodia del INPEC.“Para el cumplimiento de lo anterior, se ordenará a la Inspección General de la Policía Judicial, al Centro Especial de Reclusión de la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, en el que se encuentra actualmente privado de la libertad, y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC— que, en firme esta decisión, bajo estrictas medidas de seguridad, coordinen el traslado del señor Mauricio Alfonso Santoyo Velasco a un centro de reclusión, conforme a lo señalado en la medida de aseguramiento de detención preventiva proferida en su contra”, añadió.Santoyo estaba sometido ante la JEP por dos investigaciones: una por concierto para delinquir agravado y desaparición forzada agravada, relacionada con la desaparición de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero en 2000; y otra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En una audiencia pública, las víctimas del conflicto armado confrontaron al general (r) Mauricio Santoyo Velasco y solicitaron su exclusión de la JEP, argumentando que sus aportes de verdad son insuficientes y no contribuyen a la reparación integral de los afectados.Santoyo, quien fue también jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es investigado por su posible responsabilidad en desapariciones forzadas y vínculos con grupos paramilitares durante su paso por el Gaula de Medellín entre 1997 y 2001.Durante la diligencia, familiares de las víctimas reclamaron que el general (r) no ha reconocido la magnitud del daño causado, ni ha aportado información sustancial sobre el destino de los desaparecidos, entre ellos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, defensores de derechos humanos secuestrados en 2000.Las víctimas exigieron respeto y verdad plena, afirmando que “no se trata de discursos, sino de hechos concretos que permitan cerrar heridas”.La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP analiza si Santoyo incumplió el régimen de condicionalidad, que obliga a los comparecientes a contribuir activamente con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Si se determina que no ha cumplido, podría ser expulsado de la Jurisdicción y enfrentar un proceso penal en la justicia ordinaria.Mientras tanto, el general (r) pidió libertad condicional, alegando haber colaborado con el sistema y haber permanecido bajo reclusión por más de una década. Sin embargo, la solicitud será evaluada en el marco del mismo incidente que determinará si mantiene los beneficios de la justicia transicional.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP citó a audiencia pública al general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco para determinar si ha incumplido el régimen de condicionalidad, lo que podría dejarlo por fuera del sistema transicional y exponerlo a la justicia ordinaria.El proceso se relaciona con los crímenes cometidos entre 1997 y 2001, cuando Santoyo fue comandante del Gaula en Antioquia, y con la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Monsalve y Ángel Quintero, ocurrida en Medellín en 2000. La JEP abrió el incidente de incumplimiento en marzo de este año, tras considerar que sus aportes de verdad eran insuficientes frente a la magnitud de los hechos y a la información que debía conocer por su rango y funciones.Durante la diligencia, programada para el 20 y 21 de noviembre en Bogotá, la JEP verificará si Santoyo ha cumplido sus compromisos de verdad, reparación y no repetición, pilares del régimen de condicionalidad. Si la Sala concluye que no lo ha hecho, podría revocarle los beneficios judiciales y remitir su caso a la justicia ordinaria.La defensa presentó nuevas pruebas sobre su participación en espacios de aporte ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), las cuales fueron admitidas de manera excepcional. Sin embargo, la JEP advirtió que solo se considerarán relevantes si aportan información nueva, útil y verificable.Con este proceso, la Jurisdicción reafirma que los comparecientes deben cumplir plenamente sus compromisos de verdad para conservar los beneficios transicionales y que el centro de su labor continúa siendo la protección de los derechos de las víctimas.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP decidió abrir un incidente de verificación al régimen de condicionalidad del general (r) Mauricio Santoyo, esto quiere decir que se va a evaluar si sus posibles incumplimientos ante el tribunal ameritan una sanción, que podría llevarlo a la expulsión.“El aporte de verdad del compareciente Mauricio Alfonso Santoyo Velasco hasta el momento es insuficiente para entender satisfechas sus obligaciones dentro del Sistema y la garantía de los derechos de las víctimas, y por ende ha incumplido con los deberes y obligaciones que tiene con el Sistema Integral para la Paz en la presentación y cumplimiento de su régimen de condicionalidad, y la actitud adoptada en el trámite transicional no contribuye efectivamente al cumplimiento de las finalidades de reparación, la consecución de la verdad y la reparación del daño causado a las víctimas”, señaló la JEP.Es importante recordar que aunque Santoyo fue condenado en Estados Unidos por alianzas con el paramilitarismo, en Colombia ha dicho que es inocente, tampoco ha reconocido responsabilidad en los casos de desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín Ángel José Quintero Mesa, defensores de derechos humanos.Al mismo tiempo, Blu Radio conoció que el Tribunal Superior de Bogotá le negó a Santoyo en las últimas horas un habeas corpus, es decir, una solicitud de libertad.“Insistió en que cumple con las condiciones para que se le otorgue la libertad transitoria, condicionada y anticipada, pues, pese a que se le investiga por una supuesta desaparición forzada, superó ampliamente el término de cinco años previsto en la norma y, por lo tanto, debe concedérsele la libertad por vencimiento de términos o la revocatoria y sustitución de la medida de aseguramiento, pues, pese a que lo solicitó, ello fue negado y, por lo tanto, se está prolongando ilegalmente la privación de su libertad”, se lee en la decisión del Tribunal.Es importante recordar que Santoyo cumplió varios roles en la Policía Nacional, pues fue subdirector antisecuestro y antiextorsión entre diciembre de 1999 y mayo de 2001, comandante del cuerpo de élite antiterrorista de la ciudad de Medellín desde mayo 2001 hasta diciembre del mismo año y jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2005.“Verificado que el accionante está legalmente privado de la libertad, por cuenta del diligenciamiento aludido y considerando que no corresponde en este escenario procesal revisar las determinaciones objetadas por el señor Santoyo Velasco, en las que, en todo caso, se expuso por qué no era posible acceder a lo pretendido y que apreciadas objetivamente tampoco se observan transgresoras de su derecho a la libertad, no es posible conceder el amparo deprecado, máxime cuando las valoraciones hechas por la JEP y lo atinente a lo allí determinado, deben ser objeto de estudio y debate dentro de la actuación respectiva, que, como se indicó, se encuentra en curso y es en la que deben resolverse las eventuales solicitudes de libertad, por motivos distintos de los que son del resorte del juez de habeas corpus, así como la concesión o ejecución de beneficios, todas ellas cuestiones propias de los procedimientos ordinarios o especiales, según sea el caso, que se deben ventilar ante los jueces competentes, quienes cuentan con plenas facultades y herramientas procesales, sin intromisión del juez constitucional que dirime la acción ahora invocada, porque esta no está prevista para obtener opinión del juzgador constitucional sobre las materias que son propias de aquella”, argumenta la decisión del tribunal.
La Justicia Especial para la Paz (JEP) le dio un plazo de cinco días hábiles al general (r) Mauricio Santoyo Velasco para que entregue un aporte detallado sobre la relación y apoyo entre agentes del Estado, como fuerza pública, y grupos paramilitares, que terminó en la violación de derechos humanos en Medellín, Antioquia, durante 2001.Esto se da en el marco de la investigación de los crímenes de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, asesinados el 6 de octubre de 2000 en la ciudad.>> Lea también: Procuraduría a JEP en caso Almario: "Existe una vulneración al principio de legalidad"La directriz dada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, que a su vez responde a una orden de la Sección de Apelación de la JEP, busca determinar si los hechos en los que está involucrado el general serán priorizados en algunos de los macrocasos como el 08 y su subcaso Antioquia, que investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, u otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles.El pasado 10 de diciembre dicha Sección de Apelación había dejado en firme la decisión que le niega la libertad condicional a quien también fuera jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe.La decisión se toma ya que los magistrados consideran que Santoyo no ha aportado verdad ni ha reconocido responsabilidad alguna ante la JEP sobre sus alianzas con el paramilitarismo pese a ya tiene una condena en su contra proferida en Estados Unidos.
Este lunes, 30 de septiembre, se conoció que la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al general (r) Mauricio Santoyo Velasco por los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada en el caso de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, defensores de derechos humanos desaparecidos en Medellín, el 6 de octubre del año 2000.El caso investiga esta y otras desapariciones forzadas y homicidios sistemáticos ejecutados por paramilitares y miembros del Gaula Medellín, al mando o bajo influencia de Santoyo a finales de los 90 y principios de los 2000.Santoyo fue vinculado a este proceso por su rol de mando en el Gaula; según testigos, el colaboró estrechamente con las AUC para perpetrar crímenes contra civiles. La Fiscalía concluyó que estos hechos deben ser investigados como crímenes de sistema, o de contexto, dado el grado de organización y el apoyo estatal que recibieron los perpetradores.“Las desapariciones fueron sistemáticas e hicieron parte de un patrón de violencia estatal en colaboración con grupos paramilitares. Varios exintegrantes de las AUC admitieron la participación de Santoyo en estos crímenes”, dice la Comisión Colombiana de Juristas que hace seguimiento al caso.Actualmente, la JEP estudia la libertad transitoria de Santoyo, sin embargo, la reciente decisión de la Fiscalía corrobora que este caso es crucial para entender los nexos entre el Estado y los grupos armados ilegales en Colombia.
Recientemente, se conoció una decisión de la JEP en la que se le niega la libertad condicional al general en retiro Mauricio Santoyo, quien cumplió varios roles en la Policía Nacional, pues fue subdirector antisecuestro y antiextorsión entre diciembre de 1999 y mayo de 2001, comandante del cuerpo de élite antiterrorista de la ciudad de Medellín desde mayo 2001 hasta diciembre del mismo año y jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2005.La decisión de negarle su libertad se tomó porque los magistrados consideraron que no aportó verdad plena en la audiencia a la cual fue citado. Santoyo también ha sido vinculado a los casos de desaparición forzada de Claudia Patricia Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, el 6 de diciembre de 2001 en Medellín, pero el general en retiro señaló que esta vinculación era equivocada.Blu Radio conoció un documento que fue radicado en las últimas horas por la Comisión Colombiana de Juristas, quienes llevan la representación de las víctimas ante la JEP. En 9 páginas, las víctimas aseguran que Santoyo ha sido evasivo con la justicia colombiana y que no está cumpliendo con los requerimientos que le han hecho las víctimas y la misma jurisdicción."El negacionismo no solo está dictado por lo que ya se probó en justicia ordinaria, sino, también en la forma en la que el compareciente asume su relato. Por eso, de cara a una parte principal y necesaria del régimen de condicionalidad y las obligaciones que de él se desprenden, corresponde al aporte a los derechos de las víctimas. Existen elementos probatorios con nivel de certeza como el proceso penal internacional donde el compareciente aceptó la relación con el paramilitarismo y proveer apoyo material y técnico a los planes paramilitares, hoy este compareciente pese a esa aceptación y confesión de su responsabilidad niega lo ya probado", se lee en el documento.Los representantes de víctimas aseguran que hay pruebas en la justicia ordinaria de que Santoyo se encontraba en la nómina de los miembros de los grupos paramilitares y que hay relatos de sus subalternos que han hecho referencia a los presuntos nexos con el paramilitarismo.Cuestionan además que Santoyo haya dicho que el hecho de haber aceptado responsabilidad ante la justicia de Estados Unidos se dio, en parte, por una estrategia jurídica."El nivel de convencimiento que tiene esta representación con la condena y pruebas obrantes nos indican de manera más que fehaciente su alianza con grupos paramilitares que dio origen a la autoría en un concierto para delinquir, la autoría en la interceptación de las líneas y acciones de inteligencia ilegal, así como la coautoría en la desaparición forzada!, aseguran las víctimas.Para ellos Santoyo no entrega pruebas de su inocencia ni datos sobre modo, tiempo y lugar en el que se presentaron los hechos por los cuales ha sido señalado y por eso le hacen algunas solicitudes a la JEP."Mauricio Santoyo por ahora no merece beneficio transicional, pues está mintiendo, ello queda demostrado en los siguientes elementos: inició un proceso de investigación criminal,aceptó jurídicamente unos cargos con su respectiva consecuencia y de acuerdo a documentos internos del proceso en Estados Unidos colaboró con la justicia para obtener las respectivas rebajas de pena que lo llevó a una condena inferior", señala el documento.Entre algunas de las solicitudes está también que se valore la expulsión de Santoyo."Solicitamos con la dignidad que acompaña este memorial para los derechos de las víctimas que se valore la expulsión del sistema a Mauricio Santoyo, quien le ha hecho perder a la JEP cuatro años de trabajo, recursos y ha sacrificado la expectativa y derechos de las víctimas por mantener el aparente buen nombre que parcialmente cree que le acompaña su situación jurídica. Esta solicitud va acompañada del desarrollo jurisprudencial ya relatado previamente, también debe señalarse que hasta el momento los hechos por los cuales se encuentra investigado no se encuentran seleccionados como hechos representativos en los macro caos que ha priorizado la investigación de los distintos patrones abordados por la JEP.La expulsión está relacionada con los tres incumplimientos del régimen de condicionalidad, la entrega de un CCCP adecuado, la falta de entrega del complemento a los vacíos del compromiso, la ausencia de aporte coherente de verdad a las preguntas de la magistratura y la falta de elementos otorgados en la audiencia de aporte a la verdad", finaliza el texto.
La Procuraduría General de la Nación le hizo la petición a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para que deje en libertad al general (r) Mauricio Santoyo, porque según el Ministerio Público cumplió con los cinco años mínimo privado de la libertad que ordena la ley en el caso de los integrantes de la Fuerza Pública.La JEP abordó el caso de Santoyo para determinar si cumple los requisitos necesarios para recibir beneficios de libertad transitoria, condicionada y anticipada, sin embargo, la JEP ha señalado que Santoyo no ha aportado suficiente verdad sobre su participación en los hechos por los cuales se le investiga, lo que ha complicado su situación legal en el país.“El problema jurídico que abordó la resolución apelada se redujo a determinar si el compareciente reúne los requisitos para otorgarle el beneficio de LTCA. Con tal propósito, expuso los requisitos legales que deben acreditarse para gozar el citado beneficio. Indicó que otorgar la LTCA constituye una “medida de confianza, sin que ello implique definir la situación jurídica del compareciente”, señala el documento emitido por la Procuraduría.En este documento, también se afirma que durante una audiencia de aporte de verdad realizada el 21 de marzo de 2024, Santoyo mantuvo su postura de negar cualquier responsabilidad en los delitos investigados, afirmando que no recuerda los hechos o que no participó en ellos, actitud criticada por la JEP, que considera necesario que el compareciente contribuya de manera significativa a la construcción de la verdad y la memoria histórica del conflicto armado en Colombia.
La JEP le negó al general en retiro Mauricio Santoyo la libertad condicional, lo anterior, al considerar que el exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe no ha aportado una verdad plena para poder acceder a este beneficio.Santoyo fue aceptado por esta jurisdicción por las desapariciones forzadas de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa y por un proceso de enriquecimiento ilícito que, según su abogado, tiene relación con el conflicto.Sin embargo, al no haber aportado verdad, según la JEP, durante una audiencia a la cual fue citado, los magistrados decidieron negarle la libertad.“Santoyo Velasco no realizó aportes de verdad que puedan siquiera de manera preliminar, contribuir a los fines del sistema, a la construcción de memoria y a la garantía de los derechos de las víctimas. El compareciente mantuvo la postura sobre su ausencia de responsabilidad en las investigaciones penales por las cuales se encuentra sometido a esta jurisdicción, derecho que en principio le asiste en razón a su situación jurídica dentro de la justicia ordinaria; sin embargo, omitió realizar cualquier tipo de aporte de verdad y señaló en repetidas ocasiones que no recuerda los hechos, o que los hechos por los cuales se le investiga no tuvieron su participación, o se fundamentaron en denuncias o versiones falsas”, señala la JEP.En el mismo sentido, la JEP le hace un llamado para que aporte verdad plena recordándole que, de no ser así, podría ser expulsado de la jurisdicción. Es importante recordar que Santoyo ya fue condenado en Estados Unidos por presuntas alianzas con el paramilitarismo; sin embargo, ante la JEP dijo que se declaró culpable como una estrategia de su defensa.
Un bebé de apenas un mes de nacido murió en hechos ocurridos durante la madrugada del pasado 17 de mayo. Según la información preliminar conocida por las autoridades, el recién nacido descansaba junto a su hermanito de seis años cuando se habría presentado una asfixia accidental.De acuerdo con las primeras versiones, la madre de los menores, una joven de 24 años, dejó durmiendo a los dos niños mientras descansaban en la misma cama. Entre las 3:00 y las 6:00 de la mañana, el niño mayor se habría movido mientras dormía y, sin darse cuenta, terminó encima del bebé, provocándole la asfixia.Tras conocerse el caso, unidades de Policía Judicial realizaron los actos urgentes e iniciaron las verificaciones técnicas y judiciales para establecer con claridad cómo ocurrieron los hechos y confirmar las circunstancias de esta muerte.A través de un comunicado, la Policía lamentó profundamente lo ocurrido y expresó solidaridad con la familia del menor. Además, hizo un llamado especial a padres y cuidadores para extremar las medidas de supervisión y protección de niños y recién nacidos durante las horas de descanso, con el fin de evitar situaciones que puedan poner en riesgo sus vidas.
La imputación en Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro marca el inicio de una "nueva fase" en la presión del Gobierno de Donald Trump contra la isla y demuestra que el foco de su política exterior sigue anclado en Latinoamérica a pesar de la guerra en Irán.La acusación contra el hermano menor de Fidel Castro, anunciada la víspera en Miami, incluye cargos por el asesinato de estadounidenses durante el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano en 1996 y coincide con un llamado del secretario de Estado, Marco Rubio, a que los isleños apoyen una "nueva Cuba" propuesta por Trump."Un cambio fundamental en Cuba, que conduzca en última instancia a una alineación más estrecha con los intereses de seguridad de Estados Unidos, es el ejemplo por excelencia del corolario Trump a la Doctrina Monroe", indicó Alexander Gray, exasesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense en su primer mandato.La Estrategia de Seguridad Nacional anunciada el año pasado por Trump propone revitalizar la Doctrina Monroe, una política de 1823 que defiende la supremacía de Washington en las Américas.Con la mira puesta cerca de casaGray recordó, en reacciones enviadas a EFE, que desde que Fidel Castro asumió el poder en Cuba en 1959 y se alineó con "adversarios" como China y Rusia, la amenaza de que la isla caiga en "manos de potencias extrahemisféricas" se ha agudizado.Por esto "el enfoque de Trump en la defensa del hemisferio, desde el Canal de Panamá hasta Venezuela y Groenlandia, estará anclado en una eventual reorientación de la postura de seguridad de Cuba en una dirección favorable a EE.UU.", agregó."Incluso mientras Washington libra conflictos en Oriente Medio, el núcleo de la agenda de política exterior de Trump, y, en el largo plazo, de 'EE.UU. primero', sigue anclado en el hemisferio occidental", advirtió el investigador sénior no residente del Atlantic Council.Una escalada en la presiónPara varios expertos en política exterior, los cargos contra el "número dos" de la Revolución Cubana representan una nueva vuelta de tuerca en la presión de Washington contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel en la isla, sumida en una de las peores crisis económicas de su historia, agravada por el actual bloqueo de crudo impuesto por Trump.La decisión de la Administración republicana de imputar a Castro, quien el 3 de junio cumplirá 95 años, "es coherente con la intención del Gobierno de garantizar la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental", indicó Sebastián Arcos, director interino del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida.En esto coincide el director del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, Jason Marczak, al señalar que no es de esperar que Washington, aún en medio de conversaciones con líderes cubanos, relaje en el corto plazo sus acciones contra La Habana, teniendo en cuenta el "énfasis" de Trump en la región."Esto es solo el comienzo de una nueva ronda de puntos de presión de EE.UU. para lograr una Cuba libre y democrática", vaticinó el politólogo.Clara señal contra las élites militaresDe acuerdo con lo anunciado este miércoles por la Fiscalía estadounidense, Raúl Castro podría enfrentarse a la pena capital o a la cadena perpetua. Aunque es poco probable que el anciano líder revolucionario sea extraditado a EE.UU. su acusación marca un "paso importante" en la estrategia de la Administración republicana.Todo esto en medio de la ampliación de sanciones contra la cúpula dirigente cubana y el conglomerado empresarial militar Gaesa, y las amenazas de Trump de hacerse con el control del país caribeño de una forma u otra."Unos cargos penales, por supuesto, fueron el detonante para que las fuerzas estadounidenses entraran en Caracas en enero y extrajeran a Nicolás Maduro para que enfrentara la justicia en la ciudad de Nueva York", recordó Marczak.Esta es "una señal clara a los cubanos de que deben colaborar o, de lo contrario, EE.UU. irá tras uno de los líderes originales de la Revolución", resaltó el analista, quien agregó que una "extracción de Castro" significaría "un golpe importante a la postura de invencibilidad" del Gobierno de la isla comunista, lo que podría generar "un aumento de la demanda popular de cambio".
El Gobierno nacional le está pidiendo a la Contraloría General de la República que investigue el impacto de las altas tasas de interés del Banco de la República sobre el costo de la deuda pública.La declaración del Gobierno se da en respuesta a la oleada de críticas por la megasubasta de deuda pública del pasado 13 de mayo, que cerró con tasas del 14 % y cercanas al 15 % en algunas referencias. Es decir, el Gobierno está pagando actualmente tasas de interés históricamente altas para que los inversionistas locales le presten recursos con el fin de financiar el presupuesto.Sin embargo, para el Gobierno esto no es consecuencia de sus propias decisiones, sino del incremento de las tasas de interés del Banco de la República, que, según el Ejecutivo, le costará a la Nación 1,8 billones de pesos en intereses adicionales.“De eso no hablamos, a eso no se ha referido la Contraloría. Creo que la Contraloría debería referirse igualmente a estos temas, porque tienen impactos sobre la deuda pública y la estructura fiscal del país. Ahí consideramos que hay un vacío, en donde el Gobierno se quedó solo en la discusión institucional con el Banco de la República sobre esta decisión”, dijo Ávila en un evento auspiciado por la Contraloría General de la República.Según el Gobierno nacional, el aumento de las tasas de interés del Banco de la República en 2026 le costará al país 1,8 billones de pesos adicionales en intereses. Sin embargo, las tasas de la deuda pública siguieron aumentando en las últimas semanas, a pesar de que el Banco de la República mantuvo estables sus tasas de interés para mayo y junio. Vale recordar que el incremento de las tasas este año provocó semanas de discusiones públicas entre la junta directiva del Banco de la República y el Gobierno nacional.Las declaraciones de Ávila coinciden, además, con el anuncio de la Contraloría sobre investigaciones contra su oficina por el incremento del endeudamiento de la Nación y por lo que considera ineficiencias en el manejo de las finanzas públicas. Esta semana, la entidad envió un mensaje con “presunta incidencia disciplinaria” por el resultado de la megasubasta de TES del 13 de mayo, en la que advirtió sobre el incremento del costo de la deuda del Gobierno.En los últimos meses, Colombia ha sufrido rebajas en su calificación crediticia por parte de las agencias calificadoras de riesgo y hoy no solo se encuentra en un nivel de deuda especulativa, sino que además se acerca a una categoría de “altamente especulativa”, lo que dificulta la llegada de más inversionistas a los mercados de deuda.No se trata solo de un problema de falta de recursos, sino también de eficiencia administrativa: ContraloríaLa Contraloría General de la República ha venido haciendo seguimiento a la crisis fiscal y asegura que el Gobierno ha tenido serios problemas para ejecutar su propio presupuesto, lo que ha llevado a una “bajísima ejecución” en algunas entidades del orden nacional.“Las actuales presiones fiscales y el mayor costo del endeudamiento reflejan problemas de disciplina y rigurosidad fiscal”, señaló el ente de control.Vale recordar que la actual administración activó la cláusula de escape de la regla fiscal, con lo cual se flexibilizaron las metas de déficit para este año y el siguiente.¿Por qué el Gobierno insiste en una reforma tributaria?A pesar de las observaciones de la Contraloría General de la República, el Gobierno nacional insiste en que el problema no se resolverá reduciendo el gasto del Estado.Ávila sostuvo que, si el problema se resolviera únicamente por el lado del gasto, implicaría dejar de pagar salarios del sector público o pensiones. Por eso, considera que la solución de fondo pasa por una reforma tributaria estructural que aumente de manera permanente los ingresos del Estado durante varios años.
La Policía del estado brasileño de São Paulo detuvo este jueves a la popular influencer Deolane Bezerra por ser sospechosa de lavar dinero para la mayor facción criminal de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC).Bezerra, que tiene 22 millones de seguidores en Instagram, fue detenida junto a otras cinco personas en el marco de una operación durante la cual se bloquearon 327 millones de reales (unos 65 millones de dólares o 56 millones de euros).Además, los agentes requisaron al menos 17 vehículos, incluyendo carros de lujo, y embargaron cuatro inmuebles vinculados a los investigados.Entre los edificios registrados figura la mansión en la que vive Bezerra, una vasta propiedad en un condominio a las afueras de la ciudad de São Paulo con piscina y una amplia área verde.Según la Policía regional, los responsables de la trama usaban empresas fachada, transferían cantidades millonarias sin sustento económico, y adquirían bienes para ocultar el origen ilícito del dinero del PCC.La investigación arrancó tras analizar un celular requisado en una operación anterior y que mostró conversaciones con los líderes de la facción y transferencias financieras.Tres de los investigados fueron incluidos en la lista roja de la Interpol, al creer que se encuentran en Bolivia, Italia y España.En este último país, vive Paloma Sanches Camacho, sobrina del máximo jefe del PCC, reportaron los medios brasileños.Bezerra ya fue detenida en septiembre de 2024 durante una operación que investigaba un supuesto lavado de dinero de plataformas de apuestas digitales ilegales y pasó varios días en prisión preventiva antes de ser liberada.La influencer de 38 años, quien acababa de volver de Italia cuando fue detenida este jueves, acostumbra a exhibir ante sus seguidores el alto tren de vida que lleva, con viajes frecuentes y compras en tiendas de lujo, mientras hace publicidad de productos cosméticos.
Una comunera muerta, varios heridos y algunos vehículos incinerados dejó un enfrentamiento con palos y machetes entre las comunidades indígenas Misak y Nasa, que reclaman la propiedad de un predio de más de 8.000 hectáreas ubicado en el resguardo de Pitayó, zona rural del municipio de Silvia, Cauca.La comunidad del sector está pidiendo la intervención urgente del Gobierno nacional, la Fuerza Pública y las organizaciones de derechos humanos para evitar más muertes por esta confrontación.“Es una disputa territorial. Durante años el pueblo Misak usufructuó esta tierra; hace tres meses el predio fue tomado por el pueblo Nasa. Esta madrugada el pueblo Misak quiso retomar el control y en esa lucha nos acaban de asesinar una autoridad Misak”, manifestó uno de los comuneros indígenas desde la zona.La senadora indígena y candidato vicepresidencial Aida Quilcué, oriunda del departamento del Cauca, a través de sus redes sociales, hizo un llamado al diálogo para resolver el conflicto por tierras en esta región.