La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le negó la libertad, por el momento, al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.Mancuso había pedido el sometimiento tras ser aceptado por este tribunal, teniendo en cuenta que la libertad condicionada y anticipada es un beneficio que puede otorgar la justicia transicional a los comparecientes.“La concesión de la libertad transitoria, condicionada y anticipada, como lo ha dicho la misma Sección de Apelación, es un beneficio para construir confianza y no un derecho automático, en la medida en que su otorgamiento se encuentra estrictamente condicionada al cumplimiento del interesado con las obligaciones en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), pues no es posible el otorgamiento de beneficios incondicionales o automáticos en tanto de lo que se trata es de garantizar los derechos de las víctimas. Es decir, como beneficio que es, la JEP analiza unos requisitos y lo puede otorgar o no; y en el presente asunto, además de los previstos legalmente, se tienen los establecidos en el Auto 1633 de 2024”, señala la JEP en la decisión.Recordemos que Salvatore Mancuso ha sido designado gestor de paz por parte del Gobierno Nacional y el exjefe paramilitar también ha solicitado su libertad teniendo en cuenta las labores que debe cumplir bajo este rol.“No conceder, por el momento, la libertad transitoria, condicionada y anticipada solicitada por la defensa del señor Salvatore Mancuso Gómez”, decidió la JEP.Ordenan libertad para MancusoEl pasado mes de marzo, una jueza ordenó que al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se le otorgara libertad por un tiempo “de prueba” de cuatro años.“Se concederá al postulado condenado Salvatore Mancuso Gómez la libertad a prueba por un periodo de prueba de cuatro años”, aseguró la jueza Luz Marina Zamora en la audiencia en la jurisdicción especial Justicia y Paz en la que se definía si el exjefe paramilitar sería dejado en libertad.Cabe recordar que Mancuso fue nombrado gestor de paz por el presidente Gustavo Petro, en un intento de comenzar unos diálogos con el Clan del Golfo, de momento frustrados.Mancuso llegó este año a Bogotá procedente de EE. UU., luego de un proceso de deportación y tras cumplir una condena por narcotráfico. Mancuso ha estado investigado en Colombia por más de 75.000 crímenes, por lo que su deportación al país, que estuvo parada casi cuatro años por la pandemia de COVID-19 tras haber cumplido su pena en 2020, era esperada por sus víctimas.
Luego de que el 15 de abril varios firmantes del acuerdo de paz enviaran un derecho de petición a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, solicitando información sobre la situación jurídica de los firmantes de paz y además que “la decisión de esta instancia de la JEP, es una vulneración directa al acuerdo de paz que tergiversa lo pactado y atenta en contra de la seguridad jurídica de todos los firmantes de Paz”.La JEP en respuesta a esta solicitud, reiteró que han concedido 701 amnistías. Y además aclararon que estas amnistías se conceden a una sola persona por delito, es decir, que la persona puede tener un delito amnistiado, pero de igual manera puede tener otros procesos por delitos en otra sala o sección de la jurisdicción.Ante esto, el senador por el partido Comunes, Julián Gallo, arremetió contra la JEP y dijo que la jurisdicción se “descarriló” y que “perdió” su rumbo. Además, afirmó que ellos han asumido las responsabilidades de todo lo que sucedió durante el conflicto, y que es el Estado colombiano quien debe cumplirles. “Si el Estado cumple, la JEP puede llegar a cumplir”.Por último, el senador Gallo le sugirió a la JEP no tomar decisiones con base en el odio, y concluyó con que hay una necesidad de cerrar el conflicto, pero para esto se necesita verdad y reconciliación.
Los exjefes de las Farc afirmaron este lunes que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, está poniendo en riesgo el acuerdo que firmaron con el Gobierno en 2016 al no juzgar el secuestro y asesinato en 2004 de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas.Así se desprende de una carta publicada por Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes y último comandante de la guerrilla, en la que siete exjefes de las Farc aseguraron recibir "con sorpresa la decisión notificada por la JEP" por el caso en el cual se investiga la posible investigación implicación del miembro del último secretariado de ese grupo armado Rodrigo Granda."La decisión de esta instancia de la JEP es una vulneración directa al acuerdo de paz (firmado por el Gobierno y las Farc en 2016), pues tergiversa lo pactado y atenta directamente contra la seguridad jurídica de toda la población firmante de paz", afirmaron.En la misiva, firmada por Londoño, Granda, Pastor Alape, Jaime Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo y Julián Gallo, argumentan que con esto están excluyendo a un excombatiente por conductas "cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado"."En repetidas ocasiones hemos advertido sobre la violación del debido proceso, en las diferentes instancias, e incluso hemos elevado esa preocupación a la instancia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta decisión es la consumación del grave alejamiento en materia de justicia de lo pactado en el acuerdo final de paz", añadieron.Decisión tomadaLa JEP, que ofrece penas alternativas a prisión, estudiaba si incluir este hecho, por el que Paraguay pide la extradición de Granda, en el macrocaso 01, que juzga la "toma de rehenes, graves provocaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc" y finalmente decidió no hacerlo.Paraguay requiere a Granda por su supuesta implicación en el asesoramiento o colaboración en el secuestro de la hija del expresidente de ese país Raúl Cubas (1998-1999).Cubas fue secuestrada en 2005 y su cadáver fue hallado cinco meses después en una fosa en las afueras de Asunción.Posiblemente Granda asesoró al marxista Partido Patria Libre, PPL, el germen de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, para dicho secuestro de la hija del expresidente.La mujer apareció sin vida el 16 de febrero de 2005, enterrada en una casa de la periferia de Asunción tras cinco meses de búsqueda y pese a un cuantioso pago para su liberación, según un libro del periodista Andrés Colmán.Bajo el principio de territorialidad, la JEP ha determinado que en Colombia no hay "una autoridad judicial nacional que lo esté o lo haya procesado, por delitos cometidos en el marco de conflicto armado colombiano una autoridad judicial nacional que lo esté o lo haya procesado" por estos delitos.Por lo que "la JEP, claramente no tiene jurisdicción para asumir conocimiento por delitos cuya ocurrencia y persecución estén siendo llevadas por otras naciones y cuyas investigaciones estén por cuenta de autoridades extranjeras", apuntó este tribunal creado por el acuerdo de paz.Los exjefes de las Farc aseguraron hoy que han respondido a todos "los llamados de esta instancia de justicia transicional", así como han "honrado" su compromiso con "la verdad y los derechos de las víctimas".
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, comunicó este viernes 12 de abril, que no tiene potestad para juzgar el secuestro y asesinato en 2004 de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas, por el que se investiga la posible implicación del miembro del último secretariado de las extintas Farc Rodrigo Granda.La JEP, que ofrece penas alternativas a prisión, estudiaba si incluir este hecho, por el que Paraguay pide la extradición de Granda, en el macrocaso 01, que juzga la "toma de rehenes, graves provocaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc".Paraguay requiere a Granda, también conocido como 'Rodrigo Téllez' o el 'canciller de las Farc', por su supuesta implicación en el asesoramiento o colaboración en el secuestro de la hija del expresidente de ese país Raúl Cubas (1998-1999).Cubas fue secuestrada en 2005 y su cadáver fue hallado cinco meses después en una fosa en las afueras de Asunción.Posiblemente Granda asesoró al marxista Partido Patria Libre (PPL), el germen de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), para dicho secuestro de la hija del expresidente, que apareció sin vida el 16 de febrero de 2005, enterrada en una casa de la periferia de Asunción tras cinco meses de búsqueda y pese a un cuantioso pago para su liberación, según un libro del periodista Andrés Colmán.En octubre de 2022, la JEP le concedió a Granda "amnistía de iure" por el delito de rebelión por el que fue condenado por el juzgado tercero penal del circuito de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander el 21 de abril de 2006.Sin embargo ahora asegura que existe una "falta de jurisdicción (...) para administrar justicia en los hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2004 en Paraguay", a pesar de las pruebas presentadas por Granda.Bajo el principio de territorialidad, la JEP ha determinado que en Colombia no hay "una autoridad judicial nacional que lo esté o lo haya procesado, por delitos cometidos en el marco de conflicto armado colombiano una autoridad judicial nacional que lo esté o lo haya procesado" por estos delitos.Por lo que "la JEP, claramente no tiene jurisdicción para asumir conocimiento por delitos cuya ocurrencia y persecución estén siendo llevadas por otras naciones y cuyas investigaciones estén por cuenta de autoridades extranjeras", apuntó este tribunal creado por el acuerdo de paz de 2016 con las extintas Farc.
Salvatore Mancuso Gómez, quien fue comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, fue citado por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia a una declaración en el marco de la investigación en contra del senador Fabio Raúl Amín Saleme, y el excongresista William Veléz Mesa.Todo comenzó cuando la exsenadora del Partido de la U, Zulema Jattin, confesara ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, aceptó por primera vez haber realizado alianzas con grupos paramilitares con el fin de lograr beneficios electorales.Allí, Jattín nombró a alcaldes, gobernadores, congresistas (uno actual) e incluso al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien según la excongresista en el año 2002 lo visitó para manifestarle su preocupación por el accionar de los "paras" en la región de Córdoba que prohibían candidatos.En realidad, señaló que en esa reunión en el 2002 no solo estaba ella presente, sino que también la acompañaba el congresista sucreño Luis Felipe Villegas para denunciar ante Uribe, en El Ubérrimo, las injerencias paramilitares con nombres específicos.Sin embargo, profundizando más en los detalles, aseguró que Uribe le pidió alguna prueba escrita de dicha prohibición para hacer política en ciertas áreas, lo cual era imposible de obtener: "En ese momento era completamente imposible tener un documento que evidenciara una orden de cualquier líder paramilitar, ya que estaba claro que no podíamos acceder a lugares donde ellos no querían que estuviéramos. “Él me dijo que, dado que no tenía ninguna prueba concreta, creía que lo mejor era que no presentara esa denuncia, y que intentara hacer campaña en otras partes del departamento", afirmó Zulema Jattin.Por esta razón, la Jurisdicción Especial para la Paz compulsó copias de las declaraciones que entregó al excongresista Zulema Jattin sobre los presuntos nexos entre figuras políticas y grupos paramilitares.
Dairo Antonio Úsuga, conocido como 'Otoniel', ex líder máximo del Clan del Golfo y actualmente detenido en EE.UU. tras ser extraditado en 2022, ha revelado su implicación con la fuerza pública en la ejecución de civiles en el departamento colombiano del Meta, casos conocidos como "falsos positivos". Esta información fue proporcionada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el día de hoy.La JEP informó en un comunicado que 'Otoniel' ha ofrecido "información relevante sobre operaciones conjuntas para cometer asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados como supuestas bajas en combate por parte de la fuerza pública en el Meta". Además, durante tres días, habló sobre "su participación en la victimización contra miembros del partido Unión Patriótica".El diálogo entre el exjefe del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y los magistrados Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar de la Sala de Reconocimiento de la JEP, se llevó a cabo en la penitenciaría de máxima seguridad 'ADX' o 'Supermax' en Florence, Colorado.'Otoniel' también señaló vínculos entre miembros de la fuerza pública, políticos a nivel nacional y regional, y terceros civiles con los grupos armados ilegales a los que perteneció, como la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Clan del Golfo.La toma de testimonio, realizada con la colaboración del Departamento de Justicia de EE.UU., se llevó a cabo de manera reservada, garantizando la participación de las víctimas y sus representantes judiciales para hacer preguntas a 'Otoniel'.La JEP ahora analizará y valorará la información proporcionada por el exjefe paramilitar. Cabe destacar que Úsuga ya había sido escuchado como testigo por la JEP en 2022 cuando estaba en Colombia, antes de su extradición a EE.UU.Esta comparecencia no implica necesariamente que será juzgado por esta justicia especial, que ofrece penas alternativas a la prisión si el procesado proporciona suficiente verdad sobre los crímenes y reconoce su participación.
La Sala de Reconocimiento de la JEP llamó a rendir versión a Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar que deberá entregar información sobre las masacres de La Granja, ocurrida en 1996 en Antioquia, y por la masacre de El Aro, ocurrida en 1997 en Ituango."La Sala de Reconocimiento de la JEP comunicará esta decisión a las víctimas acreditadas en el Caso 08 que deseen participar a través de sus representantes judiciales. La fecha de esta diligencia se dará a conocer en las próximas semanas", explicó la JEP.Esta es la primera versión a la que deberá asistir Mancuso desde que fue aceptado por la JEP y se da en el marco de las investigaciones del caso 08, que indaga por las alianzas entre la fuerza pública y el paramilitarismo durante el conflicto armado.Mancuso fue admitido en la JEP después de varias versiones de una audiencia única de verdad, según los magistrados, hizo un aporte a la verdad que es relevante para las diferentes investigaciones de la jurisdicción.Es importante recordar que ante la JEP, el exjefe paramilitar señaló al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en el homicidio de Jesús María Valle y en la masacre del Aro."Mancuso también deberá brindar información sobre la consolidación de las ‘Convivir’ y detallar cómo a través de estos grupos de vigilancia privados se habrían ejecutado graves violaciones de derechos humanos contra integrantes de movimientos sociales. La sala trasladará a Mancuso Gómez informes de organizaciones de víctimas, sentencias de Justicia y Paz, así como de la justicia ordinaria, que contienen pruebas y testimonios sobre cómo se habrían dado estos hechos y los ocurridos en La Granja y El Aro" explica la JEP.
Para conocer las medidas que se han ejecutado en La Escombrera para proteger posibles cuerpos de víctimas de desaparición forzada, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a una audiencia pública de seguimiento al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.Aunque aún no se anunció la fecha ni lugar de esta audiencia, la sección de ausencia de reconocimiento de la JEP informará próximamente los detalles de este espacio, al que también se citan la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas y el Instituto de Medicina Legal."En el polígono de La Escombrera para garantizar por supuesto la búsqueda y, algo muy importante, son adecuaciones de infraestructuras para garantizar la seguridad de quienes vayan a realizar las búsquedas y se han hecho unas obras de infraestructura en la zona, que se vienen culminando en la parte alta frente al tema del manejo de las aguas", expresó el alcalde Federico Gutiérrez.Desde la JEP informaron que los funcionarios de las entidades citadas responderán a las preguntas de organizaciones de víctimas, la magistratura y la Procuraduría General de la Nación con su delegada ante la JEP, sobre las acciones realizadas para la recuperación de cuerpos que podrían estar en esa zona de Medellín.Le puede interesar:
Luego de que se conociera que Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, y quien era el máximo jefe del Clan del Golfo, brindará su testimonio el 9 y 10 de abril ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), representantes de víctimas en Antioquia pidieron que no se obstaculice nuevamente el aporte a la verdad, tal y como se pretendió con su extradición a Estados Unidos.Además de la notificación del testimonio de ‘Otoniel’, se avisó la posibilidad de radicar cuestionarios ante la Jurisdicción Especial para Paz por parte de los representantes de víctimas del Caso 03 y 06, por lo que se espera que esta vez sí tengan acceso a la verdad."Esperamos que estas declaraciones entreguen amplia información sobre su participación durante el conflicto armado y la convivencia de Fuerza Pública con paramilitarismo y empresarial. Las víctimas esperan que esta verdad pueda ser entregada y no ser obstaculice como se hizo en su anterior extradición", explicó Jackson Taborda, coordinador Jurídico Fundación Forjando Futuros.Úsuga dará su versión de los delitos que cometió en Colombia y el rol de la Fuerza Pública, desde donde está recluido en Estados Unidos.Le puede interesar:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lanzará este martes, 2 de abril, el sistema restaurativo con más de 40 militares procesados por casos de falsos positivos, que comenzarán a cumplir su pena con procesos de recuperación ambiental. El acto se adelantará en inmediaciones del embalse Chisacá, en la localidad de Usme, Bogotá.El sistema restaurativo es una instancia de la JEP que impulsa acciones que contribuyen a restaurar y sanar el daño causado durante el conflicto armado. Al respecto, el magistrado Roberto Carlos Vidal, presidente de la Jurisdicción, consideró que es un esfuerzo que, desde la justicia restaurativa, velará por la implementación de proyectos que incorporarán los trabajos, obras y actividades “con contenido restaurador y reparador” que deberán realizar los comparecientes que han aportado verdad y que han reconocido responsabilidad por los graves crímenes cometidos durante el conflicto armado.“Los proyectos restaurativos están diseñados para iniciar en 2024 y llevamos trabajando cerca de tres años para construirlos. Estarán allí trabajando, tanto miembros de la fuerza pública como miembros de la antigua guerrilla de las Farc-EP”, aseguró el magistrado Vidal.En la puesta en marcha del sistema restaurativo, la JEP dispondrá de siete líneas de proyectos que deberán realizar los comparecientes como parte de las sanciones y medidas que impondrá el tribunal para la paz: acción integral contra las minas, medio ambiente, naturaleza y territorio infraestructura rural y urbana; memorialización y reparación simbólica, daños diferenciales y macrovictimización, educación, alfabetización y capacitación de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.El magistrado Roberto Vidal explicó que tres de estas siete líneas de proyectos se implementarán a partir de enero de 2024 y que “quienes aportan verdad y reconocen responsabilidad, entran en una dinámica de trabajar, hasta ocho años, en estos proyectos para contribuir a la reparación y a la restauración de las víctimas”.Le puede interesar:
La comunidad venezolana en Bucaramanga ha mostrado su preocupación ante la nueva resolución del gobierno colombiano que exigiría pasaportes válidos para los migrantes provenientes de Venezuela. Con esta medida en el horizonte, la posibilidad de obtener un pasaporte válido se ve comprometida para muchos, debido a una serie de factores que dificultan el proceso migratorio.Según cuentan, uno de los principales obstáculos radica en la dificultad para reunir el dinero necesario para obtener el pasaporte. Con un costo aproximado de 400 dólares por persona, esta suma representa una barrera económica para muchos venezolanos que han llegado a Colombia en busca de mejores oportunidades tras la crisis económica en su país causada por el régimen de Nicolás Maduro.Además, la limitada operatividad de los consulados venezolanos en Colombia agrava la situación. Actualmente, solo cuatro consulados están en funcionamiento, y se encuentra en proceso de montaje el Consulado de Venezuela en Bucaramanga. Esta limitación dificulta aún más el acceso de los migrantes venezolanos a los servicios consulares necesarios para tramitar sus documentos de viaje."En Venezuela se necesitan aproximadamente 400 dólares para obtener un pasaporte por persona. Hasta la limitada operatividad en Colombia porque solo tenemos cuatro consulados activos, el que está en Bucaramanga ni siquiera ha sido abierto", indicó Alba Pereira, reconocida líder de la comunidad migrante en Santander.Otro factor preocupante es la imposibilidad de agendar citas a los consulados a través del sistema SAIME para aquellos que salieron irregularmente del país. Esta situación obliga a muchos venezolanos a regresar a Venezuela para iniciar el proceso de obtención del pasaporte, lo que representa un riesgo considerable para su seguridad y bienestar."Esto es muy preocupante considerando que el 60% de los 7.7 millones de venezolanos que salieron lo hicieron de manera irregular", agregó la líder.De acuerdo con datos de Encovi, la población de Venezuela asciende a aproximadamente 28 millones de habitantes, y según la última encuesta Delphos de Felix Seijas, el 25% de la población estaría dispuesta a emigrar. Además, se estima que el 80% de los potenciales migrantes aceleraría su decisión si el actual gobierno de Nicolás Maduro se mantiene en el poder, lo que representaría un éxodo masivo de aproximadamente 5.6 millones de personas.Vea también:
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció la liberación del proyecto del Regiotram de Occidente, que beneficiará a municipios como Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá.Esto luego de que el Ministerio de Ambiente emitiera un acto administrativo que exonera de licencia ambiental a proyectos ferroviarios que se basen en energías alternativas, como el Regiotram de Occidente y el futuro Regiotram del Norte.“Este decreto permitirá que las obras de este tren continúen, ya verán ustedes el desarrolo constructivo de la red férrea principal central, junto con las estaciones que se deben construir. El tener este decreto no significa que el proyecto no cumpla requisitos ambientales, nos circunscribiremos a la guía ambiental PAGA, en donde cada trámite ambiental será gestionado ante la autoridad territorial correspondiente”, aseguró el gobernadorEl acuerdo se logró, de acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, tras meses de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Departamento. El Regiotram de Occidente, que ya cuenta con un avance del 27%, estaba a la espera de esta decisión para continuar su proceso de construcción.El gobernador Jorge Emilio Rey enfatizó que, a pesar de la exoneración de licencia ambiental, el proyecto seguirá cumpliendo con todos los requisitos ambientales. Se comprometió a seguir la guía ambiental PAGA y a gestionar cada trámite ambiental ante la autoridad territorial correspondiente. Esto garantiza que el desarrollo del Regiotram de Occidente se realice de manera responsable y sostenible, según dijo el funcionarioRequisitos para proyectos ferroviarios exentos de licencia ambientalEl decreto establece que los proyectos ferroviarios exentos de licencia ambiental deben cumplir con ciertos requisitos, como desarrollarse en corredores ferroviarios existentes, integrarse a sistemas de transporte masivo, ser interurbanos y operar bajo sistemas eléctricos y de cero emisiones. Estas medidas aseguran que la infraestructura ferroviaria contribuya positivamente al medio ambiente y a la calidad de vida de los ciudadanos.
Un grupo de personas del barrio Américas Occidental de la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, intentó entrar a la fuerza hasta la vivienda de un profesor quien, de acuerdo con las denuncias, habría abusado de una menor de edad. Según las autoridades, todo empezó con un plantón de la comunidad en rechazo al hecho.La comunidad enardecida comenzó a atacar la fachada de la vivienda del profesor con patadas y piedras para intentar sacarlo del sitio y, de acuerdo con las autoridades, lincharlo por el presunto caso de abuso, por lo que tuvo que intervenir el grupo antidisturbios de la Policía de Bogotá. En un momento, la comunidad sostuvo fuertes enfrentamientos con el Esmad con piedras.“Nos llega un motivo de Policía en el cual un grupo de personas intenta ingresar a una vivienda. Al llegar al lugar observamos que las personas intentan sacar de la casa a uno de sus habitantes, por lo cual se hizo necesario utilizar un medio de transporte de la Policía con el fin de resguardar la integridad física de la persona”, dijo el Coronel Leonardo Bernal, comandante de la Policía de Kennedy.En medio de los enfrentamientos entre la Policía y la comunidad, hizo presencia en el sitio una tanqueta, vehículo en el cual fue extraído el presunto abusador de su propia vivienda, todo esto mientras continuaban los disturbios, en los cuales incluso hubo lacrimógenos. El profesor fue trasladado hacia uno URI de la Fiscalía donde fue puesto a disposición de las autoridades competentes.
Estos fueron los temas tratados y debatidos este jueve, 25 de abril, en Bla Bla Blu:Sexpedientes secretos estuvieron en Bla Bla Blu contando cómo es que luchan por un mundo con mejores experiencias sexuales para todos.En la segunda hora con 'Pobre secretaria' de Daniela Romo, hablaron de historias de oficina, chismes, amigos, planes y apodos.Escuche el programa completo en el siguiente enlace:
En el barrio de Nueva York, en la localidad de Kennedy, occidente de Bogotá, los ladrones de camionetas han vuelto a actuar. Esta vez, atacaron a varios hombres que se encontraban descargando mercancía frente a su vivienda. Los delincuentes golpearon a las víctimas y se llevaron el vehículo sin que la Policía llegara a tiempo.Según informó el Ojo de la noche, las víctimas tenían el vehículo con las puertas abiertas, estaban descargando una mercancía, cuando los ladrones llegaron en un vehículo particular, los atacaron, los golpearon con sus armas de fuego, los inmovilizaron y se llevaron la camioneta.“Estábamos recogiendo una papa, a las 11:20 de la noche, cuando nos abordaron tres sujetos en un Kia negro. Muchachos de aproximadamente entre los 20 y 23 años. Nos encañonaron, nos golpean y nos quitan la camioneta", contó una de las víctimas del robo.Alcaldía ofrece $15 millones para dar con responsables de quemar bus del SITP en BogotáEste hecho se suma al asesinato de una persona en Engativá, quien era el propietario de una sucursal bancaria. Según se pudo conocer, delincuentes llegaron y atacaron al hombre conocido como 'More' y le dispararon en varias oportunidades por robarle todo el dinero recaudado. Los delincuentes quedaron grabados en varias cámaras de seguridad y huyeron en un vehículo que los esperaba a media calle.La comunidad está consternada porque no es el primer hurto. A diario, dicen, están robando en las panaderías, en las casas, en los gimnasios y la Policía de Engativa no ha hecho nada.