Hablamos de la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz - JEP que negó la libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, considerando que no es un beneficio automático, sino que debe estar condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos relacionados con lo que dice el acuerdo del Teatro Colón.Esta determinación de la JEP no es un asunto menor, teniendo en cuenta que tanto Mancuso como sus abogados daban por descontado que el excabecilla de las AUC quedaría libre una vez fuera deportado a Colombia desde Estados Unidos, apelando a su designación como “gestor de paz” por parte del presidente Gustavo Petro.La Jurisdicción Especial de Paz le recordó a Mancuso que primero debe cumplirle a sus víctimas, antes de poder solicitar su libertad al amparo del acuerdo. La defensa del exjefe paramilitar desde ya anunció que apelará la decisión argumentando entre otras cosas, que los magistrados de la JEP ya han concedido la libertad a varios postulados que, según ellos, han cumplido menos requisitos que su defendido.Todavía no se conoce un pronunciamiento del Gobierno Nacional ante esta decisión de la JEP, pero adicionalmente no se conocen concretamente en qué consisten las gestiones de Salvatore Mancuso tras los beneficios que le concedió el Ejecutivo. Por ejemplo, todavía no se conocen detalles concretos sobre sus posibles acercamientos con los exjefes paramilitares para darle punto final al acuerdo con las antiguas AUC.Por otro lado, sigue el ataque de los antiguos cabecillas de las Farc contra la JEP, en las últimas horas hubo una nueva rueda de prensa de sus exjefes criticando las determinaciones de esa jurisdicción, en particular frente a una supuesta demora en firmar una serie de amnistías para un grupo de excombatientes que no han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad.El trasfondo de la nueva arremetida de los exjefes de las Farc contra la JEP tiene como telón de fondo, una determinación de esa jurisdicción de la semana pasada, que decidió no asumir las investigaciones contra Rodrigo Granda, excabecilla de ese grupo guerrillero, quien está siendo procesado por el secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay, Raúl Cubas, crimen por el cual, podría ser pedido en extradición por la justicia paraguaya en las próximas semanas.
El abogado de la familia del expresidente paraguayo Raúl Cubas (1998-1999) anunció este martes 16 de abril, que buscará la extradición a Paraguay de Rodrigo Granda, integrante del último secretariado de las extintas Farc y quien está investigado por su presunta implicación en el secuestro y asesinato, hace dos décadas, de Cecilia Cubas.El abogado Andrés Casati declaró a la radio ABC Cardinal que solicitarán al Tribunal de sentencias a cargo de la causa "una reiteración de la orden de captura internacional con fines de extradición" contra Granda, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia comunicó que no tiene potestad para juzgar este hecho.Consultado sobre la posibilidad de que requieran la extradición, Casati anticipó que la madre de Cecilia Cubas, la exsenadora Mirta Gusinky, "se encuentra firme y con la intención de que todos y cada uno de los responsables del secuestro y asesinato de su hija enfrenten los tribunales".Señaló que buscan que los acusados "sean juzgados por jueces independientes, y que los mismos, si tienen alguna deuda con la justicia, que la paguen"."Hasta el último responsable, es la intención de la señora Mirta; sin rencores, sin odios, pero sí con sed de justicia", agregó.Cubas fue secuestrada el 21 de septiembre de 2004 entre las ciudades de Fernando de la Mora y San Lorenzo y su cuerpo sin vida fue hallado en una casa en la ciudad de Ñemby, el 16 de febrero de 2005, pese al pago de un cuantioso pago para su liberación.La JEP, que ofrece penas alternativas a prisión, estudiaba si incluir este hecho, por el que Paraguay pide la extradición de Granda, en el macrocaso 01, que juzga la "toma de rehenes, graves provocaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc".Posiblemente Granda asesoró al marxista Partido Patria Libre (PPL), el germen de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), para dicho secuestro.En octubre de 2022, la JEP le concedió a Granda "amnistía de iure" por el delito de rebelión por el que fue condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, el 21 de abril de 2006.Sin embargo, ahora asegura que existe una "falta de jurisdicción (...) para administrar justicia en los hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2004 en Paraguay", a pesar de las pruebas presentadas por Granda.En octubre de 2021, Granda fue retenido en México, adonde había viajado para participar en un seminario internacional del Partido del Trabajo (PT). Sin embargo, retornó a su país sin que se hiciera efectiva la alerta roja de búsqueda y captura que pedía Paraguay para su extradición a ese país.Granda -según el partido Comunes, surgido de la desmovilización de las Farc había recibido autorización de la JEP para viajar a México y, por lo tanto, el Gobierno colombiano no podía pedir su detención a las autoridades de otro país.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP negó la solicitud de libertad condicionada de Salvatore Mancuso. El exjefe paramilitar había pedido la libertad tras ser aceptado por el tribunal y teniendo en cuenta que fue designado como gestor de paz por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.“La concesión de la libertad transitoria, condicionada y anticipada, como lo ha dicho la misma Sección de Apelación, es un beneficio para construir confianza y no un derecho automático, en la medida en que su otorgamiento se encuentra estrictamente condicionada al cumplimiento del interesado con las obligaciones en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), pues no es posible el otorgamiento de beneficios incondicionales o automáticos en tanto de lo que se trata es de garantizar los derechos de las víctimas. Es decir, como beneficio que es, la JEP analiza unos requisitos y lo puede otorgar o no; y en el presente asunto, además de los previstos legalmente, se tienen los establecidos en el Auto 1633 de 2024”, señala la JEP en la decisión.En diálogo con Blu Radio, Juan Carlos Villamizar, asesor de Mancuso y experto en justicia transicional, aseguró que el equipo de defensa ya prepara una apelación frente a la decisión, pues aunque reconocen que están de acuerdo en que la libertad no es automática, consideran que no se evaluaron otras condiciones que sí cumple el exjefe paramilitar."Registramos no uno, sino varios casos en los que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha otorgado libertades con muchos menos requisitos que los que ya cumple Mancuso; por lo tanto, estamos ante una situación en la que evidentemente no hay garantías y, por lo tanto, vamos a apelar esa decisión y a exponer de una manera fundada y detallada los argumentos que tenemos para creer que el señor Mancuso tiene derecho a el beneficio de la libertad condicional", agregó Villamizar.Para la defensa de Mancuso hay una situación de inseguridad jurídica para el exjefe paramilitar, debido al conflicto de competencia entre Justicia y Paz y la JEP, un tema que deberá resolver la Corte Constitucional."Hablamos de una persona que ha cumplido con su condena y no hay justificación alguna para que siga privado de la libertad, y al día de hoy no hay un juez que tome esa decisión por una cuestión de competencia; por lo tanto, sigue privado de la libertad una persona que no debería estar en tal situación. Súmele a ello que esta persona fue nombrada gestor de paz por el Gobierno para desarrollar una tarea de vital importancia en la agenda de paz de este país, elemento que la Sala de Definición tampoco tuvo en cuenta", explicó el asesor del exjefe paramilitar.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le negó la libertad, por el momento, al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.Mancuso había pedido el sometimiento tras ser aceptado por este tribunal, teniendo en cuenta que la libertad condicionada y anticipada es un beneficio que puede otorgar la justicia transicional a los comparecientes.“La concesión de la libertad transitoria, condicionada y anticipada, como lo ha dicho la misma Sección de Apelación, es un beneficio para construir confianza y no un derecho automático, en la medida en que su otorgamiento se encuentra estrictamente condicionada al cumplimiento del interesado con las obligaciones en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), pues no es posible el otorgamiento de beneficios incondicionales o automáticos en tanto de lo que se trata es de garantizar los derechos de las víctimas. Es decir, como beneficio que es, la JEP analiza unos requisitos y lo puede otorgar o no; y en el presente asunto, además de los previstos legalmente, se tienen los establecidos en el Auto 1633 de 2024”, señala la JEP en la decisión.Recordemos que Salvatore Mancuso ha sido designado gestor de paz por parte del Gobierno Nacional y el exjefe paramilitar también ha solicitado su libertad teniendo en cuenta las labores que debe cumplir bajo este rol.“No conceder, por el momento, la libertad transitoria, condicionada y anticipada solicitada por la defensa del señor Salvatore Mancuso Gómez”, decidió la JEP.Ordenan libertad para MancusoEl pasado mes de marzo, una jueza ordenó que al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se le otorgara libertad por un tiempo “de prueba” de cuatro años.“Se concederá al postulado condenado Salvatore Mancuso Gómez la libertad a prueba por un periodo de prueba de cuatro años”, aseguró la jueza Luz Marina Zamora en la audiencia en la jurisdicción especial Justicia y Paz en la que se definía si el exjefe paramilitar sería dejado en libertad.Cabe recordar que Mancuso fue nombrado gestor de paz por el presidente Gustavo Petro, en un intento de comenzar unos diálogos con el Clan del Golfo, de momento frustrados.Mancuso llegó este año a Bogotá procedente de EE. UU., luego de un proceso de deportación y tras cumplir una condena por narcotráfico. Mancuso ha estado investigado en Colombia por más de 75.000 crímenes, por lo que su deportación al país, que estuvo parada casi cuatro años por la pandemia de COVID-19 tras haber cumplido su pena en 2020, era esperada por sus víctimas.
Luego de que el 15 de abril varios firmantes del acuerdo de paz enviaran un derecho de petición a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, solicitando información sobre la situación jurídica de los firmantes de paz y además que “la decisión de esta instancia de la JEP, es una vulneración directa al acuerdo de paz que tergiversa lo pactado y atenta en contra de la seguridad jurídica de todos los firmantes de Paz”.La JEP en respuesta a esta solicitud, reiteró que han concedido 701 amnistías. Y además aclararon que estas amnistías se conceden a una sola persona por delito, es decir, que la persona puede tener un delito amnistiado, pero de igual manera puede tener otros procesos por delitos en otra sala o sección de la jurisdicción.Ante esto, el senador por el partido Comunes, Julián Gallo, arremetió contra la JEP y dijo que la jurisdicción se “descarriló” y que “perdió” su rumbo. Además, afirmó que ellos han asumido las responsabilidades de todo lo que sucedió durante el conflicto, y que es el Estado colombiano quien debe cumplirles. “Si el Estado cumple, la JEP puede llegar a cumplir”.Por último, el senador Gallo le sugirió a la JEP no tomar decisiones con base en el odio, y concluyó con que hay una necesidad de cerrar el conflicto, pero para esto se necesita verdad y reconciliación.
Los exjefes de las Farc afirmaron este lunes que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, está poniendo en riesgo el acuerdo que firmaron con el Gobierno en 2016 al no juzgar el secuestro y asesinato en 2004 de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas.Así se desprende de una carta publicada por Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes y último comandante de la guerrilla, en la que siete exjefes de las Farc aseguraron recibir "con sorpresa la decisión notificada por la JEP" por el caso en el cual se investiga la posible investigación implicación del miembro del último secretariado de ese grupo armado Rodrigo Granda."La decisión de esta instancia de la JEP es una vulneración directa al acuerdo de paz (firmado por el Gobierno y las Farc en 2016), pues tergiversa lo pactado y atenta directamente contra la seguridad jurídica de toda la población firmante de paz", afirmaron.En la misiva, firmada por Londoño, Granda, Pastor Alape, Jaime Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo y Julián Gallo, argumentan que con esto están excluyendo a un excombatiente por conductas "cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado"."En repetidas ocasiones hemos advertido sobre la violación del debido proceso, en las diferentes instancias, e incluso hemos elevado esa preocupación a la instancia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta decisión es la consumación del grave alejamiento en materia de justicia de lo pactado en el acuerdo final de paz", añadieron.Decisión tomadaLa JEP, que ofrece penas alternativas a prisión, estudiaba si incluir este hecho, por el que Paraguay pide la extradición de Granda, en el macrocaso 01, que juzga la "toma de rehenes, graves provocaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc" y finalmente decidió no hacerlo.Paraguay requiere a Granda por su supuesta implicación en el asesoramiento o colaboración en el secuestro de la hija del expresidente de ese país Raúl Cubas (1998-1999).Cubas fue secuestrada en 2005 y su cadáver fue hallado cinco meses después en una fosa en las afueras de Asunción.Posiblemente Granda asesoró al marxista Partido Patria Libre, PPL, el germen de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, para dicho secuestro de la hija del expresidente.La mujer apareció sin vida el 16 de febrero de 2005, enterrada en una casa de la periferia de Asunción tras cinco meses de búsqueda y pese a un cuantioso pago para su liberación, según un libro del periodista Andrés Colmán.Bajo el principio de territorialidad, la JEP ha determinado que en Colombia no hay "una autoridad judicial nacional que lo esté o lo haya procesado, por delitos cometidos en el marco de conflicto armado colombiano una autoridad judicial nacional que lo esté o lo haya procesado" por estos delitos.Por lo que "la JEP, claramente no tiene jurisdicción para asumir conocimiento por delitos cuya ocurrencia y persecución estén siendo llevadas por otras naciones y cuyas investigaciones estén por cuenta de autoridades extranjeras", apuntó este tribunal creado por el acuerdo de paz.Los exjefes de las Farc aseguraron hoy que han respondido a todos "los llamados de esta instancia de justicia transicional", así como han "honrado" su compromiso con "la verdad y los derechos de las víctimas".
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, comunicó este viernes 12 de abril, que no tiene potestad para juzgar el secuestro y asesinato en 2004 de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas, por el que se investiga la posible implicación del miembro del último secretariado de las extintas Farc Rodrigo Granda.La JEP, que ofrece penas alternativas a prisión, estudiaba si incluir este hecho, por el que Paraguay pide la extradición de Granda, en el macrocaso 01, que juzga la "toma de rehenes, graves provocaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc".Paraguay requiere a Granda, también conocido como 'Rodrigo Téllez' o el 'canciller de las Farc', por su supuesta implicación en el asesoramiento o colaboración en el secuestro de la hija del expresidente de ese país Raúl Cubas (1998-1999).Cubas fue secuestrada en 2005 y su cadáver fue hallado cinco meses después en una fosa en las afueras de Asunción.Posiblemente Granda asesoró al marxista Partido Patria Libre (PPL), el germen de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), para dicho secuestro de la hija del expresidente, que apareció sin vida el 16 de febrero de 2005, enterrada en una casa de la periferia de Asunción tras cinco meses de búsqueda y pese a un cuantioso pago para su liberación, según un libro del periodista Andrés Colmán.En octubre de 2022, la JEP le concedió a Granda "amnistía de iure" por el delito de rebelión por el que fue condenado por el juzgado tercero penal del circuito de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander el 21 de abril de 2006.Sin embargo ahora asegura que existe una "falta de jurisdicción (...) para administrar justicia en los hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2004 en Paraguay", a pesar de las pruebas presentadas por Granda.Bajo el principio de territorialidad, la JEP ha determinado que en Colombia no hay "una autoridad judicial nacional que lo esté o lo haya procesado, por delitos cometidos en el marco de conflicto armado colombiano una autoridad judicial nacional que lo esté o lo haya procesado" por estos delitos.Por lo que "la JEP, claramente no tiene jurisdicción para asumir conocimiento por delitos cuya ocurrencia y persecución estén siendo llevadas por otras naciones y cuyas investigaciones estén por cuenta de autoridades extranjeras", apuntó este tribunal creado por el acuerdo de paz de 2016 con las extintas Farc.
Salvatore Mancuso Gómez, quien fue comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, fue citado por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia a una declaración en el marco de la investigación en contra del senador Fabio Raúl Amín Saleme, y el excongresista William Veléz Mesa.Todo comenzó cuando la exsenadora del Partido de la U, Zulema Jattin, confesara ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, aceptó por primera vez haber realizado alianzas con grupos paramilitares con el fin de lograr beneficios electorales.Allí, Jattín nombró a alcaldes, gobernadores, congresistas (uno actual) e incluso al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien según la excongresista en el año 2002 lo visitó para manifestarle su preocupación por el accionar de los "paras" en la región de Córdoba que prohibían candidatos.En realidad, señaló que en esa reunión en el 2002 no solo estaba ella presente, sino que también la acompañaba el congresista sucreño Luis Felipe Villegas para denunciar ante Uribe, en El Ubérrimo, las injerencias paramilitares con nombres específicos.Sin embargo, profundizando más en los detalles, aseguró que Uribe le pidió alguna prueba escrita de dicha prohibición para hacer política en ciertas áreas, lo cual era imposible de obtener: "En ese momento era completamente imposible tener un documento que evidenciara una orden de cualquier líder paramilitar, ya que estaba claro que no podíamos acceder a lugares donde ellos no querían que estuviéramos. “Él me dijo que, dado que no tenía ninguna prueba concreta, creía que lo mejor era que no presentara esa denuncia, y que intentara hacer campaña en otras partes del departamento", afirmó Zulema Jattin.Por esta razón, la Jurisdicción Especial para la Paz compulsó copias de las declaraciones que entregó al excongresista Zulema Jattin sobre los presuntos nexos entre figuras políticas y grupos paramilitares.
Dairo Antonio Úsuga, conocido como 'Otoniel', ex líder máximo del Clan del Golfo y actualmente detenido en EE.UU. tras ser extraditado en 2022, ha revelado su implicación con la fuerza pública en la ejecución de civiles en el departamento colombiano del Meta, casos conocidos como "falsos positivos". Esta información fue proporcionada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el día de hoy.La JEP informó en un comunicado que 'Otoniel' ha ofrecido "información relevante sobre operaciones conjuntas para cometer asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados como supuestas bajas en combate por parte de la fuerza pública en el Meta". Además, durante tres días, habló sobre "su participación en la victimización contra miembros del partido Unión Patriótica".El diálogo entre el exjefe del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y los magistrados Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar de la Sala de Reconocimiento de la JEP, se llevó a cabo en la penitenciaría de máxima seguridad 'ADX' o 'Supermax' en Florence, Colorado.'Otoniel' también señaló vínculos entre miembros de la fuerza pública, políticos a nivel nacional y regional, y terceros civiles con los grupos armados ilegales a los que perteneció, como la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Clan del Golfo.La toma de testimonio, realizada con la colaboración del Departamento de Justicia de EE.UU., se llevó a cabo de manera reservada, garantizando la participación de las víctimas y sus representantes judiciales para hacer preguntas a 'Otoniel'.La JEP ahora analizará y valorará la información proporcionada por el exjefe paramilitar. Cabe destacar que Úsuga ya había sido escuchado como testigo por la JEP en 2022 cuando estaba en Colombia, antes de su extradición a EE.UU.Esta comparecencia no implica necesariamente que será juzgado por esta justicia especial, que ofrece penas alternativas a la prisión si el procesado proporciona suficiente verdad sobre los crímenes y reconoce su participación.
La Sala de Reconocimiento de la JEP llamó a rendir versión a Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar que deberá entregar información sobre las masacres de La Granja, ocurrida en 1996 en Antioquia, y por la masacre de El Aro, ocurrida en 1997 en Ituango."La Sala de Reconocimiento de la JEP comunicará esta decisión a las víctimas acreditadas en el Caso 08 que deseen participar a través de sus representantes judiciales. La fecha de esta diligencia se dará a conocer en las próximas semanas", explicó la JEP.Esta es la primera versión a la que deberá asistir Mancuso desde que fue aceptado por la JEP y se da en el marco de las investigaciones del caso 08, que indaga por las alianzas entre la fuerza pública y el paramilitarismo durante el conflicto armado.Mancuso fue admitido en la JEP después de varias versiones de una audiencia única de verdad, según los magistrados, hizo un aporte a la verdad que es relevante para las diferentes investigaciones de la jurisdicción.Es importante recordar que ante la JEP, el exjefe paramilitar señaló al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en el homicidio de Jesús María Valle y en la masacre del Aro."Mancuso también deberá brindar información sobre la consolidación de las ‘Convivir’ y detallar cómo a través de estos grupos de vigilancia privados se habrían ejecutado graves violaciones de derechos humanos contra integrantes de movimientos sociales. La sala trasladará a Mancuso Gómez informes de organizaciones de víctimas, sentencias de Justicia y Paz, así como de la justicia ordinaria, que contienen pruebas y testimonios sobre cómo se habrían dado estos hechos y los ocurridos en La Granja y El Aro" explica la JEP.
En el barrio Vera Judith, del municipio de Fundación, Magdalena, fue abandonada una nevera de icopor que a su alrededor tenía pegado un pliego de cartulina con un aterrador mensaje el cual decía: "Esto le va a pasar a todos aquellos que vendan drogas y cobren extorsión".Ciudadanos que se tropezaron con el particular elemento, decidieron abrirlo descubriendo una macabra escena. Dentro permanecía el cuerpo desmembrado de un hombre cuya identidad aún se desconoce, informó la Policía.Otras partes del cuerpo habrían sido dejadas abandonadas dentro de bolsas negras en otro punto del mismo barrio.El coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante Departamento de Policía Magdalena, señaló que ante los reciente hechos fue convocado un consejo extraordinario de seguridad: “La noche de este lunes fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en una cava de icopor que aún no ha sido identificado. En las próximas horas se llevará a cabo con la alcaldía municipal un consejo extraordinario de seguridad con el fin de definir estrategias que permitan fortalecer la seguridad y convivencia en este municipio”, dijo el oficial.Investigan a dos campesinos por matar a un Puma en Plato, MagdalenaEl comandante de la Policía informó que las diligencias judiciales están a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía, mientras que la Policía de desplegó un componente institucional para llegar a los autores de este escalofriante crimen.
La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, pidió este lunes al presidente Gustavo Petro apartar a los funcionarios implicados en corrupción en la compra de camiones cisterna para llevar agua potable al departamento caribeño de La Guajira, de quienes dijo que ponen al "Gobierno contra la pared"."Yo no ayudé a hacer un esfuerzo tan grande para que ahora unos bellacos villanos pongan al Gobierno contra la pared", manifestó Márquez en un acto público en la localidad de Soacha, situada al sur de Bogotá.Hace varias semanas la prensa denunció la malversación de 46.800 millones de pesos (unos 12 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua a las zonas desérticas de La Guajira mediante contratos que hizo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero.En el centro del escándalo está Olmedo López, un político de izquierda que entre abril de 2023 y febrero de este año fue director de la UNGRD, entidad que supuestamente también usó dinero de ese proyecto para pagar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, con el fin de que apoyaran en el Congreso la aprobación de las reformas sociales del Gobierno.La vicepresidenta aseguró igualmente que toda su vida ha luchado contra la corrupción y que "quienes crean que van a seguir aquí robándose al pueblo, yo creo que están en el lugar equivocado y tienen que irse, con todo el respeto, señor presidente".Francia Márquez afirmó que “entiende” propuesta de presidente Petro de hacer una ConstituyenteAnte el crecimiento del escándalo, Olmedo López pidió que se le permita declarar ante la Fiscalía y colaborar con la Justicia a cambio de beneficios penales y protección para él y su familia.La Fiscalía también tiene previsto escuchar a Sneyder Pinilla, que hasta el pasado 6 de marzo fue subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD y quien el viernes reveló el pago de sobornos por 3.000 millones de pesos en efectivo (unos 770.000 dólares de hoy) a Name y de 1.000 millones de pesos (unos 257.000 dólares) a Calle.Otra implicada en el caso, la consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, presentó hoy su renuncia a Petro, mientras que el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, se mantiene en el cargo pese a que también se le vincula al escándalo.
Páramo Presenta, organizador oficial del Festival Cordillera 2024, y Musictrends confirmaron que, este martes, 7 de mayo, saldrá el cartel oficial de esta tercera edición del festival en el Parque Simón Bolívar, que, por ahora, solo se mantienen rumores de los posibles artistas que estarán.La cordillera estará de fiesta el fin de semana del 14 y 15 de septiembre en la capital colombiana con un line up de alta calidad con lo mejor de la región. Esta sería la tercera edición de este festival que, a diferencia del Estéreo Picnic, reúne en especial artistas de Latinoamérica.Desde este martes, 7 de mayo, a las 10:00 de la mañana, ¡se habilitará la preventa para combos de días para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale!, a través de la ETicket. La venta general arrancará hasta el 2 de mayo. La compra la puede hacer en el siguiente link: https://www.eticket.co/eventos.aspx?idartista=727¿Cuáles artistas han estado en el Festival Cordillera?En 2022 y 2023, Bogotá disfrutó del inicio de una fiesta regional que enalteció las raíces latinoamericanas, en especial por su música con base al rock y otros géneros que han llevado en alto la bandera latina en el mundo.En el primer año en el cartel aparecieron Maná, Los Fabulosos Cadillacs, Caifanes, Zoé, Café Tacvba, Los Auténtico Decadentes, Molotov, Draco Rosa, Julieta Vanegas, Mon Laferte, No Te Va Gustar, entre otros.Mientras que, en el segundo, es decir el 2023, estuvieron Juanes, Residente, Andrés Calamaro, Los Caligaris, Los Ángeles Azules, Damián Marley, Enanitos Verdes, Dread Mar I, Cuarteto de Nos, Cultura Profética, entre otros.¿Quiénes estarán en la edición 2024?Hasta ahora solo han corrido rumores en redes sociales por parte de algunos usuarios. Sin embargo, Páramo será el que haga oficial el line up este 7 de mayo.Pero, entre los supuestos nombres que han sonado están cantantes y agrupaciones como Enrique Bunbury, Fito Páez, Hombres G, La Mosca Tse Tse, Ska-P, Belanova, entre otros; sin embargo, solo son rumores sin confirmación alguna.¿Cuáles son los precios del Festival Cordillera 2024?LocalidadFasePrecioServicioPrecio totalCombo VIP Etapa 1$848.000 $171.000 $1.019.000Combo VIP Etapa 2$898.000 $181.000 $1.079.000Combo general Etapa 1$490.000 $99.000 $589.000Combo generalEtapa 2$523.000 $106.000 $629.000
Este lunes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos nacionales e internacionales más importantes acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
Estos fueron los temas tratados y debatidos este lunes, 6 de mayo de 2024, Blog Deportivo.Balance primera fecha de los cuadrangulares de la liga colombiana."Las finales más que jugar bonito es competir": Juan Pablo Patiño, jugador de Once Caldas.Los mejores jugadores de la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-I.Tercera etapa del Giro de Italia y cómo están los colombianos.