JEP mantiene sometimiento del exsenador Álvaro Ashton por revelar nexos entre políticos y AUC

Según Álvaro Ashton, dichas alianzas involucraron a dirigentes políticos, miembros de la fuerza pública y empresarios, quienes colaboraron con el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC, comandado por ‘Don Antonio’ (Édgar Ignacio Flórez Fierro) y Carlos Mario García Ávila.En audiencia única de aporte a la verdad plena Ashton confirmó la existencia de pactos económicos, políticos y electorales entre actores públicos y privados que facilitaron la cooptación de instituciones, la manipulación de elecciones y el control político en Atlántico y Magdalena.Ashton reconoció su responsabilidad política y moral, aseguró que sus actuaciones “contribuyeron a la expansión y consolidación de esos grupos al margen de la ley” y ofreció un perdón público a los ciudadanos de Barranquilla. Además, se comprometió a participar en proyectos restaurativos, de memoria y reparación colectiva en beneficio de las víctimas del Atlántico y el Magdalena.Durante su intervención, el exsenador señaló a varios dirigentes que habrían tenido acercamientos o acuerdos con estructuras paramilitares.Entre ellos, mencionó a los congresistas Efraín Cepeda, David Char Navas, Mario Enrique Varón Olarte, Jaime Cervantes Várelo, Jorge Gerlein Echeverría y el hoy ministro del Interior Armando Benedetti, a quien atribuyó la promoción de artículos de la Ley 975 de 2005 favorables a las AUC.Ashton relató que incluso algunos miembros de la logia masónica de Barranquilla habrían facilitado reuniones y acercamientos entre empresarios, políticos y emisarios de las AUC, usando la organización como espacio de “influencia social y legitimación pública” de esos acuerdos.La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP definió que los aportes de Álvaro Ashton ayudan al entendimiento del fenómeno de la parapolítica y de la relación entre el poder político, económico y los grupos armados ilegales en el Caribe colombiano.Por ello, ordenó mantener su sometimiento y remitir copias de sus declaraciones a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, para que determinen si procede iniciar investigaciones penales contra las personas mencionadas.