La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra el senador Efraín Cepeda tras la compulsa de copias de la JEP al alto tribunal sobre las declaraciones que entregó el exsenador Álvaro Ashton donde aseguró que Cepeda tendría alianzas con grupos paramilitaresEn octubre del 2025, a la Corte Suprema de Justicia llegó una compulsa de copias proveniente desde la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), luego de que ese tribunal de justicia transicional mantuviera el sometimiento del exsenador liberal Álvaro Ashton, quien reveló presuntos nexos entre las AUC y políticos colombianos.En ese sentido, se abrieron dos radicados el del ministro del Interior, Armando Benedetti, le correspondió al magistrado Reyes, quien está analizando el tema para determinar si los hechos corresponden a otra investigación que ya exista contra el jefe de esta cartera.Y el del congresista conservador Efraín Cepeda le correspondió al magistrado Francisco Farfán quien abrió indagación previa y ordenó escuchar a Álvaro Asthton en ampliación de denuncia y a Cepeda en versión libre, que se llevará a cabo el próximo 18 de febrero.¿Cuáles fueron las revelaciones de Álvaro Ashton en la JEP?Según Álvaro Ashton, dichas alianzas involucraron a dirigentes políticos, miembros de la fuerza pública y empresarios, quienes colaboraron con el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC, comandado por ‘Don Antonio’ (Édgar Ignacio Flórez Fierro) y Carlos Mario García Ávila.En audiencia única de aporte a la verdad plena, Ashton confirmó la existencia de pactos económicos, políticos y electorales entre actores públicos y privados que facilitaron la cooptación de instituciones, la manipulación de elecciones y el control político en Atlántico y Magdalena.Ashton reconoció su responsabilidad política y moral, aseguró que sus actuaciones “contribuyeron a la expansión y consolidación de esos grupos al margen de la ley” y ofreció un perdón público a los ciudadanos de Barranquilla. Además, se comprometió a participar en proyectos restaurativos, de memoria y reparación colectiva en beneficio de las víctimas del Atlántico y el Magdalena.Durante su intervención, el exsenador señaló a varios dirigentes que habrían tenido acercamientos o acuerdos con estructuras paramilitares.Entre ellos, mencionó a los congresistas Efraín Cepeda, David Char Navas, Mario Enrique Varón Olarte, Jaime Cervantes Várelo, Jorge Gerlein Echeverría y el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien atribuyó la promoción de artículos de la Ley 975 de 2005 favorables a las AUC.Ashton relató que incluso algunos miembros de la logia masónica de Barranquilla habrían facilitado reuniones y acercamientos entre empresarios, políticos y emisarios de las AUC, usando la organización como espacio de “influencia social y legitimación pública” de esos acuerdos.
Según Álvaro Ashton, dichas alianzas involucraron a dirigentes políticos, miembros de la fuerza pública y empresarios, quienes colaboraron con el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC, comandado por ‘Don Antonio’ (Édgar Ignacio Flórez Fierro) y Carlos Mario García Ávila.En audiencia única de aporte a la verdad plena Ashton confirmó la existencia de pactos económicos, políticos y electorales entre actores públicos y privados que facilitaron la cooptación de instituciones, la manipulación de elecciones y el control político en Atlántico y Magdalena.Ashton reconoció su responsabilidad política y moral, aseguró que sus actuaciones “contribuyeron a la expansión y consolidación de esos grupos al margen de la ley” y ofreció un perdón público a los ciudadanos de Barranquilla. Además, se comprometió a participar en proyectos restaurativos, de memoria y reparación colectiva en beneficio de las víctimas del Atlántico y el Magdalena.Durante su intervención, el exsenador señaló a varios dirigentes que habrían tenido acercamientos o acuerdos con estructuras paramilitares.Entre ellos, mencionó a los congresistas Efraín Cepeda, David Char Navas, Mario Enrique Varón Olarte, Jaime Cervantes Várelo, Jorge Gerlein Echeverría y el hoy ministro del Interior Armando Benedetti, a quien atribuyó la promoción de artículos de la Ley 975 de 2005 favorables a las AUC.Ashton relató que incluso algunos miembros de la logia masónica de Barranquilla habrían facilitado reuniones y acercamientos entre empresarios, políticos y emisarios de las AUC, usando la organización como espacio de “influencia social y legitimación pública” de esos acuerdos.La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP definió que los aportes de Álvaro Ashton ayudan al entendimiento del fenómeno de la parapolítica y de la relación entre el poder político, económico y los grupos armados ilegales en el Caribe colombiano.Por ello, ordenó mantener su sometimiento y remitir copias de sus declaraciones a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, para que determinen si procede iniciar investigaciones penales contra las personas mencionadas.
La JEP citó al excomgresista liberal Álvaro Ashton a una audiencia única de verdad para determinar si finalmente lo expulsan o no.Ashton había sido expulsado, pues la jurisdicción consideró que los aportes a la verdad del exsenador, en los procesos que es investigado por parapolítica, eran insuficientes y vagos. Sin embargo, tras una apelación de la defensa de Ashton esa decisión fue revocada.El excongresista había sido citado los días 21 y 22 de noviembre; sin embargo, la diligencia fue aplazada.“Ateniendo una situación administrativa relacionada con la magistrada auxiliar Comisionada, resulta imposible llevar a cabo la diligencia citada, por lo que con miras a garantizar los derechos del compareciente y la participación efectiva de los intervinientes especiales bajo el enfoque del diálogo restaurativo, se reprogramará la audiencia adicional de aporte a la verdad plena, para el jueves 20 y viernes veintiuno 21 de febrero de 2025, a partir de las 9:00 a.m., en la sede principal de esta Jurisdicción en la ciudad de Bogotá”, se lee en la resolución.En otra resolución, los magistrados habían aclarado que Ashton debía hablar sobre la connivencia entre el frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC y agentes del Estado. También deberá entregar nombres de personas naturales que participaron en la conformación, incursión, instalación, financiación y operación de las Autodefensas. Entre otras cosas, el excongresista debe contar, si sabe, sobre alianzas y acuerdos entre representantes de instituciones del Estado y las AUC."El compareciente debe dar cuenta si es de su conocimiento de los fenómenos de macrocriminalidad y victimización que comprometieron a integrantes de los grupos armados ilegales con los que, al parecer, se concertó para promoverlos, así como las redes, nexos y patrones. En específico, las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), especialmente aquellas que reflejen patrones o que tengan carácter masivo, y las particularidades de la connivencia o la relación simbiótica entre el paramilitarismo y algunos representantes de la institucionalidad del Estado en todas sus ramas y niveles", explicó la JEP al citar a Ashton.
El pasado mes de octubre la sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP decidió expulsar al exsenador liberal Álvaro Ashton, argumentando que sus aportes de verdad sobre los procesos que se le siguen por parapolítica y soborno a un juez fueron insuficientes, vagos y sin fundamentos.Sin embargo, en las últimas horas la sala de definición, teniendo en cuenta un concepto de la sección de apelación, decidió revocar parcialmente la expulsión.Lo anterior, argumentando que antes de proceder a la expulsión se debía abrir un incidente de incumplimiento; es decir, evaluar si Ashton no estaba aportando verdad, pero darle la oportunidad de demostrar, si él quería, que sus aportes ante la JEP si han sido importantes, teniendo en cuenta, además, que esta jurisdicción le concedió la libertad.“Cuando la sala advierte conductas que defraudan la condicionalidad del sistema y se han concedido beneficios provisionales como la libertad transitoria, condicionada y anticipada, mediante decisión que ha hecho tránsito a cosa juzgada, lo procedente es iniciar el trámite reglado del incidente de incumplimiento”, advirtió la JEP en su decisión.Esto quiere decir que ahora Ashton tendrá abierto el incidente de incumplimiento, pero podrá presentar pruebas ante la jurisdicción que demuestren, según él, que desde que se sometió a la JEP sí ha aportado detalles e información importante. Si no lo logra, su proceso será devuelto a la justicia ordinaria y tendrá que volver a prisión.Siga y escuche el podcast de La Intérprete:
La Jurisdicción Especial para la Paz revocó el sometimiento del exsenador Álvaro Ashton por considerar insuficiente su colaboración y entrega de información a esa justicia y revocó el beneficio de libertad provisional que había otorgado desde el 27 de septiembre de 2019.La decisión fue tomada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, que estaba estudiando su sometimiento para que conociera los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y amenazas.Desde que se sometió a la JEP, Ashton presentó un plan de entrega de versiones en las cuales contaría detalles de su relación con los paramilitares, que lo privaron de la libertad por disposición de la Corte Suprema de Justicia.Los aportes del compareciente fueron valorados por la sala, la cual consideró que fueron insuficientes, vagos y sin fundamento, y no cumplieron con los presupuestos exigidos, tanto así que, sus aceptaciones de responsabilidad y explicaciones suministradas a la JEP, no superaron lo demostrado en su contra en la jurisdicción ordinaria, que es el umbral exigido en la justicia transicional.La JEP concluyó que el aporte entregado por Ashton Giraldo “no es significativo y no conduce a la construcción de una verdad colectiva, pero, además, deja advertir la falta de franqueza en sus dichos y la actitud contumaz frente a la poca o casi nula satisfacción de los principios del sistema (Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición)”.Además advierte que Ashton no está comprometido con los fines de la justicia transicional, por lo que no es procedente continuar brindando beneficio alguno al excongresista.“Probablemente esté aprovechándose de unos beneficios temporales a los que no está retribuyendo, pues no es dable pensar otra cosa ante el ocultamiento deliberado de la conducta punible por la que se halla procesado, todo lo cual impone, conforme se ha sustentado anteriormente, que el proceso 51.161 deba retornar a la jurisdicción ordinaria, en concreto, a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, para que allí continué su trámite”, concluye la JEP.
Este miércoles, ante la Sala Especial de Primera Instancia, el excongresista Álvaro Ashton negó haber tenido relación con el exmagistrado Gustavo Malo. En medio de su declaración, la segunda en el marco del proceso que se adelanta por el denominado Cartel de la Toga, el abogado de Gustavo Malo tomó la palabra.“Abogado de Gustavo Malo: ¿En algún momento el doctor Malo le pidió dinero para archivar, de manera directa o indirecta, su proceso?-Ashton: nunca, ni de manera directa o indirecta-Abogado de Gustavo Malo: ¿Usted le pidió entrevista al doctor Malo?-Ashton: Nunca tuve contacto con Malo, ni directa ni indirectamente”.En medio del juicio que se adelanta contra el exmagistrado Gustavo Malo, el excongresista Álvaro Ashton reconoció que entregó dineros al exfiscal Luis Gustavo Moreno para lograr, que el proceso por parapolítica en su contra se archivara con ayuda de los supuestos miembros del cartel. Sin embargo, negó que Malo le hubiera pedido dineros a cambio de favorecer decisiones.El excongresista declaró por segunda vez como testigo en este juicio sobre la entrega de 800 millones de pesos, de los cuales se hizo efectiva la entrega de 400 millones en dos pagos.Lo que advierte, una vez más, es que esas entregas se hicieron en Cartagena y que los restantes 400 millones al no poderse lograr el archivo del proceso no fueron entregados. Insistió en que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno le hablaba de los entonces magistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos como “su equipo de trabajo”.“Insisto, el abogado Luis Gustavo Moreno siempre tenía discurso, expectativa para ayudarme a archivar mi proceso. Vamos a cambiar de estrategia, continuamos en este proceso. Vamos a hacer un proceso dilatorio. Mi preocupación era que yo fuera noticia nacional por una alianza con los paramilitares, eso me afectaba mi carrera política”, explicó Ashton.Ante las declaraciones del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, en las que insinuó que Gustavo Malo era amigo de Francisco Ricaurte, exmagistrado de la Corte Suprema, y que del dinero que le daba a Ricaurte le llevaba a Malo, el excongresista Ashton dijo que no es cierto que Ricaurte hubiera mencionado a Malo al intentar favorecerlo.Ashton también negó la versión de Moreno según la cual se habrían conocido por medio de Ricaurte. La tesis del excongresista Ashton es que conoció a Moreno directamente.
El excongresista Álvaro Ashton, por primera vez, reconoció públicamente que pagó para lograr en la Corte archivar su proceso de parapolítica. La declaración la hizo en el juicio al exmagistrado Gustavo Malo, vinculado en el cartel de la toga.“La plata es para yo ayudar a un equipo que trabaja conmigo, entonces ya de primeras sabía que el señor estaba generando unas situaciones al margen de la ley”, dijo.Asimismo, dentro del entramado del llamado cartel de la toga, señaló que Luis Gustavo Moreno trabajaba con dos magistrados en específico.“Hacía inferencias en relación con que su equipo era el doctor Leonidas Bustos y el doctor Francisco Ricaurte”, señaló.Ashton aseguró que está diciendo la verdad porque ya se sometió a la JEP y cualquier mentira podría traer consecuencias.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, revocar el ingreso del exsenador Álvaro Ashton Giraldo a ese sistema por los casos relacionados con el denominado cartel de la toga.Le puede interesar: ¿Alias 'Macaco' a la JEP? El exjefe paramilitar pide pista en el tribunal Al presentar el recurso de apelación ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el Ministerio Público señaló que los delitos por los que es investigado, cohecho y amenaza a testigo, no tuvieron relación con el conflicto armado y por lo tanto no son competencia de la JEP.El Ministerio Público espera una respuesta de la JEP sobre el rechazo a la nueva aceptación de una persona que, de acuerdo a su solicitud, no tiene delitos relacionados con el conflicto en el país.
La Procuraduría General formuló cargos en las últimas horas contra el excongresista liberal Álvaro Ashton. “Entre el 5 de noviembre de 2013 y mayo de 2014, al parecer ofreció, a través de Francisco Ricaurte, y posteriormente, aparentemente, dio por intermedio de Luis Gustavo Moreno aproximadamente 600 millones de pesos con el fin de que se dilatara el trámite del proceso por ‘parapolítica’ y se emitiera decisión de archivo, actuaciones o decisiones que podían afectar su condición de senador”, dice el Ministerio Público. Ashton habría pagado cerca de 600 millones de pesos para torcer a su favor el caso de ‘parapolítica’ que se le seguía en la Corte Suprema.
La Jurisdicción Especial de Paz asumió los procesos por parapolítica de los excongresistas David Char y Álvaro Ashton, los cuales fueron admitidos bajo los principios de verdad, reparación y no repetición.Otro de los casos admitidos por ese tribunal es el exagente del DAS Martín Sierra D'Alemán, condenado a 30 años por homicidio y secuestro agravado, pues las conductas cometidas pudieron haber ocurrido por causa del conflicto armado o en relación directa o indirecta con este.Ahora se espera que, en este primer caso de terceros vinculados al conflicto, asistan personalmente a la jurisdicción para que firmen un acta de compromiso para sean procesados por esta nueva justicia.Si Álvaro Ashton llega a admitir los compromisos, pasaría sala de definición jurídica para admitir su proceso con la libertad, pero esa jurisdicción también establecerá una conexidad entre sus procesos por parapolitica y el cartel de la toga, este último delito estaría vinculado por pagar sobornos para ocultar sus procesos vinculados con los paras.Una vez se sometan a la jurisdicción pueden automáticamente recibir los beneficios que ofrece la JEP, entre esos la libertad anticipada o penas alternativas entre los 5 y 8 años.
La historia compartida que tiene el Campo de la Cruz el municipio del país, con mayor número de colombianos retornados de Venezuela, hoy se traduce en dolor: al menos seis campocrucenses figuran entre las víctimas mortales de la tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron territorio venezolano, mientras que otros más están desaparecidos.Vanessa Torres, alcaldesa de este municipio, confirmó que entre las víctimas se encuentran Sandra Arce, Erin Alfaro Guette y sus familias. Estas personas son nacidas en Campo de la Cruz y residentes desde hace varios años en Venezuela.Según relató la mandataria, aunque Erin quedó vivo tras el terremoto, perdió la vida al ingresar al edificio en el que vivía intentando salvar a su familia. .“Erin se devolvía a rescatar a sus hijas y a sus nietos que estaban en el edificio. El edificio se desplomó y él lamentablemente falleció. Tenemos la noticia ahora en la mañana de que una de las hijas también quedó atrapada y que no lograron rescatarla, al igual que a dos nietos. Sin embargo una de sus hijas sí logró ser sacada con vida junto con otro de sus nieto”, informó la mandataria.Desde que se conocieron las primeras noticias, la administración municipal estableció contacto con la Cancillería, la Gobernación del Atlántico, la oficina de atención a migrantes y fundaciones de venezolanos para gestionar la repatriación de los cuerpos. Al tiempo que habilitó un link en sus redes sociales donde están recibiendo información de ciudadanos desaparecidos.
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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó a los audios revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol en los que el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, conversa con integrantes del Clan del Golfo sobre posibles acuerdos para reducir la presión militar contra esa organización criminal.Según el informe, en las conversaciones se mencionan eventuales compromisos relacionados con el congelamiento de operaciones militares, la suspensión de bombardeos y hasta cambios dentro de la Fuerza Pública para evitar acciones ofensivas contra la estructura armada. Una de las frases que más llamó la atención fue la referencia a “jugar a los congelados”, expresión utilizada por Rueda en relación con una posible disminución de operaciones entre las partes.Frente a ese escenario, el jefe de la cartera de Defensa fue enfático en señalar que, de ser ciertas las afirmaciones contenidas en los audios, las implicaciones irían más allá de una afectación institucional a las Fuerzas Militares y de Policía. “De llegar a ser ciertas esas afirmaciones, no es un irrespeto solamente con la Fuerza Pública. Es un delito. Se está promoviendo la acción criminal”, afirmó el ministro Pedro Sánchez.El funcionario señaló, además, que corresponderá a las autoridades competentes establecer la autenticidad de las grabaciones y determinar si existieron conductas constitutivas de delito. “Serán las autoridades las que decidan la veracidad y confirmen los delitos en que se haya incurrido”, agregó.Sánchez también aprovechó para enviar un mensaje sobre la actuación del Ministerio de Defensa durante su gestión y descartó haber recibido instrucciones para limitar las operaciones militares por fuera del marco constitucional.“Durante el tiempo que he estado puedo asegurar que no hemos recibido ninguna orden contraria a la Constitución y la ley por parte del señor presidente de la República, y las decisiones que se han tomado han sido acordes a las facultades y a los procesos que tenemos en el Ministerio de Defensa”, aseguró.Las declaraciones del ministro se producen en medio de la controversia desatada por los audios, que han abierto un nuevo debate sobre los alcances de los acercamientos del Gobierno con estructuras armadas ilegales y los límites de la política de paz frente a las operaciones de la Fuerza Pública.
