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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) remitió al Tribunal para la Paz la resolución de conclusiones del subcaso Casanare, dentro del Caso 03, que investiga los llamados “falsos positivos”. En este expediente, 22 comparecientes, entre ellos el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, reconocieron su responsabilidad en los crímenes cometidos entre 2005 y 2008, cuando la Brigada XVI del Ejército Nacional utilizó su estructura institucional para asesinar y desaparecer civiles, presentándolos falsamente como bajas en combate.
Torres Escalante, comandante de la Brigada XVI entre diciembre de 2005 y julio de 2007, admitió su participación directa en la consolidación del patrón macrocriminal que dejó 318 víctimas fatales. Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, durante su mando se implementó un sistema de incentivos, presiones y recompensas —ascensos, condecoraciones, permisos y cursos en el exterior— para los uniformados que reportaran más resultados operacionales. Estas dinámicas derivaron en ejecuciones extrajudiciales sistemáticas que la JEP calificó como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Junto a Torres Escalante, el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, excomandante del Batallón Ramón Nonato Pérez (Birno), también reconoció su papel en la ejecución y expansión de este patrón criminal. El subcaso incluye además a oficiales y suboficiales del Gaula Casanare y del Birno, entre ellos el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha, los tenientes (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez y Jhon Alexander Suancha Florián, el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez y el sargento segundo (r) Faiber Alberto Amaya Ruiz, entre otros.
También fueron remitidos el exdirector seccional del extinto DAS en Casanare, Orlando Rivas Tovar, y dos civiles, Wilson Rodríguez Mimísica y Miguel Fernando Ramírez, quienes actuaron como falsos informantes y participaron en el engaño y reclutamiento de víctimas. En algunos casos, la JEP comprobó que los civiles señalados fueron torturados antes de ser asesinados, lo que llevó a la imputación de crímenes de tortura y tratos inhumanos a seis de los comparecientes.
Durante las audiencias, los comparecientes reconocieron públicamente su responsabilidad ante las víctimas y el país, en un proceso restaurativo que permitió esclarecer cómo las unidades del Ejército en Casanare convirtieron los resultados operacionales en una competencia interna, llegando a describirse por uno de los implicados como “una masacre contra el pueblo casanareño”.
El proceso documentó que mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad fueron víctimas de estas acciones, y que el daño causado fue diferenciado y desproporcionado. Además, la JEP estableció que recursos públicos del Fondo Libertad (Fondelibertad) se usaron indebidamente para financiar las operaciones ilegales.
Los 22 imputados fueron postulados para recibir sanciones propias, un tipo de sanción restaurativa que implica restricción de libertades y trabajos de reparación bajo supervisión de la ONU y la JEP, pero no cárcel. Estas medidas se aplicarán en proyectos acordados con las víctimas, entre ellos:
Con esta decisión, la JEP da un paso clave en el esclarecimiento del patrón macrocriminal de la Brigada XVI, que entre 2005 y 2008 transformó la misión del Ejército en un mecanismo de exterminio de población civil, bajo el liderazgo de altos mandos como el general (r) Henry Torres Escalante y el teniente coronel (r) Henry Acosta Pardo.
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