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Jimmy Naranjo Salazar tenía 17 años cuando fue asesinado el 20 de marzo de 2004 en la vereda Los Medios de Granada, Antioquia. Según el testimonio de Óscar Iván Mayo Marulanda, exintegrante del Ejército Nacional y máximo responsable citado como testigo, él mismo le disparó al joven. Relató que el también compareciente Freud Amín Niño colocó junto al cuerpo un fusil y munición, mientras otros militares vistieron a Jimmy con prendas camufladas y botas para hacerlo pasar como un guerrillero muerto en combate.
Mayo Marulanda aseguró que el crimen fue una retaliación contra el hermano del joven, Efrén Naranjo, acusado de ser militante del ELN y quien habría escapado de un enfrentamiento armado.
"Me desquité con el niño Jimmy, lo asesiné yo mismo, no sé después porque apareció con botas y fue cuando se entregó al Teniente Ramírez porque la verdad mi vida cambió mucho porque después de que lo llevamos a Granada yo me escondí en la base, sentía ese dolor", narró.
El caso de Jimmy fue el primero en abordarse durante la audiencia pública de consolidación de aportes a la verdad y reconocimientos de responsabilidad que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realiza entre el 8 y el 10 de octubre en el Museo Casa de la Memoria de Medellín. Esto dijo sobre su caso Emeira Naranjo Salazar, hermana de la víctima.
"Al igual que nosotros, ustedes también, con todos los reconocimientos que han hecho, tengan paz. Igual yo no puedo decir que me arrodilló a perdonar porque yo siento y llevo el dolor de mamá y de papá. Mis hermanos, mis hermanas, es lo que tengo que poder decir. Muchas gracias a ustedes también", indicó.
La diligencia es presidida por el magistrado Carlos Alberto Suárez López y acompañado por la magistrada auxiliar Ángela Janeth Galvis Ardila y busca esclarecer crímenes de ejecuciones extrajudiciales cometidos en Granada entre 2004 y 2005. Allí participan 20 comparecientes que pertenecieron al Batallón de Artillería No. 4 “Coronel Jorge Eduardo Sánchez” (BAJES), adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional. De ellos, 18 no fueron seleccionados como máximos responsables y comparecen dentro de la Ruta No Sancionatoria, mientras que dos máximos responsables fueron citados como testigos. Los exintegrantes del Ejército están involucrados en 12 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate, que dejaron un total de 24 víctimas.
Según las investigaciones de la JEP, en el Oriente antioqueño se identificaron cuatro patrones criminales relacionados con las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, conocidas como “falsos positivos”. Estos incluyen el asesinato de civiles arbitrariamente señalados de pertenecer a grupos armados, el engaño mediante falsas ofertas de trabajo a personas vulnerables, el asesinato de combatientes rendidos, heridos o capturados, y el homicidio oportunista de personas en circunstancias improvisadas o derivadas de errores operacionales que fueron aprovechados para inflar los resultados militares.
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