La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) remitió al mayor general (r) Juan Pablo Forero Tascón y a los tenientes coroneles (r) Jairo Bocanegra de la Torre y Édgar Emilio Ávila Doria a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), luego de que los tres oficiales no reconocieran su responsabilidad en los asesinatos y desapariciones forzadas cometidos entre 2004 y 2007 en Antioquia, dentro del patrón criminal de los llamados “falsos positivos”.
Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, los tres exoficiales, antiguos integrantes de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, habrían impulsado la política de facto del “conteo de cuerpos”, mediante la cual se presionaba a las tropas para aumentar las muertes reportadas en combate, otorgando incentivos y omitiendo controles frente a irregularidades. Durante ese periodo se documentaron más de 430 víctimas, entre ellas 203 desaparecidos forzadamente y 41 torturados.
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Así las cosas la UIA, que cumple funciones similares a las de una fiscalía dentro de la JEP, deberá determinar si los acusa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz. De ser hallados culpables, los tres podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
Según informó esta jurisdicción, la decisión hace parte del Subcaso Antioquia del Caso 03, que investiga ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado.
En febrero de 2025, la JEP ya había imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales, 35 oficiales y dos civiles vinculados con la misma política. De ellos, 42 reconocieron su responsabilidad y participarán en la Audiencia de Reconocimiento de Verdad prevista en Medellín y el Oriente antioqueño.
Como antecedente, en agosto de 2023, la Sala ya había imputado a nueve máximos responsables vinculados con el mismo patrón macrocriminal, pero por hechos ocurridos entre 2002 y 2003, entre ellos el entonces comandante de la IV Brigada, general (r) Mario Montoya Uribe, quien no reconoció su responsabilidad.
Siete de los comparecientes imputados en esa ocasión también se preparan para reconocer públicamente su responsabilidad junto a los 35 del segundo periodo.
Antioquia concentra el 25 % de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate a nivel nacional, siendo la Cuarta Brigada responsable del 73 % de los casos en el departamento entre 2000 y 2013.