La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que el exalcalde de Aguazul, Casanare, Jiménez Pérez no entregó elementos que permitieran esclarecer cómo se desarrolló su relación con el grupo armado ilegal, ni ofreció detalles sobre los encuentros sostenidos con su jefe, Héctor Germán Buitrago Parada, conocido como 'Martín Llanos'.
El exmandatario local fue condenado en 2011 a 29 años de prisión por la desaparición forzada de Luis Ariel Bernal López y Ariel Rojas Moreno, crímenes cometidos durante su administración (2001–2003). Además, fue hallado responsable de concierto para delinquir agravado y recibió una inhabilidad de 13 años para ejercer cargos públicos.
Según la JEP, el exalcalde incumplió el régimen de condicionalidad, requisito fundamental para acceder a beneficios en esta jurisdicción. En sus versiones, se limitó a entregar afirmaciones vagas y repetitivas, sin aportar información que superara lo ya establecido por la justicia ordinaria ni permitiera identificar patrones de macrocriminalidad u otros responsables de violaciones de derechos humanos en la región.
Ante la falta de aportes sustanciales, la JEP resolvió remitir su expediente a las autoridades ordinarias para lo de su competencia, recordando que existe una orden de captura vigente emitida por el Juzgado 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
Asimismo, la Jurisdicción ordenó devolver a la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos el proceso que se adelanta en su contra, relacionado con las desapariciones forzadas por las que fue condenado.
Con esta decisión, la JEP reafirma que los comparecientes deben entregar verdad exhaustiva, detallada y verificable sobre los crímenes del conflicto armado para acceder a sus mecanismos de justicia transicional.
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