Un carro bomba explotó en la madrugada de este jueves en un peaje de la vía entre Villanueva y Monterrey, en Casanare, y dejó tres trabajadores de la concesión heridos y daños severos en la infraestructura. El alcalde de Villanueva, Héctor Vizcaíno, aseguró que las lesiones no son graves, pero afirmó que, por cómo quedó la estructura, “es un milagro que estas personas se hayan salvado”.Tres heridos con laceraciones levesSegún el alcalde, los afectados son dos mujeres que cumplían el turno de la madrugada y un hombre que hacía las veces de vigilante. Los tres presentan laceraciones en piernas, brazos y rostro. “Por fortuna no fueron graves las heridas sufridas por estas tres personas”, afirmó Vizcaíno.El mandatario visitó el hospital hacia las seis de la mañana para saludar a los trabajadores y ponerles a disposición el apoyo institucional. Estuvo luego en el peaje junto con el gobernador, la Policía y el Ejército, para revisar el estado de la estructura.Cómo habría ocurrido el ataqueEl alcalde contó que la Policía lo llamó entre la 1:00 y la 1:15 de la madrugada para informarle de la explosión, minutos después de ocurrida. Se activaron los protocolos de la institución, entre ellos el plan candado.Con la información preliminar, Vizcaíno describió así la mecánica: una persona dejó el carro sobre uno de los carriles del peaje y salió corriendo. Otra, que esperaba en una motocicleta, lo recogió, y ambas huyeron por la vía en sentido Villanueva hacia Monterrey. Según el alcalde, serían dos las personas vinculadas con el plan criminal. Se trata de la versión que le han entregado, y la investigación aún no la confirma. Las autoridades recogen pruebas de las cámaras de vigilancia del peaje y, posiblemente, de cámaras de predios vecinos.Una seña que habría advertido a las trabajadorasVizcaíno habló con las personas heridas y reveló un detalle sobre la reacción de las mujeres. Según su relato, quien huyó les hizo señas con la mano para que salieran del lugar. De acuerdo con lo que ellas le comentaron, lo que parece haberlas salvado fue no haber salido de las casetas.El vehículo y el explosivo, bajo análisisEl cuerpo antiexplosivos de la Policía acordonó la zona y toma muestras para establecer qué tipo de explosivo se usó y en qué cantidad. Por ahora no hay un informe. Del vehículo quedaron solo “dos o tres cositas”, dijo el alcalde. El vigilante le indicó que, al parecer, era un automóvil tipo Renault. Si la placa que quedó es la del carro, corresponde a la ciudad de Valledupar.Sin responsables señaladosVizcaíno se negó a atribuir el atentado a algún grupo armado. Calificó de “irrespetuoso” e “irresponsable” dar ese dato en este momento. Dijo que, tras el consejo de seguridad y los detalles que entregue la Policía, se podrá hablar de hipótesis.Sobre la presencia criminal en la zona, el mandatario recordó que en el sur de Casanare, donde está Villanueva, hubo históricamente grupos paramilitares. Según las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y la información de la Policía Nacional, hoy hacen presencia estructuras residuales como el Clan del Golfo. Añadió que nunca ha tenido conocimiento de presencia del ELN ni de disidencias de las extintas FARC en Villanueva, aunque sí en el norte del departamento.¿Hubo extorsión a la concesión?El alcalde indicó que, hasta el momento, no hay denuncia formal de amenazas ni de extorsión contra la concesión que administra la vía. El gobernador y las autoridades se reunieron con las directivas de la concesionaria al conocer los hechos. A las ocho de la mañana estaba prevista una reunión del consejo de seguridad.Vizcaíno espera que los directivos informen allí si han recibido llamadas extorsivas, que, dijo, podrían ser una de las causas del ataque. Aclaró que, por ahora, no hay nada formal.Cierre vial y desvío por la ruta 65La vía de la concesión y la ruta 65 permanecen cerradas. Para despejar el tráfico, que es muy alto en este corredor, la Policía Nacional habilitó un carril externo a la vía nacional.Llamado a la comunidadEl alcalde pidió a los habitantes de Villanueva y de los sectores aledaños, en la ruta hacia Yopal y en la vía hacia Boyacá, informar de inmediato a las autoridades si ven a una persona con laceraciones en el cuerpo. Según información preliminar, uno de los responsables habría resultado alcanzado por la onda expansiva o por esquirlas al huir.
Cuatro trabajadoras de la concesionaria Covioriente resultaron heridas tras la explosión de un carro bomba en el peaje San Pedro, entre Villanueva y Monterrey, en el departamento de Casanare; el ataque su produjo hacia la 1:30 a. m. de este viernes 23 de octubre. Las operarias fueron trasladadas al hospital de Villanueva y permanecen estables. Según información preliminar, el responsable abandonó el vehículo y escapó en motocicleta, de acuerdo a las imágenes que circulan en redes sociales, la explosión destruyó parte de las casetas. El alcalde del municipio, Héctor Fernando Vizcaíno, quién está cumpliendo una agenda en Bogotá, confirmó que las operarias se encuentran estables y fuera de peligro. El traslado se realizó en ambulancias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y de la propia concesionaria.De acuerdo con información preliminar, un hombre habría llegado al peaje en un vehículo cargado con explosivos, lo abandonó en el sitio de la explosión y luego huyó en una motocicleta hacia el sector de Aguaclara en el departamento de Boyacá.Habitantes de sectores cercanos reportaron grietas en paredes y vidrios rotos en sus viviendas. La Policía y el Ejército llegaron a la zona, mientras un equipo antiexplosivos verifica el área.Por su parte, la vía fue habilitada por un solo carril mediante un paso alterno, para reducir las afectaciones en el corredor de la Ruta 65, que conecta Villavicencio con Yopal.
El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Acacías, Meta, concedió la libertad por pena cumplida al exgobernador de Casanare William Hernán Pérez Espinel, quien permanece privado de la libertad en la Colonia Penal del Oriente de Mínima Seguridad de ese municipio. La decisión tendrá efectos a partir del próximo 25 de octubre de 2026, fecha en la que el despacho estableció que habrá cumplido la totalidad de la sanción penal correspondiente al proceso.En la providencia, el juzgado ordenó expedir la respectiva boleta de libertad, siempre que el establecimiento penitenciario verifique que el exmandatario no sea requerido por otra autoridad judicial dentro de un proceso diferente.Pérez Espinel, quien gobernó Casanare entre 2001 y 2003, ha recibido cuatro condenas de la Corte Suprema de Justicia por diferentes hechos relacionados con su gestión pública y otros delitos. La primera condena se produjo en 2009, en un proceso relacionado con la parapolítica.Posteriormente, en 2014, la Corte Suprema lo condenó por los delitos de concusión e interés indebido en la celebración de contratos. En ese proceso se estableció que el entonces exgobernador habría prometido un contrato a cambio de aportes para un candidato político.En 2016 recibió otra condena por enriquecimiento ilícito de servidor público, luego de que se determinara un incremento patrimonial injustificado. Tres años después, en 2019, fue condenado por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.La decisión que ahora permite su salida de prisión se produce después de que previamente se negara una solicitud relacionada con su libertad por la falta de reparación. En esa oportunidad, el despacho judicial se refirió a la gravedad y pluralidad de las conductas por las que fue condenado, así como a las afectaciones que ocasionaron a la administración pública y a la seguridad pública.En esa providencia, el juzgado sostuvo que los hechos no constituían episodios aislados, sino que correspondían a un patrón de conductas que afectó la confianza ciudadana en las instituciones del departamento de Casanare. También señaló que las condenas estaban relacionadas con el uso del cargo público para favorecer estructuras al margen de la ley y desviar recursos destinados al bienestar social.Sin embargo, en la decisión más reciente, el despacho estableció que el 25 de octubre de 2026 Pérez Espinel habrá cumplido la totalidad de la pena impuesta en el proceso objeto de ejecución al hacer el conteo de reconocimiento de redención de pena, certificados de calificación de la conducta, horas de trabajo y el tiempo por pena cumplida.La salida de prisión quedará condicionada a que las autoridades penitenciarias verifiquen que no exista otro requerimiento judicial vigente contra el exgobernador. Si otra autoridad lo solicita dentro de un proceso diferente, deberá permanecer a disposición de ella.
El polémico dirigente político y exalcalde de la ciudad de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido popularmente como 'John Calzones', fue víctima de un atentado sicarial en su finca ubicada en el corregimiento de Morichal, a unos 15 o 20 minutos del casco urbano.Según detalló la administración municipal, dos personas llegaron al predio a bordo de una motocicleta; uno de los ocupantes descendió del vehículo y le propinó cuatro impactos de bala a Torres, quien fue trasladado de urgencia a un hospital.Ante el crimen, el secretario de gobierno de Yopal, John Fredy González, expresó en Mañanas Blu, el rechazo de la administración e informó sobre las acciones operativas inmediatas. El funcionario manifestó: "lo primero, manifestar el rechazo contundente frente al homicidio el día de ayer. Estábamos en Consejo de Seguridad en ese momento que fuimos advertidos frente al hecho, lo cual permitió en cabeza al alcalde Marco Tulio Ruiz articular con la fuerza pública de manera inmediata un plan candado".Captura de un menor de edad e incautación de material bélicoComo resultado de la rápida reacción institucional y la activación del plan candado, la fuerza pública logró la aprehensión de uno de los sospechosos, así como la incautación de un revólver y de la motocicleta utilizada en la huida.Las autoridades confirmaron que el detenido es un joven de 17 años de edad, oriundo de la ciudad de Armenia, Quindío.Respecto a la procedencia del agresor y su llegada a la zona, el secretario González precisó: "Efectivamente, no es de aquí de nuestro departamento, de nuestra región. Eh, vienen de afuera a cometer netamente pues estos hechos delincuenciales y ya fue puesto pues a disposición de las autoridades competentes".Asimismo, la alcaldía ratificó que existen importantes avances en el proceso investigativo y que se proyecta la pronta captura del segundo individuo involucrado en el ataque sicarial.Esquema de seguridad e hipótesis sobre los móvilesEn relación con los esquemas de protección del exmandatario, la administración aclaró que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no amparaba a Torres. Aunque el exalcalde contaba con un esquema de seguridad de carácter privado, no se encontraba con sus escoltas en el momento de la agresión.Al respecto, González indicó: "Él tenía un esquema de seguridad propio, es lo que tenemos entendido, pero el día de ayer no contaba con el esquema de seguridad".Frente a las hipótesis sobre los responsables intelectuales o móviles del homicidio —entre las que se mencionaron extorsiones, posibles nexos con la estructura 'La Cordillera' o llamadas originadas desde la cárcel de Cómbita—, la secretaría mantuvo la reserva del sumario para no obstaculizar el proceso. No obstante, el funcionario enfatizó: "En este momento todas las hipótesis vienen siendo trabajadas por las autoridades competentes".Finalmente, para dinamizar la obtención de datos y promover la participación de la ciudadanía, las autoridades fijaron una recompensa total de 80 millones de pesos, conformada por 30 millones aportados por la Alcaldía de Yopal y 50 millones por la Gobernación de Casanare.Escuche aquí la entrevista:
Jhon Jairo Torres, conocido como ‘John Calzones’ y exalcalde de Yopal, Casanare, murió este martes 29 de septiembre, luego de ser víctima de un atentado sicarial en su finca La Selvita, ubicada en jurisdicción de la capital del departamento. El exmandatario recibió cuatro impactos de bala que comprometieron varios órganos y falleció a las 12:23 del mediodía, según confirmó el gobernador de Casanare, César Ortiz, en entrevista con Meridiano Blu, de Blu Radio.El ataque ocurrió durante la mañana y, tras conocerse los hechos, las autoridades desplegaron un operativo para dar con los responsables. Según el gobernador, uno de los presuntos autores materiales fue capturado, mientras que continúa la búsqueda de un segundo implicado.En diálogo con Blu Radio, Ortiz confirmó que el exalcalde permaneció en estado crítico en el Hospital Regional de Yopal, con heridas en el tórax y el abdomen, que afectaron órganos vitales, incluido el pulmón.Capturaron a un menor de edad por el atentado contra ‘Jhon Calzones’El gobernador de Casanare confirmó que uno de los dos presuntos responsables del ataque fue capturado y que, de acuerdo con el reporte de las autoridades, se trata de un menor de edad procedente de Armenia.La captura se produjo luego de que, al parecer, la motocicleta en la que se movilizaban los atacantes presentara una falla mecánica. Los trabajadores de la finca intervinieron y lograron retener a uno de los sospechosos, quien posteriormente fue entregado a las autoridades."Son dos sujetos, uno capturado y el otro que en este momento están todas las autoridades en un plan candado haciendo la ubicación", explicó Ortiz durante la entrevista. La Gobernación de Casanare anunció una recompensa de $50 millones por información que permita identificar y capturar al segundo presunto implicado. La Alcaldía de Yopal también adelanta gestiones para ofrecer una recompensa.Asesinaron al dueño de la motocicleta utilizada en el atentadoUno de los detalles más relevantes revelados por el gobernador es que la motocicleta utilizada en el ataque habría sido hurtada el día anterior en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare. Según la información preliminar entregada por Ortiz, el propietario del vehículo, un ganadero, fue asesinado para despojarlo de la motocicleta y utilizarla posteriormente en el atentado contra el exalcalde. "Le hurtaron la moto a este ciudadano, le quitaron la vida para poder usar esta moto, para poder cometer este acto criminal contra el exalcalde", afirmó el mandatario departamental.El gobernador señaló que, de acuerdo con las primeras indagaciones, los responsables habrían llegado desde otro departamento. Sin embargo, aclaró que las circunstancias de ambos homicidios y la posible participación de las mismas personas son materia de investigación por parte de la Fiscalía.Cámaras de seguridad permitieron identificar a los presuntos atacantesLas autoridades cuentan con registros del sistema inteligente de cámaras de seguridad de Casanare, que habrían permitido identificar la motocicleta utilizada en el atentado, reconstruir su recorrido y obtener imágenes de los rostros de los presuntos responsables.Además, durante el operativo fueron incautados un revólver y un celular, elementos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales para avanzar en la investigación. "Tenemos elementos probatorios gracias a nuestro sistema inteligente de cámaras. Logramos identificar el recorrido, la motocicleta, el rostro de las personas que hicieron parte de este atentado", explicó Ortiz.El gobernador indicó que la Fiscalía será la encargada de establecer las circunstancias del crimen, identificar a los posibles autores intelectuales y determinar si detrás del ataque existe alguna organización criminal.Gobernador descarta, por ahora, atribuir el atentado a grupos armadosFrente a las hipótesis sobre una posible participación de grupos armados ilegales, el gobernador pidió cautela y aseguró que todavía es prematuro establecer los móviles del asesinato."En este momento nosotros no podríamos sacar esas conclusiones", señaló Ortiz, al reiterar que el caso está en manos de la Fiscalía y que las evidencias recopiladas serán fundamentales para esclarecer lo ocurrido. El mandatario también indicó que el exalcalde no había reportado amenazas previas contra su vida, según la información que tenían las autoridades.¿Dónde ocurrió el atentado contra el exalcalde de Yopal?El ataque se registró en la finca La Selvita, propiedad de Jhon Jairo Torres, ubicada cerca de Yopal, donde compartía con familiares y trabajadores. Tras el atentado, las autoridades activaron un plan candado, con apoyo de la fuerza pública, drones y herramientas tecnológicas, para localizar al segundo presunto responsable.El gobernador destacó que el departamento ha fortalecido sus capacidades de vigilancia mediante sistemas de reconocimiento facial y de placas, además de herramientas logísticas para apoyar las operaciones de seguridad.
El exalcalde de Yopal, Casanare, Jhon Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, fue víctima de un atentado armado en su finca La Selvita, ubicada en el sector de Aguafilla, en zona rural de ese municipio. Según la información preliminar conocida por las autoridades, el exmandatario recibió al menos cuatro disparos y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de la Orinoquía, donde permanece bajo pronóstico reservado.El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, confirmó el atentado a través de un pronunciamiento en el que informó que la Policía le notificó sobre la captura del presunto responsable del ataque, quien, según los primeros reportes, sería un menor de edad."Elevamos nuestras oraciones a Dios por la pronta recuperación de Jhon Jairo y pedimos fortaleza para su familia en este difícil momento", manifestó el mandatario departamental.¿Quién es John Jairo Torres, alias ‘John Calzones’?Jhon Jairo Torres es una figura reconocida de la política de Casanare. Su apodo, ‘John Calzones’, surgió de su actividad empresarial antes de ingresar a la política, cuando tenía un negocio de ropa interior femenina.En 2015 fue elegido alcalde de Yopal, con 24.515 votos, en medio de una campaña que tuvo amplia repercusión nacional. En ese momento, Torres se encontraba recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá, a donde había ingresado el 14 de octubre de ese año, por un proceso judicial relacionado con la urbanización ilegal y el fraude.Posteriormente, recuperó su libertad y asumió la Alcaldía de Yopal en 2016. Sin embargo, en 2017 su elección fue suspendida como consecuencia de su situación judicial, por lo que su periodo al frente de la administración municipal se vio interrumpido.Los antecedentes judiciales de ‘John Calzones’El exmandatario fue investigado y condenado por su participación en un negocio de urbanización ilegal. El proceso estaba relacionado con la parcelación y venta de cerca de 10.000 lotes en un terreno de aproximadamente 140 hectáreas, que había sido incautado en 2012 por el Estado colombiano a un narcotraficante.De acuerdo con las investigaciones, los terrenos habrían sido comercializados a familias de bajos recursos, un caso que también tuvo repercusiones durante su campaña política y posterior elección como alcalde. Por ahora, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del atentado, establecer los móviles del ataque y determinar la responsabilidad del capturado.Se espera que, una vez se conozca la evolución de su estado de salud, el Hospital Regional de la Orinoquía entregue un nuevo parte médico sobre el exalcalde de Yopal.
Un grave hecho se registró en la mañana de este jueves 3 de septiembre de 2026 en la Base Militar de Cupiagua, ubicada en zona rural del municipio de Aguazul, Casanare, donde un soldado habría accionado su arma de dotación contra cuatro de sus compañeros.De acuerdo con la información entregada por el Comando de la Décima Sexta Brigada, unidad orgánica de la Octava División del Ejército Nacional, el hecho dejó dos militares muertos y otros dos heridos.Según el reporte oficial, todos los uniformados involucrados pertenecían al Batallón de Infantería N.° 44. El Ejército señaló inicialmente que se trató de un “hecho de intolerancia” y precisó que, una vez se conoció la situación, fueron activados los protocolos establecidos para atender la emergencia.Los dos soldados que resultaron heridos recibieron atención de manera inmediata y posteriormente fueron trasladados a un centro hospitalario de la región, donde permanecen bajo atención médica especializada.Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre la identidad de los militares involucrados ni sobre las circunstancias específicas que habrían desencadenado el ataque. Tampoco se ha establecido públicamente qué ocurrió antes de que el uniformado accionara su arma de dotación.La Décima Sexta Brigada informó que ya coordina con las autoridades competentes el desarrollo de los actos urgentes y las labores investigativas necesarias para determinar qué sucedió dentro de la instalación militar.El propósito de estas diligencias, según el Ejército, es establecer plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.Asimismo, el Ejército Nacional aseguró que dispuso las medidas correspondientes para garantizar el desarrollo de las investigaciones y manifestó que colaborará de manera integral con las autoridades judiciales encargadas del esclarecimiento del caso.El hecho generó preocupación al interior de la unidad militar, mientras avanzan las diligencias para establecer las causas que llevaron al soldado a utilizar su arma de dotación contra sus compañeros.A través de un comunicado, el Ejército Nacional lamentó profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de los dos militares que perdieron la vida. La institución también manifestó sus deseos de pronta recuperación para los dos soldados que resultaron heridos y que fueron trasladados a un hospital de la región.
La actual temporada de lluvias ha generado graves afectaciones en diversas regiones del país, impactando de manera severa a departamentos como Boyacá, Arauca, Santander y, con especial rigor, a Casanare. Dentro de esta última sección del territorio nacional, el municipio de San Luis de Palenque registró durante los últimos días una de las emergencias más complejas de su historia reciente debido a las crecientes súbitas de sus principales afluentes hídricos.El mandatario local, Ediber Vásquez, informó que la emergencia principal se desencadenó el pasado viernes, cuando el caudal del río Pauto superó sus límites e inundó la mayor parte de las viviendas de la cabecera municipal, alcanzando niveles de altura considerables dentro de los hogares y afectando de manera directa las pertenencias de los habitantes.Magnitud de la emergencia y balance de damnificadosDe acuerdo con el reporte oficial entregado por el alcalde Vásquez, el impacto del desbordamiento afectó de manera simultánea la infraestructura urbana y los sectores rurales ribereños. Las evaluaciones preliminares arrojan una cifra que asciende a los miles de ciudadanos afectados en sus condiciones mínimas de habitabilidad."Tuvimos un desbordamiento y terminamos con el 70%, 80% de nuestro casco urbano inundado, donde el nivel del agua alcanzó alturas a más de un metro de las viviendas en, en varios barrios", puntualizó el mandatario en Mañanas Blu, con Néstor Morales.Respecto al censo de la población afectada, la administración municipal confirmó que se registran aproximadamente 2.500 damnificados. Este grupo comprende no solo a los residentes de los barrios del casco urbano, sino también a un número considerable de familias campesinas asentadas en las veredas ribereñas que integran la cuenca del río Pauto, la cuenca del río Cravo Sur y algunas zonas aledañas a la cuenca del río Guanapalo.Un hecho sin precedentes históricosLas autoridades locales explicaron que las dimensiones de esta inundación no tienen registros comparativos en el histórico del municipio. La causa directa del fenómeno se atribuye a un fuerte incremento de las precipitaciones en las zonas altas donde nacen los ríos que circundan la región llanera.Vásquez argumentó que la situación sobrepasó cualquier contingencia previa: "Esta inundación realmente no, no había registrado precedente acá en nuestro municipio de San Luis de Palenque. Desde la vida fundacional de nuestro pueblo nunca habíamos tenido que enfrentar una inundación de esta dimensión". Asimismo, confirmó que los análisis técnicos indican que un "torrencial aguacero en la parte alta de la cuenca de los ríos, del río Cravo Sur, del río Tocaría, del río Pauto" fue el detonante del desastre.Labores de recuperación y riesgo sanitarioAl cumplirse el quinto día del inicio de la emergencia, el nivel de las aguas en el casco urbano ha retrocedido, permitiendo iniciar las labores de remoción y limpieza. No obstante, las autoridades advierten que la etapa posterior a la inundación presenta riesgos complejos debido a la acumulación de sedimentos y escombros, lo que podría derivar en problemas de salud pública si no se interviene oportunamente.Para contrarrestar una posible emergencia sanitaria, la Alcaldía de San Luis de Palenque coordina un plan de acción conjunto con la Gobernación de Casanare, los organismos de socorro y la Fuerza Pública. El alcalde destacó de manera particular el apoyo brindado por la Brigada 16 del Ejército Nacional y las unidades de la Policía Nacional, quienes han estado al frente de las labores de remoción de desechos y lodo en las viviendas y vías públicas.Llamado a la solidaridad y articulación con el gobierno electoEn el marco de la atención a la emergencia, el fin de semana coincidió con la visita al departamento de Casanare del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien participó en las mesas de empalme territorial junto al gobernador y los alcaldes de la región. Durante este encuentro, los mandatarios locales expusieron formalmente la gravedad de la situación invernal.Según lo manifestado por el alcalde Vásquez, el presidente electo realizó anuncios de apoyo orientados a la mitigación de los daños y encargó formalmente a la futura primera dama, Ana Lucía Pineda, la tarea de coordinar la recolección de ayudas y la administración del esquema de solidaridad para atender a las víctimas del invierno en esta zona del país.Debido a que una gran cantidad de familias perdieron la totalidad de sus enseres, alimentos y vestuario, el mandatario de San Luis de Palenque hizo un llamado urgente tanto a la institucionalidad central como a los ciudadanos colombianos para agilizar el envío de elementos de primera necesidad. Entre los requerimientos prioritarios se encuentran kits de aseo y desinfección, alimentos no perecederos, ropa, pañales, leche para niños, bienestarina, colchones y colchonetas que permitan iniciar la fase de estabilización comunitaria.
La emergencia por la temporada de lluvias en Casanare sigue agravándose. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) actualizó este domingo el balance de afectaciones y confirmó que 13 municipios permanecen en emergencia, con 3.632 familias damnificadas y 51 vías bloqueadas o destruidas.Ante la magnitud de la situación, el Ejército Nacional mantiene desplegadas sus capacidades de atención y prevención de desastres en los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad, donde soldados de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres apoyan las labores de rescate, evacuación y asistencia humanitaria.Dos pelotones especializados trabajan en cinco frentes de atención junto con el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, autoridades locales y organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.En San Luis de Palenque, las tropas han evacuado y rescatado a 15 personas que se encontraban en riesgo por el aumento del nivel de las aguas. En Trinidad, las labores se concentran en las veredas Bélgica, San Vicente, Bucare, La Cañada, San Pedro y La Soledad, donde fueron rescatadas tres personas y se brindó asistencia directa a 80 habitantes afectados.Como parte de la respuesta institucional, el Ejército también apoyó el embarque y distribución de ayudas humanitarias para cerca de 450 personas, además de la entrega de 15.000 litros de agua potable. Las autoridades priorizan la atención de unas 800 familias, mientras continúan evaluando las necesidades en las zonas inundadas.La emergencia no solo afecta a Casanare. Las intensas lluvias y el desbordamiento de los ríos mantienen impactos en otras regiones de los Llanos Orientales y la frontera con Venezuela. En Arauca, el balance supera las 9.000 familias afectadas, mientras que en Boyacá también se reportan daños en varios municipios. Del lado venezolano, la población de La Victoria, en el estado Apure, continúa inundada tras la ruptura de un dique y el incremento del caudal del río Arauca, pese a que el nivel del agua ha comenzado a descender paulatinamente.
En medio de la emergencia provocada por las fuertes lluvias que mantienen a Casanare en calamidad pública, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció una campaña de recolección de ayudas humanitarias para las familias damnificadas y aseguró que el departamento será una prioridad durante su Gobierno.El anuncio se produjo un día después de que el mandatario encabezara en Yopal el segundo empalme regional de su administración. Allí sostuvo una reunión con el gobernador de Casanare, César Ortiz, y los alcaldes de los 19 municipios del departamento para conocer de primera mano las necesidades de la región y revisar los proyectos que esperan financiación del Gobierno nacional.A través de su cuenta de X, De La Espriella informó que encargó a la futura primera dama, Ana Lucía Pineda, coordinar la recepción y entrega de las ayudas humanitarias.Según indicó, hasta el momento ya se han recolectado más de 16.000 ayudas gracias a las donaciones de ciudadanos, y la campaña continuará en Yopal para recibir alimentos no perecederos, agua potable, cobijas y elementos de aseo destinados a las familias afectadas.Las donaciones se reciben en la calle 12 # 21-45, en el barrio Bello Horizonte, en Yopal, donde el equipo del mandatario electo está recibiendo alimentos no perecederos, agua potable, elementos de aseo, cobijas y otros artículos de primera necesidad para las familias afectadas.Además de la recolección de donaciones, el presidente electo anunció una primera entrega de 6.500 mercados con alimentos no perecederos, 3.500 colchonetas, 2.000 kits de aseo, 2.000 kits de enseres para el hogar y 2.000 hamacas, como parte de la atención humanitaria para los damnificados.Durante su intervención en Yopal, De La Espriella explicó que escogió a Casanare como sede del segundo empalme territorial en reconocimiento al respaldo electoral recibido en ese departamento.El mandatario aseguró que su propósito será ejecutar el presupuesto nacional desde las regiones y trabajar directamente con gobernadores y alcaldes para sacar adelante los proyectos priorizados por cada territorio.En ese sentido, les pidió a los mandatarios locales presentar principalmente las iniciativas que ya se encuentran en fase tres de estructuración, con el objetivo de acelerar su ejecución una vez inicie el nuevo Gobierno.También afirmó que, si el presupuesto nacional no alcanza para financiar todas las obras, buscará recursos mediante la banca multilateral y alianzas con el sector privado.Los anuncios se producen mientras Casanare mantiene la declaratoria de calamidad pública, luego del desbordamiento de los ríos Casanare, Ariporo, Pauto, Cravo Sur y Tocaría, situación que deja más de 4.200 familias damnificadas y mantiene activas las alertas rojas por nuevas crecientes.De La Espriella aseguró que la atención a esta emergencia será una de las primeras acciones de su administración y sostuvo que este tipo de campañas de solidaridad se fortalecerán una vez asuma oficialmente el Gobierno.
El Movimiento Amplio Social de Mujeres pidió al Gobierno Nacional activar de manera urgente las medidas de emergencia por violencia de género en el Atlántico, ante el número de asesinatos registrados este año. Según cifras de Medicina Legal, en lo corrido de 2026 han sido asesinadas 64 mujeres en el departamento.El llamado se produce luego de que este fin de semana cuatro mujeres fueran asesinadas entre Soledad y Barranquilla. Uno de los casos más recientes ocurrió en un estadero del barrio Villate, en el sur de la ciudad, donde sicarios le quitaron la vida a tiros a Román Segundo Medina Cabrera, de 40 años. En medio del ataque, una de las balas impactó a Zabit Barrios Tobar, de 44 años, quien departía con otras personas a pocos metros del lugar. La mujer murió en el sitio, mientras que los sicarios huyeron en una motocicleta.Ruth Pareja, integrante del movimiento pidió al gobernador del Atlántico convocar esta misma semana un consejo de seguridad con enfoque de género, en el que participen las autoridades y las organizaciones sociales.“El gobernador como primera autoridad del departamento le corresponde también una activación territorial de emergencia y es convocar de manera urgente en esta misma semana el Consejo de Seguridad con enfoque de género indudablemente con las organizaciones sociales que son los que vamos a monitorear qué está pasando con estos asesinatos de mujeres”, indicó Ruth Pareja.Este fin de semana también fueron asesinadas a tiros en otro ataque sicarial ocurrido en el barrio Terranova, en Soledad, una mujer de 36 años y su hija de 14. Las autoridades investigan una posible retaliación entre estructuras criminales. El comandante de la Policía de Soledad, coronel Óscar Galeano, aseguró que el responsable del ataque ya está identificado.
Este lunes en la madrugada, el presidente Abelardo De La Espriella autorizó un bombardeo contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Andrey’.Esa estructura delinque en el Catatumbo, donde también sostiene disputas con el ELN. Tras la operación, el presidente anunció que cuatro personas fueron abatidas y otras seis fueron capturadas.“En una contundente operación militar que autoricé en zona rural de Tibú, Norte de Santander, nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana golpearon a esta estructura criminal que pretende sembrar el terror y controlar a sangre y fuego el Catatumbo”, dijo el mandatario.En esta operación Noah también se incautaron 7 fusiles y 15 granadas para drones.“Entre los capturados está alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, máximo cabecilla de la estructura 33. Este criminal llevaba cerca de 11 años delinquiendo y liderando confrontaciones armadas en Tibú”, anunció el mandatario.Este es el séptimo bombardeo que se adelanta durante el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.“He dado la orden de mantener la ofensiva militar, golpear sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y recuperar el control de cada territorio que pretenden someter”, agregó el mandatario.
Esta semana, Cali se convierte en la casa de la selección Colombia, de cara al partido amistoso que se realizará el viernes contra Chile en el estadio Pascual Guerrero. El partido es el regreso de la tricolor a la ciudad despues de casi tres décadas, lo que significa una importante oportunidad para la reactivación económica de la ciudad, que ha sido bastante afectada desde el 10 de agosto.Ya llegaron a la capital vallecaucana los primeros jugadores como Davinson Sánchez, Luis Suárez y Camilo Vargas, y se espera que en la tarde de este lunes llegue el resto de los convocados.El alcalde de Cali, Alejandro Eder, celebró el regreso de la selección a la ciudad, reiterando que las ganancias que deje el partido se destinarán a las ayudas paras las familias afectadas por el terremoto."Estamos trabajando con la Federación para que esos dineros vayan a apoyar directamente a quienes más lo necesitan, a los damnificados que aún reciben ayuda humanitaria. Estamos trabajando con el Programa Mundial de Alimentos, tenemos un programa ya de alrededor de 7.000 millones de pesos, a ese fondo se van a sumar los recursos del partido del viernes y con eso se van a adquirir y se van a dar apoyos en mercados para las personas damnificadas que aún necesitan ese apoyo humanitario", señaló Eder.Se espera que con este partido Cali tenga una ocupación hotelera superior al 60%, convirtiéndose en un importante dinamizador para diferentes sectores de la ciudad"Esperamos 20.000 asistentes aproximadamente, donde el 10% se espera que sean turistas o visitantes. Esto reflejará entre 7.100 millones de pesos y 14.900 millones de pesos, donde 5.000 aproximadamente serán de boletería y el resto, el gasto promedio de un residente caleño, será de 90.000 pesos en temas adicionales y 450.000 pesos si es turista o visitante. Esto implica que se dinamicen muchas cadenas de valor en torno al partido, sino también lo que ocurre después, el sector nocturno, del transporte, de la logística", explicó la secretaria de Desarrollo Económico de Cali, Laura Loreto Arias.Las autoridades confirmaron que el estadio Pascual Guerrero se encuentra en óptimas condiciones para recibir a todos los hinchas este viernes. Tanto la selección Colombia como la de chile realizarán sus entrenamientos en las sedes del América y el Deportivo Cali en el sur de la ciudad.
Nuevos detalles se conocen sobre el asesinato de Ramsés Felipe Vargas Quevedo, el egresado del Gimnasio Moderno de 31 años hallado sin vida en el barrio El Paraíso, en la localidad de Chapinero. En entrevista con Meridiano Blu, su novia, María Paula Morera, afirmó que el crimen pudo haber sido algo planeado por personas que le tenían envidia al joven, quien fue despojado de una camioneta en la que se movilizaba previo a su muerte.¿Qué dijo la novia de Ramsés Vargas sobre las causas del crimen?De acuerdo con lo expresado por Morera, Vargas Quevedo era una persona noble que no registraba conflictos personales con terceros. No obstante, la mujer manifestó sus sospechas sobre la intencionalidad del ataque armado cometido en su contra tras ser abordado por delincuentes."Siento que realmente fue algo planeado. Yo digo que Ramsés no tenía enemigos porque era una persona muy noble, muy sencilla. Dentro de lo que yo conocí de él, era una persona muy amable. Y siento que él, de las cosas que tenía, tenía personas que quizás le tenían envidia. Probablemente fue una cosa que hayan planeado, o quizás lo vieron así y lo atracaron", sostuvo Morera.La mujer agregó que dos días antes del hallazgo del cuerpo se había reunido con la víctima, momento en el que tuvo un presentimiento de que algo ocurriría. Asimismo, detalló que Ramsés se desplazaba en una camioneta distinta a la que usaba habitualmente, la cual había adquirido o negociado recientemente mientras la suya ingresaba a taller por fallas mecánicas.¿Cómo fueron los últimos momentos y el hallazgo del cuerpo?Según el relato de la allegada, las últimas actividades conocidas de la víctima incluyeron el desplazamiento hacia el aeropuerto internacional El Dorado para recoger a un amigo de la infancia. Posteriormente, tras dejar a su acompañante, se proyectaba que Vargas Quevedo se dirigiera hacia una propiedad rural.De acuerdo con el informe de las autoridades del CTI de la Fiscalía, el cuerpo fue hallado en una zona boscosa de los Cerros Orientales, en la localidad de Chapinero, con impactos de proyectil en la cabeza. Morera indicó que la víctima solía desplazarse hacia una finca familiar cuya vía de acceso ingresa por el sector de Puente Aranda y la zona de Zona Franca hacia la zona limítrofe entre Bogotá y Mosquera.Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para ubicar el vehículo de alta gama sustraído y los teléfonos celulares del hombre, evaluando si el homicidio fue perpetrado por una estructura dedicada al robo de camionetas de alta gama mediante el uso de inhibidores de señal de rastreo.
Más de 40 modificaciones en registros académicos y movimientos por al menos 35 millones de pesos en matrículas hacen parte de los elementos que la Fiscalía presentó en contra de Carlos Andrés Oyola Tovar, capturado el pasado viernes 6 de noviembre por agentes del CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Gaula Militar.Oyola, quien fue contratado como funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, fue presentado ante un juez de control de garantías. Inicialmente, en las audiencias preliminares conocidas por Blu Radio, se conocieron señalamientos relacionados solo con la presunta alteración de documentos públicos vinculados con su hoja de vida. Sin embargo, en las últimas horas, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol expuso una investigación más amplia relacionada con accesos irregulares a información clasificada, en lo que se considera un acceso abusivo a datos de procesos electorales y de inteligencia estratégica. Según la unidad, estando en ese grupo, según los documentos de la propia DNI, habría asumido una misión clave durante las pasadas elecciones: "Lidera la red que realizaría el trabajo para cambiar resultados de la votación del 21 de junto con otros integrantes ejecutarían los ataques contra la Registraduría".Por ahora, de acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía en la línea de investigación base por la cual se judicializa, hubo modificaciones irregulares de registros académicos y financieros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), además de los delitos de falsedad en documento público, concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y fraude procesal.Según la sustentación, entre 2017 y 2023 habría funcionado una estructura dedicada a modificar irregularmente registros académicos y financieros de estudiantes de la universidad, con participación de personas que tenían acceso interno a los sistemas y otros integrantes que servían como enlaces con los beneficiarios de las modificaciones.La fiscal explicó ante el juez que, según la investigación, Oyola habría tenido un papel de articulación dentro de esa estructura.“Entonces, para los años, entre los años 2017 a 2023, se infiere, operó un acuerdo con vocación de permanencia para facilitar modificaciones irregulares de registros académicos y financieros de estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Con la actuación complementaria de unos operadores internos, unos insiders dentro del sistema, y personas que articulaban esos requerimientos respecto también de unos beneficiarios o algunos beneficiarios que estaban enlazados a través de un nodo con esos insiders”, sostuvo la fiscal.Y agregó: “La Fiscalía, entonces, señor Carlos Andrés Oyola, infiere, razonablemente, su integración consciente a ese acuerdo, en cuanto a modificaciones en los registros académicos y en los financieros. Y allí entonces había unos operadores internos del sistema, señalaba que eran unos insiders, había un nodo articulador entre esos insiders y entre los estudiantes o beneficiarios de estas modificaciones irregulares de notas dentro del sistema”.Según la Fiscalía, el procesado no solamente habría sido beneficiario de las modificaciones realizadas en los sistemas de la universidad, sino que también habría servido como enlace con otros estudiantes que acudían a esta estructura para obtener cambios en sus registros.“Se infiere razonablemente que usted, Carlos Andrés, integró conscientemente ese acuerdo de voluntades y su función era de enlace y de articulación, más allá además de su propio beneficio académico, también del enlace con beneficiarios o terceros estudiantes que llegaban a esa estructura criminal, se sostenían en un periodo de tiempo y salían, ingresaban otros y así sucesivamente dentro de una cadena de acuerdos en esa estructura criminal”, afirmó la fiscal.La funcionaria agregó que la investigación permitió establecer comunicaciones y contactos entre Oyola y estudiantes cuyos registros académicos presentaban irregularidades.“Y, por supuesto, se ha establecido comunicaciones y contactos suyos, señor Oyola, con estudiantes cuyos registros presentaron irregularidades. La condición de integrante del acuerdo se le atribuye por esa convergencia de actividades, su continuidad y su finalidad”, señaló durante la audiencia.Uno de los elementos expuestos por la Fiscalía está relacionado con las propias calificaciones y registros académicos de Oyola. Según la investigación, las modificaciones le habrían permitido avanzar en la obtención de diferentes títulos académicos.“Usted conocía que se estaban modificando sus notas para obtener el título de pregrado, luego se modificaron notas para obtener el título de posgrado y luego de maestría, como ingeniero de sistemas. Usted tenía unas funciones como de coordinador y enlace con esas personas y con esos insiders, pues, en principio, fue usted beneficiario de esas modificaciones de notas”, explicó la fiscal.La Fiscalía señaló que durante los periodos académicos fueron identificadas 41 discrepancias en cursos de Oyola entre las calificaciones que aparecían en el campus virtual y aquellas que quedaron almacenadas en las tablas administrativas de la universidad.“Se identificaron 41 discrepancias, o mejor discrepancias en 41 cursos, entre los resultados del campus virtual y las calificaciones almacenadas en las tablas administrativas. ¿Eso qué significa? Que en el campus virtual era una nota que había, presuntamente, usted sacado de acuerdo al docente, y esa nota era diferente en el sistema de notas, o en el sistema del UNAD, en la tabla de notas, o de calificación”, sostuvo la fiscal.La investigación también encontró, según la Fiscalía, modificaciones relacionadas con los pagos de matrícula. En este punto, la acusación sostiene que fueron encontrados registros manuales a nombre de Oyola que no tendrían comprobación en los sistemas de tesorería.“Y allí, de acuerdo con la matriz académica tenida en cuenta por la Fiscalía y la investigación, se mantienen como referencia pero sobre todo, y determinante, en cuanto al componente financiero, se identificaron registros manuales a su nombre sin comprobación en la tesorería. Es decir, cambios en los estados de cuenta de los pagos de matrículas”, indicó la funcionaria.De acuerdo con la Fiscalía, en el caso particular de Oyola esos movimientos superarían los 35 millones de pesos. Además, las modificaciones de las calificaciones habrían permitido que notas que inicialmente aparecían en cero fueran modificadas y quedaran registradas con calificaciones superiores a 4.0 en diferentes casos.La Fiscalía también sustentó el delito de fraude procesal en la obtención de títulos académicos que, según su hipótesis, se habrían conseguido a partir de registros académicos previamente modificados.“Obtener títulos falsos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia mediante trámites de grado sustentado en historiales académicos irregularmente modificados, logrando dos documentos académicos institucionales que acreditaron requisitos que según esta hipótesis investigativa no se encontraban realmente satisfechos”, explicó la fiscal. Según la acusación, Oyola habría obtenido de esta manera el título de pregrado como ingeniero de sistemas y, posteriormente, un título de especialista en gestión pública.La Fiscalía considera que la conducta investigada tendría una dimensión adicional, pues sostiene que Oyola no solamente se habría beneficiado de las modificaciones realizadas en sus propios registros, sino que habría desempeñado un papel de articulación para que otras personas accedieran a modificaciones similares.Por ahora, los delitos imputados son falsedad en documento público, concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y fraude procesal.
