La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 comparecientes, entre ellos nueve antiguos integrantes del Ejército, dos miembros de la Policía y un funcionario del área de seguridad de Ecopetrol, por su presunta participación en hechos relacionados con la toma paramilitar de Barrancabermeja, Santander, ocurrida entre 1998 y 2000.De acuerdo con la JEP, durante ese periodo fueron identificadas 473 víctimas y 14 masacres en el municipio, además de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y actos de persecución contra habitantes de los barrios orientales, integrantes de la Unión Sindical Obrera (USO) y miembros de la organización defensora de derechos humanos CREDHOS.Entre los llamados a juicio se encuentran los exgenerales retirados del Ejército Nacional Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez y Alberto Bayardo Bravo Silva.Para la JEP, los hechos no pueden ser entendidos simplemente como un enfrentamiento entre grupos armados. La jurisdicción señaló que la incursión paramilitar hizo parte de un plan sistemático dirigido contra personas que fueron señaladas como enemigas, en algunos casos únicamente por el lugar donde vivían, su pertenencia a organizaciones sindicales o su labor de defensa de los derechos humanos.La investigación busca establecer las responsabilidades individuales y los posibles niveles de colaboración o apoyo que habrían permitido la consolidación de la estructura paramilitar en Barrancabermeja durante esos años.La JEP también llamó a juicio al coronel retirado del Ejército José Eduardo González Sánchez, quien se desempeñaba como jefe de seguridad de la refinería de Barrancabermeja.Según la jurisdicción, González Sánchez habría apoyado a estructuras paramilitares comandadas por Ernesto Báez y Camilo Morantes, en hechos que ahora son objeto de juzgamiento dentro del proceso de justicia transicional.En total, son 12 comparecientes imputados por estos hechos. La JEP les otorgó un plazo de 15 días hábiles para que reconozcan por escrito los hechos y su responsabilidad.La toma paramilitar de Barrancabermeja marcó uno de los episodios más graves de violencia en la historia reciente del puerto petrolero. Entre finales de la década de 1990 y comienzos de los años 2000, diferentes estructuras paramilitares disputaron el control territorial y social de la ciudad, particularmente en sectores donde existía una fuerte presencia sindical, comunitaria y de organizaciones defensoras de derechos humanos.La decisión de la JEP busca avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido, identificar las responsabilidades de quienes habrían participado o colaborado con los grupos paramilitares y contribuir al reconocimiento de las víctimas.El caso también pone nuevamente bajo escrutinio la actuación de miembros de la Fuerza Pública y de funcionarios que, según la investigación, habrían facilitado o apoyado las acciones de las estructuras paramilitares que operaron en Barrancabermeja entre 1998 y 2000.
Al descubierto quedó un red delincuencial que se dedicaba a falsificar cédulas de ciudadanía y otros documentos públicos para facilitar actividades ilícitas en Santa Marta.Las investigaciones permitieron ubicar diferentes inmuebles de la capital del Magdalena, donde los integrantes de esta red “elaboraban cédulas de ciudadanía, tarjetas de propiedad de vehículos y placas para motocicletas y automóviles, utilizadas posteriormente para cometer estafas, falsedades y suplantaciones”.Estos espacios fueron allanados y al menos cuatro presuntos integrantes de esta banda fueron capturados y presentados ante un juez en audiencia, que les concedió el beneficio de casa por cárcel mientras se define su condena, luego de que aceptaron su responsabilidad en estos hechos.La Fiscalía detalló que los implicados, no solo se hacían pasar por prestamistas informales o administradores de pagadiarios para despistar a las autoridades; sino que se encargaban de fabricar documentos falsos para grupos armados ilegales que delinquen en la región.Le puede interesar: Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra expanden su control en SantanderEntre los capturados figura Elkin Alfonso López Arrieta, a quien el año pasado le habrían pedido falsificar cientos de documentos para entregarlos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, indicó en audiencia el fiscal del caso."Indicó una fuente humana que el señor Elkin López sería el encargado de hacerle cédulas falsas a miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra o Pachencas y que para la fecha de entrega de esta información, es decir, para agosto del año pasado, tendría un pedido de aproximadamente 500 cédulas para ser entregadas a este GAO", expuso el fiscal.A los procesados se les incautaron 73 cédulas de ciudadanía, una troqueladora, una laminadora, dos computadores portátiles, 11 celulares, 84 tarjetas SIM, papel fotográfico y otros elementos que, al parecer, eran utilizados para elaborar los documentos fraudulentos.Algunos de los documentos incautados contenían la fotografía de uno de los procesados; sin embargo, los nombres no coincidían con su verdadera identidad. Otros presentaban alteraciones específicas en la impresión, la tinta fluorescente invisible UV, la película holográfica, los microtextos legibles.Los demás procesados son Germán Emilio Flórez Maestre, Miguel Ángel López Arrieta y Óscar Enrique Torres Ayola. A todos les imputaron los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y falsedad personal.
Las autoridades confirmaron que el hombre hallado sin vida al interior de un apartamento en un conjunto residencial de Floridablanca fue identificado como Wilfred Martínez Giraldo, conocido con el alias de 'Gavilán', quien fue señalado como exjefe de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la región del Magdalena Medio.El cuerpo fue encontrado dentro de un apartamento ubicado en el conjunto residencial Versalles, sobre el Anillo Vial, luego de que las autoridades fueran alertadas sobre la situación.Inicialmente, se desconocía la identidad de la víctima. Sin embargo, tras las labores de verificación e identificación adelantadas por las autoridades, se confirmó que se trataba de Martínez Giraldo.Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas de la muerte ni las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica al cadáver y recopilaron los elementos materiales probatorios que permitirán avanzar en la investigación.Los investigadores esperan los resultados de Medicina Legal y demás actos urgentes para establecer si se trató de una muerte natural o si existen otras circunstancias que deban ser esclarecidas dentro del proceso judicial.Wilfred Martínez Giraldo, alias 'Gavilán', fue reconocido como uno de los antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con influencia en el Magdalena Medio durante el conflicto armado. Tras el hallazgo de su cuerpo en Floridablanca, la Fiscalía y la Policía Judicial asumieron la investigación para determinar las causas de su fallecimiento y establecer si existe algún hecho delictivo relacionado con el caso. Hasta el momento, las autoridades no han entregado una hipótesis oficial sobre lo ocurrido.
De acuerdo con la investigación, el procesado, conocido con los alias de 'El Patrón' o 'El Viejo', aprovechó su condición de cabecilla paramilitar para obligar a las menores a sostener relaciones sexuales con él, a residir en las fincas donde habitaba y a visitarlo semanalmente en los centros carcelarios.La justicia condenó a 20 años de prisión al exjefe del Frente Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Hernán Giraldo Serna, tras ser hallado responsable del abuso y la explotación sexual de tres niñas de 11 y 12 años, en hechos cometidos entre 2004 y 2006.De acuerdo con la investigación, el procesado, conocido con los alias de 'El Patrón' o 'El Viejo', aprovechó su condición de cabecilla paramilitar para obligar a las menores a sostener relaciones sexuales con él, a residir en las fincas donde habitaba y a visitarlo semanalmente en los centros carcelarios de Medellín e Itagüí, Antioquia, y Barranquilla, Atlántico, donde permanecía recluido antes de su extradición a los Estados Unidos. Las menores ingresaban a los establecimientos penitenciarios con la autorización de la persona que tenía su custodia, lugares en los que fueron abusadas sexualmente y sometidas a diversos actos ilícitos.Las evidencias recopiladas determinaron las secuelas sufridas por las víctimas. Una de las jóvenes, al cumplir 14 años, quedó embarazada y fue obligada a abortar por orden de Giraldo Serna, mientras que otra dio a luz a un bebé producto de los reiterados abusos. Asimismo, las indagaciones adelantadas por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostraron que una de las afectadas fue utilizada en condición de servidumbre debido a que presentaba una discapacidad cognitiva.El proceso judicial se adelantó bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000. El 6 de septiembre de 2022, la Fiscalía emitió resolución de acusación en contra del investigado y declaró los hechos como delitos de lesa humanidad, adquiriendo la condición de imprescriptibles. Posteriormente, durante las audiencias preparatorias llevadas a cabo el 26 de marzo y el 27 de agosto de 2025, Hernán Giraldo Serna aceptó su responsabilidad en las conductas investigadas y se acogió a la figura de sentencia anticipada.
Treinta años después de haber sido desplazadas de sus tierras por grupos paramilitares que actuaron en alianza con el Fondo Ganadero de Córdoba, 12 familias campesinas de la región de Tulapas, en Urabá, recibieron una sentencia que ordena la restitución de 332 hectáreas que les fueron despojadas en la década de los noventa.Uno de los casos es el de la familia Agamez Quintana, propietaria del predio Así es la Vida, ubicado en la vereda El Porvenir de Tulapas. En 1995, la violencia los obligó a abandonar su hogar cuando los paramilitares ingresaron a la zona y asesinaron a sus vecinos, por lo que tuvieron que abandonar la zona ante el ultimátum del grupo armado de desocupar en un plazo de 15 días.Tres décadas después, la familia ya comenzó a regresar a su tierra, como lo narró Julia Agamez, una de las beneficiarias de la sentencia."Después que nosotros salimos, dieron 15 días para que se ocuparan todas las zonas, y ahora queda personal, fue comenzando a entrar y eso otra vez. Todo quedó vacío. Entonces, mataban gente así. Nosotros, por miedo, nos vinimos. Abandonamos las casitas que teníamos, temblábamos maíz, yuca, arroz, ñame, frisol. De eso vivíamos, de los animalitos que teníamos, marranitos, gallinas", recordó Agamez.La decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras pone fin a un proceso administrativo y judicial que se extendió durante diez años. Gerardo Vega Medina, abogado y fundador de la Fundación Forjando Futuros, quienes representan jurídicamente a la mencionada familia."Ellos tuvieron que salir de esas tierras hace 30 años, y el proceso administrativo y judicial ha demorado por lo menos diez. Estas familias fueron despojadas por el Fondo Ganadero de Córdoba a través de grupos paramilitares y de la familia Castaño".La sentencia permitirá que las 12 familias recuperen formalmente sus predios, retornen a sus territorios y accedan a las medidas de reparación y a los programas de apoyo previstos en la política de restitución de tierras.El caso de Tulapas, ubicado entre los municipios de Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá, es considerado uno de los mayores casos de despojo de tierras del país. Allí, miles de hectáreas fueron arrebatadas a campesinos mediante la violencia paramilitar y posteriormente pasaron a manos de grandes proyectos ganaderos y forestales.
El senador electo y excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró que varios de los anuncios hechos por el presidente electo Abelardo De La Espriella en materia de seguridad estarían orientados en instaurar un “gobierno paramilitar” en Colombia.“Hoy estamos ante un nuevo intento de reeditar esas viejas prácticas de la extrema derecha que atentan contra la vida, la democracia y los derechos del pueblo colombiano", señaló Cepeda. En ese sentido, mencionó que "las primeras decisiones que anuncia adoptará el señor Abelardo De La Espriella, en particular aquellas relacionadas con el denominado control del orden público, nos obligan a hacer una advertencia que no puede ser ignorada. Tras conocer anuncios sobre los primeros decretos que él expedirá, hemos llegado a una conclusión grave: en Colombia comienza a configurarse un gobierno paramilitar”. Para el congresista, las preocupaciones estarían centradas en tres anuncios: la creación de bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad que buscarían entregarle parte del monopolio de las armas y funciones de uso de fuerza a particulares como veteranos y reservistas; la restauración del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en reemplazo de la actual Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), lo que estaría encaminado en criminalizar la protesta; y la creación de 10 megacárceles financiadas por el sector privado y administrados por veteranos y reservistas reformando el INPEC.“Más allá del origen de su concepción de que el Estado de derecho es compatible con la paramilitarización de las instituciones y la sociedad, este es un aspecto de su proyecto de “Patria Milagro”, que no es otra cosa distinta al viejo proyecto paramilitar y mafioso de “Refundar la Patria”, agregó. Por estas preocupaciones, Cepeda volvió a reiterar su llamado a la desobediencia civil y le pidió a entidades nacionales e internacionales como la Defensoría del Pueblo,la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que “observen con especial atención el desarrollo de esta nueva etapa que comienza para Colombia”.
La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, liderada por el abogado penalista Jaime Granados, calificó de "irregular" y "políticamente motivado" el reciente llamado a indagatoria proferido por la Fiscalía General de la Nación contra el exmandatario por las masacres de El Aro y La Granja ocurridas en 1996 y 1997, cuando era gobernador de Antioquia. La citación, que vincula a Uribe con hechos ocurridos en la década de los 90, ha sido duramente cuestionada por la defensa, que advierte una coincidencia sospechosa con la inminente jornada electoral.Denuncias de irregularidades procesalesDurante una entrevista concedida a Mañanas Blu, con Néstor Morales, el abogado Jaime Granados señaló que el proceso, tramitado bajo la Ley 600 (sistema inquisitivo), presenta vicios de procedimiento que vulneran las garantías de su defendido. Según el jurista, la Fiscalía había decretado la práctica de una serie de pruebas fundamentales para esclarecer la verdad, las cuales fueron solicitadas oportunamente por la defensa y cuentan con el respaldo de la misma entidad."Sorprende realmente que, sin que se hayan evacuado las pruebas oportunamente pedidas por la defensa, decretadas por la fiscalía y prorrogadas a petición de la fiscalía, vengan ahora sin que se hayan podido completar a llamar a indagatoria", afirmó Granados. El abogado enfatizó que, incluso, la fiscal Gloria Marcela Abadía había concedido recientemente una prórroga para agotar esta etapa probatoria, la cual no ha llegado a su vencimiento."El único afán es electoral"Para la defensa del exjefe de Estado, el momento elegido por la Fiscalía para oficializar este llamado no es casual. A tan solo tres días de la segunda vuelta presidencial, Granados sostiene que la celeridad inusitada en este caso busca influir en el panorama político nacional. "El único afán es que tenemos elecciones el domingo, segunda vuelta. Y claramente aquí mostró ya su cara real la fiscal que lleva este caso", sentenció el penalista. Según Granados, la intención detrás del anuncio es generar un impacto negativo sobre la figura de Uribe y, por extensión, sobre las posturas políticas que este ha respaldado en la actual contienda electoral. "Es increíble que una resolución de la fiscalía se equivoque hasta con el nombre de sus testigos. No fija fecha porque dice que lo hará oportunamente. Es decir, no hay ningún afán para que se realice la indagatoria. El único afán es que se sepa que estamos tomando esa decisión a puertas de las elecciones", agregó.El trasfondo del caso: Ituango y derechos humanosLa investigación que mantiene al expresidente bajo la lupa judicial se centra en hechos de violencia ocurridos en Antioquia a finales de los años 90. Específicamente, se indaga por las masacres de El Aro y La Granja, así como por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.Aunque la Fiscalía ha planteado una hipótesis sobre una presunta coordinación entre autoridades y grupos paramilitares, la defensa sostiene que los elementos probatorios recaudados en años anteriores —incluyendo los periodos en los que el caso estuvo bajo la competencia de la Corte Suprema de Justicia— resultan "ampliamente favorables" al exmandatario. Granados insistió en que, debido a la reserva del sumario, no puede revelar detalles específicos del acervo probatorio, pero subrayó que "el sistema inquisitivo no puede ser una herramienta para asaltar deslealmente a una defensa".
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión que negó la exclusión de Diego Fernando Murillo alias 'Don Berna' de Justicia y Paz. Esto, pese a los reclamos de la Fiscalía General de la Nación y de los representantes de víctimas que advertían una supuesta renuencia del exjefe paramilitar a comparecer ante las autoridades judicialesLa Corte Suprema de Justicia estudió las apelaciones presentadas contra una providencia emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que previamente había rechazado la solicitud de expulsar a ‘Don Berna’ del sistema transicional.La Fiscalía argumentó que Diego Fernando Murillo, extraditado a Estados Unidos en 2008 y actualmente recluido en la prisión de máxima seguridad USP Terre Haute, en Indiana, incumplió los compromisos adquiridos con la Ley de Justicia y Paz al no asistir a múltiples diligencias programadas entre agosto de 2021 y abril de 2022.Para la Fiscalía, el excomandante paramilitar dejó de comparecer a versiones libres ante la el mismo ente acusador y a las audiencias convocadas por magistrados de Justicia y Paz, pese a que existían mecanismos tecnológicos para garantizar su conexión remota desde Estados Unidos.Incluso, la Fiscalía señaló que alias ‘Don Berna’ ha tenido una participación limitada en el esclarecimiento de la verdad, asegurando que aceptaba cargos “por línea de mando” sin profundizar en estructuras criminales, financiadores, alianzas con agentes estatales o redes de apoyo al paramilitarismo.En la solicitud de exclusión también se advirtió que sobre el exjefe paramilitar existen más de 100 anotaciones judiciales y múltiples procesos activos dentro de Justicia y Paz.Algunos representantes respaldaron la petición de la Fiscalía y cuestionaron el aporte de Murillo Bejarano a la verdad histórica del conflicto armado. Entre ellos estuvo el abogado de Camilo Umaña Hernández, quien sostuvo que el exparamilitar no ha revelado información suficiente sobre homicidios, vínculos con agentes estatales y estructuras criminales como 'La Terraza'.
En medio de tensiones con el ocupante de uno de los predios, la Agencia Nacional de Tierras y autoridades locales en el Bajo Cauca antioqueño lograron la recuperación de dos extensos predios rurales que servirán como preparación para las víctimas del conflicto armado en la subregión.Se trata de los predios La Ilusión, con una extensión de 158 hectáreas, y Marlengo, de 60 hectáreas, ubicado en el corregimiento El Jardín del municipio de Cáceres.Según la Agencia Nacional de Tierras ambos terrenos se encontraban bajo la administración del Fondo de Reparación para las Víctimas y habían sido entregados por los exjefes paramilitares alias ‘HH’ y alias ‘Macaco’ como parte de los procesos de reparación integral a las víctimas de la violencia."Uno de estos predios era, en su momento, ocupado por alias 'Macaco', y en la actualidad estaba siendo ocupado de manera irregular con ganado de levante. Logramos recuperar ambos predios, 210 hectáreas acá en el municipio de Cáceres, para disponerla para campesinos sin tierra", dijo Javier Esteban Marín, asesor de la Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras.Particularmente en el caso de La Ilusión, la ANT informó sobre las dificultades para el desalojo del predio por quien lo venía ocupando a través de un contrato dado por finalizado de manera anticipada en el que asumía un canon mensual de apenas un millón de pesos.Según la entidad del Gobierno nacional, tras más de seis horas conversación con el ocupante para explicarle la decisión administrativa y reiterar la necesidad de retirar el ganado y los enseres del lugar, este se negó, por lo que autoridades policiales ordenaron el traslado de los bienes a una bodega en Caucasia y la realización de un inventario de los animales que estaban en el lugar.
La Jurisdicción Especial para la Paz deberá decidir en las próximas semanas si acepta o no el sometimiento del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, luego de escuchar durante dos jornadas sus aportes de verdad relacionados con presuntos vínculos políticos y electorales con estructuras paramilitares en el departamento.La diligencia fue adelantada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, encabezada por el magistrado Carlos Alberto Suárez López, tras una orden de la Sección de Apelación que le otorgó a Aguilar una última oportunidad para ampliar y profundizar sus declaraciones luego de que, en primera instancia, su solicitud de sometimiento fuera rechazada por insuficiencia en los aportes de verdad.Durante la audiencia, el exmandatario habló sobre sus relaciones políticas con integrantes del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y reconoció haber tenido conocimiento del respaldo paramilitar a su candidatura a la Gobernación de Santander en 2003.“Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”, afirmó Aguilar durante una de las sesiones ante los magistrados.En sus declaraciones también se refirió a reuniones con exjefes paramilitares como alias “Don Berna”, “Camilo Morantes” y “Ernesto Báez”, además de acuerdos políticos relacionados con candidaturas avaladas por el partido Convergencia Ciudadana en Santander.La magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, participó en la audiencia debido a que el testimonio del exgobernador podría convertirse en una pieza clave para esclarecer posibles vínculos entre agentes del Estado y estructuras paramilitares en esa región del país.Durante la diligencia, Aguilar también fue interrogado sobre el incremento de su patrimonio entre 2002 y 2015, calculado por las autoridades en cerca de 1.999 millones de pesos y que actualmente es objeto de investigación por presunto enriquecimiento ilícito en la justicia ordinaria.El exgobernador además negó que el Bloque de Búsqueda hubiera recibido financiación del Cartel de Cali o de Ecopetrol, y aseguró que esa unidad operaba con recursos estatales provenientes de entidades como la Policía, el Ejército, el extinto DAS y apoyo logístico de la DEA.La audiencia contó con la participación de representantes de víctimas, entre ellos la Unión Sindical Obrera, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos y delegados del Ministerio Público.El caso de Hugo Aguilar ha sido uno de los más representativos del fenómeno de la parapolítica en Santander. El exgobernador y exoficial de la Policía ya había sido condenado por vínculos con grupos paramilitares, en medio de investigaciones que durante años revelaron la influencia de las AUC en procesos electorales y estructuras de poder político en varias regiones del país.Con los aportes entregados en estas sesiones, la JEP evaluará ahora si las declaraciones cumplen con los estándares de verdad exigidos para otorgarle beneficios jurídicos dentro del sistema de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz con las FARC.
Un devastador movimiento telúrico ocurrido el 16 de noviembre de 1827 destruyó por completo el asentamiento original de la población donde se ubicaba el municipio de Chaparral. Al cumplirse 199 años de este evento histórico, el estudio de la amenaza sísmica en esa zona del país mantiene en alerta a la población de Chaparral.Zonas de subducción y acumulación de energíaLos sismos de mayor magnitud a nivel mundial se originan en contextos geológicos específicos, principalmente en las zonas de subducción, donde el choque entre placas tectónicas genera un proceso continuo de acumulación de fricción y energía. La geóloga Martha Calvache habló para la emisora Ecos del Combeiba 790AM sobre la evaluación de las fuentes sismogénicas y la desinformación asociada a este tipo de eventos."Hay muchos estudios, muchas teorías. Cada vez hay más información de cómo esa energía se va acumulando en zonas mucho más propensas a sismos grandes, muy muy grandes, que son, por ejemplo, la zona donde se acumula toda esta energía porque una placa se choca contra la otra, como son las zonas de subducción", explicó la experta.Frente a la idea extendida de que los eventos telúricos se repiten en intervalos fijos de tiempo, el informe de Calvache desmitifica la posibilidad de fijar fechas o plazos exactos:"Se pretende decir muchas veces que cada 50 años ocurre un sismo, que ya va a ocurrir porque son 49 años que han pasado desde ese sismo y entonces ya va a pasar el otro. La naturaleza y los humanos no llegamos a esas precisiones", aseveró.
La Unión Sindical Obrera, USO, se pronunció sobre la designación de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol y manifestó su disposición para trabajar con la nueva administración en el fortalecimiento de la empresa.Martín Ravelo, integrante de la USO, señaló que los trabajadores esperan que durante esta nueva etapa se adopten medidas encaminadas a fortalecer la soberanía y la seguridad energética del país, además de consolidar a Ecopetrol como una de las principales empresas de Colombia.“Aspiramos en la expectativa desde los trabajadores que se implementen las políticas correctas para recuperar la soberanía y la seguridad energética de los colombianos, fortalecer a Ecopetrol como la empresa insignia del país”, señaló Ravelo.El dirigente sindical también destacó la importancia de que la industria petrolera tenga una relación más cercana con las comunidades donde desarrolla sus actividades. Según dijo, esperan que los territorios vean a la industria extractiva como un aliado y que se continúe generando empleo digno para las familias vinculadas al sector.La posición de la USO también fue expresada a través de su cuenta en X, donde el sindicato manifestó su disposición al diálogo y al trabajo conjunto, manteniendo su independencia y autonomía sindical.La USO también señaló que será estratégico que las vicepresidencias que hacen parte del comité directivo de Ecopetrol estén encabezadas por personas con amplia experiencia en el sector de petróleo y gas.Para el sindicato, el diálogo social será uno de los elementos centrales para avanzar en la reactivación de la industria y fortalecer a Ecopetrol como empresa mayoritariamente pública y activo estratégico de la Nación.
La fuerza pública en Cali llevó a cabo la denominada 'Operación Iron', un despliegue operativo enfocado en golpear las estructuras delictivas radicadas en el sector céntrico de El Calvario y en otras zonas estratégicas de la capital vallecaucana.En dialogo con Mañanas Blu, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó el balance definitivo de esta ofensiva e informó que el despliegue permitió neutralizar a siete organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes a pequeña escala, al robo y a los homicidios.Detalles de la Operación Iron y el impacto en El CalvarioEl mandatario local explicó que las acciones no solo se concentraron en el corazón de la ciudad, sino que se extendieron a sectores como El Vallado, en el oriente, y Meléndez, en la comuna 18.Refiriéndose a los resultados del despliegue policial y militar, Eder afirmó que “esta inicial fue un operativo que se llevó a cabo en el centro de Cali, pero también en el oriente, en el sector del Vallado y en la comuna 18 en el sector de Meléndez y logramos desarticular siete bandas dedicadas al microtráfico, al hurto y al homicidio”.Entre las estructuras desmanteladas o intervenidas en este sector céntrico se encuentran bandas reconocidas en la zona como Los Buitres, La Luna y Los Pascuas.El sector de El Calvario ha sido históricamente catalogado como uno de los principales focos de delincuencia en la ciudad.Sobre la magnitud de este problema, el alcalde Alejandro Eder comparó la situación con zonas críticas de la capital colombiana: “El Calvario es, haga de cuenta, el Bronx en Bogotá... una olla que lleva 50 años de esta manera”.Añadió además la gravedad geográfica de este punto al señalar que “tener la olla donde está en Cali es como si en Bogotá el Bronx quedara en la 78... están en el corazón de la ciudad, en el corazón del motor económico de la ciudad”.Solamente en el sector de El Calvario se ejecutaron cerca de 40 capturas de integrantes de estas bandas dedicadas al expendio de sustancias psicoactivas.Renovación urbana y articulación con el Gobierno NacionalA diferencia de intervenciones pasadas que terminaban en el traslado de la criminalidad a otros barrios, la administración distrital sostiene que esta estrategia estará respaldada por proyectos concretos de transformación física e institucional.El mandatario destacó que ya se encuentra en funcionamiento la sede principal del búnker de la Fiscalía en ese sector, sumado al inicio de la construcción de la Estación Central del MÍO —una infraestructura de 90.000 metros cuadrados— y la edificación de tres torres de vivienda nueva con cerca de 80 apartamentos cada una.Asimismo, Eder enfatizó la importancia de la voluntad política y el respaldo del Gobierno Nacional para ejecutar operaciones de gran escala. Para llevar a cabo esta incursión simultánea en siete puntos de la ciudad, se requirieron más de 100 efectivos, tanquetas y unidades de fuerzas especiales urbanas de las Fuerzas Militares.Con el fin de ratificar la continuidad de la estrategia de seguridad, el mandatario fue categórico al declarar: “esto no es flor de una noche, esto es la primera parte del operativo y vendrán más”.Finalmente, al referirse al impacto de la presencia del presidente de la República y los altos mandos institucionales en el terreno de las operaciones, el alcalde destacó el aspecto psicológico y de respaldo operacional. “Cuando la fuerza pública ve el compromiso de sus gobernantes, comenzando con el presidente de la República, presencia del alcalde, presencia de todos los altos mandos, eso motiva a la tropa”.Escuche aquí la entrevista:
La visita a Washington del presidente chino, Xi Jinping, para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha despertado comparaciones entre las limusinas blindadas que acompañan a los dos hombres más poderosos del mundo: 'La Bestia' de Trump y la llamada 'Bandera Roja' de Xi.Trump y la primera dama, Melania Trump, recibieron el miércoles a pie de pista, en la base aérea Andrews, a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, y, tras la ceremonia de bienvenida, ambas parejas partieron en sus respectivos vehículos oficiales.Ambos mandatarios buscan proyectar una imagen de buena sintonía pese a las tensiones entre Washington y Pekín por asuntos como los aranceles, la guerra de Irán, el futuro de Taiwán o la carrera por la inteligencia artificial.Las características de sus limusinas, que funcionan también como símbolos de poder de Estados Unidos y China, están rodeadas de secretismo por motivos de seguridad, lo que alimenta las especulaciones sobre sus capacidades.La Bestia, un búnker sobre ruedas'La Bestia' estadounidense, uno de los grandes símbolos de la Presidencia junto al avión Air Force One, es un Cadillac, la emblemática marca de automóviles de lujo propiedad de General Motors.El actual modelo utilizado por Trump, fabricado específicamente para el presidente estadounidense, entró en servicio en 2018, con un coste estimado de 1,5 millones de dólares.Aunque el Servicio Secreto no ha difundido detalles específicos sobre sus sistemas de seguridad, medios estadounidenses estiman que pesa entre 6,8 y 9,1 toneladas y que combina rasgos de Cadillac con componentes propios de vehículos pesados.Considerada un búnker sobre ruedas, a 'La Bestia' se le atribuyen un blindaje multicapa, puertas con un peso similar al de las de un Boeing 757 y neumáticos capaces de seguir operativos tras sufrir daños, además de un habitáculo sellado con sistemas de filtración de aire para proteger al presidente frente a un ataque químico.El hermetismo del HongqiEl automóvil utilizado por Xi es un modelo N701 de la marca de lujo Hongqi (que en chino significa 'Bandera Roja') perteneciente al grupo estatal FAW que el mandatario chino utiliza en sus desplazamientos desde 2022 y cuyo precio algunas estimaciones sitúan en torno a los 700.000 dólares.El Hongqi llamó la atención en 2023 del entonces presidente estadounidense, Joe Biden, durante una reunión en San Francisco."Es un vehículo hermoso", le dijo el demócrata a Xi durante un breve intercambio en el que compararon el automóvil chino con su Cadillac, después de que el mandatario chino le explicara que era un "Hongqi, de fabricación doméstica".El N701 mantiene el icónico adorno de la bandera roja en el capó, característico de la marca, pero presenta un aspecto más alargado que los modelos tradicionales de la marca y conserva un diseño que recuerda a los automóviles de los años 50 del pasado siglo, en un guiño estético al primer Hongqi, que data de 1958.Diversos reportes sitúan su longitud por encima de los 5,5 metros y estiman su peso en unas tres toneladas, lo que lo haría considerablemente más ligero que 'La Bestia', aunque Pekín no ha hecho públicos sus datos técnicos ni sus sistemas de protección.Mientras el vehículo de Trump está diseñado para resistir un ataque directo, el Hongqi de Xi apuesta por la potencia de su motor para poder escapar a gran velocidad en caso de una emboscada.Ambas limusinas se desplazan en avión para acompañar a los presidentes en sus viajes internacionales.Pero mientras 'La Bestia' ha sido durante años objeto de cobertura mediática, el Hongqi de Xi permanece prácticamente fuera del escrutinio público, en un hermetismo que alimenta las especulaciones sobre las capacidades de la industria automovilística china.
Decenas de hogares migrantes venezolanos en Bucaramanga están enfrentando retrasos de varios meses en el pago del subsidio de arrendamiento otorgado por el Ministerio de Vivienda, a través de Fonvivienda. Ante la falta de desembolsos, algunos beneficiarios ya acudieron a la tutela.El programa hace parte de una estrategia de subsidios de arrendamiento para hogares migrantes venezolanos y cuenta con recursos de cooperación internacional del Banco Mundial. En Bucaramanga, Fonvivienda abrió convocatorias durante 2025 y asignó subsidios para cubrir parcialmente el canon de arrendamiento durante un periodo de hasta 12 meses.De acuerdo con los beneficiarios, los retrasos comenzaron a presentarse desde finales de 2025 y se han extendido durante 2026. Mientras algunos hogares que finalizaron el beneficio en julio todavía tendrían meses pendientes por recibir, quienes iniciaron el subsidio en enero aseguran que, en varios casos, solo les han pagado los primeros meses del año.El subsidio corresponde a un porcentaje del salario mínimo y el dinero es girado directamente al arrendador, no al beneficiario. Según la convocatoria de Fonvivienda, para el programa financiado por el Banco Mundial el aporte podía llegar al 45 % de un salario mínimo mensual y otorgarse durante 12 meses consecutivos.La demora en los pagos ha generado dificultades entre los beneficiarios y sus arrendadores. Algunos propietarios, según los testimonios recogidos, estarían reclamando directamente a los hogares migrantes el pago de los cánones atrasados e incluso se han presentado casos en los que las personas han tenido que buscar otro lugar para vivir.La situación ya llegó a la Alcaldía de Bucaramanga. El secretario de Desarrollo Social, Iván Torres, explicó que el municipio participó en la etapa inicial del programa, principalmente en la focalización de los hogares beneficiarios, pero que no es la entidad responsable de administrar o girar los recursos.La Alcaldía de Bucaramanga también quedó vinculada a una de las acciones de tutela interpuestas por los beneficiarios.Torres señaló que en Bucaramanga fueron identificados cerca de 140 beneficiarios y reconoció que los pagos han presentado retrasos. Según explicó, en algunos casos se acumulan dos o tres meses y posteriormente se realiza el desembolso.“No es que no se les vaya a pagar o se haya dejado de pagar. Se presentaron fue demoras”, explicó el funcionario.El secretario también confirmó que envió una comunicación al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para poner en su conocimiento la situación y buscar una solución. El funcionario señaló que, ante la incertidumbre generada por los retrasos, ya se han presentado tutelas y se prevé que se interpongan nuevas acciones judiciales.Ahora, los beneficiarios esperan que el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda aclaren qué está ocasionando los retrasos y definan cuándo serán desembolsados los recursos pendientes.
