El Tribunal Superior de Bucaramanga impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre la finca Piedra Linda, una propiedad rural ubicada en Cimitarra, Santander, que estaría vinculada a actividades de estructuras paramilitares que delinquieron en el Magdalena Medio.El inmueble, que tiene una extensión de 1.154 hectáreas y está avaluado en más de 21.300 millones de pesos, fue ocupado durante una diligencia adelantada por el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la investigación, la propiedad habría sido utilizada para el entrenamiento físico y armado de integrantes de grupos paramilitares con presencia en la región. Las labores de policía judicial y los testimonios recopilados dan cuenta, de manera preliminar, de que en el lugar habrían permanecido instructores extranjeros contratados por esas organizaciones ilegales.Aunque Piedra Linda figura registrada a nombre de una particular, los análisis patrimoniales realizados por las autoridades evidenciaron una posible relación del inmueble con personas involucradas en actividades de narcotráfico y en la conformación de estructuras armadas.La medida cautelar busca evitar que el inmueble sea transferido o dispuesto mientras avanza el proceso de extinción del derecho de dominio. La actuación se desarrolla a partir de los elementos recopilados por la Fiscalía sobre el posible vínculo del predio con actividades ilícitas y estructuras armadas que operaron en la región del Magdalena Medio.Una vez adoptadas las medidas, la Fiscalía pondrá la hacienda a disposición de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el propósito de que el inmueble sea destinado a la generación de recursos en favor de las víctimas del conflicto armado.
Una hacienda de 1.154 hectáreas, avaluada en más de $21.300 millones, ubicada en Cimitarra, Santander, quedó bajo medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación ante el Tribunal Superior de Bucaramanga.Se trata de la finca Piedra Linda, un predio que, de acuerdo con la investigación, habría estado relacionado con actividades de estructuras paramilitares que operaron en el Magdalena Medio durante el conflicto armado.La propiedad fue ocupada durante una diligencia adelantada por el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, como parte del proceso para determinar el origen y la relación del inmueble con actividades ilícitas.Según las labores de policía judicial y los testimonios recopilados por la Fiscalía, Piedra Linda habría sido utilizada como lugar de entrenamiento físico y armado de integrantes de grupos paramilitares con presencia en esta zona de Santander.La investigación también señala que en el predio, al parecer, permanecieron instructores extranjeros contratados por estas organizaciones ilegales para adelantar procesos de formación militar."Aunque la finca aparece registrada a nombre de una particular, los análisis patrimoniales realizados por las autoridades habrían evidenciado una posible relación del inmueble con personas vinculadas a actividades de narcotráfico y a la conformación de estructuras armadas", dice el comunicado de la Fiscalía. Le puede interesar: Restituyen tierras despojadas por paramilitares a 12 familias de Tulapas, UrabáLa decisión hace parte de los procesos de extinción de dominio mediante los cuales el Estado busca afectar bienes que presuntamente estuvieron vinculados con actividades ilícitas y convertirlos, cuando corresponda, en instrumentos para la reparación de las víctimas del conflicto armado. La Fiscalía anunció que la hacienda será puesta a disposición de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con el propósito de que genere recursos destinados a beneficiar a quienes fueron afectados por el conflicto armado.El caso cobra especial relevancia en Santander por la histórica presencia y accionar de estructuras paramilitares en municipios del Magdalena Medio, una región marcada durante décadas por hechos de violencia, desplazamientos, homicidios y despojo de tierras.La medida sobre la finca Piedra Linda representa así un nuevo capítulo en la recuperación de bienes que, según las investigaciones judiciales, habrían estado relacionados con las estructuras armadas que operaron en la región, para destinarlos ahora a fines de reparación de las víctimas.
En fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla condenó a 6 años de prisión y el pago de 2.451 millones de pesos al polémico abogado Arcadio Martínez, exapoderado de Silvia Gette, rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, “por el delito de ocultamiento”.En el documento del fallo, el magistrado ponente, Jorge Eliécer Cabrera, expuso que el 10 de febrero de 2013, cuando investigadores del CTI de la Fiscalía capturaron al abogado, este destruyó una simcard que contenía información relacionada con el soborno que pretendía pagarle al exparamilitar Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, excabecilla del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, para que cambiara la versión que señalaba a su cliente Silvia Gette Ponce, como presunta autora intelectual del homicidio del ganadero Fernando Cepeda, ocurrido en agosto de 2003 en el suroccidente de Barranquilla.Detalla el magistrado que, cuando Martínez Pumarejo se encontraba bajo custodia en las instalacione de la URI, habría intentado ocultar un teléfono BlackBerry en el cielo raso del baño y allí destruir el dispositivo con la tarjeta SIM, sin embargo, al ser descubierto por un agente del CTI, el abogado le ofreció $100 millones a cambio de no reportar lo ocurrido.Hay que recordar que previamente al traslado del abogado a las instalaciones de la URI, la Fiscalía lo capturó en flagrancia cuando intentaba entregar más de 200 millones de pesos a una persona que alias 'Don Antonio' habría designado para recibir el dinero.Así las cosas, el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó revocar el fallo absolutorio de primera instancia, capturar al abogado y negar la prisión domiciliaria."Líbrese orden de captura a los miembros de Policía Judicial o Policía Nacional, para que capturen a Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, por razón de este proceso penal, una vez materializada la misma se coloque a disposición del Juzgado de origen o sea el Juzgado que haga sus veces", reza en el documento.También se debe tener en cuenta que contra el fallo de primera instancia que absolvió a Martínez, fue interpuesto el recurso de apelación por el hoy Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, que representaba a Paulina Ceballos, esposa del asesinado ganadero. La apelación fue presentada por Natalie Arteta, apoderada del hoy mandatario de los colombianos, y el Ministerio Público, que solicitaron la revocatoria integral de la absolución.De igual forma, hay que resaltar que en su momento, alias 'Don Antonio' le contó a la Fiscalía que Martínez en nombre de Silvia Gette, le ofreció 500 millones de pesos en total para cambiar su testimonio e incriminar tanto a Paulina Ceballos como al propio de La Espriella, en un entramado de manipulación de testigos.Ante estas acusaciones de alias Don Antonio, Gette siempre ha sostenido que fue víctima del exparamilitar que la quería extorsionar y chantajear.Contra el reciente fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla Arcadio Martínez podrá presentar impugnación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 comparecientes, entre ellos nueve antiguos integrantes del Ejército, dos miembros de la Policía y un funcionario del área de seguridad de Ecopetrol, por su presunta participación en hechos relacionados con la toma paramilitar de Barrancabermeja, Santander, ocurrida entre 1998 y 2000.De acuerdo con la JEP, durante ese periodo fueron identificadas 473 víctimas y 14 masacres en el municipio, además de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y actos de persecución contra habitantes de los barrios orientales, integrantes de la Unión Sindical Obrera (USO) y miembros de la organización defensora de derechos humanos CREDHOS.Entre los llamados a juicio se encuentran los exgenerales retirados del Ejército Nacional Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez y Alberto Bayardo Bravo Silva.Para la JEP, los hechos no pueden ser entendidos simplemente como un enfrentamiento entre grupos armados. La jurisdicción señaló que la incursión paramilitar hizo parte de un plan sistemático dirigido contra personas que fueron señaladas como enemigas, en algunos casos únicamente por el lugar donde vivían, su pertenencia a organizaciones sindicales o su labor de defensa de los derechos humanos.La investigación busca establecer las responsabilidades individuales y los posibles niveles de colaboración o apoyo que habrían permitido la consolidación de la estructura paramilitar en Barrancabermeja durante esos años.La JEP también llamó a juicio al coronel retirado del Ejército José Eduardo González Sánchez, quien se desempeñaba como jefe de seguridad de la refinería de Barrancabermeja.Según la jurisdicción, González Sánchez habría apoyado a estructuras paramilitares comandadas por Ernesto Báez y Camilo Morantes, en hechos que ahora son objeto de juzgamiento dentro del proceso de justicia transicional.En total, son 12 comparecientes imputados por estos hechos. La JEP les otorgó un plazo de 15 días hábiles para que reconozcan por escrito los hechos y su responsabilidad.La toma paramilitar de Barrancabermeja marcó uno de los episodios más graves de violencia en la historia reciente del puerto petrolero. Entre finales de la década de 1990 y comienzos de los años 2000, diferentes estructuras paramilitares disputaron el control territorial y social de la ciudad, particularmente en sectores donde existía una fuerte presencia sindical, comunitaria y de organizaciones defensoras de derechos humanos.La decisión de la JEP busca avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido, identificar las responsabilidades de quienes habrían participado o colaborado con los grupos paramilitares y contribuir al reconocimiento de las víctimas.El caso también pone nuevamente bajo escrutinio la actuación de miembros de la Fuerza Pública y de funcionarios que, según la investigación, habrían facilitado o apoyado las acciones de las estructuras paramilitares que operaron en Barrancabermeja entre 1998 y 2000.
Al descubierto quedó un red delincuencial que se dedicaba a falsificar cédulas de ciudadanía y otros documentos públicos para facilitar actividades ilícitas en Santa Marta.Las investigaciones permitieron ubicar diferentes inmuebles de la capital del Magdalena, donde los integrantes de esta red “elaboraban cédulas de ciudadanía, tarjetas de propiedad de vehículos y placas para motocicletas y automóviles, utilizadas posteriormente para cometer estafas, falsedades y suplantaciones”.Estos espacios fueron allanados y al menos cuatro presuntos integrantes de esta banda fueron capturados y presentados ante un juez en audiencia, que les concedió el beneficio de casa por cárcel mientras se define su condena, luego de que aceptaron su responsabilidad en estos hechos.La Fiscalía detalló que los implicados, no solo se hacían pasar por prestamistas informales o administradores de pagadiarios para despistar a las autoridades; sino que se encargaban de fabricar documentos falsos para grupos armados ilegales que delinquen en la región.Le puede interesar: Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra expanden su control en SantanderEntre los capturados figura Elkin Alfonso López Arrieta, a quien el año pasado le habrían pedido falsificar cientos de documentos para entregarlos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, indicó en audiencia el fiscal del caso."Indicó una fuente humana que el señor Elkin López sería el encargado de hacerle cédulas falsas a miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra o Pachencas y que para la fecha de entrega de esta información, es decir, para agosto del año pasado, tendría un pedido de aproximadamente 500 cédulas para ser entregadas a este GAO", expuso el fiscal.A los procesados se les incautaron 73 cédulas de ciudadanía, una troqueladora, una laminadora, dos computadores portátiles, 11 celulares, 84 tarjetas SIM, papel fotográfico y otros elementos que, al parecer, eran utilizados para elaborar los documentos fraudulentos.Algunos de los documentos incautados contenían la fotografía de uno de los procesados; sin embargo, los nombres no coincidían con su verdadera identidad. Otros presentaban alteraciones específicas en la impresión, la tinta fluorescente invisible UV, la película holográfica, los microtextos legibles.Los demás procesados son Germán Emilio Flórez Maestre, Miguel Ángel López Arrieta y Óscar Enrique Torres Ayola. A todos les imputaron los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y falsedad personal.
Las autoridades confirmaron que el hombre hallado sin vida al interior de un apartamento en un conjunto residencial de Floridablanca fue identificado como Wilfred Martínez Giraldo, conocido con el alias de 'Gavilán', quien fue señalado como exjefe de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la región del Magdalena Medio.El cuerpo fue encontrado dentro de un apartamento ubicado en el conjunto residencial Versalles, sobre el Anillo Vial, luego de que las autoridades fueran alertadas sobre la situación.Inicialmente, se desconocía la identidad de la víctima. Sin embargo, tras las labores de verificación e identificación adelantadas por las autoridades, se confirmó que se trataba de Martínez Giraldo.Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas de la muerte ni las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica al cadáver y recopilaron los elementos materiales probatorios que permitirán avanzar en la investigación.Los investigadores esperan los resultados de Medicina Legal y demás actos urgentes para establecer si se trató de una muerte natural o si existen otras circunstancias que deban ser esclarecidas dentro del proceso judicial.Wilfred Martínez Giraldo, alias 'Gavilán', fue reconocido como uno de los antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con influencia en el Magdalena Medio durante el conflicto armado. Tras el hallazgo de su cuerpo en Floridablanca, la Fiscalía y la Policía Judicial asumieron la investigación para determinar las causas de su fallecimiento y establecer si existe algún hecho delictivo relacionado con el caso. Hasta el momento, las autoridades no han entregado una hipótesis oficial sobre lo ocurrido.
De acuerdo con la investigación, el procesado, conocido con los alias de 'El Patrón' o 'El Viejo', aprovechó su condición de cabecilla paramilitar para obligar a las menores a sostener relaciones sexuales con él, a residir en las fincas donde habitaba y a visitarlo semanalmente en los centros carcelarios.La justicia condenó a 20 años de prisión al exjefe del Frente Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Hernán Giraldo Serna, tras ser hallado responsable del abuso y la explotación sexual de tres niñas de 11 y 12 años, en hechos cometidos entre 2004 y 2006.De acuerdo con la investigación, el procesado, conocido con los alias de 'El Patrón' o 'El Viejo', aprovechó su condición de cabecilla paramilitar para obligar a las menores a sostener relaciones sexuales con él, a residir en las fincas donde habitaba y a visitarlo semanalmente en los centros carcelarios de Medellín e Itagüí, Antioquia, y Barranquilla, Atlántico, donde permanecía recluido antes de su extradición a los Estados Unidos. Las menores ingresaban a los establecimientos penitenciarios con la autorización de la persona que tenía su custodia, lugares en los que fueron abusadas sexualmente y sometidas a diversos actos ilícitos.Las evidencias recopiladas determinaron las secuelas sufridas por las víctimas. Una de las jóvenes, al cumplir 14 años, quedó embarazada y fue obligada a abortar por orden de Giraldo Serna, mientras que otra dio a luz a un bebé producto de los reiterados abusos. Asimismo, las indagaciones adelantadas por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostraron que una de las afectadas fue utilizada en condición de servidumbre debido a que presentaba una discapacidad cognitiva.El proceso judicial se adelantó bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000. El 6 de septiembre de 2022, la Fiscalía emitió resolución de acusación en contra del investigado y declaró los hechos como delitos de lesa humanidad, adquiriendo la condición de imprescriptibles. Posteriormente, durante las audiencias preparatorias llevadas a cabo el 26 de marzo y el 27 de agosto de 2025, Hernán Giraldo Serna aceptó su responsabilidad en las conductas investigadas y se acogió a la figura de sentencia anticipada.
Treinta años después de haber sido desplazadas de sus tierras por grupos paramilitares que actuaron en alianza con el Fondo Ganadero de Córdoba, 12 familias campesinas de la región de Tulapas, en Urabá, recibieron una sentencia que ordena la restitución de 332 hectáreas que les fueron despojadas en la década de los noventa.Uno de los casos es el de la familia Agamez Quintana, propietaria del predio Así es la Vida, ubicado en la vereda El Porvenir de Tulapas. En 1995, la violencia los obligó a abandonar su hogar cuando los paramilitares ingresaron a la zona y asesinaron a sus vecinos, por lo que tuvieron que abandonar la zona ante el ultimátum del grupo armado de desocupar en un plazo de 15 días.Tres décadas después, la familia ya comenzó a regresar a su tierra, como lo narró Julia Agamez, una de las beneficiarias de la sentencia."Después que nosotros salimos, dieron 15 días para que se ocuparan todas las zonas, y ahora queda personal, fue comenzando a entrar y eso otra vez. Todo quedó vacío. Entonces, mataban gente así. Nosotros, por miedo, nos vinimos. Abandonamos las casitas que teníamos, temblábamos maíz, yuca, arroz, ñame, frisol. De eso vivíamos, de los animalitos que teníamos, marranitos, gallinas", recordó Agamez.La decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras pone fin a un proceso administrativo y judicial que se extendió durante diez años. Gerardo Vega Medina, abogado y fundador de la Fundación Forjando Futuros, quienes representan jurídicamente a la mencionada familia."Ellos tuvieron que salir de esas tierras hace 30 años, y el proceso administrativo y judicial ha demorado por lo menos diez. Estas familias fueron despojadas por el Fondo Ganadero de Córdoba a través de grupos paramilitares y de la familia Castaño".La sentencia permitirá que las 12 familias recuperen formalmente sus predios, retornen a sus territorios y accedan a las medidas de reparación y a los programas de apoyo previstos en la política de restitución de tierras.El caso de Tulapas, ubicado entre los municipios de Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá, es considerado uno de los mayores casos de despojo de tierras del país. Allí, miles de hectáreas fueron arrebatadas a campesinos mediante la violencia paramilitar y posteriormente pasaron a manos de grandes proyectos ganaderos y forestales.
El senador electo y excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró que varios de los anuncios hechos por el presidente electo Abelardo De La Espriella en materia de seguridad estarían orientados en instaurar un “gobierno paramilitar” en Colombia.“Hoy estamos ante un nuevo intento de reeditar esas viejas prácticas de la extrema derecha que atentan contra la vida, la democracia y los derechos del pueblo colombiano", señaló Cepeda. En ese sentido, mencionó que "las primeras decisiones que anuncia adoptará el señor Abelardo De La Espriella, en particular aquellas relacionadas con el denominado control del orden público, nos obligan a hacer una advertencia que no puede ser ignorada. Tras conocer anuncios sobre los primeros decretos que él expedirá, hemos llegado a una conclusión grave: en Colombia comienza a configurarse un gobierno paramilitar”. Para el congresista, las preocupaciones estarían centradas en tres anuncios: la creación de bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad que buscarían entregarle parte del monopolio de las armas y funciones de uso de fuerza a particulares como veteranos y reservistas; la restauración del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en reemplazo de la actual Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), lo que estaría encaminado en criminalizar la protesta; y la creación de 10 megacárceles financiadas por el sector privado y administrados por veteranos y reservistas reformando el INPEC.“Más allá del origen de su concepción de que el Estado de derecho es compatible con la paramilitarización de las instituciones y la sociedad, este es un aspecto de su proyecto de “Patria Milagro”, que no es otra cosa distinta al viejo proyecto paramilitar y mafioso de “Refundar la Patria”, agregó. Por estas preocupaciones, Cepeda volvió a reiterar su llamado a la desobediencia civil y le pidió a entidades nacionales e internacionales como la Defensoría del Pueblo,la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que “observen con especial atención el desarrollo de esta nueva etapa que comienza para Colombia”.
Comprar carro nuevo o usado en Bogotá podría costar más desde el 1 de enero de 2027, cuando entren en vigor las nuevas tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) aprobadas por el Concejo de la ciudad. El ajuste incrementará el impuesto para la comercialización de vehículos de combustión, híbridos y eléctricos, un costo que los concesionarios podrían trasladar a los compradores.El ajuste también cobija el comercio de autopartes y accesorios. Según los cálculos del sector, comprar un carro de $100 millones podría representar un sobrecosto de $300.000, mientras que para un vehículo usado de $50 millones el incremento estimado sería de $150.000. Las cifras ilustran el posible efecto del impuesto y no constituyen un aumento fijo para todas las operaciones.¿Cuánto subirá el ICA para los carros en Bogotá?La reforma establece nuevas tarifas para la actividad comercial relacionada con los vehículos. A partir de la fecha prevista, los porcentajes serán los siguientes:Vehículos de combustión, gasolina y diésel: la tarifa pasará de 6,9 a 11 por mil.Vehículos híbridos: tendrán una tarifa de 10 por mil.Vehículos eléctricos: la tarifa será de 8 por mil.El ICA lo pagan los distribuidores y no directamente el comprador como un impuesto separado por adquirir el vehículo. Sin embargo, el incremento puede elevar los costos de comercialización y reducir los márgenes de los concesionarios, que podrían incorporar ese gasto en el valor final de los automóviles.Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto), calculó que el cambio representa un aumento del 47,8 % frente a la tasa actual, al considerar una tarifa ponderada del 1,02 %.Por otra parte, el incremento de la tarifa del ICA para el comercio de vehículos automotores nuevos y usados, incluidos los eléctricos, híbridos y convencionales, así como para las autopartes y los accesorios, sería del 59,4 %, según Aconauto.¿Por qué el aumento del ICA preocupa al sector automotor?Aconauto advirtió que el incremento podría comprometer la rentabilidad de los concesionarios, afectar puestos de trabajo y reducir las ventas en Bogotá. Uno de los motivos es la forma en que se calcula este impuesto: se liquida sobre los ingresos de la actividad económica, sin tener en cuenta si la operación generó ganancias o pérdidas.Además, el tributo aparece en dos momentos de la cadena comercial: primero, cuando el importador factura el vehículo al concesionario y, después, cuando el concesionario vende el automóvil al comprador. Esta acumulación, según el gremio, incrementa el costo de operar en la capital y puede absorber los márgenes de una actividad que comercializa bienes de alto valor.El incremento también expone a otras siete actividades relacionadas con el sector automotor. Entre ellas se encuentra el comercio de autopartes y accesorios, cuyos mayores costos podrían trasladarse a los consumidores y repercutir en el mantenimiento de los vehículos.La reforma tributaria busca responder a la disminución del recaudo distrital del ICA, asociada con la desaceleración económica nacional. No obstante, Aconauto considera que aumentar la tarifa podría debilitar las actividades gravadas y terminar reduciendo la base sobre la cual Bogotá recauda este impuesto.Concesionarios podrían trasladar ventas y facturación a otros municipiosUno de los riesgos señalados por el gremio es que los establecimientos busquen facturar las operaciones desde sucursales registradas fuera de Bogotá para evitar la tarifa distrital. El planteamiento no se limita a los municipios cercanos a la capital: según el insumo, la factura debidamente registrada es un documento nacional y la operación podría realizarse desde cualquier municipio del país, al igual que la elección del lugar de matrícula.Una de las zonas que podría beneficiarse de un eventual traslado de operaciones es el corredor de la variante Chía-Cajicá, donde existe una oferta de concesionarios de distintas marcas. Los municipios que reciban estas ventas también podrían atraer compradores mediante menores costos de matrícula y obligaciones tributarias posteriores.Sin embargo, la posibilidad de trasladar la facturación dependerá de la infraestructura comercial de cada empresa. Algunos concesionarios no cuentan actualmente con vitrinas adicionales en otros municipios.Quijano advirtió que el aumento del ICA podría desincentivar la renovación del parque automotor, con consecuencias para los objetivos de mejorar la calidad del aire y reducir la accidentalidad. También alertó sobre la pérdida de actividad económica y recaudo si las ventas y matrículas se desplazan fuera de Bogotá.El gremio sostiene que la medida iría en sentido contrario a la reducción de la carga tributaria prevista por el Gobierno nacional y restaría competitividad a la capital frente a otras jurisdicciones.
Un nuevo ataque sicarial sacudió a Floridablanca, Santander. Aníbal Pizón Amarillo fue baleado en el barrio Villa Natalia y murió minutos después en la Clínica Foscal, debido a la gravedad de las heridas.El hecho ocurrió hacia las 3:24 de la tarde del martes 13 de octubre, en inmediaciones de la calle 157 con carrera 30, donde, según el reporte policial, la comunidad alertó sobre varios disparos y la presencia de un hombre tendido en el suelo.Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la víctima acompañada de su esposa. El hombre fue trasladado de inmediato en una camioneta de la Policía a la Clínica Foscal, donde los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, testigos señalaron que los responsables se movilizaban en una motocicleta de placas KDF81G. En el lugar del ataque fueron recolectadas ocho vainillas calibre nueve milímetros y dos proyectiles, elementos que serán analizados como parte de la investigación.La Policía Judicial también buscará obtener los registros de las cámaras de seguridad instaladas por la Junta de Acción Comunal del sector, con el propósito de establecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho de violencia en el área metropolitana de Bucaramanga.
Un llamado a la responsabilidad hizo el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) tras conocer un video en el que se observa a tres jóvenes ingresando al embalse de Bucaramanga, nadando en sus aguas y subiéndose a la estructura del vertedero, una conducta que puso en riesgo sus vidas.Gerardo Bohórquez, director de la Oficina de Comunicaciones del Acueducto, cuestionó que este tipo de acciones son peligrosas y además está prohibido ingresar al área.Bohórquez advirtió que los jóvenes nadaron en una zona que alcanza los 106 metros de profundidad y, además, subieron a la estructura del vertedero, que tiene 20 metros de diámetro y una caída de 50 metros.El funcionario explicó que el embalse hace parte del sistema de abastecimiento de agua potable que beneficia a Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Por esta razón, está prohibido pescar, nadar o practicar deportes náuticos en toda su extensión.“El llamado también está relacionado con la protección del agua que llega a los hogares del área metropolitana. Actividades no autorizadas en el embalse pueden generar riesgos para la calidad del recurso destinado al consumo humano”, señaló Bohórquez.Ante esta situación, el Acueducto pidió a la comunidad evitar este tipo de prácticas y a los padres de familia hablar con sus hijos sobre las consecuencias de ingresar a zonas restringidas. La entidad insistió en que el embalse no es un lugar para actividades recreativas y que una acción que parece inofensiva puede terminar en una emergencia.
El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, confirmó que no hay fecha definida para reprogramar el partido entre Millonarios y Once Caldas, suspendido minutos antes de iniciar en El Campín por el mal estado de la gramilla. En entrevista con Mañanas Blu, el dirigente explicó que la decisión se tomó tras una revisión final con el árbitro, en la que se comprobó que el césped no estaba pegado al suelo, y reconoció que la situación complica el calendario del campeonato.La Dimayor había publicado la noche anterior, en sus redes sociales, videos y fotografías con un mensaje claro: no estaban dadas las condiciones y la gramilla no era apta para el fútbol profesional. Para ese momento, según Zuluaga, había en el estadio más de 20.000 hinchas.Sin fecha para Millonarios vs. Once CaldasConsultado sobre si ya existe una nueva fecha para el encuentro, Zuluaga fue categórico: “No, desafortunadamente no”. El presidente de la Dimayor explicó que esto representa un problema adicional, pues el fútbol colombiano tiene compromisos con la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Si no hay campeón antes de la primera semana de diciembre, advirtió: “Se nos complica la situación”.Sobre la posibilidad de que Once Caldas reclame los puntos por no haberse disputado el partido, el dirigente la descartó. Aseguró que existe un acuerdo de “fair play” con los clubes, que entienden que hubo una fuerza mayor.El concesionario, en el centro de la polémicaZuluaga insistió en que la Dimayor no administra el estadio y que la firma responsable, Sencia, aseguró hasta el último momento que se podía jugar. Según explicó, el concesionario lo sostuvo en videos, por escrito y con técnicos a bordo, y la Dimayor acompañó durante los últimos tres días la instalación de la gramilla. Aunque la entidad tenía una postura contraria, el tratamiento final consistía en cubrir totalmente el césped por la lluvia, y estuvo tapado todo el día.Cuando fue destapado, y durante la revisión con el árbitro, se constató que no se podía jugar. “No habían pegado sobre todo todos los pliegues”, relató el dirigente, quien reconoció que lo que había sobre el terreno era, en la práctica, un tapete que no estaba adherido al piso.Zuluaga contó que, tras la inspección con el árbitro, el concesionario sostuvo que el partido podía jugarse, “que fue lo peor”, en sus palabras, y que incluso intentó atribuir el problema a la Dimayor. El presidente de la entidad aseguró que las pruebas fueron expuestas públicamente para evitar que se dijera que el ente rector no quería jugar en El Campín. Según indicó, en el recorrido por la cancha estuvieron presentes los 12 clubes, los árbitros y los veedores oficiales.Durante la entrevista, los periodistas recordaron que Sencia ha señalado que el único factor por encima de lo permitido era la humedad, que superaba el 50 % y llegaba al 53 %. Zuluaga no se refirió a esa cifra, pero sostuvo que perdieron la confianza en el concesionario.El riesgo de lesionesAl ser consultado sobre los peligros de jugar en esas condiciones, el presidente fue claro: existía la posibilidad de una lesión grave. Explicó que los futbolistas dependen de sus pies, tobillos y rodillas, y que en cualquier momento uno de ellos podía lesionarse.Zuluaga ofreció disculpas a los hinchas de Millonarios y de Once Caldas que acudieron al estadio en un día de lluvia.¿Se juega Santa Fe vs. Jaguares?Otra incógnita es el partido entre Santa Fe y Jaguares, previsto para el día siguiente en El Campín. El presidente de la Dimayor admitió que nadie puede asegurar que la cancha estará en condiciones. Anunció que se realizaría una inspección en la mañana y una reunión con Esencia, además de conversaciones con los dos clubes involucrados.Conciertos y estadios: “una total desventaja”El dirigente aprovechó para cuestionar el uso de los escenarios deportivos en Colombia. Afirmó que se privilegian los conciertos y que el fútbol enfrenta condiciones estrictas, como la prohibición de vender cerveza sin alcohol en el estadio, mientras que en los conciertos, según dijo, se distribuyen droga y licor y asisten menores de edad. “Hay muertos y no pasa nada”, afirmó, y concluyó que el fútbol está en una “total desventaja”.Zuluaga sostuvo que esta no es la primera vez que se daña la cancha de El Campín, pues, según dijo, se ha destruido en más de una ocasión en los últimos dos años por el uso que se le ha dado. Explicó que, a diferencia de otros países, en Colombia los estadios no cuentan con canchas retráctiles ni con las condiciones mínimas para compaginar conciertos y partidos. Añadió que la familia Camacho donó los terrenos con una finalidad específica, que hubiera fútbol, atletismo y tenis, y afirmó que esa misionalidad fue cambiada.Respecto a la posibilidad de frenar conciertos por vía judicial, recordó que se impidió uno en el estadio de Techo mediante una tutela. Sobre El Campín, dijo que se han intentado muchas cosas, pero que hay un negocio de por medio. Los periodistas mencionaron que en los próximos dos meses se esperan siete conciertos más en el estadio.Medidas y consecuencias para los clubesZuluaga adelantó que la Dimayor se pondrá más estricta: no se jugará fútbol en las ciudades que no tengan un escenario dispuesto para ello, y los equipos tendrán que acudir a estadios pequeños, con el consiguiente sacrificio económico. Señaló que los clubes atraviesan una situación financiera difícil y que esto los perjudicaría aún más.Además de El Campín, indicó que la problemática se presenta también en Medellín y en otras ciudades del país. “Nadie se ha preguntado cuánto costó lo de ayer y quién cubre esos costos”, afirmó.
En un consejo extraordinario de seguridad, la Alcaldía de Barranquilla definió el plan operativo que custodiará las calles de la ciudad este miércoles, durante la manifestación que, para el caso de la capital del Atlántico, ha sido convocada a partir de las 3:30 de la tarde.El punto de concentración de maestros y centrales obreras será el parque Esthercita Forero, en el norte de la ciudad. Desde allí bajarán marchando por la carrera 44 y luego tomarán la calle 50 hasta llegar a la Plaza de la Paz, donde cerrarán con un plantón y muestras culturales.El recorrido será monitoreado desde un Puesto de Mando Unificado, y del operativo de seguridad harán parte 950 policías y 300 militares, que estarán desplegados por toda la ciudad, antes, durante y después de la marcha.Por la manifestación, los colegios públicos solo dictarán clases en media jornada, informó José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla."La jornada de la mañana será hasta las 10:30 de la mañana y la jornada de la tarde, hasta las 3:00 de la tarde, ya que la jornada de movilización es a partir de las 3:30 de la concentración. Estaremos saliendo tipo 4:00 de la tarde a marchar", indicó Jiménez.Para vigilar la jornada, también habrá sobrevuelos con drones de la Policía y aeronaves de la Fuerza Aérea; además, se ha dispuesto personal de antidisturbios y dos tanquetas para responder ante cualquier acto vandálico, así como presencia permanente del Ejército en edificios institucionales, entradas y salidas de la ciudad e infraestructura crítica."Respetamos la manifestación pública en la ciudad de Barranquilla y estaremos atentos y vigilantes a tomar las decisiones a las que haya lugar dentro del puesto de mando unificado", dijo el secretario de Gobierno del Distrito, Angelo Cianci.
