El exministro del Interior Armando Benedetti denunció que se hizo efectivo el retiro del esquema de seguridad que lo protegía a él y a su familia. De acuerdo con el exfuncionario, la medida se tomó sin resolver los recursos de ley y sin realizar un nuevo estudio de riesgo, pese a que hace dos meses su condición fue calificada como extraordinaria.La denuncia del exministro se produjo pocas horas después de un cruce de declaraciones con el presidente Abelardo De La Espriella. El mandatario cuestionó a Benedetti por su vinculación al denominado 'Pacto de Valledupar' y por supuestos ofrecimientos a exjefes paramilitares para obtener beneficios a cambio de acusar a líderes políticos.A través de sus redes sociales, Benedetti cuestionó el momento en que se ejecutó la decisión administrativa y responsabilizó directamente al presidente De La Espriella por cualquier hecho que pueda atentar contra su integridad o la de su núcleo familiar."Sin que se hayan resuelto los recursos de ley y sin hacer un nuevo estudio de riesgo, se acaba de hacer efectivo el retiro del esquema de protección mío y de mi familia. ¿Será casualidad? No en vano dije que lo hago responsable de cualquier cosa que nos suceda", señaló el exministro.¿Qué dijo Abelardo De La Espriella sobre Armando Benedetti?La polémica se intensificó luego de las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien afirmó que durante el gobierno anterior representantes oficiales les pidieron acusar a figuras políticas como Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y el propio De La Espriella para influir en un proceso electoral.Ante estos señalamientos, el presidente De La Espriella reaccionó citando un video en el que Benedetti se refería a las gestorías de paz con 16 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)."Esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti. Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria", sostuvo el mandatario.¿En qué consistió la polémica por las gestorías de paz de las AUC?En el material audiovisual citado durante el cruce de declaraciones, el exministro Benedetti daba detalles de un encuentro sostenido con excomandantes paramilitares designados como gestores de paz.En dicho video, Benedetti aseguraba que los exintegrantes de las AUC estaban comprometidos con revelar verdades sobre la clase política que estuvo vinculada con el establecimiento durante la época del conflicto.
Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, excabecilla del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aceptó su responsabilidad en 22 hechos delictivos que dejaron 145 víctimas entre 1999 y 2005 en Valledupar y otros municipios del Cesar. El procesado se acogió a sentencia anticipada ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.La aceptación de cargos comprende los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. La actuación hace parte de la estrategia para terminar anticipadamente procesos tramitados bajo la Ley 600 de 2000, correspondiente al anterior sistema penal. Entre los hechos reconocidos se encuentran cinco homicidios colectivos. Uno ocurrió el 11 de diciembre de 1999 en el corregimiento La Meza, en Valledupar, donde fueron asesinadas cinco personas. Otro se registró el 30 de mayo de 2001 en el sector Los Tupes, en San Diego, y dejó seis víctimas.También están incluidos los ataques armados perpetrados el 13 de enero de 2001 en los barrios Bello Horizonte y Divino Niño, en Valledupar, que causaron nueve muertes. A estos hechos se suman las incursiones armadas ocurridas entre el 4 y el 7 de diciembre de 2005 en Lamas Verdes, jurisdicción de Curumaní, donde fueron asesinadas 20 personas.La investigación también documentó los homicidios de 20 integrantes de los pueblos indígenas Kankuamo y Arhuaco, entre ellos líderes comunitarios y menores de edad. La Fiscalía señaló que, mediante un enfoque diferencial, se evidenciaron las graves afectaciones causadas a estas comunidades, sus territorios, sus formas de vida y sus prácticas culturales y espirituales. De acuerdo con la investigación, las conductas atribuidas a Tovar Pupo habrían respondido a un plan sistemático de amenazas, desplazamientos, torturas y homicidios contra personas que se oponían a la presencia paramilitar en la región.La aceptación de responsabilidad será remitida a un juzgado especializado, que tendrá a su cargo determinar la pena correspondiente. Por ahora, el trámite de sentencia anticipada permite avanzar hacia la definición judicial de los hechos y las conductas reconocidas por el exjefe paramilitar.
El Tribunal Superior de Bucaramanga impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre la finca Piedra Linda, una propiedad rural ubicada en Cimitarra, Santander, que estaría vinculada a actividades de estructuras paramilitares que delinquieron en el Magdalena Medio.El inmueble, que tiene una extensión de 1.154 hectáreas y está avaluado en más de 21.300 millones de pesos, fue ocupado durante una diligencia adelantada por el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la investigación, la propiedad habría sido utilizada para el entrenamiento físico y armado de integrantes de grupos paramilitares con presencia en la región. Las labores de policía judicial y los testimonios recopilados dan cuenta, de manera preliminar, de que en el lugar habrían permanecido instructores extranjeros contratados por esas organizaciones ilegales.Aunque Piedra Linda figura registrada a nombre de una particular, los análisis patrimoniales realizados por las autoridades evidenciaron una posible relación del inmueble con personas involucradas en actividades de narcotráfico y en la conformación de estructuras armadas.La medida cautelar busca evitar que el inmueble sea transferido o dispuesto mientras avanza el proceso de extinción del derecho de dominio. La actuación se desarrolla a partir de los elementos recopilados por la Fiscalía sobre el posible vínculo del predio con actividades ilícitas y estructuras armadas que operaron en la región del Magdalena Medio.Una vez adoptadas las medidas, la Fiscalía pondrá la hacienda a disposición de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el propósito de que el inmueble sea destinado a la generación de recursos en favor de las víctimas del conflicto armado.
Una hacienda de 1.154 hectáreas, avaluada en más de $21.300 millones, ubicada en Cimitarra, Santander, quedó bajo medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación ante el Tribunal Superior de Bucaramanga.Se trata de la finca Piedra Linda, un predio que, de acuerdo con la investigación, habría estado relacionado con actividades de estructuras paramilitares que operaron en el Magdalena Medio durante el conflicto armado.La propiedad fue ocupada durante una diligencia adelantada por el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, como parte del proceso para determinar el origen y la relación del inmueble con actividades ilícitas.Según las labores de policía judicial y los testimonios recopilados por la Fiscalía, Piedra Linda habría sido utilizada como lugar de entrenamiento físico y armado de integrantes de grupos paramilitares con presencia en esta zona de Santander.La investigación también señala que en el predio, al parecer, permanecieron instructores extranjeros contratados por estas organizaciones ilegales para adelantar procesos de formación militar."Aunque la finca aparece registrada a nombre de una particular, los análisis patrimoniales realizados por las autoridades habrían evidenciado una posible relación del inmueble con personas vinculadas a actividades de narcotráfico y a la conformación de estructuras armadas", dice el comunicado de la Fiscalía. Le puede interesar: Restituyen tierras despojadas por paramilitares a 12 familias de Tulapas, UrabáLa decisión hace parte de los procesos de extinción de dominio mediante los cuales el Estado busca afectar bienes que presuntamente estuvieron vinculados con actividades ilícitas y convertirlos, cuando corresponda, en instrumentos para la reparación de las víctimas del conflicto armado. La Fiscalía anunció que la hacienda será puesta a disposición de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con el propósito de que genere recursos destinados a beneficiar a quienes fueron afectados por el conflicto armado.El caso cobra especial relevancia en Santander por la histórica presencia y accionar de estructuras paramilitares en municipios del Magdalena Medio, una región marcada durante décadas por hechos de violencia, desplazamientos, homicidios y despojo de tierras.La medida sobre la finca Piedra Linda representa así un nuevo capítulo en la recuperación de bienes que, según las investigaciones judiciales, habrían estado relacionados con las estructuras armadas que operaron en la región, para destinarlos ahora a fines de reparación de las víctimas.
En fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla condenó a 6 años de prisión y el pago de 2.451 millones de pesos al polémico abogado Arcadio Martínez, exapoderado de Silvia Gette, rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, “por el delito de ocultamiento”.En el documento del fallo, el magistrado ponente, Jorge Eliécer Cabrera, expuso que el 10 de febrero de 2013, cuando investigadores del CTI de la Fiscalía capturaron al abogado, este destruyó una simcard que contenía información relacionada con el soborno que pretendía pagarle al exparamilitar Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, excabecilla del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, para que cambiara la versión que señalaba a su cliente Silvia Gette Ponce, como presunta autora intelectual del homicidio del ganadero Fernando Cepeda, ocurrido en agosto de 2003 en el suroccidente de Barranquilla.Detalla el magistrado que, cuando Martínez Pumarejo se encontraba bajo custodia en las instalacione de la URI, habría intentado ocultar un teléfono BlackBerry en el cielo raso del baño y allí destruir el dispositivo con la tarjeta SIM, sin embargo, al ser descubierto por un agente del CTI, el abogado le ofreció $100 millones a cambio de no reportar lo ocurrido.Hay que recordar que previamente al traslado del abogado a las instalaciones de la URI, la Fiscalía lo capturó en flagrancia cuando intentaba entregar más de 200 millones de pesos a una persona que alias 'Don Antonio' habría designado para recibir el dinero.Así las cosas, el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó revocar el fallo absolutorio de primera instancia, capturar al abogado y negar la prisión domiciliaria."Líbrese orden de captura a los miembros de Policía Judicial o Policía Nacional, para que capturen a Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, por razón de este proceso penal, una vez materializada la misma se coloque a disposición del Juzgado de origen o sea el Juzgado que haga sus veces", reza en el documento.También se debe tener en cuenta que contra el fallo de primera instancia que absolvió a Martínez, fue interpuesto el recurso de apelación por el hoy Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, que representaba a Paulina Ceballos, esposa del asesinado ganadero. La apelación fue presentada por Natalie Arteta, apoderada del hoy mandatario de los colombianos, y el Ministerio Público, que solicitaron la revocatoria integral de la absolución.De igual forma, hay que resaltar que en su momento, alias 'Don Antonio' le contó a la Fiscalía que Martínez en nombre de Silvia Gette, le ofreció 500 millones de pesos en total para cambiar su testimonio e incriminar tanto a Paulina Ceballos como al propio de La Espriella, en un entramado de manipulación de testigos.Ante estas acusaciones de alias Don Antonio, Gette siempre ha sostenido que fue víctima del exparamilitar que la quería extorsionar y chantajear.Contra el reciente fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla Arcadio Martínez podrá presentar impugnación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 comparecientes, entre ellos nueve antiguos integrantes del Ejército, dos miembros de la Policía y un funcionario del área de seguridad de Ecopetrol, por su presunta participación en hechos relacionados con la toma paramilitar de Barrancabermeja, Santander, ocurrida entre 1998 y 2000.De acuerdo con la JEP, durante ese periodo fueron identificadas 473 víctimas y 14 masacres en el municipio, además de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y actos de persecución contra habitantes de los barrios orientales, integrantes de la Unión Sindical Obrera (USO) y miembros de la organización defensora de derechos humanos CREDHOS.Entre los llamados a juicio se encuentran los exgenerales retirados del Ejército Nacional Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez y Alberto Bayardo Bravo Silva.Para la JEP, los hechos no pueden ser entendidos simplemente como un enfrentamiento entre grupos armados. La jurisdicción señaló que la incursión paramilitar hizo parte de un plan sistemático dirigido contra personas que fueron señaladas como enemigas, en algunos casos únicamente por el lugar donde vivían, su pertenencia a organizaciones sindicales o su labor de defensa de los derechos humanos.La investigación busca establecer las responsabilidades individuales y los posibles niveles de colaboración o apoyo que habrían permitido la consolidación de la estructura paramilitar en Barrancabermeja durante esos años.La JEP también llamó a juicio al coronel retirado del Ejército José Eduardo González Sánchez, quien se desempeñaba como jefe de seguridad de la refinería de Barrancabermeja.Según la jurisdicción, González Sánchez habría apoyado a estructuras paramilitares comandadas por Ernesto Báez y Camilo Morantes, en hechos que ahora son objeto de juzgamiento dentro del proceso de justicia transicional.En total, son 12 comparecientes imputados por estos hechos. La JEP les otorgó un plazo de 15 días hábiles para que reconozcan por escrito los hechos y su responsabilidad.La toma paramilitar de Barrancabermeja marcó uno de los episodios más graves de violencia en la historia reciente del puerto petrolero. Entre finales de la década de 1990 y comienzos de los años 2000, diferentes estructuras paramilitares disputaron el control territorial y social de la ciudad, particularmente en sectores donde existía una fuerte presencia sindical, comunitaria y de organizaciones defensoras de derechos humanos.La decisión de la JEP busca avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido, identificar las responsabilidades de quienes habrían participado o colaborado con los grupos paramilitares y contribuir al reconocimiento de las víctimas.El caso también pone nuevamente bajo escrutinio la actuación de miembros de la Fuerza Pública y de funcionarios que, según la investigación, habrían facilitado o apoyado las acciones de las estructuras paramilitares que operaron en Barrancabermeja entre 1998 y 2000.
Al descubierto quedó un red delincuencial que se dedicaba a falsificar cédulas de ciudadanía y otros documentos públicos para facilitar actividades ilícitas en Santa Marta.Las investigaciones permitieron ubicar diferentes inmuebles de la capital del Magdalena, donde los integrantes de esta red “elaboraban cédulas de ciudadanía, tarjetas de propiedad de vehículos y placas para motocicletas y automóviles, utilizadas posteriormente para cometer estafas, falsedades y suplantaciones”.Estos espacios fueron allanados y al menos cuatro presuntos integrantes de esta banda fueron capturados y presentados ante un juez en audiencia, que les concedió el beneficio de casa por cárcel mientras se define su condena, luego de que aceptaron su responsabilidad en estos hechos.La Fiscalía detalló que los implicados, no solo se hacían pasar por prestamistas informales o administradores de pagadiarios para despistar a las autoridades; sino que se encargaban de fabricar documentos falsos para grupos armados ilegales que delinquen en la región.Le puede interesar: Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra expanden su control en SantanderEntre los capturados figura Elkin Alfonso López Arrieta, a quien el año pasado le habrían pedido falsificar cientos de documentos para entregarlos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, indicó en audiencia el fiscal del caso."Indicó una fuente humana que el señor Elkin López sería el encargado de hacerle cédulas falsas a miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra o Pachencas y que para la fecha de entrega de esta información, es decir, para agosto del año pasado, tendría un pedido de aproximadamente 500 cédulas para ser entregadas a este GAO", expuso el fiscal.A los procesados se les incautaron 73 cédulas de ciudadanía, una troqueladora, una laminadora, dos computadores portátiles, 11 celulares, 84 tarjetas SIM, papel fotográfico y otros elementos que, al parecer, eran utilizados para elaborar los documentos fraudulentos.Algunos de los documentos incautados contenían la fotografía de uno de los procesados; sin embargo, los nombres no coincidían con su verdadera identidad. Otros presentaban alteraciones específicas en la impresión, la tinta fluorescente invisible UV, la película holográfica, los microtextos legibles.Los demás procesados son Germán Emilio Flórez Maestre, Miguel Ángel López Arrieta y Óscar Enrique Torres Ayola. A todos les imputaron los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y falsedad personal.
Las autoridades confirmaron que el hombre hallado sin vida al interior de un apartamento en un conjunto residencial de Floridablanca fue identificado como Wilfred Martínez Giraldo, conocido con el alias de 'Gavilán', quien fue señalado como exjefe de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la región del Magdalena Medio.El cuerpo fue encontrado dentro de un apartamento ubicado en el conjunto residencial Versalles, sobre el Anillo Vial, luego de que las autoridades fueran alertadas sobre la situación.Inicialmente, se desconocía la identidad de la víctima. Sin embargo, tras las labores de verificación e identificación adelantadas por las autoridades, se confirmó que se trataba de Martínez Giraldo.Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas de la muerte ni las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica al cadáver y recopilaron los elementos materiales probatorios que permitirán avanzar en la investigación.Los investigadores esperan los resultados de Medicina Legal y demás actos urgentes para establecer si se trató de una muerte natural o si existen otras circunstancias que deban ser esclarecidas dentro del proceso judicial.Wilfred Martínez Giraldo, alias 'Gavilán', fue reconocido como uno de los antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con influencia en el Magdalena Medio durante el conflicto armado. Tras el hallazgo de su cuerpo en Floridablanca, la Fiscalía y la Policía Judicial asumieron la investigación para determinar las causas de su fallecimiento y establecer si existe algún hecho delictivo relacionado con el caso. Hasta el momento, las autoridades no han entregado una hipótesis oficial sobre lo ocurrido.
De acuerdo con la investigación, el procesado, conocido con los alias de 'El Patrón' o 'El Viejo', aprovechó su condición de cabecilla paramilitar para obligar a las menores a sostener relaciones sexuales con él, a residir en las fincas donde habitaba y a visitarlo semanalmente en los centros carcelarios.La justicia condenó a 20 años de prisión al exjefe del Frente Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Hernán Giraldo Serna, tras ser hallado responsable del abuso y la explotación sexual de tres niñas de 11 y 12 años, en hechos cometidos entre 2004 y 2006.De acuerdo con la investigación, el procesado, conocido con los alias de 'El Patrón' o 'El Viejo', aprovechó su condición de cabecilla paramilitar para obligar a las menores a sostener relaciones sexuales con él, a residir en las fincas donde habitaba y a visitarlo semanalmente en los centros carcelarios de Medellín e Itagüí, Antioquia, y Barranquilla, Atlántico, donde permanecía recluido antes de su extradición a los Estados Unidos. Las menores ingresaban a los establecimientos penitenciarios con la autorización de la persona que tenía su custodia, lugares en los que fueron abusadas sexualmente y sometidas a diversos actos ilícitos.Las evidencias recopiladas determinaron las secuelas sufridas por las víctimas. Una de las jóvenes, al cumplir 14 años, quedó embarazada y fue obligada a abortar por orden de Giraldo Serna, mientras que otra dio a luz a un bebé producto de los reiterados abusos. Asimismo, las indagaciones adelantadas por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostraron que una de las afectadas fue utilizada en condición de servidumbre debido a que presentaba una discapacidad cognitiva.El proceso judicial se adelantó bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000. El 6 de septiembre de 2022, la Fiscalía emitió resolución de acusación en contra del investigado y declaró los hechos como delitos de lesa humanidad, adquiriendo la condición de imprescriptibles. Posteriormente, durante las audiencias preparatorias llevadas a cabo el 26 de marzo y el 27 de agosto de 2025, Hernán Giraldo Serna aceptó su responsabilidad en las conductas investigadas y se acogió a la figura de sentencia anticipada.
Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 9 de noviembre de 2026:La tecnológica Nvidia alcanzó a caer un 5 % a media sesión de Wall Street ante nuevos detalles de la investigación sobre su director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió haber tenido una aventura con una mujer de negocios que es una presunta espía del Gobierno chino.Gabriel Lobitsky, general manager de One Identity, explicó cómo las personas pueden cuidar su identidad digital y protegerla del fraude durante la temporada de compras por internet, apropósito del Black Friday.TikTok pide a Maldita.es su investigación para localizar y eliminar vídeos de abuso sexual; la mayoría son contra menores de edad.
La selección chilena inició este lunes su concentración para preparar dos amistosos ante Colombia, que disputará el próximo viernes 13 en Cali, y luego el martes 17 en Santiago, los últimos que se jugarán este año.El técnico interino Selección de Chilea, a la espera de que se integren algunos jugadores que vienen del exterior antes de que viajen el miércoles a Colombia.El encuentro ante los cafeteros tiene carácter benéfico y la recaudación se destinará a los damnificados por el terremoto que afectó a ese país en agosto.Entre los jugadores esperados está el mediocampista del León mexicano Rodrigo Echeverría y los delanteros Maxi Gutiérrez del ruso Dinamo Moscú y Darío Osorio, del Crystal Palace inglés.Las principales novedades de la nómina, por su parte, con el defensor del Inter de Porto Alegre brasileño Guillermo Maripán y el volante Williams Alarcón, reciente campeón con el argentino Boca Juniors, quienes no fueron llamados para la pasada gira en Norteamérica.La Roja viene de enfrentar, en octubre pasado, a Canadá con quien perdió por 1-0 en Toronto, a Estados Unidos ante el que cayó por 4-2 en St. Louis y a México con el que cerró un triunfo por 0-2 en Los Ángeles.Chile llegará a Cali con la baja del zaguero Benjamín Kuscevic, del Toronto FC de la Major League Soccer (MLS), quien fue desafectado tras lesionarse el tobillo derecho durante un entrenamiento con su club.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el archivo de la investigación por presuntas prácticas restrictivas de la competencia en seis procesos de contratación de transporte de personas y carga en helicópteros, realizados entre 2011 y 2023.La decisión favorece a Ecopetrol, Cenit, Ocensa y Helistar, además de las personas naturales vinculadas a la investigación, debido a que la autoridad no encontró pruebas suficientes para establecer su responsabilidad en las conductas examinadas.La determinación, detalló la SIC en un comunicado, acogió la recomendación de archivo del Consejo Asesor de Competencia y tuvo en cuenta las observaciones de la Procuraduría General de la Nación, que había advertido posibles inconsistencias en la fundamentación del informe motivado y riesgos relacionados con la justificación de una eventual sanción.Luego de evaluar las pruebas y los documentos del expediente, la superintendencia concluyó que no se acreditó un direccionamiento de los procesos de contratación para favorecer a Helistar. Tampoco encontró evidencia de actuaciones coordinadas entre las empresas investigadas con el propósito de otorgarle beneficios de manera ilícita.En cuanto a los requisitos de antigüedad y disponibilidad de las aeronaves, la entidad estableció que respondían a razones técnicas y operativas relacionadas con la seguridad, la confiabilidad y la continuidad del servicio de transporte.Por esta razón, tampoco se demostró que dichas exigencias constituyeran restricciones injustificadas para la participación de otros oferentes en los procesos de contratación.La SIC determinó que el material probatorio no cumplía con el estándar necesario para imponer sanciones y, en consecuencia, dispuso el archivo de la actuación administrativa, sin declarar responsables a las empresas ni a las personas naturales investigadas.
A comienzos de 2026, Reykon expresó en diálogo con Blu Radio el orgullo que sentía al ver que, pese al paso de los años, sus seguidores continuaban respetando su trayectoria y, sobre todo, cantando a todo pulmón las canciones que compuso hace más de una década con amor y pasión."Lo que mucha gente pensaba como: 'Qué locos estos manes haciendo reguetón en Medellín’, hoy hace sentir que no estábamos tan locos. A nosotros sí nos tocó esa época. Hoy un pelao se puede subir a cantar y la gente piensa que puede ser el próximo J Balvin. Antes no había credibilidad (...) No porque haya más herramientas significa que sea fácil pegar. Hoy hay una demanda increíble y muchísimos artistas intentando sobresalir", expresó.Meses después, Reykon comprobó que, efectivamente, no estaba equivocado y que el público tampoco había olvidado por qué lo llamaban "el líder". Dos fechas con lleno total en el Movistar Arena de Bogotá, que reunieron a más de 25.000 personas, fueron la muestra de que canciones como "Soltera", "Se Aloca" y "Te Gateo", entre otras, siguen vigentes en la memoria de sus seguidores.Lo que comenzó hace más de diez años como una apuesta por abrirse camino en el género urbano terminó convirtiéndose en parte de la historia del reguetón colombiano. Hoy, el reconocimiento de la industria y la respuesta del público ratifican el impacto de un trabajo que, según ha contado el propio artista, siempre estuvo impulsado por el amor a la música.Para estas dos presentaciones, Reykon preparó varias sorpresas que convirtieron el doble sold out en una celebración de los sonidos que marcaron a toda una generación. J Balvin, Kapo, Pasabordo, J Álvarez, Golpe a Golpe, Hebert Vargas, Nio García y Milo Bvgatti fueron algunos de los invitados nacionales e internacionales que se sumaron a las noches, con apariciones que sorprendieron al público y estuvieron cargadas de emoción.Durante aquella conversación con Blu Radio, el intérprete de "Tu cuerpo me llama" también recordó que, en los primeros años del reguetón colombiano, los artistas urbanos enfrentaban un fuerte rechazo y hasta eran abucheados en algunos escenarios. Sin embargo, considera que el reconocimiento internacional de figuras como Karol G, Maluma, J Balvin y Ryan Castro evidencia la transformación de Medellín: pasó de ser una ciudad donde el género era cuestionado a convertirse en una de las principales capitales musicales del mundo."La música siempre ha tenido historias pesadas. Lo que pasa es que otros artistas las han sabido camuflar un poquito (...) ¿A cuánta gente le ha dado empleo esta música, a cuánta gente ha sacado de los barrios?", señaló.Los dos conciertos con entradas agotadas en el Movistar Arena representaron un capítulo importante en la trayectoria de Reykon y ratificaron su poder de convocatoria. Además, posicionaron el tour No Se Te Olvidó entre las giras de mayor rentabilidad del mercado de conciertos.Más allá de los números, las dos noches significaron el reencuentro del artista con sus seguidores, quienes acompañaron cada canción de principio a fin y demostraron que su música sigue conectando con distintas generaciones.
Atención viajeros que planean sus desplazamientos para las próximas semanas y para los puentes festivos que se avecinan. La concesión del aeropuerto internacional José María Córdova, que sirve a Medellín y al departamento de Antioquia, anunció que la pista principal tendrá cierres totales durante la madrugada a partir de este mes de noviembre por trabajos de mantenimiento técnico.Las restricciones operativas se extenderán por un total de 19 madrugadas, acumulando 88 horas de intervención autorizadas por la Aeronáutica Civil. Las suspensiones de vuelos se dividirán en dos fases: del 11 al 22 de noviembre, la pista estará cerrada entre las 12:30 de la madrugada y las 5:30 de la mañana; mientras que del 23 al 29 de noviembre el cierre irá desde la 1:00 y hasta las 5:00 de la mañana.Desde la administración del terminal aéreo señalaron que estas labores son indispensables para garantizar la seguridad operacional, e incluyen el sellado de fisuras, la descontaminación de caucho en el pavimento, el mantenimiento de la señalización horizontal y la intervención en las subestaciones de energía principal. A pesar de la inactividad de la pista en esos horarios nocturnos, las instalaciones del aeropuerto continuarán abiertas las 24 horas.Ante la magnitud de los cierres prolongados en plena temporada de viajes, las directivas y las aerolíneas le recomiendan a los usuarios que consulten con anticipación el estado de sus itinerarios, verifiquen si sus vuelos sufrieron modificaciones de horario y eviten contratiempos en sus desplazamientos.
