Durante la conmemoración de los 19 años de la creación del sistema de justicia transicional de Justicia y Paz que juzga los crímenes de los paramilitares, la fiscal Luz Adriana Camargo reconoció que hay deudas en el modelo de Justicia y Paz que se concentran en la falta de resultados en los financiadores del paramilitarismo, la persecución de bienes con fines de reparación a las víctimas y en el hallazgo e identificación de víctimas de desaparición forzada. Asimismo, la fiscal resaltó que están priorizando judicializar a los “terceros” en el marco del conflicto armado.“La Fiscalía está fortaleciendo al interior de la dirección de justicia transicional los grupos de trabajo respectivos con tres objetivos centrales, el primero judicializar prioritariamente a los terceros financiadores con mayor poder económico a partir de la información entregada por los desmovilizados en sus versiones libres estrategia que supone depurar un universo de más de 700 compulsas de copias”, dijo la fiscal Camargo.Por otra parte, la fiscal aseguró que esta estrategia tendrá un fuerte componente de inteligencia artificial de apoyo “Implementar estrategias efectivas de persecución de bienes a efectos de la recolección de recursos para la indemnización de las víctimas del accionar armado tanto de los grupos paramilitares como de las Farc mediante el apoyo de inteligencia artificial para rastrear activos para rastrear cuentas que se encuentren en paraísos fiscales o en el exterior y para rastrear bienes muebles e inmuebles que estén a nombre de testaferros de manera que podamos atender a esa obligación de indemnizar a las víctimas”.La Fiscalía halló que desde la creación de Justicia y Paz se han emitido 86 sentencias de la ley 975 de 2005 que incluyeron a 884 condenados, en la ley 1424 de 2010 fueron condenadas 13. 215 personas pertenecientes a las bases de los grupos paramilitares. 10.158 desmovilizados siguen en espera de sentencias ante los jueces de la República. 3.000 procesos adicionales terminaron por otras causales.
El Tribunal Superior de Bucaramanga condenó a 20 años de cárcel al empresario y excongresista de Santander, José María Franco, por el homicidio de los hermanos Luis Eduardo y Jesús Sánchez Quitián. El hecho ocurrió el 11 de marzo de 2011 en zona rural del municipio de Girón.Dice el fallo judicial que Rayson Ríos Durán, Didier Cardenas y Amarildo Páez, también deberán pagar una condena de 20 años de prisión por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y concierto para delinquir agravado.La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga también decidió condenar a Benjamín Céspedes y Orlando Rapalino a 41 años de prisión por el homicidio de los hermanos Sánchez Quitián.“El Tribunal de Bucaramanga consideró que había elementos probatorios para condenar por los hechos y el homicidio de los dos hermanos a siete personas, entre ellas al excongresista de Convergencia Ciudadana, José María Franco. Los hermanos en un estado de indefensión fueron asesinados para despojarlos de sus tierras en la vereda Palogordo de Girón. La familia de las víctimas no ha descansado y ha buscado justicia exigiendo la verdad y reparación”, aseguró el abogado Leonardo Jaimes.Durante el proceso judicial quedó probado que el móvil del doble homicidio fue la apropiación mediante la violencia de los predios ubicados en la vereda Palogordo por parte del expresidente de la EPS Solsalud, liquidada por el Gobierno Nacional por irregularidades en el manejo de los recursos para la salud.Recordemos que Solsalud fue una empresa creada por el excongresista condenado por parapolítica, Luis Alberto Gil Castillo, cuando era el presidente del partido político Convergencia Ciudadana, salpicado por hechos de corrupción y su cercanía con grupos paramilitares en Santander y la zona del Magdalena Medio.El Tribunal no dudó en afirmar: “… se puede deducir que existía un plan para permanecer en el lugar, ya se habían iniciado labores como grupo sobre el predio con la quema de lo que era la zona improductiva de lo que estaba en disputa, aunado a que la llegada de los demás compradores y del señor Franco también es indicativo de que estaban organizados con un claro propósito desplazar a los reclamantes a toda costa, lo que incluía el uso de la fuerza y de la violencia física en aras de imponer su título de propiedad sobre el de los otros, mientras que los que arribaron después al lugar se enfocaron en discutir sobre la propiedad, rodear a los reclamantes, desarmar a quienes vieron armados, y luego disparar en contra de ellos, perseguirlos hasta el momento en que se produce la captura de algunos de ellos; mientras que con claridad se observó que las otras funciones gravitaban sobre los que estaban en el cambuche, cuyo cometido era preparar el terreno para la siembra y defenderlo a toda costa con las armas que portaban en el sitio lo que sin duda es un plan criminal”, es lo que dice la página 149 del fallo condenatorioPersonas cercanas al excongresista José María Franco señalaron a Blu Radio que la condena será apelada ante la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justica.
En la región Caribe crece el inconformismo entre las víctimas del conflicto con la designación de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, conocido como ‘Yoyo’ Tovar, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, como el primer vicepresidente de la Cámara de Representantes.En el departamento del Cesar donde las víctimas del conflicto han venido denunciando presuntas alianzas entre instituciones públicas con el paramilitarismo, rechazan de manera tajante esta elección.Lui Fernando Lara, líder campesino, quien además hace parte de la corporación constructores de paz, dice que ‘Yoyo’ Tovar no representa las víctimas y que por el contrario insisten en el llamado a la Fiscalía y la Corte Suprema a que se siga profundizando en la investigación sobre su elección como representante a la Cámara por una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.Gobierno del Valle firmó convenio con la JEP para garantizar reparación de las victimas de las Farc“Vemos con profunda preocupación que llega como vicepresidente de la Cámara de Representante. ‘Yoyo’ Tovar no representa a las víctimas, él representa al sector e los victimarios y hacemos un llamado a la Fiscalía y la Corte Suprema de justicia en donde hay unos procesos en curso, a que se siga profundizando en la investigación porque yo sé que el trascurso de ella determinará que el hijo de Jorge 40 fue elegido Representante a la Cámara debido exclusivamente al temor que se ha infundido por los paramilitares en esta región”, dijo Lara.Señala que han venido aportando a las autoridades pruebas de que en el departamento del Cesar existen presuntas irregularidades en instituciones públicas por la cooptación de sectores que representan el paramilitarismo.
Salvatore Mancuso estuvo privado de la libertad por más de 18 años, primero en Colombia y después fue extraditado a Estados Unidos, donde cumplió una condena por narcotráfico. El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia volvió al país el pasado 27 de febrero, después de haber sido designado como gestor de paz por parte del presidente Gustavo Petro.Desde entonces, Mancuso estuvo recluido en la cárcel la Picota, de Bogotá, y le pidió la libertad condicional tanto a la JEP como a Justicia y Paz, los dos sistemas a los que comparece actualmente; en dos ocasiones la JEP rechazó la solicitud, pero el pasado viernes una juez de Justicia y Paz le otorgó el beneficio.>>> Lea también: Defensa de Mancuso señala al Inpec de supuesto plan para asesinar al exjefe paramilitarEste miércoles y en medio de un fuerte esquema de seguridad, Mancuso quedó en libertad, salió de la cárcel La Picota en medio de un fuerte esquema de seguridad, con al menos cuatro camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que ahora estará a cargo de la seguridad del exjefe paramilitar.Mancuso ahora empezará a cumplir su rol de gestor de paz. El exjefe paramilitar se ha ofrecido a ser facilitador en los procesos que se puedan llegar a adelantar con el Clan del Golfo o las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Nelson Orlando Buitrago era conocido con el alias de 'Caballo' uno de los fundadores de las Autodefensas Campesinas del Casanare. La solicitud de sometimiento se había presentado desde el año 2018 y en el documento Buitrago había dicho que tenía más de cien sentencias condenatorias en su contra, en las que aceptó su responsabilidad por sentencia anticipada y otros 150 procesos por los cuales solicitaba su acogimiento.Además, 'Caballo' había dicho que aportaría verdad sobre diferentes hechos que se presentaron en el Casanare entre noviembre de 1999 hasta finales del 2004. Sin embargo, fue inadmitido por falta de competencia."El compareciente, en su calidad de exintegrante de la agrupación ilegal Autodefensas Campesinas del Casanare no es destinatario de los mecanismos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, habida cuenta que su caso no se adecua a los criterios de competencia personal, dispuestos en el acuerdo final y en las normas que lo desarrollan", señala la JEP en la resolución.En el mismo sentido, la sala de definición de situaciones jurídicas consideró que 'Caballo' tampoco cumple con los requisitos para acceder a la JEP en calidad de terceros financiadores o colaboradores."Se concluye, entonces, que el señor Nelson Orlando Buitrago Parada no es destinatario de los mecanismos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, como tampoco de alguno de los beneficios previstos en las normas transicionales, dado que su caso no se adecua al criterio de competencia personal, dispuesto en el acuerdo final y en las normas que lo desarrollan, razón por la cual su solicitud de acogimiento a la JEP se inadmitirá", explica la magistratura.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro, se refirió al caso y a la negociación del abogado Paul Wolf, quien llegó a un acuerdo por 12.8 millones de dólares para la reparación de las víctimas; sin embargo, a estas se les entregaría un monto mucho menor que no sobrepasaría los 1.300 dólares cuando sea un caso no documentado en la Unidad de Víctimas.Sobre esto, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X: "La vida en Colombia no vale USD $1.300. Si adoran tanto el mercado, vale lo que vale una póliza de vida en los EEUU. Si quieren el progresismo, la vida es invaluable, no es un bien de mercado. La indemnización de Chiquita Brands al pueblo colombiano es la propiedad de su empresa y las condiciones de vida para toda la población del Urabá".El mandatario agregó que quienes ordenaron el asesinato masivo de miles de sindicalistas deben ir a la cárcel y ser tratados como delincuentes de lesa humanidad.Chiquita Brands era una multinacional relevante para la producción de plátano en el mundo. Esta empresa fue condenada por un jurado de Florida y se le ordenó pagar más de 38 millones de dólares a las familias de ocho víctimas de las AUC. Esto se logró luego de una larga batalla legal.
El polémico contrato celebrado por la Alcaldía de Sincelejo por 24.000 millones de pesos para blindar con seguridad privada varios inmuebles de la entidad, incluye también un servicio “vigilancia móvil”, lo que incluirá recorridos con vigilantes armados. Es por esto que siguen generándose muchas preguntas en torno a este contrato que estará vigente hasta diciembre de 2027 y que permitirá la contratación de 100 hombres que estarán custodiando 16 muebles e inmuebles a cargo de la Alcaldía, entre los que se encuentran dos sede de la alcalde, una oficina de la Secretaría de Desarrollo Social, un cementerio, dos colegios, entre otros, los cuales corresponden a establecimientos cerrados y ninguno a un parque o a un espacio a cielo abierto. Es por esto que llama la atención por qué el alcalde autorizó implementar en este mismo contrato los mencionados recorridos móviles las 24 horas a través de motocicletas que transitarían por diferentes sectores de la ciudad de Sincelejo. Dicho servicio móvil es autorizado con un conductor y un acompañante, ambos con permiso para ir armados, con el objetivo "recorran zonas determinadas" y #realicen una inspección visual de las instalaciones o áreas que se han identificado como prioritarias". Además, entre estos 16 sitios que estarían vigilados, está el Centro de Reparación de Víctimas, lo queha generado desconfianza entre muchos sobrevivientes del conflicto, quienes no descartan demandadar este contrato por posiblemente promover una actividad ilegal.Adil Meléndez, de Movice, pidió la intervención de la Fiscalía y la Procuraduría, pues sostiene que “no puede existir un silencio institucional ante esta grosera violación de la Constitución”.
En Sucre, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) alzó la voz en contra del servicio de vigilancia y seguridad privada que contrató el alcalde sincelejano Yahir Acuña para proteger los bienes a cargo de su municipio, pues consideran que esta es una función de la Policía que ahora quedó en manos de una “bandola de hombres armados, de corte paramilitar, que incluso estaría haciendo requisa en las calles”.Entre los 16 sitios que son vigilados por este equipo de seguridad privada está el Centro de Reparación de Víctimas, pero aún así los sobrevivientes del conflicto desconfían de tal estrategia al recordar que “en ese mismo sentido operaron las Autodefensas Unidas de Colombia en la década de los 90”.Polémica en Sincelejo por designación de vigilancia privada para reforzar la seguridad de la ciudadLuego, Adil Meléndez, integrante de Movice, anunció que interpondrá un derecho de petición para exigir una copia idéntica del contrato, porque no descarta que este deba ser demandado por posiblemente promover una actividad ilegal."Es un despropósito del alcalde, es un exceso de poder. No quiero pensar que el alcalde Yahír Acuña se siente perseguido por sus enemigos y está creando su propio ejército de autodefensas para protegerse", dijo."Creemos que el doctor Acuña todavía está a tiempo de corregir sus errores y creemos que puede sentirse acorralado, porque no tiene ningún sentido contratar 100 hombres armados para patrullar, cuando eso es obligación de la Policía", agregó.Meléndez pidió la intervención de la Fiscalía y la Procuraduría, pues sostiene que “no puede existir un silencio institucional ante esta grosera violación de la Constitución”.
Aunque el frente de seguridad tiene como propósito, según el alcalde de Sincelejo, Sucre, Yahir Acuña, reforzar la presencia en sitios en los cuales, por capacidad, la Policía no puede tener presencia, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, le exigió a la administración del municipio desmontarlo de manera inmediata.“La alcaldía de Sincelejo debe desmontar de inmediato este "frente de seguridad", que nos devuelve a épocas superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más graves impactos”, indicó el ministro Velásquez desde se cuenta en X.El frente de seguridad implementado en el municipio lo componen al menos hombres que pertenecieron a la fuerza pública y que, ahora, transitan armados y motorizados por distintos lugares del municipio uniformados de negro, medida con la cual estuvo de acuerdo, incluso, el comandante de la estación de Policía del departamento, el coronel Jorge Alejandro Murcia.“Esta iniciativa es con una empresa de seguridad privada debidamente registrada en la Superintendencia de Vigilancia. Lo que van a hacer es de cierta manera en unos entornos complejos donde yo por capacidad policial no tengo la manera de poner uno o dos policías fijos, nos va a ayudar en ese componente de seguridad”, indicó el coronel Jorge Alejandro Murcia en el momento de la implementación del frente de seguridad.
La implementación de este grupo de seguridad privada que se viste con uniformes negros y que van armados en motocicletas, ha sido motivo de controversia en Sincelejo, capital de Sucre, pues hay quienes consideran que se le podría estar abriendo las puertas a unas nuevas Autodefensas.“Preocupa que se le esté delegando la función de seguridad a una empresa privada, conociendo los antecedentes que han existido que por entregarle la seguridad a privados fue que se le abrió las puertas a las autodenominadas Autodefensas. Con esto lo que está diciendo la administración y por parte de la Policía Nacional es que a ellos les quedó grande a seguridad de los sincelejanos”, dijo Juan David Díaz, defensor de derechos humanosSin embargo, el alcalde afirmó que la ley lo faculta para conformar este tipo de frentes de seguridad.“No solamente tenemos la vigilancia móvil, también tenemos la vigilancia fija que la tenemos hace muchos años, es decir, esto es un tema de complementariedad y que está reglamentada en la constitución, en la ley y los decretos reglamentarios”, precisó el alcalde.La Policía de Sucre, por su parte, destacó que el trabajo de este grupo está coordinado con las autoridades y fue encargado a una empresa de vigilancia registrada en la superintendencia de vigilancia. Estos tienen la misión de llegar a entornos donde no puede tenerse un policía fijo.Jesús Sánchez Mercado, Comerciante y ganadero de Sincelejo se mostró de acuerdo con la iniciativa y asegura ayudaría a mejorar la seguridad: “Yo lo veo de una manera positiva y la recibo con agrado toda vez que es una vigilancia que va a repeler cualquier acto de criminalidad. Si este es el mecanismo que utiliza el alcalde dentro del marco de la legalidad, bienvenido. Esperemos que las entidades que ejercen control y vigilancia estén prestas para hacer todos los controles respectivos”, dijo el comerciante y ganadero.
Se estima que cerca de 200 millones de personas a nivel global padecen de osteoporosis, una enfermedad que provoca una fractura por fragilidad cada tres segundos. La osteoporosis se caracteriza por la pérdida de masa y calidad ósea, aumentando la fragilidad y el riesgo de sufrir fracturas. Esta condición, usualmente silenciosa y sin signos o síntomas evidentes, se manifiesta cuando eventos simples como una caída al caminar, un golpe al viajar en auto o un acceso de tos pueden producir una fractura por fragilidad.Según la Dra. Geraldine Altamar, médica internista-geriatra y presidenta de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral (ACOMM), el cuidado de los huesos debe comenzar desde temprana edad. Por lo tanto, es crucial identificar a las personas en riesgo de sufrir osteoporosis para prevenir la primera fractura y, en caso de ocurrir, evitar las subsiguientes.Las mujeres en menopausia, personas mayores de 50 años con factores de riesgo como fracturas previas, antecedentes familiares de fractura de cadera, pérdida significativa de altura, enfermedades que disminuyen la masa ósea como artritis reumatoidea, diabetes mellitus, menopausia prematura o el uso de corticoesteroides, pertenecen al grupo en riesgo. Cuando una persona tiene osteoporosis, debe considerar un tratamiento y cuidado para toda la vida debido a que es una condición crónica que puede afectar significativamente la calidad de vida del paciente y su núcleo familiar.Consejos para la osteoporosisEs importante consultar al médico para obtener un diagnóstico y seguir un control estricto por parte de un profesional de la salud. Además, se deben consumir dosis adecuadas de calcio y vitamina D, mantener una dieta balanceada, evitar el consumo de alcohol y tabaco, aumentar la actividad física y exponerse de manera segura al sol. Siguiendo estas recomendaciones, se puede manejar eficazmente la osteoporosis y reducir el riesgo de fracturas futuras.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguró que, luego de recuperar más de 600 celulares, contactará a cada uno de los dueños de estos equipos móviles para regresárselos, eso sí, siempre que hayan realizado la respectiva denuncia“Con software y hardware maliciosos (que) los delincuentes modificaban la información de los equipos móviles, cambiando su número IMEI, y eliminaban la información que tenían los celulares”, confirmó el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Estos delincuentes operaban en el 2 y el piso 16 de un edificio ubicado en el barrio Alarcón de la ciudad, utilizaban bloqueadores de frecuencia de señal para que la Policía no diera con el lugar evitando así el seguimiento y rastreo de estos equipos de telefonía móvil. Desde allí, "se hacían pasar como trabajadores de las empresas móviles y contactaban a los dueños y les decían que necesitaban su correo y el código enviado para bloquear definitivamente el celular, afirmó el comandante de Policía Henry Yesid Bello Cubides, quien dio un agradecimiento especial “a todas las personas que hicieron el proceso de denuncia ya que esto permitió que las autoridades realizaran la trazabilidad del caso.Una de las víctimas de estos delincuentes aseguró que su celular fue robado por un mototaxista en el barrio San francisco de Bucaramanga, y otro afectado manifestó que su celular le había costado $1.700.000 que tuvo que terminar de pagar sin poderlo utilizar.Una mujer de 26 años era la encargada del cosquilleo, otro hombre utilizaba la modalidad de raponazo conduciendo una motocicleta en la ciudad.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.