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Un estudio de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP revela que Colombia es el cuarto país del mundo con más ataques a la educación y el segundo con más asesinatos de docentes, solo superado por Palestina, Ucrania y la República Democrática del Congo.
De acuerdo con el informe “Ataques a la educación en Colombia (2017–2025): consensos globales para un país que se educa en paz”, en los años 2022 y 2023 se registraron 363 ataques, de los cuales 243 ocurrieron solo en 2022, el año más crítico del periodo. En total, el 73 % de los casos fueron cometidos contra docentes, personal administrativo y estudiantes.
El documento, elaborado con apoyo de Save the Children y la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA), advierte que tras la firma del Acuerdo de Paz (2016) se mantuvo la violencia en los entornos escolares, especialmente en municipios con presencia de grupos armados ilegales.
Según la investigación, los principales hechos documentados incluyen amenazas, hostigamientos, reclutamiento forzado, homicidios selectivos, presencia de minas antipersonales y ocupación de instituciones educativas. El 97 % de los casos se concentraron en zonas rurales, y los grupos armados ilegales aparecen como principales responsables.
La JEP alertó que la desescolarización forzada y el miedo han provocado que miles de niños abandonen las aulas, debilitando la estructura educativa en regiones como Norte de Santander, Cauca, Nariño, Chocó y Putumayo.
El estudio también resalta que los ataques contra la educación superior han ido en aumento y plantea la necesidad de crear estrategias de protección, prevención y justicia restaurativa para maestros, estudiantes y comunidades.
El informe cita casos emblemáticos, como el ocurrido en marzo de 2022 en el colegio Luis Adrián López, en La Gabarra (Norte de Santander), donde los enfrentamientos armados obligaron a cerrar las aulas y suspender el calendario escolar por meses.
Finalmente, la JEP advierte que los ataques contra la educación destruyen el tejido social, perpetúan el miedo y obstaculizan la construcción de paz. Por ello, insiste en la urgencia de reconocer a los maestros y estudiantes como víctimas del conflicto armado y garantizar medidas de reparación integrales.
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