Un total de 69 adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que cumplen medidas no privativas de la libertad, avanzan en su proceso educativo en Bucaramanga mediante la estrategia ‘Rescatando Sueños’, liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.La iniciativa busca garantizar que estos jóvenes puedan continuar con su formación académica y, al mismo tiempo, fortalecer sus proyectos de vida mediante el acompañamiento de diferentes instituciones.El proceso cuenta con la participación de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, la Institución Educativa Andrés Páez de Sotomayor y Corpoadases.Los participantes fueron distribuidos en cinco grupos de acuerdo con sus trayectorias educativas, con niveles que van desde primaria hasta educación media. La formación contempla dos horas diarias de clases, de lunes a viernes, además de actividades académicas para desarrollar en casa.Le puede interesar: Investigan muerte de bebé en hogar infantil operador de Bienestar Familiar en Cali Uno de los jóvenes beneficiarios, identificado como Leandro, destacó la importancia de contar con este acompañamiento para continuar sus estudios y pensar en su futuro.“Estoy muy agradecido porque nos están dando la posibilidad de estudiar, de recibir apoyo para nuestras carreras y, sobre todo, porque no nos están dejando solos”, señaló.Desde el ICBF Regional Santander señalaron que la estrategia busca que la educación también llegue a quienes cumplen medidas no privativas de la libertad, como parte del proceso de atención y garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA.La entidad destacó que la articulación con el sector educativo permitirá fortalecer las capacidades de los participantes y brindarles herramientas para avanzar en la construcción de sus proyectos de vida.
La Secretaría de Educación de Norte de Santander inició una revisión sobre una actividad académica asignada a estudiantes de quinto de primaria de una institución educativa de Villa del Rosario, en la que, según el material que comenzó a circular en redes sociales, los niños habrían realizado dibujos relacionados con las insignias de las Farc y el ELN.La situación generó preocupación entre algunos padres de familia debido a la edad de los estudiantes, de aproximadamente 9 y 10 años, y abrió interrogantes sobre el propósito pedagógico de la actividad y la pertinencia de abordar de esa manera el conflicto armado colombiano con niños de primaria.La secretaria de Educación de Norte de Santander, Hilse Aldana Pérez, explicó en entrevista con Blu Radio que la entidad conoció el caso después de que el video comenzara a difundirse en redes sociales. Ante la denuncia, la Secretaría solicitó al rector de la institución un informe para establecer qué ocurrió y cuál era el contexto de la actividad. “Inmediatamente llamamos al señor rector y le solicitamos que de manera inmediata presentara un informe en el que él describiera la situación sobre esa denuncia”, señaló Aldana.La actividad hacía parte de una clase de socialesDe acuerdo con la información entregada inicialmente por el rector a la Secretaría de Educación, la actividad correspondía a una clase de Ciencias Sociales relacionada con los partidos políticos y el conflicto en Colombia. Sin embargo, la Secretaría busca determinar si la actividad estaba contemplada dentro de la planeación académica, si correspondía a una guía institucional y, especialmente, si la profundidad con la que se abordó el tema era adecuada para estudiantes de quinto de primaria.“Se debe revisar si ese tema era planeado, organizado, y si la profundidad del tema requería que se solicitara la elaboración de esos dibujos alusivos a los grupos al margen de la ley”, explicó la funcionaria.El interrogante central está relacionado con la metodología utilizada. La propia secretaria señaló que la educación puede abordar diferentes aspectos de la historia y la realidad nacional, pero que los contenidos deben estar relacionados con la edad, el grado y el nivel de desarrollo de los estudiantes.Secretaría de Educación revisará la guía y los cuadernosLa investigación no se limitará a la actividad que circuló en redes sociales. Según Aldana, la Secretaría de Educación, a través de sus áreas de Calidad e Inspección y Vigilancia, revisará el proyecto educativo de la institución y la trazabilidad de la temática en las diferentes áreas.La entidad también espera revisar los cuadernos y apuntes de los estudiantes para establecer cómo se desarrolló la actividad y cuál fue su contexto. “Nos corresponde como Secretaría de Educación es revisar y mirar que ese rector el día de hoy nos entregue el informe tal como lo manifestó de manera verbal (...) y además, nosotros como Secretaría de Educación debemos, con el área de calidad, revisar el proyecto educativo”, afirmó.La secretaria agregó que el proceso debe garantizar que la información sea veraz antes de establecer responsabilidades. El rector, según explicó, se encontraba adelantando reuniones con la comunidad educativa y con los diferentes integrantes del gobierno escolar.¿Qué dijo la Secretaría sobre una posible falta disciplinaria?Aldana señaló que, una vez recibido el informe, la Secretaría de Educación realizará el cotejo de la información y podrá desplazarse hasta el establecimiento educativo para determinar qué ocurrió.En caso de que la revisión establezca que la actividad no correspondía a los lineamientos académicos o institucionales, el caso podría ser remitido a control interno disciplinario. “Si esto pues diera lugar, debe remitirse a control interno disciplinario”, manifestó la secretaria.No obstante, la funcionaria insistió en que todavía no existe una conclusión definitiva sobre lo sucedido y que es necesario completar el debido proceso. La Secretaría tampoco ha establecido, según la entrevista, si la docente pertenece a FECODE, una pregunta que fue planteada durante la conversación. Aldana respondió que esa información no ha sido confirmada y que no forma parte todavía del informe entregado por el rector.Un audio también quedó bajo revisiónAdemás de las imágenes de la actividad, en redes sociales circuló un audio atribuido a la docente en el que se hace referencia a la molestia de los padres de familia y a una eventual evaluación sobre los contenidos trabajados.Durante la entrevista se le preguntó a Aldana por una frase atribuida a la profesora: “En vista de que les molesta tanto el tema, pues voy a ver qué me invento para sacarles las notas”. La secretaria respondió que, si las declaraciones correspondieran efectivamente a la docente y fueran interpretadas en el contexto que se les atribuye, podrían generar cuestionamientos sobre su actuación frente a los estudiantes.“Si esto es así, obviamente que está faltando a la idoneidad y al deber funcional como docente frente a un grupo de niños”, afirmó. Sin embargo, también indicó que el rector habría recibido de la profesora una explicación según la cual los videos difundidos podrían haber sido editados o sacados de contexto. Por esa razón, la Secretaría espera los resultados de la revisión antes de establecer conclusiones.La docente no ha entregado su versión directamenteOtro de los elementos pendientes es la versión directa de la profesora involucrada. Según la secretaria de Educación, la docente habría presentado una crisis después de que se conociera públicamente el caso y posteriormente habría sido incapacitada. Por ese motivo, hasta el momento de la entrevista la Secretaría no había tenido contacto directo con ella.Aldana explicó que el rector estaba adelantando el proceso institucional y que se esperaba recibir el informe completo posteriormente, con la participación de los diferentes estamentos del gobierno escolar.Educación sobre el conflicto debe tener en cuenta la edad de los estudiantesEl caso también abrió el debate sobre la manera en que las instituciones educativas pueden abordar temas como el conflicto armado, los grupos armados y la historia política de Colombia en los primeros grados escolares.La secretaria sostuvo que el propósito de la educación debe ser una formación integral que incluya conocimientos, habilidades socioemocionales, valores éticos, capacidades artísticas y pensamiento crítico.Pero enfatizó que estos objetivos deben desarrollarse de acuerdo con las edades y niveles educativos. “El objetivo de nuestra educación debe ser el desarrollo político del individuo (...) que se promuevan los valores éticos, las capacidades artísticas, y obviamente la habilidad del pensamiento crítico, pero de acuerdo a las edades, al grado y al nivel”, señaló.También afirmó que los espacios educativos deben estar libres de violencia, especialmente en un departamento como Norte de Santander, que enfrenta situaciones particulares relacionadas con el conflicto y la frontera.Secretaría esperará resultados de la investigaciónPor ahora, la Secretaría de Educación de Norte de Santander mantiene abierta la revisión y espera el informe institucional para determinar si la actividad correspondía al plan académico, si su metodología era adecuada para estudiantes de quinto de primaria y si existieron actuaciones que pudieran dar lugar a investigaciones adicionales.Ante la pregunta sobre si la actividad podría constituir apología al delito, Aldana señaló que esa conclusión dependerá de lo que establezca la investigación: “Si se revisa que eso no pertenecía a un contexto de clase y a la edad de los niños (...) eso no se debe realizar”, afirmó.La funcionaria agregó que la finalidad de la educación, según el enfoque que defiende la Secretaría, no es formar ideológicamente a los estudiantes, sino contribuir a su desarrollo integral.
Conseguir trabajo en otro país puede convertirse en un proceso complicado para los migrantes, especialmente cuando, además de encontrar una vacante, deben demostrar que cuentan con los conocimientos y la experiencia necesarios para desempeñar determinado oficio. La falta de documentos que acrediten esos saberes es una dificultad al momento de buscar nuevas oportunidades laborales.En Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) puso en marcha una convocatoria dirigida a personas migrantes que buscan darle reconocimiento formal a las competencias que han adquirido durante su trayectoria laboral.SENA abre 400 cupos para certificar su experiencia laboralLa entidad cuenta con el programa la Certificatón Migrantes 2026 ‘El SENA une saberes, rompe fronteras’, un proceso que permitirá a personas migrantes de cualquier nacionalidad que viven en Colombia certificar sus conocimientos, habilidades y experiencia laboral.La convocatoria cuenta con 400 cupos y se llevará a cabo de manera virtual. Las inscripciones estarán disponibles hasta el próximo martes 6 de octubre de 2026.Para participar, los interesados deben vivir en Colombia y contar con el permiso de residencia correspondiente. El proceso hace parte de la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, mediante la cual el SENA reconoce los conocimientos adquiridos tanto por experiencia laboral como de manera empírica.“El SENA quiere vincularse desde nuestro programa Diplomacia de Las Capacidades, para que muchos extranjeros que viven en nuestro país puedan certificar sus capacidades y competencias a través de la entidad”, manifestó Fray Ricardo Torres Castro, director general del SENA.Las ocho áreas que pueden certificar los migrantesLos participantes podrán elegir una o varias normas de competencia laboral, de acuerdo con su experiencia. Las opciones disponibles son:210601020: atención a clientes de acuerdo con procedimientos de servicio y normativa.220201080: recolección de residuos sólidos según procedimientos de aprovechamiento y normativa ambiental.230101296: cuidado de personas según protocolos de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía.260101047: venta de productos y servicios según las necesidades del cliente y objetivos comerciales.260201088: preparación de alimentos de acuerdo con una orden de producción y receta estándar.260401040: control de accesos de acuerdo con la normativa de seguridad privada.290202070: soldadura de láminas metálicas mediante arco manual con electrodo revestido.290801106: manipulación de alimentos de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa.¿Cómo pueden inscribirse?Los migrantes interesados deben ingresar a la página oficial del SENA y buscar el banner correspondiente a la convocatoria Certificatón Migrantes 2026. Desde allí podrán iniciar el proceso de inscripción y seleccionar la norma o las normas de competencia laboral que correspondan a sus conocimientos y experiencia.La iniciativa busca que los saberes adquiridos por los migrantes durante su trayectoria laboral puedan ser reconocidos formalmente en Colombia, como parte de un proceso de certificación de sus competencias.
Cambiar de colegio implica revisar aspectos que van más allá del calendario académico. Las familias suelen analizar la calidad educativa, el nivel de inglés, las metodologías de enseñanza, el bienestar del estudiante y las oportunidades que puede tener a lo largo de su formación.En Colombia existen dos calendarios escolares. El calendario A inicia usualmente entre enero y febrero y termina hacia noviembre, mientras que el calendario B comienza en agosto o septiembre y finaliza alrededor de junio. Esta diferencia puede ser relevante para las familias que buscan una educación bilingüe o con orientación internacional para sus hijos.Por lo tanto, para quienes están buscando pasar del calendario A al B, septiembre y octubre pueden ser un momento para conocer instituciones, revisar las condiciones de ingreso y analizar si el cambio se ajusta al proceso académico del estudiante.¿Por qué septiembre y octubre son meses recomendados para cambiar de colegio?Luisa Fernanda Guzmán, rectora del Colegio Británico de Cartagena, explica que el calendario escolar no determina por sí mismo la calidad que puede tener una institución. Sin embargo, puede ser un factor para las familias que buscan programas bilingües, internacionales y opciones de movilidad académica.“El calendario por sí solo no hace que un colegio sea mejor que otro. Lo importante es entender qué propuesta educativa existe detrás y qué oportunidades abre para el estudiante”, señala la directiva.El calendario B coincide con los ciclos académicos de diferentes sistemas educativos internacionales y es utilizado por colegios privados bilingües e internacionales en Colombia. Esta coincidencia puede facilitar procesos de traslado de familias que contemplan vivir en otra ciudad o país, así como intercambios académicos.¿Qué debe revisar antes de pasar del calendario A al B?El cambio requiere analizar el grado que cursa el estudiante, los contenidos desarrollados y las posibles diferencias entre los modelos educativos. En instituciones bilingües también es necesario conocer el nivel de inglés con el que llega el estudiante.La transición debe hacerse de manera individual, identificando posibles diferencias académicas y los apoyos que pueda requerir el estudiante para adaptarse al nuevo ciclo. También está el componente socioemocional, pues el cambio implica integrarse a nuevos compañeros, docentes, metodologías y, especialmente, rutinas.Por eso, antes de elegir, las familias pueden preguntar qué nivel de inglés alcanzan los estudiantes, cómo se mide, qué porcentaje de la formación se desarrolla en ese idioma, qué certificaciones internacionales ofrece el colegio y cuáles son sus posibilidades de intercambio.¿Qué ventajas tiene evaluar el cambio de colegio con anticipación?Septiembre y octubre permiten conocer opciones de calendario B mientras estas instituciones desarrollan su nuevo año académico. Esto da margen para consultar las condiciones de ingreso, revisar equivalencias académicas y establecer un posible cronograma de transición.“Septiembre y octubre son un buen momento para conocer opciones, hacer preguntas y entender cómo sería una eventual transición”, afirma Guzmán.La decisión, sin embargo, no debería centrarse únicamente en cambiar las fechas del año escolar. También debe considerar la propuesta educativa, el acompañamiento durante el proceso y las necesidades académicas y personales del estudiante.
Estudiantes de los grados décimo y undécimo de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga realizaron una protesta pacífica para pedir respuestas frente a varias situaciones que, según denunciaron, vienen afectando el desarrollo académico y la convivencia dentro de la institución.La manifestación, que terminó en la Alcaldía de Bucaramanga, contó con el acompañamiento de padres de familia, quienes aseguraron que esta no sería la primera protesta ni el primer espacio de diálogo solicitado a las directivas del plantel para abordar las inconformidades.María Estela Martínez, madre de dos estudiantes de grados inferiores, explicó que decidió acompañar a los jóvenes porque considera que sus reclamos deben ser escuchados y atendidos.Le puede interesar: Protestas en la Escuela Normal de Bucaramanga contra docente señalado de acoso sexualSegún la madre de familia, desde la llegada de la rectora Ana Isabel Pino, quien está próxima a cumplir un año en el cargo, se han presentado dificultades que no habrían sido solucionadas pese a las reuniones y mesas de negociación realizadas.Uno de los principales reclamos está relacionado con la falta de docentes para algunas asignaturas. Martínez aseguró que durante el año los estudiantes han tenido que afrontar de manera recurrente la ausencia de profesores, situación que, según su denuncia, ha provocado pérdida de clases y afectaciones en el proceso académico.“Todos los estudiantes se han visto afectados académicamente, ya que son los chicos que van a salir en estos momentos a las futuras universidades”, manifestó la madre de familia.Los padres también expresaron preocupación por las condiciones de infraestructura. Entre los cuestionamientos está la instalación de una reja para separar a los estudiantes de sexto y séptimo de los alumnos de grados superiores.De acuerdo con Martínez, la medida habría sido implementada por la institución por razones de organización y para regular el acceso a los baños. Sin embargo, la madre considera que la estructura representa un riesgo para los estudiantes.“Lo que no contempló es que es una reja que está dividiendo y está poniendo en peligro”, señaló.Los manifestantes pidieron que sus inquietudes sean escuchadas por las directivas de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga y que se establezcan soluciones a las situaciones planteadas, especialmente las relacionadas con la continuidad de las clases y las condiciones de seguridad dentro del plantel.Los señalamientos corresponden a las denuncias expresadas por estudiantes y padres de familia durante la protesta. Hasta el momento, se desconoce la posición de la rectora Ana Isabel Pino y de la institución frente a las reclamaciones planteadas.
La Corporación Universitaria Americana en Barranquilla puso en marcha el Laboratorio de Educación Infantil creSER, el primero de su tipo en una institución de educación superior de la Costa Caribe. El espacio incorpora la estrategia STEAM, que integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas en experiencias de aprendizaje dirigidas a la primera infancia.La rectora nacional de la institución, Alba Lucía Corredor, explicó que el proyecto responde a las necesidades de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos, y hace parte de una apuesta por la sostenibilidad enfocada en tres objetivos: la educación de calidad, el fortalecimiento del trabajo docente y la reducción de desigualdades.Según indicó, el laboratorio busca cerrar brechas que impiden que algunos estudiantes continúen sus estudios por no contar con quién cuide a sus hijos.“Los niños van a poder desarrollar creatividad, pensamiento crítico, autonomía, trabajo en equipo, liderazgo, entre otros aspectos. Estructurar un laboratorio de estas características requiere una inversión muy importante. Estamos hablando de cerca de 1.000 millones de pesos, en lo que fue la adecuación del espacio, la dotación y el equipo del talento humano que va a estar al frente”, declaró a Blu Radio.Corredor señaló que su funcionamiento comenzó a operar desde esta misma semana, con jornadas de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., en atención a los horarios de los estudiantes de la jornada nocturna y de fin de semana.La coordinadora del programa de Licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria Americana, Darly Redondo, explicó que el laboratorio cuenta con dos espacios diferenciados. El primero, dirigido a niños de 2 a 6 años, está inspirado en la filosofía Reggio Emilia y el método Montessori, con materiales dispuestos a la altura de los niños para favorecer la construcción autónoma del aprendizaje.El segundo espacio, pensado para niños de 7 a 13 años, se basa en la metodología STEAM y busca que los estudiantes resuelvan retos combinando ciencia y tecnología, mientras fortalecen habilidades blandas y funciones ejecutivas a través del arte.
Una situación crítica por falta de agua potable fue denunciada en tres sedes de la Institución Educativa Forjadores, en el municipio de Carmen de Chucurí, Santander. La comunidad educativa asegura que el suministro no llega de manera suficiente ni oportuna, lo que dificulta las actividades escolares y las condiciones básicas de higiene.De acuerdo con el Sindicato de Educadores de Santander (SES), las sedes afectadas son J de Un Mundo Nuevo, H La Unión Colorada y Rancho Chile. En total, más de 60 estudiantes y cinco docentes están enfrentando las dificultades generadas por la falta del líquido.Heriberto Delgado Silva, presidente del SES, señaló que, pese a las solicitudes realizadas a las autoridades para garantizar el abastecimiento mediante carrotanques, estos no habrían llegado en los tiempos requeridos.La situación es especialmente compleja en la sede Rancho Chile, donde, según el sindicato, se entregan alrededor de 1.000 litros de agua para cubrir durante una semana las necesidades de unas 12 personas. El recurso es utilizado tanto para el consumo y la preparación de alimentos como para el aseo y el funcionamiento de los baños.El panorama es aún más delicado en la sede H La Unión Colorada, donde, según Luz Helena Ramírez, secretaria de Derechos Humanos del SES, “no hay una unidad sanitaria habilitada para que estudiantes y docentes puedan atender sus necesidades básicas”.A estas dificultades se suma una situación que podría dejar incomunicada a parte de la comunidad educativa. El puente de acceso a la vereda donde está ubicada la sede J será demolido por obras de reconstrucción, trabajos que tendrían una duración aproximada de tres meses.El sindicato advierte que durante ese periodo será necesario garantizar un suministro permanente de agua para evitar que las condiciones de acceso y abastecimiento terminen afectando la continuidad de las clases.
El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, respaldó el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de establecer un protocolo para permitir la actuación de la Fuerza Pública frente a hechos de vandalismo o violencia que se originen desde universidades públicas.La declaración se conoció luego de que el presidente, durante una alocución nacional, asegurara que la autonomía universitaria no puede estar por encima del orden público y anunciara instrucciones para establecer un protocolo que permita diferenciar las manifestaciones pacíficas de aquellas que involucren violencia, vandalismo o ataques contra la Fuerza Pública y la ciudadanía.De la Espriella afirmó que la Policía Nacional será la primera autoridad operativa para atender este tipo de situaciones y que podrá actuar cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas.Además, advirtió que quienes utilicen instalaciones universitarias para preparar ataques, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir a ciudadanos y uniformados podrían ser perseguidos, incluso, dentro de los campus.Frente a este anuncio, el alcalde Portilla manifestó su respaldo al Gobierno nacional y sostuvo que las universidades deben mantenerse como espacios para la formación y el debate, sin convertirse en escenarios para la comisión de delitos.“La academia, las universidades, no es impunidad para el delito”, afirmó el mandatario local.Portilla también aseguró que en Bucaramanga existen estudiantes y jóvenes destacados que no deberían verse afectados por las actuaciones de quienes, según dijo, utilizan los espacios universitarios para alterar el orden público.El alcalde cuestionó además a quienes, en sus palabras, “se disfrazan de estudiantes” para participar en actos vandálicos y señaló que este tipo de conductas deben tener consecuencias.“Por unos pocos no se puede opacar la vida de unos futuros, de unos muchachos, de unos adolescentes que vienen a nuestra ciudad y que de nuestra ciudad estudian en ciertas universidades que históricamente se han utilizado para cometer el delito, para alterar el orden público”, manifestó.El pronunciamiento de Portilla se suma al debate nacional que ha generado la decisión del presidente de reforzar la actuación de las autoridades frente a hechos violentos en entornos universitarios. El gobierno ha insistido en que la protesta pacífica seguirá siendo respetada, mientras que los actos de vandalismo, destrucción de infraestructura y agresiones serán tratados como conductas que deben ser enfrentadas por el Estado.En su alocución, De La Espriella resumió su postura señalando que las universidades deben ser espacios para el conocimiento, las ideas y el debate, y no refugios para la violencia o el terrorismo.
Estudiar una maestría puede representar una inversión importante para los profesionales que buscan fortalecer su perfil y avanzar hacia cargos de liderazgo. Sin embargo, una nueva convocatoria ofrece una alternativa para reducir de manera significativa ese costo, pues se trata de 10 becas de hasta el 50 % para cursar un MBA o Executive MBA.La iniciativa permitirá que los profesionales seleccionados obtengan un beneficio de hasta US$11.000, equivalentes a más de 34 millones de pesos colombianos para la cohorte que comenzará en noviembre de 2026. La convocatoria es resultado de una alianza entre Westfield Business School y la Fundación Ismael Cala.Así puede postularse a las becas para estudiar un MBALos interesados tienen hasta el 25 de septiembre de 2026 para hacer su postulación. El proceso es gratuito y se puede completar de manera virtual a través del portal dispuesto para la convocatoria.Las becas están dirigidas a profesionales con perfil ejecutivo, experiencia laboral y proyección hacia posiciones de liderazgo. Entre los requisitos se encuentra contar con un título universitario y cumplir con las condiciones de admisión establecidas por Westfield Business School.La selección no se realizará únicamente mediante la revisión de hojas de vida. Los candidatos deberán participar en una competencia de casos de negocio, en la que tendrán que responder preguntas para demostrar sus capacidades de análisis, criterio y toma de decisiones, además de su afinidad con los valores de la institución.El MBA tiene una duración de 16 meses, se desarrolla en español y cuenta con modalidad online. El programa combina actividades sincrónicas y asincrónicas, una característica que permite a los estudiantes continuar con sus responsabilidades profesionales mientras adelantan sus estudios.En total son 10 becas de hasta el 50 % del valor del programa, por lo que los beneficiarios podrán obtener un descuento de hasta US$11.000, según las condiciones de la convocatoria.
La ministra del Trabajo, Natalia López, advirtió ante las comisiones económicas del Congreso que el presupuesto previsto para su cartera en 2027 presenta un déficit de cerca de $4,85 billones, explicado principalmente por los recursos requeridos para pensiones.Según explicó la ministra, las necesidades del sector para el próximo año ascienden a cerca de $63 billones, mientras que el proyecto de Presupuesto General de la Nación contempla $58,172 billones, equivalentes al 92,3 % de lo requerido.“Tenemos un déficit de $4.85 billones en la cartera del sector trabajo. Señores honorables congresistas, esto obedece en su gran mayoría a las pensiones de los trabajadores de Colombia. (…) El déficit de ese 92.3% está en los 4.84 billones de pesos que hoy estamos necesitando en la cartera para garantizar las pensiones de los colombianos, pero también gastos de inversión y funcionamiento, tanto del ministerio del trabajo como de sus entidades adscritas y vinculadas”, afirmó López.En el caso de Colpensiones, López señaló que la proyección para 2027 asciende a $96,8 billones, de los cuales cerca de $50 billones corresponderían a ingresos propios y $46 billones a transferencias de la Nación.“La proyección a 2027 en Colpensiones es de $96.8 billones, 50 billones que recibiría Colpensiones por ingresos propios para el año entrante, y 46 billones de transferencia de la nación. Esa hoy es la necesidad que hay para cubrir 100% las pensiones de los colombianos. En total, 96.959.258 billones de pesos para Colpensiones”, señaló López.La ministra precisó posteriormente que la cuota de funcionamiento confirmada por Hacienda para 2027 es de aproximadamente $58,17 billones: cerca de $41 billones para Colpensiones, $17 billones para el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP) y el remanente para los demás gastos de funcionamiento.“Esta distribución deja el faltante de $4.84 billones frente a la necesidad estimada que tiene Colpensiones para el año 2027”, aseguró.La ministra también se refirió a la situación presupuestal de 2026 y aseguró que existen $5,4 billones apropiados “sin situación de fondo”.“De tal manera que hemos solicitado al ministerio de hacienda para garantizar el pago de las pensiones de los meses del régimen de prima media de los meses de noviembre y diciembre de este año. Fue lo primero que hicimos una vez asumimos la responsabilidad de liderar la cartera del Ministerio del Trabajo y estamos en proceso de que esos recursos puedan ser tenidos en cuenta y lograr facilitar esa necesidad del mes de noviembre y diciembre para los pensionados”, afirmó.López también advirtió un faltante presupuestal en el SENA. Según las cifras presentadas, la entidad tiene asignados $8,13 billones frente a una necesidad estimada de $8,541 billones.“El SENA es una de las entidades más queridas de los colombianos. El SENA hoy necesita modernizarse, necesitamos revolucionar el SENA, necesitamos garantizar que el SENA cumpla la función que realmente su naturaleza lo implica, necesitamos crear formación para el trabajo de acuerdo a la pertinencia del territorio, Necesitamos lograr suplir esa necesidad que hoy tiene el SENA”, añadió López.En la Supersubsidio, agregó, la cuota asignada es de $72.742 millones frente a una necesidad de $117.086 millones.Finalmente, López cuestionó las condiciones en las que, según dijo, recibió la cartera y aseguró que encontró el presupuesto comprometido en un 98 %.“Un ministerio con contratistas que incluso hoy no se encuentran en el país. Un ministerio que recibe un sistema de cajas de compensación familiar en la peor de las crisis, un ministerio que hoy está necesitando el trabajo en equipo para poder sacarlo adelante”, afirmó.
Se trata de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, cabecilla de la banda criminal Los Choneros de Ecuador.Estas mujeres fueron capturadas en el municipio de Sabana de Torres, Santander, durante un operativo conjunto entre autoridades de ambos países y el FBI, luego de que las autoridades atendieran una notificación roja de Interpol contra las dos mujeres, quienes son requeridas por la justicia ecuatoriana.Según información entregada por las autoridades ecuatorianas, Peñarrieta y Macías eran consideradas objetivos de alto valor y están vinculadas a una investigación por presunto lavado de activos relacionada con el supuesto uso de empresas para ocultar recursos de la estructura criminal asociada a ‘Fito’.El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la captura a través de un mensaje publicado en su cuenta de X. En la publicación señaló que las detenidas son familiares de ‘Fito’, quien fue líder de Los Choneros, organización criminal ecuatoriana. Además, aseguró que las enviará a Ecuador para que continúen allí el proceso judicial.“Se las voy a enviar con gusto a mi buen amigo, el presidente Daniel Noboa, para que respondan ante la justicia ecuatoriana”, afirmó el mandatario.En el operativo participaron la Policía Nacional y las Fuerzas Militares de Colombia, junto con autoridades ecuatorianas y el FBI.El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, también confirmó la captura y señaló que el procedimiento fue resultado de la coordinación entre las instituciones de ambos países.“Los buscamos, los encontramos y los traemos para que paguen por el daño que han hecho”, aseveró el ministro ecuatoriano.Las dos mujeres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras avanza el proceso de cooperación judicial entre Colombia y Ecuador.El presidente De La Espriella finalizó su mensaje asegurando que Colombia no será “refugio para las finanzas del crimen transnacional”.
Este domingo, 27 de septiembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:César Chaparro Pinzón (Periodista de investigación judicial): Relató su recorrido por Santa Marta tras la ofensiva militar contra los "Pachenca", describiendo el ambiente inicial de temor, la extorsión comercial y el progresivo retorno a la calma en las playasOmar García (Presidente de Cotelco Santa Marta): Analizó el impacto del orden público en el gremio hotelero y la rápida reactivación del destino, haciendo un llamado a mantener las reservas para la semana de receso escolarAura Carolina García (Directora de Fenalco Magdalena): Abordó las afectaciones sufridas por los comerciantes y tenderos debido a las presiones delictivas en el mercado público, destacando la reapertura total y las garantías de seguridad en el comercio localAndrés Mompotes (Director de El Tiempo): Explicó los motivos detrás del histórico paso del periódico de formato "sábana" a tabloide, buscando mayor practicidad, sostenibilidad y comodidad para los lectores sin reducir contenidoÁngel Medina Devis (Politólogo y analista político): Analizó la intervención de Delcy Rodríguez ante la Asamblea General de la ONU, interpretándola como una estrategia pragmática de reinserción de Venezuela en la comunidad internacional y un reto para la reconstrucción democrática.
La reciente suspensión de actividades comerciales en Santa Marta por cuenta de las amenazas y presiones de grupos armados encendió las alertas entre los sectores productivos de la ciudad, especialmente por el impacto que este tipo de situaciones puede tener sobre el empleo y la actividad turística. De acuerdo con Aura Carolina García, directora ejecutiva de Fenalco Santa Marta, más de 80.000 personas dependen de las actividades de comercio, turismo y servicios en la capital del Magdalena.La dirigente gremial explicó que estos sectores representan más del 32 % de la fuerza laboral de Santa Marta, por lo que cualquier interrupción en su funcionamiento puede tener consecuencias que van más allá de los días en los que se presentan las afectaciones.“Estamos hablando por encima de 80.000 personas”, señaló García al referirse al número de trabajadores vinculados directa o indirectamente a estas actividades. La funcionaria también llamó la atención sobre el empleo estacional que se genera durante las temporadas de mayor llegada de turistas, una fuente de ingresos especialmente importante para jóvenes, estudiantes y familias del departamento.Comercio de Santa Marta ya retomó sus actividadesSegún la directora de Fenalco Santa Marta, la ciudad comenzó a recuperar paulatinamente la normalidad desde la tarde del jueves y actualmente el comercio se encuentra operando. Uno de los últimos segmentos en retomar sus actividades fueron las tiendas de barrio y establecimientos del denominado canal tradicional.García explicó que durante los días más complejos hubo una mayor concentración de la presencia de las autoridades en puntos estratégicos, como el mercado público y el centro histórico. Posteriormente, esa vigilancia se extendió a otros sectores de la ciudad.“Hoy la ciudad está totalmente abierta con la dinámica propia pues de un día domingo”, afirmó la dirigente gremial, quien destacó además la presencia de la fuerza pública en los principales nodos comerciales.El mercado público es uno de los puntos que más preocupa al sector debido a su importancia para el abastecimiento de la ciudad. Allí confluyen vendedores y establecimientos que hacen parte de una amplia cadena comercial que incluye tiendas de barrio, restaurantes y otros negocios.García señaló que las presiones de grupos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca, no corresponden únicamente a la coyuntura reciente, sino que hacen parte de una problemática que, según explicó, se ha venido agravando durante los últimos años.“Es algo más estructural que sí se ha agravado en los últimos años, pero que obedece más a unas dinámicas históricas en el territorio”, indicó.El turismo, otro de los sectores en riesgoLa preocupación del gremio también está relacionada con la próxima temporada de receso escolar, considerada una fecha relevante para la economía de Santa Marta debido al movimiento turístico que genera.La directora de Fenalco aseguró que los efectos económicos de la reciente situación podrían prolongarse durante varios meses, incluso si la suspensión de actividades se concentró en pocos días.“Los efectos adversos en la economía se van a ver por varios meses, pero estamos todos unidos para dar un mensaje de tranquilidad, de vuelta totalmente a la normalidad”, sostuvo.En ese sentido, García destacó que las vías del departamento del Magdalena se encuentran abiertas y operativas y aseguró que actualmente existe vigilancia en los principales corredores. El objetivo del sector comercial es recuperar la confianza de los visitantes que tenían planeadas sus vacaciones en Santa Marta.La dirigente gremial también contó que recorrió algunas de las zonas turísticas de la ciudad durante los días de tensión y encontró visitantes en las playas junto con sus familias. Según relató, buena parte de ese turismo era nacional y los viajeros continuaron con sus actividades pese al difícil momento.Para Fenalco, mantener activa la economía resulta clave no solo para los empresarios, sino también para las miles de personas que dependen del comercio, el turismo y los servicios. La próxima temporada turística será, por ello, un momento importante para medir la recuperación de la actividad económica de Santa Marta tras los recientes hechos.
En una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía fue abatido Miguel Orlando Guzmán González, conocido con el alias de ‘Robinson Gutiérrez’, señalado cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero. La acción se desarrolló en zona rural de Tello, Huila, y permitió además la captura de tres integrantes de esta organización armada.La operación fue adelantada con capacidades especiales del Ejército Nacional y con apoyo de inteligencia de la Policía, luego de ubicar una estructura armada en la vereda Río Blanco, en el municipio de Tello, Huila.De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los integrantes de esta estructura buscaban consolidar su presencia en zonas de Huila, Caquetá y Meta, consideradas un corredor estratégico para avanzar hacia Cundinamarca. Para esto, estarían recurriendo a actividades como la extorsión, el secuestro y el reclutamiento de menores de edad.En medio de la operación fue neutralizado alias ‘Robinson Gutiérrez’, señalado como cabecilla de finanzas de la estructura Teófilo Forero. Según las autoridades, tenía entre sus funciones la recolección de recursos y el fortalecimiento de la capacidad de esta organización armada.La estructura Teófilo Forero tiene antecedentes que se remontan a las extintas FARC y estuvo históricamente relacionada con Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El Paisa’. A esta organización las autoridades le atribuyen diferentes hechos violentos ocurridos durante más de tres décadas, entre ellos secuestros, atentados y asesinatos en diferentes regiones del país.Entre los hechos mencionados se encuentran el asesinato del representante a la Cámara Diego Turbay Cote y su familia, en el 2000; el secuestro de 15 personas en el edificio Torres de Miraflores, en Neiva, en 2001; el secuestro de la entonces congresista Consuelo González de Perdomo; el secuestro del senador Jorge Eduardo Géchem, tras el desvío de un avión de Aires en Hobo, Huila, en 2002; el secuestro de los diputados del Valle del Cauca, en 2002, y el atentado contra el Club El Nogal, en Bogotá, en 2003.También se le relaciona a esta estructura el ataque al avión del presidente Álvaro Uribe en el aeropuerto de Neiva, en 20025; el asesinato de seis concejales de Puerto Rico, Caquetá, en 2005; el atentado y muerte del exsenador Jaime Losada mientras su esposa estaba secuestrada; en 2005, el homicidio de nueve concejales de Rivera, Huila, en 2006; el asesinato de Liliana Gaviria, hermana del expresidente César Gaviria, en 2006; el homicidio del gobernador de Caquetá Luis Francisco Cuéllar luego de secuestrarlo por quinta vez, en 2009, y el atentado contra el exministro Fernando Londoño, donde un sicario adhirió una bomba a la camioneta del exministro y murieron dos integrantes de su esquema de seguridad y resultaron heridos más de 50 personas, en 2012.En cuanto al atentado contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá, las autoridades señalan que detrás del magnicidio estarían integrantes de esta estructura y que la acción habría sido ejecutada mediante redes de crimen urbano en la capital. Esta es una de las líneas de investigación señaladas por las autoridades sobre los responsables intelectuales del crimen.Con este resultado operacional, las autoridades aseguran haber afectado el mando y las finanzas de una estructura que buscaba mantener su presencia armada y capacidad de acción. Además de la neutralización de alias ‘Robinson Gutiérrez’, fueron capturados tres integrantes de la organización.Las autoridades indicaron que este es un balance preliminar de la operación y que se entregará un informe con mayores detalles una vez concluyan las labores de verificación de las unidades que participaron en el procedimiento.
Un fuerte vendaval afectó 14 viviendas en seis veredas del municipio de Dabeiba, en el Occidente de Antioquia. El fenómeno causó daños principalmente en las cubiertas de las casas y dejó pérdidas de enseres y cultivos. No se reportaron personas lesionadas.Las mayores afectaciones se registraron en el sector de Antadó, específicamente en las veredas Palmichales, Toro, El Rodeo y Antadó, donde 13 familias resultaron afectadas. Allí, además de los daños en los techos, se reportó la pérdida de colchones, electrodomésticos y roperos, así como afectaciones en matas de café.Una familia más resultó afectada en las veredas Llanogrande y Chimiadó, donde el vendaval provocó daños en las cubiertas y en las hojas de eternit.Habitantes de las zonas afectadas señalaron que algunas viviendas presentan daños en una parte importante de su infraestructura, mientras se adelanta la verificación de las condiciones de cada inmueble. Esto contó uno de los afectados."Fue un vendaval que nos agarró sorpresivamente, pero, bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas, de esta salimos. Como pueden ver, así quedó el techo, desmanetelado en más de un 95%", relató el campesino. Según la administración municipal, la emergencia también generó afectaciones en la actividad agrícola de las comunidades, principalmente por los daños en los cultivos de café."Las principales afectaciones son pérdida de cubiertas, enseres y afectaciones en cultivos de café. Desde tempranas horas, la administración municipal se encuentra realizando las labores de identificación y evaluación de daños y afectaciones al tiempo que se realizan las atenciones necesarias para las familias damnificadas", confirmó Camilo Velásquez, de gestión del riesgo de esa localidad.Por lo pronto, según la Alcaldía, este lunes se llevará ayuda humanitaria a las familias afectadas por el vendaval, mientras que todavía no se ha solicitado activar las capacidades del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) para este caso, al ser suficientes los recursos de esa localidad.
