Una grave situación de violencia en contra de la población en reincorporación en el departamento de Antioquia se registró en las últimas horas en zona rural del municipio de Yondó donde ya las autoridades adelantan investigaciones.Según denunció el Observatorio de Paz-Pazes, hombres armados que pertenecerían a la guerrilla del ELN irrumpieron en la Nueva Área de Reincorporación (NAR) Omaira Díaz ubicada en la vereda San Francisco intimidando a firmantes de paz y a sus familias exigiéndoles cortar el servicio de internet.La preocupación en la zona es mayor si se tiene en cuenta reportes recientes que asegura haber recibido el mismo Observatorio frente la presencia de hombres que serían del Clan del Golfo en un sector cercano conocido como Bocas del San Juan.“Instamos a las autoridades del Gobierno nacional, a institucionalidad, defensores de derechos humanos, veedores del acuerdo de paz a rodear este territorio y actuar diligentemente para proteger la vida de firmantes y población conexa”, destacó en su mensaje Pazes.El reporte de la entidad se suma a versiones provenientes del mismo partido Comunes que indican que en medio de una posible disputa del territorio entre grupos armados se habría dado la orden de restringir la movilidad de la población en horas de la noche.En más de ocho años tras la firma del acuerdo de paz con las antiguas Farc, un total de 41 personas que se acogieron al proceso han sido asesinadas en Antioquia y dos antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, en Ituango y Remedios, se reubicaron por las complejas condiciones de seguridad.
Alias ‘Araña’, jefe de los Comandos de Frontera y negociador en los diálogos de paz con el Gobierno, fue retenido este miércoles en Bogotá por agentes del CTI, quienes le presentaron una circular roja de Interpol.La orden de captura, publicada el 12 de febrero, indica que es requerido por el Distrito Sur de California por coordinar el envío de cocaína a Estados Unidos. Según el documento, también cobraba un impuesto por la producción de cocaína y estuvo detrás del tráfico de al menos 1.500 gramos.En la tarde de este miércoles terminó el tercer ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo que se apartó de la Segunda Marquetalia comandada por alias Iván Márquez.Una vez finalizó el ciclo algunos agentes del CTI llegaron hasta el hotel en el occidente de la capital donde se habían realizado las negociaciones y le presentaron a Giovanni Andrés Rojas una circular roja de Interpol. Los funcionarios dijeron que debían retener a Araña y llevarlo al búnker de la Fiscalía.Es importante recordar que por medio de una resolución firmada por la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, se le suspendieron las órdenes de captura a ‘Araña’, con el fin de que pudiera participar en los diálogos de paz con el Gobierno.Alias 'Araña' fue reconocido el año pasado como uno de los negociadores de la hoy fragmentada Segunda Marquetalia y, por tanto, la Fiscalía suspendió las órdenes de captura que tenía vigentes.A finales de 2024, el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano acordaron una agenda de negociación que tiene que ver con transformaciones territoriales; seguridad en territorios y para comunidades; medidas y rutas de seguridad jurídica para integrantes de estructuras guerrilleras; y participación política.Igualmente, pactaron que los ciclos de negociación de la paz se realizaran en Colombia en un esquema rotatorio, con lo que la mesa sesiona en varios sitios del país, como ya lo hicieron en Puerto Asís, Putumayo, y en Nariño, en los que tienen presencia esas disidencias.Así fue la captura de alias 'Araña'
Veinte exfuncionarios del Gobierno del expresidente Iván Duque pidieron al expresidente Juan Manuel Santos reconocer los avances en la implementación del acuerdo de paz durante su administración.En un comunicado, destacaron la prórroga de la Ley de Víctimas, la inclusión de representantes de las víctimas en el Congreso, la consolidación de los PDET y el apoyo a la reincorporación de excombatientes. Además, resaltaron el financiamiento de la JEP y la Comisión de la Verdad, así como la garantía de participación política para el partido Comunes.En el documento, los firmantes destacan varios logros significativos:Prórroga de la Ley de Víctimas: se extendió por 10 años la vigencia de esta ley, que estaba próxima a expirar, y se emitieron dos documentos CONPES para fortalecer dicha política.Representación de las víctimas: se logró la inclusión de 16 representantes de las víctimas del conflicto en el Congreso de la República.Reincorporación de excombatientes: aunque el apoyo legal a la reincorporación finalizaba al término del Gobierno Santos, la administración Duque extendió este respaldo por el tiempo necesario, logrando que la mayoría de los excombatientes de las Farc permanecieran en el proceso.Participación política: se garantizaron las condiciones para que los candidatos del partido Comunes participaran en las elecciones, exigiendo a su vez la entrega de bienes comprometidos en el acuerdo.Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET): mientras que al inicio de su Gobierno solo se contaba con dos PDET, la administración Duque formuló los 14 restantes y aseguró recursos por 16 billones de pesos para su ejecución, entregando más de una obra por día.Sustitución de cultivos ilícitos: se cumplió con las 100,000 familias inscritas en el plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.Reforma Rural Integral: se formularon 16 planes nacionales sectoriales y se realizaron avances significativos en la actualización catastral y otros frentes relacionados con el desarrollo rural.Apoyo a la justicia transicional: se financió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, además de lograr la extensión del mandato de la ONU en Colombia.Fortalecimiento institucional: se mantuvieron instancias clave como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), la alta instancia de género y la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IANPE).Entre los firmantes se encuentran Víctor Muñoz, exdirector del Dapre; Ángela María Orozco, exministra de Transporte; Emilio José Archila, exconsejero presidencial para la Estabilización y Consolidación; José Manuel Restrepo, exministro de Comercio, Industria y Turismo; Rodolfo Zea, exministro de Agricultura; Juan Sebastián Arango, exconsejero presidencial para la Juventud; Ángel Custodio Cabrera, exministro de Trabajo; María Paula Correa, exjefa de Gabinete de la Presidencia; Lina Arbeláez, exdirectora del ICBF; y Diego Mesa, exministro de Minas y Energía.
En la Corte Constitucional tuvo lugar la audiencia pública de seguimiento a la seguridad de los firmantes del acuerdo de paz. Allí, la presidenta de la Sala de Seguimiento Cristina Pardo, habló sobre las alertas y la crisis en cuanto a la seguridad de esa población.La magistrada de la Corte Constitucional aseguró que desde 2020 la Defensoría del Pueblo venía advirtiendo riesgos de amenazas, homicidios y desplazamiento incluyendo a los firmantes del acuerdo de paz y sus familias en las regiones del Cesar y Norte de Santander.Además, indicó que la Sala de Seguimiento registró 8 alertas tempranas sobre esa misma situación en el Catatumbo, “Estos crímenes son inaceptables y nos recuerdan dolorosamente la intervención constitucional enfocada hoy en el componente de prevención y reacción de las garantías de seguridad para los firmantes de paz”, dijo la magistrada Cristina Pardo.Quien asistió a la sesión técnica llevada a cabo en el alto tribunal, fue la defensora del Pueblo Iris Marin, quien aseguró que los riesgos que enfrentan los firmantes del acuerdo de paz tienen que ver con que cada grupo armado ilegal mes a mes tiene nuevas fragmentaciones, lo que genera una expansión que hace más difícil seguir los riesgos y la capacidad del Estado para responder a ellos.Situación en el CatatumboSobre la crisis humanitaria en el Catatumbo, las cifras que entrega la Defensoría del Pueblo a la fecha, es de 6 firmantes asesinados, 12 evacuados de la zona, 166 firmantes y sus familias han sido desplazadas y se tiene reporte de la desaparición forzada de al menos 14 firmantes de paz.Incluso, la defensora aseguró que entre los desafíos para la protección de los firmantes no solo en el Catatumbo, sino en todo el país, es tener en cuenta que este año es preelectoral, lo que va a exacerbar los riesgos para toda la población y por eso será necesario que el sistema de alertas tempranas y todas las autoridades hagan un análisis diferencial de esta situación.Por su parte, Olga Marcela Rico, delegada de los firmantes de paz, sugiere establecer una alerta temprana nacional para prevenir riesgos en territorios, especialmente en el contexto de la campaña política, protegiendo la participación y reincorporación política, fundamentales tras el acuerdo de paz de 2016.Esta audiencia es importante porque la Corte Constitucional hace el seguimiento al cumplimiento de la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, el próximo lunes 3 de febrero será la segunda sesión en donde se espera que intervengan los Ministros de Defensa e Interior.
La Asociación Nacional de Firmantes del Acuerdo de Paz (Anfap) denunció públicamente una grave amenaza contra su junta directiva nacional, tras recibir un panfleto intimidante atribuido a un grupo paramilitar en sus oficinas de Bucaramanga. Este hecho se suma al asesinato de Disney Sánchez Contreras, un firmante de paz y líder de la comunidad, ocurrido el pasado 27 de enero en el corregimiento La Trinidad, municipio de Convención, Norte de Santander.El panfleto recibido en un sobre el 28 de enero advertía a varios directivos de la Anfap, entre ellos César Tamayo, Claudia Bustos, Diomedes Rodríguez y Carmen Jurado, que tenían 72 horas para abandonar la región. La organización exige medidas inmediatas de seguridad para sus miembros, quienes aseguran estar bajo constante amenaza.Con este asesinato, ya suman 11 firmantes de paz muertos en 2025, alcanzando un total de 454 desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. La Anfap denunció además la falta de garantías de seguridad por parte del Estado y la ausencia de protección efectiva, señalando que varios de sus miembros no cuentan con medidas de resguardo pese al alto riesgo que enfrentan.En un comunicado público, la Anfap hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, organismos como la ONU y la CIDH, y a los países garantes del Acuerdo de Paz, para que intervengan y exijan al Gobierno colombiano el cumplimiento de sus compromisos en materia de seguridad para los firmantes. Asimismo, solicitó investigaciones inmediatas a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación sobre el incumplimiento de las medidas de protección y el presunto prevaricato de funcionarios responsables."Los firmantes del acuerdo de paz confiamos en el Estado colombiano, pero hoy somos víctimas de estigmatización, persecución y exterminio. Es urgente implementar acciones que protejan nuestras vidas y garanticen la continuidad del proceso de paz", afirmó la junta directiva de la Anfap en su comunicado.
Los testimonios de los 110 firmantes de paz que aún permanecen en el ETCR "Ariel Aldana", en la Variante de la zona rural de Tumaco, Nariño, reflejan la desesperación del abandono que ellos y sus familias han soportado durante los últimos 8 años.Durante una entrevista con Blu Radio en este espacio territorial de concentración y reincorporación (ETCR), Alias "Jennifer", ex integrante de la extinta columna Daniel Aldana de las FARC, hizo un llamado al estado colombiano para que no les nieguen a ella y a sus compañeros la oportunidad de buscar un cambio y tener esperanza en una mejor calidad de vida. A pesar de los incumplimientos, expresó que siguen firmes en el proceso.Los firmantes de paz en Nariño están decididos a construir un futuro de esperanza y unidad. Han manifestado su voluntad de salir adelante y progresar, habiendo entregado las armas y optado por la vida civil. Sin embargo, los retrasos en la implementación del acuerdo de paz han llevado a varios excombatientes a considerar regresar al conflicto armado.Para las mujeres firmantes, la reintegración ha presentado desafíos particulares, especialmente en la búsqueda de oportunidades para asegurar un futuro mejor para sus hijos, a pesar de la persistente pobreza desde que decidieron abandonar las armas.El dolor entre los firmantes de paz en el ETCR "Ariel Aldana" y la comunidad de La Variante es palpable. Se sienten frustrados porque las promesas de proyectos productivos, que se mostraron en una valla en la entrada del ETCR, no se han materializado como medio de sustento para los excombatientes de las extintas FARC que aún están en el proceso de paz.Yesid Salgado, otro firmante de paz que supera los 50 años, lamenta que desde la firma del Acuerdo de Paz solo hayan recibido promesas, y su situación se ha visto empeorada por la estigmatización a la que están sometidos. Salgado enfatizó que persiste en el proceso, pero está cansado de los engaños y mentiras por parte del Estado colombiano y del partido Comunes. Desde que fueron concentrados en el ETCR de La Variante, sienten que han sido olvidados, y los proyectos prometidos siguen siendo solo eso, promesas cuyo cumplimiento es incierto.Los firmantes de paz en Tumaco son unánimes en su decisión de no volver a empuñar las armas, a pesar de los arrepentimientos que puedan tener. Invitaron a los países garantes del acuerdo de paz a visitar el ETCR de La Variante para que puedan constatar las condiciones infrahumanas en las que han estado viviendo durante los últimos ocho años.En la zona, una escuela improvisada opera en un salón deplorable, con una sola profesora para atender a decenas de niños. Esta situación se ve agravada por la falta de recursos para su mantenimiento, según una de las firmantes de paz que prefirió mantener el anonimato.Además, se suma el descontento por la quiebra de la cooperativa que ellos mismos crearon con sus recursos para la cría de alevines y la comercialización de peces. Duvan Hurtado, integrante y fundador de la Cooperativa Multiactiva Memorial Vida y Esperanza (COOMMAVE), denunció que el gerente de la cooperativa, Duvalier Asteiza, ha evitado rendir cuentas sobre los recursos aportados por más de 50 socios, aduciendo constantes excusas. Según Hurtado, incluso los aportes del gobierno nacional para la sostenibilidad de la cooperativa no se han manejado con transparencia.Hurtado solicitó a los organismos de control investigar las presuntas inconsistencias en los informes presentados por Asteiza y aseguró que, pase lo que pase, el gerente tendrá que rendir cuentas sobre el destino de los recursos de los socios y los aportes de la comunidad internacional.Finalmente, los firmantes de paz señalaron que, aunque el Ministerio de Minas y Energía instaló una planta de paneles solares en la zona, esta no está operativa y no se han dado explicaciones al respecto. Además, un proyecto para la cría de cerdos nunca se concretó, quedando solo la estructura construida, según manifestó Hurtado.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, admitió este lunes deficiencias operativas y de inteligencia por parte de las Fuerzas Militares (FFMM) frente a la crisis que azota al Catatumbo, en Norte de Santander.En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el jefe de la cartera de Defensa señaló que, a pesar de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo desde noviembre del año pasado, las acciones preventivas no fueron suficientes para contener la violencia en esta región, donde el ELN ha intensificado sus ataques contra firmantes del acuerdo de paz, líderes sociales y comunidades.Fallas en la respuesta militar y de inteligenciaEl ministro Velásquez reconoció que las advertencias de posibles confrontaciones entre grupos armados en el Catatumbo, detalladas en un informe de la Defensoría del Pueblo de noviembre pasado, no fueron atendidas de manera efectiva.“Ni la inteligencia ni las acciones que se desarrollaron por parte del Ejército tuvieron la eficacia necesaria para impedir los hechos que estamos viendo hoy. Eso es algo que naturalmente tenemos que reconocer”, declaró.Según el reporte oficial, al menos cinco firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados por el ELN en los últimos días, mientras que otros seis permanecen desaparecidos. En respuesta a la situación, el Gobierno ha desplegado 5.000 uniformados en la región, incluidos 400 efectivos de fuerzas especiales. Velásquez aseguró que se continúa evaluando el envío de más tropas para garantizar el control territorial.“La presencia militar se ha incrementado en la zona con el objetivo de proteger a la población desplazada y mitigar la violencia. Sin embargo, debemos aceptar que las medidas previas no lograron anticiparse al impacto de esta cacería infame desatada por el ELN”, añadió el ministro.Conflicto entre el ELN y disidencias: un nuevo escenario de violenciaEl deterioro de la seguridad en el Catatumbo está relacionado con la ruptura de alianzas entre el ELN y las disidencias de las FARC, que hasta octubre del año pasado mantenían relaciones de cooperación en la región. Velásquez explicó que el conflicto podría estar motivado por disputas por el control territorial y la economía ilícita en la zona.“El ELN, bajo el supuesto de que algunos firmantes de paz están relacionados con las bases sociales de las disidencias, ha dirigido acciones violentas contra estas personas. Aunque no tengo una afirmación contundente al respecto, es probable que la ruptura entre estas organizaciones haya escalado las tensiones”, puntualizó.La situación también ha provocado un desplazamiento masivo de civiles, quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares en medio de los enfrentamientos. Hasta el momento, el gobierno ha evacuado 14 firmantes del acuerdo de paz por vía aérea y 10 más permanecen bajo protección en unidades militares.¿Estado de conmoción interior en el Catatumbo?Ante la magnitud de la crisis, el Gobierno evalúa la posibilidad de declarar un estado de excepción en el Catatumbo. Velásquez confirmó que la medida sería discutida en un consejo de ministros convocado para este lunes, donde se analizarán alternativas como la declaratoria de conmoción interior o emergencia económica.“La decisión es urgente. Un estado de conmoción permitiría al gobierno adoptar medidas extraordinarias, como la limitación de la movilidad en ciertas zonas y la destinación inmediata de recursos para la atención humanitaria y la recuperación del control territorial”, explicó el ministro.Aunque la medida estaría focalizada en el Catatumbo, no se descarta que pueda extenderse a otras regiones del país afectadas por la violencia, como el Cauca y el suroccidente colombiano.Crisis en Guaviare: un conflicto paraleloEn paralelo a la crisis del Catatumbo, el ministro también se refirió a los recientes enfrentamientos entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ en Guaviare, que han dejado un saldo de al menos 20 muertos. Velásquez explicó que la ruptura de relaciones entre estas facciones se originó tras el cese al fuego decretado en el Cauca el año pasado, lo que desató una disputa por el control territorial y de las economías ilegales.“La confrontación en Guaviare, al igual que en el Catatumbo, tiene como trasfondo la lucha por la hegemonía en territorios estratégicos. Esto evidencia la complejidad del panorama de seguridad en el país y la necesidad de adoptar medidas contundentes”, señaló.Un panorama que recuerda épocas pasadasVelásquez reconoció que la situación actual evoca imágenes de la violencia que Colombia vivió hace dos décadas. Sin embargo, enfatizó en los avances logrados por las Fuerzas Militares en el control territorial, aunque admitió que aún persisten grandes desafíos.“Sí, hay eventos que nos recuerdan épocas pasadas, pero también hay avances significativos. Lo importante es fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares para proteger a las comunidades y garantizar la paz en los territorios”, concluyó.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concedió amnistía a cuatro exintegrantes de las extintas Farc-EP por delitos políticos relacionados con el Paro Nacional Agrario de 2013. Esta decisión, tomada por la Sala de Amnistía o Indulto (SAI), reconoce los hechos cometidos durante las protestas sociales como delitos conexos, susceptibles de amnistía, según el acuerdo final de paz.Los comparecientes habían sido condenados por la jurisdicción ordinaria por fabricación, tráfico y porte de explosivos, al encontrarse en sus pertenencias sustancias como aluminio, azufre y clorato de potasio, junto con pancartas alusivas a las movilizaciones campesinas. Según la SAI, estas conductas ocurrieron en el contexto del conflicto armado interno y de la protesta social, lo que permitió su tratamiento como delitos políticos.La amnistía otorgada elimina la responsabilidad penal de los beneficiarios por estos delitos, pero exige el cumplimiento de estrictas condiciones. Entre estas se encuentran la obligación de contribuir a la verdad, reparar a las víctimas, garantizar la no repetición y participar en programas de búsqueda de desaparecidos. Asimismo, deben informar cualquier cambio de residencia, no abandonar el país sin autorización y comparecer ante la JEP o la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas cuando sean requeridos.La Sala destacó que el conflicto armado influyó en los excesos cometidos durante las protestas sociales de 2013. La guerrilla buscaba tener presencia en dichas movilizaciones, lo que generó situaciones de judicialización. Esta relación entre protesta social y conflicto armado fue reconocida en el Acuerdo Final y reafirmada por la Corte Constitucional en 2018, al señalar que ciertos actos durante protestas pueden considerarse conexos a los delitos políticos. A la fecha, la JEP ha otorgado 827 amnistías y ha comunicado más de 9.600 decretos de este tipo a firmantes del acuerdo final.
Con un llamado para que la política de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro tenga coherencia entre el discurso y las acciones, este martes al menos 70 asociaciones que representa a firmantes de paz, exigieron el desembolso inmediato de los recursos asignados para el programa de renta básica, correspondientes al mes de diciembre, que contemplan el 90 % de un salario mínimo.A través de un comunicado, los firmantes denuncian que luego de ocho años del incumplimiento del acuerdo final y de la ausencia de una política integral de reincorporación, esos recursos de la renta básica son el único sustento para esas más de 12.000 familias.Denuncian que también hay incumplimiento en la entrega de tierras para garantizar la sostenibilidad de proyectos económicos, la implementación de las zonas de reintegración y restauración comunitaria, que operan como colonias agrícolas.“Medidas como la suspensión en las postulaciones del subsidio de Mi Casa Ya y otros recortes presupuestales que afectan principalmente a los sectores populares, ante esta situación la implementación del acuerdo final de paz también se ha visto gravemente afectada, es innegable que la deficiente implementación en los gobiernos anteriores ha significado la no eliminación de las barreras de acceso a los derechos de la población de firmantes”.Estas organizaciones solicitaron al Ministerio de Hacienda, al Fondo Colombia en Paz y a los países garantes de la firma del acuerdo de paz hacer efectivo el desembolso de los recursos para superar la crítica situación que están afrontando.Rodrigo Londoño, excomandante de las Farc, hoy presidente del partido Comunes, en un mensaje a través de X, el pasado 29 de diciembre, pidió al presidente Gustavo Petro acciones urgentes para garantizar la paz en Colombia y cuestionó la falta de respuesta frente al desembolso de recursos de la renta básica.En respuesta, el presidente Gustavo Petro aseguró que en X que “Ni un peso se quitará a la financiación del acuerdo de paz con las Farc. Las partidas hacia los excombatientes y las zonas PDET serán financiadas desde el ministerio de hacienda y planeación con traslados presupuestales después de firmado el decreto de liquidación este 31 de diciembre”.
La violencia en contra de los firmantes del acuerdo de paz continúa, y en las últimas horas, Wilmer Ruiz Delgado, de 41 años y exintegrante de las extintas Farc, fue asesinado en el municipio de San Vicente del Caguán, CaquetáEl hecho ocurrió en el barrio Cataleya de San Vicente, donde hombres armados le dispararon sin mediar palabra, y le quitaron la vida de manera inmediata.Hasta el momento, se desconoce quiénes fueron los responsables del asesinato de Ruiz Delgado, por lo que las autoridades avanzan con la investigación para esclarecer los hechos.Con este asesinato, el número de firmantes de paz asesinados desde la firma del acuerdo en 2016 asciende a 445.
El presidente Gustavo Petro reafirmó su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016, asegurando que no se recortará un solo peso destinado a su financiación. Según el mandatario, las partidas para los excombatientes y las zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) serán garantizadas a través de traslados presupuestales gestionados por el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, una vez se firme el decreto de liquidación este 31 de diciembre.La declaración surge como respuesta a las críticas de Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes y exjefe de las Farc, quien cuestionó al Gobierno en un hilo publicado en la red social X. Londoño señaló fallos en la implementación de la renta básica para excombatientes y denunció el asesinato de antiguos integrantes del grupo armado, pidiendo al jefe de Estado acciones urgentes para garantizar la paz en Colombia."Presidente Gustavo Petro, la paz de Colombia pasa por horas difíciles y es necesario que usted tome correctivos urgentes. Usted es el jefe del Estado. Le corresponde actuar en favor de la paz de Colombia", afirmó Londoño, quien también criticó los primeros borradores de sanciones propuestos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), advirtiendo sobre inconsistencias en las reparaciones exigidas a los comparecientes.El pronunciamiento del presidente Petro busca despejar dudas sobre el compromiso de su Gobierno con el acuerdo, en medio de los retos que enfrenta la implementación del pacto de paz.
Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes, publicó este domingo 29 de diciembre, un hilo en la red social X, en la que crítico al presidente de la República, Gustavo Petro, por fallos en la renta básica y los asesinatos de excombatientes.Londoño, conocido por su pasado en las FARC como 'Timochenko', le pidió al jefe de Estado que honre el Acuerdo de Paz y el mandato popular que lo eligió."Presidente Gustavo Petro, la paz de Colombia pasa por horas difíciles y es necesario que usted tome correctivos urgentes. Usted es el jefe del Estado. Le corresponde actuar en favor de la paz de Colombia", dijo Londoño.Además, exjefe del secretario del grupo armado ilegal criticó al Gobierno por el primer borrador con las sanciones que podrá imponer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que se definirá cuáles serán las reparaciones que tendrán que hacer los comparecientes en esta corte."De igual forma, presidente, sorprendió la propuesta emitida por su ministra de justicia acerca del modelo de sanciones propias de la JEP, en la cual se emulan colonias penales", expresó.Por otro lado, en su publicación, Londoño hizo un enérgico llamado al mandatario por los asesinatos de cuatro firmantes del acuerdo de paz en diciembre, y aseguró que la cifra de desmovilizados asciende a 443, desde que se puso punto final al proceso. "Necesitamos garantías para los firmantes de paz", indicó.Incluso, 'Timochenko' habló de la renta básica de los firmantes del proceso de reincorporación, exigiéndole al presidente el desembolso de este concepto.
Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ en su época como líder de las Farc y actual presidente del partido Comunes, dirigió una carta al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, expresando profundas críticas al funcionamiento de esta jurisdicción. En su misiva, también exhortó a la comunidad internacional a intervenir para evaluar los presuntos incumplimientos de la JEP en los plazos acordados.“Me permito exhortar a los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a Cuba y a Noruega, como garantes del acuerdo de paz, y a la comunidad internacional en su conjunto, a examinar con detenimiento lo que viene ocurriendo”, afirmó Londoño. Según él, los retrasos en las investigaciones y juicios que adelanta la JEP evidencian un incumplimiento del acuerdo firmado en 2016.La respuesta de Londoño surgió luego de que Ramelli, en una entrevista con Blu Radio, advirtiera sobre los límites temporales de la JEP. “Llevamos seis años y diez meses; no queda mucho para investigar. Lo que no logremos investigar será devuelto a la justicia ordinaria, y allí las sanciones ya no serán propias, sino de cárcel”, señaló Ramelli. Esta declaración generó preocupación entre los comparecientes de la antigua guerrilla, quienes consideran que los procesos en la jurisdicción especial están en riesgo.Londoño también cuestionó las afirmaciones de la magistrada Xiomara Balanta, quien atribuyó a los firmantes del acuerdo la responsabilidad de los incumplimientos. “No se puede entender que el señor presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, esté advirtiendo en los medios que el tiempo para sus actuaciones será insuficiente […] Tampoco la manifestación pública de la señora magistrada Xiomara Balanta, en el sentido de que los firmantes somos los mayores responsables de los incumplimientos del acuerdo”, expresó en su carta.El líder del partido Comunes acusó a la JEP de gastar dos billones de pesos sin resultados concretos, como sentencias o renuncias a la persecución penal. Advirtió que estas fallas podrían derivar en la intervención de la Corte Penal Internacional y pondrían en peligro los avances logrados en el proceso de paz. “Sus equivocaciones serán caldo de cultivo de nuevas violencias”, concluyó.
Una reciente investigación de Valentina Cano Giraldo, magíster en medio ambiente y desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, revela que la firma del acuerdo final de paz en 2016 tuvo un impacto directo y negativo en la deforestación de los territorios amazónicos que anteriormente estaban controlados por las Farc. Según el estudio, los municipios en donde la guerrilla tenía presencia registraron un aumento del 177 % en la deforestación, frente al 90 % observado en municipios sin su influencia. Este aumento se asocia con el vacío de autoridad generado por la salida de las Farc, lo que resultó en un cambio en las reglas de uso del suelo y la llegada de nuevos actores, tanto armados como civiles, que han acelerado la destrucción del ecosistema amazónico.Entre 2013 y 2022, Cano Giraldo analizó datos del Ideam y alertas tempranas de deforestación en 79 entidades territoriales amazónicas, incluyendo municipios y áreas no municipalizadas como El Encanto y La Chorrera. Los resultados de la investigación evidencian que, antes de la reincorporación de las Farc al proceso de paz, el 49 % de la deforestación nacional se concentraba en la región amazónica. Sin embargo, después de la firma del Acuerdo, este porcentaje aumentó al 70,3 %. En el periodo comprendido entre 2016 y 2017, la deforestación creció un alarmante 87 %, pasando de 83.533 hectáreas a 156.560 hectáreas arrasadas, respectivamente.Aunque el proceso de paz ha sido fundamental para la superación del conflicto armado en Colombia, ha expuesto las complejas dificultades de los territorios excombatientes para adaptarse a nuevas dinámicas sociales y económicas. Municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, San José del Guaviare y La Macarena se han convertido en puntos críticos de deforestación entre 2017 y 2021. En total, entre 2013 y 2021, Colombia perdió 1.485.734 hectáreas de bosques, siendo la Amazonía una de las regiones más afectadas, con 866.779 hectáreas destruidas entre 2014 y 2021. Caquetá y Meta se destacan como los departamentos más impactados, con 290.560 y 229.898 hectáreas deforestadas, respectivamente.Las principales causas de este fenómeno están relacionadas con la expansión de la frontera agrícola, impulsada por la ganadería extensiva. En el posacuerdo, el número de cabezas de ganado ha aumentado considerablemente, pasando de cerca de 3 millones en 2016 a casi 4,5 millones en 2021. Este crecimiento ha impulsado la conversión de bosques en pastizales para la cría de ganado, especialmente en tierras que antes estaban limitadas por las restricciones impuestas por las Farc. Mientras que los guerrilleros limitaban la deforestación a unas pocas hectáreas al año, los nuevos colonos y otros actores han establecido fincas de hasta 1.000 hectáreas.A pesar de los esfuerzos por formalizar tierras mediante el Acuerdo, que contemplaba la legalización de 7 millones de hectáreas, la situación sigue siendo crítica. Las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) en la región amazónica también han experimentado un aumento del 169 % en la deforestación entre 2013 y 2021, lo que resalta la incapacidad del Estado para gestionar y proteger estos territorios de gran valor ambiental.