Procuraduría sobre acuerdo de paz: falencias en seguridad de la oposición y otras alertas

La Procuraduría General de la Nación presentó ante el Congreso su séptimo informe sobre la implementación del acuerdo de paz, en el que alertó sobre rezagos críticos en varios puntos del pacto firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC-EP.Aunque el informe reconoce avances normativos y en algunos programas específicos, advierte que persisten fallas estructurales, falta de coordinación institucional y retrasos presupuestales que ponen en riesgo la consolidación de una paz estable y duradera.Reforma rural integral: tierra aún concentrada en pocas manosEl informe del Ministerio Público señala que, pese a los compromisos de adjudicar tres millones de hectáreas y formalizar otras siete millones, apenas se ha adjudicado el 1,19 % (35.584 hectáreas). Aunque se han formalizado 2,8 millones de hectáreas, la mayoría corresponde a comunidades indígenas y no a campesinos sin tierra. La Procuraduría advirtió que la estructura agraria sigue siendo “altamente inequitativa”, con un índice de Gini de 0,89, reflejando una desigualdad casi absoluta.La seguridad de los miembros de la oposiciónLa Procuraduría en su informe advirtió que persisten falencias estructurales en las garantías de seguridad para los partidos y movimientos que se declaran en oposición, a pesar de los compromisos adquiridos en el acuerdo final de 2016 y de la expedición de nuevas normas como el Decreto 638 de 2025, que creó el Programa de Protección Integral.El informe señala que la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía entregan información fragmentada e incompleta, sin variables clave como afiliación política o pertenencia étnica, lo que impide un diagnóstico real de los riesgos. También se resalta la ausencia de un plan estratégico de seguridad y protección actualizado, con indicadores y lineamientos claros, lo que limita la efectividad de las medidas adoptadas.Uno de los hechos más graves reseñados en ese informe fue el magnicidio contra el senador Miguel Uribe Turbay en junio cuando ya se perfilaba como precandidato presidencial la Procuraduría calificó este hecho como de “alto impacto”, al poner en evidencia los riesgos que enfrentan quienes ejercen oposición política en el país.“Este evento evidenció la fragilidad de los esquemas de protección incluso frente a líderes visibles en el escenario nacional”, se lee en el informe.Recursos para la paz: baja ejecución y rezagos financierosEl informe denunció una baja ejecución de recursos del Presupuesto General de la Nación por $8,4 billones, especialmente en el sector agrícola. Además, de los proyectos aprobados por el OCAD Paz, muchos presentan avances físicos y financieros mínimos. El Fondo Colombia en Paz mantiene $2,7 billones sin programaciónEn sus conclusiones el ente de control advirtió que, tras más de ocho años de firmado el Acuerdo, el país enfrenta un nivel de cumplimiento desigual y que las regiones más golpeadas por el conflicto siguen siendo las más rezagadas.Además enfatiza la Procuraduría en la necesidad de un plan de choque urgente, con acciones articuladas entre Gobierno, entidades territoriales y sociedad civil, para garantizar que los compromisos adquiridos se conviertan en transformaciones reales en los territorios.