La investigación que adelanta la justicia desde hace 26 años contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado en relación con sus posibles vínculos con grupos paramilitares, por ahora seguirá en manos de la Fiscalía, luego de que la Corte Constitucional se inhibiera de definir si el caso debía pasar o no a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.Siete de los magistrados de la Corte consideraron que el conflicto de competencias, como se denomina jurídicamente esta discusión, había quedado mal planteado y por lo tanto se inhibieron de definirlo, ante lo cual, el proceso seguirá en manos de la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Dos magistrados, Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Camargo, salvaron el voto pues consideraban que el caso debía ser asumido por la Comisión de Acusación de la Cámara.El asunto de fondo radica en las fechas en las que eventualmente, Álvaro Uribe habría tenido vínculos con el paramilitarismo: desde la Fiscalía se considera que la presunta responsabilidad del expresidente en las masacres de La Granja y El Aro, en 1996 y 1997, se habría dado cuando Uribe se desempeñaba como Gobernador de Antioquia, por lo que el caso debería ser asumido por la justicia ordinaria.Otra opinión tiene la Comisión de Acusación de la Cámara, que radicó un documento ante la Corte argumentando que el proceso contra el expresidente Uribe debe ser asumido por esa célula legislativa, tras considerar que en el expediente se habla de un remezón de oficiales de la Fuerza Pública en 2003, presuntamente relacionado con los casos investigados, por lo que el delito eventualmente habría tenido continuidad en el tiempo, incluso cuando Uribe se desempeñó como jefe de Estado.En cualquier caso, la puerta no quedó cerrada definitivamente para una nueva solicitud en el mismo sentido, que eventualmente podría llegar en otra oportunidad a la Corte Constitucional.Mientras tanto, la Fiscalía ya fijó la fecha para la continuación de la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe, que tendrá que comparecer el próximo 11 de diciembre.Hay que tener en cuenta que este mismo caso, el del expresidente Álvaro Uribe, que ha sido la principal bandera política de figuras de la izquierda como el caso del excandidato Iván Cepeda, ha producido una profunda división en el Pacto Histórico sobre quién debe asumir el proceso contra el exjefe de Estado.
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudiará, como primer punto de su sesión extraordinaria del lunes 9 de noviembre, el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.La sesión será a partir de las 9:00 de la mañana, en la que abordará como primer punto la definición de qué autoridad debe continuar con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos vínculos con estructuras paramilitares: si será la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El asunto corresponde al expediente CJU-7957. El magistrado ponente es Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien tiene a su cargo estudiar el expediente y presentar a la Sala Plena una ponencia sobre cuál de las dos autoridades tiene la competencia para continuar con el proceso.La controversia se originó el 19 de agosto de 2026, cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una proposición mediante la cual reclamó el expediente que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación.El argumento de la Comisión es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado en el tiempo hasta 2003, período durante el cual el expresidente Álvaro Uribe ejercía como jefe de Estado. Por esa razón, considera que los hechos estarían cobijados por el fuero presidencial y que, en consecuencia, la investigación debe ser asumida por el Congreso de la República.Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación rechaza esa pretensión y sostiene que debe conservar la competencia para adelantar el proceso, debido a que los hechos objeto de investigación habrían ocurrido cuando Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.Hay que precisar que esta discusión no corresponde a una decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente, sino a la definición de quién es competente para adelantar la investigación.El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro, considerado como actor popular dentro del proceso, y sus apoderados, Óscar Eduardo Ramírez Puerta y Sebastián Escobar Uribe, enviaron un nuevo escrito al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, de la Sala Plena de la Corte Constitucional.En el documento reiteran y amplían las observaciones que presentaron el pasado 17 de septiembre frente al conflicto de competencias en la investigación contra el expresidente Uribe Vélez. Su principal argumento es que la Corte sólo puede intervenir cuando existe un conflicto real entre las autoridades, algo que, aseguran, no ocurre en este caso.Los firmantes cuestionan que la Comisión de Investigación y Acusación sustente su solicitud en la posibilidad de que el delito de concierto para delinquir, por ser de carácter permanente, se haya extendido hasta 2003, cuando Uribe ya ejercía la Presidencia de la República.Según Cepeda, esa interpretación jurídica no es suficiente para ampliar el periodo investigado ni para incluir hechos que no fueron señalados ni hacen parte de la investigación.El segundo asunto previsto en el orden del día de la sesión extraordinaria corresponde al expediente D-16118, cuya magistrada ponente es Natalia Ángel Cabo. Se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32, parcialmente, de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, denominado Colombia, Potencia Mundial de la Vida, del Gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro.La disposición demandada modificó el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y está relacionada con, según la definición del Gobierno anterior, las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizados en la frontera agrícola.El debate constitucional se concentra en las facultades otorgadas al Gobierno nacional, particularmente al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), para identificar y delimitar áreas de especial interés destinadas a garantizar la producción de alimentos y proteger el suelo rural.Dentro de estas figuras se encuentran las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Reserva Campesina.La demanda cuestiona si estas disposiciones desconocen la autonomía territorial de los municipios y distritos, reconocida en los artículos 287 y 311 de la Constitución Política, al considerar que la intervención del Gobierno nacional podría limitar las competencias de las autoridades locales para definir y adoptar sus propios Planes de Ordenamiento Territorial (POT).Entre los argumentos expuestos por los demandantes y sectores gremiales, como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), está la preocupación por una posible afectación de las competencias municipales en materia de ordenamiento del territorio y definición de los usos del suelo.
El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en la inauguración de la Gran Cumbre Internacional de la Justicia y los Premios Excelencia en la Justicia. En su discurso aseguró que la grandeza del Estado de derecho consiste en que el poder encuentre límites que no dependan de su voluntad y que los juristas deben recordar esos límites sin importar quién se moleste con las decisiones de la justicia."Y aquí tengo que hacer un reconocimiento especial a la rama judicial, una rama llena de juristas que fueron el muro de contención contra la arbitrariedad del anterior gobierno. Nuestras cortes, como ninguna otra institución, fueron las que defendieron el Estado de derecho y la institucionalidad cuando pretendieron ser arrasadas por el régimen desastroso que gracias a Dios derrotamos en las urnas. Este aplauso es para las cortes y para los jueces de la patria", dijo el presidente.Por otro lado, dijo que defenderá la independencia judicial, al asegurar que sin jueces independientes el Estado de derecho desaparece."Pero independencia no significa ausencia de responsabilidad, mucho menos significa que el funcionamiento de la justicia deba quedar sustraído del escrutinio ciudadano. La independencia de un juez no es un privilegio personal, sino una garantía que la República reconoce a quienes acuden a la justicia para que sus derechos no dependan de una presión indebida o de una componenda política", señaló el mandatario.
La Cámara de Representantes solicitó a la Corte Constitucional una ampliación excepcional de 30 días hábiles para cumplir con la orden de corregir el trámite legislativo de algunos apartados de la reforma pensional, establecida en la Sentencia C-264 de 2026.Recordemos que la Corte Constitucional ordenó devolver a la Presidencia de la Cámara de Representantes determinados artículos, incisos, literales, parágrafos y proposiciones de la Ley 2381 de 2024, es decir, la reforma pensional.La petición busca ampliar el plazo inicialmente concedido por el alto tribunal para que la plenaria de la Cámara adelante el procedimiento de subsanación de vicios de trámite en la aprobación del proyecto.El término inicial de 30 días hábiles se contabiliza entre el 18 de septiembre y el 30 de octubre de 2026, fechas establecidas a partir de la notificación de la decisión judicial.El propósito de la decisión es que la plenaria de la Cámara adelante el procedimiento necesario para subsanar los aspectos del trámite legislativo señalados por la Corte.Ante esta situación, la Mesa Directiva de la Cámara solicitó que se concedan, por una sola vez y de manera excepcional, otros 30 días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo original. Sería, si es concedida la petición, entre el 30 de octubre y el 30 de noviembre.En su solicitud, la corporación deja claro que la ampliación del plazo sea concedida, pero que se mantenga intactos el objeto de la devolución y las restricciones materiales y de conexidad fijadas por la Corte Constitucional en su sentencia.Además, solicitó armonizar los tiempos para presentar el informe correspondiente y entregar las actas y los demás documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de la orden judicial.La Cámara también pidió que la Corte dé trámite prioritario a la solicitud, debido a su impacto inmediato en la preparación de los debates y en la organización de las actuaciones parlamentarias necesarias para cumplir la sentencia.
En Colombia avanza un debate jurídico y ético trascendental sobre los derechos de los animales de compañía. Una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Jhaslen Ramírez y la médica veterinaria Ledia Escobar logró eliminar la causal de "vejez extrema" contemplada en el artículo 17 de la Ley 84 de 1989, la cual permitía la eutanasia de animales sanos bajo el único argumento de su edad avanzadaEl recurso, cuya ponencia está a cargo del magistrado Héctor Carvajal en la Corte Constitucional, sostiene que "la edad avanzada no constituye una justificación constitucionalmente suficiente para ponerle fin a la vida de un animal". El origen del debate: la historia de "Beto"El origen de la acción judicial se remonta a un caso ocurrido hace casi tres décadas en el municipio de Ebéxico, Antioquia. La profesora Ledia Escobar presenció en su juventud la historia de Beto, un perro pastor criollo que custodiaba una finca. Al envejecer y perder la capacidad de ladrar y alertar sobre intrusos, el dueño de la propiedad decidió llevarlo al veterinario solicitando poner fin a su vida. La justificación expresada por el propietario fue categórica: "Eutanasia porque ya está muy viejo y no sirve para lo que lo tienen". Años más tarde, al compartir cátedra en un doctorado sobre legislación animal y bioética en la Universidad de Antioquia, la veterinaria le planteó el caso al abogado Jhaslen Ramírez cuestionando: "¿Cómo es posible que ese veterinario en ese entonces, si el animal estaba sano simplemente porque estaba viejo lo mataran? ¿Eso es legal?". Tras evaluar el marco normativo colombiano, Ramírez identificó que la legislación de 1989 "prevía esa causal, sacrificar un animal única y exclusivamente... por vejez extrema", lo que motivó la elaboración de la demanda junto a un equipo multidisciplinario de biólogos y juristas. Cacotanasia, distanasia y la responsabilidad del veterinarioEn el marco de la discusión pública, el abogado Ramírez expuso tres categorías fundamentales para comprender la muerte asistida: la eutanasia, la cacotanasia y la distanasia. Precisó que mientras la eutanasia implica el consentimiento libre del paciente (concepto aplicable a los seres humanos), en los animales se configura la cacotanasia, definida como "darle tal vez muerte al individuo sin que padezca dolores, pero sin su consentimiento". Por otra parte, definió la distanasia como "el encarnizamiento terapéutico", situación en la que se prolonga artificial e innecesariamente el sufrimiento de un animal que ya no tiene posibilidades de recuperarse.Ramírez enfatizó que para proceder al sacrificio legal de una mascota deben confluir dos requisitos estrictos: la evaluación de un médico veterinario certificado y el consentimiento del tutor o propietario, siempre que existan patologías o impedimentos funcionales graves. Asimismo, advirtió sobre las implicaciones penales para los profesionales que apliquen la inyección letal a un ejemplar sano: "donde el veterinario se preste para eso, pasa a cometer el delito de muerte del animal". El proceso judicial pone en evidencia la transformación de las dinámicas sociales frente a los animales de compañía, los cuales han dejado de ser vistos como herramientas de trabajo para pasar a integrar el núcleo afectivo del hogar. Sobre este fenómeno, el jurista afirmó: "La sociedad ha cambiado y nos guste o no nos guste, muchas personas consideran a estos animales como sus animales de compañía, como sus familiares".Escuche aquí la entrevista:
La Corte Constitucional determinó que impedir el ingreso de pancartas con críticas a los directivos y jugadores de Millonarios vulneró el derecho fundamental a la libertad de expresión de un hincha.Frente este escenario, el alto tribunal ordenó al club, al concesionario de El Campín y a las autoridades encargadas de la seguridad de los partidos abstenerse de restringir estas manifestaciones por su contenido crítico o desfavorable.La decisión está contenida en la Sentencia T-324 de 2026, que estudió una tutela presentada por Erik Saavedra Bustos, hincha y accionista minoritario de Millonarios, luego de que le impidieran ingresar tres pancartas al estadio El Campín el 28 de julio de 2025, durante el partido entre el equipo capitalino y Llaneros.Los mensajes que buscaba exhibir eran: “Club gigante, dirigentes mediocres”, “Jueguen como cobran” y “Algún día tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero”. Con estas expresiones, el aficionado pretendía manifestar su inconformidad con la gestión administrativa y el desempeño deportivo del club.Al analizar el caso, la Corte concluyó que estas frases son opiniones y juicios de valor sobre asuntos de interés para los hinchas, por lo que están protegidas por la Constitución."Las garantías constitucionales que forman parte de la libertad de expresión son exigibles en los partidos de fútbol, aunque estos sean eventos de naturaleza privada. Para la Sala es importante precisar que, tal como lo expresaron algunas de las accionadas, los partidos de fútbol son eventos de naturaleza privada. Sin embargo, ello no implica que dejen de aplicarse las garantías constitucionales que forman parte de la libertad de expresión”, se lee en la decisión.La Sala también encontró que la restricción no estaba suficientemente justificada. Según explicó, la prohibición se apoyó en reglamentos deportivos y protocolos administrativos que no tienen rango de ley formal, y en conceptos ambiguos como el de “contenidos ofensivos”, que pueden abrir la puerta a decisiones arbitrarias y a la censura."Para que la finalidad sea admisible, debe acreditarse la existencia de un riesgo real, concreto, verificable y actual. Además, este debe estar estrechamente fundando en el contenido de la expresión que se pretende restringir. En este caso, los mensajes consignados en las pancartas son opiniones críticas sobre las directivas del equipo y sus jugadores, pero no se evidencia que inciten a la violencia, promuevan comportamientos ilícitos o generen un riesgo de alteración al orden público en el estadio. Ello demuestra que la medida restrictiva no se orientó a conjurar un peligro relevante, sino a excluir la expresión por su contenido...".El alto tribunal ordenó que Millonarios publique, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del fallo, un comunicado en sus canales oficiales en el que reconozca que la restricción de las pancartas fue incompatible con las garantías constitucionales. El mensaje deberá permanecer disponible durante al menos un año.Asimismo, ordenó a las comisiones Nacional y Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol revisar sus protocolos en el plazo de un mes para garantizar la libertad de expresión y evitar medidas generales que puedan convertirse en censura previa. También exhortó a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol a revisar sus reglamentos disciplinarios.Finalmente, la Corte pidió al Gobierno Nacional presentar ante el Congreso, durante las próximas dos legislaturas, un proyecto de ley que establezca criterios claros para distinguir las expresiones protegidas de aquellas que pueden prohibirse en los estadios, como la incitación a la violencia o los discursos discriminatorios y exhortó al Congreso para que considere la iniciativa y adelante el trámite pertinente una vez sea presentada por el Gobierno Nacional.También ordenó una jornada pedagógica con hinchas, barras organizadas y autoridades para socializar la decisión, dentro de un mes. Sin embargo, mantuvo la improcedencia de la tutela frente a los reclamos de Saavedra sobre sus derechos como accionista minoritario, al considerar que existen otras vías judiciales para resolverlos.
La Sala Plena de la Corte Constitucional prohibió que la vejez extrema sea una razón legal para sacrificar a un animal en Colombia. Por unanimidad, los magistrados declararon inconstitucional el apartado de una ley que contemplaba esta posibilidad, al considerar que la edad avanzada no justifica, por sí sola, poner fin a la vida de un ser sintiente.La decisión quedó consignada en la Sentencia C-336 de 2026 y se refiere al artículo 17, literal c, de la Ley 84 de 1989, conocida como el Estatuto Nacional de Protección de los Animales. Esta norma establecía las circunstancias bajo las cuales podía autorizarse el sacrificio de animales que no están destinados al consumo humano.Entre esas circunstancias, la ley incluía expresamente la vejez extrema. Sin embargo, la Corte consideró que esta condición no constituye una justificación constitucionalmente suficiente para quitarle la vida a un animal, pues llegar a una edad avanzada no significa, por sí mismo, que deba ser sacrificado.Otro de los argumentos del alto tribunal es que la expresión 'vejez extrema' no tenía criterios suficientemente claros, objetivos y científicos para determinar cuándo se cumplía esa condición. Según la Sala Plena, esta falta de precisión podía dar lugar a decisiones arbitrarias y dificultaba el control sobre la aplicación de la norma.La Corte también advirtió que los animales de edad avanzada pueden encontrarse en condiciones de mayor fragilidad y dependencia, por lo que requieren un mayor cuidado e incluso protección por parte de quien sea responsable del animal. Por ello, la Constitución exige que, ante su vulnerabilidad, aumenten las obligaciones humanas de cuidado, asistencia y solidaridad, en lugar de convertir la edad en una razón para terminar con sus vidas.Con esta decisión, la Corte eliminó la vejez extrema como causal para justificar el sacrificio de un animal.Es importante aclarar que esto no significa que la decisión prohíba cualquier procedimiento de eutanasia en animales de edad avanzada, sino que su edad, por sí sola, no puede servir como justificación legal suficiente.La sentencia tuvo como ponente al magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño y fue adoptada por unanimidad por la Sala Plena. El magistrado Carlos Camargo Assis aclaró su voto. Con este fallo, la Corte refuerza el deber constitucional de proteger a los animales, especialmente cuando se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
La Corte Constitucional le dio 30 días hábiles al Gobierno para que explique por qué pide aplazar hasta abril de 2028 la entrada en vigencia de la reforma pensional, que actualmente está prevista para el primero de abril de 2027. La decisión, tomada por unanimidad, con siete votos a favor, permite estudiar la solicitud del Ejecutivo, pero no significa que ya se haya aprobado el cambio de fecha.Esto ocurre luego de que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y Colpensiones solicitaran a la Corte más tiempo para preparar la puesta en marcha de la reforma. El Gobierno considera que los seis meses previstos inicialmente son insuficientes y busca que se evalúen las consecuencias económicas de cumplir la decisión judicial en el plazo establecido.Para estudiar esta petición, la Sala Plena autorizó la apertura de un incidente de impacto fiscal. En términos sencillos, se trata de un mecanismo que permite al Gobierno explicar cómo una decisión de la justicia puede afectar los recursos del Estado y pedir que se revise la forma o el momento en que debe cumplirse. Por lo que, el ministro tendrá 30 días hábiles, contados desde la notificación del auto, para presentar sus argumentos, si no lo hace, la solicitud será declarada desierta.La reforma pensional sigue en medio de un proceso judicial luego de que, en agosto de 2026, la Corte Constitucional estudiara durante varias horas las demandas presentadas contra la Ley 2381 de 2024, aprobada durante el gobierno de Gustavo Petro. En su decisión, contenida en la Sentencia C-264 de 2026, el alto tribunal declaró válida la mayor parte de la ley y estableció que las disposiciones avaladas entrarían en vigencia el primero de abril de 2027.El proceso llegó a la Corte después de varios cuestionamientos sobre la aprobación de la reforma, entre ellos los presentados por la senadora Paloma Valencia. Tras cerca de dos años de discusión, la Sala Plena avaló el trámite de 85 artículos con una votación de siete magistrados a favor y uno en contra, luego de más de nueve horas de debate. El conjuez Carlos Márquez fue quien se apartó de la decisión.Sin embargo, la Corte también ordenó devolver algunos artículos y apartes a la Cámara de Representantes para corregir problemas encontrados en el trámite legislativo. Esto significa que, aunque la mayor parte de la reforma fue avalada, todavía deben resolverse esos aspectos para que las disposiciones correspondientes puedan avanzar conforme a lo ordenado por el alto tribunal.Ahora, con la nueva solicitud del Gobierno, la Corte deberá revisar las razones por las que se pide ampliar el plazo de preparación y aplicación de la reforma. Mientras se estudia el asunto, la fecha establecida para la entrada en vigencia de las disposiciones avaladas sigue siendo el primero de abril de 2027.
El abogado Luis Felipe Henao, apoderado judicial de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Alvaro Uribe, se pronunció a través de un comunicado sobre la tutela que negó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual mantiene en firme la condena a 28 años de cárcel contra el ganadero.Se trata de la decisión STC19112-2026, proferida el 30 de septiembre de 2026. La defensa de Uribe Vélez recuerda que el fallo de tutela será remitido para revisión de la Corte Constitucional.“El planteamiento formulado tiene una naturaleza estrictamente constitucional y se relaciona con el alcance de las garantías de la doble conformidad, el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, aspectos frente a los cuales la Sala expuso una interpretación que, aunque desfavorable a las pretensiones de mi representado, no agota el debate constitucional propuesto, máxime cuando la providencia será remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión”, dice Henao.Pero esa argumentación no significa que con la tutela se pretendiera tener una tercera instancia, reabrir el debate probatorio o desconocer la competencia de la Sala de Casación Penal como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria.Henao explicó que la acción de tutela fue promovida con el propósito de que se examinara si resultaba constitucionalmente admisible rechazar de plano el recurso de casación, antes de que la defensa pudiera presentar la respectiva demanda.Es decir, explica el abogado, es un mecanismo jurídico válido en medio del proceso y que su defendido profesa un “profundo respeto” por los jueces y por las decisiones judiciales, por lo tanto, “las actuaciones adelantadas en su defensa se encuentran plenamente amparadas por el orden constitucional y corresponden al ejercicio legítimo de los derechos y mecanismos de protección que el Estado Social de Derecho pone a su disposición”.
La Corte Constitucional volvió a pedir al Congreso de la República que tramite con prioridad un estatuto especial para los servidores públicos elegidos por voto popular, que incluya un régimen disciplinario propio. La solicitud quedó reiterada en la Sentencia T-246 de 2026, en la que el alto tribunal señaló que esta regulación es necesaria para garantizar la protección de los derechos políticos y electorales.La Corte sostuvo que el Congreso debe establecer reglas específicas para alcaldes, gobernadores, concejales y congresistas, definiendo con claridad las faltas disciplinarias, los procedimientos y las posibles sanciones aplicables. El objetivo es que estas normas estén ajustadas tanto a la Constitución como a los estándares internacionales, especialmente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.El pronunciamiento también busca atender la incertidumbre jurídica que se ha generado por las diferencias entre la Procuraduría General de la Nación y el Consejo de Estado sobre el alcance de las sanciones disciplinarias contra funcionarios elegidos mediante voto popular.En el mismo fallo, la Corte pidió a los jueces a adoptar medidas para garantizar un acceso oportuno a la justicia en los procesos en los que se controviertan sanciones impuestas por la Procuraduría. Además, recordó que todas las autoridades deben aplicar de manera obligatoria las reglas establecidas en la Sentencia C-030 de 2023 sobre la reserva judicial para la ratificación de este tipo de sanciones.El caso analizado por la Corte se originó en una disputa entre la Procuraduría y el Consejo de Estado, luego de que la Sección Segunda del alto tribunal administrativo dejara sin efecto sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad impuestas a diez servidores públicos que habían sido elegidos democráticamente.El Consejo de Estado había argumentado que la Procuraduría, por ser una autoridad administrativa y no un juez penal, no podía imponer restricciones a los derechos políticos de funcionarios elegidos por voto popular. Para sustentar esa posición, aplicó el estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego contra Colombia.Frente a esa decisión, la Procuraduría presentó una acción de tutela en la que alegó la vulneración de su derecho al debido proceso. El órgano de control sostuvo que las sanciones habían sido impuestas de acuerdo con las normas y con el precedente constitucional que se encontraba vigente cuando fueron adoptadas.Al revisar la controversia, la Corte Constitucional concluyó que el Consejo de Estado incurrió en una violación directa de la Constitución y del precedente constitucional al aplicar de manera retroactiva estándares internacionales para cuestionar actuaciones administrativas que, al momento de ser expedidas, se ajustaban al marco jurídico vigente.La decisión comprende las sanciones impuestas a diez exfuncionarios, entre ellos el fallecido exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, la exconcejal de Bogotá Sandra Jaramillo, un exrepresentante a la Cámara y varios exalcaldes municipales.La Corte ratificó las decisiones de reemplazo adoptadas por el Consejo de Estado que mantuvieron la validez de las sanciones y reiteró que la seguridad jurídica exige analizar los actos administrativos conforme a las normas y precedentes vigentes cuando fueron expedidos.
Durante su visita a Roldanillo, Valle del Cauca, el presidente Abelardo De La Espriella defendió su cercanía con las Fuerzas Militares y la Policía. Aseguró que ha firmado varias bombas y que su Gobierno está comprometido con la defensa del país. También afirmó que viste como soldado porque considera que llegó a servir a Colombia y a honrar a los integrantes de la Fuerza Pública.“Ya he firmado varias bombas. Así que tengan la certeza de que este gobierno, de que su presidente está comprometido y soy un soldado de la patria. Por eso me visto de soldado, porque vine a servirle a Colombia, porque honro a los héroes, policías y militares”, dijo el mandatario luego de recientes críticas tras los videos publicados en los que se le ve al presidente firmando bombas y vestido de militar.Una de ellas fue la del expresidente Juan Manuel Santos, quien expresó preocupación por lo que, a su juicio, puede representar ese tipo de imágenes. “10 años después estamos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos con orgullo o firmando bombas como si fueran un regalo”, afirmó. Santos agregó que espera que eso “no dé un mensaje para volver al pasado”.Durante su intervención, De la Espriella también mencionó el bombardeo contra integrantes del Clan del Golfo. Dijo que viajará a Montería para presentar a los hombres dados de baja.“Me voy a Montería en la noche, porque vamos a presentar unos bandidos del Clan del Golfo que dimos de baja. Ayer le dimos la bienvenida a esos bandidos a la Patria Milagro, 450 kilos de democracia en una bomba. No supieron si fue una buseta sin freno, no supieron si era un rayo. Hasta ahí llegaron, esa es la patria milagro”, concluyó.
Las intensas precipitaciones registradas en el departamento continúan generando emergencias por deslizamientos y pérdida de bancada en las subregiones. Tras los daños reportados en los corredores principales, las autoridades departamentales confirmaron un nuevo punto crítico en la subregión del Urabá antioqueño, que se suma a la difícil situación de conectividad que ya enfrentan miles de pobladores mientras avanza la atención de las emergencias.El hecho nuevo se concentra en la vía Carepa - Saisa, donde se registraron afectaciones que dejan a cerca de 12.000 personas incomunicadas. De igual manera, en el municipio de Apartadó se reporta un panorama similar sobre la vía Río Grande - Los Mandarinos, punto que está siendo atendido por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo local para intentar restablecer el paso. Vanessa Paredes, directora del Dagran."También se nos presenta afectación en la vía Saisa - Carepa , donde también se encuentran afectaciones alrededor de 12,000 personas eh que no cuentan con conectividad y puntualmente en el municipio apartado con afectación de la vía Río Grande los Mandarinos que esta vía está siendo atendida por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio", manifestó Vanessa Paredes, directora del DAGRAN. Estas emergencias se suman al caso ya conocido en el corredor que conecta a Currulao con Nueva Antioquia, donde se mantiene la interrupción del tránsito y cerca de 15.000 familias continúan incomunicadas por la pérdida de conectividad. En este sector, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) mantiene desplegados equipos y maquinaria amarilla para realizar labores de mitigación y dar estabilidad al terreno.Desde el Dagran informaron que el departamento continúa con maquinaria y equipos en estos sectores no solo atendiendo la emergencia de manera directa, sino realizando actividades de mitigación para recuperar la conectividad y la transitabilidad de las comunidades, al tiempo que se busca dar estabilidad técnica a las vías afectadas por el invierno.
Colombia se prepara para enfrentar el fenómeno de El Niño con un sistema energético que arrastra problemas estructurales, entre ellos el atraso de 275 proyectos de generación eléctrica y una menor capacidad de respuesta ante posibles dificultades de abastecimiento. Así lo advirtió la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango, durante la apertura del foro “El Niño: el reto de mantener la economía en marcha”, realizado en la Universidad EAFIT en Medellín.Arboleda explicó que, de los cerca de 4.500 megavatios que se esperaba incorporar al sistema durante este año, a mitad de 2026 habían entrado aproximadamente 730 megavatios. Según indicó, esta situación limita el margen de maniobra del país para afrontar una temporada de menores lluvias."Hay proyectos de un año de atraso. Seguimos con 275 proyectos atrasados y una empresa que es también una particularidad de este niño como es la zona caribe, una empresa que tiene deudas que superan los 4 billones de pesos y que pone obviamente el sector en una situación mucho más compleja", indicó.Otra de las preocupaciones expuestas por la ministra es el abastecimiento de gas natural. Actualmente, Colombia importa más del 40 % del combustible que necesita, por lo que el Gobierno trabaja en acelerar proyectos para aprovechar los contratos existentes. En ese proceso, identificó más de 50.000 millones de pies cúbicos adicionales, cuyo ingreso se espera desde finales de este año y durante el primer trimestre de 2027.En cuanto a la generación eléctrica, destacó el rol de Hidroituango, que recientemente elevó 12 metros el nivel de su embalse, tras gestiones con el Ministerio de Ambiente, lo que permitirá almacenar más agua para esta temporada, aunque sigue siendo una alerta las bajas lluvias."La situación digamos actual del sistema está estrecha y muy importante por eso la fase que sigue porque ya a llover a partir de la media casi de diciembre va a ser muy poco y así nos va a tocar todo el verano entonces el combustible pues el que es que tenemos el que puedan salir que puede ir entrando haciendo el sentimiento de eso pero lo que queda como una variable demasiado importante la demanda como la demanda puede aportar en este momento con su ahorro", aseguró. Además, señaló que la generación térmica pasó de 72 a casi 95 gigavatios hora diarios durante las primeras semanas de noviembre. La ministra insistió en que el ahorro de energía, agua y gas será determinante para superar el verano y pidió al sector productivo y a los ciudadanos trabajar conjuntamente para garantizar el abastecimiento y evitar afectaciones al crecimiento económico.
Las autoridades investigan un nuevo hecho de violencia registrado en el Bajo Cauca antioqueño, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el sector de San Carlos, en zona rural del municipio de El Bagre. Los hechos, que rodean la retención y posterior homicidio de la víctima, son materia de análisis por parte de las unidades judiciales que hacen presencia en la subregión.De acuerdo con la información preliminar, la víctima habría sido retenida durante varios días por integrantes de la estructura ilegal conocida como Los de Abajo, antes denominados Los Caparros. El hombre fue encontrado sin vida, con las manos esposadas hacia atrás y lesiones provocadas por arma cortopunzante. Junto al cuerpo se halló una gorra con la frase «Nacen muchos, crecen pocos» y, en un sector cercano al lugar del hallazgo, una inscripción atribuida al grupo armado ilegal.Personal encargado de las labores de inspección realizó el traslado del cuerpo desde la zona rural hacia la cabecera municipal de El Bagre. Las autoridades competentes avanzan en los procedimientos técnicos para establecer la identidad del ciudadano, de quien hasta el momento no se han entregado datos oficiales.Entretanto, la Policía Nacional y las autoridades locales asumieron las investigaciones para dar con los responsables del homicidio. Dentro de las hipótesis, se evalúa si el crimen está vinculado a la disputa por el control territorial que sostienen las estructuras de Los de Abajo y el Clan del Golfo en esta zona del departamento.
Los ríos son fuentes de vida para los animales, las plantas y las comunidades que habitan en sus alrededores. De sus aguas dependen diferentes ecosistemas, así como actividades cotidianas y económicas de miles de personas, entre ellas el consumo doméstico, la agricultura y la ganadería. Sin embargo, la disminución de los caudales y la falta de lluvias pueden poner en riesgo el abastecimiento de agua y el equilibrio ambiental de varias regiones.Esta situación genera preocupación en Cundinamarca, donde la Corporación Autónoma Regional (CAR) advirtió que buena parte de su jurisdicción enfrenta condiciones de estrés hídrico severo de cara al cierre de este año. La entidad identificó varios municipios con alertas por posibles problemas de abastecimiento y pidió mantener las medidas de ahorro ante la llegada de una temporada más seca.Municipios de Cundinamarca en riesgo por falta de aguaDe acuerdo con el balance del Centro de Monitoreo Hidrológico y del Clima de la CAR, aunque octubre registró un aumento del 93 % en el promedio de lluvias frente a septiembre, las precipitaciones no fueron suficientes para recuperar muchas de las cuencas hidrográficas del territorio.El incremento se concentró principalmente en la segunda semana de octubre. Durante la tercera y cuarta semana, las lluvias disminuyeron y llegaron a ubicarse hasta un 50 % por debajo del promedio histórico de los últimos diez años.Además, noviembre comenzó con precipitaciones escasas y, aunque se esperan algunas lluvias aisladas, estas disminuirán progresivamente hasta dar paso al periodo seco de fin de año.La CAR advirtió que diciembre podría presentar un déficit generalizado y severo de lluvias, con anomalías negativas en algunas zonas de las cuencas de los ríos Suárez y Bogotá.Actualmente, el panorama de alertas por desabastecimiento hídrico en los municipios de la jurisdicción es el siguiente:Alerta roja: Caparrapí, El Colegio, Silvania, Vergara y Villeta. Estos cinco municipios presentan condiciones críticas de vulnerabilidad que representan un riesgo para sus fuentes de abastecimiento.Alerta naranja: Cachipay, Facatativá, Apulo y Villagómez.Alerta amarilla: La Mesa, Anapoima, Anolaima, San Antonio del Tequendama, Buenavista, Caldas, Saboyá y San Miguel de Sema.La corporación también señaló que Viotá, Pulí y Puerto Salgar se encuentran bajo declaratoria de calamidad pública.A este panorama se suma el comportamiento de las temperaturas. Según Carlos Emilio Gutiérrez, subdirector de Planificación y Ordenamiento Ambiental de la CAR, en algunos sectores se han registrado valores entre 0,5 y 1 grado por encima del promedio, con picos que superan los registros de los últimos diez años.Las proyecciones para diciembre apuntan a temperaturas elevadas, mayor radiación y una reducción de las precipitaciones que podría alcanzar el 80 %.El fenómeno de El Niño podría agravar la situaciónLa CAR advirtió que la transición del fenómeno de El Niño hacia su etapa de mayor intensidad comenzará a finales de noviembre, lo que podría profundizar las condiciones de sequía en diferentes zonas de su jurisdicción.De acuerdo con los análisis de la entidad, el déficit hídrico previsto responde tanto a la intensificación de este fenómeno climático como a las condiciones naturalmente secas que caracterizan a diciembre.Por esta razón, la corporación insistió en que el ahorro de agua no debe depender únicamente de las autoridades ambientales o de las administraciones municipales, sino también del compromiso de los ciudadanos.La recomendación es mantener prácticas de uso eficiente del recurso y evitar el desperdicio, especialmente ante las proyecciones de menores precipitaciones y el riesgo que esto representa para las fuentes hídricas y las comunidades que dependen de ellas.