La Fiscalía General de la Nación obtuvo órdenes de captura contra el alcalde de Ataco, Tolima, Héctor Fabio Muñoz, el exalcalde de esa misma población, Miller Aldana, y una contratista, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.Las detenciones fueron realizadas por servidores de la Dijín de la Policía Nacional en procedimientos adelantados en Ataco y Florencia, Caquetá, luego de que un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción recopilará elementos materiales probatorios sobre la posible participación de funcionarios, exfuncionarios y contratistas en el direccionamiento de recursos destinados a atender necesidades de comunidades del municipio. De acuerdo con la investigación, los tres capturados se habrían articulado para direccionar un contrato de obra y otros dos de interventoría relacionados con la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales de Ataco. El proyecto fue financiado con 21.550 millones de pesos provenientes de regalías y, de acuerdo con la Fiscalía, permanece inconcluso.Los contratos cuestionados fueron suscritos entre junio y agosto de 2022, cuando Ataco, por las afectaciones que dejó el conflicto armado en el sur del Tolima, hacía parte de los municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.Esta condición permitió a la administración municipal acceder a recursos del Sistema General de Regalías a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz), con los que se financió el proyecto objeto de la investigación.La Fiscalía sostiene que la contratista detenida habría sido beneficiada con el direccionamiento de algunos de los proyectos financiados con estos recursos. Las autoridades buscan establecer la responsabilidad individual de cada uno de los capturados en las presuntas irregularidades detectadas en la contratación.Los tres serán presentados ante un juez de control de garantías, escenario en el que la Fiscalía les imputará, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravada y peculado por apropiación agravado.
La legalización de la captura de Yolima Yohana Murgas Guzmán, pareja sentimental de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), reactivó un expediente judicial relacionado con una investigación por presunto lavado de activos de aproximadamente 3 mil millones de pesos.El caso se remonta a una investigación en la que la Fiscalía sostiene que Murgas habría administrado, entre 2007 y 2020, recursos que presuntamente provenían de actividades ilícitas relacionadas con su pareja. El expediente también contempla bienes y sociedades en Colombia y España. Entre los activos rastreados aparecen tres inmuebles en España y compañías vinculadas con actividades comerciales. En una reciente audiencia reservada fue legalizada una incautación realizada durante el operativo que derivó en la captura. Entre los elementos encontrados estaban una maleta con cinco millones de pesos y otra con más de 15 millones de pesos. También fueron hallados elementos que serían lingotes de oro, aunque durante la diligencia todavía no se había practicado la prueba de espectrometría para determinar su composición y calidad. Por esta razón, quedó pendiente una nueva fecha para continuar con las actuaciones correspondientes.La defensa explicó que parte del dinero incautado estaría destinado al pago de honorarios del abogado, en el proceso contra Murgas que avanza en etapa de juicio. Además, señaló que se estaría adelantando la búsqueda de un principio de oportunidad o negociación dentro de la investigación por lavado de activos.El expediente tiene como antecedente, varias solicitudes ante la justicia para salir del país desde su imputación en marzo de 2024. Una de las más recientes,la decisión adoptada en marzo de 2025, cuando un juez de Barranquilla autorizó la sustitución de la medida de aseguramiento que pesaba sobre Murgas para permitirle salir del país, por la necesidad de asistencia a procesos médicos y circunstancias relacionadas con sus hijos.En esa oportunidad, el juez estableció condiciones para la medida y señaló “donde se comprometa tanto a informar al juez de conocimiento como a la fiscalía que conozca del proceso, las entradas y salidas que tenga, y el lugar de ubicación a nivel país y a nivel donde se traslade con ocasión del permiso”.El funcionario también sostuvo que la decisión tenía en cuenta el derecho de los menores a no ser separados de su familia y agregó que Murgas había cumplido con la medida no privativa de la libertad y había observado, hasta ese momento, buena conducta. “Así el derecho de la familia no se pierde, que si bien es cierto el de los menores tiene mayor privilegio al punto que prevalece ante el de cualquier otro, tampoco se puede perder de vista que, si bien es cierto, para la época de la imposición de la medida de aseguramiento, el menor de 12 años vivía en Colombia”, señaló.El juez también indicó que la procesada había cumplido con las condiciones impuestas y que, pese a la gravedad de la investigación, debía considerarse que “si esta señora ha cumplido yendo y viniendo, presentándose al llamado de la justicia, independiente de la gravedad”.Sin embargo, días antes de su captura y desde agosto de 2026, un nuevo juez de garantías había recibido una solicitud de sustitución de la medida para permitirle nuevamente salir del país.En la audiencia de imputación, el fiscal del caso expuso la hipótesis sobre el origen de los recursos que son objeto de investigación y señaló que Murgas y Castillo estaban casados y tenían tres hijos. Según el delegado, ella habría creado empresas y adquirido bienes sin contar, presuntamente, con capacidad económica suficiente para justificar esas operaciones.“Usted, sumando todos estas actividades, la Fiscalía tiene como punto de lavado de activos la suma de aproximadamente 3 mil millones de pesos”, afirmó el fiscal durante la diligencia. Añadió que, para la investigación, esos recursos tendrían un origen relacionado con un supuesto enriquecimiento ilícito y con el patrimonio de Castillo.“Es importante hacer saber que los anteriores, tienen su origen inmediato en actividades derivadas del enriquecimiento ilícito entre particulares. Incremento patrimonial desproporcionado, el cual, al no poder ser justificado, nos lleva a concluir que, de acuerdo a los demás hechos, la condena que tuvo su señor esposo en los Estados Unidos por narcotráfico y la persecución que tiene en Colombia por otros delitos como narcotráfico, homicidios, extorsiones, hacen necesario mencionar cuál es el origen ilícito de ese dinero”El fiscal también hizo referencia a las actividades comerciales registradas a nombre de Murgas, y sostuvo que el análisis de los bienes y operaciones llevó a la Fiscalía a considerar un incremento patrimonial que, según su hipótesis, no habría sido justificado.
Sigue en vilo la medida de aseguramiento contra Miguel Quintero: mientras la Procuraduría respaldó la solicitud de las víctimas para solicitar cárcel, se conocieron los argumentos de su defensa, que declaró el proceso como inconstitucional y desmintió que su apoderado se pudiera convertir en un obstáculo para la justicia.A pesar de una nueva y extensa sesión, siguen sin concluir los alegatos durante la audiencia de medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General y el Área Metropolitana contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega por presunta corrupción en contratos entre esa entidad y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.La reciente diligencia inicialmente estuvo marcada por la intervención de José Luis Ochoa, delegado de la Procuraduría General en el proceso, quien aseguró que se cumplen los requisitos objetivos para solicitar la medida de aseguramiento contra los imputados.Desde el Ministerio Público también advirtieron que están dados los elementos de inferencia razonable para la comisión de los delitos imputados, gracias a testimonios presentados por la Fiscalía, como los de testigos clave que referenciaron asuntos como los porcentajes de las coimas y las presiones para el cobro de las mismas."Tenemos la declaración de los principales actores, como del señor Misael, la señora Laura, que nos dan cuenta de cómo se realizó ese proceso, en el cual se sacaba el 10% de los recursos del Estado", refiriéndose al valor que exigían por el total de cada contrato firmado y cuyo presunto peculado supera los $2.400 millones.Ochoa resaltó que se requiere la medida de aseguramiento dadas también las 300 intromisiones o consultas al proceso que mencionó la Fiscalía, de las cuales al menos 14 no fueron autorizadas por el ente acusador para descargar documentación antes de iniciar la judicialización, además de las presiones a testigos e incluso amenazas a familiares de los mismos."14 intromisiones no autorizadas por parte de la Fiscalía para bajar documentación, eso es lo más grave. Se bajó documentación de esos archivos que no fueron autorizados en primer lugar, y en segundo lugar, que fueron revelados antes de iniciarse este proceso de judicialización", dijo.Tras la intervención del Ministerio Público, continuó la del abogado Santiago Trespalacios, defensor de Miguel Quintero, quien aseguró que la inferencia razonable de la comisión de los delitos por parte de la Fiscalía ha sido probada, pero también ha estado mediada por una investigación que consideró “inconstitucional”, basada en ilegalidades.Por ejemplo, aseguró que la Fiscalía 40, que lleva el caso, tenía conocimiento desde finales de 2025 de información sobre diligencias judiciales que relacionaban a Miguel Quintero con presuntos delitos, a partir de testimonios que estaban entregando testigos como Laura Mejía y Misael Cadavid, excomandante del Cuerpo de Bomberos.Sin embargo, destacó que en varias oportunidades, desde finales del año anterior, la Fiscalía negó cualquier proceso en contra del hermano del exalcalde de Medellín cuando pretendían activar su derecho a la defensa.Según Trespalacios, hasta julio de este año se llegaron a realizar seis audiencias reservadas y once audiencias de control posterior a partir de dichos testimonios, en las que debió ser citada la defensa de Miguel Quintero: "El señor fiscal 40, de aquel entonces, tenía muy claro que estaba en contra de Miguel, tenía muy claro que estaba investigándonos, tenía muy claro los actos inequívocos que estaba realizando en su contra, y, de manera subrepticia, siguió adelantando una investigación", expresó.Defendiendo el derecho de permanecer en libertad durante el proceso judicial, la defensa de Miguel Quintero también entregó en la audiencia nuevas pruebas que demostrarían que no representa un riesgo de obstrucción para la justicia.Sobre los supuestos ingresos no autorizados al proceso para la descarga de información, el abogado Trespalacios manifestó que fueron dos investigadores de Fiscalía, de grados II y IV, quienes accedieron al expediente y que ahora será la Fiscalía la que deberá aclarar lo ocurrido.Por otra parte, señaló que ni fotos, ni publicaciones de medios, ni trinos de personas afines constituyen una prueba de presunta influencia en el proceso por parte de Miguel Quintero, quien públicamente no se ha referido al caso.Otra de las revelaciones estuvo relacionada con el testigo estrella del caso, Misael Cadavid, quien el 7 de septiembre le dijo a un investigador de la Fiscalía que, desde que recobró la libertad, nunca ha tenido amenazas: "El 7 de septiembre de 2026, con toda la contundencia, según el informe del intendente de la Fiscalía, no no nuestro, dice: 'sí, intendente, pues, yo quiero dejar claro que ya 5 o 6 meses que yo recuperé mi libertad por haberme sometido a la figura de jurídica de un principio de oportunidad, nunca, absolutamente, nunca he tenido ni amenazas ni he percebido nada en mi contra'".Sobre el riesgo de no comparecencia, la defensa de Quintero expuso que ha estado 336 días sin salir del país, ha seguido localizable y cuenta con un domicilio identificado. Además, sostuvo que, por el actual control político del país y de la ciudad de Medellín, es poco probable que pueda seguir teniendo influencia en cualquier entidad implicada.La diligencia continuará este 29 de septiembre a las 2:00 p. m. con la intervención de la defensa de Sebastián Ortega, para que posteriormente el juzgado analice los argumentos y defina si el hermano del exalcalde de la capital antioqueña debe afrontar en prisión la etapa de juicio, tras no allanarse a los cargos imputados por peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía avanza en la recopilación de evidencias para establecer la correcta adecuación típica en la investigación por la muerte de Donovan Balanta, un hombre afrodescendiente de 34 años que falleció después de ser reducido y trasladado bajo custodia policial en la zona limítrofe entre Ciudad Bolívar, en Bogotá, y Soacha.El caso será investigado por la justicia ordinaria, luego de que se definiera que no corresponde a la justicia penal militar adelantar las actuaciones relacionadas con la muerte de Balanta. En este momento, la Fiscalía trabaja en la recopilación de elementos que permitan establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.La muerte de Balanta generó pronunciamientos de organismos de derechos humanos. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia expresó su “profunda preocupación” por el caso y recordó que el Estado tiene la responsabilidad de proteger la vida y la integridad de una persona que se encuentra detenida.La organización también pidió que se apliquen los estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza y que se adelante una investigación exhaustiva desde la justicia ordinaria, en línea con las garantías que deben rodear este tipo de actuaciones.La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre el caso e indicó que, desde que tuvo conocimiento de lo ocurrido, ha mantenido comunicación con allegados de la familia de Balanta y les ha brindado orientación frente a la garantía de sus derechos. También señaló que ha hecho seguimiento a las manifestaciones y plantones pacíficos realizados para exigir el esclarecimiento de los hechos.La Defensoría expresó su solidaridad con la familia, seres queridos y amigos de Balanta y resaltó que sus familiares tienen derecho a conocer lo ocurrido. En ese sentido, señaló que las investigaciones deben permitir establecer la verdad y las responsabilidades a que haya lugar, con todas las garantías de acceso a la justicia.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 42 bienes avaluados preliminarmente en más de 44.900 millones de pesos, que estarían vinculados al denominado ‘Clan Herrera’, uno de los presuntos grupos de testaferros que habría estado al servicio del extinto narcotraficante del Cartel de Cali, Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como ‘Pacho Herrera’.Los activos, de acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, habrían permanecido ocultos durante varios años mediante operaciones relacionadas con diferentes sectores de la economía. Según la Fiscalía, para ocultar, transformar y administrar estos bienes, darles apariencia de legalidad y evadir el control de las autoridades, habrían sido utilizadas personas y empresas de los sectores inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar.En consecuencia, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre los 42 activos identificados.Las propiedades fueron ocupadas durante diligencias realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, en Bogotá, Cali, Jamundí y Tuluá, en el Valle del Cauca, y Sonsón, en Antioquia.Entre los activos afectados se encuentran inmuebles, establecimientos de comercio y una sociedad. En Bogotá, las medidas recayeron sobre un apartamento, nueve parqueaderos, ocho oficinas y tres locales comerciales.En Cali fueron afectados dos garajes, un local comercial, tres lotes, una sociedad y dos establecimientos de comercio. En Jamundí, las autoridades ocuparon un inmueble urbano de cuatro pisos, donde funcionaba un hotel, y un lote.En Tuluá, la medida fue aplicada sobre un terreno, mientras que en Sonsón, Antioquia, fueron afectados siete predios que conforman la hacienda La Porcelana, con una extensión de 1.083 hectáreas.
En medio de las operaciones militares sostenidas contra las economías ilícitas en el Bajo Cauca antioqueño, intervinieron siete unidades productoras mineras que, presuntamente, eran utilizadas para la extracción ilegal de minerales.Los operativos se desarrollaron en la vereda El Real de El Bagre, y en Zaragoza, en donde fueron halladas varias máquinas y elementos empleados para las actividades de explotación minera.Entre los equipos encontrados se contabilizaron tres dragas caperuza, dos dragas tipo buzo, tres clasificadoras, dos excavadoras, dos motores industriales y 200 galones de combustible, maquinaria e insumos con valor superior a los 2.000 millones de pesos.Las unidades intervenidas, según lo establecido durante el operativo, tendrían una capacidad de producción aproximada de 11.100 gramos de oro mensuales. Este volumen de mineral estaría avaluado en cerca de 5.000 millones de pesos y, presuntamente, los recursos obtenidos serían destinados al Clan del Golfo.Las Fuerzas Militares señalaron que continuarán desarrollando operaciones en el Bajo Cauca antioqueño para afectar las fuentes de financiación de las estructuras delictivas que tienen presencia en la región.Otro golpe en ChocóTropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron un laboratorio clandestino para el procesamiento de pasta base de coca perteneciente al Clan del Golfo en zona rural del municipio de Unguía, en el Chocó.El operativo, coordinado con la Policía Nacional y apoyado por aeronaves no tripuladas, permitió rastrear la estructura rústica escondida entre la espesa vegetación del Urabá chocoano.Hasta el sitio llegaron los uniformados de la Brigada 17, quienes hallaron cerca de 600 litros de insumos líquidos y unas 200 libras de materiales sólidos listos para la producción de alcaloides.De acuerdo con los reportes de inteligencia, el laboratorio estaba al servicio de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez y tenía la capacidad de fabricar más de 300 libras de coca al mes, un negocio criminal que le inyectaba a la estructura ingresos superiores a los 320 millones de pesos mensuales.Con este resultado, la Fuerza Pública suma ya 110 laboratorios neutralizados en lo que va del año entre el Urabá antioqueño y chocoano.
La muerte de Emmanuel Hernández Epinayuu sigue siendo toda una incógnita para los habitantes del Valle de Aburrá que aún no salen del asombro por el fallecimiento de este bebé de 7 meses que habría muerto por “varias caídas al interior de su vivienda”.Una vez se conoció esta lamentable situación, la institucionalidad en el municipio de Bello, lugar en donde vivía el bebé, pidió que todas las capacidades fueran dispuestas para establecer con exactitud qué ocurrió con el menor de edad.Según el reporte oficial de las autoridades, la madre de Emmanuel relató al personal médico que su hijo había sufrido “varias caídas al interior de su vivienda” en el barrio Nueva Jerusalén, hecho que levantó la alerta entre las autoridades.No obstante, una gestora de la sala de transición del Hospital Pablo Tobón Uribe indicó que el niño murió por cuenta de un trauma craneoencefálico severo y, además, reportes también indican que el menor tenía síntomas como asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral y choque traumático.Ante la variedad de versiones el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que las investigaciones están avanzadas para tratar de determinar, de manera prioritaria, cómo murió el menor de edad."En un trabajo de corresponsabilidad con nuestra fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, avanzamos en la recolección de elementos materiales probatorios, entrevistas, labores de vecindario y demás actuaciones judiciales que permitan esclarecer lo sucedido", indicó.Por ahora y tras la inspección judicial del cuerpo en la institución de salud, los esfuerzos de las autoridades en el Valle de Aburrá se centran en determinar las circunstancias de lo ocurrido y si sus padres, primeros responsables de su cuidado, tienen alguna responsabilidad en el hecho.
El millonario robo de un cargamento de tubos de cobre ocurrido en octubre de 2025 en la vía Barrancabermeja–Medellín llegó a los estrados judiciales. La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a cinco hombres señalados de pertenecer al grupo delincuencial ‘Los Barbaceros’, al que las autoridades atribuyen este y otros hurtos de este tipo en Barrancabermeja y municipios cercanos.Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 8 de octubre de 2025, en el sector de La Lizama. De acuerdo con la Fiscalía, un camión que transportaba 137 tubos de cobre, avaluados en más de $190 millones, fue interceptado por otro vehículo.De ese automotor habrían descendido varias personas que, según la investigación, obligaron al conductor a detenerse y posteriormente se apoderaron del cargamento.El material transportado tenía un valor superior a los $190 millones, por lo que el caso quedó bajo investigación de las autoridades judiciales y de Policía.Las labores de policía judicial permitieron avanzar en la identificación de los presuntos responsables y establecer, según la Fiscalía, su posible relación con el grupo delincuencial denominado ‘Los Barbaceros’, señalado de dedicarse al hurto de tubos de cobre en Barrancabermeja y su zona de influencia.Como resultado de la investigación fueron capturados Santiago Adolfo Rodríguez Mayorga, Óscar Nicolás Pico Pita, Anderson Jair Rojas, Marlon Andrés Gómez Sandoval y Julián Andrés Romero Castro.Durante las audiencias realizadas ante un juez de control de garantías, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.Ninguno de los cinco procesados aceptó los cargos formulados por el ente acusador.Tras analizar la solicitud de la Fiscalía, el juez ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para cuatro de los procesados. En el caso de Julián Andrés Romero Castro, la medida impuesta fue de detención domiciliaria.La investigación continúa para establecer la participación que habría tenido cada uno de los procesados en el robo del cargamento y determinar si estarían relacionados con otros casos de hurto de tubería de cobre registrados en el Magdalena Medio.
Un depósito con explosivos mezclados con fibra de vidrio, 11 minas antipersonal y dos granadas adaptadas para drones fue localizado y destruido por el Ejército en zona rural de Briceño, norte de Antioquia.El hallazgo se produjo durante operaciones de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, con apoyo de perros especializados en la detección de explosivos. Según las autoridades, el material pertenecería a la estructura 36 de las disidencias de alias Calarcá y sería utilizado para fabricar artefactos para atacar a la población y a la fuerza pública.En el lugar fueron encontradas una cantina metálica con 50 libras de explosivos y dos recipientes plásticos con otras 80 libras. También había 25 recipientes con pólvora, las 11 minas antipersonal, las dos granadas acondicionadas para ser lanzadas desde drones y otros elementos empleados en la fabricación de explosivos.Entre lo hallado había además una caneca con 30 libras de explosivos mezclados con fibra de vidrio, seis litros de ácido y 15 kilos de grapas metálicas.De acuerdo con la Séptima División del Ejército, estos materiales serían utilizados para aumentar las lesiones y daños provocados por los artefactos. La institución señaló que su utilización podría representar una infracción al derecho internacional humanitario.Todo el material fue destruido de manera controlada, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de procedimientos.Según el Ejército, con este operativo se evitó que los explosivos fueran utilizados en nuevas acciones en el norte de Antioquia. Las tropas mantienen operaciones en la zona para ubicar otros depósitos y a integrantes de esta estructura armada. Las autoridades no reportaron capturas ni enfrentamientos durante el procedimiento en la zona rural.
En paños menores, acompañado y en una lujosa propiedad de Medellín, en las últimas horas fue ubicado Fredy Chacón, alias ‘El Mexicano’, señalado por la Policía como presunto articulador en Colombia del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México y requerido por autoridades de Estados Unidos.Según la información recopilada por las autoridades, Chacón habría realizado pagos de entre 10.000 y 15.000 dólares a integrantes de los grupos delincuenciales organizados La Terraza y Clan del Golfo, con el propósito de facilitar sus actividades ilícitas en esta región.La investigación también señala que el hombre habría utilizado empresas fachada ubicadas en Tijuana, México, y Medellín para aparentar actividades comerciales y, presuntamente, canalizar recursos y establecer relaciones financieras con compañías estadounidenses. Así lo expuso el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana."Este delincuente se movía en el área metropolitana, empleando 2 vehículos blindados y escoltas para su protección personal. Además, se valía de empresas fachadas con apariencia de actividades comerciales en Tijuana y en Medellín para mover sus recursos financieros y mantener relaciones económicas", aseguró. El procedimiento fue adelantado de manera conjunta por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Dijín, el área de contrainteligencia de la Dipol y la Fiscalía General de la Nación. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, destacó que gracias al trabajo articulado de las autoridades se han logrado aumentar las capturas contra cabecillas internacionales en la ciudad."Vamos a seguir cerrando el paso al crimen organizado sin importar su alcance o procedencia. Aquí no hay territorio seguro para los criminales y aquí no hay espacio para quienes pretendan convertir nuestra ciudad en un centro de operaciones de la criminalidad. Medellín no es refugio para criminales. Las capturas de criminales transnacionales han aumentado en más de un 460%", destacó Villa. Durante la diligencia, según precisó la Policía, fueron obtenidos cuatro computadores, dos tabletas, siete discos duros, seis celulares, dos memorias USB, documentos y agendas, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía para su análisis.De acuerdo con información del FBI, los U.S. Marshals y la DEA México, Chacón tendría antecedentes en Estados Unidos por agresión agravada con arma, delitos relacionados con armas y secuestro de adulto para exigir rescate. Además, en 2015 habría sido identificado como integrante de la organización ‘Mexican Mafia’, presuntamente vinculada al CJNG.Finalmente, las autoridades de la capital antioqueña confirmaron que alias ‘El Mexicano’ fue dejado a disposición de Migración Colombia para adelantar los trámites correspondientes y ser entregado a la justicia de su país.
Atlético Nacional afronta complicaciones por la ausencia de varios jugadores debido a lesiones, algunas de mayor gravedad que otras. Esta situación ha puesto en aprietos a Lucas González, quien no ha podido contar con toda su plantilla para los partidos, especialmente en medio de la exigencia que representa la acumulación de encuentros en el calendario del cuadro verdolaga.Ahora, previo al duelo contra Junior de Barranquilla, programado para este 30 de septiembre, una nueva lesión se sumó a la lista. Se trata de Marlos Moreno, quien estará fuera de las canchas durante aproximadamente tres semanas y obliga al técnico bogotano a buscar alternativas en las divisiones inferiores del equipo para suplir su ausencia.¿Qué lesión tiene Marlos Moreno?Luego del partido contra Millonarios, el extremo verdolaga terminó con molestias y una inflamación en el tobillo. Por esta razón, tuvo que ser atendido por el cuerpo médico de Atlético Nacional para evaluar la lesión e iniciar el tratamiento correspondiente.La lesión mantendrá a Moreno alejado del primer equipo mientras avanza en su recuperación. Su ausencia representa una dificultad adicional para Lucas González, quien deberá encontrar alternativas para conformar su esquema táctico y afrontar los compromisos que restan en la temporada.Estos son los números de Marlos Moreno con NacionalMarlos Moreno regresó a Atlético Nacional en el segundo semestre de 2025. Desde entonces, ha disputado 56 partidos con la camiseta verdolaga en esta segunda etapa, en los que ha marcado ocho goles y registrado cuatro asistencias, convirtiéndose en una de las alternativas importantes para los diferentes técnicos que han pasado por el equipo.Sin embargo, su historia con Nacional comenzó mucho antes. En su primer ciclo con el club, cuando apenas daba sus primeros pasos como profesional, disputó más de 50 partidos y tuvo un papel destacado en la conquista de la Copa Libertadores de 2016.Durante aquella campaña, Moreno fue una de las piezas importantes del equipo dirigido por Reinaldo Rueda, actuación que le permitió dar el salto al fútbol europeo siendo todavía muy joven.
El Ministerio de Hacienda autorizó a Bogotá para celebrar un contrato de crédito externo con BNP Paribas New York Branch por hasta $1,3 billones, recursos que estarán destinados a financiar los aportes de Bogotá a la cofinanciación de la primera línea del metro.La autorización quedó establecida mediante la Resolución 2182 del 28 de septiembre de 2026. De acuerdo con el documento, el monto de la operación será el menor valor entre $1,3 billones y 400 millones de dólares, calculado con la tasa de cambio vigente en el momento del desembolso.Los recursos serán desembolsados en pesos colombianos y, en ningún caso, podrán superar el límite de $1,3 billones autorizado por el Ministerio de Hacienda. Además, dicha operación tendrá un plazo de 10 años contados a partir del desembolso y contará con un periodo de gracia de tres años para el pago del capital.Una vez termine ese periodo, Bogotá deberá pagar el capital en 14 cuotas semestrales iguales. Los intereses también tendrán una periodicidad de pago semestral.La operación también tendrá una garantía del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) por el 95 % de las exposiciones cubiertas de capital, intereses y otros conceptos elegibles relacionados con la estructura financiera del crédito.El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, destacó que la operación permitirá aportar recursos para el desarrollo de infraestructura de la capital y señaló que cuenta con condiciones favorables y con el respaldo de la banca multilateral.La autorización del crédito se conoce mientras avanzan las obras de la primera línea del metro de Bogotá. Con corte al 31 de agosto de 2026, el proyecto registraba un avance general de obra del 82,33 %.Además, la Empresa Metro de Bogotá confirmó que la doble vía férrea ya superó los 9 kilómetros. Otro de los hitos recientes fue la construcción de 18 kilómetros de viaducto, una extensión que representa las tres cuartas partes del viaducto total previsto para la primera línea.
Minutos de tensión vivió una periodista de Teleuniverso mientras realizaba un reporte en vivo en una vía pública de República Dominicana. La reportera se encontraba frente a las cámaras cuando dos personas pasaron cerca de ella a bordo de una motocicleta, situación que le generó temor ante la posibilidad de que intentaran robarle el celular.El momento quedó registrado en video y posteriormente fue compartido por la propia periodista en sus redes sociales. Aunque continuó con el informe, le pidió a su camarógrafo que permaneciera atento ante cualquier intento de robo. Afortunadamente, las dos personas continuaron su recorrido en la motocicleta y el episodio no pasó de un susto.“¿Me van a atracar? Tú me avisas si me van a atracar. Me haces señas”, se escucha decir a la periodista mientras intenta mantenerse alerta durante la transmisión.Posteriormente, la comunicadora aseguró en sus redes sociales que la situación sí le generó temor, pero decidió compartir las imágenes con sus seguidores como una forma de llamar la atención sobre la importancia de permanecer atentos ante este tipo de situaciones mientras se realizan labores de reportería.Aunque el episodio no terminó en un hecho delictivo, el momento evidencia algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestos los periodistas durante sus jornadas de trabajo en espacios públicos, especialmente cuando deben concentrarse en las cámaras, equipos y demás elementos necesarios para realizar una transmisión.“Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover”; “Uno ya ni sabe si reír o sentirse mal porque es verdad”; “Cuando uno ha crecido en barrio pesado, los reconoce a metros”; “Hasta dar las noticias es algo extremo pura adrenalina”; “Estaba paralizada y no se podía mover”, fueron algunos comentarios que se generaron por parte de los seguidores tras conocerse ese video.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana será la secretaria de Transparencia de la Presidencia y asumirá sus funciones el 8 de octubre, cuando termina su periodo en la Corte.“Con la magistrada Lombana vamos a estructurar y articular un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos”, señaló De La Espriella.Es importante recordar que recientemente se generó una polémica con la magistrada Lombana que llevó a que otros magistrados le trasladaran a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara una solicitud del abogado de la senadora Martha Peralta, quien pedía indagar las actuaciones de Lombana cuando Peralta fue conducida y detenida temporalmente con el fin de que asistiera a su indagatoria.Otra polémica se dio tras el allanamiento ordenado por la magistrada a la casa en Barranquilla del exministro del interior Armando Benedetti. En ese momento el entonces funcionario denunció presuntas irregularidades y excesos durante el proceso.“Vamos por todos los que se hayan atrevido a tocar la plata del pueblo colombiano. En este Gobierno, la corrupción no tendrá escondite, privilegios ni impunidad. Los recursos públicos son sagrados y se respetan”, agregó el presidente De La Espriella.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) completó la entrega a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de una copia de respaldo de los archivos de derechos humanos que custodia, en cumplimiento de una orden judicial.La medida está contenida en el Auto AT611 del 3 de agosto de 2026, emitido por la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción, dentro de una Medida de Protección de Información vigente desde 2018.Según explicó el CNMH, la JEP solicitó esta copia con el propósito de garantizar la conservación y preservación de la información.Cabe destacar que en agosto, el CNMH ya había realizado la entrega de cuatro discos duros externos junto con sus respectivos inventarios documentales. La última entrega se hizo este martes 29 de septiembre, con otros dos discos duros, después de finalizar el procesamiento técnico de la información requerida.En total, la JEP recibió información correspondiente a 33 fondos documentales, 28 incluidos en la primera entrega y otros cinco en la segunda.Estos fondos contienen archivos de organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos, además de documentos de entidades judiciales y académicas.El Centro Nacional de Memoria Histórica aclaró que lo entregado a la JEP corresponde exclusivamente a una copia de respaldo. Los documentos originales permanecen bajo custodia del Centro, que mantiene la administración y responsabilidad legal sobre su conservación, protección, organización y acceso.Se trata de documentos considerados de valor histórico para el país y que hacen parte del patrimonio documental relacionado con la memoria del conflicto armado.