Se trata del caso de Ledy Yaneth Yepes Clavijo, quien fue judicializada por el asesinato de su pareja sentimental, Manuel Eduardo Mariaca, de 41 años, ocurrido el 31 de mayo del 2024 en la vereda Hatoviejo del municipio de Bello.En aquel entonces, las autoridades habían determinado que la mujer, en medio de una riña, habría apuñalado en el cuello a su esposo, siendo esta, quien finalmente trasladó al hombre a un centro asistencial donde finalmente falleció. Según el expediente del caso, la causa de la muerte fue “por la lesión determinada como penetrante a tórax, región precordial, se causa herida en pericardio, en aurícula derecha, sufre hemotórax, hemorragia que explica el fallecimiento inmediato”.Sin embargo, los hechos habrían sido diferentes, por lo que la mujer fue absuelta por la justicia que ya ordenó su libertad, empezando porque, como argumentó su defensa, para la época de los hechos era madre soltera, sin unión marital de hecho, por lo que no había agravante en el delito de homicidio. Así lo explicó Alex de Jesús García, abogado de la señalada."De manera arbitraria empujando a la puerta, entró a la residencia de manera ilegal y se presentó un altercado donde empezó a golpear a mi cliente y esta persona falleció con un cuchillo que estaba en la cocina e intentó cegarle la vida a mi cliente, donde ella ejerció su derecho a la defensa y hubo un forcejeo, porque ella le cogió la mano donde tenía el cuchillo, cayeron al piso", detalló.Así las cosas, y como quedó consignado en el fallo del juzgado segundo penal del circuito de Bello con funciones de conocimiento, la mujer fue absuelta porque se encontró que la conducta fue "realizada bajo una circunstancia de no responsabilidad".De igual manera, el abogado explicó que mediante testimonios de una vecina de Yaneth se pudo comprobar que el sujeto sí había entrado a la fuerza al lugar, y que, incluso, se vio salir de la vivienda a los cinco minutos de haberse presentado el altercado. La testigo además manifestó que jamás había visto al hombre, pues la mujer vivía sola con su hijo.La defensa de la mujer además indicó que, a pesar de que el fallo fue solo en primera instancia, una vez se ratifique en segunda instancia su inocencia, se solicitará la reparación directa por privación injusta de la libertad, pues se encontraba desde mayo de 2024 en la cárcel de El Pedregal."Después de que ya se conozca la decisión de segundo instante, que es una revisión de manera minuciosa y crucial a la sentencia, este defensor contemplará con el consentimiento de mi cliente el ventilar una demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad", manifestó García.Por el momento, el proceso judicial avanza, sin embargo, y gracias a la decisión del juzgado segundo penal del circuito de Bello, quien ratificó la absolución de Yaneth, la mujer podrá defender su caso desde la libertad.
La desaparición de Sarita Michel Vargas, una niña de 9 años que desapareció en la madrugada del pasado 25 de diciembre en Sogamoso, Boyacá, sigue generando conmoción y preguntas sin respuesta. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, su primo, Juan Carlos Rodríguez Vargas, habría sido la última persona en verla y llevarla en su motocicleta antes de que se perdiera todo rastro de la menor.Rodríguez Vargas fue capturado este viernes, 17 de enero, en la vereda Cartagena, en el municipio de Firavitoba, Boyacá. La Fiscalía lo acusa de desaparición forzada, basándose en pruebas y testimonios que lo vinculan con los últimos movimientos de Sarita Michel. Según las autoridades, la menor salió de su hogar tras una discusión familiar en la madrugada de Navidad y fue vista por última vez en compañía de su primo.Las investigaciones apuntan a que el detenido se encontró con Sarita en un sector conocido como Vanegas, en las afueras de Sogamoso. Allí, según la Fiscalía, el hombre la subió a su motocicleta y la trasladó hasta una zona rural conocida como El Ciral. Este trayecto, según las autoridades, se ha convertido en una pieza clave para esclarecer los hechos.“El 25 de diciembre, en horas de la madrugada, la menor de edad salió de su lugar de residencia, luego de una discusión familiar, y no regresó. Posteriormente, se encontró con su primo, quien la llevó a la vereda El Ciral en una motocicleta”, detalló la Fiscalía en un comunicado.El sospechoso, que fue enviado a prisión, no aceptó los cargos por desaparición forzada que le fueron imputados, y su caso pasará a juicio en las próximas semanas. Mientras tanto, la familia de Sarita y la comunidad de Sogamoso claman por respuestas y la pronta localización de la niña.La razón por la que Sarita Michel salió de su hogar en la madrugadaLa hermana mayor de Sarita Michel, Mayerly Andrade, contó que Sarita salió debido a una fuerte pelea que tuvo con su familia. "En medio del alboroto, la niña confesó ciertas cosas que no dejaron una buena reacción por parte de mi mamá, quien lo tomó a mal, por lo que la niña decidió irse".Aunque Andre no reveló de qué se trató la pelea que desencadenó en la desaparición de la menor, señaló que esta no era la primera vez que Sarita tenía un episodio de estos, y que la familia no esperó ni 10 minutos para salir a buscar a la pequeña, pero no la encontraron.
Un habitante del municipio de La Unión y un foráneo que trabajaba para una empresa en Barbosa que había sido reportado como desaparecido, fueron hallados sin vida en extrañas circunstancias en una vivienda de la vereda Chalarca, hasta donde llegaron funcionarios de Policía judicial y los trasladaron a la vecina localidad de La Ceja.El hallazgo ha despertado diversas hipótesis entre la comunidad del Oriente antioqueño, ya que los vecinos que alertaron a las autoridades de los cuerpos sugieren que es un doble homicidio, pero la Administración municipal dice que será Medicina Legal la que determine las causas, teniendo en cuenta que no tenían signos de violencia y que en el sitio no se hallaron armas de fuego ni cortopunzantes. Así lo explicó el secretario de Gobierno de esa localidad, Diego Patiño."Todavía es materia de investigación, verdaderamente no tenemos un indicio que lleve a determinar qué fue un hecho violento, qué fue una venganza o qué fue inclusive una muerte causada por otra persona. Se determinará siempre y cuando Medicina Legal entregue los exámenes pertinentes", detalló el funcionario.Sobre el trabajador de una empresa del municipio de Barbosa se conoce que había sido reportado como desaparecido desde hace varios días, e incluso fue buscado por las autoridades en municipios como Rionegro, La Ceja, el sector de Palmas y finalmente fue encontrado en La Unión.Este hecho se produce a menos de 24 horas de que un hombre de 73 años, identificado como Fidel de Jesús Rodríguez, y una mujer de 75 años, identificada como Elvira Rosa Tamayo de Rodríguez, fueran hallados muertos en una vivienda de San Pedro de los Milagros, Norte del departamento. El hombre fue encontrado desmembrado.
A ocho meses de que el entonces director de Corporurabá Alexis Cuesta fuera capturado por presuntamente haber abusado de una sobrina de 16 años en un hotel del municipio de Apartadó, el caso judicial sigue generando polémica.Esta vez por una audiencia solicitada por su defensa que se llevará a cabo el próximo 21 de enero y en la cual pedirán a un juez del mismo municipio que revoque la medida de aseguramiento que actualmente cumple en la cárcel Villa Inés y que le fue impuesta a finales de mayo del año anterior.La posibilidad de que el exdirectivo de la corporación ambiental quede en libertad ha generado el rechazo de familiares y allegados de la víctima quienes aseguran que el hombre es responsable del delito por el cual es procesado y que además habría intereses económicos y políticos para buscar este beneficio. Esto dijo una de las personas allegadas a la madre de la adolescente."Las niñas se respetan, y más que era su propia sobrina, o sea, de sangre. Que la niña le tenía confianza, porque la veía como una figura paterna. Ella le tenía respeto", narró.A la situación también se han sumado colectivos feministas de esta subregión antioqueña, quienes han destacado el aumento en denuncias de este tipo de delitos donde están involucradas personas de gran confianza o con algún grado de poder sobre las víctimas como tíos, abuelos, padrastros, docentes o vecinos.Sin embargo, María Moreno, integrante de una de estas organizaciones, declaró que sería un mal precedente para la confianza en las instituciones judiciales que hubiera impunidad en un caso como estos."Esta situación es muy común en Colombia, que funcionarios queden en libertad por delitos graves incluso, como si no fueran ciudadanos que infringieron la ley aún sabiendo lo que les puede ocurrir. En muchas situaciones esto hace que se desconfíe de nuestro sistema judicial", agregó Moreno. Fuentes policiales en el Urabá antioqueño aseguran que durante 2024 los casos de violencia sexual contra menores de edad aumentaron en un 8% y al menos 72 personas fueron capturadas por estos hechos.
Fueron citados a la Corte Suprema de Justicia como testigos en el escándalo de corrupción en la UNGRD la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; y el ministro de Hacienda, Diego Guevara.Además, la sala instrucción también citó a dar testimonio como testigos dentro del caso de los seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco, exministro del interior; y a Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI).Los ministros de Salud, Trabajo y Hacienda tendrán oportunidad de responder un cuestionario que les enviara la Sala Instrucción de la Corte, caso contrario al de Velasco, Carlos Ramón González y Bonilla, quienes sí deberán comparecer ante el alto tribunal para que den su versión de lo que conocen sobre el cónclave que Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), imputado y considerado como uno de los principales testigos ha mencionado en la Fiscalía General de la Nación y la misma Corte.Todo esto en el marco de las investigaciones que adelanta la Corte contra Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Diego Muñoz Cabrera.
Los recientes casos de maltrato animal en Colombia han encendido las alarmas tras la poca efectividad de las autoridades en pro del bienestar de estos seres vivos. Según la Ley 1774 de 2016, todo aquel que por cualquier medio maltrate a un animal, causándole lesiones o incluso la muerte, incurrirá en penas de 12 a 36 meses de prisión y multas de hasta 60 salarios mínimos.Sin embargo, al ser un delito no menor y contar con penas que no superan los cuatro años de prisión, los maltratadores de animales en el país no reciben sanciones adecuadas, según el daño que realizan a estos seres vivos. En diálogo con Blu Radio, la senadora Andrea Padilla, quien es una de las autoras del proyecto que pretende revertir la situación, explicó la gravedad del panorama colombiano.“Entre el 2017 y septiembre del 2024, la Fiscalía General de la Nación recibió 14.600 denuncias por maltrato animal. Es decir, por casos graves que acabaron con la vida y la integridad física del animal: que este resultara muerto o, producto de una violación sexual, quedara con una discapacidad permanente. De esos casos, solamente hubo sanciones en el 2,5%. Es decir, estamos ante una impunidad dramática”, le dijo Padilla a Blu Radio.A eso se suman los casos de abandono o aquellos que no han sido reportados por los ciudadanos en el país, por lo que la cifra podría ser mucho más preocupante. Por lo mismo, desde el Congreso de la República se está tramitando un proyecto, apodado como Ley Angel, que pretende mejorar la situación de los animales en Colombia.¿En qué consiste y qué tan avanzada está la Ley Ángel?Para finales del año pasado, el proyecto alcanzó la aprobación en tres de sus cuatro debates, por lo que la meta para este 2025 es completar el último que se necesita. Según la senadora Andrea Padilla, la Ley Ángel debe pasar por la Plenaria de la Cámara de Representantes para que sea una realidad, pues la iniciativa es una corrección de lo que ya se encuentra establecido en el código penal.“Nosotros estamos dividiendo el delito en dos y lo que haríamos es aumentar las multas, que hoy van de 5 a 60 salarios mínimos: estamos aumentando la mínima de lesiones de 15 a 30 salarios y la mínima de muerte de 30 a 60 salarios, entonces aumenta la mínima de multa para ambos delitos”, dijo Padilla.En cuanto a las penas carcelarias, en caso de cometerse algún tipo de maltrato físico, se aumentarían de 20 a 48 meses (más de 3 años para las lesiones) y, en el caso de la muerte, de 24 a 56 meses (casi 5 años de cárcel). Con esto, los delitos por maltrato animal ya no serían excarcelables, pues superarían el umbral mínimo para serlo.“Vendrían otras multas complementarias, por ejemplo otras sanciones: que una persona que ha sido condenada por maltratar a un animal no pueda volver a tener animales en un periodo de hasta 7 años, estamos habilitando a la Policía para que ingrese a los domicilios, pues si llega, y solo si el propietario del predio lo permite, este puede entrar. En fin, eso es un trámite. Entonces lo que estamos buscando es que la Policía pueda ingresar cuando exista certeza de que el animal está siendo violentado, de tal forma que su integridad física y su vida”, afirmó Padilla.Con este proyecto, sumado a uno adicional que pretende destinar predios para la construcción de centros de bienestar animal a nivel regional o provincial, se espera que las cifras de maltrato en Colombia se reduzcan a tal punto de brindar garantías para los seres vivos en el país.
La empresa Air-e reportó que uno de sus trabajadores recibió un audio amenazante por parte del cantante vallenato, Alex Manga, luego de que la compañía diera a conocer un supuesto fraude que detectó la energética en una casa campo en la que al parecer reside el artista en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.El hecho fue rechazado por la empresa, la cual también especificó que no es la primera vez que identifica irregularidades en uno de sus predios. Según una comunicación oficial, Manga ya enfrenta acciones penales por el delito de fraude de fluidos, conocido como robo de energía.Estas fueron las palabras mencionadas en el audio: “Oye, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Compa, habla con Alex Manga. Entiendo que es tu trabajo, pero también debes ser honesto con lo que haces. Me parece una falta de respeto la de ese señor de Air-e. El mismo día que revisó, sacó las cuentas de cuánto debía; y tú, sin más allá, mandas eso a los medios”.“De verdad que seguimos con el mismo cuento. Pasó en la finca que sacaron un informe que no era, mira cómo terminó todo. Esto es peligroso, estoy arrendado allí. Esa casa no es mía para que sepas, así que mi vida puede correr riesgo por culpa de ustedes, por sus atrevimientos”, agregó.Finalmente, Alex declaró, entre malas palabras, que “mirarán como vamos a hacer” ,pues entonces se verá obligado a tomar acciones legales.El caso fue dado a conocer por el grupo de investigaciones especiales de la empresa Air-e, el pasado 15 de enero. De acuerdo a los hallazgos, se trataba de un medidor tipo 4 electromecánico con dos puentes externos que proyectaba un consumo no facturado de 2055 KWh/mes.En otras palabras, fueron $2.342.700 dejados de pagar mensualmente, lo que adaptándolo a la línea de tiempo de seis meses sumó $14.056.200 dejados de facturar.
La situación del Deportivo Cali es alarmante, con deudas que alcanzan los 140.000 millones de pesos. Esta crisis ha llevado a los asociados a actuar, realizando un fuerte esfuerzo para cubrir el costo de la auditoría forense destinada a investigar el desfalco que ha golpeado a la institución. Vale recordar que con esta auditoria forense se buscaba establecer quiénes son los responsables del mal manejo financiero del equipo vallecaucano en los últimos años.¿Qué pasó con la auditoria forense del Cali?A pesar de que la auditoría fue entregada en diciembre, los detalles siguen siendo un secreto. En entrevista con Blog Deportivo, Rodrigo Carvajal, asociado del Deportivo Cali, afirmó que todavía no conocen en detalle la información y, mucho menos, quiénes serían los responsables del mal manejo de los dineros que entraron al conjunto azucarero.Según Carvajal, el presidente del Cali, Humberto Arias, mencionó que los hallazgos más graves han sido enviados a la Fiscalía. La preocupación por la falta de información crece entre los asociados, quienes han solicitado la entrega del documento de auditoría a través de un derecho de petición, pues desean conocer qué sucedió en el periodo 2013 - 2024 ya que la deuda aumentó de $10.000 millones a 142.000 millones de pesos.Los asociados quieren establecer responsabilidades: determinar si hubo mala administración o si se trató de errores de gestión. "Queremos conocer qué sucedió en estos once años", enfatizó.De acuerdo con Carvajal, el presidente del Deportivo Cali ha dicho que la auditoria fiscal dio a conocer cinco hallazgos "muy graves" que serían competencia de autoridades civiles y no de la Fiscalía, situación que genera más preocupación entre los asociados.Se espera la respuesta al derecho de petición en un lapso de 10 días hábiles.
Enviaron a la cárcel a un hombre que secuestró en Medellín a un bebé de 19 meses para presionar a su expareja sentimental, madre del niño, para que continuaran la relación. El menor de edad fue rescatado en una vivienda del nororiente de la ciudad. Presuntos casos de violencia intrafamiliar y de género también estarían afectando a menores de edad en Medellín como quedó evidenciado en una reciente situación donde ya la Fiscalía anunció avances en el proceso de judicialización de un hombre.Los hechos que han generado rechazo ocurrieron el pasado 14 de enero en una vivienda del barrio Manrique en donde el procesado irrumpió en medio de una discusión con su expareja sentimental.El hombre entró para llevarse con rumbo desconocido al hijo de 19 meses de la mujer luego de que esta se negara a retomar la relación sentimental que sostenían.Tras el rapto y en medio de actos de intimidación, esta persona se comunicó a través de mensajes de audio con la mamá del bebé y le indicó que no lo retornaría a su hogar.Al reportar el caso ante las autoridades, estas lograron que el hombre acordara un encuentro con la mamá del menor de edad para dialogar y fue capturado en ese momento por parte de efectivo del Gaula de la Policía.Luego de estar en poder de las autoridades el hombre reveló la ubicación del bebé en una vivienda del mismo barrio hasta donde llegaron para devolverlo a su núcleo familiar.El señalado victimario fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por un juez de control de garantías y deberá responder por el delito de secuestro simple agravado y atenuado.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel El Bosque a Ever Enrique Faix Díaz, alias 'El Sobri', el hombre que fue capturado luego de que el pasado lunes protagonizó una cinematográfica persecución en un carro rojo, con el que arrolló a tres personas, entre ellas un policía, en Soledad, Atlántico.La investigación permitió establecer que inicialmente, alias 'El Sobri', al parecer, arrolló con un vehículo a un hombre y se dio a la fuga. La comunidad alertó a la Policía del hecho y dos uniformados lograron interceptarlo más adelante.Dice la Fiscalía que en el momento que le solicitaron que se bajara del automotor, Faix Díaz retrocedió el carro y arrolló a un patrullero, quien quedó gravemente herido. Este momento quedó grabado por ciudadanos que se acercaron a la escena. Tras el incidente, alias ‘El Sobri’ huyó nuevamente, y atropelló a una tercera persona.A este hombre una fiscal seccional le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado, lesiones personales culposas, falsedad personal y daño en bien ajeno.El señalado delincuente el día de la captura se identificó ante la Policía con una cédula de ciudadanía falsa con la que pretendió ocultar que era la persona que buscaban autoridades con un circular roja, por haberse fugado de dos estaciones de Policía en medio de la investigación por el intento de asesinato de un comerciante en el barrio los Nogales, de Barranquilla.
