Un juez en Magdalena decidió dar medida de aseguramiento en centro carcelario a Jesús Pacheco Ojeda, Elías Moisés Orozco Orozco, John Mauro Sandoval Montaño, Kaleth Arbey Ramos Niebles y Maicol Manuel Ochoa Pérez, tras ser señalados como los presuntos responsables de asesinar a cinco hombres de una misma familia y dejar herido a otro más en el corregimiento Palmira de Pueblo Viejo (Magdalena).Tras la masacre ocurrida el pasado 9 de mayo, un fiscal logró imputarlos por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas.Según relató la autoridad, estos judicializados llegaron en motocicletas a un establecimiento comercial y ubicaron a las víctimas que departían en el sitio, para así disparar contra ellos y darse a la huida.“Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario”, agregan.Cabe recordar que las víctimas fueron identificadas como Stewin José Gutiérrez, Aramis Gutiérrez, Mario Luis Gutiérrez Bravo, Alberto Gutiérrez Corrales y el adolescente José David Gutiérrez, todos de una misma familia.
Un juez penal de control de garantías envió a prisión a un hombre señalado de asesinar al estudiante universitario Fredy Santiago Guzmán, de 19 años, durante un intento de robo ocurrido en la estación Minuto de Dios de TransMilenio, sobre la Calle 80, en el occidente de Bogotá.Se trata de Harold Figueroa Ballén, de 22 años, quien fue judicializado por la Fiscalía como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y hurto calificado en grado de tentativa, también agravado. Aunque la Fiscalía presentó los cargos ante un juez, el hombre no los aceptó.El crimen ocurrió el pasado 15 de abril, cuando el joven, estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas, esperaba un Transmilenio luego de terminar su jornada académica. Según la investigación, varios hombres ingresaron de manera irregular a la estación con la intención de cometer un hurto.De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, tres personas habrían interceptado a Fredy Santiago Guzmán para obligarlo a entregar su teléfono celular. Sin embargo, ante la resistencia del joven, Figueroa Ballén presuntamente lo atacó con un arma cortopunzante, ocasionándole una herida mortal en el pecho.Aunque personal del sistema de transporte y organismos de emergencia auxiliaron al estudiante y lo trasladaron al Hospital de Engativá, el joven falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.La captura del presunto responsable se produjo el 15 de mayo en vía pública del barrio Garcés Navas, en la localidad de Engativá, tras un operativo adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en articulación con unidades de policía judicial de la Policía Metropolitana de Bogotá.Según la Fiscalía, registros de cámaras de seguridad y otras evidencias fueron clave para identificar al presunto agresor y reconstruir la secuencia de los hechos ocurridos dentro de la estación de TransMilenio.Tras conocerse la captura, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que el caso representa un avance en la lucha contra la impunidad. “Hoy, después de un trabajo articulado de la Policía con la Fiscalía y el apoyo de la Secretaría de Seguridad, fue capturado quien sería el responsable de este vil asesinato”, señaló el alcalde, quien además pidió garantías para que el señalado responsable permanezca privado de la libertad y responda ante la justicia.
El próximo 16 de junio un juez de conocimiento decidirá si avala el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Elder José Arteaga Hernández, alias 'El Costeño', señalado de participar en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. La negociación judicial ha generado rechazo por parte de la familia de la víctima debido a la pena acordada, que sería de 26 años y 3 meses de prisión.Dentro del documento conocido, la Fiscalía plantea una condena total de 315 meses de cárcel tras la aceptación de cargos por parte de Arteaga Hernández. El escrito del preacuerdo señala textualmente “para el caso del homicidio agravado, la pena a imponer será de doscientos noventa (290) meses de prisión”, a lo que se suman fracciones por otros delitos como fabricación, tráfico y porte de armas agravado (6 meses), concierto para delinquir agravado (6 meses), ocultamiento o destrucción de elementos materiales probatorios (3 meses) y uso de menores para la comisión de delitos agravado (10 meses).Según la investigación del ente acusador, alias 'El Costeño' habría articulado el plan criminal y definido los roles que cumplieron los demás implicados antes, durante y después del ataque armado contra el senador. La Fiscalía sostiene que presuntamente coordinó reuniones realizadas el 4 de junio de 2025 y en otras fechas posteriores en la localidad de Bosa y otros sectores de Bogotá con el propósito de organizar la ejecución del atentado.Dentro de los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía se indica además que el procesado habría participado en las labores de vigilancia y reconocimiento previo del lugar donde ocurrió el ataque. También, según la investigación, presuntamente habría sido el encargado de entregar el arma de fuego al adolescente que disparó contra el congresista y de hacer seguimiento a la ejecución de la acción criminal.En el documento del preacuerdo, la Fiscalía justificó la negociación al considerar que la aceptación de responsabilidad por parte del procesado representa una actitud colaborativa con la administración de justicia. El escrito señala “La actitud del ciudadano, de aceptar su responsabilidad se puede considerar colaborativa con la administración de justicia pues permite visualizar el arrepentimiento frente al daño causado”. Además, el ente acusador indicó que el procesado se comprometería a pedir perdón público a las víctimas y a la sociedad.La Fiscalía también argumentó que el acuerdo busca garantizar “justicia”, “verdad” y “reparación”, asegurando que la aceptación de cargos permite esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos investigados.Por este caso, la Fiscalía ha vinculado formalmente a nueve personas. Entre los procesados aparecen Simeón Pérez Marroquín, señalado como presunto intermediario entre quienes habrían determinado el homicidio, así como Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González, quienes ya fueron condenados mediante preacuerdos a penas superiores a 21 años de prisión.Además del proceso relacionado con el atentado contra Miguel Uribe Turbay, alias “El Costeño” enfrenta otras investigaciones penales. Una de ellas está relacionada con el homicidio de un hombre ocurrido el 15 de junio de 2024, caso en el que la Fiscalía asegura que presuntamente habría ordenado el crimen en medio de disputas por control territorial y microtráfico.El otro proceso está vinculado con el asesinato de un comerciante mexicano de productos tecnológicos ocurrido el 30 de junio de 2024 en el barrio El Poblado, en Medellín. Según las evidencias recopiladas por la Fiscalía, Elder José Arteaga Hernández y otro hombre presuntamente viajaron desde Bogotá para coordinar detalles relacionados con esa acción sicarial.
La familia de Miguel Uribe Turbay rechazó de manera categórica el preacuerdo presentado entre la Fiscalía General de la Nación y Elder Arteaga, alias 'El Costeño', señalado de participar en el magnicidio del precandidato presidencial ocurrido en junio del año pasado en el barrio Modelia en la localidad de Fontibon, en medio de un mitin político donde le dispararon en la cabeza a Miguel Uribe.A través de un comunicado firmado por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño calificaron como “inaceptable” que se otorguen beneficios judiciales a alias 'El Costeño', al considerar que tuvo un rol determinante en el crimen.Según la familia, el procesado habría actuado como “coordinador y enlace jerárquico” en el asesinato, además de haber presenciado el crimen y, presuntamente, inducido al menor de edad que accionó el arma. Por ello, advirtieron que cualquier rebaja de pena representaría “un premio a la impunidad”.En el pronunciamiento, los familiares de Miguel Uribe señalaron que, aunque respetan la autonomía de la Fiscalía, consideran que el preacuerdo constituye “una grave afrenta a la dignidad de las víctimas y a la confianza pública”.Asimismo, cuestionaron que, en su criterio, el señalado no ha aportado una colaboración efectiva al esclarecimiento de los hechos y, por el contrario, aseguran que su defensa ha incurrido en “maniobras dilatorias sistemáticas para burlar la justicia”.María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, publicó en sus redes sociales el comunicado acompañado de un mensaje: “Este señor tuvo un papel determinante en el magnicidio de mi esposo. No ha realizado ninguna colaboración significativa; por el contrario, se ha dedicado a entorpecer y desviar el proceso".
Luego de que a mediados de abril un juez de control de garantías de Medellín dictara medida de aseguramiento contra el urólogo Alberto Posada, señalado de abusar sexualmente de al menos 20 de sus pacientes que ya radicaron denuncia ante la Fiscalía, en las últimas horas se han conocido nuevos avances en el proceso.Blu Radio pudo confirmar que durante una nueva audiencia la justicia rechazó la apelación que había interpuesto la defensa del procesado para que se le otorgara el beneficio de casa por cárcel. La justicia desestimó argumentos de su apoderado que indicaban que el imputado sufre un cuadro de depresión.Además, el recurso fue negado por la gravedad de los delitos imputados por parte de la Fiscalía de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir.También en su decisión el despacho dijo que el procesado podría seguir resultando peligroso al tener la posibilidad de seguir ejerciendo su profesión desde su sitio de reclusión o interferir en las investigaciones que aún avanzan y en las que siguen llegando a las autoridades más testimonios de mujeres que denuncian el modus operandi del profesional de la salud.Ahora tras la reciente determinación de la justicia, el urólogo Posada está pendiente a la asignación de un centro de reclusión en el que deberá cumplir con la medida, pues actualmente se encuentra en el Centro de Detención de la Minorista.Sobre el caso la Fiscalía ha detallado que el especialista habría aprovechado su condición y espacios como consultas para hacerles las víctimas comentarios e insinuaciones de carácter íntimo e incluso solicitarles el uso de una bata para realizar un supuesto chequeo médico, que en realidad terminaba en abuso y sometimiento sexual.
Dentro de los elementos considerados clave por la Fiscalía figuran audios y capturas de pantalla aportados por María Victoria Solarte, del grupo Inversiones San Jacinto Nelvic S.A.S., en los que presuntamente el mandatario solicitaría el pago de una coima equivalente al 20 % del valor de una licencia urbanística.Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, las partes debatieron sobre la legalidad y autenticidad de esas pruebas.En entrevista con Blu Radio, El abogado defensor del alcalde, Ricardo Burgos, aseguró que un peritazgo informático contratado por la defensa habría encontrado presuntas alteraciones en los audios y mensajes entregados dentro de la denuncia.“Efectivamente hicimos un peritazgo con una empresa muy reconocida también, de peritos informáticos, y lo que nos manifiestan es, primero, que toda la extracción tiene manipulación, ha sido alterada”, afirmó Burgos.La defensa también cuestionó la forma en que se realizó la extracción del material digital entregado a la Fiscalía “Resulta que en un peritazgo no pasa los parámetros legales establecidos para tal hecho” .Según su versión, el informe técnico ”advertiría que los audios no provienen de un dispositivo móvil nativo original, es decir, que fueron aportados o pasados o manipulados por varios programas”.Frente a esos cuestionamientos, el abogado Alejandro Cadena, quien representa a las víctimas y denunciantes del caso, rechazó las afirmaciones de la defensa y defendió la legalidad del material entregado.“Confiamos en la administración de justicia y en la señora Juez que es la única que conoce la gran cantidad de elementos de prueba que soportan la denuncia y la legalidad de las grabaciones.Hemos sido tan rigurosos con el manejo y cadena de custodia de las grabaciones que al día de hoy no las conoce la opinión pública, como para que la defensa diga que han sido alteradas. Es una acusación muy grave que tendría que haber probado en la audiencia y no lo hizo”, manifestó.También afirmó que “cuando se conozcan los audios no quedará duda alguna sobre su autenticidad”.Sobre el origen del conflicto, la defensa del alcalde explicó que inicialmente existía una licencia urbanística para una construcción aproximada de 600 metros cuadrados, pero posteriormente se habría solicitado una ampliación y modificaciones que, según Burgos, no fueron aprobadas porque no cumplían con requisitos.“En la alcaldía anterior a la de Víctor Gamboa les niegan una ampliación porque afectan fuentes hídricas. Entonces, estaban construyendo, al parecer, una piscina dentro de una quebrada”, afirmó.Por su parte, el abogado Cadena negó dicha versión y aseguró que la licencia inicial era válida, posteriormente se solicitó una modificación para ampliar algunos espacios del proyecto.Según explicó, al no obtener respuesta de la administración dentro de los tiempos legales, acudieron a la figura del silencio administrativo positivo, protocolizando el trámite mediante escritura pública con el objetivo de tener avances en el proyecto bajo la norma. Cuando un Tribunal suspendió ese acto, aseguran que pararon la obra y solo hicieron reparaciones menores.El representante de las víctimas también sostuvo que la denuncia señala que el alcalde habría exigido la contratación de una persona cercana e intentado pedir dinero a cambio de facilitar el licenciamiento del proyecto.De acuerdo con esa versión, tras negarse a esas supuestas exigencias, la administración habría rechazado pruebas, declarado desistida la solicitud y posteriormente emitido actos administrativos que ordenaban la demolición.Durante la diligencia, la representación de víctimas solicitó que el alcalde sea enviado a prisión argumentando presunto riesgo de reincidencia, posible obstrucción a la justicia y antecedentes relacionados con delitos contra la administración pública.Por ahora, se definirá la próxima semana si el Alcalde continuará vinculado al proceso en libertad o con una medida de aseguramiento, mientras que estas versiones opuestas deberán ser debatidas en un futuro llamado a juicio por parte de la Fiscalía.
La Fiscalía General de la Nación reafirmó su negativa de suspender las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, antes del próximo 25 de junio, fecha prevista para el inicio de la instalación de las denominadas Zonas de Ubicación Temporal.La decisión volvió a quedar sobre la mesa este jueves durante una nueva reunión de verificación entre la Fiscalía y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en la que se revisó el cumplimiento de los requisitos exigidos para evaluar eventuales beneficios judiciales dirigidos a integrantes de grupos armados ilegales que participan en procesos de diálogo con el Gobierno.El encuentro se realizó en medio de un nuevo choque institucional luego de que la fiscal general Luz Adriana Camargo expidiera una resolución mediante la cual cerró la posibilidad de suspender las órdenes de captura antes de la entrada en funcionamiento de las zonas de ubicación.La Fiscalía condicionó cualquier avance en esa materia al cumplimiento y verificación de varios compromisos por parte del grupo armado ilegal. Entre las exigencias planteadas aparecen el cese de conductas que vulneren el Derecho Internacional Humanitario, la entrega de menores reclutados y el fin de las economías ilícitas.El ente acusador también reiteró que las Zonas de Ubicación Temporal deben entenderse únicamente como un mecanismo para facilitar la desmovilización, el sometimiento y el desmantelamiento del grupo armado, y no como una autorización de libre movilidad para sus integrantes.Esa misma postura fue reiterada nuevamente por la Fiscalía durante la reunión sostenida este jueves con el alto comisionado para la Paz.Pese a esa decisión, ha quedado claro que el presidente Gustavo Petro y el alto comisionado Otty Patiño autorizaron esta semana el traslado de integrantes de grupos armados ilegales hacia cinco Zonas de Ubicación Temporal con el objetivo de avanzar en los procesos de negociación.El Gobierno sostiene que el desplazamiento hacia esos territorios debe contar con garantías suficientes para permitir el cumplimiento de los compromisos dentro de las conversaciones de paz.Sin embargo, uno de los puntos más sensibles de la discusión gira alrededor de la presencia de personas requeridas en extradición dentro del listado de los 29 cabecillas incluidos en la solicitud de suspensión de órdenes de captura.Entre ellos figura alias “Chiquito Malo”, quien es solicitado en extradición por Estados Unidos y cuyo proceso ya cuenta con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia.Frente a este escenario, la Fiscalía insistió en la necesidad de honrar los compromisos internacionales de cooperación judicial, postura que la entidad ha venido defendiendo en distintos espacios, incluidos recientes encuentros con funcionarios de Estados Unidos.Ante las diferencias surgidas por este punto, el Gobierno confirmó excluir inicialmente a los integrantes requeridos en extradición de la primera fase de las Zonas de Ubicación Temporal mientras continúan las discusiones sobre el alcance de las medidas solicitadas.
Juan Felipe Palacio Vélez, de 26 años de edad, no pensó que su pasión por los tatuajes le terminaría costando la vida, pues, tras tener numerosas figuras en su cuerpo, se realizó otra más el pasado fin de semana, algo que, al parecer, le produjo una sepsis que, a su vez, causó un paro cardiaco que originó su muerte.Según contó su madre, la fiscal Alexandra Vélez, el joven se tatuó un extenso dibujo de un mago en una pierna durante los tres días de la feria Expotatuaje, que se realizó el fin de semana en Plaza Mayor, en Medellín. Para el lunes comenzó a sentirse indispuesto y al día siguiente, incluso, tuvo que ser reanimado por parte del personal del 123."Mi muchacho quedó ahí, lo tuvieron que reanimar. Vino el 123 a reanimarlo por 40 minutos, lograron volverlo a que él respirara, pero llega al Hospital General con muerte cerebral y, pues, se le para el corazón definitivamente ayer a las 7 y media de la mañana. Por una sepsis, el médico me dijo, es que él tiene una infección que es provocada por el tatuaje", contó la madre.Ahora, sus seres queridos cuestionan las condiciones de salubridad en las que le realizaron este procedimiento al joven durante la feria, donde suelen verse por parte de los espectadores estas figuras plasmadas en la piel en vivo."Hacen esos tatuajes sin ninguna asepsia, a la vista de todo mundo. Es una cosa de mucha irresponsabilidad, porque es una persona tirada en un salón de la Plaza Mayor, tatuando a una persona; es una herida, es que lo que es un tatuaje es una herida, eso es con varias sesiones y con intervalos de tiempo para que el cuerpo se recupere. Se tatuó de la nalga hasta el tobillo y, pues, le provocó una bacteria que me lo mató", detalló la mujer.La familia de Juan Felipe criticó que tras su muerte el estudio que lo tatuó durante el evento borrara el video donde se mostraba la figura. Blu Radio consultó a la organización de Expotatuaje sobre su versión de los hechos y hasta ahora no ha habido una respuesta, aunque se conoció que están analizando el caso junto con el tatuador y personal de la salud lo sucedido.Según su mamá, Palacio Vélez será recordado por su amor por las motos, incluso estudió una técnica en mecánica, y su gusto por trabajar con la madera. “Era un muchacho muy sano, que no tenía riesgos”, señaló.Alcaldía hace comités antes de eventosBlu Radio conoció que antes de cada evento de ciudad, diferentes secretarías de la Alcaldía de Medellín se reúnen en un comité para hacer requerimientos a los organizadores, sobre quienes recae la responsabilidad de lo que ocurra allí, además del cumplimiento de las normas.En el caso de Expotatuajes, se conoció que fue citado tanto al gremio de tatuadores como a los organizadores del evento y las autoridades les reiteraron todas las exigencias de tipo sanitario que estaban obligados a cumplir, además de que fueron convocados a una capacitación y recibieron orientación sobre estos lineamientos.A la par, durante el evento también se verificaron algunas condiciones, especialmente relacionadas con el tema de alimentos.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aceptó la renuncia irrevocable de Pedro Fabián Acosta a su cargo como asesor de esa cartera mientras que en materia penal se adelantan las investigaciones en su contra por su presunta responsabilidad por la presunta comisión del delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años.La Fiscalía General de la Nación imputó en 2024 a Pedro Fabián Acosta por la presunta comisión del delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, según el ente acusador, las víctimas serían las dos hijastras menores de edad del funcionario.La investigación incluye los testimonios de las niñas y varios registros audiovisuales que, presuntamente, habría realizado el exasesor del MinTic mientras las menores dormían o en espacios privados, como el baño o su habitación.“El señor Pedro Fabián Acosta se le metía al cuarto y se acostaba al lado de ella y le hacía tocamientos por encima de la ropa, cuando ella quería levantarse la agarraba fuerte de los brazos y no la dejaba salir y qué pasó en muchas ocasiones”, narró la Fiscalía durante la audiencia de imputación contra el exasesor de MinTic.De acuerdo con la denuncia, la madre de las menores y las presuntas víctimas aseguran estar enfrentando un escenario de amenazas e intimidaciones durante el desarrollo del proceso judicial. También aseguran que el funcionario habría mencionado supuestas influencias políticas por su participación activa en la campaña del actual gobierno.Las denunciantes además aseguran haber sido señaladas en procesos por presunta extorsión, hechos que consideran una forma de presión y revictimización en medio de la investigación penal.
Los abogados penalistas Felipe Alzate y Simón Hernández radicaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas amenazas, seguimientos, hostigamientos e intentos de infiltración relacionados, según indicaron, con el ejercicio de su actividad profesional y la representación de víctimas y procesados en distintos casos judiciales.De acuerdo con la denuncia presentada por los juristas, los hechos habrían comenzado desde el año pasado, luego de asumir la representación legal de varias víctimas dentro de procesos de alto perfil.En un comunicado público, los abogados aseguraron que las presuntas actuaciones intimidatorias representarían una afectación directa al ejercicio independiente de la profesión y al derecho de defensa.“Ningún abogado puede ser objeto de perfilamiento por cumplir con su deber profesional, por asumir una causa, por representar los intereses de sus clientes o por acudir ante las autoridades competentes en defensa de los derechos que le han sido confiados”, señalaron Alzate y Hernández.En el mismo documento, agregaron que “permitir que la intimidación condicione o limite el ejercicio libre e independiente de la profesión implicaría una afectación directa al derecho de defensa, debido proceso e incluso al acceso que debe tener cualquier ciudadano a la administración de justicia”.Los penalistas denunciaron haber sido víctimas de mensajes intimidatorios directos, seguimientos en entornos laborales y presuntos perfilamientos. Según indicaron, también existirían intentos de terceros por acceder a información sensible relacionada con su actividad profesional y los procesos judiciales que adelantan.Los abogados participan actualmente en varios casos de relevancia pública. Entre ellos aparece la representación de Beatriz Niño como presunta víctima del exembajador Daniel Garcés, la defensa del exalcalde William Dau y el litigio relacionado con el lote donde está ubicado el denominado Palo del Ahorcado.La denuncia también advierte que las presuntas intimidaciones no solo habrían afectado a los juristas, sino que se extenderían a familiares y personas de su entorno laboral.
A dos semanas de la primera vuelta presidencial, las advertencias sobre presiones de grupos armados ilegales en varias regiones del país mantienen encendidas las alarmas. Sin embargo, desde la MOE aseguran que, pese al difícil panorama, no se puede hablar todavía de una falta de legitimidad de las elecciones.Durante una entrevista en Sala de Prensa, Alejandra Barrios aseguró que el actual cierre de campaña es “el más difícil desde 2016”, debido al aumento de estructuras armadas ilegales y las disputas territoriales en zonas rurales. Aun así, defendió la capacidad institucional del país para sacar adelante las votaciones.“Colombia sabe hacer elecciones”, el mensaje de la MOELa frase más contundente de la entrevista llegó cuando Barrios recordó que el país ha realizado elecciones incluso en escenarios mucho más violentos.“Colombia sabe hacer elecciones”, afirmó. Y agregó: “Hicimos elecciones con el Caguán andando, hicimos elecciones con candidata presidencial secuestrada y las elecciones salieron adelante”.La directora de la MOE explicó que hoy el riesgo no se concentra únicamente en ataques directos a la jornada electoral, sino en la presión que ejercen grupos armados sobre comunidades rurales para limitar campañas, intimidar votantes o restringir la movilidad.Riesgo electoral en 185 municipios preocupa a la MOESegún explicó Barrios, actualmente existen 185 municipios con algún nivel de riesgo electoral, especialmente en regiones como el Cauca, Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño.La preocupación principal está en las zonas rurales, donde diferentes grupos armados se disputan el control territorial. “Un día controla un grupo, al otro día lo controla otro y al otro día se están dando bala para ver quién se queda con el territorio”, advirtió.A pesar de ese panorama, la MOE señaló que no existe evidencia de un dominio electoral similar al vivido durante la parapolítica. De hecho, explicó que en esos territorios los votos siguen distribuyéndose entre distintas fuerzas políticas.MOE pide esperar resultados y evitar “catastrofismos”De cara al día de las elecciones, Barrios pidió prudencia frente a los resultados cerrados que podrían presentarse en primera vuelta. La directora insistió en que los ciudadanos deben confiar en las instituciones electorales y permitir que jueces y notarios hagan el conteo oficial.“Tenemos que respirar esos días después de las 4 de la tarde y dejar que los jueces y notarios hagan su trabajo”, señaló.Finalmente, reiteró que sí existen amenazas y presiones en varias regiones, pero advirtió que desconocer anticipadamente el proceso democrático también puede generar más tensión en el país.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó este sábado que la operación militar y policial para intentar desbloquear carreteras en el departamento de La Paz y los posteriores enfrentamientos entre manifestantes y agentes dejaron 47 personas detenidas y cinco heridas.El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó a los medios que hacia el final de la tarde, se registraron 47 personas detenidas, en las ciudades vecinas de La Paz y El Alto, cuya situación fue monitoreada y se buscó que se les asignen abogados de defensa pública.También indicó que tienen registro de "5 personas heridas, entre ellas ciudadanos con afectaciones oculares y faciales que recibieron atención médica", sin dar mayores detalles al respecto.Además, la Defensoría verificó "agresiones e impedimento al trabajo de periodistas y trabajadores de la prensa en cobertura de los hechos", ante lo cual Callisaya pidió "proteger" la labor de los informadores.Al respecto, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) informó que dos periodistas de canales locales de televisión sufrieron lesiones "como efecto de una emboscada organizada" por personas que bloqueaban una ruta en el sur de La Paz, un sector que forzó a pedradas y con explosivos el repliegue policial y militar del lugar.En ese sitio, conocido como Lipari, uno de los informadores "fue retenido por varios minutos con violencia por los bloqueadores, que también destruyeron su teléfono móvil", señaló la ANP.La Defensoría del Pueblo indicó que también hubo "situaciones de confrontación entre sectores movilizados y vecinos en distintos puntos de bloqueo" y "afectaciones humanitarias derivadas de la prolongación del conflicto" y los bloqueos iniciados hace once días en el departamento de La Paz.La entidad recibió, además, "denuncias sobre posibles vulneraciones de derechos humanos durante operativos y movilizaciones, las cuales se encuentran en proceso de verificación institucional".Callisaya remarcó que la "prioridad" en este momento "debe ser la protección de la vida, la integridad y la convivencia pacífica" entre bolivianos.El defensor volvió a exhortar al diálogo e indicó que su entidad analiza con la Iglesia católica "la posibilidad de generar un espacio que contribuya a la desescalada del conflicto y a la reconciliación".La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz piden, con protestas callejeras y bloqueos de carreteras, la renuncia de Paz, al considerar que no puede solucionar los conflictos del país.Esta jornada se realizó una operación policial y militar conjunta para despejar las principales carreteras que conectan a La Paz con el resto del país y abrir un "corredor humanitario" para el paso de camiones con combustibles y oxígeno medicinal, además de vehículos particulares que estaban parados en las rutas.Además de la tensión en el sur de La Paz, también hubo resistencia de los manifestantes en la zona de Río Seco en El Alto, quienes respondieron con piedras y cargas de dinamita a los gases lacrimógenos que utilizaron los agentes para dispersarlos.La operación desbloqueó parcialmente la carretera troncal que une La Paz con la región de Oruro y el Gobierno ordenó luego el repliegue de policías y militares para evitar un "derramamiento de sangre" que afecte a cualquiera de los dos bandos.
Las autoridades civiles y militares del departamento del Meta y de la región del Guaviare encendieron las alarmas al confirmar que grupos de disidencias de las Farc vienen adelantando una campaña de carnetización obligatoria e ilegal en las zonas rurales, con el objetivo directo de ejercer control social y un severo constreñimiento al electorado de cara a los próximos comicios presidenciales.En una rueda de prensa conjunta, los altos mandos del Ejército Nacional explicaron que el trasfondo de los enfrentamientos armados en el sur de la región ya no radica únicamente en una disputa por rutas de economías ilegales o control territorial, sino que busca doblegar directamente a la ciudadanía."Se tiene evidencia e información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos", aseveró el Mayor General Erik Rodríguez jefe de estado mayor de operaciones del comando general de las fuerzas militares.De acuerdo con el reporte oficial, las estructuras delincuenciales implicadas son las disidencias de las Farc que responden a los alias de ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’. Contra este fenómeno, la fuerza pública mantiene operaciones sostenidas que han dejado afectaciones críticas y bombardeos estratégicos en la zona durante los últimos meses.Por su parte, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, denunció de forma categórica que esta estrategia de carnetización rural mutó rápidamente hacia una presión ilícita de carácter electoral en las comunidades más vulnerables.La mandataria departamental reveló que la población civil ha venido recibiendo panfletos y presiones directas desde hace meses, exigiéndoles inscribirse bajo directrices criminales para condicionar su derecho al sufragio en las elecciones de carácter presidencial.Las autoridades concluyeron asegurando que se desplegarán todas las capacidades del Plan Democracia para contrarrestar el impacto de los grupos armados e intentar blindar la libertad de sufragio de los habitantes del sur del Meta y el Guaviare.
El medio de comunicación norteamericano Axios asegura que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de ataque de Rusia e Irán desde 2023, y que parte de ese armamento fue almacenado en puntos estratégicos de la isla.Según inteligencia citada por el medio, funcionarios cubanos habrían discutido posibles ataques contra la base naval de Guantánamo, barcos militares de Estados Unidos y objetivos cercanos a Key West, en Florida, ubicada a solo 90 millas de Cuba.Axios menciona que Washington considera una amenaza creciente la cooperación militar entre Cuba, Rusia e Irán, pues contaría con la presencia de asesores iraníes y centros de espionaje operados por Rusia y China en territorio cubano.En medio de la tensión, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó el 14 de mayo a La Habana para advertir sobre posibles consecuencias ante cualquier acción hostil, pues les habría pedido desmantelar su gobierno totalitario para poner fin a las severas sanciones estadounidenses, según dijo un funcionario de la CIA a Axios.El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, por medio de la red social X, acusó a Estados Unidos de intentar justificar una agresión contra la isla. Agregó que “EE. UU. es el país agresor. Cuba, el país agredido”.Por su lado, la Cancillería cubana también respondió por medio de un mensaje en X, diciendo que “si Cuba es atacada, ejercerá su derecho a la legítima defensa”.Sin embargo, según Axios, funcionarios estadounidenses aseguran que Cuba no representa una amenaza militar inmediata. Aun así, admiten preocupación por el rápido desarrollo de su programa de drones.
Momentos de angustia y desesperación vivieron comerciantes y residentes del barrio La Floresta, en Barrancabermeja, luego de que un voraz incendio arrasara varios locales comerciales durante la madrugada de este viernes.La emergencia se registró hacia las 4:00 de la mañana en la carrera 31 con calle 73, justo en la esquina de la cancha de fútbol del sector, donde unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otros establecimientos cercanos.De acuerdo con el reporte preliminar, las llamas consumieron por completo una panadería y un emprendimiento de micheladas. Además, otros negocios como una heladería y una venta de granizados también resultaron afectados por la conflagración.En la mañana, las escenas eran desoladoras. Propietarios y trabajadores regresaron al lugar para remover escombros y tratar de recuperar parte de los elementos que no fueron destruidos por el fuego. Electrodomésticos, mobiliario y mercancía quedaron reducidos a cenizas, dejando cuantiosas pérdidas económicas para las familias que dependían de estos negocios.Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente las causas del incendio. Sin embargo, habitantes del sector aseguraron que durante la madrugada se presentaron varios bajones de energía en esta zona de la ciudad, situación que ahora hace parte de las hipótesis que serán analizadas dentro de la investigación.En medio de la intensa ola de calor que enfrenta Barrancabermeja y de los múltiples cortes y bajones de energía reportados durante mayo en diferentes sectores de la ciudad, habitantes del barrio La Floresta aseguraron que horas antes del incendio se presentaron fallas eléctricas en la zona.Aunque las autoridades aún no han establecido si existe relación entre estas fluctuaciones y la emergencia, la situación hace parte de las hipótesis que serán analizadas dentro de la investigación sobre las causas de la conflagración.Las autoridades continúan adelantando las labores de inspección para determinar el origen exacto de la conflagración y cuantificar los daños ocasionados por el incendio que generó alarma entre comerciantes y residentes de La Floresta.