La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a la exgerente del Instituto del Deporte y Recreación de Medellín (INDER), Diana Paola Toro Zuleta; al exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina; a la exjefe de Compras y exgerente general de esa entidad, María Eugenia Domínguez Castañeda; y al contratista Mauricio Jaramillo Botero, por presuntas irregularidades en un contrato para actividades recreativas, deportivas y físicas ejecutado entre 2020 y 2022.Según la investigación de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, durante la ejecución contractual se habrían vulnerado los principios de planeación, transparencia y selección objetiva, favoreciendo presuntamente a un contratista particular y causando un detrimento al patrimonio público superior a los $3.000 millones.La Fiscalía señaló que Toro Zuleta y Liévano Ospina deberán responder en juicio por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.Además, Liévano Ospina y Domínguez Castañeda fueron acusados por interés indebido en la celebración de contratos. De acuerdo con el ente investigador, presuntamente se omitieron estudios previos, se restringió la participación de otros oferentes mediante requisitos de experiencia limitantes y se fijó un plazo insuficiente para presentar ofertas, con el supuesto propósito de favorecer a la sociedad representada por Jaramillo Botero.Los tres exservidores públicos también fueron acusados por peculado por apropiación agravado en favor de terceros, pues habrían autorizado y permitido el pago de bienes e implementos deportivos a precios artificialmente elevados.El presunto sobrecosto detectado asciende a $3.705.259.410 y estaría relacionado principalmente con la adquisición de uniformes, balones, medallas e implementos deportivos. "Se presentó un sobrecosto considerable en la adquisición de bienes por parte de Mauricio Jaramillo Botero, en calidad de representante legal de la empresa mencionada, para suministrarlos a Metroparques. En las facturas de compra de bienes, como uniformes, balones, implementos deportivos y medallas valoradas en 2.942 millones", precisó. Por su parte, Mauricio Jaramillo Botero fue acusado como coautor interviniente del delito de peculado por apropiación agravado, al presuntamente obtener estos recursos mediante facturación y cobros sustentados en precios supuestamente inflados.
El Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá tuteló los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso y plazo razonable de Helicol y ordenó realizar una audiencia preliminar para definir la solicitud de desarchivo de una investigación relacionada con Ecopetrol, Ricardo Roa, entre otros.La solicitud para reabrir la investigación fue presentada por Helicol ante la Fiscalía en octubre de 2025. La empresa pidió revisar las actuaciones relacionadas con lo que considera un presunto favorecimiento a su competidora Helistar en procesos de licitación para el transporte de helicópteros.Según Helicol, la actuación de la Fiscalía para archivar el caso fue “superficial, sesgada y prematura”. La compañía también cuestionó la rapidez con la que se tomó la decisión y afirmó que se trató de una “celeridad inusual al denunciar un favorecimiento indebido a Helistar en las licitaciones para el transporte de Helicópteros”.Desde la presentación de la solicitud, la empresa buscó que un juez estudiara el pedido de desarchivo. Sin embargo, entre febrero y mayo de 2026 se frustraron varias audiencias preliminares innominadas convocadas para abordar el asunto.Ante la falta de una decisión de fondo, Helicol acudió a la acción de tutela. En el proceso constitucional se puso de presente que la solicitud de desarchivo había sido radicada el 30 de octubre de 2025 y que, pese al tiempo transcurrido, no había sido resuelta judicialmente.La decisión señala “a la fecha de presentación de la acción constitucional la solicitud de desarchivo radicada el treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025) no ha recibido decisión de fondo, pese a haber transcurrido aproximadamente nueve (9) meses”.El juzgado también consideró que la actuación había quedado en un estado que impedía obtener una respuesta judicial sobre la petición, debido a que las audiencias no se habían podido realizar y el despacho correspondiente había señalado que no podía reprogramarlas.En su fallo, el Juzgado 49 Penal del Circuito concluyó que se habían frustrado seis oportunidades para obtener una decisión judicial.“Por lo anterior, se tutelarán los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso y plazo razonable de la sociedad Helicópteros Nacionales De Colombia S.A.S.”, señaló el despacho.El juez explicó que las solicitudes habían sido devueltas por los jueces de control de garantías al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao sin que se resolviera el fondo de la petición, debido a la inasistencia de alguna de las partes o intervinientes.La decisión cuestionó que, en lugar de instalar las audiencias, los jueces hubieran dejado constancias secretariales sobre la inasistencia y posteriormente devuelto la carpeta.Según el fallo, esta situación podía prolongarse indefinidamente si el asunto continuaba siendo repartido a diferentes jueces sin que se adoptara una decisión sobre la solicitud de desarchivo.“No de accederse a las pretensiones de la demanda, el asunto seguirá siendo repartido a diversos jueces de garantías, durante meses y devuelto sin decisión de fondo”, sostuvo el juzgado.El despacho también señaló que esta dinámica afectaba los derechos invocados por Helicol, al impedir que la sociedad pudiera controvertir mediante los recursos ordinarios las decisiones relacionadas con la realización de la audiencia.Por esa razón, el Juzgado 49 Penal del Circuito ordenó que se realizara una audiencia preliminar innominada de desarchivo y que se fijaran fecha y hora para su celebración.
La Gobernación de Cundinamarca ordenó el cierre y la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, tras concluir un proceso administrativo sancionatorio relacionado con la muerte de la menor Valeria Afanador, quien fue hallada en un río continuo a la institución después de desaparecer del plantel.De acuerdo con la decisión administrativa, el establecimiento educativo fue declarado responsable por presuntas omisiones relacionadas con el deber de cuidado, la protección especial que requería la estudiante en su condición de síndrome de Down, y las fallas identificadas en los protocolos institucionales de seguridad y reacción.El cierre definitivo del colegio se hará efectivo una vez finalice el calendario académico correspondiente al año lectivo 2026. La rectora, Sonia Ochoa Daza, deberá presentar ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca, antes del 31 de octubre de 2026, un Plan de Reubicación de Estudiantes.Además, la Gobernación determinó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que esa entidad evalúe los hechos dentro de sus competencias.Entre las conclusiones del proceso administrativo se estableció que existían deficiencias en los mecanismos institucionales previstos para reaccionar ante la desaparición o pérdida de ubicación de un estudiante.El documento señala “Que hay una insuficiente estructuración institucional de mecanismos operativos de reacción inmediata” y agrega que la situación relacionada con la menor generó “actuaciones improvisadas y desarticuladas por parte de distintos integrantes de la comunidad educativa”.La decisión también indica que, aunque algunos docentes y funcionarios hicieron referencia a procedimientos generales para evacuaciones y emergencias, durante la investigación no se acreditó la existencia de una ruta institucional concreta para atender situaciones relacionadas con la desaparición o pérdida de ubicación de estudiantes.Según la Gobernación, el establecimiento tampoco había incorporado en sus instrumentos institucionales un procedimiento específico y suficientemente definido para atender este tipo de situaciones, pese a que se consideró un riesgo previsible dentro de la actividad educativa y de custodia.Otro de los aspectos analizados fue la cercanía del río Frío. De acuerdo con el documento, la institución había identificado la existencia del afluente, pero el riesgo había sido valorado principalmente frente a posibles inundaciones en zonas recreativas y no frente a una eventual afectación de integrantes de la comunidad educativa.La decisión también cuestiona la forma en que se desarrolló la búsqueda de la menor una vez se activaron los protocolos. “Los docentes coinciden en que se desplazaron a un punto de encuentro, realizaron llamado a lista de su grupo de estudiantes y voluntariamente algunos docentes y directivos iniciaron la búsqueda sin tener claro quién liderará el proceso”, señala el documento.La Gobernación agregó que tampoco se habrían organizado previamente las zonas de búsqueda ni se habrían corroborado de manera inmediata los registros de video para establecer cuáles eran las áreas que debían ser priorizadas.Para la autoridad departamental, estas circunstancias derivaron en una reacción que calificó como tardía dentro del análisis administrativo.El documento también respondió a los argumentos presentados por la institución durante el proceso. El colegio había señalado, entre otros aspectos, la existencia de un cronograma de vigilancia, personal de seguridad privada y zonas asignadas para la supervisión. Sin embargo, la decisión concluyó que la existencia de esos mecanismos no era suficiente para demostrar el cumplimiento del deber de cuidado.“No se acogen los argumentos de descargos según los cuales la existencia de un cronograma de vigilancia, de personal de seguridad privada y de la asignación de zonas de supervisión bastaría para tener por satisfecho el deber de cuidado”, señala la decisión.El documento sostiene que el material probatorio permitió establecer que esos mecanismos no funcionaron en el momento de los hechos y que la menor salió de su aula antes del descanso sin que se detectara oportunamente su ausencia, argumentos que fueron denunciados y alertados por el abogado de víctimas Julián Quintana, desde el fallecimiento de la menor. Además, actualmente una docente y el responsable del aera de vigilancia y seguridad fueron imputados por estos hechos.“La menor salió de su aula antes del descanso sin control, permaneció sola en zonas recreativas sin que ningún docente de vigilancia advirtiera su presencia, y su ausencia no fue detectada ni reportada de manera oportuna”, indica el acto administrativo.La Gobernación precisó que el análisis no se centró únicamente en determinar si el colegio contaba formalmente con herramientas de vigilancia, sino en establecer si esas medidas cumplían efectivamente su finalidad de protección y custodia.“No resulta suficiente el que simplemente se acredite la existencia de herramientas humanas o tecnológicas que apunten al deber de custodia y vigilancia, sino que lo relevante resulta en que tales mecanismos funcionen y logren el resultado para el cual fueron concebidos”, concluye el documento.
Un juez penal especializado de Bogotá dio lectura a la sentencia de 21 años y 4 meses de prisión contra Harold Barragán por su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación de armas de fuego en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tras obtener un preacuerdo con la Fiscalía.Según las pruebas recopiladas, participó en videollamadas en las que se coordinaron acciones previas y posteriores al ataque, incluyendo el reconocimiento del lugar donde se ejecutó el crimen. Además, se le atribuye haber seleccionado al adolescente que disparó contra la víctima, así como haber colaborado con Elder José Arteaga, alias 'Chipi', para facilitar su ocultamiento y evasión de las autoridades.La Fiscalía también estableció que Barragán Ovalle hacía parte de un grupo delincuencial dedicado a la comisión de homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes, entre otras actividades ilícitas.Por estos hechos, ya han sido vinculadas formalmente nueve personas. Entre ellas se encuentra Simeón Pérez Marroquín, señalado como intermediario entre los determinadores del homicidio, así como Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González,quienes ya fueron condenados a penas superiores a los 21 años de prisión.
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Ricardo Roa, exgerente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, por el delito de violación de topes de campaña, en una nueva etapa del proceso relacionado con los recursos que presuntamente no fueron reportados de manera correcta durante la primera y segunda vuelta presidencial.De acuerdo con lo señalado por el ente acusador durante la imputación de cargos, bajo la gerencia de Roa se habrían ejecutado gastos por más de $770 millones que no fueron registrados en el aplicativo Cuentas Claras. Entre estos recursos se encuentran dineros destinados a la Unión Sindical Obrera (USO), servicios de transporte y logística, así como pagos relacionados con publicidad.La Fiscalía también cuestionó que algunos de los gastos presuntamente habrían sido registrados en un periodo electoral diferente al que correspondía, situación que hace parte de los hechos por los que Roa fue llevado ante la justicia. Durante la diligencia de imputación, el exgerente de campaña no aceptó los cargos y aseguró ante el juez que era inocente.El caso llegó a la justicia penal después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) remitiera el expediente a la Fiscalía en noviembre pasado. La decisión estuvo relacionada con el papel que desempeñaba Roa como responsable de la campaña, pues desde ese cargo tenía participación directa en decisiones financieras y administrativas, como la aprobación de desembolsos, la firma de contratos y la validación de los registros contables.Para avanzar en la investigación, la Fiscalía tomó como referencia parte del material que ya había sido recopilado por el organismo electoral. Entre los elementos incorporados al proceso se encuentran documentos y registros relacionados con el manejo de los recursos de la campaña, obtenidos durante las actuaciones adelantadas por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz.Uno de los puntos centrales del caso está relacionado con el monto que, según el ente investigador, habría excedido los límites establecidos para la campaña presidencial. La Fiscalía sostiene que, al contrastar los gastos reportados con los elementos recaudados durante la investigación, el exceso habría llegado a más de $1.000 millones.Roa, por su parte, ha rechazado los señalamientos en su contra. Durante la audiencia de imputación ante un juez de control de garantías, el exgerente de campaña no se allanó a los cargos y manifestó que era inocente. Con la presentación del escrito de acusación, el proceso entra ahora en una nueva etapa. Sin embargo, todavía no ha sido asignado el despacho judicial que deberá conocer el caso, por lo que aún no se ha establecido la fecha ni la hora para la audiencia de acusación.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que avanza en diálogos para buscar preacuerdos o terminaciones anticipadas con los 11 presuntos integrantes del grupo delincuencial autodenominado PPP, investigados por hechos violentos y actos de vandalismo ocurridos en Bogotá durante jornadas de protesta social.La información se conoció luego de que el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado autorizara reservar la audiencia de acusación que estaba programada para este miércoles, a solicitud de la Fiscalía y de los abogados defensores de los 11 procesados.La petición fue sustentada en razones relacionadas con la seguridad de los investigados y sus defensores, así como con la exposición mediática del proceso. Las partes manifestaron que “no quieren que los medios de comunicación descontextualicen el proceso”, además de advertir sobre supuestas amenazas surgidas después de que el caso fuera conocido públicamente.La jueza que lleva el proceso consideró que debía priorizarse la seguridad de las personas vinculadas al expediente. En ese sentido, señaló que la exposición de los procesados y de sus abogados podía representar un riesgo, teniendo en cuenta las amenazas y comentarios publicados en redes sociales.“Considera el juzgado que, en la medida que se ha solicitado, pues, debe primar ante todo el aspecto relacionado con la seguridad, no solamente de los aquí procesados, sino también de quienes han ejercido su defensa”, manifestó la funcionaria judicial.La jueza agregó que algunos de los abogados hacen parte de organizaciones no gubernamentales relacionadas con la defensa de los derechos humanos y que, por esa razón, también podrían verse expuestos a situaciones de riesgo.“Puede verse avocado atendiendo, pues, esas exposición de sus imágenes frente a varias situaciones y varias amenazas que se han presentado y comentarios en redes sociales a los que se han visto abocados y los que se han visto expuestos”, explicó.La decisión, sin embargo, fue controvertida por el representante de TransMilenio, reconocido como víctima dentro del proceso. El representante rechazó la solicitud al considerar que los argumentos presentados no tenían sustento suficiente en las disposiciones del Código de Procedimiento Penal.Pese a esa oposición, el despacho judicial accedió a la petición y determinó que la próxima audiencia se realizará el 7 de octubre.El proceso ha sido objeto de controversia por los hechos que la Fiscalía atribuye a los 11 investigados. Entre ellos se encuentran ataques contra buses del Sistema Integrado de Transporte Público, daños a estaciones de TransMilenio, fabricación de bombas molotov y actos de violencia contra integrantes de la Policía y ciudadanos. Además, durante la investigación se ha mencionado una presunta financiación por parte del ELN y el supuesto uso de universidades públicas de Bogotá como lugares de refugio. Estos elementos hacen parte de las hipótesis y actuaciones que han sido objeto de investigación dentro del proceso.Hace aproximadamente seis meses, la Fiscalía imputó a los procesados, de acuerdo con su presunta participación, los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, incendio, lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, daño en bien ajeno, perturbación en el servicio de transporte público y fabricación o porte de armas o explosivos.Ahora, el expediente fue reasignado dentro de la estructura de la Fiscalía a la Unidad de Justicia Restaurativa, en el marco de un grupo especial creado para abordar hechos de violencia ocurridos durante jornadas de protesta social.La Fiscalía ha explicado que esta nueva estructura busca revisar los casos para establecer con mayor precisión las responsabilidades individuales, avanzar en la judicialización de quienes hayan cometido delitos graves y evaluar, cuando la legislación lo permita, mecanismos como la conciliación o la reparación integral.En este caso, la posibilidad de llegar a preacuerdos o a terminaciones anticipadas se encuentra actualmente en discusión entre la Fiscalía y los defensores de los 11 procesados. La audiencia de acusación quedó aplazada mientras avanzan esas conversaciones. La próxima diligencia se realizará el 7 de octubre.
A un año del magnicidio y posterior fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, el proceso judicial ha dejado siete condenas contra personas vinculadas a la ejecución y logística del atentado, mientras permanece pendiente el avance de la judicialización de los cabecillas de la Segunda Marquetalia señalados por la Fiscalía como presuntos determinadores del crimen.Víctor Mosquera, abogado representante de las víctimas y de la familia Turbay, hizo un llamado para que la investigación avance más allá de los responsables materiales. “Tengo el deber de decir que, un año después, el homenaje más importante que podemos hacerle no consiste solamente en recordarlo. Consiste en exigir verdad y justicia”, afirmó.El abogado reconoció los avances alcanzados por la Fiscalía y señaló que “la investigación ha permitido avanzar por la labor incansable de la Fiscalía y se ha judicializado a todos los autores materiales. Es un resultado que debe reconocerse. Pero no es suficiente”. Mosquera insistió en la necesidad de establecer quiénes estuvieron detrás de la planeación del atentado y cuál fue la cadena de responsabilidades. “Colombia necesita saber quiénes determinaron este crimen. Quiénes lo instigaron. Quiénes lo financiaron. Quiénes impartieron las órdenes. Quiénes tuvieron interés en silenciar a Miguel”, señaló.En este punto permanece uno de los principales asuntos pendientes dentro de la investigación. Un juez de control de garantías negó la solicitud de la Fiscalía para declarar como personas ausentes a siete cabecillas de la Segunda Marquetalia, entre ellos alias “Iván Márquez”, “John 40”, “Zarco Aldinever”, “Rusbel”, “Enrique Marulanda”, “Gonzalo” y “Yako”, investigados por su presunta responsabilidad como determinadores del magnicidio.El despacho concluyó que no estaban acreditados los requisitos materiales y formales para adoptar esa decisión. Entre los argumentos expuestos estuvo la existencia de errores en las labores de localización adelantadas por la Policía Judicial en el caso de Kendry Téllez, incluida la utilización de un correo electrónico y un número telefónico equivocados.Además, la juez señaló que la Fiscalía debía realizar labores de búsqueda individualizada frente a los demás investigados, pese a que registros de la Nueva EPS reportaban, para mayo de 2026, afiliaciones activas y datos de contacto vigentes en territorio nacional. Por esta razón, el despacho exhortó a la Fiscalía a corregir las falencias detectadas y realizar nuevas labores de ubicación. “En consecuencia, el despacho exhortó a la delegada fiscal para que subsane las falencias detectadas, realicen las instalaciones y verificaciones correspondientes mediante los canales de contacto correctos y adelanten nuevas labores de ubicación”, señala la decisión.La Fiscalía, por ahora, asegura que no ha presentado nuevamente la solicitud de declaratoria de persona ausente, debido a que continúan las actividades de policía judicial ordenadas por la juez.Mientras tanto, el proceso registra avances frente a quienes ya fueron judicializados. De las nueve personas procesadas, siete han obtenido condenas mediante preacuerdos. Entre ellas está Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño” o “Chipi”, con un preacuerdo aprobado por 26 años y tres meses de prisión, aunque está pendiente la lectura de sentencia.También está William Fernando González Cruz, alias “El Hermano” o “El Viejo”, con un preacuerdo aprobado por 21 años y nueve meses de prisión, y Harold Daniel Barragán Ovalle, con un preacuerdo de 21 años y cuatro meses de prisión, cuya lectura de sentencia está prevista para el 14 de agosto.Asimismo, Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, fue condenado a 22 años y cuatro meses de prisión; Katherine Andrea Martínez Martínez recibió una condena de 21 años y dos meses; y Carlos Eduardo Mora González fue condenado a 21 años de prisión. En el caso del menor de edad vinculado al atentado, se impuso una sanción de siete años de internamiento preventivo.Aún está pendiente el aval de la negociación alcanzada con Cristian Camilo González Ardila, señalado de ser el motociclista encargado de labores logísticas y de transporte del sicario. También está pendiente la definición de un eventual preacuerdo para Jhorman David Mora Silva, señalado de realizar una videollamada al menor de edad para convencerlo de ejecutar el ataque. De aprobarse esa negociación, podría enfrentar una pena superior a diez años de prisión.
Tan solo han pasado 30 días desde la muerte de Loqui, un perro de raza pastor del Caucásico de cinco años en el municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá, y el vacío continúa para Lilliana Sierra Martínez quien quedó con el sinsabor de que presuntamente donde su mascota recibió un baño hubo falta de atención a su caso.Según narró la mujer en su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, fue contactada por la veterinaria donde llevó al canino 50 minutos después de dejarlo allí con el especialista en cortes, indicándole que se había vomitado y no respondía. Cuando llegó al establecimiento comercial llamado “Mi corazón animal” este no respondía, por lo que lo llevó a urgencia veterinarias y allí se confirmó su deceso.La denuncia fue presentada ante el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), en la que la mujer pidió adelantar las actuaciones necesarias para esclarecer lo sucedido. Entre las solicitudes hechas al ente investigador están la recolección de los registros de cámaras de seguridad del establecimiento, la inspección del lugar donde ocurrieron los hechos y la práctica de las pruebas que permitan determinar si hubo alguna conducta que derivara en la muerte del canino."Solicitamos los videos de la zona de baño y, evidentemente, se ve la triste realidad. Durante 35 minutos, Loki tiene un episodio de asfixia por el uso excesivo y desmedido del bozal. El groomero bañador no identifica los cuatros momentos más críticos, todo lo contrario, él aprieta cada vez que él intenta hacer un movimiento fuerte, aprieta cada vez más el bozal", narró.Como parte de los documentos aportados a la denuncia figura el acta de defunción expedida por el centro veterinario Noah Club. En el documento se indica que Loqui ingresó de urgencia en brazos de un joven que manifestó ser el ‘groomer’ canino y al ser examinado por el personal médico, este tenía las pupilas dilatadas, la lengua cianótica y acumulación de secreción salival en la boca y la orofaringe."Solo 5 minutos después, cuando él termina la fase del secado con el secador, pues, da cuenta que él ya no tiene vida. Durante los 4 momentos más críticos, el bañador se entretiene con el celular, lo mira, lo observa, hace otras cosas, pero no está conectado con el con el con el proceso que está llevando", señaló.Sierra Martínez indicó que busca que la Fiscalía establezca qué ocurrió durante la prestación del servicio y determine si existen responsabilidades por la muerte de su mascota. Entretanto, el caso quedó en conocimiento de las autoridades competentes, que deberán definir si hay mérito para avanzar en una investigación penal.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a un exmilitar por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre ocurrido el 24 de agosto de 2014, en el municipio de Girón, Santander.De acuerdo con la investigación, durante la noche de ese día varias personas se encontraban reunidas en una calle del municipio de Girón cuando fueron abordadas por un grupo de soldados profesionales que adelantaba labores de patrullaje, vigilancia y registro.Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, el entonces soldado profesional Benjamín Méndez Asenso habría disparado por la espalda contra uno de los hombres, quien se retiraba del lugar. El impacto le habría ocasionado la muerte.El ente investigador también estableció que, la víctima presuntamente no se opuso a la requisa. Por la acción del entonces soldado profesional la víctima falleció."Se cuenta con materia probatorio que evidencia que el exintegrante del Ejército Nacional estuvo en el lugar de los hechos y que sostuvo una conversación con la víctima, a quien, al parecer, le disparó sin justificación alguna", dice el fiscal del caso. La investigación fue coordinada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, con sede en Bucaramanga. Los investigadores recopilaron elementos materiales probatorios que ubicarían a Méndez Asenso en el lugar de los hechos y que indicarían que habría sostenido una conversación con la víctima antes del disparo.Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.La Fiscalía aclaró que los hechos son materia del proceso judicial y que la responsabilidad penal del exmilitar deberá ser determinada por las autoridades competentes.
Dos mujeres que estarían implicadas en un entramado ilegal, que habría utilizado letras de cambio diligenciadas irregularmente para obtener recursos mediante el cobro fraudulento de préstamos otorgados a integrantes de la Policía Nacional en Cértegui (Chocó), fueron judicializadas por la Fiscalía General de la Nación.Las dos mujeres presuntamente utilizaron títulos valor con firmas falsas o alteradas para promover procesos ejecutivos contra los uniformados.La Fiscalía General relacionó las denuncias de 13 víctimas notificadas de procesos ejecutivos de mínima cuantía, en los que aparecían como demandadas por deudas que aseguraron no haber adquirido con una cooperativa.El fiscal que lleva el caso señala que las pruebas de grafología concluyeron que las firmas de las víctimas en los títulos valor presentaban alteraciones.“La prueba grafológica está afirmando que no hay uniprocedencia entre la firma que utilizan las víctimas de las demandas y del proceso penal, por supuesto, y las que están consignadas en el título valor”, resaltó el fiscal.Estas letras eran endosadas a una cooperativa representada legalmente por Mena Pacheco que promovió demandas ejecutivas contra los afectados.Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación estableció que así se inducía en error a la administración de justicia con el fin de obtener fallos favorables y conseguir el embargo de hasta el 25 % del salario de las víctimas.La Fiscalía General les imputó los delitos de falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito de particulares y fraude procesal. Los cargos no fueron aceptados.Por estos mismos hechos, recientemente fueron judicializados un subintendente de la Policía Nacional y una particular que también habrían participado en el entramado ilegal.
El Tolima enfrenta una emergencia por los incendios forestales, pero en Coello una escena registrada durante las fiestas desató indignación, un vehículo del Cuerpo de Bomberos aparece utilizando agua para mojar a las personas que participaban en comparsas y actividades festivas.La denuncia fue realizada este sábado por Natalia Martínez , quien relató a Blu Radio lo ocurrido y cuestionó duramente la decisión de utilizar el vehículo de emergencia en medio de la calamidad pública que enfrenta el departamento.Natalia fue contundente al advertir que Coello también ha tenido que enfrentar incendios forestales , y recordó una situación que genera todavía mayor indignación: mientras el carro de Bomberos era utilizado en las fiestas, una emergencia registrada recientemente en el municipio tuvo que ser atendida a lomo de mula .Su denuncia fue directa, “En el marco de la declarada calamidad pública a nivel departamental (...) se pueden registrar videos en donde se utiliza el carro de Bomberos del municipio para mojar a la gente que está en comparsas, bailando, festejando”.Y Natalia fue más allá al cuestionar las prioridades de la administración municipal, “Tenemos bastantes incendios alrededor y uno de ellos ocurrió en el municipio de Coello y fue apagado a lomo de mula”.Para la denunciante, lo ocurrido resulta especialmente preocupante porque el departamento atraviesa una emergencia que exige tener disponibles todos los recursos para atender posibles incendios, “La verdad es preocupante e indignante que la administración tome medidas sin empatía y privilegiando a unos pocos cuando tenemos una emergencia humanitaria y una calamidad pública en todo el departamento” , afirmó Natalia.La denuncia generó además la reacción de la comunidad. Carolina Avendaño Toro aclaró que su molestia no está relacionada con la realización de las fiestas, sino específicamente con el uso del vehículo y del agua del Cuerpo de Bomberos, “Yo no me pongo brava a que hagan las fiestas (...) pero no el carro de Bomberos, no. O sea, el agua no se toca”.La controversia llegó hasta la Gobernación del Tolima. La gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas hizo un llamado al alcalde de Coello, Santiago Herrera Yépez , y cuestionó que un vehículo destinado a atender emergencias haya sido utilizado para actividades diferentes a su misión, “Es una irresponsabilidad que hagan fiestas y que dispongan de un carro de Bomberos para ello. El Tolima se está quemando y en cualquier momento esa máquina se podría necesitar ”, advirtió la mandataria.Matiz señaló que respeta la autonomía territorial, pero consideró “altamente ilógico e inconcebible” disponer de un carro de Bomberos y de agua para una caravana o actividad diferente a su misionalidad, cuando existen múltiples puntos críticos por incendios en el departamento.La pregunta que queda ahora sobre la mesa es quién autorizó el uso del vehículo, por qué fue destinado a esta actividad y bajo qué circunstancias se dispuso del agua , mientras los organismos de socorro mantienen su capacidad operativa para responder a la emergencia forestal.En un Tolima que hoy necesita cada carro, cada bombero y cada litro de agua para enfrentar el fuego, las imágenes de un vehículo de Bomberos mojando a personas en medio de una fiesta provocaron indignación y abrieron un nuevo debate sobre las prioridades en plena calamidad pública.
El terremoto de San José del Palmar dejó en Armenia una emergencia marcada por los daños en viviendas y la incertidumbre de miles de habitantes que no han podido regresar a sus hogares. El alcalde de la ciudad, James Padilla Motoa, explicó que la administración municipal avanza en la identificación de las afectaciones y en la atención de las familias damnificadas.Padilla destacó que la preparación de Armenia en materia de sismorresistencia permitió que las personas pudieran evacuar sin que, según señaló, se desmoronaran estructuras. Sin embargo, advirtió que persiste una emergencia social debido al deterioro de viviendas, apartamentos y edificios.“Tanto la gente de los estratos altos como de los estratos más bajos tienen el mismo común denominador, que es que no quieren regresar a sus viviendas, se encuentran muy averiadas hasta tanto no tengamos un diagnóstico”.El alcalde señaló que la administración habilitó un enlace para que los ciudadanos registraran los daños en sus residencias. De acuerdo con su reporte durante la entrevista, ya se habían registrado más de 12.000 personas, mientras que algunas permanecían en espacios públicos y en lugares dispuestos para la atención temporal.Albergue temporal y evaluación de dañosUno de los puntos habilitados por la administración municipal es el Coliseo del Sur, donde se instaló un albergue temporal para brindar atención prioritaria. Padilla indicó que también hay personas que están durmiendo en salones comunales, gimnasios y otros espacios públicos debido a las condiciones de sus viviendas.“Estamos trabajando barrio por barrio determinando los daños de Armenia”, afirmó el mandatario, quien insistió en la necesidad de contar con evaluaciones realizadas por profesionales especializados antes de determinar el regreso de las familias a sus hogares.Gobierno nacional analiza ayudas para viviendaFrente a la emergencia, el alcalde aseguró que la administración municipal ha establecido comunicación con el Gobierno nacional para gestionar respuestas para las familias afectadas.Según Padilla, se trabaja en la evaluación y caracterización de los hogares para determinar posibles auxilios de arrendamiento y recursos destinados al mejoramiento de vivienda cuando los inmuebles puedan ser restaurados.“La directriz del presidente es sacar unos recursos importantes, hacer la evaluación, hacer la caracterización de cada una de estas familias y de estas personas para que obtengan auxilios de arrendamiento, y también para mejoramiento de vivienda”.El alcalde reiteró que el proceso de atención continúa con la evaluación de los daños registrados en distintos sectores de Armenia.Escuche el programa completo acá:
Este sábado, 15 de agosto de 2026, Travesía Blu dedicó su emisión a la solidaridad con las regiones colombianas afectadas por recientes desastres naturales, resaltando la importancia de apoyar al sector turístico en momentos de crisis. En este episodio se analizó la identidad gastronómica del país, se discutió la accesibilidad de los viajes en la actualidad y se conocieron las medidas de seguridad en la hotelería frente a emergencias. Además, los oyentes exploraron rutas ferroviarias emblemáticas del mundo y se sorprendieron con los cantos rítmicos de la fauna en Madagascar.Se debatió sobre: ¿Viajar sigue siendo un lujo o es hoy más accesible de lo que creemos? Se concluyó que, si bien para muchos sigue siendo un lujo que requiere ahorros de toda una vida, la democratización de la información y la existencia de planes locales cercanos a las ciudades permiten que el turismo sea hoy un placer más alcanzable dependiendo de cómo se canalicen las búsquedas.Tema central: Lina Gutiérrez, periodista gastronómica conocida como "Madame Papita", conversó sobre cómo la cocina es el mayor reflejo de la cultura y el amor de un pueblo; enfatizó el papel de las plazas de mercado como destinos turísticos esenciales y advirtió sobre el riesgo de perder la historia gastronómica y la tradición de las "ollas comunitarias" en regiones golpeadas por la tragedia como el Chocó y el Pacífico.En ‘Recomendado’: Bajo el lema "Solidaridad tras el terremoto", se escucharon las voces de líderes del sector; José Duarte (Cotelco) informó sobre daños en infraestructuras hoteleras y protocolos de evacuación, mientras que la alcaldesa de Versalles (Valle), Alba Marina Gómez, pidió apoyo para reconstruir su municipio. Asimismo, se invitó a los turistas a no cancelar sus reservas en destinos como Bahía Solano y Salento, que operan con normalidad, para impulsar la reactivación económica.En ‘Cinema travel’: Luis Carlos Rueda destacó el estreno de la película “Exorcismo en el tren”, que cuenta la historia de una monja que atraviesa una crisis de fe. A partir de la cinta, habló sobre el turismo ferroviario y resaltó rutas como el Tren de la Sabana, el Chepe, el Transiberiano y el viaducto de Glenfinnan, en Escocia, conocido por las películas de Harry Potter.En ‘Ecosistemas Blu’: Santiago Uribe, director de BritCham Colombia, presentó la convocatoria 2026 de los Premios Lazos a la Sostenibilidad, un espacio que reconoce las mejores prácticas empresariales en nueve categorías, incluyendo gestión del agua, biodiversidad y liderazgo ambiental.En ‘Paisaje sonoro’: Los oyentes viajaron a Madagascar para escuchar el canto del Indri Indri, un lemur cuyas vocalizaciones poseen un sentido del ritmo similar a la música humana; este sonido, que se escucha entre las 7 y 11 de la mañana, es utilizado para defender su territorio y mantener unido al grupo familiar.Escuche el programa completo acá:
El Chance Paisita Noche es uno de los sorteos más consultados en Antioquia, donde miles de jugadores siguen sus resultados para conocer la combinación ganadora. El juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta y, desde 2025, también incorpora una quinta balota como alternativa adicional.Resultado del Paisita Noche hoy, sábado 15 de agosto de 2026El número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 15 de agosto de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: (en minutos)Número ganador: (en minutos)Dos últimas cifras: (en minutos)Tres últimas cifras: (en minutos)Quinta balota: (en minutos)Los participantes pueden consultar el resultado en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados para comprobar si su tiquete obtuvo algún premio.¿A qué hora juega el Paisita Noche?El sorteo se realiza todos los días, con horarios diferentes según la jornada:De lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada.Modalidades de apuesta del Paisita NocheCuatro cifras directo o superpleno:Consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.Combinado de cuatro cifras:Permite ganar al acertar las cuatro cifras, aunque estén en un orden diferente.Tres cifras directo:Premia cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente y mantienen el orden oficial.Combinado de tres cifras:Entrega premio cuando las tres cifras finales coinciden, sin importar su posición.Dos cifras o pata:Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del resultado ganador.Una cifra o uña:Premia a quienes aciertan solamente la última cifra sorteada.Quinta balota del Paisita NocheLa quinta balota fue incorporada al juego durante 2025 como una cifra adicional que acompaña el resultado principal. Esta opción brinda una posibilidad complementaria de obtener premios cuando coincide con la apuesta realizada.Requisitos para reclamar premiosEl proceso de cobro depende del valor obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador.Documentos básicos:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Premios menores a 48 UVTSolo requieren la documentación básica para realizar el cobro.Premios entre 48 y 181 UVTAdemás de los documentos obligatorios, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.Premios superiores a 182 UVTTambién se debe presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria Puede tardar hasta ocho días hábiles.Con sorteos diarios, varias modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el Paisita Noche continúa entre los chances más consultados por los jugadores de Antioquia y otras regiones de Colombia.
No hay ninguna calle del municipio de El Cairo, Valle del Cauca, que no tenga viviendas destruidas por el terremoto del lunes pasado, pese a lo cual sus habitantes, en medio de la tristeza, se resisten a perder la esperanza.Este pueblo, en el que viven unas 7.000 personas, tiene según las autoridades locales, el 100 % de sus edificaciones con al menos una afectación leve y la mayoría de sus fachadas muestra marcas que dicen "Peligro grave", "Peligro colapso" o "Acceso prohibido".Todas las casas conservaban la típica arquitectura colonial campesina que caracteriza a la mayoría de pueblos de la turística región del norte del Valle del Cauca, que hacían de este un municipio cautivador, pero ahora muchas de ellas están en el suelo.Por esa razón, sus habitantes trabajan sin descanso, con la ayuda de autoridades, trabajadores de empresas de servicios públicos y voluntarios que han llegado de todo el país, en la recogida de escombros para empezar, lo más pronto posible, la reconstrucción de su pueblo querido. Las calles están llenas de tierra, ladrillos y restos de madera, pero eso no impide que la gente camine y ofrezca su ayuda para lo que haga falta, incluso hay lugares donde ofrecen agua y comida a quienes van andando porque la solidaridad marca el ritmo de las labores de remoción."Uno queda en otro mundo""Esto es una cosa impresionante. Yo no me encontraba en la residencia, ya me había desplazado a mi lugar de trabajo", dice a EFE Agustín Restrepo Benavides, sepulturero de El Cairo, frente a su casa, que ya no tiene segundo piso y está a punto de colapsar por completo.Esa casa, de fachada blanca con puertas y ventanales amarillos, era propiedad de Restrepo y de su familia desde hace más de cinco décadas y actualmente la habitaba con su hermana y una inquilina a la que tenían alquilados "los bajos", quienes tampoco estaban allí cuando el sismo de magnitud 7,4 del lunes pasado la destruyó."Aquí quedaba el Teatro Nancy. Mi padre lo compró, la arregló y desde entonces fue de nuestra familia", cuenta Restrepo.El hombre revela su sensación de incertidumbre ya que aún no sabe si podrán volver a vivir en ese terreno porque la tierra de la zona está erosionada y puede ser riesgoso."Hay que esperar qué dicen los especialistas, esperar si se puede volver a construir o no", dice el hombre, que siente mucha tristeza de ver su pueblo completamente destruido.Sin embargo, el sepulturero agradece las ayudas humanitarias que han enviado a la zona y se muestra esperanzado, porque a pesar de las dificultades, cree que El Cairo volverá a salir adelante."Esto es a largo plazo, serán dos o tres años en los que El Cairo se podrá recuperar (...) En estos momentos hay que bregar (intentar) tener fe en Dios, vamos a salir", añade.Unas 60 casas por demolerEn El Cairo, que tiene trece calles de largo y cinco de ancho, hay unas 60 casas por demoler, explica el alcalde encargado, Carlos Alberto Correa, quien añade que el terremoto dejó tres personas fallecidas y cuatro heridos. No hay desaparecidos."Si ustedes pueden ver, el municipio de El Cairo está afectado en un 100 % de sus estructuras. Necesitamos tejas españolas, hojas de zinc, listones, cartones, puntillas para la parte de infraestructura", señala Correa.El alcalde encargado, que recibe a decenas de personas que lo buscan pidiendo ayuda y trabaja de la mano con su equipo para atender las necesidades de los pobladores, destaca la ayuda humanitaria que han recibido, que ha permitido satisfacer las necesidades básicas de los habitantes.No obstante, insiste en que la prioridad es "la parte de la infraestructura para empezar a recuperar algunas viviendas que solamente tienen problemas en los techos".Este pueblo ha recibido ayuda de ingenieros de toda Colombia e incluso de tres de la Universidad de Cataluña, que viajaron hasta esta remota localidad del país para ayudar a los damnificados.Correa destaca que la labor de liderar la recuperación de El Cairo "no ha sido tan complicada" porque cuentan "con la solidaridad de la gente"."Lo que pasa es que es una tarea ardua porque hasta ahora estamos comenzando. Sabemos que esto se puede demorar seis meses o un año. Volver a reconstruir El Cairo es difícil, teníamos el cuarto municipio más bonito de Colombia y mire cómo quedó. Pero bueno no podemos luchar contra los fenómenos de la naturaleza", concluye el alcalde encargado, que como sus paisanos no se rendirá hasta recuperar lo que el terremoto les quitó.