El Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó la visa de ingreso a ese país al expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, al actual alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña Cardales, y a un grupo de congresistas y excongresistas colombianos. De acuerdo con la información divulgada, la decisión se adoptó dentro de la política anticorrupción y contra el narcotráfico aplicable a la región.La sanción diplomática alcanza a ex directivos de empresas estatales, mandatarios locales en ejercicio, parlamentarios electos y exmiembros del Congreso de la República.Según el reporte del documento norteamericano, entre las personalidades cobijadas por la cancelación de la visa se encuentran líderes políticos vinculados a diferentes sectores institucionales del país.La restricción impida el ingreso a territorio estadounidense de manera inmediata a las personas incluidas en el listado oficial emitido por las autoridades de ese país.¿A quiénes les quitó la visa Estados Unidos en Colombia?De acuerdo con el listado divulgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las personas afectadas con la cancelación del visado son:Ricardo Roa Barragán: expresidente de Ecopetrol.Yahir Fernando Acuña Cardales: alcalde de Sincelejo.Wadith Alberto Manzur Imbett: senador y exmiembro de la Cámara de Representantes.Karen Astrith Manrique Olarte: representante a la Cámara electa.Julio Elías Chagüi Flórez: exsenador de la República.Liliana Esther Bitar Castilla: exsenadora de la República.José Ignacio Mesa Betancur: excongresista y exalcalde de Envigado.¿Por qué el Departamento de Estado tomó esta decisión?Según precisa el informe procedente de Estados Unidos, el retiro del visado a este grupo de ciudadanos colombianos se ejecutó en el marco de la aplicación de las normas y estrategias destinadas a la lucha contra la corrupción y el combate al narcotráfico en el hemisferio occidental.
El apartamento 901 del edificio Entre Parques, en el sector de El Chicó, al norte de Bogotá, volvió a estar en el centro de la atención luego de que fuera puesto en arriendo por 40 millones de pesos mensuales. El inmueble está relacionado con el proceso judicial que enfrenta el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa por el presunto delito de tráfico de influencias.El penthouse, que Roa comparte con su pareja, está ubicado cerca de la calle 92 con carrera 8 y cuenta con aproximadamente 400 metros cuadrados. La oferta inmobiliaria incluye, entre otros espacios, una terraza privada, tres habitaciones, oficinas y una cocina italiana. El canon anunciado es de 40 millones de pesos mensuales. El inmueble es precisamente uno de los elementos centrales de la investigación que llevó a la Fiscalía a imputar a Roa por presunto tráfico de influencias. De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, la adquisición del apartamento estuvo relacionada con actuaciones que habrían favorecido los intereses de Juan Guillermo Mancera.Según lo expuesto por la Fiscalía en el proceso, Roa adquirió el apartamento por 1.800 millones de pesos, mientras que el valor comercial estimado del inmueble era de 2.727.569.550 pesos. La diferencia fue calculada en aproximadamente 927 millones de pesos, equivalente a un 34 % por debajo del valor comercial. Dentro de la investigación, la Fiscalía ha señalado que Juan Guillermo Mancera habría actuado como intermediario y garante del pago.La hipótesis del ente acusador sostiene que los beneficios alrededor de la adquisición del apartamento estarían relacionados con actuaciones posteriores de Roa para favorecer intereses vinculados a Mancera. Entre los elementos expuestos en el proceso aparecen reuniones y actuaciones relacionadas con un proyecto de Hocol.
La audiencia de acusación contra Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, por el delito de violación de topes de campaña se realizará el próximo 30 de octubre a las 2 de la tarde, en una nueva etapa del proceso relacionado con los recursos que presuntamente no fueron reportados de manera correcta durante la primera y segunda vuelta presidencial.De acuerdo con lo señalado por el ente acusador durante la imputación de cargos, el exceso total en los gastos de campaña habría ascendido a aproximadamente 1.664 millones de pesos. Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que existen elementos materiales que demostrarían el conocimiento que tenía Roa sobre los gastos y reportes entregados a las autoridades electorales. El delegado del ente investigador aseguró que varias facturas fueron emitidas directamente a nombre del entonces gerente de campaña y contenían sus datos de facturación electrónica, dirección, teléfono y correo electrónico.De acuerdo con el ente acusador, el gasto real de la campaña en primera vuelta presidencial ascendió a 29.924 millones de pesos, cifra que habría superado en 1.388 millones el límite permitido por la ley electoral. Mientras tanto, en segunda vuelta, la campaña habría excedido el tope autorizado en 276 millones de pesos.Para el ente investigador, estas presuntas irregularidades comprometerían la transparencia electoral y afectarían el principio de igualdad entre los distintos competidores dentro del proceso democrático. Recordemos que por este caso hubo una reunión entre Ricardo Roa y el fiscal Elkin Ardila quien investiga la presunta violación de topes electorales, sin embargo, la Fiscalía le aclaró las condiciones necesarias para tramitar una eventual negociación. Para ello, Roa deberá presentar una solicitud formal por escrito, radicar una matriz de colaboración que identifique hechos y personas de interés para la investigación, y someterse a un interrogatorio previo. Con base en esta información, el ente acusador determinará si es viable otorgar un preacuerdo, que implica la aceptación de cargos a cambio de una rebaja de pena, o un principio de oportunidad, el cual suspende la acción penal a cambio de servir como testigo contra otros implicados.
Con los argumentos presentados por las partes, el Juzgado 65 Penal de Garantías retomará la audiencia el próximo 6 de septiembre, cuando se prevé avanzar en la decisión sobre la solicitud de desarchivo de la investigación relacionada con Ricardo Roa y otros involucrados.Helicol y la Procuraduría solicitaron revisar y desarchivar una investigación relacionada con Ecopetrol y Ricardo Roa, expresidente de esa compañía, luego de que el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá tutelara los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso y plazo razonable de la empresa y ordenara realizar una audiencia preliminar para definir la solicitud de desarchivo.Esta semana se llevó a cabo una primera audiencia en la que la Procuraduría respaldó los argumentos presentados por la representación de Helicol, en cabeza del abogado Julián QuintanaLa solicitud de reapertura fue presentada por Helicol ante la Fiscalía en octubre de 2025. La empresa pidió revisar las actuaciones relacionadas con lo que considera un presunto favorecimiento a su competidora Helistar en procesos de licitación para el transporte de helicópteros. En su denuncia, sostuvo que su competidora habría sido favorecida durante varios años mediante procesos contractuales que, según la compañía, presentaron irregularidades.Además, la empresa cuestionó la actuación de la Fiscalía al archivar el caso y calificó la decisión como “superficial, sesgada y prematura”. También puso en duda la rapidez con la que se adoptó la determinación y señaló que existió una “celeridad inusual al denunciar un favorecimiento indebido a Helistar en las licitaciones para el transporte de Helicópteros”.Durante la audiencia, la Fiscalía se opuso al desarchivo y defendió la decisión adoptada el 22 de agosto de 2025. El ente investigador sostuvo: "La decisión de Archivo fechada 22 de agosto de 2025 se fundamentó en un análisis crítico y valorativo de las evidencias recaudadas en la etapa de indagación. Indica que no se trata de ninguna omisión en la verificación de los hechos sino en una constatación objetiva de que la conducta denunciada que no reúne los requisitos del tipo penal”.La Fiscalía también señaló que Helicol estaría confundiendo la falta de pruebas a su favor con una supuesta falta de investigación por parte del despacho que tuvo a cargo el caso.Por su parte, la Procuraduría sostuvo que la indagación no habría sido suficiente para sustentar el archivo. “Considera que la indagación realizada por la fiscalía no resultó suficiente para poder hacer esa afirmación de archivo de la actuación en razón a que no es cualquier proceso licitatorio, es un proceso que se podría calificar como de una alta especialidad técnica. Agrega que dentro del proceso administrativo sancionador de la SIC obran elementos y evidencia importante que no está dentro de esta investigación.”Con los argumentos presentados por las partes, el Juzgado 65 Penal de Garantías retomará la audiencia el próximo 6 de septiembre, cuando se prevé avanzar en la decisión sobre la solicitud de desarchivo de la investigación relacionada con Ricardo Roa y otros involucrados.
La Fiscalía tiene pendiente la acusación por el delito de tráfico de influencias de servidor público a Ricardo Roa, dentro de una investigación que tiene origen en la compra del apartamento 901 ubicado en el barrio El Chicó, en Bogotá.La defensa de Roa sustentará una solicitud de nulidad del proceso mientras que la diligencia se retomará el próximo 25 de noviembre.En la diligencia de hoy, el Juez de conocimiento aprobó la solicitud de la representación legal de Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, de ser reconocido como víctima en el proceso “una relación de subordinación, y así la señal de la experiencia, puede constituir un factor objetivo para inferir presión o temor reverencial en un subalterno o en una persona que se encuentre en un nivel inferior que otra en una organización. Y no quiere decir el despacho que esto le ha ocurrido necesariamente, es una posibilidad. Si esto sucedió, será el desarrollo probatorio del juicio el que nos lo indicará. Sin embargo, esta situación sí resulta, o se elige una circunstancia plausible para reconocer al señor Rojas, Luis Enrique Rojas, como víctima dentro de la presente actuación”De acuerdo con el ente acusador, Roa habría utilizado de manera indebida su posición como máxima autoridad ejecutiva de Ecopetrol para favorecer intereses particulares, en contravía de los deberes propios de su cargo. La investigación señala que esa presunta influencia se habría ejercido en relación con decisiones y oportunidades de negocio dentro de Hocol, una filial de la compañía estatal.Según lo expuesto por la Fiscalía, Ricardo Roa habría solicitado a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, que se generaran oportunidades de negocio para Juan Guillermo Mancera. En particular, el interés estaría relacionado con la adjudicación de un proyecto de regasificación a la empresa GAXI ESP S.A.S., de propiedad de Mancera.Para el ente investigador, la intervención de Roa en ese asunto habría constituido una influencia indebida sobre el presidente de Hocol, orientada a favorecer los intereses de Mancera. La Fiscalía sostiene que la relación entre ambos no solo era cercana, sino que además existía una negociación comercial previa entre los dos, vinculada a la compra de un inmueble en la capital del país.El caso se centra en la compraventa del apartamento 901 del edificio Entre Parques, ubicado en el sector de El Chicó, en Bogotá. Según la investigación, Ricardo Roa adquirió el inmueble y Juan Guillermo Mancera “actuó como intermediario y garante del pago en cuotas del inmueble, pactadas sin intereses. Los pagos realizados a Pricenton International, propietaria del apartamento, se efectuaron con posterioridad a la celebración del negocio jurídico y a través de la empresa Innova Mercadeo, de Juan Guillermo Mancera”.De acuerdo con los datos presentados por el ente acusador, el inmueble fue adquirido por Roa por 1.800 millones de pesos, a pesar de que su valor comercial estimado era de 2.727.569.550 pesos. Esto significa que el precio pactado en la negociación se ubicó un 34 % por debajo del valor de mercado, con una diferencia cercana a 927 millones de pesos.La Fiscalía considera que ese beneficio en el precio y en las condiciones de pago habría estado relacionado con la influencia que Roa presuntamente ejerció para favorecer los intereses empresariales de Mancera dentro de Hocol. En ese sentido, el ente acusador sostiene que el presidente de Ecopetrol habría utilizado su investidura para intervenir en asuntos que podían beneficiar a una persona con la que mantenía una relación comercial directa.
Este jueves la Fiscalía llamará a juicio a 2 exfuncionarios clave del Gobierno del Presidente Gustavo Petro. Por un lado, la Fiscalía acusará y llamará a juicio a Juliana Guerrero Jiménez y a Luis Carlos Gutiérrez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretario general de la Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público,según su participaciónLa imputación se relaciona con la presunta expedición y presentación de títulos académicos falsos utilizados en la aspiración de Guerrero para ocupar el viceministerio de Juventudes en el liquidado Ministerio de la Igualdad, un cargo público dentro del Ministerio de Igualdad y Equidad.De acuerdo con la Fiscalía, la investigación establece que Juliana Guerrero habría tenido pleno conocimiento sobre la presunta falsedad de los documentos académicos que anexó a su hoja de vida dentro del proceso de selección como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria.La Fiscalía precisó que el presunto delito de fraude procesal se habría materializado en el momento en que los documentos fueron cargados en la plataforma correspondiente dentro del proceso administrativo. Igualmente, se indicó que estos documentos contaban con características que les otorgaban apariencia de autenticidad, lo que habría facilitado su uso dentro del trámite administrativo.Contra Luis Carlos Gutiérrez, en su momento secretario general de la Fundación Universitaria San José, “consignó hechos falsos en documentos auténticos al certificar que Juliana Guerrero había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados, pese a que no había presentado las pruebas saber Pro requeridas por el Icfes para el grado profesional”.Por otro lado, hoy se llamará a juicio a Ricardo Roa por el delito de tráfico de influencias de servidor público dentro de una investigación que tiene origen en la compra de un apartamento ubicado en el barrio El Chicó, en Bogotá.De acuerdo con el ente acusador, Roa habría utilizado de manera indebida su posición como Presidente de Ecopetrol para favorecer intereses particulares. La investigación señala que esa presunta influencia se habría ejercido en relación con decisiones y oportunidades de negocio dentro de Hocol, una filial de la compañía estatal.Según lo expuesto por la Fiscalía, Ricardo Roa habría solicitado a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, que se generaran oportunidades de negocio para Juan Guillermo Mancera.Para el ente investigador, la intervención de Roa en ese asunto habría constituido una influencia indebida sobre el presidente de Hocol, orientada a favorecer los intereses de Mancera. La Fiscalía sostiene que la relación entre ambos no solo era cercana, sino que además existía una negociación comercial previa entre los dos, vinculada a la compra del inmueble en la capital del país.De acuerdo con los datos presentados por el ente acusador, el inmueble fue adquirido por Roa por 1.800 millones de pesos, a pesar de que su valor comercial estimado era de 2.727.569.550 pesos. Esto significa que el precio pactado en la negociación se ubicó un 34 % por debajo del valor de mercado, con una diferencia cercana a 927 millones de pesos.
El Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá tuteló los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso y plazo razonable de Helicol y ordenó realizar una audiencia preliminar para definir la solicitud de desarchivo de una investigación relacionada con Ecopetrol, Ricardo Roa, entre otros.La solicitud para reabrir la investigación fue presentada por Helicol ante la Fiscalía en octubre de 2025. La empresa pidió revisar las actuaciones relacionadas con lo que considera un presunto favorecimiento a su competidora Helistar en procesos de licitación para el transporte de helicópteros.Según Helicol, la actuación de la Fiscalía para archivar el caso fue “superficial, sesgada y prematura”. La compañía también cuestionó la rapidez con la que se tomó la decisión y afirmó que se trató de una “celeridad inusual al denunciar un favorecimiento indebido a Helistar en las licitaciones para el transporte de Helicópteros”.Desde la presentación de la solicitud, la empresa buscó que un juez estudiara el pedido de desarchivo. Sin embargo, entre febrero y mayo de 2026 se frustraron varias audiencias preliminares innominadas convocadas para abordar el asunto.Ante la falta de una decisión de fondo, Helicol acudió a la acción de tutela. En el proceso constitucional se puso de presente que la solicitud de desarchivo había sido radicada el 30 de octubre de 2025 y que, pese al tiempo transcurrido, no había sido resuelta judicialmente.La decisión señala “a la fecha de presentación de la acción constitucional la solicitud de desarchivo radicada el treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025) no ha recibido decisión de fondo, pese a haber transcurrido aproximadamente nueve (9) meses”.El juzgado también consideró que la actuación había quedado en un estado que impedía obtener una respuesta judicial sobre la petición, debido a que las audiencias no se habían podido realizar y el despacho correspondiente había señalado que no podía reprogramarlas.En su fallo, el Juzgado 49 Penal del Circuito concluyó que se habían frustrado seis oportunidades para obtener una decisión judicial.“Por lo anterior, se tutelarán los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso y plazo razonable de la sociedad Helicópteros Nacionales De Colombia S.A.S.”, señaló el despacho.El juez explicó que las solicitudes habían sido devueltas por los jueces de control de garantías al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao sin que se resolviera el fondo de la petición, debido a la inasistencia de alguna de las partes o intervinientes.La decisión cuestionó que, en lugar de instalar las audiencias, los jueces hubieran dejado constancias secretariales sobre la inasistencia y posteriormente devuelto la carpeta.Según el fallo, esta situación podía prolongarse indefinidamente si el asunto continuaba siendo repartido a diferentes jueces sin que se adoptara una decisión sobre la solicitud de desarchivo.“No de accederse a las pretensiones de la demanda, el asunto seguirá siendo repartido a diversos jueces de garantías, durante meses y devuelto sin decisión de fondo”, sostuvo el juzgado.El despacho también señaló que esta dinámica afectaba los derechos invocados por Helicol, al impedir que la sociedad pudiera controvertir mediante los recursos ordinarios las decisiones relacionadas con la realización de la audiencia.Por esa razón, el Juzgado 49 Penal del Circuito ordenó que se realizara una audiencia preliminar innominada de desarchivo y que se fijaran fecha y hora para su celebración.
Se le acaba el tiempo a Ricardo Roa para definir si decide o no colaborar con la justicia, dentro del caso que se adelanta por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República en 2022.En las últimas horas, el fiscal anticorrupción Elkin Ardila radicó ante los jueces el escrito de acusación contra Roa por el delito de violación de topes electorales, porque según las pruebas que ha recaudado, la campaña presidencial que ganó Petro hace 4 años, se voló los límites de gastos en 2.024 millones de pesos.En los próximos días, los juzgados determinarán la fecha para que comience la audiencia preparatoria de juicio contra Roa, quien está respondiendo ante la justicia porque como gerente de la campaña Petro presidente 2022, tenía a su cargo el control de los gastos y el reporte en Cuentas Claras, algo que no habría ejecutado.La presentación del escrito de acusación contra Ricardo Roa es un asunto de procedimiento para evitar que prescriban los delitos investigados, sin embargo, esto no cierra la puerta a la posibilidad de que el expresidente de Ecopetrol llegue a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar su pena, en una eventual aceptación de cargos.Las opciones que se exploran por parte de Roa son un preacuerdo o un principio de oportunidad. En este último caso, el expresidente de Ecopetrol tendría que comprometerse a delatar a quienes pudieron haber participado en los delitos por los que está siendo acusado.Este escrito de acusación y la eventual negociación de Ricardo Roa con la justicia, se conocen casi de manera simultánea con el permiso para salir del país durante un año para el expresidente Gustavo Petro, concedido por 73 senadores y mientras se espera que Verónica Alcocer y Eva Ferrer expliquen los detalles sobre la posibilidad de que parte de dinero de la campaña hubiera ido para la exprimera Dama de la Nación.Ahora el balón está en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, que tendrá que determinar los alcances del caso de Ricardo Roa frente al expresidente Gustavo Petro, sobre qué tanta responsabilidad pudo tener en la financiación irregular de su campaña, según dicen la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral.
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Ricardo Roa, exgerente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, por el delito de violación de topes de campaña, en una nueva etapa del proceso relacionado con los recursos que presuntamente no fueron reportados de manera correcta durante la primera y segunda vuelta presidencial.De acuerdo con lo señalado por el ente acusador durante la imputación de cargos, bajo la gerencia de Roa se habrían ejecutado gastos por más de $770 millones que no fueron registrados en el aplicativo Cuentas Claras. Entre estos recursos se encuentran dineros destinados a la Unión Sindical Obrera (USO), servicios de transporte y logística, así como pagos relacionados con publicidad.La Fiscalía también cuestionó que algunos de los gastos presuntamente habrían sido registrados en un periodo electoral diferente al que correspondía, situación que hace parte de los hechos por los que Roa fue llevado ante la justicia. Durante la diligencia de imputación, el exgerente de campaña no aceptó los cargos y aseguró ante el juez que era inocente.El caso llegó a la justicia penal después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) remitiera el expediente a la Fiscalía en noviembre pasado. La decisión estuvo relacionada con el papel que desempeñaba Roa como responsable de la campaña, pues desde ese cargo tenía participación directa en decisiones financieras y administrativas, como la aprobación de desembolsos, la firma de contratos y la validación de los registros contables.Para avanzar en la investigación, la Fiscalía tomó como referencia parte del material que ya había sido recopilado por el organismo electoral. Entre los elementos incorporados al proceso se encuentran documentos y registros relacionados con el manejo de los recursos de la campaña, obtenidos durante las actuaciones adelantadas por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz.Uno de los puntos centrales del caso está relacionado con el monto que, según el ente investigador, habría excedido los límites establecidos para la campaña presidencial. La Fiscalía sostiene que, al contrastar los gastos reportados con los elementos recaudados durante la investigación, el exceso habría llegado a más de $1.000 millones.Roa, por su parte, ha rechazado los señalamientos en su contra. Durante la audiencia de imputación ante un juez de control de garantías, el exgerente de campaña no se allanó a los cargos y manifestó que era inocente. Con la presentación del escrito de acusación, el proceso entra ahora en una nueva etapa. Sin embargo, todavía no ha sido asignado el despacho judicial que deberá conocer el caso, por lo que aún no se ha establecido la fecha ni la hora para la audiencia de acusación.
En su última entrevista como presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa se refirió a los procesos judiciales que marcaron su paso por la compañía y que, según él, distrajeron la atención sobre los logros alcanzados durante su mandato. Tras dejar su cargo este 31 de julio, el exdirectivo defendió su permanencia en la empresa hasta el último momento, argumentando que no existían motivos éticos o legales para retirarse antes.¿Por qué Ricardo Roa decidió mantenerse en la presidencia pese a las investigaciones?Aunque admitió que su situación personal generó "opacidad" sobre Ecopetrol, Roa fue enfático en que su continuidad estaba justificada. "Me voy sin estar condenado ni sancionado ni imputado por ningún delito relacionado con Ecopetrol. Esa es la tranquilidad que tengo y por eso estuve hasta el último momento", afirmó.El exejecutivo sostuvo que su salida solo debía ocurrir si su situación afectaba el desempeño de la compañía, un escenario que, a su juicio, nunca se materializó. Según Roa, prefirió centrarse en las metas corporativas mientras acudía a las diligencias judiciales necesarias para demostrar su inocencia frente a los señalamientos de la Fiscalía.¿Qué responde Roa sobre la compra del apartamento y el tráfico de influencias?Uno de los puntos críticos de la entrevista fue la adquisición de un apartamento en Bogotá, cuya compra la Fiscalía vincula con posibles favores contractuales. Roa rechazó tajantemente las acusaciones: "Nunca favorecí ni promoví ningún contrato en favor de quienes los medios dicen que eran los dueños de este apartamento".El expresidente de Ecopetrol insistió en que la operación fue un negocio privado y explicó que desconocía los vínculos de los vendedores con la industria petrolera en aquel momento. "Yo nunca pertenecí a la industria petrolera. No conocía al señor Serafino Iacono ni al señor Juan Mancera", puntualizó, reiterando que la transacción se realizó a través de una empresa legal y que los pagos están debidamente registrados.¿Cómo justifica la supuesta violación de topes en la campaña presidencial?Sobre el caso de la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la cual se desempeñó como gerente, Roa explicó que las cifras manejadas por la Fiscalía y los entes de control contienen errores de interpretación. "No se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente", argumentó.Roa aclaró que la diferencia de casi 14.000 millones de pesos que señalan los informes financieros responde a traslados de cuentas entre las fases de la campaña y devoluciones de créditos que no fueron descontadas correctamente por los auditores. Según el exdirectivo, él mantiene la disposición de entregar todas las pruebas necesarias para demostrar que los gastos se ajustaron a la ley.¿Qué impacto real tuvieron estos escándalos en la reputación de Ecopetrol?Al ser cuestionado por la caída de Ecopetrol en el ranking de reputación Merco (del puesto 2 al 17), Roa minimizó el impacto. "En ningún momento evidencié que estuviera afectando de manera significativa los aspectos económicos y operativos de la compañía", declaró.Asimismo, desmintió cualquier posibilidad de irregularidades en los pagos de la petrolera y calificó los controles internos de la entidad como "de una pulcritud extrema". Sobre las denuncias respecto a supuestos giros a figuras cercanas al Gobierno, Roa fue tajante: "No hay la más mínima posibilidad de que eso sea real".El exfuncionario concluyó su gestión asegurando que entrega una compañía con récords de producción y avances estratégicos, y subrayó que continuará enfrentando sus procesos legales con la convicción de demostrar su absoluta inocencia ante las autoridades.
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de 11 meses de detención prevenitiva. En diálogo con Mañanas Blu, el exfuncionario abordó los señalamientos en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), defendió su actuación política y cuestionó los procedimientos judiciales que lo llevaron a prisión.Ante el cuestionamiento sobre si la responsabilidad recaía exclusivamente en Olmedo López o si alcanzaba a otras instancias del Gobierno, Velasco aclaró que sus críticas se dirigen hacia operadores específicos y no a la totalidad de la administración del presidente Gustavo Petro: “En el gobierno de Petro encontré gente maravillosa. Así como gente muy mala y que debemos reconocer como este señor Olmedo y de pronto otra gente”.Libertad tras 11 meses y duras críticas al procedimiento judicialVelasco calificó su encarcelamiento como una "barbaridad" y responsabilizó a la actuación de la magistrada Aura Rosero, señalando que tomó una medida intramural desproporcionada. “Es doloroso saber que el 18 de diciembre del año pasado por la vacancia judicial, una magistrada... me mandara a la cárcel... 11 meses después, después de que la Corte Suprema de Justicia en tutela diga, 'Mire, eso fue palabras más palabras menos, una barbaridad lo que hicieron con Velasco', un magistrado del propio tribunal reconozca esos errores, esas decisiones francamente ilegales y me devuelva la libertad”, afirmó.El exministro sostuvo que nunca intentó evadir a la justicia y que ejercerá su defensa plenamente en libertad.Desvinculación del desfalco en la UNGRDFrente a las acusaciones que lo vinculan con los entramados de corrupción en la Gestión del Riesgo, Velasco enfatizó que la propia Fiscalía General de la Nación ha reconocido que él no participó en la apropiación ilícita de recursos.“La propia Fiscalía en una audiencia de hace unos meses dijo con toda claridad que yo no tengo nada que ver con el saqueo de la Unidad de Gestión de Riesgos. O sea, no me he apropiado de un solo centavo”, aseveró Velasco. Asimismo, precisó que no ha sido acusado de peculado y que los señalamientos en su contra se basan en interpretaciones sesgadas de su labor institucional.Niega la "compra de congresistas" y defiende reuniones de GobiernoConsultado sobre las declaraciones de Olmedo López y Sneider Pinilla —quienes afirmaron que en reuniones de la Casa de Nariño se habría planificado la entrega de dádivas a parlamentarios para respaldar proyectos oficiales—, Velasco rechazó tajantemente dicha versión.“Mientras yo fui ministro, en lo que respecta, no vi ni actué para eso y es lo que puedo decir y es lo que diré ante la Corte”, sostuvo. Velasco explicó que como ministro del Interior participó en más de 50 reuniones de coordinación política del Gobierno, pero negó que en ellas se acordara comprar votos. Destacó además que los otros ocho asistentes a las reuniones mencionadas por Olmedo López han desmentido la existencia de pactos ilícitos.Respecto a los trámites con congresistas, aclaró que facilitar encuentros entre legisladores y altos funcionarios es una tarea cotidiana y legítima del Ministerio del Interior: “El ministro del Interior entre sus funciones está la de acercar al gobierno con congresistas, gobernadores, alcaldes... Conseguí no menos de 100 citas de congresistas con altos funcionarios del gobierno”.Velasco identificó a Olmedo López como el "gran operador" de las irregularidades en la UNGRD y cuestionó que las investigaciones de la Fiscalía no hayan profundizado en otros contratos multimillonarios. Como ejemplo, citó contrataciones para atender la emergencia en La Mojana, donde según sus afirmaciones se suscribieron acuerdos por 129.000 millones de pesos para obras que podían ejecutarse por 45.000 millones. Finalmente, sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, señaló que fue institucional y motivada por coincidencias programáticas, aunque aclaró que nunca existió una amistad personal cercana.
La Gobernación de Antioquia negó la solicitud de ingreso de Miguel Quintero Calle a la cárcel de Yarumito en el municipio de Itagüí, luego de determinar que las condiciones de seguridad del establecimiento penitenciario no son compatibles con el perfil de riesgo del hermano de Daniel Quintero Calle.La decisión quedó consignada en una respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, tras estudiar la petición presentada por el abogado Felipe Alzate, defensor de Quintero Calle, quien solicitó un cupo en este centro de reclusión.De acuerdo con el documento, Miguel Quintero enfrenta una investigación penal en la que se le atribuyen los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, conductas contempladas como delitos contra la Administración Pública.Sin embargo, se aclaró que la naturaleza de estos delitos no significa, por sí sola, que el investigado tenga la condición de servidor público, como efectivamente no lo era. Se debe mencionar que este ítem es importante para ser recluido en la cárcel de Yarumito, que es un establecimiento especial para servidores y exservidores públicos.Otro de los argumentos analizados fue el vínculo familiar con Daniel Quintero. Frente a este punto, la Gobernación de Antioquia señaló que la condición de servidor público es personal y no se extiende a los familiares por razones de consanguinidad, por lo que este parentesco no constituye un fundamento para obtener un cupo en el establecimiento.La defensa también expuso circunstancias particulares de vulnerabilidad relacionadas con el entorno familiar y la exposición pública del proceso. No obstante, la Administración Departamental explicó que Yarumito es una cárcel de seguridad mínima y no cuenta con capacidades operativas compatibles con las condiciones de seguridad planteadas.Por estas razones, la Secretaría de Seguridad emitió concepto desfavorable y negó formalmente la asignación del cupo solicitado, por lo que, por ahora, Miguel Quintero deberá permanecer en la cárcel de Cómbita en donde está recluido hace más de una semana.
La historia de Nicole Mera y Felipe Velasco estuvo marcada por una noticia inesperada durante el embarazo y una intervención médica de alta complejidad. Sus hijas, Adara Isabel y Arlet Sofía, nacieron siamesas y unidas por el pecho y tuvieron que ser sometidas a una cirugía de separación en el Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali.La intervención, que requirió la participación de más de 50 profesionales de distintas especialidades, permitió que una de las pequeñas sobreviviera, mientras que su hermana falleció durante el procedimiento. El equipo médico continúa atendiendo a la bebé que salió con vida.Las niñas nacieron el 26 de mayo de 2026, después de que sus padres, conocieran durante una ecografía que esperaban gemelas siamesas. La noticia llegó cuando Nicole tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo y acudió a un centro médico por un episodio de sangrado.Inicialmente, la pareja pensó que esperaba un solo bebé. Sin embargo, los exámenes confirmaron que eran dos niñas unidas por el tórax.¿Por qué tuvieron que operar a las siamesas?De acuerdo con el equipo médico, las bebés compartían el pecho y el diafragma, una condición que comprometía su capacidad respiratoria y ponía en riesgo sus vidas. Por esta razón, los especialistas decidieron intubarlas y mantenerlas bajo vigilancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos mientras preparaban la separación quirúrgica.La doctora Marisol Nahui, jefe del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Universitario del Valle, explicó que el procedimiento representaba un desafío para el equipo, que tuvo que estudiar y organizar cada etapa con anticipación.“Nos tocó aprender, leer, estudiar. Lo empezamos a hacer desde meses antes, planear, hacer simulacros para hacer algo que nosotros no hacemos normalmente”, explicó la especialista en Los Informantes.“Ese era el momento más riesgoso de la cirugía porque hay una de las niñas que estaba dependiendo 100 % de la hermanita. Entonces, al quitarle estas comunicaciones, la nena le tocaba empezar a trabajar solita”, relató la médica.Cerca de las 5:50 de la tarde, los padres recibieron la noticia de que una de las pequeñas había entrado en paro. Los especialistas intentaron reanimarla durante dos horas, pero no consiguieron salvarle la vida.La doctora explicó que, después de separar las conexiones del hígado, la bebé no logró responder: “La nena no pudo responder, no arrancó ni a orinar, ni su corazoncito funcionó bien, ni sus pulmones funcionaron bien”.¿Cómo evoluciona la bebé que sobrevivió?Después de la cirugía, Arlet Sofía permanece hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. De acuerdo con el equipo médico, su condición es favorable, aunque todavía enfrenta importantes retos relacionados con su desarrollo neurológico, la vía aérea y el cierre de algunas estructuras corporales.Sus padres acompañan su recuperación con la esperanza de llevarla a casa. Para Felipe y Nicole, la operación dejó una profunda pérdida, pero también la expectativa de que su hija sobreviviente pueda continuar evolucionando favorablemente.
La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo al contrato de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial Duitama – Charalá – San Gil, en Santander, por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución física y financiera de las obras.Se trata del contrato de obra 987 de 2021, cuyo valor asciende a cerca de 310.625 millones de pesos y que, según el Ministerio Público, lleva seis años en ejecución.La actuación se produce luego de las denuncias y solicitudes presentadas por habitantes de la zona, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones del proyecto, especialmente por la construcción de un paso nacional que atravesaría la mitad del casco urbano de Charalá.Ante esta situación, representantes de la comunidad solicitaron que se estudie la posibilidad de construir una variante que evite el paso de vehículos por el centro del municipio. La propuesta busca mejorar la seguridad de peatones, residentes, escolares y turistas, además de proteger el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de Charalá.En desarrollo de este seguimiento, la Procuraduría informó que requirió al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) para que entregue información detallada sobre el avance físico y financiero del contrato, las condiciones de transitabilidad del corredor, el cumplimiento de las obligaciones pactadas y los estudios técnicos que respaldan la construcción del paso nacional.Por su parte, la Alcaldía de Charalá deberá informar sobre las actuaciones adelantadas frente al proyecto, particularmente en aspectos relacionados con el ordenamiento territorial, la seguridad vial, la protección del patrimonio histórico y cultural y los mecanismos de participación ciudadana.La Procuraduría señaló que esta actuación preventiva busca garantizar la conectividad de las comunidades rurales y proteger el acceso a servicios básicos, así como la seguridad de quienes transitan por este corredor vial de Santander.
El cierre del año 2026 traerá consigo una cifra que podría impactar el bolsillo de los colombianos: el último resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este indicador permite medir la variación de los precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar y sirve como referencia para ajustar diferentes cobros durante el siguiente año.El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es la entidad responsable de calcular y publicar mensualmente este indicador. Para hacerlo, registra los cambios de precios en 12 divisiones de gasto y realiza mediciones en 38 ciudades del país.La cifra de cierre de año tiene especial importancia porque se utiliza como referencia para establecer ajustes en distintos bienes y servicios vinculados a la inflación.¿Cuándo se conocerá el último IPC de 2026?De acuerdo con el calendario oficial del DANE, el resultado del IPC de diciembre de 2026 se conocerá el viernes 8 de enero de 2027, a las 6:00 p. m.La entidad publica este indicador a mes vencido, generalmente durante el quinto día hábil del mes siguiente. No obstante, el calendario puede presentar modificaciones, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales del organismo para confirmar la fecha.El dato permitirá conocer cómo cerró la inflación en Colombia durante 2026 y servirá como referencia para calcular los incrementos de algunos servicios y obligaciones económicas en 2027.¿Qué servicios y cobros subirán con el IPC en 2027?Entre los rubros que tienen ajustes relacionados con la variación anual del IPC se encuentran:Arriendos de vivienda: el incremento puede llegar hasta el 100 % del IPC del año anterior, una vez se cumplan 12 meses de ejecución del contrato.Pensiones superiores al salario mínimo: se ajustan con base en la variación del IPC.Servicios públicos domiciliarios: sus tarifas pueden incorporar el IPC o componentes indexados, de acuerdo con las fórmulas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).Matrículas y pensiones de colegios: algunos cobros educativos tienen ajustes relacionados con este indicador.Peajes: pueden tener incrementos definidos con base en mecanismos de actualización que incluyen el IPC.Medicina prepagada: sus tarifas pueden estar sujetas a ajustes relacionados con la inflación.Multas de tránsito: algunos valores se actualizan con referencia a indicadores económicos.Servicios de notarías: sus tarifas también pueden tener modificaciones para el nuevo año.Los incrementos no necesariamente se aplican de la misma manera ni en la misma fecha para todos los rubros. Cada servicio tiene condiciones y mecanismos de actualización específicos. Por eso, el resultado que publique el DANE será una referencia para calcular los ajustes que correspondan durante 2027.