La audiencia de acusación contra el presidente de Ecopetrol en licencia, Ricardo Roa, por el delito de tráfico de influencias, dentro de la investigación relacionada con la compra de un apartamento ubicado en el barrio El Chicó, en Bogotá., se realizará el 20 de agosto a las 12:00 del día.La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el presidente de Ecopetrol en licencia, Ricardo Roa, por el delito de tráfico de influencias, dentro de la investigación relacionada con la compra de un apartamento ubicado en el barrio El Chicó, en Bogotá.El proceso judicial se fundamenta en la presunta utilización indebida de su cargo para favorecer intereses particulares en negocios vinculados con Hocol, filial de la compañía estatal.De acuerdo con el ente acusador, Ricardo Roa “habría utilizado de manera indebida su posición como máxima autoridad ejecutiva de Ecopetrol para favorecer intereses particulares, en contravía de los deberes propios de su cargo”.La investigación señala que esa presunta influencia se habría ejercido sobre decisiones y oportunidades de negocio en Hocol, empresa en la que, según la Fiscalía, buscó beneficiar a terceros.La acusación sostiene que Roa habría solicitado a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, que “se generaran oportunidades de negocio para Juan Guillermo Mancera”, particularmente en lo relacionado con la adjudicación de un proyecto de regasificación a la empresa Gaxi Esp S.A.S., de propiedad de este último.El expediente tiene como eje la compraventa del apartamento 901 del edificio Entre Parques, ubicado en el sector de El Chicó, en Bogotá.Según la información presentada por la Fiscalía, el inmueble fue adquirido por un valor equivalente al 34 % menos de su precio de mercado, lo que representaría una diferencia cercana a 927 millones de pesos frente a su valor comercial.Para la Fiscalía, la intervención de Ricardo Roa en favor de los intereses empresariales de Juan Guillermo Mancera “habría constituido una influencia indebida sobre el presidente de Hocol”, con el propósito de favorecer un proyecto de interés para el empresario.El ente investigador sostiene, además, que entre ambos existía una relación cercana y una negociación comercial previa derivada precisamente de la compraventa del inmueble.En ese sentido, la Fiscalía considera que el beneficio obtenido en el precio y las condiciones de pago del apartamento estaría relacionado con la presunta influencia ejercida por Roa para favorecer los intereses de Mancera dentro de la filial de Ecopetrol.
La tensión laboral en la empresa más importante de los colombianos ha escalado a un nuevo nivel. Desde la madrugada de hoy, el Sindicato de la Unión Sindical Obrera (USO) inició un paro de 24 horas que afecta a ocho departamentos productores y a la refinería de Barrancabermeja, la más grande del país.La protesta surge como respuesta a lo que el sindicato califica como una actitud "negligente y dictatorial" por parte de las directivas en la negociación de la nueva convención colectiva.Un pliego de peticiones sin avancesA pesar de llevar casi un mes en la mesa de diálogo, los representantes de los trabajadores aseguran que no hay voluntad política para avanzar. Martín Ravelo, presidente de la USO, manifestó su preocupación por la falta de resultados tras 25 días de discusiones."No hemos logrado resolver con la administración de Ecopetrol un solo punto de nuestro pliego de peticiones, teniendo en cuenta que el pliego es integral", afirmó Ravelo, destacando que las propuestas buscan fortalecer el negocio tradicional de petróleo y gas, que representa más del 85% del EBITDA de la compañía. Para el sindicato, la estabilidad de los derechos laborales está ligada a la robustez de la empresa. Ravelo recordó que, históricamente, la organización ha incidido en planes maestros de refinación para garantizar que "en la medida que tengamos una Ecopetrol robusta, una Ecopetrol fortalecida, eso significa que los derechos de los trabajadores también van a ser progresivos".El factor Ricardo Roa y presuntas retaliacionesUno de los puntos más polémicos de la jornada es la denuncia de una posible retaliación política interna. El sindicato vincula el estancamiento de la negociación con su postura crítica frente a la permanencia de Ricardo Roa en la presidencia de la estatal. Según Ravelo, la administración, en cabeza de la vicepresidenta Victoria Irene Sepúlveda, ha adoptado una postura de bloqueo. "Nosotros creemos, presumimos que lo que está ocurriendo es una posición revanchista de la administración de Ecopetrol... por la posición que asumió el sindicato sobre la no permanencia del Dr. Ricardo Roa en la presidencia", sentenció el líder sindical. Agregó que el retorno de Roa afectaría la reputación de la empresa, la cual, según su visión, ha mejorado desde que el directivo se apartó temporalmente del cargo para evitar "asuntos mediáticos y conflictos de carácter personal".Soberanía energética y el futuro del conflictoMás allá de las reivindicaciones salariales, la USO plantea una defensa de la soberanía energética nacional, exigiendo que se reduzca la importación de gas y crudos livianos. Ravelo enfatizó que el país debe enfocarse en explorar y producir localmente: "Existe la necesidad de disminuir la importación de crudos livianos para la carga de la refinería de Barrancabermeja y eso se hace garantizando la soberanía y la seguridad energética". Con el plazo legal de negociación venciendo el próximo 15 de junio, el panorama es incierto. Aunque el sindicato afirma priorizar el diálogo eficaz, no descartan medidas más drásticas si no ven un cambio de actitud en la empresa. "Si a nosotros nos corresponde establecer un conflicto de mediana y larga duración, lo vamos a hacer por la defensa del patrimonio público más importante que tenemos los colombianos", advirtió Ravelo. Escuche aquí la entrevista:
La junta directiva de Ecopetrol informó que Ricardo Roa regresará a su cargo como presidente de la compañía a finales de julio y no el 27 de junio como estaba previsto inicialmente.La extensión obedece a una incapacidad médica que Roa presentó el pasado martes, la cual obliga a extender por 30 días en que estará por fuera de labores.Roa cumplió primero un periodo de vacaciones y, si bien desde este 27 de mayo iniciaría la licencia no remunerada, esta se aplazó por solicitud médica. Esto quiere decir que retomará labores faltando poco más de una semana para el cambio de gobierno en la Casa Nariño.Por ahora, Juan Carlos Hurtado Parra continuará como presidente encargado de Ecopetrol.La salida temporal de Roa fue avalada por la junta directiva mientras enfrenta los dos procesos judiciales relacionados con las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y en la compra de un apartamento de lujo en el norte de Bogotá.Imputan al presidente de Ecopetrol por delitos electorales como gerente de la campaña de PetroRicardo Roa, quien se separó el mes pasado del cargo de manera temporal, fue imputado por presuntas irregularidades en el reporte de gastos cuando fue gerente de la campaña electoral de 2022 del hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro.Según la Fiscalía, Roa permitió que los gastos electorales superaran los topes fijados por la autoridad electoral en 1.388 millones de pesospara la primera vuelta presidencial de 2022 y en 276 millones de pesos para la segunda.Por esa razón, lo imputaron por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, detalló la Fiscalía en un comunicado.El pasado 11 de marzo, a Roa también lo imputó la Fiscalía por el delito de tráfico de influencias de servidor público, como parte de otra investigación por la compra de un apartamento en Bogotá y la posible relación de esa transacción con contratos adjudicados por la petrolera estatal.Antes de que su nombramiento como presidente de Ecopetrol en abril de 2023, Roa se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Petro, cargo por el que lo sancionó el Consejo Nacional Electoral (CNE) por haber violado los topes financieros de dicha campaña.Según el CNE, la campaña de Petro excedió los límites de financiación en primera y segunda vuelta en más de 3.500 millones de pesos y recibió aportes prohibidos.Por eso, el CNE impuso millonarias multas a Roa y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP), que hoy hacen parte del Pacto Histórico, al que pertenece Petro.Según la Fiscalía, Roa, como gerente de campaña de Petro, «habría permitido que los gastos de campaña excedieran el techo fijado por la autoridad electoral para garantizar equidad y transparencia en el proceso» y, al parecer, presentó un «balance contable de ingresos y egresos que aparentemente cumplía los requisitos de ley».Sin embargo, la investigación señaló que Roa dejó que se excedieran los límites con gastos como «ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña, piezas publicitarias y aportes de un sindicato».El pasado 7 de abril, Roa decidió dejar temporalmente la presidencia de Ecopetrol, la principal empresa de Colombia, presionado por distintos sectores, incluso por el sindicato petrolero, para que las investigaciones en su contra no perjudiquen la imagen de la compañía.
A través de un comunicado de información relevante, la junta aseguró que dicha imputación es parte de un proceso penal y no es una decisión en firme; además Roa no aceptó cargos."La referida diligencia no equivale a una condena o una decisión de fondo y no desvirtúa la presunción de inocencia que le asiste al señor Ricardo Roa, quien no aceptó los cargos presentados por la Fiscalía", detalló la junta.Con este pronunciamiento, Ecopetrol reitera su respaldo al presidente que, pese a las dos investigaciones en su contra, sigue en la dirección de la compañía y actualmente está en su periodo de vacaciones así como de una licencia no remunerada.Durante la audiencia de hoy, donde Roa fue imputado por presunta violación de los topes electorales durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.Según la investigación, la campaña habría excedido los límites legales en cerca de $1.664 millones entre primera y segunda vuelta.La Fiscalía aseguró que existen pruebas que demostrarían que Roa conocía y avalaba los gastos reportados, ya que varias facturas estaban emitidas a su nombre y aparecían vinculadas a la cuenta oficial de campaña y a los informes entregados al Consejo Nacional Electoral.Así mismo, la Fiscalía aseguró que los recursos se habrían destinado a viajes, asesorías, hospedajes, desayunos y otras actividades de campaña, además de detectar presuntas inconsistencias contables entre los reportes de primera y segunda vuelta.Este proceso se suma a la otra investigación penal en su contra por un presunto caso de tráfico de influencias conocido como el “Penthouse 901”.
La Fiscalía General de la Nación presentó nuevos detalles de la investigación e imputó cargos a Ricardo Roa Barragán por el delito de presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Según el ente acusador, el exceso total en los gastos de campaña habría ascendido a aproximadamente 1.664 millones de pesos.Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que existen elementos materiales que demostrarían el conocimiento que tenía Roa sobre los gastos y reportes entregados a las autoridades electorales. El delegado del ente investigador aseguró que varias facturas fueron emitidas directamente a nombre del entonces gerente de campaña y contenían sus datos de facturación electrónica, dirección, teléfono y correo electrónico.Además, el fiscal explicó que esos documentos aparecen asociados a la cuenta única de campaña y que también existe una relación con los informes financieros presentados ante el Consejo Nacional Electoral. Según la Fiscalía, la firma de Ricardo Roa en esos reportes constituye un elemento relevante dentro de la investigación, ya que no solo implicaba la entrega formal de información, sino la corroboración de los gastos reportados.De acuerdo con el ente acusador, el gasto real de la campaña en primera vuelta presidencial ascendió a 29.924 millones de pesos, cifra que habría superado en 1.388 millones el límite permitido por la ley electoral. Mientras tanto, en segunda vuelta, la campaña habría excedido el tope autorizado en 276 millones de pesos.La Fiscalía indicó que esos recursos habrían sido utilizados en gastos relacionados con viajes, asesorías, desayunos, hospedajes y otras actividades de campaña. Dentro de la investigación también aparecen operaciones y contratos realizados con entidades como Mi Colombia Travel SAS, el Polo Democrático Alternativo, la Unión Sindical Obrera (USO), entre otras.Otro de los hallazgos expuestos por la Dirección Especializada contra la Corrupción tiene relación con presuntas inconsistencias en los reportes contables de la campaña. Según la Fiscalía, algunos desembolsos y costos generados durante la primera vuelta habrían sido incluidos en informes correspondientes a la segunda vuelta, mientras que gastos de la segunda habrían sido registrados en los reportes de la primera.Para el ente investigador, estas presuntas irregularidades comprometerían la transparencia electoral y afectarían el principio de igualdad entre los distintos competidores dentro del proceso democrático.Ricardo Roa no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Esta se convierte en la segunda imputación en su contra. La primera está relacionada con una investigación por presunto tráfico de influencias dentro del denominado caso del Penthouse 901.
La Fiscalía General de la Nación leyó la imputación de cargos contra Ricardo Roa Barragán por el delito de presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.Durante la audiencia, el fiscal del caso sostuvo que el entonces gerente de la campaña tenía la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las normas electorales y el respeto a los límites de financiación establecidos por las autoridades electorales. Según explicó, el control de los topes de gastos no constituye una simple formalidad administrativa, sino una garantía de transparencia y equilibrio democrático.“Todos los competidores deben estar bajo las mismas reglas, comunes y obligatorias. Es por eso que se habla de una democracia, con mayor razón en una campaña presidencial”, señaló el delegado de la Fiscalía al dirigirse a Roa. Además, agregó que desde su rol como gerente de la campaña Petro Presidente 2022 tenía el deber de garantizar condiciones legítimas de transparencia frente al electorado, los partidos políticos y los movimientos que integraron la coalición.La Fiscalía aseguró que en la primera vuelta presidencial, desarrollada entre enero y mayo de 2022, la campaña reportó gastos por $28.384 millones. Sin embargo, de acuerdo con el ente investigador, a esa cifra se le sumaron gastos no reportados o reportados parcialmente por $1.193 millones, además de un ajuste por reclasificación entre vueltas equivalente a $345 millones.Con esos cálculos, el organismo concluyó que el gasto real de la primera vuelta ascendió a $29.924 millones, superando en $1.388 millones el límite fijado por la autoridad electoral.En cuanto a la segunda vuelta presidencial, la Fiscalía indicó que la campaña habría reportado gastos por $13.623 millones durante el periodo comprendido entre el 30 de mayo y el 19 de junio de 2022. Según el fiscal del caso, esa cifra también superó el tope autorizado por el Consejo Nacional Electoral, que estaba fijado en $13.347 millones.De acuerdo con la investigación, el exceso en la segunda vuelta habría sido de $276 millones. Para la Fiscalía, estas presuntas irregularidades comprometerían el principio de igualdad entre los competidores dentro del proceso democrático y afectarían la transparencia electoral.El Juez 35 de control de garantías pidió a la Fiscalía presentar nuevamente la imputación de cargos, debido a que la defensa del presidente de Ecopetrol pidió especificar fechas y detalles de las presuntas irregularidades en el manejo del dinero de la campaña.En la audiencia, que continuará el próximo lunes 11 de mayo, Roa deberá responder si acepta o no cargos después de la nueva sustentación de la Fiscalía.
Para este viernes al mediodía está prevista una nueva audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol actualmente en licencia, dentro del proceso penal que enfrenta por la presunta violación de topes electorales durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, en la que se desempeñó como gerente.La diligencia judicial está programada para las 12:00 del día y representa un nuevo intento de la Fiscalía General de la Nación por presentar formalmente los elementos de prueba en su contra y avanzar en la vinculación procesal del directivo.Fuentes cercanas al ente investigador señalaron que la audiencia se instalará sin aceptar nuevos argumentos relacionados con dificultades de conexión por parte de Roa o de su defensa, luego de que una diligencia anterior no pudiera desarrollarse; además, con el objetivo de que la carpeta no sea devuelta al circuito judicial e iniciar un nuevo proceso de radicación.El pasado 8 de abril, la audiencia de imputación no se pudo realizar debido a la falta de conexión tanto del presidente de Ecopetrol en licencia como de su abogado defensor. Posteriormente, el abogado Juan David León explicó que no pudo asistir a la diligencia en el horario inicialmente fijado debido a compromisos académicos adquiridos con anterioridad.Según un comunicado emitido por la defensa, el juzgado encargado informó que no podía extender el tiempo de espera más allá del límite establecido, ya que contaba con otras diligencias programadas para ese mismo día.En el mismo pronunciamiento, la defensa sostuvo que Ricardo Roa sí tenía disposición de comparecer ante las autoridades judiciales, aunque precisó que su participación debía darse con la presencia de su abogado, como parte de las garantías del debido proceso y de la defensa técnica.La investigación se desarrolla en el marco de los presuntos manejos irregulares de recursos durante la campaña Petro Presidente de 2022, proceso en el que Roa tuvo un papel central como gerente político y administrativo.De manera paralela al avance del expediente judicial, también se generó polémica luego de que la junta directiva de Ecopetrol aprobara un período de vacaciones y posteriormente una licencia no remunerada para Ricardo Roa Barragán.
Moody's redujo la nota crediticia de Ecopetrol de Ba1 a Ba2 en medio de una fuerte advertencia sobre el riesgo de interferencia gubernamental en Ecopetrol y el deterioro de su gobierno corporativo. La perspectiva de calificación es negativa lo que abre la puerta a una nueva rebaja.En los últimos meses, la administración de Ecopetrol ha estado en el ojo del huracán por cuenta de los escándalos judiciales de Ricardo Roa, investigado por violación de topes de campaña e imputado por presunto tráfico de influencias. La tensión llegó a tal punto que la junta directiva envió a Roa a 7 semanas de vacaciones y un mes de licencia no remunerada y nombró a Juan Carlos Hurtado como encargado. La decisión ha sido fuertemente criticada por el presidente Gustavo Petro quien se ha reunido personalmente con los miembros de junta más cercanos a él, algo que no se ve bien en términos de gobierno corporativo.A todo eso se refiere Moody's en este fragmento del informe: "Los cambios en la estructura de la alta gerencia de Ecopetrol en los últimos 12 a 18 meses, incluida la rotación a nivel ejecutivo y directivo, subrayan la exposición de la empresa al riesgo de gobierno corporativo relacionado con el Estado. Si bien no esperamos que estos cambios se traduzcan en una disrupción a corto plazo de la estrategia, las operaciones o la política financiera, dada la continuidad de la gestión, el momento en que se producen refuerza la percepción de una mayor influencia política y constituye una consideración clave en la evaluación del riesgo de interferencia gubernamental dentro del perfil crediticio".Para Moody's esto se suma al hecho de que ahora es menos previsible que el gobierno nacional vaya a entregar apoyo financiero a la petrolera, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Fepc (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles) luego de que el Gobierno aplazara el pago de saldos a Ecopetrol hasta diciembre de este año.A diferencia de otras oportunidades esta rebaja no está ligada a la reducción de la nota de crédito del gobierno nacional, lo que implica que la calificadora está siendo cada vez menos optimista frente al futuro de la empresa.
La audiencia de imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022, se realizará el próximo 8 de mayo y será adelantada por el fiscal Elkin Ardila.Recientemente, la audiencia contra Roa no se llevó a cabo luego de que el actual presidente de Ecopetrol no se conectara a la diligencia judicial en la que la Fiscalía General de la Nación tenía previsto formular imputación por el delito de violación de topes electorales.Ante la ausencia de Ricardo Roa, se determinó que la audiencia no se realizaría y que el expediente sería devuelto al centro de servicios judiciales. Su defensa aseguró que el motivo obedeció a compromisos académicos del abogado previamente informados.Esta actuación se enmarca dentro del proceso penal que se adelanta contra Roa por presuntas irregularidades en el manejo de recursos durante la campaña presidencial Petro Presidente 2022, en la que se desempeñó como gerente.La Fiscalía había previsto imputar cargos al funcionario por su presunta responsabilidad en la violación de los límites establecidos por la ley para el financiamiento electoral. El proceso busca determinar si durante la contienda presidencial se habrían superado los montos permitidos en el manejo de los recursos de campaña, hecho que actualmente se encuentra bajo análisis por parte de las autoridades judiciales.El caso adquirió relevancia desde noviembre pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral compulsó copias para que se investigara la eventual responsabilidad de Roa en los hechos relacionados con el manejo financiero de la campaña. Según el organismo electoral, el entonces gerente tenía funciones clave dentro de la estructura administrativa, entre ellas autorizar gastos, firmar contratos y aprobar operaciones contables, lo que lo ubicaba en una posición determinante dentro del control de los recursos económicos de la campaña presidencial.En paralelo al proceso judicial, en los últimos días se conoció que la junta directiva de Ecopetrol aprobó vacaciones y una licencia no remunerada para Ricardo Roa Barragán. Esta decisión se produjo en medio de la controversia generada por su permanencia al frente de la empresa estatal mientras enfrenta investigaciones judiciales relacionadas con la presunta violación de topes electorales.
En medio de varias decisiones recientes que han generado controversia en el país, distintos candidatos presidenciales fijaron su posición frente a tres temas clave de la coyuntura nacional: la eliminación de la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González, la libertad otorgada al exministro Ricardo Bonilla por vencimiento de términos y la situación actual de Ecopetrol y su presidente, Ricardo Roa.Las reacciones, aunque diversas en tono, coinciden en poner sobre la mesa temas como el respeto a la justicia, el debido proceso y la estabilidad institucional.Caso Carlos Ramón GonzálezFrente a la eliminación de la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González, los candidatos coincidieron en señalar que cualquier persona vinculada a investigaciones debe responder ante la justicia colombiana.Carlos Caicedo enfatizó en la responsabilidad de los funcionarios públicos al afirmar que “tiene que responder por sus actos” y que, en caso de ser investigados, deben acudir ante las autoridades. En la misma línea, Luis Gilberto Murillo sostuvo que “cualquier colombiano debe estar sujeto (…) a responder a los requerimientos de la justicia con todas las garantías”.Desde otra perspectiva, Roy Barreras hizo un llamado a la prudencia frente a las decisiones judiciales, señalando que estas deben ser acatadas mientras se conocen a fondo los procesos: “Ni celebrar ni lamentar, sino acatar las decisiones de los jueces”. No obstante, agregó que “yo creo que los colombianos quieren que se castigue a Carlos Ramón por corrupto”.Por su parte, Mauricio Lizcano cuestionó la decisión de Interpol, calificándola como “gravísima” y planteando dudas sobre sus razones: “Si tiene orden de captura en Colombia (…) no entiendo por qué le retiran esa boleta”. Además, aseguró que se debe investigar si hubo intervención del gobierno colombiano en esta decisión.Entre tanto, Abelardo de la Espriella fue más directo y aseguró: “Ojalá lo capturen, eso es un delincuente”.Libertad de Ricardo Bonilla por vencimiento de términosEn cuanto a la libertad otorgada a Ricardo Bonilla por vencimiento de términos, las posturas se centraron en la defensa del debido proceso y las garantías judiciales.Luis Gilberto Murillo reiteró que “todo colombiano tiene derecho a la defensa y también a la presunción de inocencia”, mientras que Mauricio Lizcano señaló que la decisión responde a un derecho fundamental y atribuyó la situación a fallas de la Fiscalía: “Eso es un derecho del debido proceso (…) ahí el que falló fue la Fiscalía”.Roy Barreras, por su parte, expresó una postura más personal al afirmar que espera que el exministro pueda demostrar su inocencia: “Me alegra que esté en su casa”.Carlos Caicedo insistió en que los funcionarios deben rendir cuentas ante la justicia y, de encontrarse responsabilidades, asumir las consecuencias: “Si son culpables, pues sean severamente condenados”.En contraste, Abelardo de la Espriella cuestionó el manejo del proceso y aseguró que debe investigarse por qué se permitió el vencimiento de términos: “Eso es lo que dice la ley. El tema es por qué dejaron vencer los términos”, al tiempo que pidió sanciones contra funcionarios corruptos.Situación de EcopetrolLa coyuntura en Ecopetrol también generó reacciones entre los aspirantes, quienes coincidieron en la importancia de proteger la estabilidad de la principal empresa del país.Luis Gilberto Murillo consideró que las decisiones adoptadas son adecuadas en la medida en que evitan distracciones institucionales: “Una empresa como esta no debe tener la distracción de situaciones judiciales de sus máximas cabezas”.Por su parte, Mauricio Lizcano calificó la situación como preocupante y resaltó el peso de la empresa en la economía nacional, señalando que “es nuestra gran empresa (…) casi el 40 % de ingresos fiscales”, y aseguró que la salida temporal de la dirección no es suficiente, aunque reconoció que es un avance.Roy Barreras destacó que “las instituciones son más importantes que las personas” y planteó la necesidad de recuperar la empresa y convertirla para que avance hacia la transición energética.Finalmente, Carlos Caicedo subrayó que la empresa debe garantizar estabilidad y liderazgo en ese proceso, al tiempo que señaló que cualquier cuestionamiento sobre su presidente, Ricardo Roa, debe ser aclarado: “Es necesario también que aclare su situación, y, si no, que dé un paso al costado”.
La Lotería de Santander realizó su sorteo número 5074 durante la noche del viernes 26 de junio de 2026, una jornada que generó expectativa entre miles de jugadores. En esta edición, el premio mayor, con un valor de $6.500 millones, quedó en manos del billete con el número (en minutos).Premios secos de la Lotería de Santander sorteo 5074Además del máximo premio, la Lotería de Santander entregó una amplia variedad de premios secos, con montos que fueron desde los $5 millones hasta los $700 millones, beneficiando a varios participantes del tradicional juego de azar.Recomendaciones para verificar los resultadosLa Lotería de Santander recordó a los apostadores la importancia de revisar cuidadosamente sus billetes antes de adelantar cualquier proceso relacionado con el cobro de premios.Para evitar errores o inconvenientes, los participantes deben:Confirmar que coincidan correctamente el número y la serie del billete.Acudir únicamente a puntos de pago autorizados.Consultar los resultados mediante los canales oficiales de la lotería.Revisar el acta oficial del sorteo para verificar la información definitiva.¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?El siguiente sorteo de la Lotería de Santander quedó programado para el viernes 3 de juliode 2026, fecha en la que nuevamente miles de colombianos podrán participar por importantes premios económicos.Los interesados también podrán consultar y revivir el sorteo completo a través de los canales oficiales de la entidad.
Este viernes, 26 de junio, la Lotería de Medellín lleva a cabo el sorteo 4838, que entrega un premio mayor de $16.000 millones. De acuerdo con la información oficial de la entidad, el afortunado billete ganador correspondió al número (en minutos).Premios secos de la Lotería de MedellínComo es habitual, además del premio principal, el sorteo distribuyó una amplia cantidad de premios secos en diferentes categorías, brindando más oportunidades de ganar a los participantes en todo el país.En la siguiente imagen oficial, publicada por la Lotería de Medellín, puede recorfirmar los resultados, en caso de que su billete haya resultado ganador.¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?Las personas que resultaron ganadoras deben verificar que el billete físico se encuentre en buen estado y que los datos coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo. Una vez realizada esta comprobación, deberán acercarse a los puntos autorizados o a la entidad bancaria designada por la lotería para iniciar el proceso de reclamación.Asimismo, es obligatorio presentar el documento de identidad original al momento de reclamar cualquier premio.La Lotería de Medellín se mantiene como una de las loterías más reconocidas del país gracias a sus millonarios premios, la frecuencia de sus sorteos y su amplia cobertura de distribución. Estas características la convierten en una de las opciones preferidas por miles de colombianos que participan semanalmente en busca de la suerte.
La Policía Nacional de Ecuador capturó en el Aeropuerto Internacional de Quito al ciudadano británico Foster Martinson. El extranjero era buscado mediante una notificación roja de Interpol como el presunto responsable del feminicidio de Natalia Villalba Angarita.El crimen de la mujer, una modelo de 36 años oriunda de Cúcuta, ocurrió el pasado 18 de junio en un apartamento de rentas cortas en el norte de Bogotá. La detención se logró gracias al trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, Interpol y las autoridades ecuatorianas.Las pruebas de la Fiscalía contra Foster MartinsonDe acuerdo con las evidencias recopiladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Martinson ingresó al inmueble ubicado en el barrio Chicó, en la localidad de Chapinero, donde la víctima se encontraba sola. El reporte oficial indica que el ciudadano británico la agredió físicamente hasta causarle la muerte.Posteriormente, el señalado agresor habría manipulado el cuerpo de la mujer para introducirlo en una maleta de color gris. Las autoridades judiciales confirmaron que el hombre ejecutó diversas maniobras en el sitio para intentar alterar la escena de los hechos, ocultar el crimen y, finalmente, huir de Colombia.El hallazgo del cuerpo en ChapineroEl cuerpo de Natalia Villalba Angarita fue encontrado al mediodía en el séptimo piso de un edificio de la calle 95 con carrera 21. El personal de limpieza del establecimiento ingresó al inmueble tras el vencimiento de la reserva y halló los restos de la modelo dentro del baño, donde la ducha permanecía abierta.La víctima se hospedaba en este apartamento rentado por días desde el pasado 3 de junio. Las investigaciones preliminares detallan que Villalba registraba varios viajes recientes a Europa, especialmente a España, según los pasaportes inspeccionados por los peritos en el lugar del hallazgo.La Fiscalía General de la Nación confirmó que ya inició los trámites correspondientes para garantizar el traslado del extranjero a territorio colombiano.Una vez sea puesto a disposición de los jueces de control de garantías en Bogotá, la Fiscalía le imputará formalmente los siguientes delitos:Feminicidio agravado.Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.Los investigadores del CTI continúan con el análisis de los rastros y huellas dactilares recolectados en la escena para determinar con exactitud el mecanismo de la muerte y consolidar el expediente probatorio contra Martinson.
Espacios de arte y fiestas en casi 10 municipios de distintas subregiones dan forma a la agenda cultural en el departamento para este fin de semana con puente festivo.El principal evento en Medellín será, hasta el próximo lunes, la edición 15 del Festival de Circos con más de 80 funciones que llenarán la ciudad de creatividad y asombro con malabares y más acrobacias.El secretario de Cultura de Medellín, Santiago Silva, detalló qué podrán disfrutar los asistentes a este espacio: "El arte, la creatividad y la imaginación llegarán a diferentes territorios del distrito. Más de 20 agrupaciones artísticas participarán de esta edición, con funciones con 10 carpas en Medellín y sus corregimientos", indicó el funcionario.Fuera del Valle de Aburrá varios municipios tendrán fiestas. Uno de ellos será El Peñol, cuya programación incluye conciertos, eventos deportivos y más espacios para toda la familia, como cuenta la alcaldesa, Sandra Arelis Duque."El Peñol está de fiesta y queremos que hagas parte de esta gran celebración. Un encuentro al rededor de nuestra historia y tradición, que llenan de orgullo a nuestros peñolenses", señaló la mandataria.También estarán de celebración los municipios de Sopetrán, La Unión, San Francisco, San Luis, Urrao y Ciudad Bolívar, este último, con el Festival de La Piedra. Además, Sabaneta tendrá mañana concierto de Víctor Manuelle, Luis Alberto Posada y Jean Carlos Centeno, en el marco de las Fiestas del Plátano.
A través de un comunicado, la administración de la Universidad de Medellín le informó a la comunidad universitaria y a la opinión pública que fue notificada de una resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional de un proceso de supervisión y vigilancia.De acuerdo con el contenido del comunicado, con la resolución del Ministerio “se adoptan medidas preventivas, de vigilancia especial y acompañamiento permanente, en el marco de las funciones de inspección y vigilancia previstas en la legislación colombiana para las instituciones de educación superior”.Si bien por ahora no se conocen mayores detalles de las razones de la medida del Gobierno Petro contra la Universidad de Medellín, el alma mater dejó en claro que acata y recibe “con respeto institucional”, esas medidas de vigilancia, y afirmó que está dispuesta con los requerimientos del Ministerio de Educación.Además, la institución señaló que sus procesos académicos continuarán con normalidad, ya que las medidas del Gobierno no constituyen una intervención administrativa de la Universidad, no implican la sustitución de sus autoridades, no afectan la autonomía universitaria ni modifican la prestación normal del servicio educativo.