La Fiscalía General de la Nación leyó la imputación de cargos contra Ricardo Roa Barragán por el delito de presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Durante la audiencia, el fiscal del caso sostuvo que el entonces gerente de la campaña tenía la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las normas electorales y el respeto a los límites de financiación establecidos por las autoridades electorales. Según explicó, el control de los topes de gastos no constituye una simple formalidad administrativa, sino una garantía de transparencia y equilibrio democrático.
“Todos los competidores deben estar bajo las mismas reglas, comunes y obligatorias. Es por eso que se habla de una democracia, con mayor razón en una campaña presidencial”, señaló el delegado de la Fiscalía al dirigirse a Roa. Además, agregó que desde su rol como gerente de la campaña Petro Presidente 2022 tenía el deber de garantizar condiciones legítimas de transparencia frente al electorado, los partidos políticos y los movimientos que integraron la coalición.
La Fiscalía aseguró que en la primera vuelta presidencial, desarrollada entre enero y mayo de 2022, la campaña reportó gastos por $28.384 millones. Sin embargo, de acuerdo con el ente investigador, a esa cifra se le sumaron gastos no reportados o reportados parcialmente por $1.193 millones, además de un ajuste por reclasificación entre vueltas equivalente a $345 millones.
Con esos cálculos, el organismo concluyó que el gasto real de la primera vuelta ascendió a $29.924 millones, superando en $1.388 millones el límite fijado por la autoridad electoral.
En cuanto a la segunda vuelta presidencial, la Fiscalía indicó que la campaña habría reportado gastos por $13.623 millones durante el periodo comprendido entre el 30 de mayo y el 19 de junio de 2022. Según el fiscal del caso, esa cifra también superó el tope autorizado por el Consejo Nacional Electoral, que estaba fijado en $13.347 millones.
De acuerdo con la investigación, el exceso en la segunda vuelta habría sido de $276 millones. Para la Fiscalía, estas presuntas irregularidades comprometerían el principio de igualdad entre los competidores dentro del proceso democrático y afectarían la transparencia electoral.
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El Juez 35 de control de garantías pidió a la Fiscalía presentar nuevamente la imputación de cargos, debido a que la defensa del presidente de Ecopetrol pidió especificar fechas y detalles de las presuntas irregularidades en el manejo del dinero de la campaña.
En la audiencia, que continuará el próximo lunes 11 de mayo, Roa deberá responder si acepta o no cargos después de la nueva sustentación de la Fiscalía.
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