La Fiscalía General de la Nación presentó nuevos detalles de la investigación e imputó cargos a Ricardo Roa Barragán por el delito de presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Según el ente acusador, el exceso total en los gastos de campaña habría ascendido a aproximadamente 1.664 millones de pesos.
Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que existen elementos materiales que demostrarían el conocimiento que tenía Roa sobre los gastos y reportes entregados a las autoridades electorales. El delegado del ente investigador aseguró que varias facturas fueron emitidas directamente a nombre del entonces gerente de campaña y contenían sus datos de facturación electrónica, dirección, teléfono y correo electrónico.
Además, el fiscal explicó que esos documentos aparecen asociados a la cuenta única de campaña y que también existe una relación con los informes financieros presentados ante el Consejo Nacional Electoral. Según la Fiscalía, la firma de Ricardo Roa en esos reportes constituye un elemento relevante dentro de la investigación, ya que no solo implicaba la entrega formal de información, sino la corroboración de los gastos reportados.
De acuerdo con el ente acusador, el gasto real de la campaña en primera vuelta presidencial ascendió a 29.924 millones de pesos, cifra que habría superado en 1.388 millones el límite permitido por la ley electoral. Mientras tanto, en segunda vuelta, la campaña habría excedido el tope autorizado en 276 millones de pesos.
La Fiscalía indicó que esos recursos habrían sido utilizados en gastos relacionados con viajes, asesorías, desayunos, hospedajes y otras actividades de campaña. Dentro de la investigación también aparecen operaciones y contratos realizados con entidades como Mi Colombia Travel SAS, el Polo Democrático Alternativo, la Unión Sindical Obrera (USO), entre otras.
Otro de los hallazgos expuestos por la Dirección Especializada contra la Corrupción tiene relación con presuntas inconsistencias en los reportes contables de la campaña. Según la Fiscalía, algunos desembolsos y costos generados durante la primera vuelta habrían sido incluidos en informes correspondientes a la segunda vuelta, mientras que gastos de la segunda habrían sido registrados en los reportes de la primera.
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Para el ente investigador, estas presuntas irregularidades comprometerían la transparencia electoral y afectarían el principio de igualdad entre los distintos competidores dentro del proceso democrático.
Ricardo Roa no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Esta se convierte en la segunda imputación en su contra. La primera está relacionada con una investigación por presunto tráfico de influencias dentro del denominado caso del Penthouse 901.