Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) consolidaron un modelo de gobernanza criminal que les ha permitido ejercer control sobre comunidades, economías locales y corredores estratégicos del Caribe colombiano. Esa es una de las principales conclusiones del más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que además advierte que el proceso de conversaciones adelantado con el Gobierno del presidente Gustavo Petro quedó congelado y su futuro dependerá de la próxima administración.
El estudio señala que las ACSN operan principalmente en Magdalena, Cesar y La Guajira y que, desde agosto de 2025, son consideradas un Grupo Armado Organizado (GAO). Según cifras de la Fuerza Pública citadas por la FIP, la organización cuenta con 594 integrantes, de los cuales 334 hacen parte del componente armado y 260 integran redes de apoyo o milicias. Sin embargo, otras fuentes consultadas por ese centro de pensamiento estiman que el grupo podría tener entre 800 y 1.000 miembros.
El informe concluye que el poder de las ACSN no depende únicamente de las armas. La organización ha construido un sistema de gobernanza criminal basado en el arraigo territorial, las redes familiares, la coerción y la sustitución de funciones estatales, como la regulación de conflictos y la provisión de seguridad en zonas donde la presencia institucional es limitada.
Según el documento, el grupo asegura que el 95 % de sus integrantes son originarios de la Sierra Nevada, un factor que fortalece su legitimidad y capacidad de control sobre las comunidades.
Uno de los hallazgos más relevantes tiene que ver con las finanzas de la organización. La FIP estima que las ACSN obtienen entre 6.000 y 7.000 millones de pesos mensuales mediante la extorsión a comerciantes, empresarios turísticos, transportadores y otros sectores productivos. Los cobros pueden ir desde 30.000 pesos hasta 30 millones de pesos, dependiendo de la actividad económica.
El informe añade que cerca del 95 % de los prestadores de servicios turísticos, entre hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comerciantes y transportadores, pagan extorsiones. Solo la plaza de mercado de Santa Marta les representaría más de 10.000 millones de pesos al año.
La investigación también reitera que el narcotráfico es otra de las principales fuentes de ingresos del grupo. Las ACSN controlan corredores para la salida de cocaína por la costa Caribe y cobran impuestos a otras organizaciones criminales que utilizan esas rutas.
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De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa citadas en el informe, durante 2025 fueron incautadas 35 toneladas de cocaína en Magdalena y La Guajira, de las cuales el 85 % correspondieron a decomisos realizados en Santa Marta (15,9 toneladas) y Uribia (14,2 toneladas).
Además, entre 2020 y 2025 fueron decomisadas 81 toneladas de cocaína en Santa Marta y otras 96 toneladas en Uribia, Riohacha, Manaure y Dibulla, lo que refleja la importancia estratégica de la región para las redes del narcotráfico internacional.
La FIP también analiza la confrontación entre las ACSN y el Clan del Golfo, una disputa que, según el informe, ha intensificado la crisis humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta. Citando cifras de OCHA, el documento señala que entre 2024 y 2025 se registraron más de 6.000 víctimas de confinamiento y 486 personas afectadas por desplazamientos forzados masivos, además de un aumento en homicidios, amenazas y restricciones a la movilidad de comunidades indígenas y campesinas.
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La Fundación Ideas para la Paz recuerda que, aunque el Gobierno Petro abrió un espacio de conversaciones con las ACSN, nombró un equipo negociador y alcanzó un acuerdo de desescalamiento en febrero de este año, la mesa nunca logró consolidarse. A pocas semanas del cambio de gobierno, el proceso permanece suspendido y será la próxima administración la encargada de definir si mantiene o no el diálogo con este grupo armado.
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