La Policía Nacional, en coordinación con el Ejército, desmanteló una infraestructura utilizada para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en zona rural del municipio de Rosario, en el departamento de Nariño.De acuerdo con el director de la Policía, general William Rincón, durante el operativo fueron incautados 423 kilos de clorhidrato de cocaína, además de 764 galones de cocaína en solución, 3.265 galones de insumos químicos líquidos y 726 kilos de insumos sólidos utilizados para la producción del estupefaciente.“Incautamos 423 kilos de cocaína, 764 galones de cocaína en solución, 3.265 galones de insumos químicos líquidos y 726 kilos de insumos sólidos, evitando la producción de cerca de 3 toneladas mensuales de este estupefaciente”, señaló el general por medio de su cuenta de X.Según la institución, con esta operación se evitó la producción de cerca de tres toneladas mensuales de cocaína, lo que representa un golpe significativo a las estructuras dedicadas al narcotráfico en esa región del país.Asimismo, el general William Rincón, indicó que la afectación económica para las organizaciones criminales asciende a 1.740 millones de pesos y aseguró que la incautación impidió que más de 1,1 millones de dosis llegaran a los mercados ilegales.“Con esta operación afectamos las rentas criminales en $1.740 millones e impedimos que más de 1,1 millones de dosis llegaran a los mercados ilegales”, dijo Rincón.La Policía Nacional señaló que continuará desarrollando operaciones conjuntas con las Fuerzas Militares para afectar las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y debilitar las redes de producción y distribución de drogas ilícitas en todo el territorio nacional.
Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) consolidaron un modelo de gobernanza criminal que les ha permitido ejercer control sobre comunidades, economías locales y corredores estratégicos del Caribe colombiano. Esa es una de las principales conclusiones del más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que además advierte que el proceso de conversaciones adelantado con el Gobierno del presidente Gustavo Petro quedó congelado y su futuro dependerá de la próxima administración.El estudio señala que las ACSN operan principalmente en Magdalena, Cesar y La Guajira y que, desde agosto de 2025, son consideradas un Grupo Armado Organizado (GAO). Según cifras de la Fuerza Pública citadas por la FIP, la organización cuenta con 594 integrantes, de los cuales 334 hacen parte del componente armado y 260 integran redes de apoyo o milicias. Sin embargo, otras fuentes consultadas por ese centro de pensamiento estiman que el grupo podría tener entre 800 y 1.000 miembros. El informe concluye que el poder de las ACSN no depende únicamente de las armas. La organización ha construido un sistema de gobernanza criminal basado en el arraigo territorial, las redes familiares, la coerción y la sustitución de funciones estatales, como la regulación de conflictos y la provisión de seguridad en zonas donde la presencia institucional es limitada.Según el documento, el grupo asegura que el 95 % de sus integrantes son originarios de la Sierra Nevada, un factor que fortalece su legitimidad y capacidad de control sobre las comunidades.Uno de los hallazgos más relevantes tiene que ver con las finanzas de la organización. La FIP estima que las ACSN obtienen entre 6.000 y 7.000 millones de pesos mensuales mediante la extorsión a comerciantes, empresarios turísticos, transportadores y otros sectores productivos. Los cobros pueden ir desde 30.000 pesos hasta 30 millones de pesos, dependiendo de la actividad económica.El informe añade que cerca del 95 % de los prestadores de servicios turísticos, entre hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comerciantes y transportadores, pagan extorsiones. Solo la plaza de mercado de Santa Marta les representaría más de 10.000 millones de pesos al año.La investigación también reitera que el narcotráfico es otra de las principales fuentes de ingresos del grupo. Las ACSN controlan corredores para la salida de cocaína por la costa Caribe y cobran impuestos a otras organizaciones criminales que utilizan esas rutas.De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa citadas en el informe, durante 2025 fueron incautadas 35 toneladas de cocaína en Magdalena y La Guajira, de las cuales el 85 % correspondieron a decomisos realizados en Santa Marta (15,9 toneladas) y Uribia (14,2 toneladas). Además, entre 2020 y 2025 fueron decomisadas 81 toneladas de cocaína en Santa Marta y otras 96 toneladas en Uribia, Riohacha, Manaure y Dibulla, lo que refleja la importancia estratégica de la región para las redes del narcotráfico internacional.La FIP también analiza la confrontación entre las ACSN y el Clan del Golfo, una disputa que, según el informe, ha intensificado la crisis humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta. Citando cifras de OCHA, el documento señala que entre 2024 y 2025 se registraron más de 6.000 víctimas de confinamiento y 486 personas afectadas por desplazamientos forzados masivos, además de un aumento en homicidios, amenazas y restricciones a la movilidad de comunidades indígenas y campesinas.La Fundación Ideas para la Paz recuerda que, aunque el Gobierno Petro abrió un espacio de conversaciones con las ACSN, nombró un equipo negociador y alcanzó un acuerdo de desescalamiento en febrero de este año, la mesa nunca logró consolidarse. A pocas semanas del cambio de gobierno, el proceso permanece suspendido y será la próxima administración la encargada de definir si mantiene o no el diálogo con este grupo armado.
Las empresas de transporte intermunicipal suspendieron este lunes el despacho de buses entre Pereira y el Chocó debido a la compleja situación de orden público que enfrenta ese corredor vial. Durante la mañana y parte de la tarde se registraron intensos combates entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes del ELN en el corregimiento El Tapón, jurisdicción de Tadó, sobre la vía que comunica al Chocó con Pereira.A estos combates se suman otras acciones violentas registradas durante el fin de semana y este lunes, una situación que llevó a las empresas Flota Occidental y Empresa Arauca a suspender los viajes hacia el Chocó. Por ahora, los vehículos solo están llegando hasta el corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico (Risaralda).El gerente de la Terminal de Transportes de Pereira, Héctor Fabio Artunduaga Mejía, confirmó que ambas empresas adoptaron la medida como consecuencia de las continuas acciones armadas en ese corredor vial: "Las 2 empresas que despachan buses desde aquí, desde el terminal, hacia ese sector no lo están haciendo, solo estamos despachando buses hasta el corregimiento de Santa Cecilia. Estamos a la espera de que nos informen en qué momento se supera esta situación y podamos seguir prestando el servicio de esos 16 buses, con esas, aproximadamente, 500 personas que salen diariamente desde Pereira hacia el departamento del Chocó", señaló.Entre tanto, unidades del Ejército Nacional permanecen en la zona enfrentando a los subversivos y desarrollando operaciones para restablecer las condiciones de seguridad en la carretera.De manera paralela, el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Óscar Ochoa, sostuvo una reunión con el gerente de la Terminal de Transportes para evaluar la situación de movilidad hacia el departamento del Chocó.Al término del encuentro, el oficial anunció el fortalecimiento de las medidas de seguridad en la vía y entregó recomendaciones que serán transmitidas a los conductores y viajeros que deban desplazarse por ese corredor.
Un juez administrativo ordenó suspender de manera provisional los bombardeos contra estructuras de grupos armados ilegales en el departamento de Arauca hasta que las Fuerzas Militares revisen y ajusten los protocolos de planeación y ejecución de este tipo de operaciones, con el propósito de reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes que puedan encontrarse en esas zonas de conflicto.La decisión fue adoptada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca, dentro de una acción de tutela presentada por el personero municipal de Puerto Rondón, quien solicitó fortalecer las medidas de protección para los menores de edad que han sido reclutados por organizaciones armadas ilegales. Tras conocerse el fallo, la defensora del Pueblo explicó que la decisión busca equilibrar la protección de la población civil con la obligación del Estado de salvaguardar los derechos de los menores vinculados al conflicto. “Nuestro mensaje es que aquí hay una tensión entre la protección de la seguridad de la población en general, a través de unos bombardeos que afectan eventualmente derechos de menores de edad. El hecho de que se conviertan en combatientes no les retira la obligación del Estado de protegerlos en todo tiempo y lugar”, afirmó.La funcionaria agregó que “siempre nuestro llamado ha sido a que el Gobierno nacional, el presidente de la República y el ministro de Defensa deben tomar todas las medidas para evitar al máximo que mueran menores de edad dentro de estos bombardeos, teniendo en cuenta su previa victimización”.La Defensoría también alertó sobre el número de menores fallecidos en operaciones militares durante el actual gobierno, al indicar que se han registrado más de 60 menores abatidos en medio del conflicto armado. Por su parte, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, lamentó la muerte de menores reclutados por organizaciones ilegales y aseguró que las Fuerzas Militares han buscado evitar este tipo de situaciones antes de autorizar bombardeos. “Es lamentable que tengan que morir menores, muchos de los cuales son víctimas de reclutamiento forzado por parte de estos grupos ilegales. El ministro de Defensa ha anunciado en varias oportunidades que han agotado todas las medidas de inteligencia preventivas y de disuasión para que no haya bombardeos con presencia de menores”, señaló.El ministro indicó que será necesario analizar el alcance del fallo judicial. “Habrá que esperar entonces el fallo en concreto, que debe ser revisado por el Ministerio de Defensa, para ver si los bombardeos, donde haya evidencia de presencia de menores, no se hagan”. No obstante, precisó que las operaciones militares continuarían en otros escenarios cuando exista certeza de que no hay menores de edad en los campamentos. “Con otros grupos armados en otras zonas siguen los bombardeos por parte del Ministerio de Defensa cuando se tiene una mediana certeza de que no hay presencia de menores”, concluyó.
En las últimas horas fue secuestrada Sonia Sarmiento, propietaria del restaurante La Marqueza, ubicado sobre la vía Panamericana entre Popayán y el municipio de Timbío, en el departamento de Cauca.De acuerdo con la información preliminar, al menos cuatro hombres armados y encapuchados llegaron hasta el establecimiento e ingresaron directamente para llevarse por la fuerza a la empresaria, acción que quedó registrada en las cámaras de seguridad del restaurante. En las imágenes que circulan por redes sociales se ve el momento exacto en que los vehículos se estacionan frente al establecimiento, mientras los hombres ingresan al lugar para llevarse a la comerciante.Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para intentar ubicar a la víctima y dar con los responsables. Hasta el momento no se ha confirmado qué grupo armado estaría detrás de la acción.Cabe destacar que este ya sería el segundo secuestro de una comerciante en 24 horas, pues ocurrió pocas horas después del secuestro de Zulandy Mambuscay, propietaria de un salón de belleza, quien fue interceptada por hombres armados en el sector de Piagua, sobre la vía entre El Tambo y Popayán. Durante ese ataque, otra persona resultó herida con arma de fuego.Frente a este hecho y la compleja situación de seguridad en el departamento la senadora Paloma Valencia, por medio de su cuenta de X se refirió al secuestro de Sonia Sarmiento, dueña del restaurante La Marqueza y señaló que hechos como este dejan en evidencia la perdida de seguridad en el departamento.“El Cauca sufre la Paz total de Cepeda y Petro, se perdió la seguridad, las vías, los pueblos y la libertad”, dijo Paloma Valencia en su cuenta de X.Asimismo, la senadora exigió la ayuda por parte de las autoridades y pidió la liberación inmediata de la comerciante.
Don Luis Felipe Yagüé, un vendedor ambulante de 74 años, generó una ola de solidaridad luego de que se hiciera viral un video en el que un supuesto profesor de la Universidad de la Amazonía en el Caquetá, lo grabara cuando fue a entregarle una panela. El educador le dice que no le compraría más sus productos por diferencias políticas relacionadas con las recientes elecciones presidenciales.En el video, que fue grabado y publicado por el mismo profesor, se escucha cuando le da a entender que por haber votado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, tomó la decisión de dejar de comprarle sus productos. “Don Luis Felipe, ¿qué le iba a decir? No me vuelva a dejar nada. He decidido, después de estas elecciones, comprándole directamente a los campesinos. Yo no voy a seguir comprándole cosas a la gente que votó para que nos destripen a nosotros. Usted sabe que yo soy profesor, a mí me ha tocado muy duro. No es cuestión de cobrarle que piense políticamente diferente a mí, es sencillamente coherencia”, dijo el docente.En la grabación el señor Luis Felipe le agradece al hombre por haberle comprado por tanto tiempo, se da la vuelta y se va. La situación generó indignación entre miles de internautas, figuras políticas, líderes de opinión y activistas que comenzaron a viralizar el video para que más personas le compraran los productos al adulto mayor.Los internautas calificaron la acción del profesor como “miserable” y con toda la intención de querer humillar al señor, quien desde hace más de dos años recorre los barrios de Florencia vendiendo panela, huevos, miel, quesillo, cuajada y otros productos campesinos.Tras la difusión del contenido, lejos de verse afectado, su emprendimiento recibió un amplio respaldo ciudadano. Al momento, en su foto de perfil de WhatsApp tiene una imagen en la que pide disculpas por no atender rápido, pues tiene mucha demanda.Algunas personas decidieron replicar el modelo del influencer Camilo Cifuentes y pagarle más al adulto mayor por sus productos, con el fin de ayudarlo.
En la rutina diaria de las ciudades, no es raro ver a ciudadanos incómodos cuando un policía les solicita la cédula. Para muchos, este tipo de requerimientos se percibe como una señal de sospecha o incluso como un exceso de autoridad, lo que lleva a que algunas personas se nieguen a mostrar su documento de identidad.Sin embargo, esta reacción, que parece común en la calle, puede terminar en sanciones económicas y otras consecuencias legales y económicas, pues detrás de este tipo de situaciones hay normas que buscan facilitar la labor de las autoridades y mantener el orden en espacios públicos.Negarse a identificarse ante la Policía sí tiene consecuenciasEn Colombia, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el artículo 35 establece los comportamientos que afectan las relaciones entre personas y autoridades.Además, menciona que identificarse ante un requerimiento de la Policía es un deber y negarse a hacerlo, o dificultar el procedimiento, es considerado un comportamiento contrario a la convivencia.De acuerdo con esta normativa, cuando una persona se resiste a mostrar su documento de identidad, puede recibir una multa tipo 4, que supera los $900.000. Asimismo, la sanción incluye la obligación de participar en actividades pedagógicas o trabajo comunitario.Este tipo de casos es más común de lo que parece, pues, según las autoridades, en lo que va del año, más de 2.500 personas han sido sancionadas por negarse a identificarse ante un policía que ejerce operativos de control en Bogotá.¿Por qué los policías piden el documento de identidad?Las autoridades insisten en que estos procedimientos no implican, necesariamente, que una persona esté siendo investigada por un delito. En muchos casos, se trata de controles preventivos o verificaciones rutinarias que permiten garantizar la seguridad en diferentes sectores.Por eso, indican que facilitar la identificación no solo evita sanciones, sino que también ayuda a que los operativos se desarrollen de manera más ágil. Desde las entidades de seguridad se ha venido trabajando en campañas pedagógicas para que los ciudadanos comprendan que este tipo de acciones hacen parte de la convivencia y del respeto entre comunidad y autoridades.Aunque la incomodidad frente a estos requerimientos sigue siendo una reacción común, desde el Distrito indican que negarse puede salir caro y complicar una situación que, en principio, podría resolverse en cuestión de minutos.
La emergencia por la temporada de lluvias en Casanare sigue agravándose. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) actualizó este domingo el balance de afectaciones y confirmó que 13 municipios permanecen en emergencia, con 3.632 familias damnificadas y 51 vías bloqueadas o destruidas.Ante la magnitud de la situación, el Ejército Nacional mantiene desplegadas sus capacidades de atención y prevención de desastres en los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad, donde soldados de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres apoyan las labores de rescate, evacuación y asistencia humanitaria.Dos pelotones especializados trabajan en cinco frentes de atención junto con el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, autoridades locales y organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.En San Luis de Palenque, las tropas han evacuado y rescatado a 15 personas que se encontraban en riesgo por el aumento del nivel de las aguas. En Trinidad, las labores se concentran en las veredas Bélgica, San Vicente, Bucare, La Cañada, San Pedro y La Soledad, donde fueron rescatadas tres personas y se brindó asistencia directa a 80 habitantes afectados.Como parte de la respuesta institucional, el Ejército también apoyó el embarque y distribución de ayudas humanitarias para cerca de 450 personas, además de la entrega de 15.000 litros de agua potable. Las autoridades priorizan la atención de unas 800 familias, mientras continúan evaluando las necesidades en las zonas inundadas.La emergencia no solo afecta a Casanare. Las intensas lluvias y el desbordamiento de los ríos mantienen impactos en otras regiones de los Llanos Orientales y la frontera con Venezuela. En Arauca, el balance supera las 9.000 familias afectadas, mientras que en Boyacá también se reportan daños en varios municipios. Del lado venezolano, la población de La Victoria, en el estado Apure, continúa inundada tras la ruptura de un dique y el incremento del caudal del río Arauca, pese a que el nivel del agua ha comenzado a descender paulatinamente.
Venezuela sumó este domingo otros 157 muertos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, por lo que totalizan al menos 4.490 fallecidos, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740, según el balance oficial.El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, indicó en redes sociales que 120.794 familias han sido atendidas y que hay 19.583 personas en un total de 108 campamentos transitorios habilitados, principalmente, en escuelas de Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira, la región más afectada.Según esta actualización, hay 14 nuevos refugios temporales respecto al sábado, cuando había 94. El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que han sido distribuidas 9.995 toneladas de alimentos y 18,5 millones de litros de agua.Por otra parte, hay 30.535 voluntarios registrados y 31.837 funcionarios de distintos organismos desplegados en el país, donde, además, ha habido 1.222 réplicas desde el 24 de junio.Míster Venezuela despide a su novio tras 17 días de búsquedaEn una funeraria en Caracas, Lenin Peña, Míster Universo Venezuela 2025, despidió este domingo a su novio, cuyo cuerpo fue encontrado tras 17 días de búsqueda entre los escombros del edificio donde vivían juntos, en la devastada región costera de La Guaira, y que colapsó por el doble terremoto."Sé que lo intenté, sé que lo encontré, pero siento que no llegué a tiempo. Queríamos durar toda la eternidad juntos", dijo a EFE durante el velorio en una funeraria en el sector La Florida de la capital.Durante las dos semanas y dos días que duró la búsqueda, Peña compartía en tiempo real detalles en su cuenta en Instagram, donde también pedía ayuda y equipos, como un martillo de aire, un compresor de remolque y una planta eléctrica, para facilitar la misión.Pese a que con el tiempo disminuían las probabilidades de encontrarlo con vida, tenía su "fe intacta" y guardaba la esperanza de que Yordy Paredes, Míster Mérida 2025 y estudiante de Psicología de veintidós años, siguiera vivo."Siempre va a ser el amor de mi vida, siempre, y espero que algún día nos volvamos a encontrar", expresó el también médico de treinta años de edad.La búsquedaEl 24 de junio, feriado en Venezuela, Peña había salido de su casa para visitar a su madre e hijos, en otra localidad de La Guaira.Los terremotos también desplomaron la vivienda de su mamá, pero ellos lograron salir, tras lo que intentó comunicarse con su novio, pero no contestaba, y la señal de telefonía móvil colapsó, así como otros servicios. El joven doctor corrió hasta llegar a su edificio, uno de los numerosos inmuebles que colapsaron en La Guaira."Cuando llegué, me encontré con el edificio devastado. Yo no paraba de gritar intentando localizarlo, porque no sabía si le dio chance de bajar", recordó Peña, quien recorrió los alrededores y visitó un hospital en su búsqueda.Entonces, dijo, entendió que "estaba en casa". Empezó entre los escombros solo y luego, poco a poco, se formó un pequeño grupo al que posteriormente se sumaron rescatistas y bomberos.Peña insistió, pese a que los rescatistas "abandonaron la misión porque se ponían en riesgo, al ver lo peligroso" que era. "Amor, espérame un poco más. Ya casi llego, amor, por favor", escribió en Instagram el 7 de julio, día del cumpleaños de su novio.El último mensajeEl 8 de julio, cuando se cumplieron dos semanas de los sismos, ya estaban más cerca: habían logrado llegar a lo que era la cocina de su apartamento, y dos días después, a la sala.Fue ahí donde, en la madrugada del sábado, lo encontraron. Lo primero que vio fueron sus dedos. "Ya sabía que era él. Cuando tú conoces a una persona, sabes todo", afirmó.Entre las ruinas también encontró el peluche que le regaló el 14 de febrero de este año, Día del Amor y la Amistad, así como un reloj y dos camisetas."Ver nuestras cosas en el apartamento ya era desgarrador, y después encontrarlo a él...", relató.En su teléfono, guarda el último mensaje que Paredes le envió: "Te amo muchísimo, siempre voy a estar a tu lado, en cada rincón".
Tres comerciantes oriundos del Huila, que habían sido reportados como desaparecidos mientras realizaban una actividad comercial en la región, fueron encontrados sin vida tras haber sido secuestrados y torturados.Desde Indepaz, señalaron que las víctimas fueron identificadas como Jhon Pedro Rodríguez, de 38 años; Rodrigo Rodríguez, de aproximadamente 40 años, y Jhon Bastos, de 35 años, quienes, según información preliminar, habían viajado al norte del Cauca para desarrollar actividades comerciales.Según las autoridades, las tres hombres habrían sido interceptados por integrantes de un grupo armado ilegal que opera entre los municipios de Corinto y Miranda, donde fueron retenidos y trasladados hacia la parte alta de la zona rural. Desde indepaz, confirmaron que esta sería la masacre número 69 que se ha registrado en lo corrido del 2026.Los cadáveres fueron encontrados en los sectores de El Barranco, en Corinto, y en zona rural de Miranda. Debido a las dificultades de acceso y a las condiciones de seguridad en el área, fueron habitantes de la región quienes ayudaron a trasladar los cuerpos hasta la sede de Medicina Legal en Santander de Quilichao, donde posteriormente fueron identificados por sus familiares.Las autoridades señalaron que las víctimas presentaban evidentes signos de tortura y heridas ocasionadas con arma de fuego.Por ahora, avanzan las investigaciones para establecer cuál organización armada sería la responsable del triple homicidio y esclarecer los móviles del crimen.
En medio de operaciones militares ofensivas desarrolladas en zona rural de Arauquita, Arauca, tropas de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional sostuvieron combates contra integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejando como resultado la muerte en combate de alias ‘Cuto’ presunto integrante de esa estructura armada.De acuerdo con la información entregada por la institución, el enfrentamiento ocurrió en la vereda Las Bancas y tenía como propósito fortalecer la seguridad, proteger a la población civil y mantener el control institucional del territorio. Según el Ejército, durante la operación fue abatido alias “Cuto”, quien, de acuerdo con información de inteligencia militar, estaría encargado de ejecutar acciones de sicariato en la región y de participar en actividades terroristas. Tras los combates, las tropas incautaron un arma corta, cartuchos y proveedores, material que fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos judiciales.Ejército desmiente video que circula en redes socialesLa institución también aclaró que un video difundido en redes sociales, en el que supuestamente se observa un atentado reciente contra un vehículo blindado del Ejército, no corresponde a hechos actuales.Según explicó el Ejército Nacional, las imágenes hacen referencia al atentado perpetrado por el ELN el 9 de enero de 2025 en el municipio de Saravena, Arauca, por lo que pidió a la ciudadanía evitar la difusión de información descontextualizada.Finalmente, la institución aseguró que mantendrá las operaciones ofensivas en el departamento para prevenir acciones que afecten el orden público y garantizar la seguridad de las comunidades.
El comandante general de las Fuerzas Militares, el General Hugo López Barreto, respondió a las acusaciones del coronel en retiro Javier Valenzuela, quien aseguró que recibió órdenes para detener operaciones contra la Segunda Marquetalia durante su paso por el departamento de Nariño. El General Lopez Barreto calificó esas afirmaciones como falsas y aseguró que las Fuerzas Militares nunca han dejado de cumplir su misión constitucional.El General López afirmó que todas las decisiones operacionales de la institución han estado encaminadas a preservar la seguridad nacional, proteger a la población civil y garantizar la presencia legítima del Estado en el territorio: “Se equivoca el coronel Valenzuela al afirmar falsamente que yo he ordenado detener operaciones contra la Segunda Marquetalia”, señaló. El comandante explicó que Valenzuela permaneció en Nariño entre marzo y noviembre de 2025, primero al frente del Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Pegaso y posteriormente como comandante de la Fuerza de Tarea Hércules. Aseguro que, durante ese periodo, el único cese al fuego bilateral con la autodenominada Segunda Marquetalia fue el establecido mediante el Decreto 1052 de 2025, aplicado únicamente en fechas y zonas específicas de Nariño y Putumayo.Frente a la salida del oficial de la institución, El General López indicó que obedeció al curso normal de la carrera militar, luego de que no fuera seleccionado para el Curso de Altos Estudios Militares y agregó que posteriormente Valenzuela solicitó su retiro voluntario, el cual fue aprobado mediante resolución del 30 de diciembre de 2025.El general también anunció que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de injuria, calumnia, afectación a la imagen institucional y al buen nombre e indicó que el propósito es que el coronel entregue las pruebas que respalden sus afirmaciones o, de lo contrario, se retracte conforme a lo establecido por la ley.Finalmente, El General López defendió su trayectoria de 42 años en la institución y aseguró que nunca ha impartido órdenes que favorezcan a estructuras criminales o pongan en riesgo la vida de los soldados o de la población civil.
El Ejército abrió una nueva convocatoria para incorporarse como suboficial, una carrera que ofrece, según la institución, beneficios académicos, económicos y laborales desde el inicio del proceso de formación.Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 5 de agosto para los cursos de Suboficial de Arma y Suboficial Administrativo, programas que se desarrollan en la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá.Entre los beneficios que recibirán los aspirantes seleccionados se encuentran matrícula cero, de acuerdo con la clasificación del Sisbén; bonificación mensual durante el periodo de formación; alojamiento, alimentación y dotación, así como oportunidades de movilidad académica tanto en el país como en el exterior. A esto se suma la posibilidad de incorporarse laboralmente al Ejército una vez culminen sus estudios.Los jóvenes que ingresen al Curso de Suboficial de Arma recibirán una formación de dos años, periodo tras el cual obtendrán el grado militar y una doble titulación tecnológica. Por su parte, quienes opten por el Curso de Suboficial Administrativo cursarán seis meses de formación militar complementaria, diseñada para fortalecer las competencias adquiridas previamente en sus áreas profesionales.Una vez culminada la etapa académica, los nuevos suboficiales pasarán a integrar las filas del Ejército y accederán al régimen especial de salud y pensión, además de contar con posibilidades de capacitación permanente y programas de vivienda militar, de acuerdo con el tiempo de servicio y la normatividad vigente.La convocatoria para el Curso de Suboficial de Arma está dirigida a bachilleres de entre 17 y 24 años. Los aspirantes deberán superar pruebas psicométricas, psicológicas, médicas y físicas, además de entrevistas, visitas domiciliarias y exámenes de poligrafía como parte del proceso de selección.En el caso del Curso de Suboficial Administrativo, podrán postularse técnicos profesionales y tecnólogos de hasta 29 años y seis meses de edad, quienes deberán acreditar experiencia relacionada con su formación, presentar los resultados de las pruebas Saber TyT y cumplir con los requisitos establecidos por la institución.La oferta académica abarca más de veinte áreas del conocimiento, entre ellas Gestión de Servicios de Salud, Seguridad y Salud en el Trabajo, Regencia de Farmacia, Criminalística y Ciencias Forenses, Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas, Química, Electricidad, Obras Civiles, Comunicación Gráfica, Mecánica Diésel y Sistemas.La institución recordó que el proceso de incorporación no requiere intermediarios y que toda la información sobre requisitos, inscripción y etapas de selección puede consultarse a través de los canales oficiales del Ejército.
Un operativo en zona urbana de Riohacha terminó con la captura de Yeimer Pinto, alias de ‘Malayo’, uno de los principales cabecillas de la subestructura criminal “Javier Cáceres”, perteneciente a Los Pachenca. Junto a él fue detenido Helio López, alias ‘Mandón’, quien cumplía funciones de escolta personal de este criminal.Las capturas se produjeron durante una diligencia de allanamiento y registro que hace parte de una investigación iniciada en 2025 contra esta estructura criminal, considerada una de las de mayor influencia en la región Caribe. Ambos fueron judicializados por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Según las investigaciones, la subestructura “Javier Cáceres” cuenta con cerca de un centenar de integrantes entre hombres armados y redes de apoyo, con presencia en municipios del Magdalena y La Guajira. Su accionar se concentra sobre la Troncal del Caribe y en corredores estratégicos utilizados para el tráfico de drogas y otras economías ilegales.Alias ‘Malayo’ era considerado uno de los hombres de mayor confianza de alias ‘Nain’ o ‘Bendito Menor’, principal cabecilla de la estructura, y tendría bajo su mando a por lo menos 40 hombres armados encargados del control territorial y de las rutas de salida de cocaína desde la Alta Guajira hacia el Caribe. Además, mantenía una confrontación armada con el grupo delincuencial conocido como ‘Los JJ’ por el control de las rentas criminales en la región.Las autoridades también lo relacionan con el asesinato de un ciudadano en el barrio Dividivi, en Riohacha, crimen que habría sido grabado y difundido posteriormente en redes sociales con el objetivo de generar temor entre la población y enviar mensajes intimidatorios a grupos rivales y a las autoridades. Durante el procedimiento fueron incautadas dos pistolas, cinco proveedores, 71 cartuchos de diferentes calibres, siete teléfonos celulares y material de intendencia que será analizado como parte del proceso investigativo.La captura de alias ‘Malayo’ representa un golpe a la estructura de mando y a las finanzas de la subestructura “Javier Cáceres”, que durante los últimos años consolidó su influencia sobre corredores estratégicos del narcotráfico y actividades de extorsión en varios municipios del Caribe colombiano.
El Ejército Nacional informó el rescate de 17 integrantes de una comunidad indígena que permanecían secuestrados en zona rural de Riohacha, La Guajira, en medio de un presunto conflicto entre clanes.La operación fue adelantada por tropas del Gaula Militar Guajira y del Batallón de Infantería N.° 6, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, luego de que familiares de las víctimas alertaran a las autoridades sobre la situación. Según informó el Ejército, las personas permanecían retenidas desde el pasado 14 de junio y durante ese tiempo no tuvieron acceso a alimentos ni agua potable, lo que habría provocado afectaciones de salud por deshidratación.Los uniformados encontraron a 17 personas, entre ellas siete menores de edad. Una de las niñas, de 10 años, fue hallada con heridas ocasionadas por arma de fuego, aparentemente relacionadas con el conflicto interclanes.Además, de acuerdo con los testimonios de las víctimas, una bebé de nueve meses habría fallecido días atrás por deshidratación.Tras el rescate, personal del Ejército brindó atención prehospitalaria a los menores que presentaban un estado delicado de salud y coordinó su traslado a un centro asistencial para recibir valoración médica.En el lugar también fueron encontradas dos armas de fuego con su respectiva munición, elementos que fueron entregados a las autoridades para avanzar en la investigación y determinar responsabilidades.
De acuerdo con información oficial, Anderson Castro Repiso, conocido con el alias de ‘Mono Huevo’, fue detenido por soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1 de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. El hombre tenía una orden de captura vigente y es señalado como presunto cabecilla de la comisión de finanzas de las disidencias lideradas por alias ‘Calarcá’.La captura se produjo durante la madrugada cuando el señalado integrante de la estructura armada se movilizaba en una camioneta blindada. Tras su detención, las autoridades intentaron realizar su extracción mediante un helicóptero, pero las condiciones climáticas impidieron la maniobra.Horas después, un grupo de personas llegó al sector y rodeó a los uniformados, exigiendo la liberación del capturado, lo que generó momentos de tensión en la vereda La Esperanza, en jurisdicción de La Macarena.Sin embargo, la situación fue controlada posteriormente. Según la información conocida, las personas que permanecían en el lugar se dispersaron y las tropas lograron mantener la custodia del detenido, permitiendo que alias ‘Mono Huevo’ fuera finalmente puesto a disposición de las autoridades competentes.Señalado de delitos y actividades criminalesLas autoridades identifican a Anderson Castro Repiso, de 26 años, como uno de los principales integrantes de la estructura Ever Castro, perteneciente al bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc.De acuerdo con los reportes de inteligencia, su influencia criminal se extendía por varias zonas rurales de los municipios de La Uribe y La Macarena, en el departamento del Meta.Dentro de las investigaciones en su contra figuran señalamientos por extorsiones a comerciantes y ganaderos, presiones sobre la población civil y actividades de proselitismo armado en diferentes veredas de la región. También es requerido por un proceso judicial relacionado con un caso de acceso carnal violento contra una menor de edad ocurrido en 2017.Las autoridades sostienen que recibió entrenamiento en campamentos clandestinos ubicados en Caquetá, donde habría realizado cursos de guerrilla y formación de mando que le permitieron ascender dentro de la organización ilegal.Golpe a las disidencias de alias ‘Calarcá’Tras la operación, el Ejército destacó que la captura representa un golpe a las estructuras criminales que operan en el sur del Meta y que hacen parte del grupo armado organizado residual liderado por alias ‘Calarcá’.“Con esta operación militar se logra debilitar las redes criminales de este grupo armado organizado residual”, señalaron las autoridades al confirmar la detención.La captura de alias ‘Mono Huevo’ se suma a las operaciones que adelantan las Fuerzas Militares contra las estructuras armadas ilegales que mantienen presencia en esta zona del país.
La presencia de grupos armados ilegales en Colombia creció más de un 165 % en apenas seis años, al pasar de 195 municipios en 2019 a 518 en 2025. Por esta razón y otros datos que evidencian el deterioro del panorama de seguridad, la Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre la necesidad urgente de aumentar la inversión en ciencia, tecnología e innovación para enfrentar amenazas cada vez más complejas.La advertencia fue presentada durante la divulgación de un estudio sobre la implementación de la política de Ciencia, Tecnología e Innovación en el sector Defensa y Seguridad, en el que el organismo de control concluye que el país debe acelerar el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas para mejorar la protección del territorio y de los ciudadanos. El informe señala que los grupos armados ilegales no solo ampliaron su presencia territorial, sino que también fortalecieron su estructura. De acuerdo con los hallazgos, estas organizaciones incorporaron cerca de 5.000 integrantes en un solo año, alcanzando aproximadamente 27.000 miembros, lo que refleja una creciente capacidad de adaptación y expansión.Según los resultados, entre 2019 y 2025, los combates entre la Fuerza Pública y estas estructuras aumentaron un 111 por ciento, llegando a 228 confrontaciones durante el último año, la cifra más alta registrada en la última década.Ante este panorama, la Contraloría destacó que el Gobieno ha comenzado a fortalecer algunas capacidades estratégicas. En 2024 se destinaron 136.200 millones de pesos para la adquisición de sistemas antidrones y para 2025 están programados cerca de 300.000 millones de pesos adicionales para reforzar esta tecnología, considerada clave frente a las nuevas amenazas.Sin embargo, el organismo de control advirtió que persisten importantes rezagos en materia de investigación e innovación. Actualmente Colombia invierte apenas el 0,2 por ciento de su Producto Interno Bruto en actividades de ciencia, tecnología e innovación, una cifra muy inferior al promedio de los países de la OCDE, que alcanza el 2,5 por ciento.Según el estudio, la evolución de los riesgos en seguridad exige respuestas sustentadas en inteligencia, desarrollo tecnológico e innovación permanente. La entidad considera que la capacidad de anticipar amenazas será determinante para fortalecer la soberanía tecnológica, reducir brechas y mejorar la capacidad operativa del Estado.Finalmente, la Contraloría hizo un llamado a consolidar una política de Estado de largo plazo que garantice recursos sostenidos para el desarrollo científico y tecnológico del sector Defensa y Seguridad.
Blu Radio conoció en primicia que, durante una operación de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional, fue abatido alias 'Marlon', señalado como el máximo cabecilla de las disidencias de alias 'Iván Mordisco' en el departamento del Cauca y presunto responsable del atentado contra la población civil que dejó 20 personas fallecidas en el túnel de Cajibío, el pasado sábado 25 de abril, en la vía Panamericana.Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, era el principal cabecilla del grupo disidente de ‘Iván Mordisco’ en Cauca y tendría una trayectoria dentro de la organización armada superior a los 15 años.Alias 'Marlon' Ingresó como guerrillero y con el tiempo habría asumió responsabilidades de mando. Además, entre agosto y septiembre de 2023, el grupo bajo su mando ejecutó al menos una docena de acciones que dejaron policías y soldados muertos, civiles heridos y material de guerra hurtado. El 12 de agosto de 2024, tres policías fueron asesinados y otro más resultó herido en medio de una emboscada en la vía Morales-Suárez. Un día después, un carro bomba explotó en el corregimiento de Timba, en Buenos Aires, y dejó como resultado otro uniformado muerto.Minutos después de conocerse la primicia de Blu Radio, el presidente Gustavo Petro, se refirió a la muerte del cabecilla y aseguró que este es el golpe más duro por parte del Gobierno contra las estructuras armadas en el occidente del país.“No me gusta hablar de muertos porque son muertos colombianos que no deberían ser si hubiese paz, Pero el jefe máximo de los frentes del Cauca que había enfrentado al gobierno y matado a los indígenas y Caucanos en general alias Marlon, segundo de alias Iván Mordisco, ha caído en combate”, señaló el mandatario por medio de su cuenta de X.Asimismo, el presidente calificó el hecho como una victoria para el Ejército y "más seguridad para Colombia""Es el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia. Por el número de fusiles y personas presas y niños liberados ya la estructura en el Cauca de esta organización ha sido derrotada", agregó el presidente Petro.Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, señaló que con el abatimiento de alias 'Marlon', se ratifica la postura del departamento de no dar trega con las estructuras criminales que operan en el departamento."Ha sido abatido alias Marlon, responsable de la muerte de 21 civiles en la masacre perpetrada el pasado 25 de abril en El Túnel, Cajibío. Este resultado ratifica que no daremos tregua a las estructuras criminales que pretenden sembrar miedo, intimidar a nuestras comunidades y quebrantar la tranquilidad de las y los caucanos", aseguró el gobernador.Finalmente, reconoció el trabajo por parte de las autoridades y señalaron que su prioridad es proteger la vida, garantizar la seguridad y recuperar la tranquilidad de toda la población.
Una operación militar en el departamento del Cauca terminó con la muerte de cinco presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. La acción fue ejecutada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, que adelantaban acciones ofensivas contra esta organización criminal señalada de cometer múltiples hechos violentos en el occidente colombiano.Los cinco hombres hacían parte de una comisión armada responsable de diversas acciones criminales en el departamento, entre ellas la instalación de artefactos explosivos en el sector conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío. Ese ataque es recordado como uno de los hechos más violentos ocurridos recientemente en la zona, pues dejó un saldo de 21 personas muertas y 45 más heridas.Las investigaciones también relacionan a esta estructura con el hurto de vehículos sobre la vía Panamericana, corredor estratégico que conecta el sur y el suroccidente del país, así como con el uso de drones cargados con explosivos para atacar a la Fuerza Pública y generar intimidación en varias poblaciones caucanas.Tras la operación, los militares incautaron un importante arsenal compuesto por ocho fusiles, una ametralladora, abundante munición, proveedores, equipos de comunicación, teléfonos celulares y un computador que ahora será analizado por las autoridades para obtener información sobre las operaciones y redes de apoyo del grupo armado.La caída de estos cinco presuntos integrantes representa un golpe significativo para la capacidad operativa de la estructura Jaime Martínez, especialmente en sus componentes armados y logísticos, que venían siendo señalados de ejecutar acciones violentas contra la población civil y de mantener actividades criminales en distintos municipios del Cauca.
El director de la Policía, general William Rincón, se refirió al anuncio del ELN de liberar a dos investigadores de la Dijín que permanecen secuestrados desde el 20 de julio de 2025. El general afirmó que la eventual entrega de los uniformados no puede ser vista como un gesto de buena voluntad, sino como la corrección de un delito que nunca debió ocurrir.Según explicó el oficial, el grupo criminal informó a través de un mensaje difundido en un canal de Telegram que este 16 de junio, sobre las 10:00 de la mañana, dejaría en libertad al intendente Franklin Hoyos y al patrullero Johnny Fabián Pérez, quienes permanecen retenidos desde hace casi un año. Sin embargo, el general Rincón dejó claro que la posición de la Policía frente al secuestro es de absoluto rechazo. “Nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que tiene que ver con el secuestro. Lo repudiamos como Policía y como colombianos”, afirmó el alto oficial, al insistir en que la exigencia es una sola, la liberación inmediata de los uniformados.El general Rincón fue enfático al señalar que la institución no tiene motivos para agradecer una eventual liberación. “No les vamos a agradecer. Solamente queremos que los liberen a ellos y también a los del CTI, y por supuesto a todos los uniformados que tienen secuestrados y a las demás personas”, manifestó.Para el general Rincón, la retención de funcionarios del Estado no constituye una acción propia del conflicto, sino una conducta criminal que vulnera los derechos fundamentales de las víctimas.“Eso no es un acto de guerra, es un acto de cobardía contra cualquier servidor público”, sostuvo el oficial, quien además reiteró que la expectativa de la institución es que el ELN cumpla con el anuncio realizado y proceda efectivamente a la liberación de los dos investigadores.
El desplazamiento forzado en el sur de Colombia no da tregua y, una vez más, el pueblo indígena Jiw se encuentra en el centro de una crisis humanitaria. En las últimas semanas, decenas de familias se han visto obligadas a abandonar sus territorios ancestrales en el municipio de Mapiripán (Meta) para buscar refugio en San José del Guaviare.Las razones de este éxodo masivo están ligadas a la guerra territorial que libran dos facciones de las disidencias de las Farc: la estructura de alias ‘Iván Mordisco’ y las fuerzas comandadas por alias ‘Calarcá’.Ambos grupos se disputan las rutas del narcotráfico, los corredores de movilidad entre los departamentos de Meta y Guaviare y el control social de la región.Según la denuncia de una lideresa de la comunidad, quien habló bajo estricta reserva de su identidad para proteger su vida, el miedo a ser asesinados o reclutados los ha obligado a dejar su territorio.“Nosotros salimos por el temor. Ya estamos quedando poquitas familias porque todos están desaparecidos. Los que se han llevado nunca aparecen, nunca sabemos noticias de ellos”, señaló la líder.La denuncia pública de la comunidad Jiw apunta a una estrategia de terror por parte de los grupos armados ilegales que delinquen en la zona. El reclutamiento forzado de jóvenes y menores de edad se ha convertido en la principal amenaza para la supervivencia cultural y física de este pueblo indígena.De acuerdo con el testimonio, aquellos jóvenes que caen en manos de los grupos armados ilegales desaparecen por completo, dejando a sus familias en una dolorosa incertidumbre. A esto se suman las constantes ejecuciones y homicidios selectivos que se registran en las diferentes zonas del sur del Meta y Guaviare, lo que ha desatado el desplazamiento masivo de estas familias.En medio de esta confrontación, en los últimos días más de 40 insurgentes habrían muerto, mientras que las comunidades indígenas como la Jiw terminan siendo instrumentalizadas, confinadas o desplazadas por esta ola de violencia.
Las disputas entre las facciones de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ y las de alias ‘Iván Mordisco’ en zona rural de San José del Guaviare se han incrementado al punto de alcanzar 48 horas de constantes ataques y enfrentamientos en el área rural.Según el reciente reporte, las estructuras 44 de Mordisco y la Isaías Carvajal de Calarcá se han enfrentado en un sector conocido como La Siberia, de la vereda Barranco Colorado, sin importar que allí esté ubicada una escuela rural.El pasado martes, Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, había denunciado en Blu Radio que estos ataques estaban generando el desplazamiento de la comunidad indígena Jiw por temor a quedar en medio de los disparos y a que sus menores fueran reclutados.La información preliminar de inteligencia señala que, producto de la situación, habría fallecido alias ‘Negro Primo’ o ‘Domingo Biojó’, cabecilla al servicio de alias ‘Iván Mordisco’.Este hombre, de aproximadamente 38 años, ha estado vinculado durante cerca de ocho años a la estructura “Carolina Ramírez”. Según el prontuario, inició en 2017 como guerrillero raso y fue ascendiendo progresivamente dentro de la organización hasta convertirse en cabecilla financiero en 2024 y segundo cabecilla en 2025, delinquiendo en regiones como Guaviare, Caquetá y Putumayo.El historial delictivo incluye participación en hostigamientos armados contra unidades militares, enfrentamientos con otros grupos ilegales y actividades de reclutamiento forzado en comunidades indígenas de Solano, Caquetá. También se le relaciona con la difusión de audios intimidatorios dirigidos a comunidades del Bajo Caguán y otros municipios cercanos, con el propósito de imponer normas restrictivas y ejercer control territorial.El cabecilla, además, tenía capacidad de mando sobre aproximadamente 30 integrantes y cumplía funciones estratégicas relacionadas con el control financiero y operacional de la estructura “Armando Ríos”, de las disidencias.
En medio de una creciente tensión en el corregimiento de Santiago Pérez, zona rural del municipio de Ataco, departamento del Tolima, se registraron graves alteraciones de orden público durante una operación militar adelantada contra la explotación ilícita de yacimientos mineros.Según denunciaron habitantes del sector, los hechos ocurrieron en medio de procedimientos realizados por tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía, situación que generó enfrentamientos con algunos civiles dedicados a actividades de minería en la zona.Horas después de conocerse los primeros reportes ciudadanos, el Ejército Nacional emitió un comunicado oficial rechazando lo sucedido y entregando detalles de la situación presentada en este corregimiento del sur del Tolima.De acuerdo con la institución, la operación era adelantada por soldados del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, adscritos a la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército, en acciones orientadas a combatir la explotación ilícita de minerales.En el pronunciamiento oficial, el Ejército aseguró que, durante el desarrollo del operativo, “algunos civiles agredieron con piedras a las tropas” y posteriormente incendiaron un vehículo tipo NPR de la Policía Nacional, hechos que habrían puesto en riesgo la integridad de los uniformados.La institución rechazó los actos violentos y señaló que este tipo de acciones afectan el desarrollo de operaciones destinadas a proteger los recursos naturales, restablecer la legalidad y garantizar la seguridad en las comunidades.
Expertos antiexplosivos de la Novena Brigada del Ejército Nacional acordonaron el área sobre la vía que comunica el municipio de La Plata, Huila, con el departamento del Cauca, donde hallaron y detonaron de manera controlada un artefacto explosivo que había sido instalado en el sector, poniendo en riesgo a la fuerza pública y a la población civil.Posteriormente, en la vereda Potreritos, conocida como el cruce de Itaibe, Cauca, sobre la vía La Plata–Paicol, en el occidente del Huila, los uniformados desactivaron un cilindro con explosivos, en una acción terrorista que se le atribuye a presuntos grupos armados organizados que delinquen en la región.“Mediante el empleo del canino antiexplosivos se realizó el reconocimiento del área, arrojando resultado positivo para la presencia de material explosivo, y luego las tropas efectuaron una detonación controlada, neutralizando el artefacto. De manera simultánea, en la vereda Potreritos de Itaibe, Cauca, se logró la ubicación de un artefacto explosivo tipo cilindro, el cual fue destruido mediante detonación controlada, evitando afectaciones a la población civil y a las tropas”, dijo el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.El paso vehicular entre el Huila y el Cauca estuvo restringido por varias horas mientras el Ejército neutralizaba el material explosivo, que representaba un alto peligro para la comunidad.De acuerdo con las autoridades, estas acciones terroristas estarían vinculadas con estructuras armadas ilegales que hacen presencia en la región, teniendo en cuenta que en esta zona del Huila delinque el bloque Isaías Pardo, perteneciente a las disidencias de las Farc.