En la zona rural de Gómez Plata, en el nordeste de Antioquía, cuatro personas civiles que permanecían secuestradas desde el pasado jueves 17 de septiembre fueron liberadas.En medio de la operación militar del Ejército Nacional, dos presuntos integrantes de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’ murieron y otro, señalado como cabecilla de una comisión armada, fue capturado. Según las autoridades, entre las dos personas fallecidas que dejó la operación estaría alias ‘Huevo’, señalado como cabecilla de la comisión de seguridad de alias ‘La Mona’, junto con su compañera sentimental. El tercer integrante de la estructura fue capturado herido, según informó el comandante de la Cuarta Brigada.De acuerdo con el brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada, las autoridades recuperaron a dos adolescentes reclutados, un menor de 16 años, y otra de 15 años, quien resultó herida durante los hechos y recibió atención médica por parte de los enfermeros de combate del Ejército.En el operativo, las autoridades incautaron cinco fusiles, una pistola, 12 proveedores, más de 900 cartuchos, radios de comunicación y ocho teléfonos celulares. El Ejército señaló que esta estructura estaría relacionada con acciones criminales contra comerciantes, agricultores, ganaderos y empresarios del norte de Antioquia, a quienes habría generado intimidación.
Durante el periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 6 de septiembre de 2026, las Fuerzas Militares reportaron 1.030 afectaciones contra grupos armados organizados, grupos de delincuencia organizada y estructuras criminales en Colombia.El balance registra 916 capturas, 52 sometimientos, mas de 40 muertes en desarrollo de operaciones, sumando la operación Amón, la operación Azarías, ambas con bombardeo, el bombardeo también en Catatumbo contra el ELN y la operación contra las disidencias de Iván Mordisco en Nariño. También se reportaron por lo menos 34 menores recuperados y dos presentaciones voluntarias. La mayor cantidad de capturas correspondió a grupos de delincuencia común, con 609 casos, seguidos por los grupos de delincuencia organizada, con 94, y el Clan del Golfo, con 90. En cuanto a los grupos armados organizados, se registraron 35 capturas relacionadas con el ELN y 23 con las disidencias de las Farc de las distintas facciones.En materia de material de guerra, fueron incautadas 310 armas cortas, 73 armas largas, 10 armas de acompañamiento, 1.229 artefactos explosivos y 734 unidades de explosivos. Además, las autoridades decomisaron 67.971 municiones.El informe también reporta resultados contra la minería ilegal. En este frente fueron capturadas 74 personas, intervenidas 21 dragas, 13 dragones, 23 unidades de maquinaria amarilla, 58 equipos adicionales y 121 unidades de producción minera o socavones.En la lucha contra el narcotráfico, el balance registra la incautación de 29.363 kilogramos de cocaína y 12.295 kilos de marihuana.
Alias 'Alejo', señalado como uno de los cabecillas de una comisión armada de la disidencia de las Farc Comandos de Frontera, fue retenido por la Policía Nacional en Puerto Asís, Putumayo, en una operación desarrollada con información de las autoridades de Ecuador.El hombre, de nacionalidad colomboecuatoriana, era identificado en Colombia como Alejandro Quisacue Mera, mientras que en Ecuador figuraba como José Alejandro Jipa Condo. Contra él existía una notificación roja de Interpol emitida a solicitud de la justicia ecuatoriana por el delito de secuestro extorsivo. De acuerdo con la investigación de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), alias Alejo sería presunto cabecilla de una comisión armada y articulador de una Red de Apoyo a Estructuras Residuales (RAER) de la estructura 48 Comandos de Frontera. Esta organización tendría presencia criminal en el departamento de Putumayo y en la zona limítrofe con la provincia ecuatoriana de Sucumbíos.Según las autoridades, alias Alejo llevaba más de una década vinculado a actividades criminales y habría ejercido control sobre el eje fluvial del río Putumayo, considerado un corredor estratégico para el movimiento de cargamentos de cocaína hacia territorio ecuatoriano.La Policía también señala que tendría a su cargo la administración de recursos ilícitos de la organización. Entre sus funciones estaría la coordinación del pago de integrantes de la estructura, con montos que, según la investigación, podían oscilar entre 2 y 10 millones de pesos mensuales. Además, las autoridades lo vinculan con presuntas operaciones de lavado de activos mediante testaferrato, a través de la adquisición de bienes que posteriormente eran registrados a nombre de personas cercanas.Por otro lado, el requerimiento internacional por parte de Ecuador está relacionado con un secuestro ocurrido el 27 de marzo de 2019 en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos. Según las investigaciones adelantadas de manera conjunta por las autoridades de ambos países, alias 'Alejo' habría participado en el ingreso de un grupo de hombres armados al hotel Sumac Amazónico, ubicado en la parroquia Pacayacu.Los sujetos, que presuntamente portaban fusiles y cubrían sus rostros con pasamontañas, habrían sacado por la fuerza del establecimiento a Vidal Salinas Sarmiento, de 73 años. Posteriormente, los responsables habrían contactado a los familiares de la víctima para exigir 500.000 dólares a cambio de su liberación. El hombre permanece desaparecido. Durante el secuestro, los responsables se habrían identificado como integrantes de las entonces extintas Farc-Ep.La ubicación de alias 'Alejo' fue posible después de que las autoridades ecuatorianas alertarán a la DIJIN sobre la posibilidad de que el señalado delincuente estuviera escondido en Putumayo utilizando la identidad de Alejandro Quisacue Mera.Los investigadores colombianos comenzaron a seguirle el rastro desde septiembre de 2024 y, con apoyo de funcionarios de Interpol y de la Policía ecuatoriana, lograron establecer su ubicación en Puerto Asís.El capturado será trasladado a Bogotá y puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Allí comenzarán los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes al requerimiento formulado por las autoridades ecuatorianas.
Un total de 702 capturas fueron reportadas por las Fuerzas Militares durante el periodo comprendido entre el 7 y el 30 de agosto de 2026, de acuerdo con el balance conjunto correspondiente a las primeras semanas del periodo presidencial de Abelardo De La Espriella.El documento señala que, además de las capturas, se registraron 35 sometimientos, más de 30 menores recuperados, 21 casos de muerte en desarrollo de operaciones militares y dos presentaciones voluntarias, afectaciones a estructuras de grupos armados y organizaciones criminales. En este balance se incluyen los resultados de los bombardeos de las últimos días, entre ellos el de El Retorno y el de Miraflores, que dejaron 10 y 8 disidentes muertos cada uno.En la lucha contra el narcotráfico, el informe registra 14.634 kilogramos de cocaína, 613 kilogramos de pasta base de coca, 6.051 kilogramos de marihuana y 17.105 kilogramos de hoja de coca, además de la ubicación de 11 laboratorios de clorhidrato de cocaína y 103 de pasta base.En cuanto al material de guerra incautado, las autoridades reportaron 214 armas cortas, 41 armas largas, tres armas de acompañamiento, 926 artefactos explosivos y 19.778 unidades de munición, además de 427 explosivos. El balance también incluye resultados contra las economías ilegales. En materia de minería ilegal fueron reportadas 72 capturas, la incautación de 34.863 galones de combustible, y la intervención de 28 dragas, 13 dragones, 23 unidades de maquinaria amarilla, 52 de otra maquinaria y 134 unidades de producción minera o socavones.
Es tensa la situación de orden público que se registra en la mañana de este domingo, en el municipio de Toribío, al norte del departamento del Cauca, con los fuertes combates que se están registrando desde muy temprano.La alteración inció desde la madrugada, cuando disidencias de las Farc, al parecer integrantes del frente Dagoberto Ramos, atacaron con drones y ráfagas de fusil la base militar ubicada en el cerro Berlín, ataque que fue contrarrestado por las tropas de la división 29 del Ejército, desatando así el enfrentamiento que se sigue registrando.Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, esta alteración al orden público tiene confinadas a las comunidades de las veredas Berlín, San Julián, Potrerito, La Pila y Natalá, entre los resguardos indígenas de Toribío y San Francisco, que están refugiadas en sus viviendas esperando que regrese la normalidad en estos territorios.Por ahora, no hay reportes de militares o civiles afectados. El Ejército tampoco ha entregado un balance oficial de lo que está ocurriendo ni de las afectaciones que pudieron generarse con el ataque con esplosivos.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por posibles irregularidades en el proceso contractual adelantado por la Alcaldía de Tunja para organizar y realizar la edición número 71 del Aguinaldo Boyacense 2026.El procedimiento disciplinario se dirige, por ahora, contra servidores públicos por identificar de la administración municipal, mientras se establece quiénes participaron en las decisiones relacionadas con el contrato.Uno de los puntos que revisa el Ministerio Público es la estructuración de los estudios previos, es decir, los documentos que debían establecer las condiciones, necesidades y características de la contratación antes de escoger al encargado de ejecutar el Aguinaldo Boyacense.La Procuraduría también analiza la forma en la que fue seleccionado el contratista, pues advirtió que podrían existir falencias relacionadas con la falta de reglas claras y de precisión frente a los costos y la calidad del servicio contratado.De comprobarse estas situaciones, podrían haberse vulnerado los principios de transparencia y planeación contractual, aunque la entidad aclaró que la actuación se encuentra todavía en una etapa preliminar y que deberá establecerse si efectivamente existió una falta disciplinaria.Por esta razón, el organismo ordenó la práctica de pruebas que permitan reconstruir cómo se adelantó el proceso, determinar las condiciones establecidas para la contratación y establecer las responsabilidades que puedan existir.Por el momento, la investigación se encuentra en fase de indagación, por lo que la Procuraduría no ha informado sobre sanciones ni ha señalado responsables concretos.
Un presunto esquema de engaños en negocios inmobiliarios habría dejado pérdidas millonarias y cerca de medio centenar de afectados en Medellín y el Valle de Aburrá, por lo que Juan David Cruz Larrarte fue acusado formalmente por el delito de estafa en modalidad masa y deberá permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, entre 2023 y 2026 el procesado habría utilizado diferentes mecanismos para obtener hasta 865 millones de pesos de propietarios e interesados en arrendar inmuebles.Para generar confianza, Cruz establecía contacto mediante redes sociales y llamadas telefónicas, y al parecer presentaba documentos comerciales y bancarios relacionados con la compañía que dirigía.Una de las modalidades investigadas estaría relacionada con la administración de propiedades. Aunque los arrendatarios pagaban los cánones acordados, el dinero supuestamente no llegaba a manos de los propietarios. Frente a los reclamos, el señalado habría atribuido los retrasos a presuntos problemas bancarios o contables.La Fiscalía también lo vincula con el ofrecimiento de descuentos por el pago anticipado de varios meses de arrendamiento, sin contar con la autorización correspondiente, y con la celebración de contratos sobre inmuebles que la empresa no tendría bajo su administración ni estaría facultada para ofrecer. El ente acusador también reveló que el acusado habría solicitado sumas equivalentes a varios cánones como alternativa a la presentación de un codeudor, con el compromiso de devolverlas al terminar el contrato. Sin embargo, algunas personas no habrían recibido las propiedades prometidas ni recuperado el dinero entregado.A partir de las denuncias de 45 presuntas víctimas, un fiscal de la Seccional Medellín presentó el escrito de acusación bajo el procedimiento penal especial abreviado.
Dos dragoneantes del Inpec resultaron gravemente heridos en un ataque sicarial que sufrieron cuando regresaban a sus casas después de terminar su turno en la Penitenciaría El Bosque. El Ministerio de Justicia rechazó el atentado y anunció el refuerzo en las medidas de seguridad de los guardianes de los centros penitenciarios.El hecho ocurrió cuando los dragoneantes del Inpec Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín se transportaban en motocicleta, rumbo a sus domicilios.Según el reporte de las autoridades, las víctimas se movilizaban en plena vía pública del barrio San Martín, en el suroccidente de Barranquilla, cuando fueron abordadas por dos sujetos en moto, cuyo parrillero les disparó en repetidas ocasiones.Gravemente heridos, los dos dragoneantes fueron auxiliados por la comunidad y luego se logró su traslado a la Clínica San Ignacio. Preliminarmente se conoce que su estado de salud es estable.Como explicó el Ministerio de Justicia en un comunicado, los dos funcionarios sufrieron el ataque cuando salían de su turno en la penitenciaría El Bosque donde estaban designados provisionalmente.El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, rechazó el atentado contra los dos integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del establecimiento penitenciario El Bosque, en Barranquilla, así como las amenazas dirigidas contra el presidente de la República, Abelardo De La Espriella; el ministro Iván Cancino González; el director del Inpec, Daniel Gutiérrez, y los hombres y mujeres que integran el personal penitenciario del país.Los hechos se presentan en medio de la circulación de mensajes intimidatorios relacionados con los recientes traslados de personas privadas de la libertad de centros penitenciarios de Barranquilla.Agregó el comunicado que ante esta situación se han reforzado las medidas preventivas de seguridad y autoprotección, en articulación con la Policía Nacional y las demás autoridades competentes, para salvaguardar la vida e integridad de quienes cumplen sus funciones al servicio del Estado.Hay que recordar que el pasado martes 6 de octubre aproximadamente a las 5 de la tarde, un sujeto que descendió como parrillero de una motocicleta disparó contra la fachada de la cárcel Modelo, ubicada en la Vía 40 con calle 54. Minutos antes el director del penal, David Fals, ingresaba a las instalaciones.Dos días después un hecho similar se presentó en la Cárcel de Ternera, en Cartagena, cuando sujetos en moto dispararon contra una de las entradas y dejaron un panfleto intimidatorio.
Un sismo de magnitud 5,2 fue registrado este domingo 11 de octubre de 2026 en Perú, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento ocurrió a las 8:42 a. m., tuvo una profundidad de 45 kilómetros y fue localizado en Camaná.El reporte fue publicado por el SGC dentro de su seguimiento a la actividad sísmica internacional. Sin embargo, la información disponible no confirma cuáles zonas de Colombia sintieron el movimiento ni si se produjeron afectaciones relacionadas con este evento.El registro se conoce después de que el sábado 10 de octubre se reportaran otros sismos en Colombia y países cercanos, entre ellos un movimiento de magnitud 5,0 en Panamá.¿Dónde se registró el sismo de magnitud 5,2?De acuerdo con el boletín del SGC, el epicentro del movimiento estuvo ubicado en Camaná, Perú, con una profundidad de 45 kilómetros. El evento fue reportado como internacional y quedó registrado en el sistema de monitoreo sísmico de la entidad.Por ahora, el boletín suministrado no incluye información sobre daños materiales, personas afectadas o reportes de percepción en territorio colombiano. Por esa razón, no es posible establecer con los datos disponibles qué regiones del país habrían sentido el movimiento.¿Qué otros temblores se registraron el 10 de octubre?Durante el sábado también se reportaron varios eventos sísmicos. Uno de ellos ocurrió en Flores, Panamá, a las 8:50 p. m., con magnitud 5,0 y profundidad superficial. El reporte fue publicado dos veces en la información suministrada, pero corresponde a los mismos datos de hora, magnitud y localización.En Colombia, el SGC registró un sismo de magnitud 3,4 en Los Santos, Santander, a las 6:51 p. m., con una profundidad de 138 kilómetros.Ese mismo día hubo dos movimientos en Chaparral, Tolima: uno de magnitud 3,0, a las 5:28 p. m., con profundidad superficial, y otro de magnitud 3,3, a las 11:48 a. m., también superficial.¿Cómo reportar si sintió un temblor en Colombia?El Servicio Geológico Colombiano dispone de la plataforma https://sismosentido.sgc.gov.co, donde las personas pueden informar si percibieron un movimiento y describir su experiencia.La entidad recomienda consultar sus canales oficiales para conocer las actualizaciones de los boletines sísmicos.
Un soldado profesional del Ejército murió y un suboficial resultó herido durante un combate con integrantes del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca.El enfrentamiento ocurrió en la tarde del domingo 30 de agosto, en el corregimiento de Santa Lucía, donde tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 10 adelantaban operaciones militares contra esta estructura armada ilegal. En medio del combate murió el soldado profesional Jorge Arbey Díaz Arias. Un suboficial también resultó herido y recibió atención médica en el lugar antes de ser evacuado a un centro asistencial de Cali.De acuerdo con la Tercera Brigada del Ejército, las operaciones continúan en la zona con el objetivo de contrarrestar las acciones del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’ y reforzar la seguridad de las comunidades rurales de Tuluá.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció una nueva operación ofensiva de las Fuerzas Militares contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, esta vez en zona rural de Miraflores, Guaviare.Según informó el mandatario, durante la noche se realizó un nuevo bombardeo en la vereda Lagos del Dorado, en el marco de la Operación Militar Azarías, dirigida contra integrantes del Frente Carolina Ramírez y su principal cabecilla, alias ‘El Tigre’ o ‘Pintado’.El balance preliminar entregado por el presidente señala que ocho integrantes de la estructura murieron en desarrollo de las operaciones militares y tres fueron capturados. Además, dos personas fueron recuperadas y manifestaron ser menores de edad, por lo que las autoridades adelantan el proceso para verificar sus identidades. Durante la operación también fue encontrado material de guerra e intendencia.Uno de los puntos que aún está por establecer es si ‘El Tigre’ se encuentra entre los muertos. El Gobierno indicó que las Fuerzas Militares adelantan la verificación y que su muerte solo será confirmada una vez se realice la plena identificación de los cuerpos.Las autoridades señalan a alias ‘El Tigre’ de dirigir acciones armadas en Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, además de ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y acciones de reclutamiento de menores. El cabecilla es requerido mediante circular de Interpol.El anuncio se produce pocos días después de otro bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en Guaviare contra estructuras de las disidencias de alias ‘Calarca’, operación que dejó inicialmente varios integrantes muertos, entre ellos tres menores de edad, y capturados. Los combates y las operaciones militares continúan en la zona mientras las autoridades avanzan en la identificación de los fallecidos y en la consolidación del balance de la ofensiva.
Tres uniformados resultaron heridos luego de un ataque con drones cargados con explosivos contra la estación de Policía del municipio de Pailitas, en el sur del Cesar.De acuerdo con información preliminar, los policías que se encontraban en la estación repelieron el ataque y dispararon contra otros drones que sobrevolaban el sector, mientras se desarrollaba la acción. Los tres uniformados heridos fueron trasladados hasta un centro asistencial, donde reciben atención médica.Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás del ataque y determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.En la zona hay presencia de la guerrilla del ELN, grupo subversivo que ha protagonizado varios ataques en contra de la fuerza pública en las últimas semanas en esa zona del país.Por orden explícita del Ministerio de Defensa se ordenó la militarización de la población.
En la vereda Los Pinos, zona rural del municipio de Pelaya, Cesar, se registran enfrentamientos entre unidades del Ejército Nacional y un grupo armado ilegal. De acuerdo con información entregada por habitantes de la zona, los militares fueron atacados presuntamente, mediante el uso de drones.La situación habría generado el desplazamiento de tanquetas del Ejército hacia el sector donde se estaría presentando el ataque. Por el momento, no se tiene confirmación oficial sobre personas muertas o heridas como consecuencia de los hechos.Cabe recordar que esta zona del sur del Cesar se encuentra en cercanías del Catatumbo, territorio donde tiene presencia el ELN. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la responsabilidad de este grupo armado en el ataque.
La intimidación contra el alcalde Juan Camilo Hueje, sumada a la quema de un bus y la retención de un campero de Cointrasur, encendió las alarmas por la grave situación de seguridad en el sur del Tolima. El exsenador Óscar Barreto Quiroga aseguró que la región está “a merced de los grupos armados”.Lo que debía ser una jornada de celebración por la inauguración de un puente vehicular terminó convertido en momentos de angustia y terror en la vereda La Esmeralda, zona rural del municipio de Planadas, Tolima.El alcalde Juan Camilo Hueje Ribera participaba en un encuentro con la comunidad cuando, según las versiones preliminares conocidas, seis hombres armados irrumpieron en el lugar e intimidaron al mandatario y a los integrantes de su esquema de seguridad.De acuerdo con los primeros reportes, los hombres llegaron portando armas de fuego y habrían despojado de sus armas de dotación a los policías encargados de proteger al alcalde. Incluso, en medio de la tensión, los sujetos presuntamente apuntaron contra el mandatario municipal, generando pánico entre los habitantes que asistían a la actividad.La comunidad, en medio del miedo, habría intervenido para pedirles a los hombres armados que no atentaran contra ninguna de las personas presentes y abandonaran el sector. Finalmente, los sujetos se retiraron del lugar. Hasta el momento, el hecho no habría dejado personas lesionadas, aunque los hombres armados habrían escapado con las armas que, presuntamente, fueron arrebatadas al esquema de seguridad.Uno de los pronunciamientos más fuertes frente a este grave episodio fue el del exsenador Óscar Barreto Quiroga, quien cuestionó la crítica situación de seguridad que atraviesa el sur del departamento.Barreto aseguró que lo ocurrido con el alcalde de Planadas y su esquema de seguridad es una muestra de la grave problemática que se vive en esta región. “Hoy, la intimidación al alcalde de Planadas y su esquema de seguridad, en donde se puso en riesgo sus vidas, confirma la gravedad de lo que está ocurriendo: el sur del Tolima está a merced de los grupos armados”.El dirigente político también hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer la presencia institucional y militar en la zona, al tiempo que planteó la necesidad de recuperar el batallón que anteriormente estaba ubicado en el municipio de Planadas.Aunque las primeras versiones apuntan a que los responsables podrían pertenecer al Frente Gerónimo Galeano, de las disidencias de las Farc, esta información todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.Pero la intimidación contra el alcalde no es un hecho aislado. En las últimas horas, la misma zona ha sido escenario de dos graves situaciones que llevaron a la empresa de transporte Cointrasur a restringir nuevamente sus despachos hacia Planadas.El primer episodio ocurrió cuando uno de los vehículos de la empresa fue incinerado en medio de la ruta, aunque el conductor y los pasajeros lograron salir ilesos. La situación se agravó posteriormente con la retención de otro vehículo tipo campero que cubría el corredor entre Chaparral y Planadas.La gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas se pronunció en sus redes sociales: “Mientras nuestros bomberos, socorristas, campesinos, brigadistas y comunidades arriesgan la vida en las montañas combatiendo las llamas, unos cuantos delincuentes miserables y cobardes, integrantes de las disidencias de las Farc, frente Jerónimo Galeano, decidieron atentar contra la tranquilidad del departamento, incinerando un vehículo de servicio público en el sur. Este es un ataque vil contra todo el pueblo tolimense, en un momento de tragedia ambiental. No vamos a tolerar que la zozobra y la criminalidad se aprovechen de esta tragedia", dijo.“La instrucción es de persecución implacable. Ya estamos desplegando operativos con la Fuerza Pública para capturar a los miserables detrás de este hecho. Quien le haga daño al Tolima en este momento de emergencia pagará ante la justicia con la máxima pena posible. Habrá recompensa y habrá cárcel. Que sepan que este departamento no se dobla ante los criminales”, añadió.Para Daniela, administradora de la taquilla de Cointrasur en Ibagué, la situación ya llegó a un punto en el que no se puede seguir exponiendo la vida de los trabajadores y de los pasajeros.“No podemos exponer a los conductores, los vehículos ni a los usuarios”, manifestó la funcionaria, al explicar que el temor y la incertidumbre obligaron a la empresa a tomar decisiones frente a la prestación del servicio.Según indicó, inicialmente se había contemplado mantener los recorridos únicamente durante las horas del día. Sin embargo, la retención del campero cambió completamente el panorama y obligó a replantear los despachos hacia Planadas.Por ahora, el servicio permanece intermitente y condicionado a las garantías de seguridad que existan en este importante corredor del sur del Tolima.Mientras las rutas hacia Chaparral, Rioblanco y San Antonio continúan operando, la preocupación crece entre conductores, transportadores y usuarios que dependen diariamente de la vía hacia Planadas.Ahora las autoridades deberán establecer quiénes estuvieron detrás de la incursión armada, cómo lograron llegar hasta el lugar donde se encontraba el mandatario, recuperar las armas presuntamente robadas al esquema de seguridad y adoptar medidas urgentes que permitan devolverles la tranquilidad a las comunidades.
En Yopal iniciaron la semana con temor, debido al lanzamiento de un artefacto explosivo en la Calle 10A con Carrera 22 y la aparición de dos graffitis en zona urbana que fueron pintados en la pared de una vivienda y en un vehículo.Pese a lo que implican los hechos, el coronel Iván Alberto Pintor, comandante de la Brigada XVI, dio “un parte de tranquilidad” y explicó que en los puntos donde dejaron los graffitis no residen potenciales víctimas de extorsión.“Todo es materia investigación, pero desde el Gaula Militar Casanare se ha identificado que son sitios donde no hay un potencial de extorsión hacia las personas que habitan en las viviendas, simplemente ubicaron un punto en teoría estratégico para ellos, porque tal vez no había una cámara o no podían ser identificados fácilmente, adelantan el lanzamiento del artefacto explosivo y pintan grafitis. Pero lo hacen empleando el terrorismo, cobardes como todosestos grupos criminales. Generando temor entre la comunidad”, declaró Pintor Acosta a medios locales.Antes de ese pronunciamiento la representante a la Cámara Arledy Alvarado había advertido sobre la situación. “Yopal necesita protección urgente. Un grafiti del ‘Frente 28’ y un ataque con granada la noche anterior generan temor y preocupación”, comentó la congresista, quien también pidió “a las autoridades esclarecer estos hechos y al Gobierno nacional del presidente Abelardo De La Espriella reforzar la seguridad de los yopaleños”.Frente a las circunstancias, el comandante de la Décima Sexta Brigada enfatizó que no hay una presencia establecida de integrantes de las exFarc en la capital de Casanare.“Tenemos conocimiento por inteligencia que como tal no tenemos presencia de estructura del Frente 28 dentro del municipio de Yopal. Podemos hablar de una especie de outsourcing que utilizan, es decir, subcontratan a delincuencia común para adelantar atentados terroristas”, explicó.Se trataría de una estrategia de terror para que comerciantes, empresarios y ciudadanos en general paguen la vacuna que cobran vía telefónica con amenazas. Ante la situación, garantizó que se cuenta con “la capacidad de hacerle frente a los guerrilleros que integran cualquier grupo criminal.“En estos momentos esos grupos terroristas, en especial el GAOR Frente 28, no tienen la capacidad militar de hacerle frente a nuestras tropas, simplemente se aprovechan de la comunidad generando terror”, al tiempo que invitó a la comunidad a no dejarse amedrentar.
El presidente Abelardo De La Espriella se reunió con los alcaldes del área metropolitana de Barranquilla para hablar de la seguridad en esa zona del país.Tras el encuentro, el presidente De La Espriella anunció que todos los grupos armados, sin distinción, serán tratados como terroristas.“Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización inventada por sectores que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la fuerza legítima como corresponde. Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal”, dijo el mandatario. El presidente ordenó además la conformación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión. Este grupo estaría conformado por el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea. Además, se articulará con la Fiscalía y la Judicatura. Por otro lado, el mandatario ordenó a la UIAF mayor integración con la Policía y el sistema financiero.Entre otras medidas, dijo que debía reactivarse el sistema de recompensas, los operativos de redadas, la red de cooperantes y los traslados carcelarios urgentes.Desde la Presidencia aseguran que en el encuentro el mandatario dijo que “la Fuerza Pública colombiana debe actuar como un cuerpo monolítico y unificado, sin rivalidades entre instituciones, bajo una sola bandera. Anunció, además, la creación de cuerpos élite de fiscales y jueces especializados para cada ciudad, la persecución del cártel de tierras y el combate frontal al préstamo gota a gota, al que describió como una forma moderna de esclavitud que afecta a 12 millones de colombianos”.
Chocó es el departamento con mayor número de personas afectadas por confinamiento en Colombia durante lo corrido de 2026, según el más reciente Boletín de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. Entre enero y julio, más de 13.950 personas tuvieron restringida su movilidad en nueve municipios del departamento.La situación fue reportada por la Defensoría del Pueblo en su balance con corte a julio de 2026. Los municipios afectados son Alto Baudó, Atrato, Bajo Baudó, El Carmen de Atrato, El Litoral del San Juan, Nuquí, Quibdó, Río Iró y Tadó.El confinamiento implica restricciones a la movilidad de las comunidades y puede dificultar el acceso a alimentos, servicios de salud, educación y otras garantías fundamentales. La Defensoría ya había advertido durante el primer semestre del año que este fenómeno estaba teniendo un impacto particularmente fuerte en territorios como Chocó, Putumayo, Caquetá y Cauca.Después de Chocó, los departamentos con mayor número de personas afectadas por confinamiento son Putumayo, con 12.646; Caquetá, con 11.651, y Cauca, con 10.672.En total, entre enero y julio de 2026, la Defensoría documentó 51 eventos de confinamiento en Colombia, que afectaron la movilidad de 72.827 personas.La entidad ha señalado en anteriores reportes que el confinamiento puede convertirse en una herramienta de control territorial utilizada por grupos armados ilegales, dejando a las comunidades con dificultades para desplazarse y acceder a bienes y servicios esenciales.El boletín también da cuenta de la situación del desplazamiento forzado masivo. Entre enero y julio se registraron 99 eventos, que afectaron a 17.892 personas en diferentes regiones del país. Solo durante julio fueron documentados 12 eventos, con 1.711 personas afectadas.El informe de la Defensoría también aborda los movimientos migratorios que atraviesan el territorio nacional. Entre el primero de enero y el 15 de julio, Migración Colombia registró 56.072 personas migrantes en tránsito irregular por el país. La cifra representa una disminución de 38,7 % frente al mismo periodo de 2025.En ese mismo periodo se contabilizaron 4.506 personas en flujo migratorio inverso, lo que supone una reducción de 66,4 % frente al año anterior.El boletín incluye además situaciones de movilidad relacionadas con fenómenos naturales. Durante el periodo analizado, la Defensoría hizo seguimiento a tres eventos provocados por precipitaciones extremas, crecientes súbitas, desbordamientos e inundaciones en Arauca, Casanare y Boyacá.Ante este panorama, la entidad pidió fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales y territoriales para activar de manera oportuna las rutas de prevención, protección y atención.También solicitó garantizar ayuda humanitaria y servicios esenciales como salud, educación, alimentación, alojamiento, agua potable y saneamiento, con especial atención a las condiciones de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.La Defensoría llamó además a reforzar las medidas de protección de la población civil y prevenir nuevos casos de confinamiento y desplazamiento, así como riesgos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y exposición a minas antipersonal.
Dos presuntos integrantes de una estructura de la facción de alias 'Calarcá' fueron capturados en medio de una operación militar en zona rural de El Retorno, Guaviare. El Ejército reportó, además, la recuperación de armas, munición y elementos que estarían relacionados con las actividades de esta organización.El operativo se desarrolló en la vereda Chaparral Bajo, donde tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido número 10, adscritas a la Cuarta División del Ejército, sostuvieron un combate con integrantes de la estructura Isaías Carvajal, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño, de la facción de alias 'Calarcá'.Como resultado de la operación fueron capturados un hombre y una mujer, quienes, de acuerdo con información de inteligencia militar, tendrían roles dentro de la estructura. El hombre, identificado con el alias de 'Nicolás', sería integrante de la comisión de finanzas y presunto hombre de confianza de alias Daniel, señalado por las autoridades como cabecilla financiero de la estructura Isaías Carvajal.Por su parte, la mujer, conocida como alias 'Brenda', sería la presunta responsable del anillo de seguridad de alias 'Daniel'. De acuerdo con el Ejército, entre las actividades ilegales realizadas por estas personas estarían la extorsión y el constreñimiento a habitantes de esta zona del Guaviare.Durante la operación militar también fueron incautadas cuatro armas largas y tres armas cortas: dos revólveres y una pistola.A esto se suman 640 cartuchos calibre 5,56 milímetros, 466 cartuchos calibre 7,62 milímetros eslabonados, 149 cartuchos del mismo calibre sueltos y tres cartuchos calibre 38. Las tropas también encontraron 19 proveedores para fusil y dos proveedores calibre 9 milímetros.Además del material de guerra, fueron recuperados diez morrales tipo lona, un radio escáner, una motocicleta, un talonario de citaciones y un sello con referencias a las FARC.El Ejército aseguró que continuará realizando operaciones militares en Meta, Guaviare y Vaupés, con el objetivo de afectar las capacidades armadas, financieras, logísticas y de comunicaciones de grupos armados ilegales y reforzar las condiciones de seguridad para las comunidades.
El hecho ocurrió en el sector conocido como Almaviva, jurisdicción del municipio de El Espinal. Según el comandante del Departamento de Policía Tolima, coronel John Anderson Vargas Izao, lo ocurrido es materia de investigación y las circunstancias aún son objeto de verificación.De acuerdo con las primeras indagaciones entregadas por el oficial, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta habrían protagonizado un presunto intercambio de disparos con los uniformados.En medio de este hecho perdió la vida el patrullero Yeison Ahumada, de 34 años, quien se movilizaba en una motocicleta institucional junto a SI. Heiner Laguna, otro integrante de la Policía Nacional.Los uniformados regresaban desde el municipio de Melgar hacia El Espinal, luego de cumplir labores propias de su especialidad en la Seccional de Inteligencia Policial, SIPOL. El segundo policía resultó afectado durante el ataque y fue trasladado a un centro asistencial, mientras las autoridades avanzan en la verificación de las circunstancias del caso.El coronel Vargas confirmó que un equipo especializado de Policía Judicial asumió la investigación y que fueron activadas todas las capacidades institucionales para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos, así como identificar, ubicar y capturar a los responsables.La Policía también hizo un llamado a la ciudadanía para entregar cualquier información que permita avanzar en la investigación. Las autoridades garantizaron absoluta reserva a quienes suministren datos a través de la línea 123 o ante la patrulla más cercana.Finalmente, el comandante de la Policía Tolima expresó solidaridad con la familia y compañeros del patrullero asesinado y lanzó un mensaje a los responsables: “La Policía Nacional no descansará hasta esclarecer estos hechos y llevar ante las autoridades competentes a los responsables. Serán capturados”.
De acuerdo con información de inteligencia militar y de la Policía Nacional, los responsables del secuestro de los tres uniformados de la Comisión Norte de Santander de la Dijin serían integrantes del ELN que delinquen en esta zona del país.Los policías fueron interceptados cuando se desplazaban de Ocaña hacia Cúcuta y aunque el vehículo en el que viajaban fue pintado con grafitis alusivos a las disidencias de las Farc, las autoridades establecieron que esa organización criminal no estaría detrás del secuestro. Los criminales, que se movilizaban en dos camionetas, interceptaron el Chevrolet Spark en el que viajaban el mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina. Los tres fueron llevados con rumbo desconocido en La Curva, Bucarasica, sobre la vía Cúcuta–Ocaña.Las primeras investigaciones apuntan a que el hecho sería una retaliación de grupos armados ilegales por los recientes resultados de la Fuerza Pública contra estructuras criminales en el Catatumbo y Norte de Santander.Mientras avanzan las verificaciones para establecer el paradero de los uniformados, las autoridades mantienen desplegadas sus capacidades para lograr su ubicación y garantizar su regreso sanos y salvos.El Gobierno advirtió además que los responsables deberán responder ante la justicia y reiteró que el Estado no retrocederá ante acciones de secuestro contra integrantes de la Fuerza Pública.
Alias ‘Claudia’ o ‘La India’, señalada como cabecilla de finanzas del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez y persona de confianza de alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Alonso 45’, fue capturada en las últimas horas en Santander de Quilichao, Cauca.Según la investigación, la mujer manejó recursos que oscilaban entre $12.000 y $15.000 millones, provenientes del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. El dinero era destinado al sostenimiento logístico y al abastecimiento de las estructuras que delinquen en Amazonas, Caquetá, Putumayo y Cauca. Entre sus funciones también estaba la administración de una pista clandestina en Mirití Paraná, Amazonas, utilizada para el movimiento de aeronaves relacionadas con el narcotráfico y el envío de droga hacia Brasil.Las autoridades también la señalan de administrar recursos provenientes de la minería ilegal en la frontera con Brasil y varios inmuebles, incluido un hotel en Puerto Santander, que habrían sido utilizados para alojar a integrantes de la organización y menores de edad reclutados en Cauca, Valle y Nariño.‘Claudia’ es requerida por la Fiscalía por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos relacionados con la administración de recursos presuntamente provenientes de actividades ilegales.
Las Fuerzas Militares reportaron un nuevo golpe contra las economías ilegales en el departamento del Cauca. En el municipio de Mercaderes, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, ubicaron y destruyeron un laboratorio que, según las autoridades, era utilizado por el ELN para el procesamiento de cocaína.De acuerdo con el reporte entregado por el Ministerio de Defensa, durante la operación fueron encontrados 1.836 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que fueron sacados de circulación.Además de la droga, en el lugar fueron hallados elementos utilizados para la producción de cocaína. Las autoridades reportaron el decomiso de 1.535 galones y 325 kilogramos de insumos.El operativo se desarrolló en jurisdicción de Mercaderes, una zona del Cauca donde las autoridades mantienen acciones contra las estructuras armadas y las economías ilegales asociadas al narcotráfico.El presidente Abelardo de la Espriella destacó la operación a través de su cuenta de X y aseguró que la ubicación y destrucción del laboratorio representa un golpe a las estructuras que financian actividades criminales.El mandatario afirmó que el narcotráfico es una de las principales amenazas para el país y reiteró su decisión de mantener una ofensiva contra las organizaciones dedicadas a esta actividad.La cartera de Defensa, en ese mismo camino, sostuvo que la destrucción de este tipo de laboratorios busca afectar las fuentes de financiación de los grupos armados y las organizaciones criminales que operan en diferentes regiones del país.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó que seis integrantes de estructuras criminales fueron abatidos durante operaciones de la Fuerza Pública en los departamentos de Meta y Antioquia.La primera operación se desarrolló en el Meta, donde las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, alias ‘El Ruso’ o ‘el alemán’, cabecilla del Frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc. Junto a él murieron otros tres integrantes de esa estructura armada.‘El Ruso’ llevaba más de 21 años delinquiendo y tenía presencia principalmente en Arauca y Casanare. Sin embargo, labores de inteligencia establecieron que se encontraba en el Meta, hasta donde fueron desplegadas las tropas. El presidente señaló además que el cabecilla tenía experiencia en el manejo de explosivos y habría sido enviado para asumir el control del corredor entre los departamentos de Guaviare y Vichada.“La contundencia será nuestra línea frente a las estructuras que pretenden imponer violencia y afectar la tranquilidad de los colombianos. La Fuerza Pública seguirá actuando con determinación, dentro de la Constitución y la ley, para proteger la vida, recuperar el control territorial y garantizar la seguridad”, recalcó el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora.En Antioquia, tropas de la Séptima División, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía, abatieron en combate a dos integrantes del Clan del Golfo, uno de ellos señalado como cabecilla de esa organización. Los hechos ocurrieron en la vereda Liberia, en el municipio de Anorí.Durante esta operación fueron incautados seis fusiles y abundante material de guerra. De acuerdo con las autoridades, la estructura involucrada es la misma que en 2024 asesinó a cuatro soldados que adelantaban operaciones en esa región.CapturasAdemás, en Necoclí, Urabá antioqueño, soldados de la Séptima División, en una operación conjunta con la Armada Nacional, capturaron a cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del Clan del Golfo. En el procedimiento fueron incautadas armas, municiones y material de inteligencia militar.Tras reportar los resultados, el presidente aseguró que las operaciones hacen parte de la estrategia para recuperar el control territorial y combatir a las organizaciones criminales. “Este es el Estado recuperando el control del territorio y protegiendo a su gente”, afirmó De La Espriella, quien agregó que los integrantes de estos grupos tienen como opciones someterse a la justicia o enfrentar la acción de la Fuerza Pública.El mandatario también felicitó a los militares, policías y demás integrantes de la Fuerza Pública que participaron en las operaciones y aseguró que no habrá tregua contra quienes, según dijo, pretendan atentar contra Colombia.
Las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, conocido con el alias de ‘El Ruso’, señalado como uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc y responsable del Frente 28 José María Córdoba, confirmó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Aunque ‘El Ruso’ desarrollaba actividades delictivas principalmente en el departamento de Arauca y Casanare, inteligencia militar logró establecer que se encontraba en el Meta. Hasta ese departamento se desplegaron las operaciones que terminaron con su muerte, aunque hasta el momento no se ha precisado el lugar de los hechos.El mandatario detalló que el cabecilla era experto en el manejo de explosivos y fue enviado para asumir el mando en los límites entre Guaviare y Vichada.Además de alias ‘Ruso’ en la operación fueron neutralizados otros tres guerrilleros.Forero Mosquera era considerado cercano a alias ‘Antonio Medina’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc que delinquen en Arauca y Casanare y que hacen parte del grupo de alias ‘Iván Mordisco’.Esta operación se produjo durante el primer fin de semana del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, en el marco de la ofensiva anunciada por su administración contra los grupos armados y organizaciones criminales.Con la muerte de ‘El Ruso’ se confirma el segundo cabecilla neutralizado en menos de 48 horas, el primero alias ‘Bonito’, quien fue detenido en Guamal, Meta. Era el segundo al mando de ‘Comandos de la Frontera’, grupo criminal que nació de la ‘Segunda Marquetalia’, otra de las varias disidencias de las Farc.