La decisión de la Corte del King's Bench de Alberta, en Canadá, de autorizar a Canacol Energy a terminar de forma anticipada y unilateral sus contratos de transporte y suministro de gas natural encendió las alarmas en el sector energético colombiano.
Aunque el fallo corresponde a un proceso judicial en ese país, su alcance sobre las operaciones de la compañía en Colombia ha generado preocupación entre los gremios, que advierten sobre la necesidad de proteger la seguridad energética y garantizar la continuidad del servicio.
Tras conocerse la determinación, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) y la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) hicieron un llamado al Gobierno Nacional y a las entidades competentes para adoptar medidas que preserven el abastecimiento de gas.
La preocupación de los gremios se debe al papel estratégico que desempeña Canacol en el mercado nacional. La compañía abastece parte de la demanda de gas en siete departamentos de la Costa Caribe y en varios municipios de Norte de Santander, atendiendo el consumo de hogares, comercios, industrias y el sector transporte.
El volumen comprometido representa cerca del 7,5 % del abastecimiento nacional y, además, la empresa es el segundo mayor productor de gas del país, con una participación cercana al 35,8 % del suministro en la región Caribe.
Según los gremios, para que el fallo pueda tener efectos en Colombia, primero deberá ser notificado a la Superintendencia de Sociedades, entidad que iniciará un proceso de revisión para establecer si su aplicación afecta el orden público o compromete la prestación del servicio de gas natural. Los gremios señalaron que el impacto de una eventual modificación contractual sería bastante grande sobre la seguridad, la convivencia y la estabilidad social, recordando que la legislación colombiana prevalece frente a decisiones adoptadas por tribunales extranjeros.
“Es imperativo acudir a mecanismos que puedan mitigar la incertidumbre jurídica o agravar la declinación de la producción de la compañía en Colombia. Desde Naturgas reiteramos que la terminación de obligaciones contractuales no es la única, ni la última, opción viable cuando lo que está en juego es la protección del abastecimiento de gas natural, sin sacrificar la prestación del servicio, la confianza del sistema y la seguridad energética de los colombianos”, señaló Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.
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Finalmente, Naturgas y Asoenergía solicitaron a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos actuar de manera coordinada para garantizar el abastecimiento de gas natural y ofrecer señales de estabilidad al mercado.
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