Blu Radio conoció el explosivo intercambio de acusaciones entre Canacol Energy y Cerro Matoso por el suministro de gas natural. Cerro Matoso culpa a Canacol de haber tenido que paralizar la mitad de su producción de ferroníquel; Canacol, en cambio, acusa a Cerromatoso de querer acceder a gas barato a costa de los hogares colombianos.Hoy la producción de ferroníquel de Colombia está operando a medias en medio de la crisis del gas natural en Colombia 2026. Cerro Matoso tuvo que suspender temporalmente una de sus dos líneas de producción por falta de gas natural. Según la minera, Canacol Energy le está entregando apenas la tercera parte del gas contratado y si la situación no se normaliza las consecuencias podrían ser devastadoras para Montelíbano (Córdoba), un municipio que depende de esta actividad.El detrás de cámaras de lo que está pasando incluye un durísimo intercambio de cartas entre las dos empresas.La primera carta es del 23 de junio y en ella Cerro Matoso propone a Canacol que todos sus contratos de gas se ajusten hasta en 1,5 dólares por MMBTU para todos sus clientes."La evaluación de Cerro Matoso indica que un ajuste de esta naturaleza podría proporcionar al GRUPO CANACOL ingresos adicionales suficientes para sostener la continuación de sus operaciones y evitar un resultado de liquidación o bancarrota. CMSA estaría dispuesta a discutir la base y metodología subyacente a esa evaluación con los interesados si tales discusiones se consideran útiles", señala la comunicación firmada por el presidente de Cerro Matoso Ricardo Gaviria Jansa.La semana pasada llegó la respuesta de los abogados de Canacol: la propuesta de Cerro Matoso es inviable, injusta y va en contra de la orden que dio la corte de Canadá de proteger a los usuarios regulados, es decir, a los hogares y comercios."Cerro Matoso paga uno de los precios más bajos de gas natural de cualquier cliente de Canacol, más bajo que la mayoría de los clientes que atienden una demanda esencial y regulada. Ahora propone un aumento uniforme que recaería en familias colombianas y pequeños negocios para que Cerro Matoso pueda mantener ese precio favorable. El efecto es pedir tanto a las contrapartes de la compra con precios diferentes a los de Cerro Matoso como a los hogares y pequeños negocios vulnerables que subsidien a uno de los mayores clientes industriales que utiliza gas natural para su operación de exportación de ferroníquel", señala la segunda carta.Canacol también le respondió a Cerro Matoso que podría suspender por completo la entrega de gas y que acordó con el gobierno colombiano que no le subirían el precio del gas a los hogares. Las conversaciones se dieron en medio del temor a que la crisis financiera de Canacol —que la llevó a buscar la protección de la ley de quiebras en Canadá— terminara golpeando a los consumidores. En Colombia, la Superintendencia de Sociedades ya reconoció el proceso de insolvencia de Canacol en Canadá, pero no se ha pronunciado sobre el suministro a Cerro Matoso.Blu Radio consultó a Cerro Matoso y la compañía reconoció que han estado buscando acuerdos comerciales, pero que "las condiciones planteadas por Canacol contemplan tarifas desproporcionadas frente a las pactadas contractualmente y, además, no ofrecen señales claras sobre los flujos de gas ni compromisos firmes de entrega, por lo que no brindan la certeza operativa que requiere una instalación industrial como Cerro Matoso".El año pasado Cerro Matoso produjo más de 36 mil toneladas de ferroníquel y si la situación no mejora su capacidad productiva quedará reducida a la mitad.Cerro Matoso argumenta que la propuesta presentada a Canacol no generaría prácticamente ningún impacto en la tarifa de los usuarios del mercado regulado y "en contraste, una eventual liquidación de Canacol sí tendría consecuencias significativas para los usuarios domiciliarios, ya que obligaría a incrementar la contratación de gas importado para atender sus requerimientos, con el consecuente aumento significativo en los costos del servicio"La mala hora de la producción de gas de CanacolHoy la pelea no solamente es por el precio del gas natural sino por el suministro, y ahí las noticias no son buenas.Según el informe de KPMG a la corte en Canadá, la producción de Canacol Energy está por debajo de las expectativas del comienzo de 2026 y desde marzo la tendencia es aún peor, entre otras cosas porque las actividades de Canacol hoy se financian mediante un esquema especial aprobado en medio del proceso de quiebra."El Supervisor entiende que, en vista de la disminución de los niveles de producción, los solicitantes han garantizado la aplicación consistente y equitativa de la metodología de proporción aplicable al suministro de gas disponible, en igualdad de condiciones con sus clientes (más volúmenes adicionales para Cerro Matoso conforme a los derechos de gas de compensación según los términos del acuerdo de los Solicitantes con Cerro Matoso), y han actuado de buena fe en sus esfuerzos por mantener la continuidad de las operaciones para el suministro continuo de gas natural a sus clientes", indica el reporte.Canacol pidió a la corte canadiense que le dé plazo hasta el 30 de septiembre para saber si la búsqueda de nuevos inversionistas es exitosa o si por el contrario hay que liquidar la compañía.Canacol es el segundo productor de gas natural en el país detrás de la estatal Ecopetrol.
La decisión de la Corte del King's Bench de Alberta, en Canadá, de autorizar a Canacol Energy a terminar de forma anticipada y unilateral sus contratos de transporte y suministro de gas natural encendió las alarmas en el sector energético colombiano.Aunque el fallo corresponde a un proceso judicial en ese país, su alcance sobre las operaciones de la compañía en Colombia ha generado preocupación entre los gremios, que advierten sobre la necesidad de proteger la seguridad energética y garantizar la continuidad del servicio.Tras conocerse la determinación, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) y la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) hicieron un llamado al Gobierno Nacional y a las entidades competentes para adoptar medidas que preserven el abastecimiento de gas.La preocupación de los gremios se debe al papel estratégico que desempeña Canacol en el mercado nacional. La compañía abastece parte de la demanda de gas en siete departamentos de la Costa Caribe y en varios municipios de Norte de Santander, atendiendo el consumo de hogares, comercios, industrias y el sector transporte.El volumen comprometido representa cerca del 7,5 % del abastecimiento nacional y, además, la empresa es el segundo mayor productor de gas del país, con una participación cercana al 35,8 % del suministro en la región Caribe.Según los gremios, para que el fallo pueda tener efectos en Colombia, primero deberá ser notificado a la Superintendencia de Sociedades, entidad que iniciará un proceso de revisión para establecer si su aplicación afecta el orden público o compromete la prestación del servicio de gas natural. Los gremios señalaron que el impacto de una eventual modificación contractual sería bastante grande sobre la seguridad, la convivencia y la estabilidad social, recordando que la legislación colombiana prevalece frente a decisiones adoptadas por tribunales extranjeros.“Es imperativo acudir a mecanismos que puedan mitigar la incertidumbre jurídica o agravar la declinación de la producción de la compañía en Colombia. Desde Naturgas reiteramos que la terminación de obligaciones contractuales no es la única, ni la última, opción viable cuando lo que está en juego es la protección del abastecimiento de gas natural, sin sacrificar la prestación del servicio, la confianza del sistema y la seguridad energética de los colombianos”, señaló Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.Finalmente, Naturgas y Asoenergía solicitaron a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos actuar de manera coordinada para garantizar el abastecimiento de gas natural y ofrecer señales de estabilidad al mercado.
Cerro Matoso, una de las minas de níquel más grandes de Colombia y de América Latina, reducirá su operación en un 25 % desde este primero de julio, tras la restricción de gas natural impuesta por Canacol Energy, empresa canadiense que le entregará desde ahora un 55% menos del volumen pactado entre las dos compañías.Cerro Matoso compra el gas necesario para fundir el níquel a Canacol mediante un contrato vigente hasta 2029.Sin embargo, a comienzos de mayo, Canacol presentó ante una corte de Canadá una solicitud para terminar de forma anticipada los contratos de suministro que mantiene en Colombia, incluido el de Cerro Matoso.La Corte de Alberta avaló esa solicitud en primera instancia, y la minera cuenta con un plazo de 21 días para pedir autorización de apelar ante la segunda instancia canadiense.Según Cerro Matoso, la compañía participó de buena fe en los espacios de diálogo promovidos por la Corte, pero las propuestas de Canacol contemplaban incrementos tarifarios que la minera consideró desproporcionados y sin compromisos firmes sobre las cantidades de gas a suministrar. Ante la falta de avances, Canacol decidió restringir el suministro.La medida pone en riesgo cientos de empleos, contratos con proveedores y contratistas, y cerca de $3.000 millones diarios que la empresa aporta al país por regalías, impuestos y compras locales, indicó la empresa en un comunicado.De mantenerse o aumentar la restricción, Cerro Matoso deberá parar una de sus dos líneas de producción, lo que reduciría a la mitad su operación.La empresa pidió a la Superintendencia de Sociedades, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al Ministerio de Minas y Energía actuar de manera inmediata para proteger a las más de 50.000 personas que dependen directa e indirectamente de esta operación minero-industrial.En Colombia, la Superintendencia de Sociedades es la autoridad competente para evaluar si la decisión de la justicia canadiense debe aplicarse en el país, considerando la soberanía nacional y la seguridad energética.
Gases del Caribe se pronunció tras la decisión de la Corte del Banco del Rey de Alberta, en Canadá, que autorizó a Canacol Energy a terminar varios contratos de suministro de gas como parte de su proceso de reestructuración empresarial. La compañía enfatizó que esa decisión no tiene efectos inmediatos en Colombia y que, por ahora, los contratos de suministro de gas continúan plenamente vigentes.Según explicó la empresa, el fallo del tribunal canadiense, emitido el 24 de junio, expone las razones para autorizar a Canacol a finalizar, entre otros, dos contratos suscritos con Gases del Caribe.La Corte sustentó su decisión en que esa medida facilitaría el proceso de reorganización financiera que adelanta la compañía dentro del régimen de insolvencia transfronteriza en Canadá.Sin embargo, Gases del Caribe precisó que esa autorización aún debe ser incorporada mediante un Disclaimer Order y, posteriormente, ser reconocida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia. La entidad colombiana deberá analizar si la decisión cumple con lo establecido en la Ley 1116 de 2006 y verificar que no afecte el orden público económico, los derechos de los acreedores ni el interés general.Mientras ese procedimiento no concluya, la empresa aseguró que los contratos de suministro de gas permanecen en firme y continúan produciendo todos sus efectos legales. En consecuencia, la decisión adoptada por la justicia canadiense todavía no modifica las obligaciones contractuales entre las partes en territorio colombiano.El pronunciamiento de Gases del Caribe se conoce luego de que la Corte de Alberta respaldara la solicitud presentada por Canacol Energy dentro de su proceso de insolvencia transfronteriza. {Ahora, el siguiente paso será la revisión que realice la Superintendencia de Sociedades, cuya decisión será determinante para establecer si la autorización concedida en Canadá puede tener efectos jurídicos en Colombia.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
La Corte de Alberta, en Canadá, falló en primera instancia a favor de Canacol Energy al avalar su solicitud para terminar los contratos de suministro de gas natural en Colombia, una decisión que podría comprometer la continuidad de la operación de Cerro Matoso, la principal productora de ferroníquel del país.La empresa minera advirtió que, de concretarse la terminación del contrato, su operación podría volverse inviable por la pérdida de un suministro que hoy cubre el 82% de sus necesidades de gas.El pronunciamiento judicial se da en medio del proceso de reestructuración empresarial que adelanta Canacol Energy bajo la Ley de Acuerdos con los Acreedores de Compañías (CCAA) en Canadá. Dentro de ese proceso, la compañía busca reorganizar sus obligaciones bajo supervisión judicial y ha impulsado distintas medidas relacionadas con sus contratos y operaciones, entre ellas la solicitud que fue avalada por la Corte de Alberta.Según Cerro Matoso, Canacol ya venía reduciendo de manera unilateral las entregas de gas previstas en el contrato e imponiendo restricciones al suministro. La empresa asegura que este combustible es un insumo irremplazable para la producción de ferroníquel, ya que alimenta los hornos industriales donde se desarrolla el proceso metalúrgico, por lo que no existe una alternativa inmediata para reemplazarlo.La compañía advirtió que si deja de recibir un suministro confiable de gas tendría que detener completamente su operación y apagar sus dos hornos principales, una decisión que podría ocasionar daños estructurales irreversibles. De acuerdo con sus cálculos, la recuperación de cada horno tardaría más de diez meses y tendría un costo estimado de entre 550.000 y 730.000 millones de pesos.Tras conocerse la decisión, Cerro Matoso anunció que presentará un recurso de apelación ante la justicia canadiense, para lo cual dispone de un plazo de 21 días. Paralelamente, aseguró que acudirá a todas las vías jurídicas disponibles para defender la vigencia del contrato y garantizar la continuidad de su operación en Colombia.La empresa también sostuvo que la decisión adoptada por la Corte de Alberta no tiene aplicación automática en el país. Explicó que corresponderá a la Superintendencia de Sociedades evaluar si la determinación definitiva de la justicia canadiense puede ser reconocida en Colombia, teniendo en cuenta la soberanía nacional, la seguridad energética y las normas de orden público colombiano.Cerro Matoso alertó que una eventual suspensión de sus actividades pondría en riesgo más de 2.000 empleos directos y afectaría a cerca de 50.000 personas de 25 comunidades del sur de Córdoba. Además, aseguró que el país dejaría de recibir alrededor de 3.000 millones de pesos diarios por concepto de impuestos, regalías y compras de bienes y servicios, además de advertir posibles efectos sobre el abastecimiento de gas y las tarifas para usuarios de la Costa Caribe.Ante este panorama, la compañía hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, al Ministerio de Minas y Energía, a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia de Servicios Públicos para que intervengan frente a las implicaciones de la decisión judicial.
La crisis financiera de la empresa canadiense Canacol Energy encendió las alertas del sector energético colombiano, luego de que la compañía solicitara ante una corte de Alberta, Canadá, la suspensión anticipada de 19 contratos de suministro y transporte de gas natural, varios de ellos fundamentales para el abastecimiento en la región Caribe. Frente a este escenario, Naturgas advirtió que la situación podría comprometer cerca del 7,5 % de la demanda nacional de gas y afectar a millones de usuarios residenciales, comerciales e industriales.La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, explicó en entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, que aunque la audiencia definitiva fue aplazada para el próximo 15 de mayo, el panorama sigue siendo delicado debido a la importancia estratégica de Canacol dentro del sistema energético colombiano.“Esta solicitud no solamente pone en riesgo a la costa Caribe, pone en riesgo cerca del 7.5 % de la demanda nacional de gas natural”, aseguró Murgas durante la entrevista.Actualmente, Canacol abastece a siete departamentos de la Costa Atlántica y municipios del Norte de Santander, suministrando gas a hogares, industrias, comercios, vehículos e incluso a una planta térmica ubicada en Córdoba. La preocupación del gremio radica en que una eventual terminación de los contratos afectaría la continuidad del servicio público esencial.SuperServicios entra en vigilancia especialAnte la magnitud del problema, la Superintendencia de Servicios Públicos anunció una vigilancia especial sobre los contratos de Canacol Energy en Colombia. El objetivo es verificar que la compañía continúe cumpliendo con las entregas pactadas mientras avanza el proceso judicial en Canadá.La entidad informó que realizará monitoreos permanentes y visitas técnicas para garantizar el abastecimiento de gas natural y proteger los derechos de los usuarios. Entre las empresas impactadas figuran Gas del Caribe, Surtigas, Gas Guajira, Enel y compañías del sector industrial como Cerro Matoso.Según explicó Murgas, el aplazamiento de la audiencia en Canadá responde a que Canacol busca renegociar los contratos con sus clientes antes de llegar a una terminación definitiva.“Canacol argumentó que necesitaba contar con tiempo para, antes de pensar en una terminación, modificar de mutuo acuerdo los contratos de transporte y de suministro”, indicó la presidenta de Naturgas.La dirigente gremial sostuvo que existen mecanismos alternativos a la cancelación de contratos y defendió la necesidad de preservar la producción de gas para evitar una crisis mayor en el país.Riesgo energético en medio del fenómeno de El NiñoOtro de los puntos que genera preocupación es la cercanía de un posible fenómeno de El Niño, escenario que históricamente incrementa la demanda de gas para generación térmica y pone presión sobre el sistema energético.Murgas recordó que actualmente el 23 % de la demanda nacional de gas se cubre con gas importado, lo que evidencia la vulnerabilidad estructural del país frente a eventuales contingencias.“Durante un fenómeno de El Niño, el 100 % de la capacidad de regasificación de Cartagena es utilizado para generación de energía eléctrica”, explicó. En ese sentido, Naturgas insistió en la urgencia de acelerar proyectos de infraestructura energética, especialmente nuevas plantas de regasificación en el Caribe y el desarrollo de campos de exploración y producción de gas en regiones como Córdoba, Magdalena, Cesar y Norte de Santander.¿Puede intervenir el Gobierno colombiano?Uno de los debates abiertos es el margen de maniobra que tiene el Estado colombiano frente a una decisión judicial tomada en Canadá. Según Murgas, la Superintendencia de Sociedades podría evaluar si la eventual terminación de contratos afecta el orden público y la prestación de un servicio esencial.“La Superintendencia tiene la facultad de negarse a ejecutar esa decisión extranjera siempre que atente contra los principios fundamentales del Estado colombiano”, afirmó.Además, explicó que, en caso de incumplimiento, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) podría abrir un proceso competitivo para buscar un nuevo operador que asuma los activos de producción de Canacol en Colombia. “El gas que está ahí es patrimonio de los colombianos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos administra ese patrimonio”, enfatizó.Naturgas pide acelerar proyectos estratégicosPara el gremio gasífero, la crisis de Canacol deja en evidencia los retrasos históricos en materia energética y la falta de ejecución de proyectos clave para garantizar el abastecimiento futuro.“En Colombia, en el sector de gas, estamos sobrediagnosticados. Los proyectos que pueden garantizar el abastecimiento están identificados. El problema es que no ejecutamos esos proyectos a tiempo”, sostuvo Murgas.Entre las iniciativas prioritarias mencionó el desarrollo del proyecto Sirio en el Caribe, nuevas plantas de regasificación, la conversión de infraestructura petrolera para transporte de gas y la aceleración de licencias y consultas previas.
La Superintendencia de Servicios Públicos se puso al frente de la incertidumbre que enfrenta el mercado del gas en el país tras anunciar que van a asumir una vigilancia especial para que se respete la entrega de gas contratado entre Canacol Energy y 12 empresas del país.De acuerdo con la entidad, esta actuación tiene como propósito verificar "la suficiencia operativa y el cumplimiento de las obligaciones de estas empresas en el mercado mayorista", mientras se define un escenario para Canacol tras la solicitud que hizo ante una Corte canadiense de suspender de manera unilateral los 19 contratos de entrega de gas que tiene en Colombia. "La Superservicios reafirma su compromiso con el abastecimiento de gas natural y la protección de los derechos de los usuarios y hace un llamado propositivo a los agentes del sector para cumplir con los principios constitucionales y legales de la prestación de los servicios públicos, dando estricto cumplimiento a la normatividad vigente y a la realidad operativa de sus activos", indicó la entidad en un comunicado. Para esto, la entidad estará realizando visitas técnicas y actuaciones de seguimiento a Canacol, para que se cumpla con la operación en lo relacionado con suministro de gas. Es de recordar que, una eventual salida de Canacol, pondría en jaque la entrega de más del 50% del gas domiciliario que consume la región a través de Gases del Caribe, Surtigas y GasGuajira. Por esto, dichas compañías, al conocer esta solicitud de terminación anticipada de los contratos, contactaron a la empresa para establecer una negociación que les permita preservar los valores contratados. Al respecto, Blu Radio conoció que habrá una audiencia el próximo 12 de mayo en la que se esperan acuerdos, al margen de lo que defina la corte de Alberta.
La posible suspensión de contratos de gas por parte de la empresa canadiense Canacol Energy encendió las alarmas en el sector energético e industrial colombiano. Uno de los pronunciamientos más contundentes llegó desde Cerro Matoso, cuya operación depende en gran medida del suministro de gas natural proveniente de esa compañía.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, advirtió sobre las graves consecuencias que tendría una eventual quiebra de Canacol Energy, no solo para la región Caribe, sino para toda la economía nacional.Actualmente, Canacol Energy enfrenta problemas financieros y solicitó ante una corte en Alberta, Canadá, autorización para suspender o cancelar contratos de suministro de gas con empresas colombianas. La situación preocupa especialmente porque la compañía representa cerca del 50 % del abastecimiento de gas en la Costa Caribe y aporta alrededor del 8 % de la demanda nacional.Cerro Matoso depende en un 80 % del gas de CanacolRicardo Gaviria explicó que Cerro Matoso no podría continuar operando sin el suministro de gas de Canacol Energy. Según detalló, la compañía minera obtiene de esa empresa cerca del 80 % del gas que consume diariamente para mantener sus hornos y sistemas industriales funcionando las 24 horas.“Nosotros no podemos operar sin gas, y Canacol Energy nos representa para nosotros el 80 % del suministro de gas que consumimos diariamente”, afirmó Gaviria durante la entrevista.El directivo explicó que una interrupción abrupta en el suministro pondría en riesgo la infraestructura industrial de la empresa, dedicada a la producción de ferroníquel en Córdoba.“Los equipos nuestros trabajan a 1.450 grados de temperatura. Si esos equipos se enfrían y se apagan, se contraen los refractarios que están adentro y repararlos puede costar más de 450.000 millones de pesos en una línea y más de 740.000 millones en otra”, señaló.Riesgo para el empleo y la economía regionalEl presidente de Cerro Matoso advirtió que el impacto no sería únicamente empresarial. Según sus cálculos, alrededor de 45.000 personas dependen directa e indirectamente de la operación minera en el territorio.“Prácticamente Cerro Matoso dejaría de operar. Son 2.000 personas que trabajan con nosotros y más los empleos encadenados. Estamos hablando de 45.000 personas en el territorio”, sostuvo Gaviria.La empresa es una de las principales generadoras de empleo y regalías en Córdoba, por lo que una eventual suspensión de actividades tendría efectos económicos inmediatos en la región Caribe.Además del impacto laboral, Gaviria recordó que el ferroníquel producido por la compañía se exporta principalmente hacia mercados asiáticos para la fabricación de acero inoxidable, un insumo estratégico para múltiples industrias globales.El temor por un aumento en las importaciones de gasUno de los puntos más delicados planteados por el presidente de Cerro Matoso tiene que ver con la creciente dependencia de Colombia del gas importado. “Habría que importar más gas y no tenemos suficientes regasificadores en el país”, advirtió Gaviria.El ejecutivo aseguró que la infraestructura nacional no tendría capacidad suficiente para reemplazar rápidamente el gas que dejaría de suministrar Canacol Energy. Además, señaló que el costo del gas importado sería considerablemente más alto.“Ese gas importado puede ser fácilmente cuatro o cinco veces más caro de lo que hoy pagamos nosotros”, explicó. La situación ocurre en un momento especialmente sensible para el país, debido al incremento en la demanda energética y a las alertas por un posible fenómeno de El Niño, que elevaría la necesidad de generación térmica a base de gas.Municipios y usuarios residenciales también podrían verse afectadosLa preocupación no se limita al sector industrial. Durante la entrevista se explicó que Canacol Energy abastece a millones de usuarios residenciales en el Caribe colombiano mediante empresas como Gases del Caribe, Surtigas y Gas Guajira.Los campos de producción de Canacol en Córdoba están conectados a través de un gasoducto que también abastece varios municipios de la región. “Ese gasoducto tiene conexiones a diferentes municipios y, por supuesto, se quedarían sin gas todos esos municipios y nosotros también”, afirmó Gaviria.Expertos del sector advierten que, si no se logra una solución financiera o regulatoria para Canacol Energy, podrían registrarse incrementos en las tarifas del servicio y eventuales restricciones de suministro.La decisión final dependerá de ColombiaAunque Canacol Energy inició el proceso ante la justicia canadiense, Gaviria aclaró que la suspensión de contratos en Colombia dependerá también de la Superintendencia de Sociedades.“Quien tiene que autorizar a Canacol para suspender o cancelar los contratos es la Superintendencia de Sociedades”, explicó el directivo.Mientras tanto, empresas, autoridades y actores del sector energético mantienen conversaciones para evitar que la crisis derive en una afectación mayor para la industria y los hogares colombianos.
La solicitud de Canacol Energy de suspender contratos de suministro de gas en Colombia no solo alerta a Cerro Matoso, sino también a las empresas que comercializan gas en la región Caribe como Gases del Caribe, Surtigas y GasGuajira, por el riesgo de desabastecimiento o sobrecostos que se enfrentaría en caso de que no cumplan con la entrega de lo contratado. Por esta situación, Blu Radio conoció que desde estas compañías están en conversaciones diarias con las directivas de Canacol, en búsqueda de alternativas para mantener vigente la negociación y evitar afectaciones a todo el mercado de la Costa. Por lo menos se trata de más de millón y medio de usuarios de gas residencial los que se verían golpeados en el Caribe. Ante este panorama, se espera que el próximo 7 de mayo pueda conocerse un pronunciamiento oficial de Canacol, ante las reiterativas solicitudes que han sido realizadas. En caso de no lograrse la continuidad, estas empresas tendrían que salir a buscar gas con otros proveedores lo que indudablemente generará sobrecostos e incluso posibles restricciones al tener limitaciones para acceder al total de lo que se requiere. Al respecto, el ministro de Minas Edwin Palma indicó que convocó una reunión para el próximo martes con "todos los involucrados", refiriendo a Canacol y a las empresas que tienen contratos vigentes con la misma. "La terminación anticipada de los contratos no puede ser a costilla del bolsillo de la gente. Hay que mantener esa producción y proteger las condiciones de transporte y precios ya pactados a favor de los usuarios", expuso en su cuenta de X. Además, indicó que a pesar de la solicitud realizada por Canacol ante una corte canadiense, todavía no ha sido enviada una solicitud sobre el tema a la Superintendencia de Sociedad, la cual es la que tiene "la facultad de validar si acoge o no esa medida".
En la noche de este miércoles, 23 de septiembre, hubo un tiroteo a las afueras del aeropuerto El Dorado de Bogotá. En videos que circulan en redes sociales se puede evidenciar la tensión y momentos de incertidumbre luego de escuchar los disparos en esta zona de la capital.Información preliminar señala que hubo una discusión entre taxistas que desencadenó en los disparos. De hecho, la Policía Metropolitana de Bogotá detalló que un taxista fue el que sacó un arma traumática y disparó contra el piso a otros tres taxistas. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.Después de lo sucedido, un esquema de un general que estaba en la zona reaccionó y también disparó.Las autoridades persiguen al taxista para que responda por lo sucedido.Video luego del tiroteo:
El Gobierno nacional dejó abierta la puerta a un eventual incremento en el precio del diésel, aunque descartó que se trate de una decisión pronta. Así lo señaló el viceministro de Minas y Energía, Armando Cuello Navarro, en medio del seminario “Energia para volver a crecer” de ANIF y el CREE."No hay razón para que sigamos subsidiando un diésel y generando un hueco, pero creo que eso hay que hacerlo de una manera muy delicada y muy paulatina, conversada y concertada", afirmó el funcionario.El viceministro fue enfático en que cualquier ajuste debe esperar a que mejoren las condiciones económicas del país. "Eso no puede ser una decisión de un día para otro porque no está preparado el país, la economía está muy débil para subir esos precios, para subir esos fletes", explicó el ministro Cuello.Según el funcionario, antes de tocar los precios del diésel el Gobierno debe generar condiciones de competitividad, como energía más barata, que permitan a los transportadores absorber el impacto. "Creo que primero hay que generar competitividad de otro tipo para que, cuando el país esté creciendo al 6%, que es lo que quiere el presidente, ahora sí se pague lo que se tiene que pagar en los fletes".El viceministro Armando Cuello también se refirió a la relación con el Ministerio de Hacienda, cartera interesada en el recaudo que dejarían los ajustes en combustibles líquidos, y aseguró que ambas carteras trabajan alineadas. “Somos un equipo, las conversaciones son sumamente fluidas y nos colaboramos mucho. Las decisiones se van a tomar de manera conjunta, pensando en lo que es mejor para el país".Finalmente, ligó el debate del diésel a la política de gas: dijo que un gas más barato permitiría migrar parte del transporte de carga hacia ese combustible, y mencionó como frentes de trabajo los yacimientos no convencionales, la reactivación del gas que, según él, Venezuela le adeuda al país, y la entrada del proyecto Sirius en el norte antes de 2030.
A 24 horas de un nuevo clásico, Atlético Nacional confirmó la lista de convocados para enfrentar a Millonarios por la Liga BetPlay en una nueva fecha de la Liga BetPlay. La gran duda para este partido era si estaría o no James Rodríguez, pues según Lucas González, no se encontraba al 100 %, sin embargo, el '10' fue anunciado para el duelo.Lista de convocados de Atlético Nacional para enfrentar a MillonariosArqueros34. Franco Armani25. Luis MarquínezDefensas3. Néider Parra16. William Tesillo15. Andrés Reyes4. César Haydar6. Andrés Román27. Yeicar Perlaza20. Milton CascoVolantes80. Juan Manuel Zapata22. Elías Cabrera26. Filipe Marín31. Xavi Ríos23. James RodríguezDelanteros17. Cristian Arango30. Kevin Parra7. Marlos Moreno29. Andrés Sarmiento99. Ian Poveda24. Juan José Rosa¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO el duelo Atlético Nacional vs. Millonarios?Este duelo por la Liga BetPlay se llevará a cabo este jueves, 24 de septiembre, a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Se espera el estadio totalmente lleno para el compromiso entre verdolagas y embajadores.Gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, tanto hinchas verdolagas como embajadores, podrán seguir EN VIVO, online y gratis este duelo por la Liga BetPlay a través de la señal 89.9FM y el canal de YouTube en la noche de este 24 de septiembre.Así está el historial entre Atlético Nacional y MillonariosEl primer enfrentamiento entre ambos equipos se disputó el 3 de octubre de 1948, cuando Atlético Municipal, hoy Atlético Nacional, derrotó 4-3 al conjunto capitalino.Desde entonces, Millonarios mantiene ventaja en el historial general. El cuadro embajador suma 115 victorias, mientras que Atlético Nacional registra 86 triunfos. Los dos equipos han empatado en 101 oportunidades.En los partidos correspondientes a la Liga, la ventaja también favorece a Millonarios, que acumula 106 victorias frente a las 81 de Atlético Nacional. Además, se han registrado 90 empates en la primera división.
Una actividad académica dirigida a estudiantes de cuarto y quinto de primaria desató una controversia en Villa del Rosario, Norte de Santander, luego de que padres de familia denunciaran que los menores recibieron una guía en la que se les solicitaba dibujar las insignias del ELN y las Farc.El caso se presentó en el Instituto Técnico María Inmaculada y se conoció públicamente después de que fotografías de la actividad y videos con las denuncias de algunos padres de familia comenzaran a circular en redes sociales. Según el material divulgado, la guía habría sido entregada el pasado 22 de septiembre y contenía una pregunta relacionada con la forma en que los estudiantes recordaban las insignias de estas estructuras armadas.La situación generó cuestionamientos entre algunas familias, que pidieron conocer cuál era el propósito pedagógico de la actividad y bajo qué contexto fueron abordados estos contenidos con niños de primaria. La preocupación tomó mayor relevancia por tratarse de un municipio fronterizo de Norte de Santander, un territorio que durante años ha enfrentado los efectos de la violencia y la presencia de diferentes grupos armados.Ante la denuncia, la Secretaría de Educación de Norte de Santander solicitó al rector de la institución un informe detallado para establecer las circunstancias en las que fue planteada la actividad y determinar si hacía parte de la planeación académica del establecimiento.La secretaria de Educación, Hilse Aldana Pérez, confirmó que la dependencia departamental conoció el caso a través de un video difundido en redes sociales y que se activará la ruta correspondiente para esclarecer lo sucedido.“En la Secretaría de Educación de Norte de Santander conocimos un video que circula en redes sociales, en el que una persona denuncia a una docente de una institución educativa de Villa del Rosario por solicitar a sus estudiantes realizar dibujos alusivos a grupos armados al margen de la ley. De manera inmediata solicitamos al rector del establecimiento un informe claro sobre los hechos denunciados”, explicó la funcionaria.La Secretaría de Educación indicó que, una vez sea recibido el informe, el área de Inspección y Vigilancia determinará las actuaciones que correspondan. Además, desde la institución educativa se adelanta una revisión interna para establecer el contexto en el que fue elaborada y entregada la guía.La controversia también ha abierto el debate sobre la manera en que temas relacionados con el conflicto armado deben ser abordados dentro de las aulas, particularmente cuando se trata de estudiantes de primaria. El desafío está en establecer si la actividad hacía parte de un ejercicio académico sobre el contexto histórico y social del territorio o si, por el contrario, se produjo una situación que requiere otro tipo de explicación.En medio de esta discusión, Luis Fernando Niño Alto, alto consejero de Paz, señaló que se trata de una situación delicada que debe recibir la atención de las autoridades para conocer con precisión qué ocurrió y cuál era la intención detrás de la actividad.“Es una situación delicada que requiere toda la atención pertinente. Lo primero es conocer el contexto en el que se desarrolló esta actividad y establecer si realmente tuvo alguna relación con el conflicto armado o si se trató de una situación ajena a ese contexto. Antes de sacar conclusiones, es necesario esclarecer los hechos y escuchar a todas las partes”, indicó.Mientras avanzan las verificaciones, las autoridades educativas buscan establecer si el material que circuló en redes sociales corresponde a la totalidad de la actividad o si, como ha señalado la institución, algunos de los elementos conocidos públicamente fueron presentados sin todo el contexto académico en el que fueron planteados.De hecho, representantes del colegio han señalado que el material difundido debe ser revisado dentro de su contexto y que la institución adelanta las respectivas verificaciones internas. El caso también fue llevado a instancias directivas del establecimiento para revisar las circunstancias en las que se asignó la actividad.Por ahora, no existe un informe definitivo que establezca las condiciones exactas en las que fue elaborada y entregada la guía ni que determine si hubo alguna irregularidad. La investigación deberá establecer cuál era el objetivo pedagógico del ejercicio, si estaba contemplado dentro de la planeación curricular y cuáles fueron las instrucciones impartidas a los estudiantes.
Una prueba de ADN que nunca se practicó terminó con un juez condenado a prisión. La Corte Suprema de Justicia revocó la absolución y condenó al juez Fredy José Puche Causil a 32 meses de prisión por el delito de prevaricato por omisión, tras establecer que omitió voluntariamente una diligencia fundamental dentro de un proceso de filiación.La decisión, con ponencia del magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, también le impuso una multa de 13,33 salarios mínimos, que equivalen a más de 23 millones de pesos, y una inhabilidad de 60 meses para ejercer funciones públicas. Además, ordenó la pérdida de su cargo como Juez Promiscuo de Familia de Cereté y negó que pudiera cumplir la condena bajo prisión domiciliaria.El caso comenzó en julio de 2011, cuando un ciudadano presentó una demanda de filiación extramatrimonial ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Cereté para establecer legalmente su paternidad frente a los herederos de un hombre fallecido. En estos procesos, la Ley 721 de 2001 establece que el juez debe ordenar de oficio y garantizar la práctica de la prueba científica de ADN, por su importancia para determinar el estado civil y la personalidad jurídica.En abril de 2015, el juez abrió el proceso a pruebas y ordenó que el análisis genético se realizara mediante la exhumación del cadáver del presunto padre. El demandante cuestionó esa decisión y pidió que se tomaran muestras a familiares vivos, debido a sospechas sobre una posible alteración del cuerpo en el cementerio.El expediente regresó al despacho en marzo de 2016, pero el juez no envió los oficios a Medicina Legal ni realizó las gestiones administrativas necesarias para coordinar la exhumación. En su lugar, continuó con otras actuaciones y convocó audiencias testimoniales. Luego, en abril de 2016, cerró de manera sorpresiva la etapa probatoria sin que se hubiera realizado el examen de ADN, pese a los reclamos del afectado.En mayo de 2016, el juez dictó un fallo en contra del demandante al considerar que no había logrado demostrar su condición de hijo.Al revisar el caso, la Sala descartó que hubiera existido una imposibilidad real para practicar la prueba y señaló que el afectado solo tuvo poco más de un mes antes de que el despacho cerrara abruptamente la etapa probatoria. Para la Corte, el juez conocía plenamente su obligación y decidió voluntariamente no cumplirla.Finalmente, la Corte concluyó que, al tratarse de un delito doloso contra la función pública, la pena deberá cumplirse en un centro carcelario una vez el fallo quede en firme.