La crisis financiera de la empresa canadiense Canacol Energy encendió las alertas del sector energético colombiano, luego de que la compañía solicitara ante una corte de Alberta, Canadá, la suspensión anticipada de 19 contratos de suministro y transporte de gas natural, varios de ellos fundamentales para el abastecimiento en la región Caribe. Frente a este escenario, Naturgas advirtió que la situación podría comprometer cerca del 7,5 % de la demanda nacional de gas y afectar a millones de usuarios residenciales, comerciales e industriales.La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, explicó en entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, que aunque la audiencia definitiva fue aplazada para el próximo 15 de mayo, el panorama sigue siendo delicado debido a la importancia estratégica de Canacol dentro del sistema energético colombiano.“Esta solicitud no solamente pone en riesgo a la costa Caribe, pone en riesgo cerca del 7.5 % de la demanda nacional de gas natural”, aseguró Murgas durante la entrevista.Actualmente, Canacol abastece a siete departamentos de la Costa Atlántica y municipios del Norte de Santander, suministrando gas a hogares, industrias, comercios, vehículos e incluso a una planta térmica ubicada en Córdoba. La preocupación del gremio radica en que una eventual terminación de los contratos afectaría la continuidad del servicio público esencial.SuperServicios entra en vigilancia especialAnte la magnitud del problema, la Superintendencia de Servicios Públicos anunció una vigilancia especial sobre los contratos de Canacol Energy en Colombia. El objetivo es verificar que la compañía continúe cumpliendo con las entregas pactadas mientras avanza el proceso judicial en Canadá.La entidad informó que realizará monitoreos permanentes y visitas técnicas para garantizar el abastecimiento de gas natural y proteger los derechos de los usuarios. Entre las empresas impactadas figuran Gas del Caribe, Surtigas, Gas Guajira, Enel y compañías del sector industrial como Cerro Matoso.Según explicó Murgas, el aplazamiento de la audiencia en Canadá responde a que Canacol busca renegociar los contratos con sus clientes antes de llegar a una terminación definitiva.“Canacol argumentó que necesitaba contar con tiempo para, antes de pensar en una terminación, modificar de mutuo acuerdo los contratos de transporte y de suministro”, indicó la presidenta de Naturgas.La dirigente gremial sostuvo que existen mecanismos alternativos a la cancelación de contratos y defendió la necesidad de preservar la producción de gas para evitar una crisis mayor en el país.Riesgo energético en medio del fenómeno de El NiñoOtro de los puntos que genera preocupación es la cercanía de un posible fenómeno de El Niño, escenario que históricamente incrementa la demanda de gas para generación térmica y pone presión sobre el sistema energético.Murgas recordó que actualmente el 23 % de la demanda nacional de gas se cubre con gas importado, lo que evidencia la vulnerabilidad estructural del país frente a eventuales contingencias.“Durante un fenómeno de El Niño, el 100 % de la capacidad de regasificación de Cartagena es utilizado para generación de energía eléctrica”, explicó. En ese sentido, Naturgas insistió en la urgencia de acelerar proyectos de infraestructura energética, especialmente nuevas plantas de regasificación en el Caribe y el desarrollo de campos de exploración y producción de gas en regiones como Córdoba, Magdalena, Cesar y Norte de Santander.¿Puede intervenir el Gobierno colombiano?Uno de los debates abiertos es el margen de maniobra que tiene el Estado colombiano frente a una decisión judicial tomada en Canadá. Según Murgas, la Superintendencia de Sociedades podría evaluar si la eventual terminación de contratos afecta el orden público y la prestación de un servicio esencial.“La Superintendencia tiene la facultad de negarse a ejecutar esa decisión extranjera siempre que atente contra los principios fundamentales del Estado colombiano”, afirmó.Además, explicó que, en caso de incumplimiento, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) podría abrir un proceso competitivo para buscar un nuevo operador que asuma los activos de producción de Canacol en Colombia. “El gas que está ahí es patrimonio de los colombianos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos administra ese patrimonio”, enfatizó.Naturgas pide acelerar proyectos estratégicosPara el gremio gasífero, la crisis de Canacol deja en evidencia los retrasos históricos en materia energética y la falta de ejecución de proyectos clave para garantizar el abastecimiento futuro.“En Colombia, en el sector de gas, estamos sobrediagnosticados. Los proyectos que pueden garantizar el abastecimiento están identificados. El problema es que no ejecutamos esos proyectos a tiempo”, sostuvo Murgas.Entre las iniciativas prioritarias mencionó el desarrollo del proyecto Sirio en el Caribe, nuevas plantas de regasificación, la conversión de infraestructura petrolera para transporte de gas y la aceleración de licencias y consultas previas.
La Superintendencia de Servicios Públicos se puso al frente de la incertidumbre que enfrenta el mercado del gas en el país tras anunciar que van a asumir una vigilancia especial para que se respete la entrega de gas contratado entre Canacol Energy y 12 empresas del país.De acuerdo con la entidad, esta actuación tiene como propósito verificar "la suficiencia operativa y el cumplimiento de las obligaciones de estas empresas en el mercado mayorista", mientras se define un escenario para Canacol tras la solicitud que hizo ante una Corte canadiense de suspender de manera unilateral los 19 contratos de entrega de gas que tiene en Colombia. "La Superservicios reafirma su compromiso con el abastecimiento de gas natural y la protección de los derechos de los usuarios y hace un llamado propositivo a los agentes del sector para cumplir con los principios constitucionales y legales de la prestación de los servicios públicos, dando estricto cumplimiento a la normatividad vigente y a la realidad operativa de sus activos", indicó la entidad en un comunicado. Para esto, la entidad estará realizando visitas técnicas y actuaciones de seguimiento a Canacol, para que se cumpla con la operación en lo relacionado con suministro de gas. Es de recordar que, una eventual salida de Canacol, pondría en jaque la entrega de más del 50% del gas domiciliario que consume la región a través de Gases del Caribe, Surtigas y GasGuajira. Por esto, dichas compañías, al conocer esta solicitud de terminación anticipada de los contratos, contactaron a la empresa para establecer una negociación que les permita preservar los valores contratados. Al respecto, Blu Radio conoció que habrá una audiencia el próximo 12 de mayo en la que se esperan acuerdos, al margen de lo que defina la corte de Alberta.
La posible suspensión de contratos de gas por parte de la empresa canadiense Canacol Energy encendió las alarmas en el sector energético e industrial colombiano. Uno de los pronunciamientos más contundentes llegó desde Cerro Matoso, cuya operación depende en gran medida del suministro de gas natural proveniente de esa compañía.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, advirtió sobre las graves consecuencias que tendría una eventual quiebra de Canacol Energy, no solo para la región Caribe, sino para toda la economía nacional.Actualmente, Canacol Energy enfrenta problemas financieros y solicitó ante una corte en Alberta, Canadá, autorización para suspender o cancelar contratos de suministro de gas con empresas colombianas. La situación preocupa especialmente porque la compañía representa cerca del 50 % del abastecimiento de gas en la Costa Caribe y aporta alrededor del 8 % de la demanda nacional.Cerro Matoso depende en un 80 % del gas de CanacolRicardo Gaviria explicó que Cerro Matoso no podría continuar operando sin el suministro de gas de Canacol Energy. Según detalló, la compañía minera obtiene de esa empresa cerca del 80 % del gas que consume diariamente para mantener sus hornos y sistemas industriales funcionando las 24 horas.“Nosotros no podemos operar sin gas, y Canacol Energy nos representa para nosotros el 80 % del suministro de gas que consumimos diariamente”, afirmó Gaviria durante la entrevista.El directivo explicó que una interrupción abrupta en el suministro pondría en riesgo la infraestructura industrial de la empresa, dedicada a la producción de ferroníquel en Córdoba.“Los equipos nuestros trabajan a 1.450 grados de temperatura. Si esos equipos se enfrían y se apagan, se contraen los refractarios que están adentro y repararlos puede costar más de 450.000 millones de pesos en una línea y más de 740.000 millones en otra”, señaló.Riesgo para el empleo y la economía regionalEl presidente de Cerro Matoso advirtió que el impacto no sería únicamente empresarial. Según sus cálculos, alrededor de 45.000 personas dependen directa e indirectamente de la operación minera en el territorio.“Prácticamente Cerro Matoso dejaría de operar. Son 2.000 personas que trabajan con nosotros y más los empleos encadenados. Estamos hablando de 45.000 personas en el territorio”, sostuvo Gaviria.La empresa es una de las principales generadoras de empleo y regalías en Córdoba, por lo que una eventual suspensión de actividades tendría efectos económicos inmediatos en la región Caribe.Además del impacto laboral, Gaviria recordó que el ferroníquel producido por la compañía se exporta principalmente hacia mercados asiáticos para la fabricación de acero inoxidable, un insumo estratégico para múltiples industrias globales.El temor por un aumento en las importaciones de gasUno de los puntos más delicados planteados por el presidente de Cerro Matoso tiene que ver con la creciente dependencia de Colombia del gas importado. “Habría que importar más gas y no tenemos suficientes regasificadores en el país”, advirtió Gaviria.El ejecutivo aseguró que la infraestructura nacional no tendría capacidad suficiente para reemplazar rápidamente el gas que dejaría de suministrar Canacol Energy. Además, señaló que el costo del gas importado sería considerablemente más alto.“Ese gas importado puede ser fácilmente cuatro o cinco veces más caro de lo que hoy pagamos nosotros”, explicó. La situación ocurre en un momento especialmente sensible para el país, debido al incremento en la demanda energética y a las alertas por un posible fenómeno de El Niño, que elevaría la necesidad de generación térmica a base de gas.Municipios y usuarios residenciales también podrían verse afectadosLa preocupación no se limita al sector industrial. Durante la entrevista se explicó que Canacol Energy abastece a millones de usuarios residenciales en el Caribe colombiano mediante empresas como Gases del Caribe, Surtigas y Gas Guajira.Los campos de producción de Canacol en Córdoba están conectados a través de un gasoducto que también abastece varios municipios de la región. “Ese gasoducto tiene conexiones a diferentes municipios y, por supuesto, se quedarían sin gas todos esos municipios y nosotros también”, afirmó Gaviria.Expertos del sector advierten que, si no se logra una solución financiera o regulatoria para Canacol Energy, podrían registrarse incrementos en las tarifas del servicio y eventuales restricciones de suministro.La decisión final dependerá de ColombiaAunque Canacol Energy inició el proceso ante la justicia canadiense, Gaviria aclaró que la suspensión de contratos en Colombia dependerá también de la Superintendencia de Sociedades.“Quien tiene que autorizar a Canacol para suspender o cancelar los contratos es la Superintendencia de Sociedades”, explicó el directivo.Mientras tanto, empresas, autoridades y actores del sector energético mantienen conversaciones para evitar que la crisis derive en una afectación mayor para la industria y los hogares colombianos.
La solicitud de Canacol Energy de suspender contratos de suministro de gas en Colombia no solo alerta a Cerro Matoso, sino también a las empresas que comercializan gas en la región Caribe como Gases del Caribe, Surtigas y GasGuajira, por el riesgo de desabastecimiento o sobrecostos que se enfrentaría en caso de que no cumplan con la entrega de lo contratado. Por esta situación, Blu Radio conoció que desde estas compañías están en conversaciones diarias con las directivas de Canacol, en búsqueda de alternativas para mantener vigente la negociación y evitar afectaciones a todo el mercado de la Costa. Por lo menos se trata de más de millón y medio de usuarios de gas residencial los que se verían golpeados en el Caribe. Ante este panorama, se espera que el próximo 7 de mayo pueda conocerse un pronunciamiento oficial de Canacol, ante las reiterativas solicitudes que han sido realizadas. En caso de no lograrse la continuidad, estas empresas tendrían que salir a buscar gas con otros proveedores lo que indudablemente generará sobrecostos e incluso posibles restricciones al tener limitaciones para acceder al total de lo que se requiere. Al respecto, el ministro de Minas Edwin Palma indicó que convocó una reunión para el próximo martes con "todos los involucrados", refiriendo a Canacol y a las empresas que tienen contratos vigentes con la misma. "La terminación anticipada de los contratos no puede ser a costilla del bolsillo de la gente. Hay que mantener esa producción y proteger las condiciones de transporte y precios ya pactados a favor de los usuarios", expuso en su cuenta de X. Además, indicó que a pesar de la solicitud realizada por Canacol ante una corte canadiense, todavía no ha sido enviada una solicitud sobre el tema a la Superintendencia de Sociedad, la cual es la que tiene "la facultad de validar si acoge o no esa medida".
Luego de que la empresa Canacol Energy solicitara autorización para cancelar contratos de suministro de gas por los problemas económicos que afronta, desde Cerro Matoso están advirtiendo que esto afectaría su operación de explotación de ferroníquel en el sur de Córdoba, siendo que dicha compañía le suministra el 80% del gas natural que emplean en su operación. La empresa minera asegura que es "improdecente y arbitraria" la solicitud presentada por Canacol ante una Corte de Alberta (Canadá) a finales de abril, siendo que esto generaría un efecto colateral en la operación de varias empresas en América Latina, incluyendo a Cerro Matoso. "Un eventual cese de actividades de Cerro Matoso por falta de suministro de gas natural tendría un impacto irreversible para la empresa, el sur de Córdoba y el país. En 2025, la compañía generó más de 2.000 empleos, entre directos y contratistas; aportó al Estado colombiano $334.570 millones de pesos por conceptos de regalías e impuestos; y destinó más de $10.600 millones de pesos en programas sociales que han aportado a la reducción de pobreza en los hogares de las comunidades vecinas", explicó. Es importante tener en cuenta que a finales de 2025 la empresa Canacol Energy se acogió a protección frente a acreedores en Canadá, por deudas superiores a los $700 millones de dólares, lo que la ha llevado a estar en proceso de restructuración. Sin embargo, desde Cerro MAtoso advierten que el contrato suscrito con Canacol Energy se rige por la legislación colombiana, y no por la canadiense. Por esto esperan que entidades como la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios "velen por el respeto del orden público en la República de Colombia y los derechos de nuestros empleados".El impacto de esta decisión va mucho mas allá, pues Canacol está solicitando cancelar al menos 19 contratos activos que tiene con más de 12 empresas en Colombia, lo que implica un impacto mucho mayor.
La Superintendencia de Sociedades reconoció el proceso de reorganización de Canacol Energy en Canadá. El proceso implica que Canacol buscará acuerdos de pago con sus acreedores para evitar el cierre definitivo de sus operaciones.Canacol es la segunda productora de gas natural en importancia en Colombia, detrás de la estatal Ecopetrol."El Despacho concluyó que las órdenes del tribunal canadiense, relacionadas con la implementación del SISP (Sale and Investment Solicitation Process), constituyen medidas apropiadas en los términos del artículo 106 de la Ley 1116 de 2006, siendo necesarias para asegurar la coherencia del proceso internacional y la adecuada protección de los activos situados en Colombia", señaló la Superintendencia de Sociedades en un comunicado.Sin embargo, si Canacol decide vender activos en Colombia tendrá que tramitar una autorización de la Superintendencia de Sociedades en Colombia.La entidad ordenó a Canacol la entrega de información adicional sobre la composición de pasivos previos al inicio del proceso extranjero, obligaciones laborales, fiscales y parafiscales a cargo, pasivos litigiosos, así como inventarios actualizados de activos y pasivos con corte al 31 de diciembre de 2025. Igualmente, se deberán aportar estados financieros completos, individuales y consolidados, con sus respectivas certificaciones y opinión del revisor fiscal, dentro de los plazos fijados en audiencia.“La decisión adoptada reafirma el compromiso de la Entidad con la coordinación efectiva de los procesos de insolvencia transfronteriza y la aplicación armónica de la Ley 1116 de 2006 con los estándares internacionales. El reconocimiento de las órdenes emitidas por la autoridad judicial canadiense facilita la continuidad del proceso extranjero, protege los bienes ubicados en Colombia y garantiza que cualquier medida que pueda afectar a los acreedores locales sea objeto de control estricto por parte del juez colombiano. Así, la Superintendencia continuará velando por la transparencia del procedimiento, la protección del crédito y la preservación del valor empresarial, asegurando que todas las actuaciones se ajusten al orden público económico y al interés general”, señaló el superintendente Billy Escobar.
Un día después de que la compañía canadiense Canacol Energy le dio la noticia a EPM de que no construirá el gasoducto en Medellín, como lo habían negociado, ni le venderá gas natural a partir de diciembre de 2024, Empresas Públicas lín confirmó que ya fue notificada de la decisión, la cual calificó como inesperada. Por medio de un comunicado, EPM advirtió que actualmente “revisa, según las estipulaciones del contrato y la normatividad vigente, las acciones que correspondan” en contra de Canacol. De igual forma, descartó que se vaya a ver afectado el servicio de gas natural para sus más de 1.450.000 usuarios residenciales, pymes, comercio, industria y estaciones de gas natural vehicular.Lo que aún no es claro es qué va a pasar con el proyecto que estaba en proceso de obtención de la licencia ambiental para construir el gasoducto donde se iba a almacenar el gas natural que Canacol iba a traer desde desde su planta de procesamiento de gas Jobo.Le puede interesar:
Canacol Energy anunció la cancelación del proyecto para construir un gasoducto entre la planta de gas de Jobo y la ciudad de Medellín por cuenta de los líos materia de seguridad y la demora en conseguir la licencia ambiental.El gas iba a ser comprado en Medellín por EPM y se esperaba que el gasoducto estuviera concluido en diciembre del 2024 para comenzar las entregas. Sin embargo, el proyecto aún no logra obtener la licencia ambiental.La demora en la licencia "ha sido parte de un patrón de obstáculos legales, sociales y de seguridad cada vez mayores que han surgido en los últimos meses y que han llevado a la Corporación a reevaluar el futuro probable y la prioridad otorgada a este proyecto"Canacol dijo a sus inversionistas que se enfocará ahora en el desarrollo del gas en la cuenca del Magdalena Medio y en la llegada de la compañía a Bolivia.Solo en 2023 Canacol había invertido unos 6 millones de dólares en el proyecto, pero cancelarlo no implicará sanciones o costos adicionales.Le puede interesar:
Ya son más de 15 días de crisis por desabastecimiento ante la situación de restricción de gas en el Caribe al sector industrial por parte de Canacol Energy, por lo que hay diferentes propuestas para mitigar el impacto que esto está ocasionando en esa región del país.Ante este panorama, en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, explicó que hay una regulación que no está permitiendo que el sector industrial compre gas y produzca a “potencia plena”, por lo que pidió al Ministerio de Minas y Energía modificar dicha resolución.“Canacol, uno de los productores de gas más importantes de Colombia, está teniendo problemas con los pozos y eso causa inestabilidad. Las empresas están priorizando la venta de gas de acuerdo con una resolución de 2015 que le da prioridad a las térmicas (…) Costa afuera en el Caribe colombiano hay reservas probadas que pueden aumentar las nuestras en 40 o 50 años. Ahí está el gas. Nos estamos muriendo por discusiones inanes y por burocracia, cuando ese gas deberíamos estarlo sacando ya”, aseguró Pumarejo.El mandatario de la capital del Atlántico detalló, además, que en la ciudad están “muy afectados” debido a que son más de 30 las empresas que “autogeneran con gas”, a lo que se le debe sumar las altas tarifas que pagan por el servicio de energía.“Tenemos muchos barrios por normalizar todavía. Cada vez que hay una fluctuación de energía, por un reparo o un daño, termina afectado un transformador y como es informal la comunidad tiene que recaudar suficiente dinero para cambiar su propio transformador”, puntualizó.El alcalde también habló de la necesidad de que la gente pague por el servicio de energía que debe, pues no se puede llegar a “una desobediencia civil” porque, dice él, es “cuchillo” para sus propios cuellos. Sin embargo, insistió en que debe haber un debate por las altas tarifas de este servicio público, ya que “hay gente que, de verdad, no puede pagar”, sentenció.Entre otros temas, Pumarejo se refirió al ámbito deportivo que ha rodeado a la ciudad en los meses recientes. Sobre los Panamericanos 2027, dijo que, dentro de lo jurídico, sí deben desarrollarse porque hay un contrato, el cual está en vilo porque no se han cumplido ciertos términos que deben cumplirse dentro de este, por lo que están en riesgo.“Estamos contra el tiempo porque en dos meses debo viajar con una delegación a hacer un show en Santiago de Chile cuando recibamos la bandera panamericana, los aros y la llama olímpica para traérnosla acá y que permanezca prendida mientras hacemos los juegos. 40 países nos dicen que, si no nos ponemos las pilas, no podremos hacer los juegos”, detalló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Continúa la pelea de Transmetano y Promigas, del grupo Sarmiento Angulo, por el contrato que EPM le entregó a Canacol Energy. En una nueva queja ante la SIC, su apoderado, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, exige que se apliquen medidas cautelares pues insiste que Canacol no tiene la capacidad para construir el gasoducto acordado.Martinez Neira Abogados, la firma del exfiscal general de la Nación, radicó una nueva queja ante la Superintendentencia de Industria y Comercio al ver que su demanda de diciembre por supuesta violación de la libre competencia no ha frenado aún el contrato firmado entre EPM y Canacol Energy en agosto de 2021.El reclamo es hecho a nombre de Transmetano, una compañía del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, que participó en la licitación pública pero que al final no cumplió contas las condiciones que sí se concedieron a Canacol que ahora tiene encomendado construir un gasoducto desde Jobo a Medellín para que a partir del primero de diciembre de 2024 suministre 21 millones de pies cúbicos de gas natural diarios para abastecer al departamento de Antioquia.Sin embargo, Transmetano alega que se adecuó la licitación pública para que se adjudicara el millonario contrario, entre 450 y 500 millones de dólares, a otra firma que -según la queja en la SIC- no tiene la capacidad para cumplir y vulnera la competencia en el mercado.Y es que la molestia de la reclamante es que desde diciembre interpuso una demanda y pidió unas medidas cautelares que suspendan ese contrato, pero por ahora no se ha fallado y el proyecto avanza, como lo reportó Canacol Energy ante la Superintendencia Financiera. Indica allí que el gasoducto Jobo a Medellín agregará 100 millones de pies cúbicos por día y así esa compañía aumentará su capacidad a 300 millones de pies cúbicos diarios.Por ahora, la Superintendencia de Industria y Comercio analiza toda la información que recolectó de contratos, correos electrónicos y documentos en las inspecciones simultáneas que realizó a las sedes del edificio inteligente de EPM en Medellín y de Canacol Energy en Bogotá el 12 de abril pasado para determinar si hay elementos para una formulación de cargos por violación de la libre competencia.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Durante más de dos horas, el departamento del Atlántico fue cubierto por un torrencial aguacero que llegó acompañado de fuertes vientos y una tormenta eléctrica, que provocó la creciente de arroyos y la caída de paredes de algunas viviendas y de árboles.En el municipio de Soledad fueron al menos 16 los barrios afectados por la lluvia. Allí se presentó el desbordamiento de arroyos como El Platanal. Además, las brisas tumbaron redes eléctricas dejando sin el servicio de energía a 32 barrios. En el municipio de Galapa, los Bomberos también atendieron varias emergencias, entre ellas el rescate de un campesino que cruzaba un arroyo en su bicicleta y fue sorprendido por una corriente súbita. Esta persona subió al techo de un vehículo que también quedó atrapado en la corriente y allí fue rescatado por los Bomberos, detalló la comandante del organismo de socorro, Yarledis Pérez.“Uno de nuestros bomberos se lanza para rescatarlo porque el muchacho quedó paralizado por el frío y el miedo a la corriente, y no tenía fuerzas para agarrar la cuerda que le lanzamos. Entonces, optó por meterse uno de nuestros hombres y fue a rescatar al joven. El joven manifiesta que venía en su bicicleta para llegar a una finca en la que trabaja. Él iba casi pegado a un carro que también estaba en el canal del arroyo cuando fueron sorprendidos por una fuerte corriente de agua. Él se alcanza a agarrar del carro y sube a la parte de arriba, mientras que el conductor del vehículo sí logró salir nadando”, relató Yarledis Pérez.En Barranquilla, la lluvia también ocasionó la caída de un muro de una bodega que bloqueó el cauce de un arroyo, ocasionando su desbordamiento. Loraine Piñeres es habitante del sector.“Al momento de que se cae eso, el arroyo se desborda porque el agua no tiene por dónde salir. Entonces, obviamente, las casas que están arriba se han visto afectadas por la lluvia”, expresó Piñeres, habitante del barrio Villa Blanca, donde se presentó la emergencia.
Neymar anunció este lunes, en pleno Mundial, que él y su esposa, la influencer Bruna Biancardi, tendrán a su tercer hijo juntos, el quinto del astro brasileño."Voy a enloquecer", señala, emocionado, el jugador del Santos y principal referencia de la selección del país sudamericano, en un video divulgado en redes sociales.En el anuncio del próximo nacimiento de una niña, aparece la pareja con las dos hijas que ya tiene, Mavie y Mel, de dos años y 11 meses, respectivamente.En el video también sale Davi Lucca, de 14 años, que el jugador tuvo con Carol Dantas, influencer como Biancardi.Con los ojos vendados, los cinco aparecen jugando a mancharse de pintura, que cuando se quitan la máscara descubren que es de color rosa, señal de que es niña."Voy a empezar una banda y a partir de hoy serán las Spice Girls", bromea Neymar, en referencia al sexo femenino de sus últimos tres hijos.Quien no está presente en el video del anuncio es Helena, nacida de una relación con Amanda Kimberlly cuando Neymar ya era padre de Mavie y estaba con Biancardi.El nacimiento de Helena provocó una ruptura pasajera entre él y la influencer, pero ambos se reconciliaron meses después y luego se casaron.El jugador de 34 años, se recupera de una lesión anterior al Mundial, y espera poder estar a tiempo para disputar los próximos partidos de la fase de grupos después de perderse el estreno contra Marruecos, que se saldó con un empate 1-1.El viernes, Brasil se enfrenta con Haití y el miércoles de la próxima semana, a Escocia.
El Banco de Bogotá recibió luz verde por parte de la Superintendencia Financiera para formalizar la adquisición del negocio de banca de personas de Itaú Colombia. Con esta aprobación, las entidades dan un paso definitivo para materializar el acuerdo de cesión de activos, pasivos y contratos que fue suscrito originalmente el pasado 22 de diciembre de 2025.La transacción permite al Banco de Bogotá integrar a su estructura operativa el segmento minorista de la filial colombiana de la entidad de origen brasileño. Esta operación estratégica representa para el Banco de Bogotá la posibilidad de sumar más de 270.000 nuevos clientes a su cartera actual, consolidando así su participación en el mercado local.El proceso de venta, que también involucra las operaciones del negocio en Panamá, fue comunicado al mercado a finales del año pasado, momento en el cual ambas instituciones financieras comenzaron la estructuración de la cesión. Tras el aval recibido este 16 de junio, las partes iniciarán la ejecución técnica y legal del traslado de los activos y contratos asociados a este segmento de clientes.Las entidades confirmaron que la autorización del ente regulador es el cumplimiento de una etapa clave dentro del programa de adquisición anunciado hace seis meses. La operación abarca una estructura de activos y pasivos multimillonaria que busca reconfigurar el panorama de la banca de personas en el país.Este movimiento se enmarca dentro de una tendencia de consolidación del sector bancario colombiano, donde las instituciones buscan optimizar sus portafolios y fortalecer sus servicios dirigidos al segmento masivo. La integración de estos contratos se realizará de forma progresiva, garantizando la continuidad de los servicios para los usuarios de la banca minorista afectados por el cambio de entidad.Por el momento, ni Banco de Bogotá ni Itaú han detallado el monto exacto de la operación ni las fechas específicas para la migración total de las cuentas, aunque se espera que la integración se ejecute conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera. El acuerdo, que fue ratificado formalmente ante la opinión pública este martes, marca el cierre de la fase de aprobaciones regulatorias, permitiendo que la transición operativa avance de manera formal. Con este aval, el sistema financiero colombiano experimenta una de las movidas más significativas de los últimos años en el segmento de banca de consumo.
Autoridades ultiman detalles en Antioquia de cara a la segunda vuelta presidencial: evalúan medidas de seguridad en el Norte y Nordeste en medio de denuncias por constreñimiento y alistan logística en las zonas más alejadas, como el corregimiento Puntas de Ocaidó en Urrao. El PMU nacional se instala este martes en Bogotá.Luego de que el gobernador Andrés Julián Rendón indicara que hay presuntas denuncias de constreñimiento electoral en Angostura y Campamento, en el Norte de Antioquia, las autoridades continúan evaluando medidas para garantizar el derecho al voto de los habitantes de zonas como Norte, pero también el Nordeste del departamento.En su visita a Medellín, el registrador nacional Hernán Penagos indicó que sigue habiendo las mismas alertas electorales, identificadas por el Ministerio de Defensa, en 29 municipios en el país, entre ellos los ubicados en el Catatumbo y el Nordeste de Antioquia. Por ello, este martes se instalará el PMU, que se hará de manera anticipada justamente para revisar estas alertas.“vamos a instalar el puesto de mando unificado para que garantizar el traslado del material electoral con la presencia de la fuerza pública, la presencia perimetral del ejército, de la armada o de la policía en esos puestos de votación que garantice no solamente que los actores electorales tengan seguridad, me refiero a votantes, festivos y jurados, sino que la ciudadanía pueda votar libremente”, afirmó.A nivel regional, el delegado Diego Sepúlveda confirmó que aunque las denuncias de estas subregiones deben ser resueltas por Ejército y Policía, quienes dictarán las medidas si es del caso, esto se adelantará hasta el último comité electoral previo a la jornada. De momento, los esfuerzos se concentran en la logística para llevar el material a los municipios, la cual inicia los primeros días de esta misma semana en municipios no zonificados, es decir los más pequeños, que no registran más de 20.000 cédulas en el censo electoral.Frente a las novedades que se registraron en el corregimiento Puntas de Ocaidó, en Urrao, la única localidad que arrancó cerca de dos horas después las votaciones de primera vuelta, indicó que se espera que esta vez las condiciones del clima sean favorables para inciar a tiempo.“Urrao siempre ha tenido esa esa situación y es como ese puesto, ese helicoportado, siempre los problemas climáticos nos hacen iniciar el proceso electoral un poquitico más tarde, pero ya es, digamos, como que se normalizó ese ese tema aclarando que antes se hacían los tres corrimientos, Punta de Ocaído, Mande y Nendó, se hacían helicoportados. Ahorita solamente estamos haciéndole Punta de Ocaído”, aseguró.De momento sigue sin haber traslados de puestos de votación por razones de orden público. En lo que sí hubo cambios en primera vuelta, que persisten para esta ocasión, es en los mismos ocho puestos de votación en Medellín, Cañasgordas, Salgar, Remedios, Ituango, Betania, Campamento y Urrao, debido a afectaciones en infraestructura; además, se cerró un puesto en la cárcel del municipio de El Bagre por falta de votantes, confirmaron las autoridades.Según destacó la Registraduría, el material electoral es custodiado todo el tiempo para evitar que llegue a manos de otras personas antes de la jornada, y para el caso de Medellín, su área metropolitana y los municipios antioqueños más grandes la distribución comienza a las 3:00 de la mañana del mismo domingo. El departamento cuenta con 14.309 jurados de votación, 1.280 puestos y 15.800 mesas habilitadas para un total de 2.796.016 mujeres y 2.608.910 hombres aptos para votar, para un censo total de 5.404.926 personas.
Una jueza de control de garantías negó la solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra el cantante de música urbana Stiven Mesa Londoño, Blessd; Santiago Jaramillo, manager conocido como “Dímelo Jara”; Laura Moreno, abogada en su momento del artista; y Julián Giraldo, dentro de la investigación por una denuncia de presunto secuestro ocurrida en Medellín contra Andrés Felipe Sánchez, conocido como 'Yo me llamo Ozuna'. La decisión se fundamentó en que, a juicio del despacho, no existía una inferencia razonable para sostener la configuración del delito de secuestro extorsivo.La investigación se originó por la denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez, quien aseguró haber sido retenido contra su voluntad, amenazado y presionado durante una reunión realizada en la disquera del artista en Medellín, a la que asistió como representante de un imitador del cantante. Según la hipótesis de la Fiscalía, presuntamente Santiago Jaramillo, conocido como “Dímelo Jara”, y otros integrantes del equipo del artista le habrían exigido firmar un contrato para impedirle realizar presentaciones imitando a Blessd.De acuerdo con la denuncia, durante el encuentro presuntamente le quitaron el teléfono celular cuando intentó registrar lo ocurrido, habría sido agredido físicamente y amenazado con armas. Asimismo, se indicó que habría recibido una llamada del cantante en la que supuestamente se le pidió firmar bajo amenazas el documento. Sin embargo, la jueza consideró que la Fiscalía no recaudó suficientes elementos para demostrar que existió una privación de la libertad que permitiera estructurar el delito de secuestro extorsivo.Durante la sustentación de la decisión, la funcionaria judicial señaló: “El despacho no desconoce que lo ocurrido respecto a esa situación que se presentara entre Andrés Felipe, Daniel Velázquez y el señor Santiago Jara revestiría las características de un delito, pero que, a juicio de este despacho, no se corresponde con ese delito imputado por parte de la Fiscalía”. Agregó que, según el análisis realizado, “el ánimo de esa reunión no era tenderles una trampa, secuestrarlos o privarlos de su libertad, sino hablar de la situación que se venía presentando con el uso del nombre y la marca del señor Stiven”.La jueza también llamó la atención sobre el hecho de que otra persona presente en la reunión, identificada como Jefferson, el imitador, permaneció en el lugar bajo las mismas circunstancias descritas y, sin embargo, no manifestó haber sido víctima de un secuestro. Para el despacho, este elemento debilitaba la hipótesis presentada por la Fiscalía sobre la presunta privación ilegal de la libertad.Aunque la medida de aseguramiento fue negada, la Fiscalía apeló la decisión. En consecuencia, Blessd y los otros tres implicados continuarán vinculados a la investigación mientras avanza el proceso judicial y se resuelven los recursos correspondientes.