Siguen los pronunciamientos institucionales tras las declaraciones de los últimos días del concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, quien lanzó una polémica propuesta al Gobierno nacional electo a raíz de los resultados de los comicios del pasado 21 de junio.Quien más recientemente lo hizo fue la Defensoría del Pueblo, quien afirmó que los discursos que promueven violencia contra territorios y comunidades por sus decisiones políticas son incompatibles con la democracia. Esto, a propósito de la solicitud del corporado de iniciar fumigaciones contra cultivos ilícitos y bombardeos en municipios antioqueños donde aumentó considerablemente la votación por Iván Cepeda entre la primera y segunda vuelta presidencial.Rordíguez se refirió específicamente al municipio de Campamento, Norte de Antioquia, donde días previos a los comicios se levantaron alertas por presuntos constreñimientos de las disidencias de las Farc."No nos vamos lejos, Campamento. Pasó de 400 votos por Iván Cepeda a 2.500 y todos sabíamos las alertas que habían en el municipio de Campamento de las amenazas de las Farc para que votaran por Iván Cepeda. Podemos arrancar las fumigaciones por ahí, podemos arrancar los ataques del Ejército y la Policía por ahí", declaró el corporado druante una sesión plenaria el apsado 23 de junio. Por este tipo de declaraciones la Defensoría del Pueblo le pidió al concejal Rodríguez retractarse de estas declaraciones, al mismo tiempo que anunciaron la remisión de una petición a la Fiscalía General para que investigue si las palabras del concejal constituyen algún tipo de conducta delictiva.“Señalar territorios como objetivos militares por sus decisiones democráticas, constituyen un discurso incompatible con el Estado social y democrático de derecho. Desconoce la dignidad humana y ponen en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de millones de colombianos y colombianos”, dijo la Defensoría remarcando que el ejercicio de un cargo de elección popular no constituye una autorización para promover discursos de odio.
Al menos 51 menores de edad fueron víctimas de reclutamiento forzado entre enero y mayo de este año por parte de grupos armados ilegales en Colombia, informó este viernes la Defensoría del Pueblo.El organismo detalló que los departamentos con más casos registrados son Norte de Santander, Cauca y Antioquia.El informe apuntó que de los 51 menores reclutados el 65 % son niños y adolescentes hombres, mientras que el 35 % restante son niñas y adolescentes mujeres.De este total de víctimas, el 17 % pertenece a alguna población indígena, el 12 % son afrocolombianos y el 71 % no se identifica con ningún grupo étnico.La Defensoría detalló que entre los grupos armados ilegales presuntamente responsables de estos delitos destacan el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, que concentra un 23,5 % de casos; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con 23,5 %; el Estado Mayor Central con 21,6 %; y otras disidencias de las antiguas Farc con 21,6 %.Según esta entidad, el reclutamiento de menores de edad aumentó en los últimos años: entre enero y diciembre de 2025 se identificaron 410 casos, de los cuales el 57 % son niños y adolescentes.Asimismo, Unicef informó el año pasado de que más de 1.200 menores terminaron reclutados por grupos armados ilegales en Colombia entre 2019 y 2024, lo que representó un aumento del 300 % en cinco años.Este mes, un niño de diez años murió y otros dos menores resultaron heridos como consecuencia de un ataque perpetrado con un dron cargado con explosivos en Tibú, municipio de la zona del Catatumbo, en el Norte de Santander.
A pocos minutos de iniciar la jornada definitiva para la segunda vuelta presidencial, la defensora del Pueblo, Iris Marín, entregó un parte de “mucha tranquilidad y mucha confianza en que las instituciones van a poder garantizar una jornada de votación tranquila”. Desde Madrid, España, la funcionaria enfatizó que, aunque todo proceso electoral conlleva riesgos, el Estado se encuentra preparado para tramitar cualquier incidente mediante las instancias de coordinación establecidas. Despliegue nacional y vigilancia del escrutinioPara asegurar el normal desarrollo de los comicios, la Defensoría ha dispuesto un robusto operativo humano. Según Marín, “vamos a tener a más de 2.300 personas, incluyendo funcionarios, funcionarias, defensores y defensoras públicas” distribuidos en miles de mesas de votación en conjunto con la Procuraduría y las Personerías. La atención de la entidad no se limitará únicamente a las horas de votación, sino que se intensificará al cierre de las urnas. La Defensora subrayó la importancia de la actitud de los líderes políticos tras las 4 de la tarde: “Hemos invitado a los dos candidatos presidenciales, al presidente de la República, a dar tranquilidad en el escrutinio, en también en el preconteo, a reconocer los resultados”.En caso de presentarse manifestaciones, la entidad acompañará las jornadas para asegurar que se mantengan dentro de los cauces constitucionales y no escalen a hechos de violencia. Compromiso de los candidatos y manejo de protestasRespecto a la posibilidad de movilizaciones, Marín señaló que se ha realizado un monitoreo constante de la conflictividad social, notando un incremento natural por el proceso democrático. No obstante, destacó que la mayoría de estas han sido pacíficas.La Defensora reveló que ya han recibido respuesta de uno de los sectores: “Tuvimos respuesta... de parte del candidato Iván Cepeda y habla él en su comunicación de responsabilidad probatoria y dice que... de tener alguna inquietud y alguna prueba al respecto que genere dudas, los tramitará exclusivamente por las vías institucionales”. Como antecedente, se mencionó un incidente de tensión en el sector de Teusaquillo, en Bogotá, donde simpatizantes de ambas campañas cruzaron arengas sin que el hecho pasara a mayores, un ejemplo de la tensión que la entidad busca mitigar. Presión de grupos armados en zonas ruralesUno de los puntos críticos reportados por la Defensora es la incidencia de grupos armados ilegales en regiones como Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Cauca. Se han monitoreado al menos 40 incidentes relacionados con presiones y "carnetización" por parte de disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.A pesar de la gravedad de estas acciones, Marín envió un mensaje de serenidad al aclarar que estas prácticas no son generalizadas: “Inclusive en aquellos lugares... sigue habiendo libertad democrática”, afirmó, señalando que los municipios donde hay dudas por los resultados no constituyen más del 0.08% de los electores. Sin embargo, la funcionaria fue enfática en que en una elección que puede definirse por un margen estrecho, “el derecho de cualquier persona a votar... tiene que ser respetado y protegido por el Estado”, pues cada voto cuenta para definir el futuro del país. Escuche aquí la entrevista:
A pocos días de la decisiva jornada electoral en Colombia, las autoridades encargadas de la organización y la vigilancia de los comicios han dado un parte de tranquilidad, aunque advierten sobre retos específicos en seguridad y desinformación. Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para lo electoral, y la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, detallaron los preparativos y las medidas para garantizar el respeto al voto ciudadano.Logística y el proceso de conteoEl registrador Suárez confirmó que el sistema está completamente preparado para recibir a los votantes tanto en el territorio nacional como en el exterior. "Son los mismos jurados y las mismas mesas de votación. Y ya todo lo tenemos listo y organizado para salir a votar el próximo domingo". Asimismo, recordó que las urnas abrirán a las 8:00 a. m. y cerrarán puntualmente a las 4:00 p. m.Respecto a la rapidez en la entrega de resultados, Suárez aclaró la diferencia entre el proceso informativo y el legal. El funcionario explicó que el preconteo es un proceso no vinculante que goza de una precisión del 99.94% respecto al escrutinio, que es el que realizan los jueces de la República.Sin embargo, advirtió que los resultados podrían tardar un poco más que en la primera vuelta debido a que "cada campaña va a poder tener dos testigos por cada mesa de votación" y estos tienen derecho a pedir recuentos.Desmentido de mitos y "fake news"Frente a la desinformación en redes sociales, el registrador fue enfático en desmentir rumores sobre la anulación de votos por el uso de prendas específicas. "A usted no le anula el voto que porque va de blanco, que porque va de negro... desde que no tenga publicidad electoral pueden usar cualquier color, cualquier prenda", afirmó Suárez, refiriéndose específicamente al uso de la camiseta de la Selección Colombia. También aclaró que los ciudadanos pueden llevar su propio bolígrafo si lo desean, aunque los proporcionados por la Registraduría son totalmente funcionales.Alertas de seguridad y orden públicoPor su parte, la defensora Iris Marín Ortiz presentó un balance sobre los riesgos en las regiones. Aunque se han monitoreado eventos de presiones armadas en departamentos como Valle del Cauca, Nariño y Antioquia, la Defensoría ha constatado que estas acciones no han determinado la intención de voto. "Afortunadamente la presión no ha determinado el voto, sino que a pesar de los lugares donde hemos evidenciado presiones armadas, aún así hay unas votaciones que se difuminan".Marín también expresó preocupación por la violencia digital, señalando que el 55% de los hechos están relacionados con la estigmatización y un 17% con la difamación.En este ámbito, destacó que las mujeres en la política son las principales víctimas: "Las tres mujeres que estuvieron en todo este proceso que sufrieron más violencia de género, fueron Paloma Valencia, Claudia López y por supuesto Aida Quilcué".Llamado a la calma y respeto a los resultadosTanto la Registraduría como la Defensoría hicieron un llamado a la tranquilidad postelectoral. A pesar de las alertas de posibles manifestaciones emitidas por entidades extranjeras, Marín aseguró que no ven un riesgo de violencia inminente, siempre que los líderes políticos modulen su lenguaje. El registrador Suárez concluyó pidiendo a la ciudadanía "respetar los resultados y por favor no difundir esas noticias falsas y esa desinformación que está abundando en las redes".Escuche aquí las entrevistas:
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a garantizar que las movilizaciones y protestas sociales relacionadas con el proceso electoral se desarrollen en un ambiente de respeto, convivencia y paz. A través de un comunicado la entidad señaló que estas expresiones constituyen mecanismos legítimos de participación ciudadana y ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica, reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.Según el balance presentado por la Defensoría, entre el 1 de enero y el 11 de junio de 2026 se realizó seguimiento a 161 eventos de manifestación y movilización social vinculados con el proceso electoral en Bogotá y 71 municipios de 26 departamentos del país. De acuerdo con la entidad, el 64 % de estas actividades se desarrolló de manera completamente pacífica, mientras que en el 36 % restante se registraron afectaciones a la movilidad y a la infraestructura pública o privada. Además, en algunos casos puntuales se reportaron lesiones a personas.La institución explicó que estas movilizaciones responden a diversos factores sociales y políticos durante la campaña electoral, entre ellos mencionó la circulación de discursos estigmatizantes, actos de difamación, expresiones discriminatorias, violencia digital y afirmaciones públicas sobre posibles fraudes electorales que, según indicó, hasta el momento no cuentan con evidencia sólida que las respalde.Frente a este panorama, la Defensoría invitó a los candidatos presidenciales, al presidente de la República, a las autoridades del Estado y a los líderes políticos y de opinión a promover mensajes de respeto por la diferencia y confianza en las instituciones democráticas. Además, pidieron evitar cualquier forma de violencia o estigmatización y tramitar las controversias e inquietudes electorales mediante los mecanismos institucionales establecidos.
La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo advirtieron que los reiterados retrasos en el proceso de delimitación del páramo de Santurbán están favoreciendo el crecimiento de la minería ilegal dentro de este ecosistema estratégico para el nororiente colombiano.La alerta quedó consignada en el XXV Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017, y presentado el pasado 1 de junio ante el Tribunal Administrativo de Santander, con corte al 30 de abril de 2026.Según el documento, después de más de ocho años de la orden impartida por la Corte Constitucional para realizar una nueva delimitación participativa del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, persisten incumplimientos institucionales que han impedido culminar el proceso.Para el Ministerio Público, uno de los hallazgos más preocupantes es que la demora en la delimitación ha propiciado “el incremento de la extracción ilícita de minerales al interior del ecosistema, el aumento de la informalidad y dificultades en el desarrollo socioeconómico de la región”, situación que incrementa la vulnerabilidad ambiental de este ecosistema de alta montaña.La Procuraduría fue más allá en sus conclusiones y señaló que la prolongación del proceso ha impedido ejercer un control institucional efectivo sobre fenómenos como la minería ilegal, que continúan generando graves afectaciones ambientales en la zona.Ante este panorama, el organismo anunció que remitirá copia del informe a la Fiscalía para que investigue las actividades de minería ilegal que se estarían desarrollando en el área de influencia de Santurbán.El informe también cuestiona el desempeño del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con la delimitación.Entre las observaciones realizadas por la Procuraduría se encuentra la falta de entrega oportuna del informe de seguimiento correspondiente al periodo enero-abril de 2026, una situación que, según el ente de control, se viene presentando de manera reiterada desde 2019.Asimismo, señala que el Ministerio no ha entregado información técnica solicitada por la Procuraduría relacionada con las resoluciones mediante las cuales se declaró una zona de reserva temporal de recursos naturales renovables en el costado occidental del macizo de Santurbán, en jurisdicción de municipios como Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.Otro de los hallazgos tiene que ver con los retrasos en la fase de concertación. De acuerdo con el cronograma oficial, durante el primer cuatrimestre de 2026 debían realizarse mesas de concertación en 15 municipios; sin embargo, el informe concluye que ninguna de las reuniones previstas fue desarrollada.El Ministerio Público también encontró deficiencias en la actualización y publicación de información a través del portal oficial “Santurbán Avanza”.Entre las inconsistencias detectadas figuran la ausencia del informe de cumplimiento más reciente, la publicación de solo seis de los 24 informes de seguimiento elaborados por la Procuraduría y la Defensoría, la falta de actualización de actuaciones judiciales recientes y diferencias entre los cronogramas publicados y los oficialmente reportados por el Ministerio de Ambiente.Frente a este panorama, los organismos de control recomendaron al Ministerio de Ambiente presentar un cronograma definitivo, público y verificable para culminar el proceso de delimitación, establecer fechas claras para las mesas de concertación pendientes y fijar un plazo concreto para la expedición del acto administrativo definitivo.También solicitaron fortalecer los mecanismos de transparencia, actualizar permanentemente el portal de seguimiento, ampliar los espacios de participación ciudadana y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades campesinas.Además del traslado del informe a la Fiscalía por las denuncias relacionadas con minería ilegal, la Procuraduría anunció que remitirá copias a las dependencias disciplinarias competentes para que evalúen posibles incumplimientos de funcionarios públicos en la entrega de información requerida para el seguimiento de la sentencia.
La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo por el asesinato de Steven Portillo Gómez, defensor público de la Regional Caldas, quien fue atacado por sicarios en la tarde de este domingo en el sector La Violeta, sobre la vía que conecta a Manizales con Chinchiná.El abogado, de 30 años, fue asesinado hacia las 3:15 de la tarde, según información preliminar conocida por las autoridades. De acuerdo con versiones iniciales, hombres que se movilizaban en motocicleta habrían interceptado al jurista y le dispararon.Tras conocerse el crimen, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento oficial en el que lamentó profundamente lo sucedido y manifestó su preocupación por el asesinato de uno de sus funcionarios adscritos al sistema de Defensa Pública.“Hoy asesinaron a un defensor público de la Regional Caldas, Steven Portillo Gómez, de 30 años, en el sector La Violeta de Manizales. No puede ser que tengamos que enfrentar esto en nuestra entidad y en la defensa pública”, señaló la entidad.Además, expresó solidaridad con la familia, seres queridos y compañeros de trabajo del abogado, al tiempo que agradeció las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía y las autoridades judiciales.Además, la Defensoría pidió que el caso sea priorizado y que se avance con rapidez en el esclarecimiento de los hechos. “Hacemos un llamado urgente para que se priorice el esclarecimiento de este crimen y se avance con celeridad en la identificación y judicialización de los responsables”, indicó la institución.De manera paralela, allegados al abogado aseguraron que Steven Portillo Gómez habría recibido amenazas antes del ataque.Por ahora, las autoridades trabajan en la recolección de pruebas, revisión de cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer quiénes están detrás del asesinato y cuáles fueron los móviles del crimen.
El asesinato del periodista Cristian Herrera, ocurrido en la tarde de este sábado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental, de la capital de Norte de Santander, despertó el rechazo de diversos sectores del país.Uno de ellos es la Defensoría del Pueblo, que rechazó este hecho y expresó su solidaridad con la familia de Cristian Herrera, sus colegas y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización de la que era corresponsal en Norte de Santander e integrante de su junta directiva.La Defensoría destacó que Cristian dedicó su trabajo a investigar temas relacionados con corrupción, crimen organizado, impunidad y la situación de orden público en el Catatumbo. Según la entidad, su labor permitió visibilizar problemáticas que afectan a las comunidades y garantizar el derecho de los ciudadanos a estar informados.Asimismo, señaló que, aunque el periodista contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), estas no lograron evitar el ataque que acabó con su vida. Además, recordó que este caso se suma al asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido el mes pasado en Briceño, Antioquia. Por ello, desde la Defensoría hicieron un llamado urgente a la Fiscalía para avanzar con celeridad en la investigación, identificar a los responsables y establecer si el crimen está relacionado con el ejercicio periodístico de Herrera y los temas que cubría en Norte de Santander y el Catatumbo.La entidad advirtió que el asesinato de periodistas constituye una de las formas más graves de censura, genera temor, promueve la autocensura y afecta el derecho de las comunidades a recibir información. Por ello, insistió en que el Estado debe garantizar condiciones de seguridad para quienes ejercen esta labor en el país.
La Defensoría del Pueblo lanzó una nueva alerta sobre la situación que enfrenta el corregimiento de Puerto López, en el municipio de El Bagre, Antioquia, donde la disputa entre las disidencias de ‘Calarcá’ del Bloque Magdalena Medio y el Clan del Golfo estaría generando un progresivo deterioro de las condiciones humanitarias y de derechos humanos.De acuerdo con la entidad, este territorio se ha convertido en uno de los principales escenarios de confrontación por el control territorial, los corredores estratégicos y las economías ilegales que operan en el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar y zonas limítrofes del nordeste de Antioquia.Según el balance presentado por la Defensoría, entre enero y mayo de este año se han documentado dos eventos de confinamiento y cinco desplazamientos forzados masivos. Aseguran que también se han registrado amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como daños a bienes civiles.La entidad también manifestó su preocupación por el uso recurrente de drones, advirtiendo que estos hechos han generado afectaciones sobre viviendas, infraestructuras y bienes de subsistencia de las familias campesinas, aumentando los riesgos para la población civil.“La recurrencia y gravedad de estos hechos evidencian un progresivo agravamiento de la situación humanitaria y de derechos humanos en el territorio”, señaló la Defensoría, al advertir que los ataques con estos artefactos han dejado afectaciones incluso sobre animales destinados al sustento de las comunidades.El organismo agregó que la salida de la Policía Nacional de Puerto López, ocurrida en marzo de este año, “ha profundizado la percepción de desprotección de las comunidades y ha limitado la capacidad de respuesta institucional frente a los hechos de violencia y control territorial ejercidos por los actores armados ilegales”.La Defensoría indicó además que durante 2026 se han registrado 14 desplazamientos forzados masivos en Antioquia y Bolívar, que han dejado más de 2.400 personas afectadas, así como seis eventos de confinamiento que han restringido la movilidad de más de 7.700 habitantes.Finalmente la Defensoría hizo un llamado al Gobierno nacional y a las entidades competentes para adoptar medidas “integrales, oportunas y coordinadas” que permitan garantizar la protección de las comunidades, atender la emergencia humanitaria y restablecer las condiciones de seguridad en Puerto López y su área de influencia.También pidió al Ministerio del Interior activar mecanismos de prevención para responder a las violaciones de derechos humanos que se vienen registrando en el Bajo Cauca, el Norte y el Nordeste antioqueño.
La Procuraduría General de la Nación desplegará más de 10.000 funcionarios en todo el país para vigilar el desarrollo de la jornada electoral de este domingo y el posterior proceso de escrutinios.La decisión fue adoptada por instrucción del procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, con el objetivo de fortalecer la vigilancia preventiva y garantizar la transparencia durante las elecciones.En total, 10.461 integrantes del Ministerio Público participarán en las labores de seguimiento. Del grupo hacen parte 3.946 funcionarios de la Procuraduría, 4.400 representantes de las personerías municipales y 2.115 miembros de la Defensoría del Pueblo.El plan contempla además la supervisión de las 3.505 comisiones escrutadoras habilitadas en todo el territorio nacional. En Bogotá, la vigilancia se concentrará en las 280 comisiones que operarán durante el proceso electoral.La Procuraduría también tendrá presencia en los 35 Centros de Recepción Telefónica (CRT), donde se recopila la información del preconteo electoral y se reciben los datos consignados en los formularios E-14 de cada mesa de votación.De igual forma, funcionarios del organismo participarán en los Puestos de Mando Unificado (PMU) instalados para monitorear el desarrollo de la jornada en el país. Estos espacios reúnen a entidades como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y los equipos especializados en ciberseguridad, además de las autoridades regionales y distritales.Con este despliegue, la Procuraduría busca acompañar el proceso electoral y ejercer vigilancia antes, durante y después de las votaciones, con el fin de contribuir a la transparencia y legalidad de la jornada democrática.
El equipo colombiano de búsqueda y rescate USAR COL-1 logró rescatar con vida a Moisés, un niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los recientes terremotos registrados en Venezuela.La operación se prolongó durante cerca de seis horas y exigió maniobras de alta precisión para llegar hasta el menor, quien se encontraba a tres metros de profundidad. Antes del rescate, los especialistas lograron establecer contacto con él y le suministraron agua para mantener sus condiciones mientras avanzaban las labores. El rescate representa uno de los principales resultados de la misión humanitaria que Colombia adelanta en territorio venezolano. El equipo USAR COL-1 fue asignado por las autoridades de ese país para intervenir en La Guaira, donde se concentra el mayor número de edificaciones colapsadas y personas afectadas por la emergencia.El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que varios miembros del Cuerpo de Bomberos de la ciudad participaron en el rescate del niño y agradeció su trabajo. “Tengo fe en que el equipo de Colombia seguirá encontrando personas con vida en La Guaira, Venezuela. Son un orgullo para todo el país”, escribió el alcalde en su cuenta de X.La delegación colombiana está integrada por 63 rescatistas y cuatro binomios caninos especializados en operaciones de búsqueda y localización de sobrevivientes. La misión, prevista para diez días, es coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con el apoyo de la Cancillería, Bomberos, Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana, Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.Mientras continúan las labores de búsqueda, la Sala de Crisis Nacional analiza la posibilidad de enviar un hospital de campaña y personal médico para fortalecer la atención a los damnificados, de acuerdo con las necesidades reportadas por las autoridades venezolanas. Además, como parte de la operación humanitaria, los aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que transportaron al equipo de rescate hacia Venezuela, también permitieron el regreso al país de 47 ciudadanos colombianos, entre ellos 19 niños deportistas.Por su parte, la Cancillería informó que, de manera preliminar, se tiene reporte de 24 ciudadanos colombianos que habrían fallecido a causa del sismo, una cifra que continúa siendo verificada en coordinación con las autoridades venezolanas.
El manejo del Programa de Alimentación Escolar, una de las estrategias más importantes para garantizar la permanencia de miles de niños y adolescentes en las aulas, vuelve a quedar bajo la lupa de los organismos de control por hechos en Antioquia.Esta vez, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Santa Fe de Antioquia, Andrés Felipe Pardo Serna, y dos de los exfuncionarios que integraron su administración por presuntas irregularidades que habrían retrasado la puesta en marcha del programa durante el año 2022.La decisión también cobija al entonces secretario de Servicios Administrativos, Félix Antonio Giraldo, y al exsecretario de Salud y Protección Social, Jorge Mario Sánchez Palacio, quienes deberán responder dentro del proceso disciplinario.Según el Ministerio Público, el programa, destinado a suministrar alimentación a estudiantes de instituciones oficiales, no comenzó con el inicio del calendario escolar, como lo exige su naturaleza. Aunque las clases arrancaron en enero de 2022, el servicio solo empezó a prestarse hacia finales de abril, dejando durante varios meses sin este beneficio a cientos de alumnos del municipio.Para la Procuraduría, la demora habría obedecido a deficiencias en la planeación contractual por parte de la administración municipal. El ente de control sostiene que el inicio del programa habría quedado condicionado a la llegada de recursos provenientes de la Gobernación de Antioquia, pese a que el municipio contaba con recursos propios que habrían permitido garantizar la continuidad del servicio mientras se concretaban otras fuentes de financiación.De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia, la conducta atribuida a los tres exfuncionarios podría constituir una falta disciplinaria grave cometida a título de culpa grave. Con la formulación del pliego de cargos comienza una nueva etapa del proceso, en la que los investigados tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa antes de que el organismo de control adopte una decisión de fondo.
El doble terremoto que sacudió a Venezuela con dos movimientos de gran magnitud en pocos segundos encendió las alertas en la región y abrió una pregunta en Colombia: ¿qué tan preparado está el país para enfrentar un evento similar? Flover Rodríguez Portillo, geólogo y director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, explicó que los sismos no pueden evitarse, pero sus consecuencias sí pueden reducirse con preparación.En entrevista, el experto señaló que los movimientos registrados en Venezuela corresponden a un fenómeno conocido como “dupla o doblete”, una situación poco frecuente, pero posible en zonas donde existe una alta actividad tectónica. Según explicó, la región donde ocurrió el evento tiene interacción entre la placa Caribe y la placa Suramericana, que se desplazan constantemente.“Colombia no puede evitar los terremotos, pero sí podemos evitar que se conviertan en desastres”, afirmó Rodríguez Portillo al explicar que la clave está en la prevención, el conocimiento científico y la preparación ciudadana.El reto para Colombia: entender el riesgo antes de que ocurra una emergenciaEl geólogo aseguró que Colombia también se encuentra en un contexto tectónico activo y que el país registra diariamente decenas de movimientos sísmicos. Sin embargo, aclaró que el verdadero desafío no es preguntarse si puede ocurrir un terremoto fuerte, sino qué tan preparada está la sociedad para responder.“La pregunta quizás no es si Colombia puede tener terremotos fuertes, porque la respuesta es sí”, explicó. Para el especialista, el país debe avanzar en tres aspectos principales: fortalecer el monitoreo sísmico, aplicar el conocimiento geológico en la planificación territorial y crear una cultura del riesgo.Rodríguez cuestionó que gran parte de los instrumentos de ordenamiento territorial en Colombia no estén actualizados y señaló que el conocimiento geológico debería tener un papel más importante en las decisiones sobre construcción y desarrollo urbano.“La ciencia debe ser útil para proteger vidas, para proteger infraestructura y para proteger el desarrollo del país”, agregó.Venezuela deja una lección sobre la importancia de la gestión del riesgoEl experto también recordó que la zona afectada en Venezuela tiene antecedentes históricos de grandes terremotos, como el ocurrido en 1812, que dejó miles de víctimas. Sin embargo, destacó que la evolución de los sistemas de prevención y monitoreo permite reducir impactos.“Eso nos muestra que la gestión del riesgo funciona y que debemos seguir fortaleciéndola”, indicó.Para Rodríguez Portillo, la tragedia venezolana debe servir como una oportunidad para revisar protocolos y fortalecer capacidades en Colombia. Aunque los fenómenos naturales no pueden anticiparse con exactitud, insistió en que la preparación puede marcar la diferencia entre una emergencia controlada y un desastre de grandes proporciones.
El puente festivo de San Pedro y San Pablo será la oportunidad para que miles de turistas viajen por Antioquia y disfruten de la variada programación cultural, gastronómica y musical que ofrecerán más de 15 municipios.Por ejemplo, en el Valle de Aburrá, Sabaneta celebrará las tradicionales Fiestas del Plátano y, en Barbosa, se desarrollará el Segundo Festival Barbosa es Café, por lo que se espera una masiva participación de personas en las festividades en ambos municipios del Área Metropolitana.En el Oriente antioqueño se destacan las Fiestas de la Papa, en La Unión; las Fiestas del Viejo Peñol y del Embalse, en El Peñol; las Fiestas del Arriero, en San Carlos; el Congreso Gastronómico de Marinilla, y las Fiestas del Bosque y el Retorno, en San Francisco.El Suroeste del departamento también tendrá una amplia agenda con las Fiestas del Cacique Toné, en Urrao; el Festival de la Piedra, en el corregimiento San Bernardo de los Farallones, de Ciudad Bolívar; y las tradicionales Fiestas del Folclor, en Titiribí.Y el Occidente no se queda atrás en las fiestas del puente festivo y, por ello, Anzá celebrará las Fiestas del Cacique Curumé, mientras que Sopetrán continuará con las tradicionales Fiestas de las Frutas.En el Norte del departamento, San Pedro de los Milagros recibirá visitantes con las Fiestas de la Leche y sus Derivados, y Yarumal desarrollará las Fiestas del Yarumo. Por su parte, San Roque, en el Nordeste, realizará las Fiestas del Río Nus, mientras que el corregimiento Estación Cocorná, en Puerto Triunfo, será sede de las Fiestas de San Isidro.Las autoridades y administraciones municipales esperan una importante afluencia de visitantes durante el fin de semana, por lo que hicieron un llamado a los viajeros para programar sus desplazamientos con anticipación.
Autoridades judiciales siguen avanzando en casos sobre delitos relacionados con conductas sexuales contra menores de edad en la capital antioqueña, tras la decisión que se conoció en las últimas horas contra un extranjero.Se trata de Miguel Sierra, un hombre nacido en Perú, pero con nacionalidad estadounidense, quien fue condenado en primera instancia a 18 años y ochos meses de prisión por el delito de demanda de explotación sexual comercial con menor de edad.Según la Fiscalía, los hechos se remontan a 2023 cuando Sierra viajó a la capital antioqueña para sostener en un edificio del barrio Belén un encuentro sexual con una adolescente de 14 años de edad que contactó a través de redes sociales y a quien le ofreció previamente dinero para que accediera a estos propósitos.Tras generarse la denuncia por estas conductas, el ahora condenado regresó a mediados de julio de 2024 a Colombia y fue allí donde se produjo su captura en el aeropuerto José María Córdova.Durante los requerimientos de las autoridades, al hombre le fueron halladas al menos tres fotografías de la menor de edad víctima y otros elementos que, según el ente acusador, daban cuenta de las interacciones que tenían.La sentencia de un juez penal de conocimiento además de establecer la privación de la libertad en centro carcelario, también define que una vez Sierra cumpla con la totalidad de la condena será expulsado del país.