La población del norte de la Sierra Nevada de Santa Marta afronta un temor generalizado por las represalias anunciadas por el grupo ilegal los Pachenca, autodenominados Conquistadores de la Sierra, tras las recientes operaciones de la fuerza pública en la región.La defensora del Pueblo, Iris Marín, detalló cómo la estructura criminal ha consolidado su poder territorial en los departamentos del Magdalena, La Guajira y el Cesar.Marín señaló en Mañanas Blu que el grupo ilegal ejerce un "control hegemónico" en municipios como Santa Marta, Ciénaga y Dibulla, e interviene directamente en la vida de la población mediante "violencia selectiva, órdenes de comportamiento" y castigos difundidos en plataformas digitales.El dominio social de la organización armada limita la libertad de movilidad y de conducta de la ciudadanía, afectando en especial a los pueblos indígenas de la zona y vulnerando los derechos de mujeres y niñas.En cuanto a las fuentes de recursos que financian sus actividades, la defensora explicó que la estructura ilegal obtiene ingresos de la extorsión y del tráfico de sustancias ilícitas."Ellos están asociados mucho al tema del tráfico, del narcotráfico. Todas estas zonas son zonas que son cruciales para el tránsito del tema de drogas, pero también fuertemente viven de la extorsión", explicó Marín.A través del cobro de cuotas ilegales al sector comercial, la organización impone "una doble función, obviamente ilegítima", consistente en ofrecer seguridad al turismo y al comercio "para poder extorsionar y sacar recursos" de esas mismas actividades económicas.Las disputas territoriales en la región varían según la ubicación geográfica. Mientras hacia el norte, en La Guajira, la estructura mantiene enfrentamientos con el 'Clan del Golfo' en municipios como Riohacha, San Juan del Cesar y Albania, este último grupo armado avanza en una etapa de expansión hacia el sur del Magdalena y el Cesar.La entidad advirtió que la presencia militar no es suficiente y solicitó una respuesta institucional integral para evitar el reclutamiento de jóvenes, a quienes el entorno les ofrece a las estructuras armadas como la única alternativa de vida."En esta zona, como muchas del país, en los jóvenes la mejor opción que tienen son los grupos armados", concluyó la defensora.
La Defensoría del Pueblo presentó ante la Corte Constitucional su intervención dentro del control de los decretos 1261 y 1348 de 2026, relacionados con la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. La entidad pidió declarar exequible la emergencia, al considerar que se trató de un hecho sobreviniente y extraordinario y que la gravedad de sus consecuencias está acreditada.Sin embargo, la Defensoría plantea condicionamientos importantes. El principal tiene que ver con el alcance territorial de la emergencia ya que sostiene que las facultades excepcionales no deberían aplicarse automáticamente a departamentos completos, sino únicamente a los municipios donde exista una afectación comprobada por el terremoto. La entidad señala que actualmente hay 498 municipios afectados en 16 departamentos, pero advierte que algunos territorios incluidos en la declaratoria presentan daños puntuales o incluso no tienen afectaciones que justifiquen cobijar todo su territorio.El documento pone como ejemplo a Nariño. Allí no se registraron fallecidos ni heridos, pero sí afectaciones importantes en infraestructura educativa en 52 instituciones y 113 sedes resultaron afectadas, con unos 9.198 estudiantes matriculados. Para la Defensoría, esto demuestra que puede existir una afectación real y significativa sin que necesariamente comprometa a todo un departamento, razón por la cual propone que la delimitación se haga municipio por municipio.Otro de los llamados de atención está relacionado con los registros de damnificados. La Defensoría advierte que existen inconsistencias en las cifras oficiales y posibles casos de subregistro. Menciona, entre otros ejemplos, diferencias en el número de víctimas reportadas en Buenaventura y viviendas destruidas que no aparecen adecuadamente contabilizadas. Por eso pide que el acceso a las ayudas no dependa exclusivamente de haber quedado inscrito oportunamente en el Registro Único de Damnificados.La entidad también advierte sobre la capacidad financiera del sistema ordinario de gestión del riesgo. Según el documento, al momento de declararse la emergencia la Subcuenta de Manejo de Desastres contaba con $47.265 millones, mientras no existía una cifra consolidada de los recursos disponibles en los fondos territoriales. La Defensoría considera que la Corte debe verificar cuáles recursos ordinarios son insuficientes, qué recursos extraordinarios son realmente indispensables y cuál debería ser el monto requerido.Uno de los hallazgos más fuertes está relacionado con la vulnerabilidad de las construcciones. La Defensoría señala que en buena parte de los territorios afectados las aceleraciones registradas durante el sismo estuvieron por debajo de los valores de diseño establecidos por la normativa sismorresistente. En el caso de Pereira, por ejemplo, se registró una aceleración de 0,02 g frente a un valor de diseño de 0,25 g, pese a que Risaralda reportó 110 fallecidos, 87 desaparecidos y 11.969 viviendas destruidas. La entidad sostiene que estos datos obligan a revisar las condiciones de vulnerabilidad y construcción que agravaron los efectos del terremoto.Finalmente, la Defensoría pide que las medidas que adopte el Gobierno incorporen un enfoque diferencial, interseccional y étnico, teniendo en cuenta las condiciones particulares de niños, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades étnicas. También solicita que la reconstrucción no se limite a recuperar lo que existía antes del sismo, sino que reduzca las condiciones de vulnerabilidad que contribuyeron a la magnitud de los daños.En síntesis, la posición de la Defensoría es la de respaldar la declaratoria de emergencia por el terremoto, pero le pide a la Corte Constitucional que establezca límites para evitar una aplicación territorial indiscriminada, garantice que ninguna persona afectada quede por fuera de la atención y exija al Estado demostrar la necesidad de los recursos extraordinarios.
La Defensoría del Pueblo, por medio de un comunicado, aseguró que el ataque del 16 de septiembre, en el corregimiento de El Carmelo, en Candelaria, Valle del Cauca, estuvo dirigido contra un bien de carácter civil protegido por el Derecho Internacional Humanitario, que es necesario para la operación del servicio.“Esta acción infringe el principio de distinción del DIH, pues las partes en conflicto deben adoptar todas las precauciones posibles para evitar o reducir los daños a la población y a los bienes protegidos”, aseguró en el comunicado.También afirmó que este hecho habría podido generar riesgos para las operaciones aéreas y, con ello, para la vida e integridad de quienes usan, se benefician u operan el servicio. Esta situación también podría afectar vuelos médicos, traslados de pacientes y otras operaciones aéreas esenciales.La Defensoría hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación, a la Aeronáutica Civil y a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones, esclarezcan estos hechos y determinen las responsabilidades a que haya lugar. Además, pidió que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones aéreas que puedan verse afectadas.También hizo un llamado a los grupos armados ilegales con presencia en la región para que respeten a la población civil y los bienes públicos, y no realicen acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y los derechos de las comunidades.Por otro lado, la entidad recordó que el uso de drones por parte de los grupos armados se ha vuelto más riesgoso para la vigencia de los derechos humanos y la aplicación del DIH. Según la Defensoría, entre enero y mayo de 2026, los ataques con drones aumentaron un 146 %, dejando 21 personas fallecidas y 145 heridas.
La Defensoría del Pueblo alertó por el deterioro de las condiciones de seguridad para la población civil y la Misión Médica en Tibú, Norte de Santander, luego de varios hechos registrados entre el 9 y el 10 de septiembre.De acuerdo con el organismo, los acontecimientos incluyen la activación de una mina antipersonal y diferentes acciones contra ambulancias y conductores, situaciones que dificultan la atención y el traslado de pacientes en esta zona del Catatumbo.El primer hecho ocurrió el miércoles 9 de septiembre, en la zona rural de Orú, donde la activación de una mina antipersonal dejó heridas a dos personas, de 28 y 19 años, ambas de nacionalidad venezolana.Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Tibú para recibir atención médica. Posteriormente, con apoyo de la Defensoría en las gestiones ante la Fuerza Aeroespacial Colombiana, fueron trasladadas a Cúcuta el jueves 10 de septiembre.El organismo reiteró su preocupación por el riesgo que representa la presencia de minas antipersonal para las comunidades que transitan por estos territorios.La situación también involucró directamente a vehículos y trabajadores de la Misión Médica. Durante la mañana del jueves 10 de septiembre, hombres armados se llevaron una ambulancia del Hospital San José de Tibú y privaron de la libertad a su conductor. El trabajador posteriormente fue liberado.Más tarde, hacia las 4:00 de la tarde, otra ambulancia que se dirigía hacia Cúcuta tuvo que detenerse durante aproximadamente 40 minutos debido al sobrevuelo de un dron. De acuerdo con la Defensoría, esta situación generó temor entre el personal médico que se movilizaba en el vehículo.Horas después, aproximadamente a las 7:00 de la noche, hombres armados secuestraron al conductor de otra ambulancia. La Defensoría señaló que, después de estos hechos, participó en una mesa de trabajo para articular acciones y solicitar garantías para el desarrollo de la labor de la Misión Médica.Ante este panorama, el organismo hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de realizar acciones que afecten o interfieran con la Misión Médica.También pidió evitar el uso de minas antipersonal y cualquier otra acción que pueda poner en riesgo la vida, integridad y movilidad de la población civil.La Defensoría, además, instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a fortalecer las medidas de prevención y protección para garantizar condiciones seguras para la atención médica y el transporte de pacientes en Tibú y el resto del Catatumbo.
Este miércoles arrancó en Barranquilla la Asamblea Nacional de Personeros, en la que participan unos 800 funcionarios del Ministerio Público de todo el país, quienes conversan alrededor de los "Derechos a la Ciudad" y la ayuda a damnificados del terremoto.La Defensora del Pueblo, Iris Marín, fue una de las invitadas al evento, destacando la labor de los personeros, pero también aprovechó para referirse a la atención de las afectaciones ocasionadas por sismo de 7.4 grados, ocurrido el pasado 10 de agosto.Frente a este tema destacó que la Defensoría ha estado haciendo seguimiento muy de cerca, pero que después de haber superado la primera etapa de la atención de la emergencia, toca avanzar en las medidas presupuestales que permitan reconstruir las zonas afectadas, así como garantizar el retorno a clases de todos los estudiantes."Hemos venido haciendo seguimiento al tema. Ya ha pasó la primera etapa más urgente, pero es importante avanzar hacia medidas también presupuestales que permitan avanzar en el la reconstrucción y la rehabilitación, que va a ser el tema pues más importante. Hemos estado muy pendientes también de la vuelta al colegio de los menores de edad. Ya el Ministerio de de Educación ha dicho que está a punto de llegar al 95% de la cobertura", expresó. De otra parte, la defensora dio a entender que han resuelto las diferencias con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, con quién tuvo un intercambio de opiniones a través de redes sociales por las recientes ofensivas del Gobierno contra estructuras criminales. Dijo Marín que "es deber del Estado combatir el narcotráfico y las economías ilegales". Al tiempo destacó que están haciendo un seguimiento conjunto a las alertas tempranas que han emitido. "Con el ministro de del Interior, Rodrígo Lara, hemos venido intercambiando un par de trinos y además hablamos telefónicamente y estamos a la espera de poder hacer reuniones de seguimiento territorial de las recomendaciones del sistema de alertas tempranas", precisó. Asamblea de personerosLa migración es otro de los temas de conversación durante el encuentro de personeros. Frente a este panorama, el representante de ACNUR en Colombia, Giovanni Lepri, destacó que en este país hay 2,8 millones de personas venezolanas que requieren protección internacional, además de ciudadanos de otras nacionalidades que se encuentran en el país.Advierte que aunque una parte importante ha logrado regularizar su situación migratoria, muchas personas aún permanecen en condición irregular porque no han tenido la oportunidad de acceder a los mecanismos de regularización.
La Defensoría del Pueblo lanzó una nueva alerta por la situación de seguridad que atraviesa el Cauca, donde en las últimas semanas se han registrado secuestros, atentados y otros hechos violentos relacionados con la presencia y disputa territorial de actores armados ilegales.Según el organismo, “en las últimas semanas el Cauca ha registrado una sucesión de hechos violentos que afectan a la población civil” en diferentes municipios del departamento.Uno de los hechos que más preocupa a las autoridades es el aumento de los secuestros. La Defensoría informó que en las últimas dos semanas se han registrado seis casos: cuatro en Balboa, uno en el corredor entre Santander de Quilichao y Caloto, y otro en zona rural de Popayán.A estos casos se suma el secuestro de dos adultos mayores en Timbío, ocurrido el pasado 16 de julio.La entidad recordó que ya había advertido sobre los riesgos para la población de Popayán a través de la Alerta Temprana 018 de 2026, emitida en agosto.“Advertimos posibles afectaciones a la población civil en la ciudad de Popayán”, señaló la Defensoría, al referirse a las condiciones de seguridad que enfrenta la capital caucana.Después de la emisión de la alerta se presentaron nuevos hechos, entre ellos un atentado contra la sede de una empresa de aseo ubicada al sur de la ciudad y el secuestro de un comerciante en la vereda Los Tendidos.La Defensoría también expresó preocupación por la situación en Mercaderes, tanto en el área urbana como en los corregimientos de Arboledas y San Joaquín.En estas zonas, explicó, existen riesgos derivados de “la presencia y disputa territorial de actores armados ilegales” en sectores donde continúa viviendo población civil.La situación de seguridad también se extiende a la vía Panamericana, en el tramo comprendido entre Piendamó, Cauca, y el corregimiento de Remolinos, en Taminango, Nariño.La Defensoría señaló que en este corredor se han presentado diferentes hechos, entre ellos la instalación de cilindros cargados con explosivos.Uno de estos artefactos provocó la muerte de un soldado del Ejército Nacional el lunes 7 de septiembre.Además, el organismo reportó “constantes hurtos a vehículos de transporte público de pasajeros y a vehículos particulares durante los últimos días”.Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo manifestó su solidaridad con el Ejército Nacional y, especialmente, con la familia del uniformado que perdió la vida.El organismo reiteró así su preocupación por las condiciones de seguridad en distintas zonas del Cauca y por los riesgos que enfrentan las comunidades que permanecen en territorios donde existe presencia y disputa de grupos armados ilegales.
Aunque la Gobernación de Antioquia confirmó que actualmente no hay desplazamientos activos reportados en esa localidad, sigue la preocupación por el municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca del departamento, luego de que en las últimas horas la Defensoría del Pueblo emitiera una alerta temprana por el uso de drones cargados de explosivos, ocasionando por lo menos 14 desplazamientos forzados este año, confinamientos y zozobra en la población. De acuerdo con la entidad, la confrontación entre el Clan del Golfo y el frente cuarto del Bloque Magdalena medio del autodenominado EMBF mantiene factores de amenaza para la población civil y podría traducirse en hechos de violencia, restricciones a la movilidad y nuevas afectaciones humanitarias. Carlos Zapata, director del IPC, explicó el interés de estas estructuras por corregimientos como Puerto López y Puerto Claver."Hay una disputa en este momento por la cabecera municipal de Puerto López, porque Puerto López es un importante centro poblado, son cerca de 8000 habitantes los que puede tener este corregimiento, y es básicamente el ingreso a la zona de Guamocó, y también el ingreso a la serranía de Avive, que, básicamente, aquí lo que tenemos es una intensa actividad minera, cada vez desplazando más a la producción de coca", expuso el experto. La alerta se conoce después de los hechos registrados meses atrás en la zona rural limítrofe entre El Bagre y Zaragoza, donde enfrentamientos entre grupos armados provocaron el desplazamiento de al menos 355 personas hacia el corregimiento de Puerto López, en El Bagre. Entre los afectados había habitantes de la vereda Las Nubes y de sectores rurales de Zaragoza, como Villa Severa, Citeaguanta y Villa Amará. Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos, pidió a las autoridades que con urgencia atiendan las recomendaciones del Ministerio Público. "La disputa territorial entre el denominado Clan del Golfo y las disidencias, que han generado no solamente afectaciones y crisis humanitaria entre la población, varios fenómenos de desplazamiento forzado masivo en ese territorio. Y, además de esto, la utilización de drones que dejan claro el nivel y la complejidad de estos enfrentamientos", indicó. De momento, las autoridades mantienen la atención sobre esta zona del Bajo Cauca, considerada estratégica por la presencia de economías ilegales y la disputa de los grupos armados por el control territorial y de las rentas ilícitas.Ante este escenario, la Defensoría formuló 14 recomendaciones dirigidas a las autoridades locales, departamentales y nacionales, con el propósito de que actúen de manera articulada y urgente, adoptar medidas efectivas de prevención y fortalezcan la protección de las comunidades.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió a las imágenes del presidente Abelardo De La Espriella caminando entre cuerpos de personas muertas durante la operación Azarías, desarrollada en el Guaviare contra estructuras de alias 'Iván Mordisco'.De acuerdo con el reporte oficial citado por la Defensoría, durante la operación murieron 23 integrantes de esas estructuras armadas, entre ellos algunos de sus mandos. Según Medicina Legal, dos de las personas fallecidas eran menores de edad.Marín recordó que Colombia lleva décadas enfrentando distintos ciclos de conflicto armado y criminalidad organizada, pero cuestionó que un mandatario aparezca entre los cuerpos de personas muertas y que esas imágenes puedan interpretarse como una demostración de orgullo por los resultados militares.Marín señaló que el Estado tiene el deber de proteger a la población y enfrentar, dentro de la Constitución y el derecho internacional humanitario, a los grupos armados responsables de graves violaciones a los derechos humanos.Sin embargo, aclaró que su cuestionamiento no está dirigido contra las operaciones legítimas de la fuerza pública, sino contra la manera en que el Estado ejerce el poder y comunica sus resultados.“Esta reflexión no desconoce ese deber ni cuestiona por sí mismas las operaciones legítimas de la fuerza pública. Se refiere más bien a algo distinto, a la manera como el Estado ejerce el poder y comunica sus resultados”, explicó Marín.La defensora recordó que la Constitución establece que el derecho a la vida es un derecho fundamental de aplicación inmediata y que no puede ser suspendido ni siquiera durante los estados de excepción.No obstante, explicó que el derecho a la vida no es absoluto y que el ordenamiento jurídico contempla determinadas situaciones en las que puede producirse la muerte de una persona, como la legítima defensa o la baja de combatientes en situaciones de conflicto armado, de acuerdo con las normas del derecho internacional humanitario.Sostuvo también que la privación de la vida no puede ser arbitraria y debe responder a criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.“El DIH parte del mismo principio. Incluso en la guerra existen límites. Los muertos deben ser respetados y tratados dignamente”, señaló la defensora.Marín reconoció que las acciones militares en las que pueden perder la vida integrantes de grupos armados están permitidas en determinadas circunstancias y pueden ser necesarias para proteger a la población. Sin embargo, insistió en que esas muertes no deben convertirse en un mecanismo de exaltación.¿Página que mide las bajas?Otro de los puntos planteados por la defensora fue la existencia de un portal denominado “Las Bajas del Tigre”, que, según indicó, no ha sido confirmado como una página oficial y en el que se registran muertos y otros resultados operacionales desde la posesión del actual presidente de la República.Marín pidió especial cautela frente a este tipo de indicadores y recordó el antecedente de la política de resultados basada en bajas en combate, que estuvo relacionada con los llamados falsos positivos, crímenes que actualmente son juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La defensora aclaró que no está planteando que los cuerpos de las personas muertas durante la operación Azarías respondan a esa lógica. Sin embargo, invitó a utilizar indicadores más amplios para evaluar la seguridad.“No planteamos con esto que los cuerpos en tulas de la operación Azarías atiendan esa lógica, pero sí invitamos a tener indicadores más comprensivos de lo que significa la seguridad, que se mide en derechos garantizados y en vidas salvadas, especialmente para la población civil sometida a la acción de grupos criminales”, agregó.Marín también se refirió a la manera en que históricamente los actores armados han utilizado los cuerpos, la humillación y el miedo para enviar mensajes de dominio y terror.Según la defensora, Colombia conoce las consecuencias de la deshumanización en medio del conflicto y ese lenguaje no debería ser adoptado por las instituciones estatales.“La humanidad aprendió después de guerras y violencias extremas que deshumanizar al adversario termina también deshumanizando a quien ejerce el poder. Colombia conoce demasiado bien esta historia”, recordó.En ese sentido, sostuvo que la acción militar del Estado es un deber y destacó el trabajo de los integrantes de la Fuerza Pública que arriesgan su vida para proteger a la población. Aun así, afirmó que debe prevalecer la acción de la justicia.“Ese lenguaje de quienes prefieren la muerte a la vida no puede convertirse en el lenguaje del Estado”, sostuvo Marín.La defensora cuestionó además que los cuerpos de las personas muertas sean utilizados como parte de una declaración pública o como una forma de exhibir autoridad.“No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, afirmó.Finalmente, Marín señaló que el poder del Estado también se expresa a través de los símbolos y las imágenes que transmite a la sociedad.“Cada gesto y cada imagen difundida desde una institución pública comunican algo sobre lo que es el Estado y sobre los valores que defiende”, manifestó la defensora. Según agregó, cuando el poder estatal utiliza esos símbolos para transmitir espectáculo o humillación, puede terminar debilitando su propia legitimidad.La defensora declaro que es precisamente frente a quienes son considerados adversarios cuando el Estado debe demostrar que la dignidad humana es un principio que debe defenderse en todo tiempo y lugar.“El Estado no necesita parecerse a quienes combate para demostrar su fortaleza. Su autoridad se afirma cuando enfrenta con decisión a quienes amenazan a la población, pero conserva los límites que imponen la Constitución, la ley y sobre todo la humanidad”, concluyó Marín.
La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, hizo un llamado a fortalecer las acciones de prevención frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia, tras el reporte de la Defensoría del Pueblo que señaló que entre 2024 y 2026 se registraron más de 1.170 casos de reclutamiento de menores en el país.Para la OIM, enfrentar el reclutamiento requiere anticiparse al riesgo y trabajar directamente en las comunidades, por lo que las escuelas y familias son claves para prevenir estas acciones.Según la organización, uno de los principales mecanismos de prevención son los llamados entornos protectores, que involucran a las instituciones educativas, las familias y las comunidades.En los colegios, los docentes son capaces de identificar señales de alerta y ofrecer alternativas educativas y de ocupación del tiempo libre. Asimismo, en los hogares, la OIM destaca la importancia de fortalecer la comunicación entre padres, madres, cuidadores y menores para detectar posibles situaciones de engaño, presión o acercamiento por parte de grupos armados.“La barrera contra el reclutamiento se construye en el día a día: en las escuelas, donde los docentes detectan alertas tempranas y ofrecen alternativas en la educación; en los hogares, formando a padres, madres y cuidadores en escucha activa para identificar engaños o presiones armadas; y en los barrios, capacitando a líderes comunitarios para activar rutas de protección institucionales o comunitarias antes de que el riesgo sea inminente”, señaló la OIM en su comunicado.La Organización aseguró que, durante sus 20 años de trabajo en esta materia, ha implementado metodologías de prevención en los 32 departamentos del país. Más de 32.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes han sido acompañados por la OIM en la construcción de proyectos de vida.Además, ha capacitado a cerca de 36.000 padres, madres y cuidadores, así como a 15.000 funcionarios locales para fortalecer la identificación y activación de alertas tempranas.Actualmente, estas acciones continúan en las regiones consideradas más vulnerables y desde este año, en articulación con el ICBF, la estrategia Cuidado Mutuo y las Unidades Regionales de Apoyo han acompañado a cerca de 700 menores en riesgo.“La prevención no empieza cuando los actores armados tocan a la puerta; empieza mucho antes. Se logra escuchando a las familias, fortaleciendo a los colegios y advirtiendo sobre los nuevos riesgos en redes sociales. Cuando un joven tiene alternativas reales de estudio y ocupación del tiempo libre, la violencia pierde capacidad de captación”, señaló Felipe Roldán, Coordinador del Programa de Paz, Estabilización y Recuperación de la OIM.Desde la organización advierten que uno de los nuevos desafíos está relacionado con los riesgos digitales y el uso de redes sociales para acercarse a niños, niñas y adolescentes. Es por esto por lo que la OIM considera necesario fortalecer las capacidades de las familias, los docentes y las autoridades para identificar nuevas formas de captación y responder de manera temprana.La OIM pidió mantener activa la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes en Colombia (CIPRUNNA), con el propósito de mejorar la coordinación entre las más de 20 entidades del Gobierno nacional, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional, a la vez que insistió en que ampliar las estrategias de prevención y garantizar alternativas de educación, protección y construcción de proyectos de vida son elementos fundamentales para evitar que los menores terminen vinculados al conflicto armado en el país.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 020 de 2026 por los riesgos para las comunidades de la cabecera municipal de El Bagre, Bajo Cauca de Antioquia, y de los corregimientos Puerto López y Puerto Claver, por la intensificación de la disputa entre grupos armados ilegales en la zona, el uso de drones con explosivos, desplazamientos, asesinatos selectivos y otras formas de control armado que están profundizando la crisis humanitaria en el territorio.En su comunicado, la entidad explicó que la emisión de la alerta obedece a la intensificación de la disputa territorial y financiera entre la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario del Clan del Golfo y el frente 4 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc. El conflicto, para la entidad, se centra en el control de zonas estratégicas para la captación de rentas ilícitas derivadas de la explotación aurífera en la serranía de San Lucas y sectores como Guamocó y Mina Nueva.Uno de los factores más preocupantes sobre los que alertó la Defensoría es el uso indiscriminado de drones con explosivos y municiones sin explotar, pues desde junio de este año, los ataques han sido más frecuentes, lo cual ha generado efectos indiscriminados y sembrado el temor en la población civil.Desde la entidad, advierten que esta dinámica ha provocado una grave crisis humanitaria, debido a que solo en un evento ocurrido en junio del 2026, fueron lanzados 12 explosivos desde drones y 61 familias tuvieron que desplazarse de sus hogares. Asimismo, son cientos las familias que permanecen confinadas en sus territorios debido a las hostilidades y la presencia de municiones sin explotar en sus cultivos.La entidad aseguró que la población debido a esta disputa tienen prohibido el tránsito después de las 6:00 p. m. en vías rurales por parte de los grupos armados y que además estos le exigen a las personas el pago de "vacunas" equivalentes al 10 % de la producción de oro.Es por esto por lo que la defensoría propone 14 recomendaciones dirigidas a los ministerios del Interior y de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el ICBF, la Fiscalía General de la Nación, entre otros entes del orden nacional, departamental y local, que tienen como finalidad implementar acciones de disuasión e investigación de los factores de amenaza, mitigación de las vulnerabilidades detectadas y la prevención de violaciones a los derechos humanos
Millones de trabajadores realizan sus respectivos aportes a salud, pensión y riesgos laborales. Sin embargo, para quienes reciben ingresos por medio de varios contratos de prestación de servicios, una modificación empezará a aplicarse desde el próximo año y podría aumentar el valor destinado a los pagos de este sistema.El cambio está relacionado con la manera de determinar el ingreso base de cotización (IBC) cuando una persona cuenta con varios contratos durante el mismo mes. Sonia Liliana Tejedor, directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de Buenaventura, afirmó que la reforma pensional no creó una nueva manera de cotizar los ingresos, pues la norma ya existe.“Cuando una persona tiene uno o varios contratos de prestación de servicios en un mismo mes y se cumplen las condiciones previstas, debe sumar los honorarios devengados y calcular una base mínima de cotización equivalente al 40 % de ese total, sin incluir IVA”, explicó Tejedor.¿Cómo serán los aportes en 2027?El impacto puede verse en el caso de un consultor que recibe $10 millones por un contrato, $3 millones por otro y $2 millones por un tercero. En ese caso, sus ingresos llegarían a $15 millones.Por lo tanto, si solamente cotiza por el contrato más alto, es decir, el de $10 millones, el IBC sería de $4 millones y los aportes de salud y pensión sumarían alrededor de $1,14 millones al mes, sin contar los riesgos laborales.Ahora bien, si debe considerar los $15 millones, el IBC ascendería a $6 millones y los aportes a salud podrían rondar los $1,71 millones, lo que representaría una diferencia de $570.000 mensuales.¿Quién pagará la seguridad social de los trabajadores independientes?El Decreto 514 de 2025 permite que el contratante y el contratista acuerden que la empresa o entidad realice directamente los aportes. En ese caso, tendrá que descontar de los honorarios los valores correspondientes y realizar el pago.Sin embargo, si no existe ese acuerdo, el contratista continuará encargado de sus aportes. La situación requiere mayor coordinación cuando tiene varios clientes y más de uno decide realizar los descuentos.¿Cuándo cambiará el cálculo de los aportes?El momento señalado en la información es abril de 2027, cuando comenzarán a aplicarse las disposiciones de la reforma pensional que pueden incidir en esta materia.La recomendación de Tejedor es llevar un registro mensual de los honorarios, revisar el IBC reportado en la PILA y verificar los acuerdos de pago con cada contratante para evitar diferencias en los aportes.
La Selección Colombia Sub-20 femenina se quedó con la medalla de bronce de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026, luego de superar a Italia por 4-3 en la tanda de penales.El partido por el tercer lugar terminó igualado tras los 90 minutos. Italia tomó ventaja en el primer tiempo con un gol de Giada Pellegrino, quien aprovechó un mal despeje de la defensa colombiana y, al minuto 42, sacó un remate de primera que venció a Luisa Agudelo.Colombia salió al segundo tiempo en busca del empate y aumentó la presión sobre el arco italiano. La recompensa llegó al minuto 62, cuando Sintia Cabezas recibió una asistencia de Mariana Mosquera y consiguió el 1-1.Con el empate, la Tricolor mantuvo sus opciones de quedarse con el tercer puesto del campeonato. El marcador no volvió a moverse y el ganador de la medalla de bronce tuvo que definirse desde el punto penal.En la tanda, Colombia se impuso 4-3 ante Italia, resultado que le permitió quedarse con el tercer lugar del Mundial Sub-20 femenino.La selección colombiana llegó a este encuentro después de caer 3-0 frente a Corea del Sur en las semifinales. Italia, por su parte, también buscaba cerrar su participación en el torneo con la medalla de bronce.De esta manera, las dirigidas por Carlos Paniagua terminaron su participación mundialista en el podio, después de remontar ante Italia y conseguir la victoria en los penales.
Hay indignación en Medellín luego de que se conociera que un vendedor permanece en estado crítico en una Unidad de Cuidados Intensivos luego de ser golpeado en la cabeza con una piedra mientras realizaba su labor. De acuerdo con la información entregada por sus familiares, el presunto agresor fue capturado con ayuda de ciudadanos.La víctima fue identificada como Jorge Mario Restrepo de 58 años y según las versiones, el hombre se encontraba repartiendo arepas cuando se cayó en medio de una discusión entre un vigilante y un habitante de calle.En medio de la confrontación, el presunto agresor habría lanzado una piedra que terminó impactando al comerciante, todo porque supuestamente no quisieron regalarle una gorra al habitante de calle.Tras recibir el golpe, el adulto quedó inconsciente y fue auxiliado por personas que se encontraban en el sector. Aunque inicialmente fue trasladado a un centro asistencial, su familia decidió llevarlo después a la Clínica Las Américas donde permanece hospitalizado.La información que se conoce hasta ahora es que el hombre tiene una fractura de cráneo y sangrado interno, por lo que el vendedor de arepas fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece entubado en la UCI.El presunto responsable quedó detenido en la estación de Policía de La Candelaria, mientras la familia adelanta la denuncia penal correspondiente para que se haga justicia y el supuesto agresor de Restrepo no quede libre.
En Autos y Motos de este sábado, 26 de septiembre de 2026, estos fueron los temas:Tatiana Calderón hizo historia en NASCAR Brasil, la piloto colombiana se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera de la categoría tras imponerse en la segunda competencia disputada en el circuito de Cristais, en Minas Gerais.JMEV lanzó en Colombia la GSX, su primera SUV 100 % eléctrica, el vehículo llega con hasta 610 kilómetros de autonomía bajo ciclo CLTC y un precio de lanzamiento desde $89.990.000. Noel Ardila, gerente general de JMC Colombia, explicó que la apuesta está en ofrecer mayor tamaño y autonomía dentro del segmento de eléctricos de entrada.Renting Colombia utiliza inteligencia artificial para anticipar accidentes de tránsito, su programa Rutas de Vida combina telemetría, cámaras y análisis de datos para detectar factores como frenadas bruscas, excesos de velocidad o microsueños. Según la compañía, la estrategia ha permitido reducir en 34 % la siniestralidad y opera con más de 20.000 vehículos conectados.Uber lanzó en Colombia una opción para que mujeres prioricen viajes con conductoras, la función Uber Mujeres comenzó a habilitarse progresivamente en Bogotá, Medellín y Cali y permite activar esta preferencia para viajes inmediatos, reservas o como configuración predeterminada.Escuche el programa completo aquí:
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 26 de septiembre de 2026:Pablo Andrés Rengifo, socio fundador de Lex 42 Abogados y Asociados, explicó los derechos de quienes tienen un negocio en un local arrendado. Señaló que, cuando un comerciante ha ocupado el mismo inmueble durante más de dos años consecutivos, el Código de Comercio contempla el derecho a la renovación del contrato, salvo excepciones como el incumplimiento en el pago, que el propietario necesite el inmueble para un uso propio o que deba realizar obras que requieran desocuparlo.Aura María Mendoza Afanador, abogada laboral y pensional habló sobre los principales cambios que traerá la reforma pensional y las diferencias frente al sistema de la Ley 100. Explicó cómo se distribuirían los aportes entre Colpensiones y las administradoras del componente de ahorro individual para quienes superen determinado nivel de ingresos, así como los posibles efectos sobre el valor de la pensión. También destacó beneficios previstos para personas de menores ingresos y para mujeres con hijos, quienes podrán reducir semanas requeridas bajo determinadas condiciones.Ana María Hoyos, actriz y presentadora, presentó su libro 'Mi mamá tuvo la culpa', en el que aborda las heridas que pueden surgir de la relación entre madres e hijas y cómo experiencias de la infancia pueden reflejarse posteriormente en relaciones de pareja, familiares o laborales. Hoyos contó parte de su propia historia con su madre y explicó que su propuesta no busca asignar culpables, sino comprender lo vivido y asumir en la adultez la responsabilidad sobre la manera de relacionarse con esas heridas.Escuche el programa completo aquí: