El Gobierno presentó el reporte anual sobre asesinatos de líderes sociales: la cifra es de 66 homicidios confirmados en 2020, que contrasta con la de la Defensoría del Pueblo, que aseguró que fueron 182 defensores de derechos humanos los asesinados el año pasado. Indepaz dice que el Gobierno está tomando cifras parciales, de cobertura mínima, lo cual afecta la configuración de las políticas para enfrentar este fenómeno.El Gobierno reporta 66 asesinatos de líderes sociales en 2020 y otros 63 casos en proceso de verificación, según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En total, durante el Gobierno del presidente Duque. el reporte de esta oficina es de 209 defensores de derechos humanos asesinados.La alta consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que la pandemia ha dificultado el registro de los 63 casos pendientes y que “los departamentos con mayor número de casos de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2020 son Cauca, con 15 casos; Norte de Santander, con 9 casos, Chocó y Putumayo, con 8 casos cada uno”.El reporte de la Defensoría del Pueblo, dado a conocer el pasado 19 de febrero, establece una diferencia de 116 asesinatos frente a lo registrado por el Gobierno: “en el año 2020, la entidad registró 979 conductas en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, que corresponden a 607 amenazas, 182 homicidios, 7 secuestros, 51 atentados, 5 retenciones arbitrarias, 13 desplazamientos, 2 desapariciones forzadas, 2 imposiciones de normas de conducta y 22 casos de otro tipo de hechos violentos”.Camilo González Posso, director de Indepaz, aseguró que el Gobierno está tomando unas cifras parciales de cobertura mínima y que esto lo que hace es afectar la definición de una política pública efectiva para enfrentar estos asesinatos porque no se dimensiona correctamente ni se llega a todos los territorios afectados.“El problema de esa minimización es que desorienta la acción del Estado, la acción preventiva de contención de las violencias de acción judicial. Es una mala costumbre de tergiversar cifras porque eso lo que hace es banalizar la situación y de esa manera las políticas van a ser erradas porque se minimiza el número de municipios, la gravedad de las situaciones en muchas regiones y por lo tanto la política integral del Estado no se nota o hay políticas equivocadas”, dijo González Posso.
Desde la Defensoría del Pueblo le están haciendo un llamado al Gobierno Nacional para una intervención urgente en el municipio de Alto Baudó, Chocó, después de revelar que son 4.741 personas están confinadas y desplazadas por enfrentamientos entre grupos armados.En su mayoría, son familias que pertenecen a la comunidad indígena Moamía. “La comunidad está sin alimentación, sin recursos y confinadas en el resguardo, y otras personas en desplazamiento”, informó Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.Estos hechos se han generado desde el pasado viernes 19 de febrero, por ese motivo, se desplazó una comitiva al lugar para evaluar la situación, como resultado, el llamado al gobierno es urgente y lo más pronto posible.“Solicitamos a las autoridades activar la ruta de protección, atención y prevención para las comunidades e iniciamos una Misión de Verificación a la zona para monitorear la evolución de la calamidad pública”, pide el funcionario.Desde septiembre de 2019 la Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana de inminencia No. 041 – 19, donde se alertó el elevado riesgo para la población civil, debido a la disputa territorial entre el ELN y el Grupo Armado postdesmovilización de las AUC-AGC.
BLU Radio conoció en primicia el informe de la Defensoría del Pueblo en el que, a través de la delegada para la Prevención al Riesgo de Violación de derechos humanos, infracciones al DIH ha emitido 201 alertas tempranas.Del total, en 187 de estas, se ha identificado y advertido a las personas defensoras de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales como una de las poblaciones afectadas.Los departamentos con mayor número de Alertas Tempranas que identifican riesgos para esta población son: Antioquia (25), Chocó (23), Cauca (16), Valle del Cauca (14), Nariño (13), Norte de Santander (12), Bolívar (11) y Meta (9).La violencia, contra las personas defensoras de derechos humanos, tiene expresiones particulares a nivel territorial, cuyos rasgos están marcados por la recomposición de dominios armados que se encontraban bajo la influencia de las Farc, señala el documento de esta entidad.Durante el año 2020, la Defensoría del Pueblo registró 979 conductas en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, que corresponden a 607 amenazas,182 homicidios, 7 secuestros, 51 atentados, 5 retenciones arbitrarias, 13 desplazamientos, 2 desapariciones forzadas, 2 imposiciones de normas de conducta y 22 casos de otro tipo de hechos violentos.
Cada día es más crítica la situación de seguridad en Ituango. En las últimas horas, y por primera vez, los indígenas del resguardo embera katío Jaidukama se desplazaron por las amenazas de grupos armados.Según el censo de la alcaldía, llegaron hasta el corregimiento La Granja, a una hora del casco urbano, 101 indígenas de 29 familias que habitan el resguardo. “En esa zona hay dos grupos armados, ellos desconocen si son paramilitares o disidentes de las Farc, pero dicen que hay dos grupos grandes con fusiles y armas de largo alcance”, comentó el alcalde de Ituango, Mauricio Mira. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo aseguró que son 300 los indígenas desplazados. Ante esto, el alcalde explicó lo siguiente:“Hay otros indígenas que se desplazaron que se encontraban trabajando con las comunidades de Quebrada del Medio y del sector de Santa Lucía pero no hacen parte del resguardo Jaidukama".Además, asegura el mandatario que dentro del resguardo indígena quedaron otras familias que “no se han censado”, pero que están confinadas ante la presencia de los grupos armados. Entre tanto, se espera que este viernes comience el retorno voluntario a la vereda El Quindío, de al menos 250 de los 508 desplazados que llegaron desde el pasado fin de semana al casco urbano de Ituango por amenazas de las disidencias y del Clan del Golfo.
Cada 12 de febrero se conmemora el día internacional de Las Manos Rojas contra el reclutamiento, uso y utilización de menores de edad en la guerra y conflicto armado.Esta situación, que afecta gravemente a Colombia, tiene también en alerta a las autoridades en Medellín, donde en 2020 se atendieron 157 situaciones relacionadas con este crimen.Según datos de la Secretaría de Inclusión Social y una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, en la ciudad están en riesgo de reclutamiento los menores de 7 comunas y 3 corregimientos, especialmente en Manrique, Robledo, Castilla y Popular.“No es normal que nuestros niños estén llevando o trayendo armas y drogas, o informando a grupos delincuenciales”, dijo Monica Gómez, secretaria de Inclusión Social en un llamado de atención a los padres de familia para que estén atentos a sus hijos.Así mismo, según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre marzo y septiembre de 2020, fueron reclutados 7 menores de edad en Antioquia.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre la delicada situación de orden público en tres municipios del Catatumbo e hizo recomendaciones urgentes a las autoridades.Aseguró en el documento, enviado a las autoridades competentes, que en Norte de Santander, puntualmente en los municipios de El Carmen, Convención, Teorama, el enfrentamiento entre el ELN y el EPL desde hace tres años pone en grave riesgo a los líderes y la población de la región.Agrega que hay una clara intención del ELN en convertirse en el grupo que controla la región, tras el debilitamiento del EPL y la desmovilización del frente 33 Farc, tras la firma del acuerdo de paz.Precisamente, las disidencias de este frente de las Farc, que buscan retomar sus antiguos dominios, también son un riesgo para la población sumando a la delincuencia común que siempre ha operado en la región.“Homicidios, secuestros, enfrentamientos con interposición civil, minas antipersona, reclutamiento forzado, otras acciones violentas”, menciona la Defensoría en la alerta temprana.Además de los habitantes de estos municipios, la Defensoría asegura que también están en riesgo por esta situación los migrantes venezolanos, excombatientes, los transportadores y comerciantes formales e informales, los miembros de pueblos indígenas binacionales Barí y Yukpa, el personal contratista de obras de infraestructura y excandidatos a cargos de elección popular.Entre las recomendaciones la Defensoría hace un llamado al Ministerio del Interior para que de manera inmediata tramite esta alerta ante las autoridades competentes.“A la Trigésima Brigada del Ejército y al Comando Departamental de Policía para que con el apoyo de la Gobernación y de la Alcaldía de Convención, se diseñe e implemente un plan de seguridad coordinado para el perímetro urbano y zonas aledañas de este municipio”, insiste.También hace llamados a la Fiscalía, al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, a la SIJIN de la Policía Nacional, para que se ejecuten acciones coordinadas que permita esclarecer los autores y móviles de homicidios, secuestros y extorsiones.También solicitó a las autoridades locales y la Unidad para las Víctimas que instalen un punto de atención a las víctimas de estos hechos violentos.“Al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación departamental, para que se continúe previniendo la deserción escolar y la desescolarización mientras se mantengan las restricciones derivadas de la pandemia”, añade.Otras recomendaciones:- A la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección, adoptar las medidas idóneas de seguridad y protección.- A la Unidad Nacional de Protección en coordinación con la Policía Nacional, priorizar y agilizar las valoraciones de riesgo y adopción de medidas de protección individual y colectiva de los líderes sociales.- A Migración Colombia, para que, en su ejercicio como autoridad migratoria, con el apoyo de la Secretaría Departamental de Fronteras, se construya una línea base respecto a las necesidades de la población migrante proveniente de Venezuela.- Entre otras.Vea los documentos aquí:
El soldado Ever Andrés Castro Gutiérrez fue liberado en la mañana de este miércoles, 3 de febrero, luego de permanecer varios días secuestrado por las disidencias del frente 33 de las Farc en el Catatumbo.El hecho se dio luego de la intervención de una comisión humanitaria integrada por el defensor regional del pueblo en Ocaña, Diogenes Quintero, la Personería de Tibú y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).Las organizaciones se internaron en la zona rural para traer de vuelta a la libertad al uniformado quien permanecía retenido desde el pasado 4 de enero.Para esa fecha, el Ejército Nacional informó a través de un comunicado de prensa que de manera injustificada el uniformado, que está próximo a terminar el servicio militar, había abandonado las filas de la patrulla móvil en la vereda Área Libre en el municipio de Tibú.Cinco días después se conoció, a través de varios testimonios de los habitantes de ese sector, que integrantes de las disidencias lo habían interceptado y se la habían llevado con rumbo desconocido.Desde entonces era buscado por todo ese territorio nortesantandereano. Además, comisiones humanitarias adelantaban acercamientos con el grupo insurgente para lograr su liberación hasta que se logró darle fin a su secuestro.Cabe recordar que en la zona del Catatumbo desde el pasado martes, 2 de febrero, también están secuestrados por las disidencias de las Farc los soldados Jesús Alberto Muñoz y Jhony Andrés Ospino.Vea el informe realizado por Noticias Caracol aquí:
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se pronunció a favor del retorno a clases de los niños y niñas del país.“No podemos hipotecar el futuro de una generación entera al afectar aprendizajes y desarrollo socioemocional e incrementar las brechas de inequidad por no recibir una educación en las condiciones de calidad que ofrece la interacción presencial con sus docentes y entre los niños y niñas, en estos niveles educativos”, asegura.Camargo Assis resaltó que la virtualización de la educación ha traído consecuencias particulares para niños y niñas y destacó que en el país esta situación es diferencial y con mayores afectaciones para comunidades rurales, de pertenencia étnica y migrantes que no cuentan con insumos suficientes para asistir a clases de manera no presencial.De acuerdo con el Dane (Encuesta de Pulso Social), al menos el 4,5% de los hogares en Colombia no continuaron con las actividades educativas desde que se dio el cierre de los colegios. El Ministerio de Educación evidenció, con base en información del sistema de matrícula SIMAT, que para agosto de 2020, 102.880 niños y niñas fueron retirados de establecimientos educativos.Esto concuerda con estudios del laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, según los cuales, en el 96% de los municipios del país, menos de la mitad de los estudiantes cuentan con herramientas tecnológicas para poder continuar con una educación en modalidad virtual.Para el funcionario, la no asistencia a clases trae riesgos particulares para la infancia, incluyendo el riesgo de reclutamiento forzado por parte de actores armados ilegales, el aumento de los índices de violencia sexual e intrafamiliar o el aumento del riesgo de trabajo infantil, pues el aislamiento prolongado cada día deja más expuestos a los niños y niñas sin el cuidado de personas idóneas.
En una declaración conjunta, el fiscal General, Francisco Barbosa Delgado, y el defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo, anunciaron la manera en la que trabajarán articuladamente en dos misiones con respecto a las amenazas a la comunidad de El Salado.La situación actual de amenazas a líderes sociales y el proyecto de coordinación de cifras de esta problemática en el país.Según el fiscal Barbosa, se desarrollarán mecanismos de colaboración como una mesa técnica compuesta por la UNP, los diferentes ministerios, el Ejército, la Policía, bajo la coordinación del defensor del pueblo y la Fiscalía acompañando la misma, frente a los casos de protección de derechos humanos.Además, informaron que ya tienen judicializados a dos de los presuntos responsables de las amenazas a la líder Yirley Velasco Garrido y su familia, con relación a los hechos ocurridos entre 2018 y 2020.“Respecto a las nuevas amenazas contra la lideresa y la comunidad en general del corregimiento El Salado, municipio Carmen de Bolívar (Bolívar), el Fiscal Barbosa priorizó las acciones investigativas para esclarecer los hechos y destacó además un grupo de trabajo para articular esfuerzos entre dependencias, impulsar los procesos por este tipo de afectaciones y realizar las investigaciones en contexto”, añadieron en un comunicado de prensa.Al parecer, se realizó la búsqueda selectiva en base de datos que permitió identificar que el número desde donde fueron enviados los mensajes amenazantes contra la familia de la lideresa, efectivamente correspondía a una línea usada en el mismo corregimiento.La Fiscalía añadió que se ha intensificado el desarrollo de diferentes labores de policía judicial para recaudar material probatorio sobre este y otros casos denunciados en El Salado, por las afectaciones a personas defensoras de derechos humanos.Además, resaltó la entidad que, en un año, el avance de esclarecimiento de homicidios contra personas defensoras de derechos humanos pasó del 51% al 63,52%, lo que representa un aumento del 12%.
La Defensoría del Pueblo adelantó una misión humanitaria en Cauca, con la Secretaría de Gobierno municipal, departamental y Personería con la comunidad de Santa Bárbara, municipio de Suárez, para recibir a los 19 soldados del batallón Pichincha que habían sido retenidos por la comunidad.Los soldados habían sido retenidos “ante la presunta incineración de una vivienda particular en un operativo de destrucción de un laboratorio de drogas ilícitas”, aseguró la Defensoría.Los soldados fueron entregados en buen estado de salud y la comisión se trasladó con ellos hasta la cabecera municipal, con la guardia campesina.El Ejército Nacional había pedido la intervención de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para que se respetaran los Derechos Humanos de los 19 militares que adelantaban una operación militar en contra del narcotráfico.
El presidente Iván Duque en el programa de Prevención y Acción anunció que se compraron 5 millones de biológicos más a la farmacéutica china Sinovac para la aplicación de estas dosis en el país.Estos 5 millones de dosis se suman a las 2.5 millones que el Gobierno ya había pactado con la farmacéutica el pasado 29 de enero. En total serán 7.5 millones las que ya se compraron para el país. Además, el presidente mencionó que se espera adquirir 5 millones más.“Hemos compartido con los colombianos que estamos expandiendo esa adquisición para tener 10 millones de dosis adicionales de Sinovac. 5 millones que ya están compradas y 5 que ya están en proceso de adquisición”, aclaró el mandatario.A esto se suma que el próximo 7 de marzo llegarán al país 2 millones de vacunas para continuar con el plan nacional de vacunación. Con esta nueva adquisición el país tendría 66.500.000 vacunas para toda la población distribuida de esta manera:- Acuerdo con Pfizer: 10.000.000 vacunas compradas de las cuales ya llegaron al país 100.358 y el próximo 3 de marzo se espera que lleguen otras 100.000.- Acuerdo con AstraZeneca: 10.000.000 vacunas. El Invima ya aprobó su aplicación de uso de emergencia en el país.- Acuerdo con Janssen: 9.000.000 vacunas. Esta es la única farmacéutica cuya aplicación es de una sola dosis. Todavía no se sabe la fecha de llegada al país.- Acuerdo con Moderna: 10.000.000 vacunas. Según la farmacéutica se espera que a mitades del 2021 inicie su distribución en Colombia.- Acuerdo con Sinovac: 7.500.000 vacunas. Ya llegaron al país 192.000 biológicos para las personas mayores de 70 años. El domingo 7 de marzo llegarán 2 millones más.- Acuerdo con Covax: 20.000.000 Por lo pronto se conoce que llegarán 117.000 vacunas de Pfizer y 750.000vacunas de AstraZeneca con este mecanismo.
Por medio del decreto 0222, el Gobierno Nacional amplió la emergencia sanitaria en Colombia hasta el 31 de mayo de 2021.La nueva resolución establece responsabilidades en los mandatarios locales en la implementación del plan nacional de vacunación y especifica que ni este ni sus fases podrán ser modificadas o alteradas.Asimismo, estipula la obligación que tendrán las autoridades locales de vigilar e implementar el plan de vacunación y de aplicar de manera efectiva sanciones a quienes incumplan con los procesos.El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que fue necesario prorrogar la emergencia porque aún “persisten los riesgos del coronavirus y es necesario tener este marco legal para implementar la vacunación y ejecutarla con éxito”.El decreto, entre otras cosas, mantiene la prohibición de eventos públicos y privados que impliquen aglomeraciones, ratifica su recomendación con el aislamiento para mayores de 70 años y ordena a los mandatarios locales y a las instituciones educativas adoptar todas las medidas necesarias y suficientes para garantizar el retorno gradual, progresivo y seguro de niños, niñas, adolescentes, y jóvenes a la presencialidad de sus clases.Se ordena la profundización en la aplicación del programa PRASS, especialmente para que se incrementen las pruebas y se mantenga el rastreo y registro de contagios.Daniel Palacios, ministro del Interior, también explicó que a la par con la emergencia sanitaria regirá el decreto de orden público que establece que a partir de ahora los restaurantes no requieren ningún tipo de piloto y están autorizados a vender y consumir licor en sus instalaciones.De igual forma, de acuerdo con las estadísticas de propagación del virus y al cumplimiento del plan de vacunación, los alcaldes y gobernadores podrán solicitar pilotos para el consumo de licor en para bares, discotecas y gastrobares y para la realización de eventos masivos y de alto contacto.A la par con la emergencia sanitaria, el Gobierno extendió hasta el 1 de junio del 2021 el aislamiento selectivo con distanciamiento y la reactivación segura.
Hay tristeza en el mundo de la salsa por el fallecimiento de Andrés Fernando Vásquez Salazar, el hijo mayor de Javier Vásquez, exvocalista de Grupo Niche.El joven, de 36 años de edad, fue hallado sin vida al interior de una vivienda donde vivía desde hacía varios años en el barrio Los Andes de la ciudad de Neiva.El cantante, quien había sido vocalista en las orquestas, Son de Cali y Grupo Niche, no ocultó su tristeza a través de su cuenta de Twitter.De acuerdo con Edwin Vásquez, otro de los hijos del artista, su hermano Andrés padecía de ataques epilépticos.“Andrés habló con mi papá el domingo y de un momento a otro ya no está. Hoy estamos sorprendidos, muy tristes”, dijo.A través de un video, el cantante salsero despidió a su hijo y mostró varias fotografías en las que se ven compartiendo juntos.Aquí las imágenes:
Carolina Escobar, gerente de Forum Latam, contó en La Nube detalles de la feria virtual Travel Fest Colombia, un evento virtual de turismo que permite a los empresarios y actores del sector turismo reinventarse y abrir la posibilidad a nuevos negocios.“Con muchas expectativas de superar las cifras del año pasado y apoyar a muchos más empresarios del sector del trismo para que puedan reactivar sus negocios en esta época de pandemia”, dijo.Las personas que hagan parte de esta feria se encontrarán con 200 empresas operadoras de servicios turísticos del país de diferentes regiones. “Este año decidimos invitar a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para ayudarlos con la reactivación”, complementó.Habrá stands virtuales para consultar el portafolio del turismo de cada empresa, conocer los precios y otra información relevante.“Vamos a tener la oportunidad de contactarnos con los expositores en tiempo real, ya sea por videollamada o por WhatsApp, para que se pueda de una vez reservar o comprar ese próximo tiquete o viaje”, agregó.La feria es totalmente gratis y para participar se debe ingresar a travelfestcolombia.co y hacer un registro en la página.
Tras la atención de un grupo de gestores de convivencia, quienes llegaron a la calle 22 con carrera 12, para brindarle primeros auxilios a Gareth Steven Sella tras una herida en su ojo izquierdo, se tuvo que trasladar al joven en un taxi.En un video, que pudo conocer Blu Radio, se ve cómo un grupo de funcionarios, tras vendarle el ojo a Gareth, obliga a un taxista a detenerse. “Párelo, párelo eso es omisión de socorro”, gritó uno de los gestores.De inmediato un grupo de jóvenes y de funcionarios rodean el vehículo y le insisten al conductor para que traslade al joven que se ve afectado por la herida.Este video confirma la versión que dio uno de los testigos, quien también relató a BLU Radio que vio a Gareth entrando a una cigarrería de la zona, acompañado de varias personas que vestían camisas rojas y azules.“El venía muy pálido, estaba vomitando y ningún taxi lo recogía, de un momento a otro, a un taxi que lo paró el semáforo, lo rodearon y lo obligaron a que hicieran la carrera, cuando abrieron la puerta rectifiqué la herida en el ojo, después con las noticias entendí que se trataba de la misma persona”, dijo.