La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a prevenir una escalada de la violencia en el país, luego de los ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos registrados entre el 7 y el 8 de agosto en diferentes departamentos, en el marco de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella. Los hechos se concentraron principalmente en Cauca y Nariño, aunque también se reportaron eventos en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.Estos hechos estuvieron dirigidos principalmente contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos. Sin embargo, la entidad aclaró que la información disponible no permite afirmar que se trate de una ofensiva nacional coordinada. La Defensoría atribuyó el escenario a dinámicas territoriales y a la actuación de distintos actores, en medio de la fragmentación de las estructuras armadas.La preocupación de la Defensoría está también relacionada con el impacto de estas acciones sobre la población civil. Algunos de los hechos se registraron en cabeceras municipales o cerca de viviendas, establecimientos comerciales y vías de uso cotidiano, lo que ha generado afectaciones a civiles y restricciones a la movilidad. El organismo advirtió, además, sobre el uso reiterado de drones y artefactos explosivos, modalidades que ya habían sido advertidas por su Sistema de Alertas Tempranas y que están modificando las condiciones de la confrontación armada en diferentes territorios.Ante este panorama, la Defensoría recordó a los grupos armados ilegales que la población civil no puede ser puesta en riesgo y exigió el respeto de los principios de distinción, precaución y proporcionalidad establecidos por el derecho internacional humanitario. También pidió abstenerse de realizar acciones que puedan generar efectos indiscriminados y cesar cualquier conducta que afecte la vida, la integridad, la movilidad y los demás derechos de las comunidades.El organismo hizo, además, un llamado al nuevo Gobierno a fortalecer, desde sus primeros días, una respuesta estatal integral que combine las acciones de seguridad con medidas de prevención y protección de las comunidades. La Defensoría indicó que las capacidades institucionales existentes, junto con las advertencias territoriales y las recomendaciones de su Sistema de Alertas Tempranas, pueden contribuir a anticipar escenarios de riesgo y orientar respuestas diferenciadas.
La Defensoría del Pueblo destacó, a través de un comunicado, la expedición de los decretos 0980, 0968, 1028 y 1029 de 2026, con los que el Gobierno nacional busca fortalecer las garantías para las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. La entidad señaló que este paquete normativo representa un avance significativo en materia de protección, aunque advirtió que el desafío principal estará en su implementación efectiva en los territorios más afectados por la violencia.Según el pronunciamiento, uno de los pilares de estos decretos es la adopción de una política pública integral de protección para líderes y lideresas sociales, que reconoce los riesgos diferenciados que enfrentan distintos sectores de la población. En particular, se incorpora un enfoque de género que busca responder a las amenazas específicas contra mujeres defensoras, quienes han sido víctimas de violencia, estigmatización y persecución en múltiples regiones del país.La Defensoría también resaltó que este paquete normativo fortalece la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia, un instrumento clave para garantizar derechos en materia ambiental. En este sentido, se establecen medidas para asegurar el acceso a la información, la participación ciudadana en decisiones que afectan el entorno y el acceso a la justicia ambiental. Además, se contempla la creación de una comisión intersectorial que coordine las acciones del Estado y una hoja de ruta con lineamientos claros para su ejecución.No obstante, la entidad advirtió que el contexto en el que se aplicarán estas medidas sigue siendo complejo. Persisten factores de riesgo como la presencia de grupos armados ilegales, el control territorial en varias zonas del país, las economías ilícitas y la estigmatización contra quienes lideran procesos sociales y ambientales. A esto se suman debilidades institucionales en algunas regiones, que podrían limitar la capacidad de respuesta del Estado.Otro de los avances destacados en el comunicado es la inclusión, por primera vez, de una política integral para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Esta problemática, que deja cerca de 137.000 víctimas en Colombia, será abordada con nuevas herramientas institucionales orientadas a la localización, identificación y dignificación de las víctimas y sus familias.Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para garantizar la correcta implementación de estos decretos, subrayando que su impacto dependerá de la articulación interinstitucional, la asignación de recursos suficientes y la presencia efectiva del Estado en las zonas más vulnerables. Asimismo, insistió en la necesidad de hacer seguimiento permanente a estas medidas para asegurar que se traduzcan en una protección real y efectiva de los derechos humanos en Colombia.
La Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones para identificar a los responsables de las amenazas e intimidaciones que han circulado en las últimas semanas contra la organización electoral. Además, pidió preservar la evidencia digital y actuar frente a las expresiones que puedan constituir delitos y no estén amparadas por la libertad de expresión.La entidad también pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar o reevaluar el nivel de riesgo del registrador nacional, Hernán Penagos, y de los funcionarios de la Registraduría, con el fin de garantizar las medidas de seguridad que se requieran para preservar su integridad.Las solicitudes hacen parte de un pronunciamiento en el que la Defensoría rechazó los mensajes intimidatorios difundidos desde cuentas anónimas en redes sociales y plataformas digitales contra el registrador, servidores de la Registraduría y sus instalaciones. Según la entidad, estos hechos se presentan en medio de acusaciones de fraude electoral formuladas por fuera de los canales institucionales y ponen en riesgo a quienes ejercen funciones electorales.Asimismo, la Defensoría hizo un llamado a las plataformas digitales para retirar contenidos que representen amenazas o inciten a la violencia, y pidió a las instituciones, así como a los sectores políticos y sociales, rechazar cualquier acto de violencia contra las autoridades electorales y promover el diálogo para tramitar las controversias sobre el proceso electoral.Finalmente, insistió a los funcionarios públicos o a las instituciones a reducir los discursos que debiliten la confianza en las instituciones democráticas. También reiteró que continuará haciendo seguimiento a esta situación en cumplimiento de su mandato de protección y defensa de los derechos humanos.
La trata de personas continúa siendo una de las violaciones más graves a los derechos humanos en Colombia y, contrario a la percepción de que se trata de un delito asociado únicamente al tráfico internacional de personas, la mayoría de los casos ocurre dentro del territorio nacional. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo en su más reciente boletín, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora este 30 de julio.El organismo señaló que durante 2025 sus duplas de género atendieron 268 casos de trata de personas, cifra que evidencia que este delito mantiene un fuerte impacto sobre las mujeres y las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Del total de víctimas atendidas, el 94,4 % fueron mujeres, mientras que el 74 % de los casos tuvo como finalidad la explotación sexual.Uno de los principales hallazgos del informe es que el 69,4 % de los casos corresponde a trata interna, es decir, situaciones en las que la captación, el traslado y la explotación ocurren dentro de Colombia y no necesariamente implican cruzar una frontera. Para la Defensoría, este dato desmonta uno de los mitos más extendidos sobre este delito y demuestra que muchas víctimas permanecen incluso en sus propias comunidades o lugares de residencia mientras son explotadas.La entidad encontró que el 92,9 % tenía entre 19 y 59 años, mientras que el 81,7 % pertenecía a los estratos socioeconómicos 1 y 2, lo que evidencia cómo la pobreza, la falta de oportunidades y las falsas promesas laborales siguen siendo factores aprovechados por las redes criminales para captar personas.El informe también establece una estrecha relación entre la trata de personas y el conflicto armado. Según la Defensoría, el 40,7 % de las atenciones estuvo asociado directa o indirectamente con estas dinámicas.En algunos territorios, por ejemplo, grupos armados ilegales participan en la captación y explotación de víctimas o utilizan redes de trata para trasladarlas hacia zonas bajo su control, donde son sometidas a explotación sexual, trabajos forzados y otras formas de violencia.A esto se suma la situación de la población migrante. El boletín muestra que el 43 % de las víctimas atendidas era de nacionalidad venezolana, aunque la mayoría contaba con un estatus migratorio regular. Para la Defensoría, esto evidencia que el riesgo no depende únicamente de la situación migratoria, sino también de la ausencia de redes de apoyo, las dificultades para acceder a derechos y las condiciones de vulnerabilidad económica. Las cifras recopiladas por otras entidades muestran la magnitud del fenómeno. Durante 2025, la Fiscalía General de la Nación registró 329 noticias criminales por trata de personas, de las cuales el 64 % correspondió a víctimas mujeres, mientras que el Centro Operativo Anti-Trata del Ministerio del Interior reportó 435 casos en todo el país.Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo recomendó fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas, mejorar la regularización migratoria de las personas en riesgo, incorporar un enfoque de género e interseccional en la atención institucional y robustecer el Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas para contar con datos más completos y facilitar la formulación de políticas públicas.Bogotá reporta 77 casos atendidos desde 2024En la capital la Secretaría Distrital de Salud informó que, entre 2024 y lo corrido de 2026, Bogotá ha identificado y canalizado 77 casos de trata de personas. El 81 % de las víctimas son mujeres y el 62 % de los casos está relacionado con explotación sexual.La administración distrital explicó que la población entre 18 y 29 años es la más afectada y que gran parte de las captaciones se realiza mediante falsas ofertas laborales o de migración difundidas a través de plataformas digitales.Además, recordó que las víctimas reciben atención médica, psicológica y psicosocial, incluso cuando no están afiliadas al sistema de salud o se encuentran en condición migratoria irregular, con el propósito de garantizar el acceso a los servicios sin barreras y evitar la revictimización.
La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas en el Huila al emitir la Alerta Temprana 016 de 2026 para Neiva, Aipe, Palermo, Santa María y Teruel, ante la expansión del Frente Ismael Ruiz y la Compañía Móvil Julián González, estructuras del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Calarcá'.La entidad advirtió que las comunidades enfrentan un alto riesgo por amenazas, homicidios, extorsiones, reclutamiento de menores y restricciones a la movilidad, impuestas mediante los llamados "manuales de convivencia", con los que los grupos armados fijan horarios de circulación y limitan el ingreso de personas foráneas, y alertó sobre la instrumentalización de líderes comunales, quienes son obligados a transmitir las órdenes de la organización ilegal, situación que los expone a estigmatización.La alerta señala que los principales afectados son líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades indígenas del pueblo Nasa.En esta zona del Huila durante el 2025, la entidad documentó al menos seis asesinatos de carácter ‘ejemplarizante’ por el incumplimiento de estas ‘normas’ impuestas por el grupo armado.Además, advirtió sobre graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Según la Defensoría, integrantes del Frente Ismael Ruiz habrían utilizado a civiles como escudos humanos al refugiarse en viviendas durante combates, ocupado instituciones educativas y puesto en riesgo a estudiantes y docentes. También expresó preocupación por el posible uso de drones con explosivos y por las dificultades para la gestión digna de los cuerpos de personas fallecidas en enfrentamientos.Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo emitió 19 recomendaciones dirigidas a las autoridades para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos y fortalecer las medidas de protección para las comunidades afectadas.
Durante los primeros seis meses de 2026, la violencia contra líderes sociales y comunidades continuó afectando a los territorios. La Defensoría del Pueblo reportó el asesinato de 78 líderes y lideresas sociales hasta junio de este año. La entidad insistió en la necesidad de fortalecer las medidas de protección para quienes defienden los derechos humanos y trabajan por la construcción de paz en el país.Según el informe, entre las víctimas se encuentran 17 líderes y 61 líderes sociales. Abril fue el mes más crítico del semestre, con 18 homicidios registrados. En cuanto a la distribución territorial, el departamento del Cauca concentró el mayor número de casos con 19 asesinatos, seguido por Antioquia con 11 y Norte de Santander con siete.La Defensoría también reportó que, durante el mismo periodo, fueron asesinados cuatro firmantes del Acuerdo de Paz en hechos ocurridos en los departamentos de Caquetá, Cauca y Huila, lo que mantiene las alertas sobre las garantías de seguridad para quienes adelantan su proceso de reincorporación.Por otro lado, la entidad documentó 68 masacres entre enero y junio, con un saldo de 272 personas asesinadas. Nuevamente, Cauca encabezó la lista con 10 casos, seguido de Antioquia con nueve y Norte de Santander con ocho, departamentos que continúan concentrando buena parte de las afectaciones por el conflicto y la presencia de grupos armados ilegales.Las cifras coinciden con las alertas que han venido haciendo organizaciones sociales. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante todo 2025 se registraron 78 masacres con 256 víctimas. Sin embargo, cuando aún faltan seis meses para terminar 2026, el país ya acumula 68 masacres, es decir, el 87,2 % de las registradas en todo el año anterior.Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró el llamado a las autoridades para adoptar medidas eficaces que garanticen la vida e integridad de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz, al considerar que su labor es fundamental para la protección de las comunidades y la consolidación de la paz en los territorios.
El conflicto armado dejó 80.747 personas afectadas por desplazamientos forzados masivos y confinamientos durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el más reciente boletín de la Defensoría del Pueblo sobre movilidad humana. Entre enero y junio, la entidad documentó 79 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 15.960 personas, y 44 eventos de confinamiento, con 64.787 personas cuya movilidad quedó restringida por la presencia y acciones de grupos armados. La Defensoría advierte que estas cifras reflejan la persistencia de la crisis humanitaria en varias regiones del país.El informe muestra que Norte de Santander fue el departamento más golpeado por el desplazamiento forzado durante el semestre, con 3.854 personas afectadas, seguido por Cauca con 2.622 personas, Nariño con 2.223, Antioquia con 2.194 y Magdalena con 1.960. Los municipios de El Tarra, Ocaña, Sardinata y Tibú concentran una parte importante de la emergencia.Según la Defensoría, las principales causas de estos desplazamientos fueron las amenazas, los combates, el contacto armado, los ataques con explosivos y el uso de drones, en medio de disputas entre estructuras armadas ilegales. El informe señala que las disidencias de las disidencias de las FARC-EP y el ELN tienen el mayor impacto en la ocurrencia de estos hechos, aunque también identifica responsabilidad de otros grupos armados presentes en los territorios. Además, el 35 % de los eventos afectó a comunidades étnicas, de las cuales el 18 % corresponde a pueblos indígenas y 17 % a comunidades afrodescendientes.En materia de confinamiento, el panorama es aún más crítico. Putumayo encabezó las afectaciones con 12.646 personas que permanecieron confinadas en municipios como Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo. Le siguen Caquetá con 11.651 personas afectadas, Chocó con 11.166, Cauca con 10.672 y Antioquia con 5.705. La Defensoría explica que las restricciones a la movilidad obedecen principalmente a amenazas, combates, hostigamientos, presencia de artefactos explosivos y ataques con drones, que han venido en aumento.Solo en junio, la entidad registró 12 desplazamientos masivos, con 2.742 personas afectadas, y seis confinamientos, que limitaron la movilidad de 3.190 personas. Los casos ocurrieron principalmente en Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Chocó y Nariño.Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales fortalecer la articulación institucional para atender las emergencias, garantizar la entrega de ayuda humanitaria, reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes frente al riesgo de reclutamiento y mejorar la atención en salud física y mental de las comunidades afectadas. También insistió en el cumplimiento de las Alertas Tempranas y en fortalecer la protección de la población civil conforme al Derecho Internacional Humanitario.
La Defensoría del Pueblo alertó por una serie de hechos violentos que dejaron personas civiles y miembros de la Fuerza Pública muertos y heridos, además de daños en viviendas, desplazamientos y afectaciones a comunidades, especialmente indígenas, en cinco departamentos del país.Los hechos se registraron entre el martes 14 y el viernes 17 de julio en Cauca, Chocó, Vichada, Arauca y Norte de Santander, e incluyeron ataques con explosivos, enfrentamientos, hostigamientos y otras acciones atribuidas a diferentes grupos armados ilegales.Uno de los hechos más graves ocurrió el 14 de julio en el sector de Las Toldas, sobre la vía que comunica a Quibdó con Carmen de Atrato, en Chocó. Allí, 45 personas quedaron en medio de confrontaciones entre el Ejército Nacional y el ELN y tuvieron que ser evacuadas.Durante los combates, dos soldados murieron y otros seis resultaron heridos tras la activación de artefactos explosivos. La Defensoría también advirtió que las comunidades indígenas cercanas permanecen en riesgo ante la posible presencia de explosivos y la continuidad de las acciones armadas.En el municipio de Tame, Arauca, un ataque con explosivos atribuido al ELN contra la subestación de Policía de Betoyes dejó dos uniformados y una mujer de la población civil muertos.Además, nueve policías resultaron heridos. El ataque ocurrió cerca del CEIN Internado Betoy, donde permanecen al menos 80 niñas y niños indígenas, y del Centro Educativo Inocencio Chincá, por lo que estudiantes, docentes y habitantes de la zona quedaron expuestos a los efectos de la violencia.En el municipio de Cumaribo, Vichada, un ataque armado perpetrado por un grupo aún no identificado contra el Resguardo Indígena Saracure Río Cada dejó tres jóvenes indígenas muertos y una mujer de 45 años herida.De acuerdo con la Defensoría, varias familias fueron desplazadas y algunas viviendas fueron incendiadas. La entidad recordó que la zona ya había sido advertida en una alerta temprana por el riesgo de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario debido a la presencia y accionar de distintos grupos armados ilegales.En Tibú, Norte de Santander, un atentado atribuido al ELN con un carro bomba, cerca de una instalación militar, dejó siete personas afectadas. Tres de ellas resultaron lesionadas por esquirlas y otras cuatro presentaron afectaciones emocionales. La explosión también provocó daños en viviendas cercanas y en una estación de servicio.Además, en una zona rural de El Tambo, Cauca, la Defensoría reportó que integrantes de la comunidad habrían sido coaccionados por disidencias de la línea de alias ‘Iván Mordisco’, autodenominado Estado Mayor Central, para trasladarse hacia el sector de El Filo, en límites con Argelia, con el objetivo de exigir la salida del Ejército.En medio de la situación, varios civiles habrían intentado despojar de sus armas de dotación a integrantes de la Fuerza Pública. Los uniformados abrieron fuego y una persona murió, mientras otras tres resultaron heridas, entre ellas un menor de edad.Posteriormente, este viernes se registró un hostigamiento contra la subestación de Policía del corregimiento de El Crucero de Pandiguando, también en zona rural de El Tambo. En este caso no se reportaron civiles ni uniformados lesionados.Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para fortalecer las medidas de prevención y protección, garantizar la atención integral a las comunidades afectadas y mantener una presencia institucional coordinada en las zonas de riesgo.La entidad también exigió a los grupos armados ilegales respetar las normas del derecho internacional humanitario, a la población civil, a los menores de edad y los bienes de carácter civil.
Las autoridades de Bucaramanga y el área metropolitana encendieron las alarmas tras la publicación de la Alerta Temprana 015 de la Defensoría del Pueblo, un informe que revela el fortalecimiento y la presencia de múltiples estructuras criminales dedicadas al microtráfico, las extorsiones, los homicidios y otras economías ilegales que hoy disputan el control de varios sectores de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.En el documento de 108 páginas, la Defensoría de Pueblo advierte que Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta atraviesan un escenario de riesgo alto por la consolidación de organizaciones criminales que ya no solo buscan controlar el negocio del microtráfico, sino ejercer dominio sobre comunidades enteras.El informe señala que, tras las capturas y judicializaciones de varios cabecillas en los últimos años, las organizaciones no desaparecieron. Por el contrario, se fragmentaron, hicieron alianzas y dieron paso a nuevas estructuras que hoy disputan corredores para el tráfico de drogas, rentas ilegales y el control de sectores estratégicos del área metropolitana.Entre las organizaciones con mayor incidencia aparecen Los del Sur, Los del Norte o San Rafael, Los Claverianos, Villas de Girardot, Choricaldas, Los Manchados, Los Paparotes y remanentes de La Cordillera, además de células del Tren de Aragua, dedicadas principalmente al sicariato por encargo y al microtráfico.La Defensoría también advierte que grupos armados como el ELN y del Clan del Golfo utilizan el área metropolitana como corredor logístico para el tránsito de drogas, el lavado de activos y el refugio de integrantes, aunque sin ejercer un control territorial permanente.El documento describe una realidad que, según la entidad, ya se refleja en numerosos barrios de Bucaramanga y su área metropolitana: organizaciones que vigilan quién entra y quién sale de determinados sectores, intimidan a comerciantes, cobran extorsiones, controlan economías informales e incluso restringen la movilidad de los habitantes mediante amenazas y fronteras invisibles. En algunas zonas, advierte la Defensoría, estas estructuras han llegado a reemplazar funciones que tradicionalmente corresponden al Estado, imponiendo reglas de convivencia a través del miedo.Uno de los aspectos que más preocupa es la utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La alerta señala que varias organizaciones están reclutando menores para desempeñar labores de vigilancia, transporte de droga, distribución de estupefacientes y apoyo logístico. En algunos sectores incluso se estaría incentivando el consumo de sustancias psicoactivas desde edades tempranas para facilitar su vinculación con estas redes criminales.A este panorama se suma el crecimiento del mercado de drogas sintéticas. La Defensoría advierte que sustancias como tusi, MDMA, LSD y ketamina están ganando espacio en el área metropolitana y son comercializadas mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería y servicios a domicilio, ampliando el consumo entre adolescentes y jóvenes y convirtiéndose en una nueva fuente de ingresos para las organizaciones ilegales.La alerta también pone la mirada sobre los establecimientos penitenciarios. Según el documento, algunos cabecillas continúan coordinando desde prisión actividades relacionadas con el microtráfico, las extorsiones, las retaliaciones e incluso homicidios, manteniendo comunicación con integrantes que permanecen en libertad y permitiendo que varias estructuras conserven capacidad operativa pese a las capturas de sus líderes.La Defensoría identifica como puntos de mayor riesgo el norte de Bucaramanga, las comunas 11 y 14, sectores como Villas de Girardot, Claverianos y Café Madrid, además de barrios de Floridablanca como Caldas y El Carmen y diferentes zonas de Piedecuesta, donde persisten disputas por el control territorial y las economías ilegales.Otro de los elementos que explica la creciente presencia de estas organizaciones es la ubicación geográfica del área metropolitana. Bucaramanga se ha convertido en un corredor estratégico que conecta el Catatumbo, la frontera con Venezuela, el Magdalena Medio y el interior del país, lo que facilita el movimiento de estupefacientes, dinero y otros negocios ilícitos.Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo concluye que la respuesta no puede limitarse a operativos policiales o capturas. La entidad insiste en la necesidad de una estrategia integral que combine seguridad, investigación judicial, prevención del reclutamiento de menores, fortalecimiento de la presencia institucional e inversión social en los sectores más vulnerables para impedir que estas organizaciones continúen consolidando su poder sobre la población civil.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para restablecer la comunicación terrestre en Arauca, Boyacá y Casanare, donde la temporada de lluvias ha provocado graves afectaciones en la infraestructura vial y ha dejado a numerosas comunidades incomunicadas.La entidad advirtió que las crecientes súbitas, avenidas torrenciales, inundaciones y deslizamientos han ocasionado derrumbes, pérdidas de banca y daños en puentes de vías nacionales, departamentales y municipales, dificultando la llegada de ayuda humanitaria a las zonas afectadas.Según la Defensoría, esta situación ha dejado poblaciones sin comunicación terrestre y con limitaciones en el acceso a servicios esenciales como energía, agua potable, internet, gas, salud y educación. Además, alertó sobre el riesgo de inseguridad alimentaria y el impacto que la emergencia tiene sobre las actividades productivas de estas regiones.En Arauca, por ejemplo, las principales afectaciones se registran en corredores estratégicos como la vía La Soberanía, donde colapsó el puente metálico sobre el Caño Negro, entre Saravena y Cubará. También se reportan daños en el puente sobre el río Tame, en la Ruta Los Libertadores, y afectaciones en el puente sobre el río Tigre, en la Vía Marginal de la Selva, a la altura del municipio de Fortul.En Boyacá, la emergencia afecta al menos a 15 municipios con puentes colapsados o en riesgo de colapso. Entre las poblaciones más impactadas se encuentran Panqueba, Cubará, Paya, Guacamayas, Campohermoso, Chiscas, San Mateo, Miraflores, Páez, El Cocuy y San Luis de Gaceno. Además, permanecen cerrados corredores como Güicán-Panqueba, Pisba-Labranzagrande y El Cocuy-Güicán.La entidad también informó que cientos de familias han tenido que ser evacuadas o perdieron sus viviendas. Solo en Panqueba se reportan 239 familias afectadas y tres casas destruidas, mientras que en Guacamayas fueron evacuadas 15 familias y, en Chita, ya se han censado 101 hogares afectados.En Casanare, las lluvias han generado daños en varias vías por derrumbes, pérdidas de banca y taponamientos. A esto se suma la inundación del 90 % del casco urbano de San Luis de Palenque por el desbordamiento del río Pauto. La magnitud de la emergencia llevó a declarar la calamidad pública en el departamento, donde hasta el momento se contabilizan 6.755 familias afectadas en 19 municipios.La Defensoría señaló que ha acompañado las acciones de coordinación y respuesta junto con las autoridades locales y destacó que ya se han realizado evacuaciones aéreas en municipios como Tame, Saravena y Hato Corozal. Sin embargo, insistió en que es necesario acelerar las intervenciones para garantizar el acceso de la ayuda humanitaria, especialmente a las comunidades que permanecen atrapadas o enfrentan riesgo de desplazamiento.
En un hecho que no ocurría desde el año 2003, las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la devolución del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2027, presentado por el gobierno Petro, que contaba con un monto inicial de 575 billones de pesos.En su exposición ante los congresistas, el ministro Gómez Martínez calificó la iniciativa como una “chambona”, especialmente por su desfinanciamiento en 30 billones de pesos, que, de haber sido aprobada, ponía en riesgo la estabilidad fiscal del país.“Este presupuesto que estamos considerando hoy refleja la crisis económica que el gobierno anterior le dejó al actual. Es altísimo en funcionamiento, en otras palabras, en gasto. Está lleno de burocracia, lleno de partidas innecesarias que no se pueden controlar, cuya evaluación es siempre difusa”, aseguró Gómez Martínez.Defensores de la iniciativa sostienen que no se le podía permitir a un gobierno entrante tener que aprobar un presupuesto desfinanciado que lo obligaba a respaldar o tener que presentar una reforma tributaria en la que no creían.Le puede interesar: Centro Democrático propone devolver presupuesto de Petro para que De la Espriella lo ajuste“El gobierno Petro nos venía acostumbrando a unos presupuestos totalmente irreales durante los cuatro años, y se despidió así. Era muy injusto y perjudicial nosotros condenar al nuevo gobierno a tener que arrancar con un presupuesto que estaba enfermo. Yo les hago una pregunta con sentido común. Cuando algo está mal presentado, ¿qué es mejor? ¿Corregir o buscarle cura a un enfermo o presentar algo nuevo y sano de una vez?”, añadió el senador Carlos Meisel, por el Centro Democrático.Sin embargo, desde el Pacto Histórico aseguran que la iniciativa de reforma tributaria que se está tramitando en el Congreso garantizaba la financiación de ese presupuesto, que los presupuestos macroeconómicos mostraban un escenario positivo para el país y que el gobierno entrante no puede acudir a recortar en rubros como funcionamiento y servicio de la deuda, y que, en dado caso, tendrían que afectar los sectores más vulnerables.“¿Y qué vamos a recortar? Si el 93 % del presupuesto es inflexible, tan solo tenemos 90 billones para reconstruir escuelas, hospitales, edificios, viviendas. Pero, además, yo sí le quiero preguntar a los congresistas que han pedido devolver el presupuesto, ¿qué principios del estatuto orgánico se violaron?“, dijo la representante por el Pacto Histórico, María Del Mar Pizarro.Aunque el Gobierno nacional tiene ahora hasta el 30 de agosto para presentar la nueva iniciativa de presupuesto general para el 2027, el ministro Gómez Martínez aseguró que, buscando garantizar que los congresistas tengan el tiempo suficiente para discutir el monto y los rubros de ese nuevo presupuesto, presentará el nuevo proyecto de ley el próximo 26 de agosto.
La consulta de los resultados de Chontico Noche se ha convertido en una rutina frecuente para miles de jugadores en el Valle del Cauca y otras regiones del país. Este chance, reconocido por su fuerte identidad regional inspirada en el chontaduro, mantiene una alta participación diaria gracias a su variedad de modalidades y a las oportunidades de premio que ofrece.Número ganador del Chontico Noche del 11 de agosto de 2026Los resultados oficiales del sorteo fueron los siguientes: Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: Quinta balota: Quinta balota en Chontico Noche: una nueva oportunidad de premioUna de las principales innovaciones del chance es la llamada quinta balota, un número extra que complementa el resultado oficial del sorteo. Esta modalidad permite que los jugadores accedan a premios adicionales cuando ese número coincide con alguna de las cifras jugadas.Con esta implementación, el sistema ofrece más opciones de acierto y amplía las posibilidades dentro de cada apuesta.Horarios oficiales del sorteo Chontico NocheEl sorteo de Chontico Noche se realiza diariamente, con horarios que varían según el día de la semana:Lunes a viernes: 7:00 p. m.Sábados: 10:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.La marca también cuenta con otras modalidades como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último programado los jueves en horario nocturno.Modalidades de apuesta disponiblesEl juego ofrece diferentes formas de participación según la cantidad de cifras que el usuario decida jugar.Cuatro cifras directo o superplenoEl jugador gana si acierta las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial.Combinado de cuatro cifrasPermite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.Tres cifras directoConsiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado de tres cifrasPremia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pataLa apuesta se centra en acertar las dos últimas cifras exactas del sorteo.Una cifra o uñaSe obtiene premio al coincidir únicamente la última cifra del número ganador.Cuánto cuesta jugar Chontico NocheLas apuestas tienen un rango flexible que permite la participación de distintos tipos de jugadores:Valor mínimo del tiquete: $500Valor máximo por apuesta: $10.000Estas condiciones facilitan que cada persona ajuste su jugada según su presupuesto y modalidad elegida.Requisitos para reclamar premios de Chontico NochePara cobrar cualquier premio, los ganadores deben presentar la documentación exigida en los puntos autorizados.Los requisitos básicos son:Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédulasPremios menores a 48 UVTSolo se exige la documentación básica.Premios entre 48 y 181 UVTEs obligatorio diligenciar el formato SIPLAFT suministrado en el punto de venta.Premios superiores a 182 UVTSe debe presentar además una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.
El chance Paisita Noche se mantiene como uno de los sorteos más populares entre los jugadores colombianos, especialmente en Antioquia, donde miles de personas consultan cada día los resultados oficiales para conocer si fueron favorecidos. Su amplia variedad de modalidades de apuesta y las opciones adicionales de juego han contribuido a consolidar su éxito entre los aficionados al chance.Resultados de Paisita Noche - 11 de agostoNúmero: Dos últimas cifras:Tres últimas cifras: ¿A qué hora juega el chance Paisita Noche?Los sorteos del Paisita Noche se realizan todos los días, aunque el horario varía según la fecha:De lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para ganar el premio principal es necesario acertar el número completo en el mismo orden en que fue sorteado.Modalidades de apuesta disponiblesUna de las principales fortalezas del Paisita Noche es la diversidad de opciones que ofrece a sus jugadores.Cuatro cifras directo o superpleno: premia a quienes aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.Combinado de cuatro cifras: permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.Combinado de tres cifras: premia las tres últimas cifras aunque aparezcan en diferente orden.Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.Una cifra o uña: solo exige acertar la última cifra sorteada.La quinta balota sigue ganando protagonismoDesde 2025, el Paisita Noche incorporó la llamada quinta balota, una modalidad adicional que amplía las posibilidades de obtener premios complementarios.Esta alternativa añade una cifra extra al sorteo tradicional y brinda nuevas oportunidades de ganar mediante combinaciones asociadas al resultado principal. Su llegada ha despertado un mayor interés entre los apostadores habituales, quienes la utilizan para diversificar sus opciones de juego.¿Cómo reclamar un premio del chance Paisita Noche?El proceso para cobrar un premio depende del monto obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar la documentación básica requerida.Documentos obligatorios:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Requisitos según el valor del premioPremios inferiores a 48 UVTSolo se requiere presentar la documentación básica para recibir el pago en los puntos autorizados.Premios entre 48 y 181 UVTAdemás de los documentos anteriores, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT, exigido por la normativa vigente para procesos de verificación.Premios superiores a 182 UVTDeben presentar una certificación bancaria con vigencia máxima de 30 días.El pago se realiza mediante transferencia bancaria.El proceso puede tardar hasta ocho días hábiles.Gracias a sus sorteos diarios, la variedad de modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el chance Paisita Noche continúa siendo una de las opciones favoritas de miles de colombianos. La diversidad de premios y alternativas de participación mantiene el interés de quienes siguen de cerca los resultados oficiales cada día.
La solidaridad con las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto ya tiene diferentes puntos de recepción en el país. En Bogotá, el estadio Nemesio Camacho El Campín y el Pabellón de Vive Claro fueron habilitados como centros de acopio para recibir elementos que posteriormente serán enviados a las comunidades que más los necesitan.A estos puntos podrán acudir ciudadanos, empresas y organizaciones que quieran contribuir con alimentos, elementos para el hogar, artículos de higiene y otros productos de primera necesidad.El estadio Nemesio Camacho El Campín abrirá sus puertas desde este miércoles 12 de agosto para recibir donaciones. El punto de acopio estará ubicado sobre la carrera 30, cerca al puente peatonal, y funcionará entre las 8:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.La iniciativa es liderada por Sencia, que trabajará en la recepción de las ayudas en articulación con la Cruz Roja. Posteriormente, los elementos serán gestionados y trasladados hacia las zonas donde exista una mayor necesidad.Entre los productos que se pueden entregar están los alimentos no perecederos, como arroz, lentejas, harina de maíz, azúcar, fríjol, sal, chocolate, aceite, pasta, panela, atún y café. En cuanto a elementos de higiene personal, se pueden donar cepillos de dientes para adultos y niños, afeitadoras, crema dental, papel higiénico, desodorante, champú, toallas higiénicas y jabón de baño.También se recibirán artículos para bebés, como pañales, pañitos húmedos, champú, crema antipañalitis, jabón, peines y toallas. El punto está ubicado en la avenida carrera 30 #57A-08, en Bogotá.Las personas que no puedan llevar elementos hasta El Campín también podrán contribuir mediante aportes económicos, los recursos serán canalizados a través de la Fundación Solidaridad por Colombia, que centralizará las donaciones destinadas a apoyar a las comunidades afectadas.Vive Claro funcionará como centro nacional de acopioEl otro gran punto habilitado en Bogotá es el Pabellón de Vive Claro, que funcionará como centro nacional de acopio del Gobierno para la recepción, clasificación y despacho de las ayudas.La iniciativa cuenta con el respaldo de OCESA y Vive Claro y está articulada con el Gobierno nacional. Las donaciones serán organizadas en el pabellón y posteriormente canalizadas hacia las poblaciones más afectadas.Entre las regiones mencionadas se encuentran Chocó, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Tolima.Este centro recibirá ayudas hasta el 31 de agosto de 2026, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.Para la entrega de donaciones, las empresas, camiones, vehículos de gran formato y la logística institucional o del Ejército deben ingresar por la Puerta 4, en la calle 53 con carrera 60.En el caso de los voluntarios, el ingreso será por la Puerta 10, donde deberán realizar el proceso de acreditación y registro. Pueden participar personas mayores de 16 años y no está permitido el ingreso con mascotas.La Corporación Organización El Minuto de Dios además activó la campaña ‘Un Minuto por Colombia’, con la que busca recolectar recursos económicos y ayudas humanitarias para las familias damnificadas.En especie, la organización está recibiendo alimentos no perecederos, herramientas, colchonetas, frazadas y elementos de aseo.En Bogotá hay dos puntos de recepción: Banco de Ropas: transversal 73A #82-61, barrio Minuto de Dios. Atiende de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Centro Comercial Portoalegre: carrera 137 #137-58, punto de información.También existen puntos de acopio de esta campaña en Medellín, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla y Cali.Bogotá también pide mantener la donación de sangreAdemás de las ayudas materiales, la Secretaría Distrital de Salud hizo un llamado a la ciudadanía para mantener y fortalecer la donación habitual y voluntaria de sangre.En el marco de la emergencia, Bogotá ya ha enviado 219 unidades de sangre a Chocó y Valle del Cauca para apoyar la atención de los afectados.La invitación está dirigida a personas entre 18 y 65 años, con buen estado de salud y que pesen más de 50 kilos. La Secretaría recuerda que una donación puede beneficiar hasta a tres personas.La ciudad requiere diariamente cerca de 700 donantes para cubrir las necesidades de servicios como urgencias, cuidados intensivos, cirugías, oncología, pediatría y maternidad.Las personas interesadas pueden acudir a cualquiera de los cerca de 100 puntos habilitados por los 16 bancos de sangre que integran la Red Distrital de Sangre. La atención se presta entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.Además, continúa la campaña ‘Colombia Un Solo Corazón’, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda. Los aportes se pueden realizar a través de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, la Corporación El Minuto de Dios y el Banco de Alimentos en Bogotá, Cali, Ibagué, Pasto, Florencia, Acacías, Sincelejo, Cáqueza, Quibdó y Chía.De esta manera, las autoridades y organizaciones buscan que la solidaridad de los colombianos se traduzca tanto en ayudas materiales y recursos económicos como en donaciones de sangre para responder a las necesidades de las comunidades afectadas por el terremoto.
El terremoto que sacudió al país deja hasta ahora 807 instituciones educativas afectadas, según el más reciente balance entregado por el presidente Abelardo De La Espriella. Las autoridades avanzan en la evaluación de la infraestructura de los planteles, especialmente en los departamentos que registraron mayores impactos por el movimiento telúrico.De acuerdo con el reporte más reciente de Asocapitales, Pereira registra 60 centros educativos comprometidos, mientras que en Manizales hay 24 colegios con afectaciones calificadas como críticas. En Quibdó, Chocó, la situación es aún más delicada, pues cuatro edificaciones educativas colapsaron como consecuencia del terremoto.La emergencia también ha generado dificultades en las zonas rurales. “Desde Sipí, Chocó, clamamos al Gobierno nacional que nos mire, que nos apoye, porque estamos mal. En estos momentos no tenemos aulas escolares, porque a causa del terremoto las paredes y el piso están rajados. Y las instituciones tienden a colapsar”, afirmó Andrés Caicedo, líder comunal del municipio, en entrevista con Noticias Caracol.Ante este panorama, varias ciudades y departamentos decidieron suspender temporalmente las clases presenciales. La medida responde a la necesidad de revisar las condiciones de seguridad de las edificaciones, pero también a las dificultades para garantizar el funcionamiento normal de las jornadas académicas mientras continúa la atención de la emergencia.En Cali, la alcaldía suspendió las actividades académicas presenciales y los servicios en las instituciones educativas oficiales durante los días 11 y 12 de agosto. En Pereira, la suspensión cobijó las clases presenciales en colegios y universidades, tanto públicos como privados.En Ibagué, la alcaldía también suspendió la jornada académica mientras se realizan inspecciones para determinar posibles daños en la infraestructura y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo. En Manizales y el resto del departamento de Caldas, la gobernación anunció la suspensión de la jornada escolar mientras equipos técnicos revisan las sedes educativas.En Cundinamarca, el gobernador Jorge Emilio Rey informó sobre agrietamientos leves en algunas instituciones de municipios como Tabio, San Francisco, Anapoima y Subachoque, por lo que se solicitó aplazar las clases mientras se completa la evaluación de las estructuras.