La defensora del Pueblo, Iris Marín, se reunió con el relator especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU, Gehad Madi. En el encuentro hablaron sobre la situación en la frontera entre Panamá y Colombia y las deportaciones de los colombianos desde Estados Unidos, entre otros temas.Marín expresó su preocupación por las denuncias que han documentado sobre los procesos de deportación desde Estados Unidos a Colombia.“La entidad expresó su preocupación por las deportaciones masivas desde Estados Unidos, en el marco de nuevas órdenes ejecutivas de la actual presidencia de ese país. En estos procesos, se han documentado casos de maltrato, abuso sexual, requisas inapropiadas, despojo de pertenencias y condiciones indignas en los centros de detención”, señala Marín.Según la Defensoría, en 2024 un total de 400.612 personas migrantes cruzaron por la región del Urabá Darién, frontera con Panamá.“La mayoría provienen de Venezuela (302.185), seguidos de Ecuador (22.785), Colombia (17.529), Haití (17.329), China (12.214) e India (6.927). De este total, 126.151 son mujeres, 195.369 hombres y 72.092 niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ)”, advierte la entidad.La alerta llega también por el riesgo que enfrentan mujeres y niños pues se han presentado casos de violencia sexual y de género durante el tránsito.“Entre las recomendaciones entregadas al relator de las Naciones Unidas, se exhorta a los Estados a prevenir y atender las causas de la migración, garantizando condiciones seguras y protección efectiva, especialmente para niñez no acompañada, mujeres y población LGBTIQ+. Se propone fortalecer el registro de migrantes, crear canales de denuncia accesibles, socializar rutas de protección y brindar asistencia jurídica y humanitaria”, agrega Marín.
A través de sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo se refirió a la situación actual de la salud en Colombia. El organismo se basó puntualmente en una declaración de la Corte Constitucional en donde se afirma un incumplimiento general de suficiencia en la Unidad de Pago por Capitación, UPC, y la insuficiencia del valor fijado durante del 2024.La Defensoría asegura que son cuatro los puntos que deben ser discutidos y analizados para lograr un cambio que permita mejorar la atención y proteger el derecho a la salud de los colombianos: La transformación del modelo dispuesto con enfoque en la atención primaria, incluyendo los costos de prestaciones y medicamentos. La infraestructura del sistema y talento humano que determina las prestaciones y los tiempos de espera dentro del entorno.La presión farmacéutica sobre el gasto, la oferta, la demanda y la estructura logística en la entrega de medicamentos y tecnologías médicas. La suficiencia y gestión de los recursos por parte de quienes participan en la financiación, el aseguramiento y la prestación de los servicios.“La Corte Constitucional solicitó al Gobierno nacional la creación de una mesa de trabajo interinstitucional. La Defensoría del Pueblo ofrece su participación para facilitar la búsqueda de formalización del proceso, además de la transparencia y claridad de la metodología y cálculos para garantizar la rendición de cuentas del sector y la veeduría ciudadana, de forma que se reduzca la fricción anual que este ajuste genera y se dé más estabilidad a la gestión pública”, aseguró la Defensoría en sus redes sociales.Cabe recordar que, entre las deficiencias que encontró la Corte Constitucional están la falta de mecanismos para contrastar los datos reportados por las Entidades Promotoras de Salud, EPS, la baja confiabilidad en las frecuencias de uso de servicios de salud y la insuficiente calidad de la información empleada. Además, el alto tribunal aseguró que el método para fijar la UPC requiere una actualización urgente y que se deben incorporar variables esenciales como la inflación y el rezago en los valores acumulados desde el año 2021 hasta el actual.
Por no adelantar de forma oportuna los planes o acciones necesarias para mitigar, alejar o disuadir la violencia en el área metropolitana de Barranquilla, cuya situación fue advertida en la Alerta Temprana 037 del 2020, la Procuraduría General de la Nación decidió investigar a tres comandantes de la Fuerza Pública y a siete funcionarios públicos de este territorio.Entre los investigados están el comandante del Gaula Militar Caribe, Ricardo Andrés Díaz Pérez; el comandante de la Segunda Brigada del Ejército, José Luis Agudelo Jaimes, y el comandante del Batallón de Policía N.º 2 de Barranquilla, Jorge Armando Ortiz Toro.También son investigados funcionarios del periodo 2019-2023, como Yesid Turbay Pereira, secretario del Interior del Atlántico; Jaime Navarro Herrera, subsecretario de Participación Comunitaria del Atlántico; Bertulfo Gutiérrez Vásquez y Piedad Ahumada, profesionales especializados de la Secretaría de Gobierno de Barranquilla; Leonel Morrón Maiguel, secretario de Gobierno de Puerto Colombia; y Luis Carlos Oquendo, secretario de Gobierno de Galapa.Según la Procuraduría, los investigados tenían a cargo darle una respuesta rápida a la Alerta Temprana, pero, al parecer, no lo hicieron y esto “posiblemente ayudó a que se consumaran los hechos violentos".El ente de control recordó que “el documento emitido por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, aún vigente, advierte sobre el riesgo inminente en que se encuentran las comunidades de Barranquilla y su área metropolitana por la presencia de al menos cinco grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y negocios ilícitos como microtráfico, prostitución, extorsión y los puertos para envío de drogas al exterior”.“Entre la población más vulnerable por el accionar de estas estructuras armadas están comerciantes, tenderos, defensores de derechos humanos, docentes, estudiantes universitarios, líderes sociales, juntas de acción comunal, organizaciones de víctimas, representantes de población desplazada, sindicalistas, población con orientación sexual e identidad de género diversas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entre otros”, precisó la Procuraduría.
En la Corte Constitucional tuvo lugar la audiencia pública de seguimiento a la seguridad de los firmantes del acuerdo de paz. Allí, la presidenta de la Sala de Seguimiento Cristina Pardo, habló sobre las alertas y la crisis en cuanto a la seguridad de esa población.La magistrada de la Corte Constitucional aseguró que desde 2020 la Defensoría del Pueblo venía advirtiendo riesgos de amenazas, homicidios y desplazamiento incluyendo a los firmantes del acuerdo de paz y sus familias en las regiones del Cesar y Norte de Santander.Además, indicó que la Sala de Seguimiento registró 8 alertas tempranas sobre esa misma situación en el Catatumbo, “Estos crímenes son inaceptables y nos recuerdan dolorosamente la intervención constitucional enfocada hoy en el componente de prevención y reacción de las garantías de seguridad para los firmantes de paz”, dijo la magistrada Cristina Pardo.Quien asistió a la sesión técnica llevada a cabo en el alto tribunal, fue la defensora del Pueblo Iris Marin, quien aseguró que los riesgos que enfrentan los firmantes del acuerdo de paz tienen que ver con que cada grupo armado ilegal mes a mes tiene nuevas fragmentaciones, lo que genera una expansión que hace más difícil seguir los riesgos y la capacidad del Estado para responder a ellos.Situación en el CatatumboSobre la crisis humanitaria en el Catatumbo, las cifras que entrega la Defensoría del Pueblo a la fecha, es de 6 firmantes asesinados, 12 evacuados de la zona, 166 firmantes y sus familias han sido desplazadas y se tiene reporte de la desaparición forzada de al menos 14 firmantes de paz.Incluso, la defensora aseguró que entre los desafíos para la protección de los firmantes no solo en el Catatumbo, sino en todo el país, es tener en cuenta que este año es preelectoral, lo que va a exacerbar los riesgos para toda la población y por eso será necesario que el sistema de alertas tempranas y todas las autoridades hagan un análisis diferencial de esta situación.Por su parte, Olga Marcela Rico, delegada de los firmantes de paz, sugiere establecer una alerta temprana nacional para prevenir riesgos en territorios, especialmente en el contexto de la campaña política, protegiendo la participación y reincorporación política, fundamentales tras el acuerdo de paz de 2016.Esta audiencia es importante porque la Corte Constitucional hace el seguimiento al cumplimiento de la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, el próximo lunes 3 de febrero será la segunda sesión en donde se espera que intervengan los Ministros de Defensa e Interior.
Los enfrentamientos entre el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN no dan tregua en Antioquia y producto de ello hay decenas de familias que han tenido que salir de sus viviendas y por lo menos cinco personas muertas en menos de tres días. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo mostró su preocupación y emitió un informe donde tiene a 154 familias desplazadas en diferentes municipios.Según el Ministerio Público, en Briceño hay 58 familias que fueron desplazadas de sus viviendas en el corregimiento de Pueblo Nuevo, mientras que en el municipio de El Bagre son 92 las familias que salieron de sus casas por los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. Un reporte preliminar evidenciaría que serían al menos 400 las personas afectadas por estas disputas del territorio y las rentas ilícitas.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que buscan que las autoridades puedan recuperar el control de las zonas afectadas para que las decenas de familias puedan retornar a sus hogares."Primero la consolidación de la seguridad que es en lo que está trabajando la Séptima División del Ejército y la voluntariedad de las familias desplazadas ellos dicen toma lugar la primera y nosotros retornamos a nuestros sitios", indicó Rendón. Una de las situaciones más complejas es la que se vive en Yarumal, en donde el fin de semana hallaron cinco personas muertas en el corregimiento Loma de Ochalí. Entre las víctimas estaban dos de la mujeres que habían sido secuestradas por integrantes del Clan del Golfo en l corregimiento Pueblo Nuevo de Briceño, además de Jaiber Humberto Chavarría y dos combatientes del Frente Luis Eduardo Rozo del Clan del Golfo, según admitió ese mismo grupo armado que responsabilizó del ataque al frente 36 de las disidencias.De momento, el Ejército anunció que a esta hora tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional están siendo insertadas en el corregimiento El Cedro de Yarumal con la misión de apoyar en la ofensiva militar contra los grupos armados ilegales que delinquen en el departamento, así como contrarrestar las recientes confrontaciones que se han presentado entre estos grupos por la disputa del territorio.
Una nueva alerta emite la Defensoría del Pueblo que habló específicamente del reclutamiento de menores por parte de los grupos ilegales en el Catatumbo en medio de la crisis humanitaria que se vive en esta zona. Según el reporte de la entidad, de las 112 personas que hasta el momento han dejado los grupos armados, 20 de esos corresponden a adolescentes que se desmovilizaron o fueron recuperados por las organizaciones sociales.Entre tanto, la Defensoría del Pueblo también confirma que 90 de ellos hacían parte del Frente 33 y 2 al ELN, grupo que está en enfrentamientos contantes en el Catatumbo.Por otro lado, con la cifra actualizada del PMU de la Gobernación de Norte de Santander, deja en evidencia que hay 47.084 personas desplazadas, un número que asciende cada 24 horas, y más de 23.757 confinadas, donde la mayor parte se concentra Tibú.La Defensoría, en medio del reporte, concluye que los enfrentamientos entre grupos ilegales se catalogan como un irrespeto generalizado al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Entre tanto, exigen que los grupos deben detener el reclutamiento formado y permitir la desvinculación inmediata.Papa Francisco expresa preocupación por los enfrentamientos en el Catatumbo: "Les rezo"El papa Francisco expresó su preocupación este domingo por la situación en Colombia y en particular en la región de Catatumbo "por los enfrentamientos entre grupos armados", durante el rezo del ángelus, asomado a la plaza de San Pedro desde la ventana del palacio apostólico."Sigo con preocupación la situación de Colombia en particular en la región, en Catatumbo , donde los enfrentamientos entre grupos armados han causado muchas víctimas y más de 30.000 desplazados. A ellos les expreso mi cercanía y rezo", dijo.Los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc dejan entre 60 y 80 muertos según los conteos de la Defensoría y la Gobernación de Norte de Santander, de los cuales solo se han podido recoger 41 cuerpos por la situación que siguen viviendo las zonas rurales alejadas del Catatumbo donde las autoridades aún no han podido acceder.Además, hay más de 41.000 desplazados, según las cifras más recientes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que alertó también de que 12.520 personas están confinadas por la violencia.
En el Catatumbo no es el único lugar del país que registra enfrentamientos, desplazamiento y muertes de civiles y firmantes del acuerdo de paz. Según la Defensoría del Pueblo, en la Alerta Temprana 001-25, otras regiones del país como el Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y el Cauca están en riesgo de enfrentamiento entre las disidencias de’ Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’ después de la fragmentación del antiguo Estado Mayor Central.Por su parte, la entidad advirtió que, de los siete departamentos mencionados, son 45 municipios exactamente los que están en riesgo de sufrir consecuencias por las disputas territoriales. Así mismo, demuestran que hay dos escenarios de riesgo para las regiones; las zonas de riesgo extremo e inminente y las Zonas de riesgo alto.En el caso de las zonas de riesgo extremo e inminente son aquellas en las que ya se han registrado confrontaciones bélicas y requieren acciones urgentes para evitar que sean acciones reiterativas. Por su parte, las zonas de riesgo alto son denominadas así, ya que existe tensión entre los dos bandos disidentes, pero no se han registrado enfrentamientos, por lo cual se exigen medidas preventivas.Dentro del informe emitido por la Defensoría del Pueblo, se confirmó que la población en riesgo se divide de la siguiente forma: Defensoras de los DD.HH, líderes sociales y comunales; niños, niñas y adolescentes en riesgo de reclutamiento; personal educativo; Mujeres, población campesina, población indígena, firmantes de acuerdos de paz y sus familia, personas que desertaron de algún grupo disidente y equipos de misión médica humanitaria.Cabe recordad que la Defensoría ya había emitido, desde el 2024, una Alerta Temprana sobre la grave situación actual del Catatumbo, que, según el último reporte de la Gobernación de Santander, deja 41 homicidios, 12 firmantes desaparecidos, 40,407 desplazados y 23.757 personas confirmadas en una de las crisis humanitarias recientes más dolorosos.
En Barrancabermeja, más de 200 desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que participaron en el proceso de paz con el Gobierno nacional, están siendo amenazados de muerte por un grupo delincuencial conocido como 'Los Búcaros'. A través de un panfleto, este grupo identificó a cada uno de los desmovilizados, lo que ha generado gran preocupación entre las autoridades locales, que temen que esta situación pueda derivar en un conflicto similar al que se vive en el Catatumbo.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, expresó su grave preocupación y aseguró que las amenazas recibidas son directas “he informado a los generales, coroneles, la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, la amenaza nos inquieta profundamente porque puede escalar la situación en Barrancabermeja". La preocupación no solo se limita a las amenazas a los desmovilizados, sino que también se ve agravada por la presencia de diversos grupos armados en la región "por ello, me comuniqué con el ministro de Defensa Nacional y solicité con urgencia un consejo de seguridad”, señaló DíazEn el Magdalena Medio, se reporta la amenaza de las disidencias de las FARC que buscan ingresar a la zona.Además, el Clan del Golfo está tratando de controlar el norte de Puerto Wilches, en los límites con Antioquia, mientras que el ELN mantiene presencia en el sur de Bolívar y apoya a los grupos delincuenciales que operan en el Puerto Petrolero.En este contexto, el gobernador Juvenal Díaz hizo un llamado a los organismos de control para que presten atención a la situación, que podría desencadenar una confrontación violenta “es urgente una operación militar sostenida, con mando unificado, objetivos claros y tiempos definidos para poder controlar la situación antes de que se salga de control”, destacó el gobernador, ante el panorama.
La Defensoría del Pueblo publicó en las últimas horas un reporte sobre los casos de reclutamiento que se presentaron durante el 2024 en Colombia. En total, según la entidad, durante todo el año hubo 409 casos de reclutamiento de niños y adolescentes.El 61 % de los casos corresponden a niños y el 39 % a niñas. Además, un 51 % corresponden a menores pertenecientes a comunidades indígenas.En cuanto a los grupos que más reclutan en el país, están las disidencias de las Farc en primer lugar, siendo las estructuras comandadas por alias Iván Mordisco las que más cometen este delito.“El departamento con más casos es el Cauca, con 300. El grupo armado con más casos registrados es el Estado Mayor Central. Enero fue el mes en el que más reclutamientos se registraron”, explican desde la Defensoría.Solo en el Cauca se registraron 300 casos, seguido por Putumayo, Valle del Cauca, Huila y Arauca.
Unas 80 personas han muerto en los enfrentamientos de esta semana entre la guerrilla del ELN y una disidencia de las Farc en seis municipios de la región del Catatumbo, en el noreste del país, que deja además miles de desplazados."Alrededor de 60 personas han muerto de manera violenta en Convención, Ábrego, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú. Entre las personas asesinadas se encuentran 7 firmantes de paz y el líder Carmelo Guerrero de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat)", señaló la Defensoría.El balance indica que también hay "confinamientos en los mismos municipios" y que "algunas personas han sido rescatadas", mientras que otras han salido de la zona "en caravanas terrestres, motorizadas o fluviales" para ponerse a salvo en otros lugares."Toda esta situación es devastadora. Es el sentido más básico de humanidad el que debe prevalecer. Nada justifica esto, nada. Llamamos a las entidades territoriales y al Gobierno nacional a garantizar la atención humanitaria integral en el Catatumbo", escribió la defensora del Pueblo, Iris Marín, en su cuenta de X.En diálogo con Mañanas Blu, al defensora del Pueblo, Iris Marín, habló sobre la crítica situación en esta zona del país por cuenta de los desplazamientos debido a la violencia entre guerrillas. De acuerdo con la defensora, el Gobierno no prestó la suficiente atención a la alertas tempranas que hicieron con respecto a los riesgos en esta zona del departamento de Norte de Santander.Por su parte, también mostro gran preocupación por cuenta delas personas que siguen confinadas en las zonas de enfrentamientos y que no han podido salir de esta zona del departamento. "La mayoría de personas están confinadas. Es decir, quieren salir, pero no pueden porque hay retenes sobre la vía", dijo. Y agregó, "Hay un Estado y un Gobierno, tanto territorial como nacional, que, si bien están teniendo limitaciones para controlar, hacen presencia con la fuerza pública para recuperar la zona". La alerta temprana Marín señaló que la Defensoría había emitido una alerta temprana el 15 de noviembre de 2024, advirtiendo sobre una inminente escalada de violencia entre el ELN y el grupo disidente de las Farc conocido como el Frente 33. "Esta situación era predecible y se han tomado muy pocas medidas para prevenirla", enfatiza. La reciente violencia ha generado una ola de desplazamientos, con más de 11,000 personas desplazadas de sus hogares en busca de seguridad. Este fue el documento con el que se había hecho la alerta:Causas de la crisis actual Según la información proporcionada por Marín, varios municipios del Catatumbo se encuentran bajo un nivel extremo de violencia, donde las tropas del ELN están llevando a cabo operativos casa por casa. "Están buscando a personas que consideran afines al Frente 33 y eso ha llevado a la muerte de decenas de civiles", denuncia. La situación es tan grave que muchos han tenido que refugiarse en zonas montañosas, mientras que otros permanecen confinados en sus hogares sin acceso a alimentos. Corredores humanitarios La Defensora del Pueblo pide que se establezcan corredores humanitarios que permitan la salida segura de estas personas. "Es una obligación del ELN cumplir con el derecho internacional humanitario y permitir que la población civil esté a salvo", asegura Marín. Al mismo tiempo, enfatiza la responsabilidad del gobierno nacional para tomar medidas inmediatas que garanticen la seguridad de los ciudadanos en la región. Escuche aquí la entrevista:
