Defensoría del Pueblo

A diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas Farc, la Defensoría del Pueblo presentará este miércoles 11 de noviembre un diagnóstico sobre los avances, los incumplimientos y los desafíos que enfrenta su implementación.El documento, titulado “Un compromiso constitucional con las víctimas y los territorios”, fue elaborado por la entidad bajo la dirección de la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y reconoce que durante la última década se construyeron herramientas institucionales para avanzar en la transformación del campo, la reincorporación de quienes dejaron las armas y la reparación de las víctimas.Sin embargo, advierte que todavía existe una brecha entre los compromisos establecidos en el Acuerdo y los resultados que llegan efectivamente a las comunidades. La Defensoría plantea que la implementación no puede medirse únicamente por las leyes expedidas, los recursos asignados o las reuniones realizadas, sino por su impacto en las condiciones de vida de la población y en la reducción de los riesgos de violencia en los territorios.Uno de los principales rezagos según la entidad está en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados para transformar las zonas más afectadas por el conflicto armado y la pobreza.Según el balance, alrededor de 250.000 personas participaron en la construcción de 33.007 iniciativas comunitarias en 170 municipios priorizados. De ese total, 21.617 iniciativas, equivalentes al 65%, cuentan con una ruta institucional activa para su ejecución.No obstante, en las subregiones analizadas por la Defensoría, únicamente entre el 5% y el 10% de las iniciativas que tienen una ruta activa han sido terminadas.A esto se suma que el 84% de los municipios PDET está cobijado por alertas tempranas de la Defensoría debido a riesgos asociados con la presencia y el accionar de grupos armados.El documento también destaca algunos avances en las condiciones sociales de estas zonas. La pobreza multidimensional rural en los municipios PDET pasó del 47,2% en 2018 al 26,1% en 2025. Sin embargo, persisten problemas de informalidad laboral, déficit habitacional e inseguridad alimentaria. Además, la Defensoría también advierte que los avances del Acuerdo de Paz no han sido suficientes para superar las desigualdades que afectan a las comunidades rurales, las mujeres, las personas LGBTIQ+ y los pueblos étnicos. El informe señala que persisten dificultades para garantizar la participación efectiva, la autonomía económica y la protección frente a las violencias basadas en género.En materia de seguridad, la entidad advierte que la recomposición de los grupos armados y su expansión territorial siguen amenazando la implementación del Acuerdo.De acuerdo con el diagnóstico, al corte de julio de 2026, 396 municipios y 15 territorios indígenas enfrentaban condiciones de riesgo inminente o estructural identificadas por el Sistema de Alertas Tempranas.El balance también registra el asesinato de 1.743 personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales entre enero de 2016 y junio de 2026. Situación que también afecta a quienes dejaron las armas. Desde la firma del Acuerdo han sido asesinados 521 firmantes de paz y, según la Defensoría, los homicidios contra esta población aumentaron un 38,5% durante 2025.Aunque cerca de 10.943 personas continúan vinculadas al proceso de reincorporación, el documento advierte que el 86% vive por fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, lo que dificulta el acceso a servicios sociales y medidas de protección.Entre los avances, la entidad destaca que cerca de 7.000 personas han terminado el bachillerato y que se han puesto en marcha 6.206 proyectos productivos individuales y colectivos.El balance también llama la atención sobre los retrasos en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. De los 1.367 sujetos de reparación colectiva reconocidos, únicamente 63 cuentan con planes finalizados, lo que representa el 4,6%. En cuanto a los planes de retorno y reubicación, de 1.068 registrados solo 31 han sido completados.La atención psicosocial también presenta rezagos. De los 7,8 millones de personas identificadas como sujetos de atención, el balance reporta poco más de 1,1 millones de procesos de atención durante 13 años.A esto se suma el deterioro de las condiciones humanitarias. Entre 2017 y 2025, las personas afectadas por desplazamientos masivos pasaron de 12.841 a 107.924, mientras que la población víctima de confinamiento aumentó de 18.603 a 128.825 personas.En materia de justicia transicional, la Defensoría destaca el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el esclarecimiento de crímenes como el secuestro, el reclutamiento de menores, la violencia sexual y las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, advierte que se necesitan mayores recursos y coordinación institucional para garantizar la implementación de las sanciones propias y los proyectos restaurativos.En el componente de Reforma Rural Integral, el balance señala que se han formalizado cerca de 3,35 millones de hectáreas, equivalentes al 47,85% de la meta de siete millones de hectáreas.También destaca los avances en la compra de tierras para el Fondo de Tierras y en la actualización del catastro multipropósito, aunque advierte que este último proceso se encuentra por debajo de la meta prevista para 2026.Frente al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la Defensoría señala que las familias vinculadas alcanzaron un 98% de cumplimiento en la erradicación voluntaria y que la resiembra se mantuvo por debajo del 1%, según las verificaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).Sin embargo, señala que persisten retrasos en la entrega de proyectos productivos sostenibles y en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las familias campesinas. Además, diez años después de la firma del Acuerdo, el informe señala que el Congreso todavía no ha aprobado una ley de tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores.Frente a estos rezagos identificados en el balance, la Defensoría del Pueblo recomienda que la implementación del Acuerdo Final se mantenga como una política de Estado, con presupuestos y metas verificables en los planes nacionales de desarrollo. El propósito según la entidad es evitar que los compromisos adquiridos se interrumpan o pierdan continuidad con los cambios de Gobierno.Asimismo, en materia de desarrollo rural pide acelerar la ejecución de las iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), agilizar la titulación definitiva de predios y garantizar asistencia técnica y recursos para los proyectos productivos de las territorialidades campesinas. También insiste en que las comunidades tengan una participación efectiva en la asignación de los recursos y en la evaluación de las obras.Sobre las garantías de seguridad, recomienda fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a las alertas tempranas, implementar medidas de protección colectiva y territorial y mejorar la atención a los firmantes de paz que viven por fuera de los antiguos espacios territoriales de reincorporación. Además, plantea la posibilidad de extender la política pública de reincorporación hasta 2031. Para las víctimas, la Defensoría pide acelerar los planes de reparación colectiva y de retorno y reubicación, así como garantizar recursos estables para el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), con el fin de evitar interrupciones en la atención. En cuanto a la justicia transicional, considera necesario fortalecer la coordinación entre el Gobierno y la JEP para asegurar los recursos que requieren los proyectos restaurativos y la ejecución de las sanciones propias.Frente a la sustitución de cultivos ilícitos, la entidad insiste en que el Estado debe cumplir los compromisos pendientes con las familias vinculadas al PNIS, especialmente en la puesta en marcha de proyectos productivos de largo plazo. También pide al Congreso avanzar en la aprobación de una ley de tratamiento penal diferenciado para los pequeños cultivadores, una iniciativa que sigue pendiente diez años después de la firma del Acuerdo.

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