Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo reveló que Antioquia se consolida como el segundo departamento con mayor número de víctimas de desplazamiento forzado en el país, registrando más de 3.100 afectados en lo corrido de 2026.En Antioquia, según el defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, Oscar Yesid Zapata, Briceño encabeza los reportes con mayores restricciones de movilidad y confinamientos que suman nueve eventos en la región, la tensión se extiende a los límites entre Remedios y Segovia."El plan expansivo y territorial de los diferentes actores armados ha incidido en confrontaciones directas y en acciones directas, que, lamentablemente, terminan siendo una vulneración a los derechos humanos de las comunidades rurales, principalmente, en este territorio", aseguró Zapata.De acuerdo con el secretario de Seguridad, Justicia y Paz, Luis Martínez, el más reciente desplazamiento ocurrió desde la vereda río Bagre, obligando a 19 familias a refugiarse en el casco urbano tras el asesinato de un líder social y los constantes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias."Tenemos un desplazamiento de la vereda río Bagre al municipio de Segovia. Aproximadamente 38, 40 personas que se desplazaron al casco urbano por lo mismo de siempre. Esos desplazamientos y esos confinamientos se nos dan por los constantes enfrentamientos", indicó el funcionario.Las economías ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico y la disputa por corredores estratégicos hacia el río Nechí y el Urabá siguen alimentando esta violencia. Ante este panorama, la Gobernación evalúa con el Ministerio de Defensa la instalación de un puesto de policía permanente en el corregimiento El Charcón, en Anorí, para blindar la zona.Mientras las familias afectadas recurren a los comités de justicia transicional esperando condiciones para un retorno seguro, las autoridades e instancias humanitarias advierten que el vacío estatal en zonas rurales sigue facilitando el control territorial de los grupos armados ilegales.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación y rechazo por el asesinato de Julián Hincapié, comunicador comunitario y defensor de derechos humanos en Anorí, Antioquia, quien permanecía desaparecido desde el pasado 10 de septiembre y que apareció sin vida en zona rural.Hincapié de 23 años, había sido visto por última vez en una zona del Nordeste antioqueño y su desaparición había generado alertas por parte de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa e Indepaz, que habían advertido sobre los riesgos que enfrentan periodistas en el departamento.Tras confirmarse su muerte, la Defensoría del Pueblo manifestó su solidaridad con la familia, los seres queridos de Julián Hincapié y las organizaciones sociales y comunitarias que acompañó durante su labor en el departamento de Antioquia.El Ministerio Público pidió a las autoridades competentes adelantar con celeridad una investigación exhaustiva que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen, identificar a los responsables y establecer si el asesinato estuvo relacionado con su trabajo como comunicador.El caso de Hincapié genera especial preocupación debido a los antecedentes contra los profesionales de la comunicación, ya que su asesinato se suma a los homicidios de Mateo Pérez Rueda y Cristian Herrera, los periodistas asesinados en 2026.
La violencia asociada al conflicto armado continúa provocando el desplazamiento de comunidades en diferentes regiones del país. Un informe de la Defensoría del Pueblo señala que 23.931 personas fueron afectadas por desplazamientos forzados masivos entre enero y agosto de 2026.Durante esos ocho meses, la entidad documentó 111 eventos de desplazamiento forzado masivo en diferentes territorios del país. Solo durante agosto se registraron 11 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 5.976 personas, de acuerdo con el reporte de la Defensoría. Los hechos estuvieron relacionados con situaciones derivadas del conflicto armado interno y obligaron a las comunidades a abandonar sus territorios. Según la Defensoría, el departamento del Cauca fue el que concentró el mayor número de personas afectadas por desplazamiento forzado durante los primeros ocho meses del año, con más de 6.700 personas. Seguido por Norte de Santander (más de 4.350 personas), Antioquia (más de 3.150), Nariño (más de 2.550), Magdalena (más de 1.900)Sin embargo, el desplazamiento hace parte de un panorama más amplio de afectaciones a las comunidades. Entre enero y agosto, la Defensoría también registró 63 eventos de confinamiento que afectaron la movilidad de 80.369 personas. En este caso, Chocó fue el departamento con mayor número de personas afectadas, con 15.641. Le siguen Cauca, con 13.350; Putumayo, con 12.646; Caquetá, con 11.651, y Bolívar, con 6.593.Solo en agosto, nueve eventos de confinamiento restringieron la movilidad de 6.201 personas, lo que quiere decir que, durante ese mes más de 12.000 personas resultaron afectadas entre desplazamiento forzado y confinamiento: 5.976 por desplazamiento y 6.201 por restricciones a la movilidad. Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno Nacional y a las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, SNARIV, revisar y ajustar los procedimientos para responder a las emergencias provocadas por el desplazamiento y el confinamiento.El objetivo según la entidad es reducir las barreras y cargas administrativas que pueden retrasar la respuesta institucional, priorizar la atención humanitaria y garantizar los derechos de las comunidades afectadas.
La población del norte de la Sierra Nevada de Santa Marta afronta un temor generalizado por las represalias anunciadas por el grupo ilegal los Pachenca, autodenominados Conquistadores de la Sierra, tras las recientes operaciones de la fuerza pública en la región.La defensora del Pueblo, Iris Marín, detalló cómo la estructura criminal ha consolidado su poder territorial en los departamentos del Magdalena, La Guajira y el Cesar.Marín señaló en Mañanas Blu que el grupo ilegal ejerce un "control hegemónico" en municipios como Santa Marta, Ciénaga y Dibulla, e interviene directamente en la vida de la población mediante "violencia selectiva, órdenes de comportamiento" y castigos difundidos en plataformas digitales.El dominio social de la organización armada limita la libertad de movilidad y de conducta de la ciudadanía, afectando en especial a los pueblos indígenas de la zona y vulnerando los derechos de mujeres y niñas.En cuanto a las fuentes de recursos que financian sus actividades, la defensora explicó que la estructura ilegal obtiene ingresos de la extorsión y del tráfico de sustancias ilícitas."Ellos están asociados mucho al tema del tráfico, del narcotráfico. Todas estas zonas son zonas que son cruciales para el tránsito del tema de drogas, pero también fuertemente viven de la extorsión", explicó Marín.A través del cobro de cuotas ilegales al sector comercial, la organización impone "una doble función, obviamente ilegítima", consistente en ofrecer seguridad al turismo y al comercio "para poder extorsionar y sacar recursos" de esas mismas actividades económicas.Las disputas territoriales en la región varían según la ubicación geográfica. Mientras hacia el norte, en La Guajira, la estructura mantiene enfrentamientos con el 'Clan del Golfo' en municipios como Riohacha, San Juan del Cesar y Albania, este último grupo armado avanza en una etapa de expansión hacia el sur del Magdalena y el Cesar.La entidad advirtió que la presencia militar no es suficiente y solicitó una respuesta institucional integral para evitar el reclutamiento de jóvenes, a quienes el entorno les ofrece a las estructuras armadas como la única alternativa de vida."En esta zona, como muchas del país, en los jóvenes la mejor opción que tienen son los grupos armados", concluyó la defensora.
La Defensoría del Pueblo presentó ante la Corte Constitucional su intervención dentro del control de los decretos 1261 y 1348 de 2026, relacionados con la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. La entidad pidió declarar exequible la emergencia, al considerar que se trató de un hecho sobreviniente y extraordinario y que la gravedad de sus consecuencias está acreditada.Sin embargo, la Defensoría plantea condicionamientos importantes. El principal tiene que ver con el alcance territorial de la emergencia ya que sostiene que las facultades excepcionales no deberían aplicarse automáticamente a departamentos completos, sino únicamente a los municipios donde exista una afectación comprobada por el terremoto. La entidad señala que actualmente hay 498 municipios afectados en 16 departamentos, pero advierte que algunos territorios incluidos en la declaratoria presentan daños puntuales o incluso no tienen afectaciones que justifiquen cobijar todo su territorio.El documento pone como ejemplo a Nariño. Allí no se registraron fallecidos ni heridos, pero sí afectaciones importantes en infraestructura educativa en 52 instituciones y 113 sedes resultaron afectadas, con unos 9.198 estudiantes matriculados. Para la Defensoría, esto demuestra que puede existir una afectación real y significativa sin que necesariamente comprometa a todo un departamento, razón por la cual propone que la delimitación se haga municipio por municipio.Otro de los llamados de atención está relacionado con los registros de damnificados. La Defensoría advierte que existen inconsistencias en las cifras oficiales y posibles casos de subregistro. Menciona, entre otros ejemplos, diferencias en el número de víctimas reportadas en Buenaventura y viviendas destruidas que no aparecen adecuadamente contabilizadas. Por eso pide que el acceso a las ayudas no dependa exclusivamente de haber quedado inscrito oportunamente en el Registro Único de Damnificados.La entidad también advierte sobre la capacidad financiera del sistema ordinario de gestión del riesgo. Según el documento, al momento de declararse la emergencia la Subcuenta de Manejo de Desastres contaba con $47.265 millones, mientras no existía una cifra consolidada de los recursos disponibles en los fondos territoriales. La Defensoría considera que la Corte debe verificar cuáles recursos ordinarios son insuficientes, qué recursos extraordinarios son realmente indispensables y cuál debería ser el monto requerido.Uno de los hallazgos más fuertes está relacionado con la vulnerabilidad de las construcciones. La Defensoría señala que en buena parte de los territorios afectados las aceleraciones registradas durante el sismo estuvieron por debajo de los valores de diseño establecidos por la normativa sismorresistente. En el caso de Pereira, por ejemplo, se registró una aceleración de 0,02 g frente a un valor de diseño de 0,25 g, pese a que Risaralda reportó 110 fallecidos, 87 desaparecidos y 11.969 viviendas destruidas. La entidad sostiene que estos datos obligan a revisar las condiciones de vulnerabilidad y construcción que agravaron los efectos del terremoto.Finalmente, la Defensoría pide que las medidas que adopte el Gobierno incorporen un enfoque diferencial, interseccional y étnico, teniendo en cuenta las condiciones particulares de niños, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades étnicas. También solicita que la reconstrucción no se limite a recuperar lo que existía antes del sismo, sino que reduzca las condiciones de vulnerabilidad que contribuyeron a la magnitud de los daños.En síntesis, la posición de la Defensoría es la de respaldar la declaratoria de emergencia por el terremoto, pero le pide a la Corte Constitucional que establezca límites para evitar una aplicación territorial indiscriminada, garantice que ninguna persona afectada quede por fuera de la atención y exija al Estado demostrar la necesidad de los recursos extraordinarios.
La Defensoría del Pueblo, por medio de un comunicado, aseguró que el ataque del 16 de septiembre, en el corregimiento de El Carmelo, en Candelaria, Valle del Cauca, estuvo dirigido contra un bien de carácter civil protegido por el Derecho Internacional Humanitario, que es necesario para la operación del servicio.“Esta acción infringe el principio de distinción del DIH, pues las partes en conflicto deben adoptar todas las precauciones posibles para evitar o reducir los daños a la población y a los bienes protegidos”, aseguró en el comunicado.También afirmó que este hecho habría podido generar riesgos para las operaciones aéreas y, con ello, para la vida e integridad de quienes usan, se benefician u operan el servicio. Esta situación también podría afectar vuelos médicos, traslados de pacientes y otras operaciones aéreas esenciales.La Defensoría hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación, a la Aeronáutica Civil y a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones, esclarezcan estos hechos y determinen las responsabilidades a que haya lugar. Además, pidió que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones aéreas que puedan verse afectadas.También hizo un llamado a los grupos armados ilegales con presencia en la región para que respeten a la población civil y los bienes públicos, y no realicen acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y los derechos de las comunidades.Por otro lado, la entidad recordó que el uso de drones por parte de los grupos armados se ha vuelto más riesgoso para la vigencia de los derechos humanos y la aplicación del DIH. Según la Defensoría, entre enero y mayo de 2026, los ataques con drones aumentaron un 146 %, dejando 21 personas fallecidas y 145 heridas.
La Defensoría del Pueblo alertó por el deterioro de las condiciones de seguridad para la población civil y la Misión Médica en Tibú, Norte de Santander, luego de varios hechos registrados entre el 9 y el 10 de septiembre.De acuerdo con el organismo, los acontecimientos incluyen la activación de una mina antipersonal y diferentes acciones contra ambulancias y conductores, situaciones que dificultan la atención y el traslado de pacientes en esta zona del Catatumbo.El primer hecho ocurrió el miércoles 9 de septiembre, en la zona rural de Orú, donde la activación de una mina antipersonal dejó heridas a dos personas, de 28 y 19 años, ambas de nacionalidad venezolana.Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Tibú para recibir atención médica. Posteriormente, con apoyo de la Defensoría en las gestiones ante la Fuerza Aeroespacial Colombiana, fueron trasladadas a Cúcuta el jueves 10 de septiembre.El organismo reiteró su preocupación por el riesgo que representa la presencia de minas antipersonal para las comunidades que transitan por estos territorios.La situación también involucró directamente a vehículos y trabajadores de la Misión Médica. Durante la mañana del jueves 10 de septiembre, hombres armados se llevaron una ambulancia del Hospital San José de Tibú y privaron de la libertad a su conductor. El trabajador posteriormente fue liberado.Más tarde, hacia las 4:00 de la tarde, otra ambulancia que se dirigía hacia Cúcuta tuvo que detenerse durante aproximadamente 40 minutos debido al sobrevuelo de un dron. De acuerdo con la Defensoría, esta situación generó temor entre el personal médico que se movilizaba en el vehículo.Horas después, aproximadamente a las 7:00 de la noche, hombres armados secuestraron al conductor de otra ambulancia. La Defensoría señaló que, después de estos hechos, participó en una mesa de trabajo para articular acciones y solicitar garantías para el desarrollo de la labor de la Misión Médica.Ante este panorama, el organismo hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de realizar acciones que afecten o interfieran con la Misión Médica.También pidió evitar el uso de minas antipersonal y cualquier otra acción que pueda poner en riesgo la vida, integridad y movilidad de la población civil.La Defensoría, además, instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a fortalecer las medidas de prevención y protección para garantizar condiciones seguras para la atención médica y el transporte de pacientes en Tibú y el resto del Catatumbo.
Este miércoles arrancó en Barranquilla la Asamblea Nacional de Personeros, en la que participan unos 800 funcionarios del Ministerio Público de todo el país, quienes conversan alrededor de los "Derechos a la Ciudad" y la ayuda a damnificados del terremoto.La Defensora del Pueblo, Iris Marín, fue una de las invitadas al evento, destacando la labor de los personeros, pero también aprovechó para referirse a la atención de las afectaciones ocasionadas por sismo de 7.4 grados, ocurrido el pasado 10 de agosto.Frente a este tema destacó que la Defensoría ha estado haciendo seguimiento muy de cerca, pero que después de haber superado la primera etapa de la atención de la emergencia, toca avanzar en las medidas presupuestales que permitan reconstruir las zonas afectadas, así como garantizar el retorno a clases de todos los estudiantes."Hemos venido haciendo seguimiento al tema. Ya ha pasó la primera etapa más urgente, pero es importante avanzar hacia medidas también presupuestales que permitan avanzar en el la reconstrucción y la rehabilitación, que va a ser el tema pues más importante. Hemos estado muy pendientes también de la vuelta al colegio de los menores de edad. Ya el Ministerio de de Educación ha dicho que está a punto de llegar al 95% de la cobertura", expresó. De otra parte, la defensora dio a entender que han resuelto las diferencias con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, con quién tuvo un intercambio de opiniones a través de redes sociales por las recientes ofensivas del Gobierno contra estructuras criminales. Dijo Marín que "es deber del Estado combatir el narcotráfico y las economías ilegales". Al tiempo destacó que están haciendo un seguimiento conjunto a las alertas tempranas que han emitido. "Con el ministro de del Interior, Rodrígo Lara, hemos venido intercambiando un par de trinos y además hablamos telefónicamente y estamos a la espera de poder hacer reuniones de seguimiento territorial de las recomendaciones del sistema de alertas tempranas", precisó. Asamblea de personerosLa migración es otro de los temas de conversación durante el encuentro de personeros. Frente a este panorama, el representante de ACNUR en Colombia, Giovanni Lepri, destacó que en este país hay 2,8 millones de personas venezolanas que requieren protección internacional, además de ciudadanos de otras nacionalidades que se encuentran en el país.Advierte que aunque una parte importante ha logrado regularizar su situación migratoria, muchas personas aún permanecen en condición irregular porque no han tenido la oportunidad de acceder a los mecanismos de regularización.
La Defensoría del Pueblo lanzó una nueva alerta por la situación de seguridad que atraviesa el Cauca, donde en las últimas semanas se han registrado secuestros, atentados y otros hechos violentos relacionados con la presencia y disputa territorial de actores armados ilegales.Según el organismo, “en las últimas semanas el Cauca ha registrado una sucesión de hechos violentos que afectan a la población civil” en diferentes municipios del departamento.Uno de los hechos que más preocupa a las autoridades es el aumento de los secuestros. La Defensoría informó que en las últimas dos semanas se han registrado seis casos: cuatro en Balboa, uno en el corredor entre Santander de Quilichao y Caloto, y otro en zona rural de Popayán.A estos casos se suma el secuestro de dos adultos mayores en Timbío, ocurrido el pasado 16 de julio.La entidad recordó que ya había advertido sobre los riesgos para la población de Popayán a través de la Alerta Temprana 018 de 2026, emitida en agosto.“Advertimos posibles afectaciones a la población civil en la ciudad de Popayán”, señaló la Defensoría, al referirse a las condiciones de seguridad que enfrenta la capital caucana.Después de la emisión de la alerta se presentaron nuevos hechos, entre ellos un atentado contra la sede de una empresa de aseo ubicada al sur de la ciudad y el secuestro de un comerciante en la vereda Los Tendidos.La Defensoría también expresó preocupación por la situación en Mercaderes, tanto en el área urbana como en los corregimientos de Arboledas y San Joaquín.En estas zonas, explicó, existen riesgos derivados de “la presencia y disputa territorial de actores armados ilegales” en sectores donde continúa viviendo población civil.La situación de seguridad también se extiende a la vía Panamericana, en el tramo comprendido entre Piendamó, Cauca, y el corregimiento de Remolinos, en Taminango, Nariño.La Defensoría señaló que en este corredor se han presentado diferentes hechos, entre ellos la instalación de cilindros cargados con explosivos.Uno de estos artefactos provocó la muerte de un soldado del Ejército Nacional el lunes 7 de septiembre.Además, el organismo reportó “constantes hurtos a vehículos de transporte público de pasajeros y a vehículos particulares durante los últimos días”.Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo manifestó su solidaridad con el Ejército Nacional y, especialmente, con la familia del uniformado que perdió la vida.El organismo reiteró así su preocupación por las condiciones de seguridad en distintas zonas del Cauca y por los riesgos que enfrentan las comunidades que permanecen en territorios donde existe presencia y disputa de grupos armados ilegales.
Aunque la Gobernación de Antioquia confirmó que actualmente no hay desplazamientos activos reportados en esa localidad, sigue la preocupación por el municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca del departamento, luego de que en las últimas horas la Defensoría del Pueblo emitiera una alerta temprana por el uso de drones cargados de explosivos, ocasionando por lo menos 14 desplazamientos forzados este año, confinamientos y zozobra en la población. De acuerdo con la entidad, la confrontación entre el Clan del Golfo y el frente cuarto del Bloque Magdalena medio del autodenominado EMBF mantiene factores de amenaza para la población civil y podría traducirse en hechos de violencia, restricciones a la movilidad y nuevas afectaciones humanitarias. Carlos Zapata, director del IPC, explicó el interés de estas estructuras por corregimientos como Puerto López y Puerto Claver."Hay una disputa en este momento por la cabecera municipal de Puerto López, porque Puerto López es un importante centro poblado, son cerca de 8000 habitantes los que puede tener este corregimiento, y es básicamente el ingreso a la zona de Guamocó, y también el ingreso a la serranía de Avive, que, básicamente, aquí lo que tenemos es una intensa actividad minera, cada vez desplazando más a la producción de coca", expuso el experto. La alerta se conoce después de los hechos registrados meses atrás en la zona rural limítrofe entre El Bagre y Zaragoza, donde enfrentamientos entre grupos armados provocaron el desplazamiento de al menos 355 personas hacia el corregimiento de Puerto López, en El Bagre. Entre los afectados había habitantes de la vereda Las Nubes y de sectores rurales de Zaragoza, como Villa Severa, Citeaguanta y Villa Amará. Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos, pidió a las autoridades que con urgencia atiendan las recomendaciones del Ministerio Público. "La disputa territorial entre el denominado Clan del Golfo y las disidencias, que han generado no solamente afectaciones y crisis humanitaria entre la población, varios fenómenos de desplazamiento forzado masivo en ese territorio. Y, además de esto, la utilización de drones que dejan claro el nivel y la complejidad de estos enfrentamientos", indicó. De momento, las autoridades mantienen la atención sobre esta zona del Bajo Cauca, considerada estratégica por la presencia de economías ilegales y la disputa de los grupos armados por el control territorial y de las rentas ilícitas.Ante este escenario, la Defensoría formuló 14 recomendaciones dirigidas a las autoridades locales, departamentales y nacionales, con el propósito de que actúen de manera articulada y urgente, adoptar medidas efectivas de prevención y fortalezcan la protección de las comunidades.
Linda Torres, hija del exalcalde asesinado, John Jairo Torres Torres, conocido en Yopal como ‘Jhon Calzones’, hizo un llamado público al presidente Abelardo de la Espriella para que se investigue a fondo el homicidio de su padre y se esclarezca quiénes estarían detrás del crimen.En una declaración a través de redes sociales, la joven pidió que el caso no quede en la impunidad y que las autoridades determinen tanto a los autores materiales como a quienes eventualmente hayan ordenado el asesinato.“Presidente, a mi papá lo asesinaron. Como hijas, le pedimos que se investigue y se haga justicia por el asesinato de mi padre”, manifestó Linda Torres, quien habló en nombre de ella y de sus hermanos.La hija del exalcalde sostuvo que su petición también responde a la relevancia que, según ella, tenía su padre como líder social en Casanare. “Pero como Yopalena y casanareña, le pido que se investigue y se haga justicia por la muerte del líder social más grande que ha tenido el Casanare. El Estado cuenta con los medios para hacer justicia”, afirmó.En su intervención, Torres se refirió además al presunto responsable material del homicidio y pidió que la investigación avance hacia quienes pudieron estar detrás del crimen.“Sin embargo, el sicario que perpetró este acto cobarde únicamente es quien jaló el gatillo. La investigación debe dar con los verdaderos bandidos, con los actores intelectuales que con su poder callaron la voz de mi padre y que con sus dineros sucios pagaron el precio de su vida”, señaló.Cabe recordar que hasta el momento han sido detenidas dos personas, un adolescente señalado de disparar y otro hombre que lo habría transportado en una moto de la que además se sabe, es hurtada. Esta última captura se logró hoy miércoles en Tunja, Boyacá.Uno de los principales argumentos expuestos por la joven es que su padre había advertido públicamente que podía ser asesinado pocos días antes de su muerte. Según su relato, seis días antes del homicidio, durante la última rueda de prensa que ofreció John Jairo Torres, este habría dicho: “Me van a matar”.Linda Torres aseguró que en esa misma intervención su padre mencionó a cinco personas que, según él, podrían estar relacionadas con una eventual amenaza en su contra. La hija pidió que esas declaraciones sean incorporadas a la investigación y que también sean examinadas las actuaciones de quienes actualmente ocupan cargos de poder en el ámbito municipal y departamental.“Le pido, presidente, que estas pruebas y que estas palabras de mi padre no sean en vano, que sean tenidas en cuenta, que se investigue, incluso, a quienes ostentan el poder. Los videos están por todas las redes sociales, presidente”, expresó Torres, quien también mencionó que el presunto sicario habría sido capturado con un teléfono celular que, a su juicio, podría aportar elementos importantes para esclarecer el crimen.La hija del exalcalde pidió además que la investigación sea adelantada por autoridades externas a Casanare pues las personas a las que su padre habría señalado antes de morir tendrían vínculos con el poder regional.“Si esta investigación se desarrolla en el Casanare, nunca habrá justicia y este caso se quedará en la impunidad”, afirmó, al considerar que existe un posible conflicto de interés por la posición que, según ella, ocupan algunos de los señalados.Además de reclamar justicia por el homicidio, Linda Torres denunció lo que considera un intento de utilizar el nombre y el legado de su padre con fines políticos y comerciales. Cuestionó específicamente la realización de reuniones y actividades posteriores al funeral y aseguró que su familia rechaza que la imagen de John Jairo Torres sea utilizada para intereses distintos a los que él defendía.
David Bisbal presenta este miércoles “ETERNOS”, su nuevo álbum, un proyecto compuesto por diez canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones y que ahora adquieren una nueva dimensión a través de la voz y personalidad del cantante español.El disco incluye clásicos como Adoro, Vivir Así Es Morir De Amor, Frente A Frente, Amor Eterno, Te Quiero, Te Quiero, Abrázame Muy Fuerte, Qué Sabe Nadie, El Amar Y El Querer, Quijote y Aquellas Pequeñas Cosas, temas vinculados a grandes figuras de la música en español.“ETERNOS” no busca ser una simple recopilación de versiones. El álbum plantea un diálogo entre pasado y presente, recuperando canciones conocidas por millones de personas desde una interpretación marcada por la elegancia y el estilo de Bisbal.El proyecto también tiene un fuerte componente biográfico. Vivir Así Es Morir De Amor acompaña al artista desde su casting de Operación Triunfo, mientras que Adoro, de Armando Manzanero, fue una de las primeras canciones que interpretó ante millones de espectadores. Asimismo, Qué Sabe Nadie recuerda su vínculo artístico con Raphael, con quien compartió escenario en 2019.La relación con Juan Gabriel ocupa un lugar especialmente emotivo. Bisbal conoció al cantante mexicano en 2002 y posteriormente trabajó y compartió escenario con él. En “ETERNOS”, ese recuerdo permanece a través de Amor Eterno y Abrázame Muy Fuerte.Producido y arreglado por Cheche Alara, el álbum fue grabado de manera analógica junto a músicos de primer nivel. El resultado es una producción orgánica que reivindica el poder de las grandes canciones para trascender épocas y generaciones.Con “ETERNOS”, David Bisbal celebra 25 años de trayectoria y rinde homenaje a la canción en español, sus autores, sus intérpretes y al público que ha convertido estas melodías en parte de su propia historia.
Disney+ anunció un acuerdo global de distribución con The Pokémon Company International que contempla la llegada de nuevos contenidos de la franquicia a la plataforma de streaming. Entre los títulos incluidos está Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu, una serie realizada en técnica stop-motion por el estudio británico Aardman, cuyo estreno está previsto para 2027.El anuncio se realizó durante el evento Pokémon XP, en San Francisco, California, donde también se presentó un adelanto de la nueva producción. La historia seguirá a Sirfetch’d y Pichu durante un recorrido por la región de Galar, en el que intentarán ayudar y proteger a otros Pokémon. De acuerdo con la descripción de la serie, sus misiones estarán marcadas por situaciones inesperadas, alianzas y enfrentamientos con otros personajes.El acuerdo también contempla la distribución de Pokémon la serie: El comienzo, producción que sigue las primeras aventuras de Ash y Pikachu. La serie ya está disponible en Disney+ en Estados Unidos y algunos mercados internacionales, mientras que su llegada a Latinoamérica está prevista para 2027.Durante el panel de Pokémon XP participaron el director de animación original de Pokémon, Phil Rynda, y miembros del equipo creativo de Aardman, entre ellos el director Tom Parkinson, Nat McKay y James Young. Allí explicaron parte del proceso utilizado para trasladar el universo de Pokémon al formato stop-motion.Rynda señaló que la nueva producción busca contar las historias desde la perspectiva de los Pokémon y destacó el trabajo de Aardman en la construcción visual de la región de Galar.El acuerdo marca una nueva etapa en la distribución internacional de contenidos de Pokémon y amplía la presencia de la franquicia en Disney+ y otros servicios asociados a la compañía.
El Baloto y Baloto Revancha realizan este miércoles, 7 de octubre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar las combinaciones ganadoras y quedarse con los premios acumulados.Números ganadores del Baloto y RevanchaLa combinación ganadora del Baloto de este miércoles, 7 de octubre de 2026 es:Baloto17 - 05 - 39 - 27 - 19 Super Balota: 08.Revancha16 - 36 - 39 - 09 - 06 Super Balota: 04.¿Cuánto está acumulado el Baloto y Revancha?Para este sábado, 10 de octubre, el acumulado del Baloto es de $61.200 millones.Por su parte, Baloto Revancha tiene un acumulado de $150 millonesAmbos valores corresponden a los montos disponibles para esta jornada. El acumulado de cada modalidad puede aumentar para los siguientes sorteos cuando no se registra un ganador en la categoría principal.¿Cómo reclamar el premio?Todos los premios se pueden reclamar en los puntos de venta a nivel nacional a través de las redes de aliados SuRed y SuperGIROS, presentando el tiquete en PDF impreso junto con el documento de identidad en los puntos SuRed y SuperGIROS, para más información consulta el procedimiento para pago de premiosen la página oficial de Baloto sección: Procedimiento de pago de premios.
La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público dio concepto favorable para que la nación, a través del Ministerio de Hacienda, avance en la celebración de tres créditos externos con el banco de desarrollo de Alemania, KfW, por hasta 497 millones de euros.De acuerdo con el Gobierno, estos recursos serán utilizados para contribuir a la financiación del Presupuesto General de la Nación de 2026 y corresponden a créditos de libre destinación. Esto quiere decir, que el dinero no está destinado a una obra o proyecto específico, sino que podrá incorporarse a la financiación general de las necesidades contempladas en el presupuesto.Uno de los principales argumentos del Ministerio de Hacienda para adquirir estos créditos es el costo de la financiación. Según la entidad, la tasa de interés ofrecida por el KfW está alrededor de 200 puntos básicos por debajo de la curva de bonos soberanos de Colombia en euros.Esto representaría una diferencia cercana a dos puntos porcentuales frente al costo de financiación que tendría Colombia a través de los mercados internacionales de capitales.Para el Ministerio de Hacienda, esta diferencia permitiría obtener los recursos a un menor costo y, por lo tanto, generar un ahorro en el servicio de la deuda de la nación."Esta autorización refleja el compromiso del Gobierno nacional con la gestión de los recursos necesarios para financiar el presupuesto aprobado por el Congreso de la República", dijo Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda y Crédito Público.Además, el Gobierno señala que el financiamiento hace parte del respaldo de Alemania a Colombia en el cumplimiento de políticas y reformas estructurales, entre ellas las relacionadas con inclusión y cambio climático.Aunque la Comisión ya emitió concepto favorable, los recursos todavía no han sido desembolsados. El trámite continuará con la expedición de una resolución del Ministerio de Hacienda que autorice la suscripción de los respectivos contratos de crédito y posteriormente, se realizarán los desembolsos de los préstamos, que están previstos para finales de 2026.