Al despacho del magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, llegó una carta firmada por Wilmer Andrey Pérez, en representación de la Asociación Casa Paz. En el documento, Pérez se refiere a algunas inconformidades que han tenido las víctimas de los falsos positivos en Casanare con el proceso ante la jurisdicción.
Este grupo de víctimas asegura que ha llegado a la JEP esperando obtener verdad, justicia y reparación. De esta manera, asistieron a las versiones de los comparecientes, a las audiencias y a los talleres programados por la jurisdicción, pero han dicho que después de tantos esfuerzos se quedaron "con las manos vacías". También, cuestionaron fuertemente las audiencias públicas de reconocimiento, en las que un grupo de militares, entre los que se encuentra el general en retiro Henry William Torres Escalante, reconocieron su responsabilidad por falsos positivos en Casanare. Sin embargo, para las víctimas, estas diligencias no contribuyeron a la verdad plena.
"El recordar la barbarie, los engaños, mentiras, malos tratos de los militares, e incluso persecución, así como falta de acompañamiento integral y de seguridad, ha agudizado nuestro estrés, ha hecho recurrente el padecimiento de pesadillas, taquicardia, ansiedad por el miedo a nuevas violaciones de seguridad, pérdida del sueño. Asimismo, la falta de justicia y verdad nos ha generado episodios de depresión, agotamiento emocional y disminución de la realización personal, repercutiendo en nuestra salud física a través de fatiga aguda, cefaleas, dolores musculares y enfermedades crónicas como hipertensión arterial, enfermedades coronarias, asma y artritis reumatoide, por mencionar solo algunas. Si la JEP lo desea, podemos adjuntar los documentos clínicos que así soportan esta realidad", le dicen las víctimas a Vidal.
Recientemente, la JEP también lanzó un proyecto restaurativo en Bogotá, pues aunque aún no se emiten las primeras sanciones contra exguerrilleros y militares, la jurisdicción, por medio de un proyecto de siembra de árboles, busca que los responsables puedan empezar a trabajar en trabajos y obras restaurativas. Esta situación también generó frustración en las víctimas, según narran en el documento, pues dicho proyecto no fue consultado o socializado con ellos.
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"De usted, señor magistrado, solicitamos su atención. Acudimos al llamado de la JEP con mucha esperanza, con la claridad de que no era un tribunal punitivo y que la reparación, ese concepto tan abstracto, se manifestaría. Pero no. Ni siquiera hubo acompañamiento psicosocial para las víctimas después de una audiencia que nos dejó con más dudas que verdades y con más angustias físicas y mentales. Con una convicción casi firme de que las víctimas no somos la centralidad de este sistema de justicia transicional", señalan en la carta.
Por último, reiteran que continúan comprometidos con el camino de la reconciliación, pero insisten en la necesidad de reconstruir el tejido social en el departamento de Casanare y en que los máximos responsables digan la verdad plena y cumplan sanciones que efectivamente se ajusten a los hechos cometidos.
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