n, Claudia Palacios, quien en su momento devengaba mensualmente más de 30 millones de pesos.
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La personera Distrital, Carmen Castañeda, revocó el fallo en primera instancia en el que se había sancionado al funcionario, bajo los argumentos de que tenía un contrato de prestación de servicios altamente calificados y de alta complejidad.
Lo que se indicó fue que el contrato se pactó por 30 millones de honorarios mensuales, sin embargo, se le había endilgado un incremento del IVA y otros cargos, que presuntamente superaban los límites legales. No obstante, de acuerdo con la Dian y el Consejo de Estado, esos criterios no hacen parte de los honoraros, por lo que se optó en revocar la primera decisión.
El ente resolvió revocar el fallo sancionatorio de primera instancia proferido por la delegada para asuntos disciplinarios, en audiencia de fallo llevada a cabo el pasado 20 de octubre de 2017, a través del cual se le impuso a Montenegro Trujillo la sanción consistente en la destitución e inhabilidad general por 10 años, para en su lugar, absolverlo de toda responsabilidad disciplinaria por los hechos investigados.