La directora del ICBF, María Carolina Restrepo Cañavera, aseguró que durante el gobierno anterior la contratación por prestación de servicios del Estado creció de manera extraordinaria.
“Entre agosto de 2022 y junio de 2025 pasó de 221.201 a 418.805 contratos frente al período comparable anterior, y su valor pasó de $8 a $15 billones”, explicó Restrepo Cañavera.
Aseguró también que el ICBF no fue ajeno a este crecimiento, puesto que en 2022 registraba 6.427 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, mientras que para 2024 llegó a tener 9.795 contratistas bajo esta modalidad.
El país tiene derecho a saber qué pasó con el ICBF.
— Carolina Restrepo Cañavera (@carorestrepocan) August 23, 2026
Durante el gobierno anterior, la contratación por prestación de servicios del Estado creció de manera extraordinaria. Entre agosto de 2022 y junio de 2025 pasó de 221.201 a 418.805 contratos frente al período comparable…
Restrepo Cañavera aseguró que en el ICBF ya comenzaron a investigar por qué creció de esa manera la contratación, cuántos de esos contratos eran necesarios, qué resultados generaron y qué recibió la entidad a cambio.
Además, señaló que están revisando la contratación con rigor. “Estamos revisando la contratación con rigor, contrato por contrato, objeto por objeto, obligación por obligación, producto por producto. Necesidad, ejecución, cumplimiento y resultados”, aclaró.
La directora también afirmó que el país conocerá los resultados de esta revisión. “Colombia va a saber lo que encontremos. Va a saber quién contrató, quién fue contratado, cuánto recibió, para hacer qué y qué entregó a cambio. Sin privilegios. Sin intocables. Sin esconder nada”, escribió.
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Asimismo, afirmó que, si encuentran hechos irregulares, estos serán documentados y puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y, cuando corresponda, la Fiscalía General de la Nación.
Finalmente, aseguró que “El ICBF no es el cajero de nadie” y que la institución trabaja por el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, y no por el beneficio de políticos, contratistas o intereses particulares.