Un total de 69 adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que cumplen medidas no privativas de la libertad, avanzan en su proceso educativo en Bucaramanga mediante la estrategia ‘Rescatando Sueños’, liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.La iniciativa busca garantizar que estos jóvenes puedan continuar con su formación académica y, al mismo tiempo, fortalecer sus proyectos de vida mediante el acompañamiento de diferentes instituciones.El proceso cuenta con la participación de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, la Institución Educativa Andrés Páez de Sotomayor y Corpoadases.Los participantes fueron distribuidos en cinco grupos de acuerdo con sus trayectorias educativas, con niveles que van desde primaria hasta educación media. La formación contempla dos horas diarias de clases, de lunes a viernes, además de actividades académicas para desarrollar en casa.Le puede interesar: Investigan muerte de bebé en hogar infantil operador de Bienestar Familiar en Cali Uno de los jóvenes beneficiarios, identificado como Leandro, destacó la importancia de contar con este acompañamiento para continuar sus estudios y pensar en su futuro.“Estoy muy agradecido porque nos están dando la posibilidad de estudiar, de recibir apoyo para nuestras carreras y, sobre todo, porque no nos están dejando solos”, señaló.Desde el ICBF Regional Santander señalaron que la estrategia busca que la educación también llegue a quienes cumplen medidas no privativas de la libertad, como parte del proceso de atención y garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA.La entidad destacó que la articulación con el sector educativo permitirá fortalecer las capacidades de los participantes y brindarles herramientas para avanzar en la construcción de sus proyectos de vida.
Sorprendidos se vieron los habitantes de la vereda La Gualí, en zona rural del municipio de Amagá, Suroeste antioqueño, cuando en medio de sus labores encontraron a una niña, de aproximadamente 10 años, deambulando sola, aterrorizada, sin documentos y con aparentes signos de violencia física.Los campesinos alertaron a las autoridades al percatarse de la presencia de la menor en la zona y señalaron que ésta presentaba un aspecto delgado, con ropa sucia, visibles laceraciones y heridas en sus manos. Además, se mostraba reacia a recibir ayuda, afirmando que no tenía familia, que carecía de papá y mamá, y vivía en la calle, en la zona selvática cercana al municipio.Según el alcalde de esta localidad, Wilser Molina, la Policía de Infancia y Adolescencia intervino para rescatarla y la trasladó de inmediato al Hospital San Fernando de Amagá. Paralelamente, la administración municipal y la Gobernación de Antioquia activaron todos los protocolos de atención."Una vez dimos con la niña, pues activamos todos los protocolos a través de la comisaría, la línea de la mujer, pusimos a disposición todos los equipos médicos de ese hospital San Fernando, el equipo de psicólogos del centro atención psicológico, CAP, de nuestro municipio", afirmó el mandatario.La menor fue remitida a Medicina Legal y evaluada por equipos de psicólogos y médicos, quienes descartaron abusos sexuales graves, aunque se investigan posibles tocamientos e infracciones asociadas a maltrato físico.La niña manifestó llamarse Deisy Yurani Sepúlveda Valencia, pero aseguró no saber su edad exacta y no portaba ningún documento que permitiera lograr su plena identificación. Ante la gravedad de los hechos, la Sijín y la Fiscalía asumieron la investigación para esclarecer el caso, determinar quiénes son los responsables y dar con el paradero de sus familiares."Serán las autoridades judiciales competentes quienes continúen con el proceso. Nosotros, toda la institucionalidad, estamos al frente del caso. Policía de infancia y adolescencia, la SIJIN, la fiscalía, y la niña está bajo nuestra protección y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar", señaló.Por ahora, la menor permanece bajo estricta protección en un hogar de paso municipal a cargo de la Secretaría de Gobierno, mientras las autoridades avanzan en las indagaciones para revelar de dónde proviene y restablecer plenamente sus derechos.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta declaró improcedentes las tutelas contra el ICBF por la polémica sobre el uso de la palabra 'niñas'. El tribunal concluyó que no existe una orden nacional para eliminar este término de las comunicaciones de la entidad y que la instrucción que generó la controversia salió de una oficina regional del Huila.La discusión comenzó el 19 de agosto, cuando la Dirección Regional del ICBF en Huila envió una comunicación en la que indicaba que sus contenidos y mensajes debían utilizar únicamente las expresiones "niños y adolescentes”. Esto generó críticas y llevó a tres personas a presentar tutelas contra el Instituto.Quienes presentaron las tutelas, consideraron que esa instrucción podía dejar por fuera a las niñas. Argumentaron que no mencionarlas de manera expresa podía desconocer sus derechos a la igualdad, la dignidad y a recibir un trato que tenga en cuenta sus necesidades particulares.Ante esta situación, el ICBF respondió que nunca ha dado una orden nacional para dejar de utilizar la palabra “niñas”. La entidad explicó que la comunicación que causó la polémica fue emitida únicamente por la Regional Huila y que no era una instrucción de la Dirección General.El Instituto también aclaró que cuando utiliza la palabra “niñez” está hablando de manera general de niños y niñas. Además, precisó que las palabras “niña”, “niñas”, “niño”, “niños” y “adolescentes” pueden seguir utilizándose cuando sea necesario identificar a un grupo específico o hablar de situaciones que afectan de manera diferente a niñas y niños.Por lo que el juzgado revisó las pruebas y concluyó que no había elementos para afirmar que el ICBF hubiera creado una política para excluir a las niñas de sus comunicaciones. El fallo recuerda que dentro de los propios objetivos del Instituto se habla expresamente de proteger y fortalecer el desarrollo de “niñas, niños y adolescentes”.Pero el juez también encontró un problema en la forma en que fueron presentadas las tutelas. Los demandantes dijeron actuar en nombre de las niñas de Colombia, pero no demostraron representar legalmente a esas menores ni explicaron por qué sus representantes legales no podían acudir a la justicia. Por esta razón, consideró que no estaban autorizados para presentar una tutela en nombre de un grupo tan amplio.Finalmente, el tribunal cerró esta primera disputa judicial al declarar improcedentes las tutelas, al considerar que este mecanismo no podía utilizarse en este caso. También señaló que antes de acudir a un juez los demandantes podían haber presentado un derecho de petición ante el ICBF para pedir una explicación.
"La niñez no se toca. Mucho menos para la guerra". Ese es el llamado que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, tras la confirmación de que tres menores de 15 y 16 años murieron durante la Operación Amón, desarrollada en zona rural de El Retorno, Guaviare, contra una estructura de las disidencias de alias ‘Calarcá’.Más allá de las acciones militares y judiciales que se adelantan frente al reclutamiento de menores, el ICBF puso el foco en la prevención y en la necesidad de llegar a las comunidades antes de que los grupos armados conviertan a niños, niñas y adolescentes en instrumentos de la guerra. La directora del ICBF, Carolina Restrepo, aseguró que el instituto ya tiene presencia en los territorios y que este trabajo será fortalecido, con mayor cobertura y especial atención en las zonas donde la niñez se encuentra en mayor riesgo.“Vamos a trabajar con las familias, a escuchar directamente a la niñez y la adolescencia y a actuar sobre las condiciones que están aprovechando los criminales para reclutarlos, utilizarlos y violentarlos”, señaló Restrepo.Para el Instituto, la prevención no puede comenzar cuando un menor ya fue reclutado. La apuesta es identificar previamente las condiciones de vulnerabilidad que pueden ser aprovechadas por los grupos armados para captar a los menores y fortalecer el acompañamiento a las comunidades.El caso de Guaviare volvió a poner sobre la mesa la gravedad de esta problemática. El Ministerio de Defensa confirmó que tres de los diez combatientes muertos durante la operación eran menores de edad: dos tenían 15 años y uno, 16. Las autoridades calificaron el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado como un crimen de guerra y una grave violación del derecho internacional humanitario. Frente a este panorama, Restrepo también destacó la importancia de escuchar a quienes han vivido directamente el reclutamiento. En ese proceso participa Deisy Dorelly, quien fue reclutada cuando era menor de edad y hoy trabaja en el ICBF. Su experiencia, según la directora, será fundamental para comprender las dinámicas de las comunidades y mejorar las estrategias de prevención.La apuesta del Instituto es entonces llegar antes: fortalecer el trabajo territorial, acompañar a las familias, escuchar a los menores y actuar sobre los factores que los ponen en riesgo.
Hoy se cumplen diez años de la Ley 1804 de 2016, conocida como la Ley de Cero a Siempre, que convirtió en política de Estado el desarrollo integral de la primera infancia y reconoció a las niñas y los niños, desde la gestación hasta los seis años, como sujetos de derechos prevalentes. La norma estableció la responsabilidad conjunta del Estado, la sociedad y las familias para garantizar su acceso a salud, nutrición, educación inicial, cuidado, protección y participación.Una década después, aunque el país cuenta con un marco normativo sólido y registra avances en la consolidación de la atención integral, persiste uno de los principales desafíos que motivaron la creación de esta política: cerrar las brechas y garantizar que los derechos de la primera infancia se cumplan sin importar el territorio donde viven. De acuerdo con cifras oficiales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, reporta un avance cercano al 88 % en la meta de atender integralmente a 1,9 millones de niñas y niños. Sin embargo, para Red PaPaz, esta cifra debe analizarse frente al universo total de población en primera infancia: alrededor de 4,34 millones de niñas y niños entre cero y cinco años.Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz, explicó a Blu Radio que la diferencia evidencia el tamaño del reto. Según señaló, la meta institucional no alcanza a cubrir a la totalidad de los niños que requieren servicios integrales de salud, nutrición, educación inicial, cuidado y protección.La preocupación aumenta cuando se revisa la situación por territorios. Las mayores brechas permanecen en zonas rurales dispersas, comunidades étnicas y regiones afectadas por el conflicto armado, donde las dificultades para garantizar una atención integral siguen siendo mayores. A esto se suma el reto de fortalecer el acompañamiento a los municipios para mejorar la gestión territorial de la política.Piñeros insistió en que hablar de atención integral implica mucho más que garantizar el acceso a la educación inicial. La salud, la vacunación, la nutrición, el cuidado y la protección hacen parte de un mismo conjunto de derechos que resultan determinantes durante los primeros años de vida. El reciente terremoto también puso sobre la mesa nuevas dificultades. La directora de Red PaPaz advirtió que al menos 78 centros de desarrollo infantil resultaron afectados en medio de la emergencia, lo que representa un nuevo desafío para garantizar la continuidad de la atención de los niños en las zonas impactadas, particularmente en departamentos como Chocó.Para la organización, el aniversario de la Ley de Cero a Siempre debe convertirse en un punto de inflexión para el país y para el nuevo Gobierno. La petición es que durante los próximos cuatro años se fortalezcan las acciones de seguimiento, la inversión y, especialmente, la mirada territorial para evitar que los derechos establecidos en la ley se queden únicamente en el papel.Otro de los llamados está relacionado con la financiación. Red PaPaz plantea que Colombia debería avanzar hacia una inversión equivalente, como mínimo, al 1,16 % del Producto Interno Bruto en primera infancia. Piñeros recordó que el Gobierno anterior destinó alrededor del 0,84 % del PIB a este sector y señaló que todavía no se conocen los datos definitivos de ejecución.La discusión cobra mayor relevancia porque, según Red PaPaz, la primera infancia representa una de las inversiones sociales con mayor impacto a largo plazo. Una adecuada atención durante los primeros años puede contribuir a reducir enfermedades, fortalecer el desarrollo y mejorar las capacidades de aprendizaje y bienestar de las nuevas generaciones.A diez años de la Ley de Cero a Siempre, el desafío para Colombia ya no es únicamente mantener una política de Estado para la primera infancia, sino lograr que sus beneficios lleguen efectivamente a todos los niños y niñas, especialmente a quienes viven en los territorios donde las brechas siguen siendo más profundas.
La polémica por el uso de las expresiones “niños y adolescentes” y “niñas, niños y adolescentes” llegó a la Defensoría del Pueblo, que pidió explicaciones formales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, sobre las directrices que actualmente rigen el lenguaje utilizado por la entidad para referirse a esta población.En una comunicación enviada el 25 de agosto a la directora del ICBF, María Carolina Restrepo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó información sobre una instrucción que, según información conocida por medios de comunicación, habría sido impartida en la Regional Huila para utilizar la expresión “niños y adolescentes” sin mencionar de manera explícita a las niñas.La Defensoría también pidió precisar el alcance de esa orientación y contrastarla con las declaraciones posteriores de la directora del ICBF, quien ha señalado que el término “niñez” comprende tanto a niños como a niñas. Para el organismo, no se trata únicamente de una discusión gramatical o de estilo, pues el lenguaje institucional puede tener efectos sobre la inclusión y el reconocimiento de determinados grupos.En su solicitud, la Defensoría recordó además que la Ley 1098 de 2006 establece que la perspectiva de género debe ser tenida en cuenta en los ámbitos en los que se desenvuelven niños, niñas y adolescentes. Según el documento, mencionar expresamente a las niñas también permite reconocer problemáticas que pueden afectarlas de manera diferenciada, como la violencia sexual, la explotación, las uniones tempranas, el embarazo forzado, la trata y otras formas de violencia basada en género.Por eso, el organismo pidió al ICBF informar cuál es la directriz vigente sobre el uso de las palabras “niñas”, “niños”, “adolescentes” y “niñez”; establecer si se trata de una orientación nacional o regional, quién la impartió y cuándo fue adoptada. También solicitó copia de los documentos, circulares, correos o lineamientos que sustenten esa instrucción.La Defensoría también preguntó si el ICBF evaluó los posibles efectos de esta orientación sobre la visibilización de las niñas y si contempla revisar o ajustar las instrucciones a raíz de las inquietudes que se han generado.Frente a esta solicitud, el ICBF aseguró que responderá a la Defensoría del Pueblo dentro de los términos establecidos por la ley. La entidad fue enfática en señalar que no pretende “borrar a las niñas del lenguaje institucional” y mucho menos excluir o vulnerar a esta población.
El aumento del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados encendió las alertas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), luego del reciente informe presentado por Human Rights Watch, que advierte sobre la persistencia de este fenómeno y las nuevas formas utilizadas para acercarse a los menores.Ante este panorama, el Icbf anunció que reforzará sus estrategias de prevención, especialmente en las comunidades donde existen mayores factores de riesgo y donde la presencia de grupos armados amenaza los derechos y los proyectos de vida de niños y adolescentes.Deisy Dorelly Guanaro, integrante de la Dirección General del Icbf y encargada de los asuntos relacionados con la prevención del reclutamiento, aseguró que la entidad trabajará de manera articulada con las comunidades, organizaciones sociales y ONG para evitar que más menores sean víctimas de este delito.Pero la preocupación no se limita a los territorios. El Icbf también identificó las redes sociales como uno de los nuevos escenarios utilizados por los grupos armados para acercarse a los menores. Por esta razón, la entidad anunció que buscará trabajar de la mano con plataformas como TikTok, Instagram y Facebook para prevenir y bloquear contenidos que puedan poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes.El informe de Human Rights Watch, titulado “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá: reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia”, advierte sobre el crecimiento de esta problemática en diferentes regiones del país y señala las estrategias que estarían utilizando los grupos armados para captar a menores de edad.Para el Icbf, estos hallazgos representan un llamado a fortalecer las acciones institucionales y a desarrollar nuevas estrategias de prevención desde los territorios. La prioridad, según la entidad, es intervenir en las zonas donde los menores enfrentan mayores riesgos y garantizar que puedan crecer alejados de la violencia y con oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida.
La directora del ICBF, María Carolina Restrepo Cañavera, aseguró que durante el gobierno anterior la contratación por prestación de servicios del Estado creció de manera extraordinaria.“Entre agosto de 2022 y junio de 2025 pasó de 221.201 a 418.805 contratos frente al período comparable anterior, y su valor pasó de $8 a $15 billones”, explicó Restrepo Cañavera.Aseguró también que el ICBF no fue ajeno a este crecimiento, puesto que en 2022 registraba 6.427 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, mientras que para 2024 llegó a tener 9.795 contratistas bajo esta modalidad.Restrepo Cañavera aseguró que en el ICBF ya comenzaron a investigar por qué creció de esa manera la contratación, cuántos de esos contratos eran necesarios, qué resultados generaron y qué recibió la entidad a cambio.Además, señaló que están revisando la contratación con rigor. “Estamos revisando la contratación con rigor, contrato por contrato, objeto por objeto, obligación por obligación, producto por producto. Necesidad, ejecución, cumplimiento y resultados”, aclaró.La directora también afirmó que el país conocerá los resultados de esta revisión. “Colombia va a saber lo que encontremos. Va a saber quién contrató, quién fue contratado, cuánto recibió, para hacer qué y qué entregó a cambio. Sin privilegios. Sin intocables. Sin esconder nada”, escribió.Asimismo, afirmó que, si encuentran hechos irregulares, estos serán documentados y puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y, cuando corresponda, la Fiscalía General de la Nación.Finalmente, aseguró que “El ICBF no es el cajero de nadie” y que la institución trabaja por el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, y no por el beneficio de políticos, contratistas o intereses particulares.
La Asociación Colombiana de Criminología cuestionó el cambio en las directrices del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) relacionado con el uso de la palabra “niñas” en sus comunicaciones. Luz Elena Rodríguez Mesa, presidenta de la organización, sostuvo que diferenciar entre niñas y niños no responde únicamente a una cuestión semántica, sino que tiene implicaciones para las políticas públicas, las rutas de atención y los protocolos dirigidos a la infancia y la adolescencia.“Las niñas son titulares de derechos y están expresamente reconocidas por la Constitución y la Ley 1098”, afirmó Rodríguez Mesa. Según explicó, la diferenciación también está contemplada en el Código de Infancia y Adolescencia y en convenios internacionales mencionados durante la entrevista.La presidenta de la asociación señaló que existen factores de riesgo diferentes según el sexo y puso como ejemplo situaciones de emergencia. En ese contexto, indicó que puede aumentar la probabilidad de explotación sexual, trata de personas y delitos sexuales contra niñas, mientras que mencionó el reclutamiento forzado entre los riesgos relacionados con los niños.Rutas de atención y políticas públicasRodríguez Mesa insistió en que utilizar únicamente el término “niñez” no resolvería las preocupaciones planteadas por la organización, debido a la necesidad de establecer mecanismos diferenciados de atención.“Las niñas y los niños tienen que tener una diferenciación en las rutas de atención y en los protocolos, precisamente porque las aquejan problemáticas diferentes”, sostuvo.La dirigente también mencionó problemáticas como los delitos sexuales, la explotación sexual infantil, la mutilación genital y el matrimonio en menores de edad, y señaló que estos fenómenos deben ser considerados en la formulación de políticas públicas.La importancia de las estadísticasOtro de los argumentos expuestos está relacionado con la medición y evaluación de las políticas. Rodríguez Mesa señaló que, sin una diferenciación estadística, sería más difícil identificar los focos de atención, realizar diagnósticos y medir la eficacia de las acciones.“Esto no es un problema de lenguaje. Acá estamos hablando de unos lineamientos públicos y estamos hablando del conocimiento basado en evidencia”, afirmó.Finalmente, sostuvo que la diferenciación hace parte de avances legislativos y judiciales que, según explicó, se han desarrollado durante las últimas tres décadas. Para la Asociación Colombiana de Criminología, mantener ese componente diferencial es necesario para una atención integral y eficaz de niñas, niños y adolescentes.Escuche la entrevista completa acá:
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, anunció la gestión de más de 253.000 millones de pesos para garantizar la continuidad de los servicios de atención a la primera infancia hasta diciembre de 2026, en medio de las denuncias por interrupciones en programas dirigidos a niños y niñas en diferentes regiones del país.De acuerdo con la entidad, los recursos ya fueron trasladados a las direcciones regionales, que deberán avanzar en los procesos de contratación que permanecen pendientes y permitir así la reactivación de los servicios relacionados con atención, educación y alimentación.El ICBF también señaló que la actual administración encontró una situación que, según su comunicado, ponía en riesgo la prestación de estos servicios. Se trata de contratos para la atención a la primera infancia que estaban vencidos desde el pasado 31 de julio en 11 departamentos del país.La entidad aseguró que esta situación fue identificada al asumir la actual administración y que se están adelantando las gestiones necesarias para garantizar que los programas puedan continuar y que los derechos de los menores no se vean afectados.Pero el panorama también está bajo la lupa por posibles irregularidades. El ICBF informó que adelanta una investigación para establecer si existen casos de corrupción relacionados con algunos operadores. Según la entidad, fueron identificados contratistas que tienen procesos sancionatorios activos y que, pese a esta situación, continúan prestando servicios en territorio.Frente a estos casos, la institución anunció una revisión de cada situación y aseguró que se adoptarán las medidas correspondientes una vez avancen las investigaciones.La directora general del ICBF, Carolina Restrepo, también adelanta una revisión del presupuesto y de los procesos de contratación de la entidad para 2027, con el objetivo de evitar nuevas interrupciones y garantizar que la atención a niños, adolescentes y familias se mantenga de manera oportuna durante el próximo año.El Instituto aseguró que esta nueva etapa estará marcada por una mayor vigilancia y control sobre los recursos destinados a la niñez y a las poblaciones más vulnerables. La apuesta, según la entidad, es garantizar que los recursos públicos lleguen de manera eficiente a quienes los necesitan y que la atención de la primera infancia no vuelva a quedar en riesgo por retrasos contractuales.
Estos fueron los temas tratados este 25 de septiembre, en Recap Blu:Otty Patiño, excomisionado de Paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, habló sobre la extradición de alias 'Araña', las polémicas declaraciones de David Murcia Guzmán y el proceso de la fallida paz total.Las últimas imágenes de alias 'Araña' antes de du extradición y la advertencia del presidente Abelardo De La Espriella a Iván Márquez.El mandatario De La Espriella también respondió a quienes lo cuestionaron por portar un arma: "Que sigan criticando, que eso me impulsa".Se mantiene la cadena perpetua contra Daniel Sancho por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta.Sobrevivientes del accidente del avión que transportaba al equipo de Chapecoense volvieron al lugar del sinietro casi 10 años después.
MiLoto realiza este viernes 25 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este viernes 25 de septiembre de 2026 es: 36 - 18 - 10 - 08 - 31.Para esta jornada, el acumulado de MiLoto asciende a $160 millones. El resultado oficial permitirá conocer los números sorteados y el balance de ganadores en las diferentes categorías de aciertos.MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?Para este viernes, 25 de septiembre de 2026, el acumulado de MiLoto es de $160 millones.Cuando no se registra un ganador en la categoría de cinco aciertos, el acumulado del premio mayor aumenta para la siguiente jornada, de acuerdo con la mecánica del juego.Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.
El excomisionado de paz Otty Patiño aseguró en Recap Blu que durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro nunca conoció de un eventual ofrecimiento de una gestoría de paz a David Murcia Guzmán, condenado por el caso DMG. Esta declaración se produjo luego de que Murcia se retractara de varios señalamientos contra el actual presidente Abelardo De La Espriella y afirmara que, antes de realizar esas acusaciones, recibió expectativas relacionadas con una posible salida de prisión mediante esa figura.En entrevista con Recap Blu, Patiño sostuvo que las decisiones relacionadas con las gestorías de paz eran conocidas y consultadas dentro de la Consejería de Paz, pero afirmó que el nombre de Murcia Guzmán nunca estuvo sobre la mesa.“No tengo la menor idea, porque todas las gestorías de paz eran comunicadas, eran, digamos, consultadas con nosotros. En ningún momento a nosotros como Consejería nunca se nos consultó nada sobre este señor”, manifestó el exfuncionario.Patiño también cuestionó que Murcia hubiera sido considerado para una eventual gestoría, al señalar que, desde su perspectiva, no tenía relación con procesos de paz.“Lo cual además me parece absurdo porque este señor no tiene nada que ver con procesos de paz”, afirmó. Choque de afirmacionesFrente a las declaraciones contradictorias del condenado, el excomisionado agregó que Murcia "hoy dice una cosa, mañana dice otra”.Ante la pregunta de si en algún momento, durante su paso por la Consejería de Paz, tuvo conocimiento de un ofrecimiento a Murcia Guzmán, Patiño fue enfático en negarlo."Jamás. Y por supuesto considero que el presidente Petro jamás pensó ni manifestó en esa posibilidad de darle una consejería de paz a este señor", agregó.Las declaraciones se conocen después de que Murcia presentara ante la Fiscalía una retractación de los señalamientos que había realizado contra Abelardo De La Espriella. Según el documento, el condenado afirmó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de obtener su libertad. Finalmente, Patiño rechazó que las gestorías de paz hubieran funcionado como un supuesto “cheque en blanco” para quienes recibieron esa condición.“Y si no lo cumple, pues se le suspende la gestoría. Así de sencillo. Pero de allí para allá, que sea una carta blanca para delinquir, para protegerle actividades delictivas, jamás”, concluyó el excomisionado.
TransMilenio anunció una operación especial para facilitar el regreso de los asistentes a los conciertos de BTS, que se realizarán el viernes 2 y sábado 3 de octubre en el estadio El Campín, en Bogotá.Desde las 10:00 p. m., ocho rutas especiales estarán disponibles en las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena, con destino a diferentes portales y estaciones de la ciudad.Desde Campín–UAN saldrán cuatro rutas:Portal NortePortal AméricasPortal SubaPortal EldoradoDesde Movistar Arena estarán disponibles otras cuatro rutas hacia:Portal UsmePortal 20 de JulioPortal 80Portal SurLos servicios funcionarán de acuerdo con la demanda de pasajeros. La operación habitual de las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena finalizará a las 10:00 p. m. y, entre las 10:00 p. m. y las 11:00 p. m., estas estaciones estarán habilitadas únicamente para facilitar la evacuación de los asistentes.Como alternativa, los usuarios podrán utilizar Universidad Nacional, si salen por Campín–UAN, y 7 de Agosto, si salen por Movistar Arena.¿Cómo llegar al concierto?Para llegar al estadio, TransMilenio contará con 13 rutas troncales en las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena. En Movistar Arena estarán disponibles las rutas 4, B72, D21, G30, L25, C25, C30, H21 y H72.En Campín–UAN funcionarán las rutas 4, B11, C25, G11, S42, D21, E42, H21 y L25.Además, TransMiZonal tendrá 39 rutas con paraderos cercanos al estadio El Campín, ubicados en la NQS, calle 63, calle 53 y carrera 24.TransMilenio recomienda a los asistentes recargar con anticipación la tarjeta tullave, planear el viaje mediante TransMiApp y consultar los canales oficiales de la entidad para revisar horarios y recorridos.La entidad también señaló que los despachos de las rutas especiales se ajustarán según la cantidad de pasajeros durante la salida de los conciertos.
“Ni en el tarimazo ni en la fiesta que tuvieron ellos hubo muertos, pero en una política equivocada de guerra sí hay muchos muertos”, afirmó Otty Patiño, excomisionado de Paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, al referirse a las polémicas que rodearon algunos episodios de la llamada paz total. En entrevista con Recap Blu, Patiño reconoció que durante un proceso de paz pueden cometerse errores, pero defendió la necesidad de priorizar el diálogo frente a una estrategia basada exclusivamente en la confrontación armada.El exfuncionario respondió por situaciones como el denominado ‘tarimazo’ en La Alpujarra y una fiesta realizada por integrantes de estructuras criminales en la cárcel de Itagüí. Patiño aclaró que no justifica ninguno de esos hechos y sostuvo que estos no fueron provocados directamente por la Consejería de Paz.“No, no lo estoy justificando de ninguna manera”, respondió, antes de explicar que, desde su perspectiva, los errores cometidos durante una búsqueda de paz deben analizarse teniendo en cuenta sus consecuencias.Patiño también defendió la estrategia de negociación adelantada durante el Gobierno Petro y rechazó la afirmación de que la paz total hubiera sido simplemente un mecanismo para permitir que los grupos ilegales continuaran delinquiendo. Según explicó, durante su gestión hubo procesos que avanzaron en diferentes niveles, aunque reconoció que algunos, como el del ELN y el Estado Mayor Central liderado por Iván Mordisco, terminaron fracasando."Había varios procesos que fueron fallidos, como el caso del ELN, digamos, donde ellos demostraron que no había voluntad de paz. Y el proceso con el Estado Mayor Conjunto FARC, fundamentalmente al mando del señor Iván Mordisco, que en el Cauca decidió más bien lanzarse a la guerra que hacer parte, digamos, de un proceso de paz. Los demás, en los demás procesos había avances, en los otros 8 o 9 procesos que estábamos adelantando, que además tenían la característica de que eran muy territorializados, allí hubo avances considerables en cada uno de distintas maneras", afirmó.Frente a las críticas sobre las denominadas gestorías de paz, el excomisionado negó que estas figuras hubieran sido utilizadas como una “carta blanca” para delinquir o como instrumentos de política electoral. Aseguró que quienes recibían esa condición tenían obligaciones y debían presentar planes de acción que posteriormente eran evaluados. “Si no lo cumple, pues se le suspende la gestoría. Así de sencillo. Pero de allí para allá, que sea una carta blanca para delinquir, para protegerle actividades delictivas, jamás”, concluyó.
