Polémica ha causado el hecho en el que un hombre obligó a un niño de 9 años a caminar desnudo por las calles del municipio de Pradera, Valle del Cauca. Por esto el ICBF inició una investigación y trasladó al menor a la casa de una tía.Mariela Cerón, madre del niño, dijo en BLU Radio que el menor es de un “temperamento difícil”, desobediente y agresivo, por lo que de una u otra forma justificó el actuar del hombre. “Yo sé que el padrastro actuó mal, pero se castigó porque no me obedece. El padrastro quería que el entendiera los peligros de la calle”, afirmó.Además, agregó: “No es la forma de castigar a un niño de 9 años. Es un niño incontrolable. No tengo quejas de mi esposo, es la primera vez que hace una locura así (…) Yo sé que ese no era el castigo, pero nadie es perfecto en la vida”.Según la señora Mariela, el padrastro nunca ha maltratado al menor ni ella ha permitido que le pegue. "Rubén ha sido un buen papá y no ha sido maltratado", afirmó.Cerón insistió en que al niño “no lo castigaron por no aprenderse las tablas” de multiplicar. “Han dicho muchas mentiras. (…) Es muy triste que mi niño no viva conmigo, pero eso le sirve para que cambie y aprenda a no escaparse”.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:
Cinco adolescentes entre 14 y 16 años abusaron de una mujer de 27 años, en el municipio de Buriticá en el occidente de Antioquia, según el alcalde, la mujer no contaba con las condiciones físicas para pedir ayuda.Las autoridades se enteraron de este hecho cuando comenzó a circular un video que fue grabado por uno de los adolescentes en el que quedó registrado el momento donde los cuatro abusaban sexualmente de la mujer, según el alcalde de Santo Domingo, activaron la ruta de atención.“Uno de los jóvenes publica el video y de ahí se da inicio a la investigación y al corroborar la información, efectivamente estos hechos lamentablemente eran reales y activamos todas las rutas” indicó: Luis Hernando Graciano, Alcalde de Buriticá.Teniendo en cuenta que se vieron involucrados menores de edad, activaron la atención con las entidades correspondientes como la Policía de infancia y adolescencia y el ICBF para el restablecimiento de derechos de los menores.
Desde el 2018, la abogada María Paula Azcuénaga ha perdido todo contacto con sus dos hijos, según cuenta, esto ha sido por la negativa por parte del padre de los pequeños que le impide acercarse a ellos.La abogada asegura que el pasado 25 de mayo la Juez Séptima de Familia de Barranquilla le ratificó la custodia de sus hijos y, a los dos días, nuevamente le ordenó al papá entregarles los pequeños de 9 y 11 años, pero en ambos casos el llamado fue desacatado por parte de su exesposo, el empresario Mariano Díaz."Yo tengo la custodia de los niños desde este año, pero el papá de los niños no me los permite ver hace tres años. No sé dónde los tiene", explicó Azcuénaga en diálogo con Mañanas BLU.María Paula afirma que incluso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como autoridad competente, ha realizado 13 operativos policivos fallidos a lo largo y ancho del territorio nacional para ubicar a los niños y hacer cumplir la decisión de custodia materna, pero no ha sido posible. En medio de todo está el sufrimiento de los pequeños."Durante este tiempo que han estado bajo la custodia de él y sin tener ningún contacto conmigo, mi hijo mayor desafortunadamente ha sido hospitalizado en cinco ocasiones por crisis de ansiedad, debido a este temor que le suscita su papá", agregó María Paula.Con el miedo que le causa la idea de que su exesposo se lleve a sus dos niños fuera del país, la abogada emprendió una cruzada por redes sociales, donde se atrevió a divulgar fotografías y datos de los pequeños con tal de localizarlos cuanto antes."Durante este doloroso proceso, me había abstenido de revelar la imagen y nombres de mis hijos, por considerar prioritario salvaguardar su derecho a la intimidad. Sin embargo, he tomado la difícil decisión de hacerlo público, pues temo que los niños sean ilegalmente sustraídos de Colombia por parte de su padre", dijo.Además, añadió: "Al parecer, él está fuera del país sin fecha de retorno y los niños están ocultos. Él los ha llevado a crisis de ansiedad por el odio que les infunde hacia mí".Mientras tanto, el empresario Mariano Díaz insiste en que debe quedarse con los niños, pues afirma que estos han sido víctimas de agresión y abuso por parte de su madre.El matrimonio Díaz Azcuénaga se disolvió precisamente tras las discrepancias que surgieron por la crianza de los niños. A la fecha, más de 20 pleitos legales se han desarrollado de manera simultánea en juzgados de Barranquilla y Bogotá para resolver la custodia de los dos menores, pero aún no finaliza este drama.
BLU Radio conoció que, además de la indagación preliminar, la Procuraduría General activó cuatro delegadas para el caso de presunto abuso sexual a niños en el jardín infantil de Buen Comienzo de Medellín. Lo harán de la siguiente manera: La Procuraduría Judicial para la Defensa de los Niños acompaña a los menores y a sus familias para que accedan oportunamente a la justicia, no sean revictimizados y además evalúa la calidad de los funcionarios a cargo de las rutas de atención. La Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales interviene y sigue el proceso contra el presunto agresor abusador y la delegada Provincial del Valle de Aburrá y la de Familia en Medellín vigila las acciones que las diferentes instituciones involucradas están tomando frente a las denuncias. Entre tanto, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, que fue la que abrió dicha indagación preliminar, verifica "las presuntas irregularidades que se cometieron en el marco del desarrollo de este convenio y que pudieron incidir en esta lamentable situación de violación a los derechos humanos de varios niños y niñas beneficiarios del programa".Hasta el momento, han recogido más de 1.300 folios de diferentes entidades como la alcaldía de Medellín, el ICBF, el interventor, el operador, el contrato del presunto agresor, entre otros, para analizar tanto el convenio suscrito como la vigilancia al mismo y los lineamientos del programa.
Los familiares de los 22 niños que habrían sido víctimas de Ismael Darío Lopera, alias "Manolo", celebraron que este hombre fuera enviado a la cárcel por el supuesto abuso sexual cometido en el jardín infantil Pequeños Exploradores de Buen Comienzo, en Santa Cruz, Medellín.Sin embargo, algunos de los padres de los menores insisten que así como él, las docentes del centro infantil deben ser investigadas por una supuesta complicidad."Por fin se va a hacer justicia y esperamos que también las docentes, cada una, responda sea por negligencia o por haber tapado", insistió la mamá de uno de los pequeños que habría sido víctima del abuso.A pesar de que "Manolo" no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, los padres esperan que el proceso avance para que sea condenado."En esta ocasión, ojalá podamos ser un poquito más contundentes e irnos realmente a buscar la verdad de todo esto. Esperamos que se haga justicia, pero empezamos apenas la primera etapa", agregó un papá.Según los juristas, Ismael Darío Lopera se enfrenta a una condena de hasta 30 años, pero podría ser incluso más alta por el número de víctimas que se confirmen durante el proceso investigativo.
¿Por qué la alcaldía de Medellín demoró en activar el código fucsia? ¿Qué pasó entre el 18 de junio, día en el que se conoció el primer caso y el 28 de ese mismo mes, cuando apenas el ICBF fue notificado? Son preguntas que se hace la directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar familiar, Lina Arbeláez, quien pidió investigación administrativa.Según el alcalde Daniel Quintero la primera en ser notificada fue la fiscalía, pero hubo un vacío de por lo menos 8 días para notificar al ICBF y activar la atención.“El código fucsia exigía no sólo activar no sólo a la Fiscalía, sino también al ICBF, y no hemos encontrado todavía reporte, de que una vez ocurrió eso dentro del jardín se hubiese reportado al ICBF”, señaló el mandatario local.Las familias, pese a sentir alivio por la captura de Manolo, exigen a la justicia y a los entes de control, llegar hasta el fondo de este caso.
Las autoridades detuvieron al presunto responsable de las agresiones sexuales a menores de edad, cuando trabajaba en una guardería en la ciudad de Medellín, informó este jueves la Fiscalía.El sospechoso, auxiliar de nutrición del centro, fue detenido en Santa Rosa de Osos (Antioquia) y se le acusará de delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menores de 14 años agravados.El caso se destapó la semana pasada cuando varias madres denunciaron abusos y tocamientos a sus hijos en el centro de primera infancia Pequeños Exploradores de Medellín, gestionado por la Alcaldía de esta ciudad, la segunda más importante del país, y cofinanciado por el estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Las denuncias han ido en aumento y pasaron de 14 los menores que supuestamente habrían sido abusados a 21 denuncias, que apuntaban a Ismael Darío Lopera. Tangarife, conocido por "Manolo", que trabajaba en el servicio de comedor y alimentación del centro.Las familias se quejan de que tanto la dirección del colegio como las autoridades han tardado mucho en actuar, debido a que dieron la voz de alarma a mediados del mes pasado, y no es hasta hoy que se ha conseguido detener al presunto responsable.La Fiscalía alega que, tras conocer la denuncia de uno de los padres el 28 de junio, "activó una ruta de atención conformada por un equipo con enfoque diferencial y de género".A pesar de que las denuncias ascienden a 21, la Fiscalía asegura que tiene pruebas de que "por lo menos, seis menores de edad habrían sido abusados".El centro infantil, situado en el barrio de Santa Cruz, en donde son atendidos 72 niños y niñas, fue cerrado temporalmente y los beneficiarios "seguirán recibiendo atención mediante el modelo de acompañamiento en casa".El ICBF contabilizó en 2020 11.665 casos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes en Colombia, y en febrero pasado el presidente Iván Duque sancionó una ley que prohíbe que los delitos sexuales cometidos contra esta población prescriban y así puedan ser juzgados aunque haya pasado el tiempo.
Las autoridades siguen tras el rastro de Ismael Darío Lopera, alias 'Manolo', quien sería el “amigo grande” señalado de estos supuestos vejámenes contra, al menos, 22 menores en el jardín Pequeños Exploradores en Santa Cruz.Este hombre, de 52 años, continuaría escondido en el Valle de Aburrá, según las investigaciones adelantadas por la Policía y el CTI de la Fiscalía. Además, cuando empezó todo este escándalo en su contra, alias 'Manolo' estuvo en tres sitios donde familiares e, incluso, donde su novia.Según el general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana, se hicieron allanamientos en estos lugares y se recaudó información..Aunque los operativos continúan y hay una recompensa de hasta $50 millones, el secretario de Seguridad de Medellín, general en retiro José Gerardo Acevedo, pidió a Manolo que se presente a la justicia."El llamado es a que nos sigan dando información, igual viene una labor puntual de estas instituciones, pero también, si nos está escuchando Manolo, pues que si se puede entregar, mucho mejor también", manifestó el funcionario.La Policía y el CTI esperan que a más tardar el fin de semana sea ubicado y capturado este hombre acusado del repudiable hecho.
Después de que se conociera un video en el que supuestos integrantes de la denominada Primera Línea en Medellín les enseñan a niños a confrontar a la fuerza pública con escudos y arengas, el presidente Iván Duque se refirió a estos hecho asegurando que repudia las imágenes donde se ven que algunos están adoctrinando, reclutando y entrenando niños con el objetivo de una confrontación violenta."Quiero expresar el repudio total a esas imágenes que hemos visto, donde aparecen algunos adoctrinando, reclutando y entrenando niños para una confrontación violenta con la sociedad, violenta con las autoridades”, dijo Duque.El primer mandatario aseguró que a quienes han incurrido en esas prácticas de reclutamiento adoctrinamiento y entrenamiento de niños para sus fines tiene que caer todo el peso de la ley.Hay que recordar que Lina Arbeláez, directora del ICBF, en diálogo con Mañanas BLU lamentó lo sucedido y confirmó la veracidad de los videos que circulan en las diferentes redes sociales.
En las últimas horas se conoció un video en el que supuestos integrantes de la denominada Primera Línea en Medellín les enseñan a niños a confrontar a la fuerza pública con escudos y arengas. Este hecho generó el rechazo de cientos de personas.Lina Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en diálogo con Mañanas BLU, lamentó lo sucedido y confirmó la veracidad de los videos que circulan en las diferentes redes sociales.“Desafortunadamente sí la confirmamos. Enviamos un equipo especial para verificar los derechos de los niños que estaban en el video. Se paró la actividad y se propuso un trabajo con los padres de familia para entender el esquema de las obligaciones y deberes que tenemos”, dijo Arbeláez.La directora confirmó que esa actividad se realizó en el Parque de los Deseos de Medellín, donde también había presencia de algunos padres familia.Asimismo, la funcionaria anunció que fue solicitada ante la Fiscalía General una investigación contra los responsables, pues “en el video se evidencia el tema de enseñar a confrontar a la fuerza pública, unos canticos de odio y la utilización del escudo como mecanismo de defensa”.Arbeláez reiteró que "la utilización de menores de edad en el marco de incitación a la violencia está prohibido” y que la edad de los menores variaba entre los 5 y 9 años.Abuso de menores en jardín infantil de MedellínSobre el abuso sexual a varios menores en un jardín infantil de Medellín, la directora del ICBF aseguró que se envió un equipo de personas para acompañar a las familias y “trabajar de la mano de la Fiscalía para saber si hay más niños víctimas”.De igual forma, pidió que se dé pronto la captura de “de este criminal, de esta bestia y que podamos tener justicia".Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:
El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, confirmó a través de su cuenta de Twitter la captura de los presuntos responsables de la agresión a un hincha que se convirtió en la chispa que detonó graves desmanes entre seguidores de Independiente Santa Fe y Nacional en la noche de este martes.Por la brutal agresión contra el hincha cardenal, tres asistentes al juego que portaban camisetas de Nacional permanecen detenidos en la mañana de este miércoles en la URI de Puente Aranda, en Bogotá.En total, siete personas fueron detenidas por los hechos de violencia que empañaron la fiesta del fútbol que tras más de 480 días de sequía registraba el ingreso de hinchas al principal estadio de la capital.Tras labores de verificación, cuatro de los sospechosos puestos en libertad.La pelea inició luego que terminara el primer tiempo del compromiso. Algunos aficionados se agarraron en las tribunas y otros en la gramilla del escenario deportivo.Los hechos obligaron a las autoridades a tomar medidas urgentes para evitar nuevas agresiones, pues en videos que circulan en redes sociales se puede observar la sevicia que tuvieron algunos.“Para evitar nuevos enfrentamientos se concluye la evacuación de los hinchas de los dos equipos con un fuerte dispositivo de Policía”, dijo Gómez.Además, precisó que los capturados fueron identificados gracias a dispositivos electrónicos.“Se han capturado a 3 responsables de la violencia identificados en vídeos de seguridad”, precisó el secretario de Gobierno.Luis Ernesto Gómez indicó que se continúa con las labores de identificación de nuevos casos y los demás responsables de estos ataques que generan indignación en el país.Cabe resaltar que la alcaldesa Claudia López anunció que, luego de estos desmanes, se suspende el ingreso del público a los estadios y habrá una reunión con Dimayor y demás entidades del fútbol colombiano para aplicar “medidas más severas”.“Se suspende el ingreso de público a los estadios y se convoca mañana a las 10:00 de la mañana a Dimayor y demás miembros de mesa de seguridad en el fútbol para que se apliquen las más severas sanciones por los hechos inaceptables de hoy en el Campín”, precisó la alcaldesa.“Lo que han hecho unos hinchas desadaptados y violentos es inaceptable con Bogotá”, agregó la mandataria local, quien mostró su descontento y rechazó lo sucedido, pues la esperada vuelta del público se dio tras casi un año desde la pandemia por coronavirus y terminó con una jornada “inaceptable”.
El controvertido fallo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que dio como perdedor al boxeador colombiano Yuberjen Martínez sigue en pie y el japonés Ryomei Tanaka disputará la semifinal de boxeo en la categoría de los 52 kilos. Así lo decidió el Tribunal de Arbitraje en el Deporte (TAS por sus siglas en francés), que analizó el caso a petición del Comité Olímpico Colombiano (COC) este miércoles. El COC elevó petición al TAS para que se tomaran medidas en tres escenarios posibles: la primera, declarar a Martínez ganador, usando el principio Pro Competitione; la segunda, de no declarase ganador al colombiano, que se considerase el fallo nulo y se ordenara una repetición; en tercer lugar, en caso que se niegue a las dos solicitudes anteriores, que Martínez fuese el semifinalista en caso que Tanaka no pueda pelear por salud.Sin embargo, el TAS desestimó las peticiones y dejó en firme el controvertido fallo, que se convirtió en uno de los escándalos más sonados de los Juegos Olímpicos debido a que el japonés salió en silla de ruedas del escenario deportivo, visiblemente afectado por la paliza que le propinó el colombiano.
El vicedefensor del Pueblo, Luis Fajardo, habló en Mañanas BLU sobre la situación de los militares en retiro colombianos que están detenidos en Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moise.El funcionario reveló que los connacionales acusados de ser mercenarios están recluidos en condiciones inhumanas, que ellos manifiestan ser víctimas de una trampa y que vio una foto que muestra a uno de ellos reunido con personalidades políticas del país antillano.Las autoridades haitianas pusieron como condición, para que la Defensoría del Pueblo se reuniera con los militares en retiro, que no se abordara nada del proceso.“Nos dijeron que si en la carta escribían algo sobre el proceso nos las quitaban”, sostuvo Fajardo.Condiciones inhumanasSegún Fajardo, los 18 colombianos detenidos no tienen contacto con parientes desde su detención y que en Haití no existe la figura de la defensoría pública por lo que no hay nadie que vele por sus derechos.“Están en una celda de seis metros por dos metros. Ahí viven todo el día. Duermen apiñados uno al lado del otro. La celda no tiene luz solar, no han tenido contacto con sus familiares desde el día de su detención”, contó.“Nos dijeron que habían permanecido esposados desde el momento en que fueron capturados”, complementó.Interrogados por el FBILos colombianos detenidos en Haití fueron interrogados por miembros del FBI, según sus declaraciones. Algunos de ellos manifiestan que no ven con malos ojos la posibilidad de que sean pedidos en extradición por Estados Unidos, ya que esta sería una forma de que sus derechos procesales sean respetados.“No se trata de pedir que los absuelvan, sino que les den unas garantías”, dijo el funcionario.¿Víctimas de una trampa?Una de las condiciones de las autoridades haitianas para permitir la entrevista de los detenidos con el vicedefensor Fajardo fue no abordar detalles acerca de la investigación por el magnicidio de Jovenel Moise. Sin embargo, esto no se pudo evitar.“Desde que se sentaban con nosotros les advertíamos que por favor no nos dijeran nada del proceso. Ahora, pese a que se los dijimos y a que estábamos rodeados de ocho policías haitianos varios de ellos igual lo primero que nos decían era: ‘mire, nos tendieron una trampa’”, refirió Fajardo.El vicedefensor reportó que tuvo acceso a una imagen en la que se aprecia a uno de los colombianos acusados de matar a Jovenel Moise con importantes políticos haitianos.“En algún momento me pidieron que le tradujera la declaración a uno de los detenidos. Todo está en francés, para que la firmara. Yo se la leí y era básicamente el reconocimiento de unas personas que estaban en una foto con el detenido y cuando él nos informó, nos dijo que eran políticos importantes de Haití. En la foto uno lo veía con varias personas al lado de unas banderas de Haití. Ahí hay una situación muy compleja”, afirmó.“Hay una foto de un exmilitar colombiano con aproximadamente cinco personas que, según me explicó allí el detenido, eran políticos muy importantes de Haití”, complementó.Escuche al vicedefensor Luis Fajardo en entrevista con Mañanas BLU:
La Alcaldía de Cali instaló varias materas en el puente ubicado en la calle quinta con carrera sexta, a la altura de Comfenalco con el fin de iniciar un proceso para ser deshabilitado en ese importante corredor vial y peatonal del centro de la ciudad.El director de planeación distrital, Roy Alejandro Barreras, aseguró que el desuso de esta construcción llevará a su desmonte a futuro. “Este puente se encuentra en mal estado, con problemas estructurales y sin acceso para las personas en condición de discapacidad. Por esa razón será eventualmente desmontado y se convertirá en un espacio de paisajismo urbano para embellecer la fachada de la calle quinta”, dijo el funcionario Barreras.También dijo el director de Planeación distrital que a partir de la fecha, se continuarán añadiendo más elementos de jardinería mientras se logra su cierre total.“Con este cierre, se va a reducir la presencia de habitantes de calle y ladrones que frecuentaban esta zona en diferentes horas del día. Es momento de que Cali continúe su proceso de darle más espacio al peatón en la vía”.Sin embargo, algunos sectores de opinión no están de acuerdo con la medida de prolongar por más tiempo la destrucción del puente. La concejala de Cali, Alexandra Hernández, dijo que tener los dos cruces peatonales y el puente, al mismo tiempo, no asegura nada en materia de seguridad:“Una estructura que se deje al abandono continuará aumentando la inseguridad en la zona ya que al no haber circulación de usuarios sobre la misma, puede servir de guaridas para los delincuentes que tienen azotada a la comunidad de San Antonio y La Merced. Por eso el puente tiene que ser demolido ya mismo y no invertir recursos en adornos como plantas y materas”, aseveró Hernández.El proceso de demolición de los puentes peatonales en esa zona inició con el desmonte de la estructura ubicada en la carrera 25 con calle 5 y continuó con los pasos a desnivel del CAM y Bellas Artes sobre avenida 2N.
El fiscal de Puerto Príncipe, Bed-Ford Claude, dictó órdenes de búsqueda contra dos dirigentes políticos, dos líderes religiosos y un empresario en el marco de la investigación por el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moise, en su residencia la madrugada del 7 de julio pasado.El fiscal de la capital, que confirmó a Efe las órdenes, "está obligado a tomar las medidas necesarias para investigar, procesar y llevar ante él" a estas personas.Se trata del empresario Samir Handall, así como de Liné Balthazar, del partido de Moise; y del líder del partido Inifos, Paul Denis.Asimismo, de los líderes religiosos Gérald Bataille y Gérard Forge.Son buscados por "asesinato, intento de asesinato, ataque armado contra el presidente de la República Jovenel Moise", según el documento.Recientemente se emitió una orden de búsqueda contra la jueza Wendel Coq Thélot.En su última conferencia de prensa, la Policía haitiana declaró que 44 personas están detenidas por el magnicidio, entre ellas 12 policías, algunos por su grado de responsabilidad y otros por su implicación directa en el asesinato de Moise, quien estaba en el cargo desde febrero de 2017.Cuatro de los policías estaban presentes el día del asesinato, según la portavoz de la Policía haitiana, Marie Michelle Verrier.Entre los arrestados también figuran 18 colombianos, en su mayoría militares retirados, y seis haitianos, tres de ellos nacionalizados estadounidense.El supuesto cerebro del plan es el médico haitiano Christian Emmanuel Sanon, también bajo arresto.Las autoridades se han incautado de 45 armas de fuego, cientos de municiones y tres granadas en el marco de la investigación, según los reportes.El asesinato fue cometido, según las pesquisas, por un comando de 26 mercenarios colombianos que irrumpieron en la residencia presidencial sin hallar resistencia por parte de las fuerzas de seguridad que custodiaban su residencia privada en el sector de Pelerin, en Puerto Príncipe.La esposa de Moise, Martine, que también fue herida en el ataque, fue tratada en un hospital del sur de Florida y regresó a su país días después, aunque la semana pasada volvió a viajar a EE.UU.
