Con una cadena amarrada en uno de sus tobillos ingresó un niño de 10 años a la IPS Agrupasalud de Soledad, municipio del área metropolitana de Barranquilla donde minutos antes el menor había sido rescatado por una patrulla del cuadrante que llegó hasta su vivienda tras recibir por parte de la comunidad una alerta por un preocupante caso de maltrato infantil.Los médicos lograron estabilizar y tranquilizar al niño, pues llegó en alto estado de alteración; sin embargo, durante la valoración hallaron marcas de presunta agresión física en su cuerpo, por lo que la IPS afirma que reportó el caso de inmediato al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.No obstante, Zully Olarte, jefe de comunicaciones de la IPS Agrupasalud, sostiene que dos días después de notificar al ICBF, “esta entidad no se ha hecho presente” en la clínica para atender al niño, muy a pesar de que él insiste en que es víctima de maltrato por parte de su padre.“Y nos preocupa por la situación que el niño cuenta, pues él asume y dice que es maltratado por su padre, que su papá lo tenía amarrado porque no sabe quedarse quieto y es hiperactivo, pero aquí él ha demostrado ser un niño que, si se trata con amor, hace caso y responde a los tratamientos que se le indican”.Murió joven de 17 años que resultó baleado tras intentar robar a un policía en Soledad, AtlánticoEl niño permanece en una habitación de la clínica en compañía de su madre, pero la mujer tampoco entrega mayores detalles del maltrato del que estaría siendo víctima el menor.Por esta razón, la clínica insiste al ICBF que se haga presente para activar la ruta de atención y restablecimiento de derechos a este niño. El centro asistencial sugiere la asignación de un tutor del Bienestar Familiar y la atención por psiquiatría para este menor.
Bajo la protección de la Comisaría de Familia del barrio La Joya de Bucaramanga y con atención psicosocial por parte del ICFB, está el menor de nueve años, víctima de una brutal golpiza que le propinó su propio padre.La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, confirmó la designación de un profesional que hará el acompañamiento al niño.“Una vez conocido lo ocurrido se designó un profesional psicosocial para realizar una visita de acompañamiento al niño, cuyo caso fue asumido por la Comisaría de Familia de Bucaramanga, por tratarse de violencia intrafamiliar”, indicó la directora general del ICBF.El maltrato del padre hacia su hijo quedó grabado en un video en el que el menor aparece visiblemente angustiado y llorando, mientras suplica disculpas entre gritos, presionado por su agresor. El hombre, identificado como Maycol Jackson Ferrero Mendoza, de 34 años, le reprocha al niño por supuestamente no responder a sus llamados y exige que se disculpe en repetidas ocasiones.“Hacemos un llamado a los padres y cuidadores para ejercer su rol desde el amor y el cuidado hacia los niños y las niñas”, dijo la directora Cáceres.Igualmente, hizo un llamado a la comunidad para que siga denunciando la violencia contra la niñez.“Recuerden que la línea 141 está disponible siempre y activa rutas que protegen vidas y cambian destinos”, puntualizó.El padre agresor fue capturado por uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Bucaramanga por el delito de violencia intrafamiliar. Tras su arresto, las autoridades tomaron medidas inmediatas para restablecer los derechos del menor.
El ICBF entregó nuevos detalles sobre las niñas de 12 y 13 años que fueron halladas con el estadounidense Timothy Alan Livingston en un hotel de Medellín. Por ejemplo, reconoció el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ambas menores fueron abusadas previamente y que, incluso, uno de los hermanos de las niñas está en las instalaciones del instituto, ya que fue hallado en estado de mendicidad.Además, reportan las autoridades que una de las niñas ya había tenido la oportunidad de estar en un proceso de restablecimiento, pero que se había escapado del lugar y había vuelto a la calle, donde asegura el ICBF es donde permanecen la gran parte del día.Adriana Velázquez, subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aceptó que las menores vivían en una casa con otras menores que eran, aparentemente, explotadas sexualmente."La Policía está haciendo esta indagación, encontramos otras niñas que estaban viviendo en un mismo espacio con estas dos niñas, entonces, todas son menores de edad, seguramente ya han sido víctimas de violencia sexual y por otras personas", contó Velásquez.Sobre el proceso que se lleva a cabo con estas dos menores que fueron halladas con Livingston, el ICBF reconoció que están hablando con las madres, amigas y otros actores para determinar el nivel de vulnerabilidad, pero que lo que se evidencia hasta el momento es que ninguna de las dos tenían protección en su hogar.Precisamente por estos factores de riesgo y como confirmó la directora de la institución, Astrid Cáceres, una de las menores realizó un abandono irregular del centro de paso y es buscada por la Policía.Sobre esto, el ICBF indicó que estas modalidades de atención no tienen la presencia permanente de uniformados y que se rigen por la voluntad del niño o niña de permanecer, pero que si los menores identifican una posibilidad de huida pueden hacerlo como lo hizo la niña el pasado 8 de abril.Ante el riesgo latente de otro abandono y que no puedan ser reubicadas, Velásquez informó que podrían ser trasladadas a otra ciudad. Además, manifestó que una de las víctimas es de nacionalidad extranjera y que están acompañándola de manera más cercana, "es de nacionalidad venezolana, es extranjera. Estamos identificando con Migración Colombia si su familia y ella, luego de varios años que han permanecido aquí en Colombia, ya ha encontrado una regularización de su estado o su permanencia aquí en territorio nacional. Identificamos que tenía una deserción alta en su entorno escolar".Sin embargo, llama la atención que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar habló en reiteradas ocasiones de cuatro menores de edad y al ser consultados confirmaron que son cuatro los niños que hacen parte del proceso y que están directa o indirectamente relacionadas con Timothy Alan Livingston. Uno de ellos, precisamente, el hermano de una de encontradas en el hotel Gotham.
En las últimas horas nuevas instituciones se sumaron a la solicitud de extradición de Timothy Alan Livingston, el estadounidense que buscan las autoridades tras ser señalado de abusar de dos niñas en un hotel de El Poblado, al sur de Medellín, el pasado jueves 28 de marzo.En esta ocasión la voz de respaldo al gobierno de la capital antioqueña llegó de parte de Astrid Cáceres, directora del ICBF, quien tras una reunión con el alcalde Federico Gutiérrez expresó su compromiso para que Livingston sea extraditado al país y pague responda por los hechos que le son atribuidos."Vamos a acompañar todo lo que significa el acceso a la justicia, en este caso y que este delito sea pagado aquí en Colombia y que el delincuente regrese y pague aquí", dijo Cáceres.La funcionaria aseguró que en todas las ciudades del país trabajarán en campañas contra la explotación sexual de menores de edad empezando en lugares como los aeropuertos internacionales y que sostendrán un trabajo conjunto con alcaldes de diferentes ciudades para luchar contra este flagelo.En ese mismo sentido, el alcalde Federico Gutiérrez, destacó que lo ocurrido no quedará impune y que sobre extranjeros que lleguen a la capital antioqueña a cometer este tipo de delitos serán castigados con todo el peso de la ley."Tampoco vamos a descansar hasta que se haga justicia con este depravado que está en Estados Unidos, que se llama Timothy Alan y que como lo dijo el presidente, como lo ha dicho la directora del ICBF y como lo afirmamos nosotros, no vamos a descansar hasta que pague por esos delitos", dijo el mandatario.En Medellín avanzan las audiencias contra Juan Pablo González Delgado, el hombre de 29 años de edad señalado de abusar de un niño de 12 años en un apartamento de El Poblado y que fue requerido por las autoridades tras gestos que el menor de edad hizo a las autoridades sobre los presuntos abusos que estaba siendo víctima.
La directora general del ICBF, Astrid Cáceres, se refirió al caso en donde dos menores de 12 y 13 años fueron halladas en compañía de un hombre proveniente de Estados Unidos en el Hotel Gotham de la comuna El Poblado.En dicho caso ya hay evidencia de un proceso de restablecimiento de derechos y acompañamiento a las menores de edad. Precisamente, sobre las denuncias de casos de explotación sexual, Astrid Cáceres manifestó que no hay que esperar que los casos ocurran."Así sea una sospecha, es importante que nos la reporten, no necesitamos pruebas sobre la explotación sexual y comercial, el solo hecho de una circunstancia que llama la atención nos invita a hacer una reacción ciudadana y una reacción institucional", señaló Cáceres.Desde el ICBF reiteran que el Código Penal Colombiano establece una pena de 14 a 25 años de prisión para, "el que directamente o a través de tercera persona, solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años, mediante pago o promesa de pago en dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza”.Sobre las actuaciones de la administración del Hotel Gotham, afirman que debió primar el sentido de corresponsabilidad y debida diligencia en la protección de las niñas víctimas. En consecuencia, la responsabilidad de la empresa no es solo impedir el ingreso de las niñas víctimas, sino también denunciar las situaciones presentadas que, de no ser por un reporte ciudadano, quizá no se hubiesen conocido.Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades territoriales para recordarles que cuentan con herramientas para formar a sus equipos, para trabajar este tema y para emitir alertas tempranas.
La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, hizo un llamado urgente a los ministerios del Interior, Defensa, Igualdad, Cancillería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las autoridades locales y departamentales para tomar acciones inmediatas y contrarrestar los abusos sufridos por los migrantes irregulares que atraviesan el territorio colombiano.Este llamado se produjo en el marco del congreso internacional de Derechos Humanos, Género y Enfoque Diferencial, donde la máxima representante del Ministerio Público emitió una circular en la que destacó la responsabilidad del Estado en garantizar los derechos fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad y necesidades de protección internacional.La jefa del Ministerio Público reiteró la importancia de elaborar planes y estrategias que aseguren condiciones básicas de dignidad y respeto para estos migrantes, teniendo en cuenta el enfoque diferencial para abordar las necesidades específicas de grupos como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres y personas LGBTIQ+.
Cinco niños indígenas de una misma familia pertenecientes a la comunidad indígena Yukpa, que tenían edades que oscilaban de entre los 3 y 15 años, murieron en el departamento del Cesar, supuestamente por consumir frutos venenosos, informaron este lunes fuentes oficiales.Edward Álvarez, representante y defensor del pueblo Yukpa, habló en Mañanas Blu sobre la muerte de estos cinco niños pertenecientes a esta comunidad en extrañas circunstancias."Llegamos al sitio y había tres niños menores de edad allí, en el en el lugar y una niña de quince años, los otros dos de menores edades se sacaron del sitio. Su padre había ido a culto, pero cuando regresó a la 1: 00 de la tarde del día domingo encontró los tres niños muertos dispersos, cosa que nos preocupa más, la niña tenía una herida en la cabeza y su vestido estaba rasgado", indicó el funcionario.Según indicó hay varios elementos en la escena donde encontraron a los menores que les hacen pensar que esto no fue un accidente que hay manos criminales en este doloroso hecho.Además, indicó que los niños de esta comunidad desde muy pequeñitos saben qué frutos consumir o qué frutos no consumir, qué frutos son venenosos o qué frutos no son venenosos. Entonces, aseguró que esa hipótesis, a su parecer, está errada."A las ciudades se nos hace fácil ir a un médico allí es mucho más difícil y en este caso hay muchos conflictos con el pueblo y por el tema de las tierras. Nosotros no creemos que los niños de manera voluntaria, si es cierta la hipótesis que hayan consumido un corozo, que ese haya sido el motivo del envenenamiento", resaltó.Por su lado el alcalde de Agustín Codazzi, Hernán Baquero, dijo a periodistas que no se descarta que las víctimas hubiesen consumido accidentalmente veneno para ratas.La información de la Gobernación del Cesar añadió que los hechos investigados ocurrieron en el asentamiento indígena Shusueye, Resguardó Iroka, en el caserío El Limón, el domingo 24 de marzo.¿Qué dijo el ICBF frente al caso de los niños Yukpa muertos?En su cuenta de X, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, además de rechazar lo sucedido, lo calificó como un “asesinato en extrañas circunstancias” y pidió a la Fiscalía esclarecer el caso.“Repudiamos el asesinato en extrañas circunstancias de cinco niños Yupka entre 3 y 15 años en el resguardo de Iroka. Acompañamos la tristeza de la comunidad y esperamos esclarecimiento de los hechos”, publicó Cáceres.Escuche la entrevista completa acá:
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, señaló de ser un asesinato lo sucedido con los cinco menores de la comunidad Yukpa en Cesar. Asimismo, Edward Álvarez, representante del pueblo Yukpa, dio detalles de cómo fueron hallados los cuerpos.En su cuenta de X, la directora del ICBF, además de rechazar lo sucedido, lo calificó como un “asesinato en extrañas circunstancias” y pidió a la Fiscalía esclarecer el caso.“Repudiamos el asesinato en extrañas circunstancias de cinco niños Yupka entre 3 y 15 años en el resguardo de Iroka. Acompañamos la tristeza de la comunidad y esperamos esclarecimiento de los hechos”, publicó Cáceres.La afirmación de la directora del ICBF toma fuerza con lo dicho por Edward Álvarez, representante del pueblo Yukpa, quien aseguró que la niña mayor fue hallada con heridas y signos de violencia.Hipótesis sobre muerte de menores YukpaLas primeras versiones sobre la muerte de estos menores mencionaron una posible intoxicación por el consumo de una fruta conocida como ‘corozito’. Según el alcalde de Codazzi, Cesar, esto se dio en la vereda El Limón, y pese a que tres fueron trasladados a un centro asistencial, no pudieron salvarlos. Los otros dos niños habrían fallecido en su vivienda."Lamentamos los hechos que hoy enlutan a nuestra comunidad. Por eso, para esclarecer lo sucedido, hemos dispuesto de toda nuestra capacidad para determinar las causas de los fallecimientos de estos jóvenes, quienes, dice su padre, presentaron síntomas gastrointestinales minutos después de consumir el 'corozito', una especie de fruta venenosa que se da en la zona boscosa de nuestra región", manifestó el mandatario.Los cinco menores se encontraban al cuidado de su padre, quien salió a realizar labores del campo y, al regresar, se encontró con la triste imagen de ver a sus dos hijas sin vida y a sus otros tres hijos en estado crítico.
Según datos, La Guajira es el sexto departamento con mayor población venezolana en Colombia, con un total de 178.541 refugiados y migrantes venezolanos distribuidos en los 15 municipios, alcanzando un 6,2 % de la población venezolana en Colombia. Los municipios con mayor concentración de venezolanos son: Maicao (82.834) y Riohacha (48.933), sumando el 73 % del total de personas venezolanas en el territorio, adicionalmente cerca del 27 % de los refugiados y migrantes de Venezuela en el departamento se encuentran en condición irregular.Son más de 12.000 personas entre ciudadanos venezolanos, colombianos retornados y algunos pertenecientes a la etnia Wayú. El Ministerio Público conformó un equipo liderado por el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, quien se reunirá con los representantes de esa comunidad para conocer los avances en las medidas de atención en salud, servicios públicos, educación y primera infancia.Una vez hecha la diligencia, y se recaude la información necesaria, el equipo de la Procuraduría se reunirá en Maicao con representantes de la Cancillería, Ministerio del Interior, Migración Colombia, ICBF, Gestión del Riesgo, Gobernación de la Guajira, alcaldía municipal, comandantes de fuerza pública y representantes de la comunidad, entre otros. Esto, con el fin de analizar la situación actual, verificar las acciones desplegadas por las entidades del orden territorial y nacional y en determinar aquellos incumplimientos que ameriten la apertura de acciones disciplinarias.
Con un mitin a las afueras de la sede de la Dirección Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el barrio La América, funcionarios de la entidad se manifestaron en contra de las complejas condiciones laborales que actualmente dicen estar enfrentando.Con un pliego de más de 25 exigencias expresaron su preocupación por decisiones de la administración nacional de la entidad.La situación más compleja la atraviesan las comisarías de familia, así lo indicó a Blu Radio Sandra Restrepo, defensora de familia hace más de 28 años en la institución quien explicó que hay un bajo número de nutricionistas atendiendo hasta cuatro y cinco despachos a la vez.La situación se replica en otras áreas, incluso administrativas, influyendo esta sobrecarga laboral en el bienestar mental de los funcionarios."La situación es gravosa, no sabemos ya con quién hablar, a quién escribirle cada que sale una ley es un peso más para el instituto y para las defensorías de familia, necesitamos la ayuda de todos, porque ante las fallas del Estado la institución puede desaparecer", señaló Restrepo.Ante nuevas reformas que se plantean a algunas leyes por parte del Gobierno nacional y la dirección de la entidad, hay preocupación, pues según indican los trabajadores ahondarían las problemáticas que se viven hoy.
Dos presuntos responsables de microtráfico y vinculados a homicidios selectivos en cinco municipios del Magdalena Medio fueron enviados a la cárcel tras una solicitud de la Fiscalía General de la Nación. Ángel Jesús Valencia Mora, conocido como alias 'Pechuga', y Yerly Liceth Portela Rodríguez, alias 'Mona', enfrentan cargos por múltiples delitos que incluyen tráfico de estupefacientes y homicidio agravado.Según la investigación realizada por las autoridades judiciales, los acusados habrían liderado una organización delictiva desde el año 2020, dedicada al control y distribución de drogas en los municipios de San Alberto y Aguachica (Cesar), Sabana de Torres y Rionegro (Santander), así como La Esperanza (Norte de Santander). En su intento por expandirse y dominar el territorio, habrían establecido alianzas con integrantes del Clan del Golfo para llevar a cabo asesinatos selectivos, según informó la Fiscalía en un comunicado.Alias "Pechuga" se señala como determinador de varios homicidios ocurridos en Sabana de Torres (Santander) y La Esperanza (Norte de Santander), entre febrero de 2023 y marzo de 2024, que resultaron en la muerte de cuatro personas y dejaron a dos heridas por sicarios. Además, se le acusa de haber ejercido violencia física y psicológica contra su exesposa, con quien convivió durante 12 años."Fue así como alias Pechuga habría sido determinador de homicidios ocurridos en Sabana de Torres (Santander) y La Esperanza (Norte de Santander), entre el 22 de febrero de 2023 y el 20 de marzo del presente año, cuando cuatro personas fueron víctimas de sicarios y dos más quedaron heridas", dice la Fiscalía.La captura de la pareja se llevó a cabo mediante cuatro allanamientos y registros en La Esperanza (Norte de Santander), realizados por la Policía y el Ejército Nacional. Durante las operaciones, se decomisaron armas de fuego, municiones y más de 13 kilogramos de marihuana y cocaína."En cuatro allanamientos y registros realizados en La Esperanza (Norte de Santander), la Policía y el Ejército Nacional lograron la captura de estas dos personas. Además, se incautó armamento, municiones y más de 13 kilogramos de marihuana y cocaína", agrega el comunicado.La Fiscalía les imputó una serie de delitos de acuerdo con su participación en las actividades delictivas, incluyendo concierto para delinquir agravado, tráfico y porte de estupefacientes, y destinación ilícita de bienes muebles e inmuebles. A Ángel Jesús Valencia Mora, además, se le imputan cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, lesiones personales y violencia intrafamiliar agravada.
El Parlamento Europeo aprobó este martes en sesión plenaria en Estrasburgo, Francia, nuevas reglas para fomentar la reparación de los productos, a fin de extender su vida útil reducir los residuos y avanzar hacia una economía más circular en la Unión Europea (UE).Las normas, ya acordadas por el Parlamento y el Consejo en febrero de este año, fueron respaldadas por los eurodiputados por 583 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones.El proyecto legislativo sobre el denominado 'derecho a reparar' de los consumidores aclara las obligaciones de los fabricantes y animan a los consumidores a ampliar el ciclo de vida de los productos.Así, una vez expirada la garantía legal del producto, los consumidores podrán reclamar la reparación de los bienes que son reparables, como teléfonos móviles, lavadoras o aspiradores, o solicitar una ampliación de hasta 12 meses adicionales de garantía legal.Las normas también contemplan un requisito para que los consumidores estén informados sobre las obligaciones de reparación del fabricante, un acceso gratuito en línea a precios indicativos de reparación, así como opciones para que los compradores puedan tomar prestado otro dispositivo mientras reparan el suyo.También, las reglas recogen que los fabricantes tendrán que ofrecer repuestos y herramientas a un precio razonable y prohíben el uso de cláusulas contractuales o prácticas informáticas para obstaculizar las reparaciones, por ejemplo, impedir el uso de piezas de repuesto de segunda mano o suministradas en 3D por parte de reparadores independientes.A fin de fomentar el mercado de reparación, el texto establece la creación de una plataforma en línea con secciones nacionales para que los consumidores puedan encontrar talleres de reparación locales, encontrar piezas de repuesto, vendedores de productos reacondicionados o compradores de artículos defectuosos.Además, cada Estado miembro deberá introducir una medida para promover el derecho a la reparación, como campañas de información, cursos de reparación o -acorde a las normas fiscales- una reducción del IVA sobre los servicios de reparación.El 'derecho a reparar' se suma a otras nuevas normas comunitarias en línea con los compromisos adquiridos por la UE hacia una transición ecológica, como las reglas de diseño ecológico, con el objetivo de que los productos duren más y se puedan reparar y reciclar, o la directiva que prohíbe etiquetas de sostenibilidad sin pruebas.
Avanzan las investigaciones para dar con los responsables del ataque registrado en Tuluá el pasado fin de semana, donde fueron asesinados el concejal Carlos Arturo Londoño, y la funcionaria de la alcaldía Clarivet Ocampo, cuando salían del Coliseo de Ferias del municipio.Según el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, las órdenes de ataques contra los funcionarios y ciudadanía en general, las siguen dando los cabecillas de la banda criminal 'La Inmaculada', los cuales se encuentran privados de la libertad."Lo que manifiestan es que hay mucha información que permitirá dar con el paradero de los autores materiales. Ya tienen una identificación también, del autor intelectual e indudablemente lo que hemos escuchado es que querían hacer un daño mayor", señaló el alcalde Vélez.El mandatario también señaló que la Unidad Nacional de Protección no ha reaccionado con celeridad, ante lo vivido en su municipio: "La reacción de la UNP a todo lo que se está presentando en Tuluá, pero que ha sido constante durante todos estos meses ha sido muy lenta. Ya cuando se toman medidas es porque ya hay que lamentar", afirmó.La preocupante ola de violencia en Tuluá, Valle del Cauca; dos asesinatos en un fin de semanaMientras las autoridades tratan de recuperar el control territorial, la tensión en Tuluá sigue latente, en especial entre la comunidad, especialmente ahora que se ordenó la cancelación de la feria municipal de este año.
Estos fueron los temas tratados y debatidos este martes, 23 de abril, Meridiano Blu:Este martes, en la localidad de Ciudad Bolívar se llevó a cabo la inauguración de la Institución Agudelo Restrepo, El alcalde de Bogotá, a secretaria de Educación, la ministra de Educación, funcionarios del distrito y cientos de niños esperaron por más de cinco horas al presidente Gustavo Petro.José Manuel Gnecco, el hombre acusado de asesinar a su segunda esposa y quien quedó en libertad por vencimiento de términos. Este martes fue detenido, por soborno en calidad de determinador.Si hoy no termina de aprobarse la reforma pensional, podría hundirse por tiempos una de las reformas bandera del Gobierno del Presidente Petro.Aurora Vergara, ministra de Educación, reveló que hubo una auditoría en la Universidad del Rosario para determinar posibles irregularidades en los manejos financieros.Para más detalles escuche el programa completo Meridiano Blu.
El director de la Policía, el general William Salamanca dio a conocer que revisará las razones por las que el exmilitar Juan Carlos Rodríguez Agudelo alias ‘Zeus’, aún se encontraba en la estación de Policía de Cúcuta y no había sido trasladado a Bogotá, luego de que el General lo dispusiera por el perfil de este individuo.“Revistar también porque este sujeto no había sido trasladado a Bogotá, efectivamente fui enterado que el comandante de Policía solicitó el traslado y yo lo había dispuesto”, aseguró el general, quien espera llegar a Bogotá para que el inspector general le dé cuentas del informe.Alias ‘Zeus’ se fugó en compañía de 16 personas más de una estación de Policía en Cúcuta, en donde se encontraba detenido en un calabozo con 49 personas más.“Investigar disciplinar y penalmente si hubo fallas, si hubo compromiso con la corrupción”, aseguró el general, dando a conocer que el subdirector de la Dijií y el subdirector de la Dipol, en conjunto con el general Roa comándate de la región se encargarán de iniciar esta investigación.De igual forma, la Policía Nacional, aumentó la cifra de recompensa a $50 millones de pesos, para quienes den información que ayude a dar con el paradero de este delincuente.Es de recordar que alias ‘Zeus’ tiene registros de ingreso a la cárcel desde 2005 hasta el 2021, por tortura, desaparición forzada y homicidio, además sería parte de los responsables que protagonizaron una sangrienta guerra contra Los Rastrojos, la banda de sicarios del asesinado narcotraficante Wílber Alirio Varela, alias ‘Jabón’ o ‘El Negro’.