La violencia volvió a estremecer a Piedecuesta tras el asesinato de un menor de apenas 13 años en un hecho que, según las primeras versiones, estaría relacionado con las llamadas “fronteras invisibles” impuestas por grupos delincuenciales en algunos sectores del municipio.La víctima fue identificada como Cristian Fabián Rondón Méndez, un adolescente que fue atacado con cuchillo en el barrio Villanueva, específicamente en el sector conocido como la cancha del Pobre Luis.De acuerdo con testigos, el menor caminaba por la zona sobre las 9:45 de la noche cuando fue interceptado, presuntamente, por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.En medio del ataque, uno de los agresores le habría dicho: “Usted no es de este barrio, usted es de Suratoque”, antes de herirlo gravemente en el tórax.Cristian Fabián fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero debido a la gravedad de la herida llegó sin signos vitales.El crimen ha generado conmoción entre la comunidad, especialmente porque el menor era reconocido por su pasión por el deporte. Practicaba atletismo y fútbol con el Club Sporting de Piedecuesta.Tras lo ocurrido, unidades de la Policía Metropolitana realizaron operativos en la zona para intentar ubicar a los responsables; sin embargo, los agresores lograron escapar.Fredy Alberto Gómez López, personero de Piedecuesta, aseguró que en el municipio “presuntamente se vienen presentando fronteras invisibles controladas incluso por pandillas integradas por jóvenes”, situación que, según dijo, mantiene encendidas las alarmas entre las autoridades.El funcionario explicó que desde la Personería, en articulación con la Gobernación de Santander, la Comisaría de Familia y la Mesa de Infancia y Adolescencia del municipio, se han adelantado acciones preventivas para proteger a los menores y evitar hechos violentos. Sin embargo, lamentó que continúen ocurriendo casos como el asesinato del adolescente.“Ya solicitamos mayor atención e intervención de la Policía Nacional para este caso y el fortalecimiento de las medidas de protección en las zonas más vulnerables”, indicó el personero.Habitantes de Villanueva denunciaron que el sector se ha convertido en un punto crítico por la presencia de grupos delincuenciales que, presuntamente, intimidan a jóvenes y personas que no residen en el barrio.La comunidad permanece consternada, pues este sería el tercer caso de un menor asesinado en medio de las llamadas “fronteras invisibles” que, según denuncian los habitantes, se estarían fortaleciendo en Piedecuesta, mientras crece la preocupación por la falta de respuestas contundentes de las autoridades.El primer hecho se registró en febrero de 2026 en el barrio Paseo de Cataluña, donde un menor de 15 años murìo en enfrentamientos de entre pandillas o parches.También se reportado el asesinato de un adolescente de 16 años, quien fue atacado con arma blanca en un caso que, según sus familiares, estaría relacionado con conflictos entre jóvenes de barrios rivales.Y a estos casos se suma ahora el crimen de Cristian, de tan solo 13 años, cuyo asesinato también estaría ligado a disputas por pasar una mal llamada "frontera Invisible".
El caso de la joven de Ibagué que permaneció durante años encadenada, fue víctima de abusos y obligada a abortar, volvió a encender las alertas sobre la violencia contra menores en Colombia y los desafíos que enfrenta el sistema de protección infantil.De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la víctima permanece bajo protección desde octubre de 2025 y actualmente recibe atención psicológica, acompañamiento integral y seguimiento permanente por parte de equipos especializados.Las cifras del ICBF muestran la dimensión del problema. Solo entre enero y marzo de este 2026, 3.773 niños, niñas y adolescentes ingresaron bajo medidas de protección por violencia sexual, convirtiéndose en el principal motivo de ingreso relevante a la entidad en el país. A esto se suman 3.738 casos relacionados con omisión o negligencia y 1.816 por ausencia temporal o definitiva de responsables.El panorama refleja el reto que tienen las autoridades para fortalecer las rutas de prevención, detección temprana y atención integral frente a las violencias contra menores, especialmente en entornos familiares donde, en muchos casos, ocurren las agresiones.Por otro lado, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, pidió revivir la reforma al Código de Infancia sobre responsabilidad penal adolescente, archivada en la legislatura pasada. Según explicó, la iniciativa buscaba fortalecer mecanismos de justicia terapéutica y restaurativa para jóvenes en conflicto con la ley.La funcionaria también señaló que la entidad avanza en modelos de inclusión para niños con discapacidad mediante centros de apoyo y equipos itinerantes que actualmente atienden a cerca de 4.800 menores en diferentes regiones del país.Además, indicó que 17.000 madres comunitarias pasaron al subsidio de sustitución pensional, situación que ha generado ajustes en las coberturas territoriales, en medio de cuestionamientos de algunos sectores políticos sobre la gestión del ICBF.
Incertidumbre y desesperación vive una familia en el municipio de Girón, Santander, tras la desaparición de una adolescente de 13 años de quien no se tiene información desde el pasado 7 de mayo, en la vereda Acapulco.Según relató Emerson Sanabria, tío de la menor, la niña salió de su vivienda, luego de pedir permiso a su madre para encontrarse con unas amigas, como lo hacía habitualmente,sin embargo, nunca regresó a casa.“Aproximadamente, a las 5:00 de la tarde, le pidió permiso a la mamá para salir con unas amigas, la mamá le dijo que sí y le dio dinero para que comieran algo, incluso la mamá habló con ella sobre las 5:40 y la niña le dijo que ya iba para la casa, pero no llegó”, explicó el familiar.La preocupación aumentó cuando la madre comenzó a llamarla insistentemente sin obtener respuesta, desde ese momento, la familia inició la búsqueda y dio aviso a las autoridades.La única pista conocida hasta ahora es que varias personas aseguraron haber visto a la menor abordando un vehículo de transporte conocido como “flota Cachira” hacia las 6:00 de la tarde del mismo día de su desaparición, en la vereda.La adolescente tiene 13 años, piel blanca con pecas y cabello castaño claro, sus familiares piden apoyo ciudadano para obtener información que permita establecer su paradero.“Ya se informó a las autoridades, con la Sijín y la Policía se inició la búsqueda, sin embargo, también hemos recibido llamadas extorsivas con información falsa de personas tratando de aprovecharse de la situación”, denunció Emerson Sanabria.Las autoridades avanzan en la recolección de cámaras de seguridad, entrevistas y rastreo de información para tratar de ubicar a la menor, se habló con la amiga con la que estaba, mientras la familia hace un llamado urgente a la ciudadanía para reportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla.
En un operativo liderado por uniformados de la SIJIN, la Policía del Departamento de Santander logró la captura de un hombre que era buscado intensamente por las autoridades judiciales bajo cargos de feminicidio. La detención se llevó a cabo en el barrio El Centro del municipio de Cimitarra, lugar donde el presunto criminal intentaba ocultarse de la justicia.Los hechos que se le imputan se remontan a marzo de 2019, en la zona rural del municipio de Palocabildo, Tolima. Según el reporte oficial, la víctima fue su compañera sentimental, Angie Liseth Hernández, una mujer de 29 años.El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, detalló la sevicia del ataque "este individuo propinó una fuerte golpiza a su compañera y posteriormente la asfixió con una soga. Tras cometer el crimen, sepultó a la señora en una fosa de poca profundidad, donde fue hallada días después".A pesar de la gravedad del feminicidio, el sujeto logró evadir a las autoridades durante casi siete años, desplazándose por diferentes regiones del país para evitar su captura. Sin embargo, el rastro de violencia no termina con el homicidio; la Policía confirmó que el capturado también es investigado por el abuso sexual de su hijastra de 12 años, hechos ocurridos presuntamente en el mismo entorno familiar.Tras hacerse efectiva la orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación, el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías, quien determinó dictar medida de aseguramiento en centro carcelario debido a la peligrosidad que representa para la sociedad.El coronol hizo un llamado a los habitantes a confiar en las autoridades competentes, que trabajan de manera articulada en no dar tregua a la violencia de género ni al maltrato infantil. "Seguimos trabajando para que ningún homicida o persona que genere hechos de violencia contra nuestros niños, niñas y mujeres permanezca en libertad", enfatizó.
La directora del Icbf, Astrid Cáceres, compartió un video que evidencia cómo algunos de los integrantes de las comunidades indígenas que protestaron esta tarde en Bogotá usaron a menores de edad como escudos mientras se enfrentaban a agentes del Undmo o antiguo Esmad.El video, que dura aproximadamente 1:35 segundos, fue grabado desde uno de los pisos altos del edificio del ministerio cuya entrada fue bloqueada por cerca de 100 personas impidiendo la salida de funcionarios. Esto ocurrió en la carrera Octava con la calle 12.Allí se ve a varios adultos con capuchas, palos y machetes enfrentándose a la Policía y, para defenderse, tenían tomado de las manos a los niños y a algunos los arrastraban evadiendo a los agentes.Incluso, los niños seguían allí pese a que estaban lanzando bombas de humo aturdidoras y gases lacrimógenos.Ante esto, la directora Cáceres confirmó que fue radicada la denuncia correspondiente por la instrumentalización de menores y lamentó que, pese las mesas de diálogo, no se llegó a ningún acuerdo.“Con el pueblo embera hemos sido acompañantes y reclamantes cuando ha tocado, pero lo de hoy realizado en las inmediaciones de MinInterior es de las peores formas de uso y utilización que puede hacer un adulto con un niño es un DELITO y ya hemos puesto la denuncia”, aseguró la funcionarios reiterando que no hay ninguna justificación.Cáceres pidió a las autoridades identificar pronto a los responsables para que respondan ante las comisarías de familia.“Ofrecimos refugio, ofrecimos alimento, cama para los niños y niñas y que los adultos sigan con la protesta que tengan que resolver (ojalá tramitando como se deben los conflictos) pero no quisieron”, agregó Cáceres.Más temprano, el ministro del Interior, Armando Benedetti, había calificado la protesta como un secuestro de cerca de 1.200 funcionarios de esta entidad, Bancolombia y el Icetex, que no lograron salir por las manifestaciones.“Lo que ha pasado hoy es bastante grave. Unas acciones violentas por parte de una facción de los embera en un edificio del Ministerio del Interior, retuvo, podría hablar hasta de secuestro, a unas personas que trabajan en el ministerio. Ellos reclaman recursos para el retorno pero eso se les ha dado. Lo de hoy ha sido grave, se tuvo que usar el UNDEMO, ameritaba hacerlo y no hubo heridos, nadie perdió el ojo”, puntualizó.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, aseguró que en lo corrido de 2026 la entidad ha recibido al menos siete menores de edad que reportan haberse desvinculado de las filas del Clan del Golfo.“Dentro de lo que nosotros hemos recogido, tenemos al menos siete casos de niños y niñas que han reportado que se han desvinculado de esas filas”, afirmó la funcionaria.Frente a la información entregada por ese grupo armado ilegal, que recientemente aseguró no tener niños, niñas o adolescentes en sus filas tras una caracterización interna, Cáceres indicó que próximamente presentarán un balance sobre las mesas de paz.“Ellos hablan de una caracterización que hicieron, donde dicen que no hay niños y niñas en sus filas. Nosotros vamos a presentar el cuatro de mayo un mecanismo de monitoreo sobre estos avances que tienen las mesas de paz para poder dar un reporte concreto”, señaló.Esta declaración se da luego de que el Gobierno presentara un informe de los avances en los diálogos con ese grupo armado ilegal, en el que el grupo aseguró no tener menores de edad en sus filas.“En relación con la protección de niñas, niños y adolescentes, el informe señala que, según lo reportado por el (a)EGC, tras la realización de un censo interno, no se identificó la presencia de menores de edad en sus filas”, señaló el informe.El documento precisó, además, que este dato corresponde a lo reportado por el propio grupo armado dentro del proceso en el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 y el 18 de febrero de 2026.Es importante recordar que Águeda Plata, delegada del Gobierno en las conversaciones, aseguró que “el mecanismo se atiene a lo que dice el censo, y a la institucionalidad del Estado le corresponde hacer su respectiva investigación y proceder de acuerdo con la ley”.
Momentos de tensión se registraron en las últimas horas en el corregimiento de Potrerito, en zona rural del municipio de Jamundí, Valle, entre comunidades campesinas e indígenas que reclaman un predio que actualmente es administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).La disputa se da porque aproximadamente 30 familias ingresaron inicialmente al predio. Sin embargo, horas después se produjo una nueva ocupación del terreno por parte de comunidades indígenas, quienes aseguran que existen trámites en curso ante la SAE para la adjudicación de estas tierras.“Lo que sucedió es que, hacia el costado del predio, llegaron varias familias a ocupar indebidamente el terreno; con ello se hizo una mesa de diálogo, pero resulta que horas después llegaron unos resguardos indígenas también a ocupar este predio, lo que desató riñas entre ambas comunidades que quieren apoderarse del terreno”, dijo Luis Cuasquer, representante de Inversiones Generales de la SAE.Ante la situación, se instaló una mesa de concertación en la que participan delegados del Gobierno local, la Personería Municipal, la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el objetivo de buscar una salida dialogada y evitar confrontaciones.“Nosotros ya estamos en diálogo con estas comunidades y, por ejemplo, han decidido apartarse de esta ocupación. A través de un acta esperan ser atendidos por la SAE, lo cual quedó pactado para el próximo miércoles 22 de abril en una mesa de diálogo, donde se buscará una solución concertada frente a la solicitud de tierras por parte de las comunidades”, expresó Carolina Obando, secretaria de Gobierno de Jamundí.El terreno en disputa cuenta con una extensión aproximada de 51 hectáreas y habría pertenecido en el pasado a un exintegrante del cartel del Norte del Valle. Actualmente se encuentra bajo administración estatal desde 2013.
El asesinato de una psicóloga en un hogar de paso vinculado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha generado conmoción nacional y reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de instituciones. Por este caso, la Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de cuatro menores de edad, presuntamente implicados en el crimen.Los hechos ocurrieron el pasado 9 de abril en el barrio La Libertad de Barrancabermeja, donde las autoridades encontraron sin vida a la víctima, quien se desempeñaba como formadora y profesional en psicología dentro del hogar de paso. Su labor estaba enfocada en el acompañamiento y atención de menores en procesos de restablecimiento de derechos.De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los adolescentes -quienes se encontraban bajo medida de protección en la fundación- habrían exigido a la funcionaria que les permitiera salir del lugar. Ante la negativa, presuntamente la habrían atacado y causado la muerte por estrangulamiento.El material probatorio recopilado permitió imputar a los cuatro menores por el delito de homicidio. Tres de ellos aceptaron los cargos, mientras avanza el proceso judicial bajo los lineamientos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.El caso, que inicialmente se manejó con reserva, confirmó una de las principales líneas de investigación que apuntaba a la posible participación de menores de edad dentro del mismo centro de atención. Debido a la condición de los implicados, el proceso contempla un enfoque diferencial que busca garantizar tanto el esclarecimiento de los hechos como la protección de sus derechos.Tras lo ocurrido, el ICBF lamentó profundamente el crimen y reiteró su disposición de colaborar con las autoridades. Además, anunció la revisión de los protocolos de seguridad en los hogares de paso, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a siete personas presuntamente responsables de integrar un entramado de corrupción que habría direccionado y apropiado recursos de la contratación destinada a la atención de la primera infancia y mujeres gestantes en los municipios de Riohacha y Manaure, durante el año 2019. Entre los imputados se encuentran tres exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, señalados de participar en las presuntas irregularidades.De acuerdo con la investigación, los implicados habrían intervenido en un entramado que direccionó y se apropió de recursos destinados a la atención de población vulnerable, en particular de comunidades étnicas y rurales beneficiarias de programas de primera infancia y atención a mujeres gestantes en La Guajira. Los señalados como presuntos involucrados son los exfuncionarios del ICBF Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas; así como los particulares Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera.Los hechos que motivaron la judicialización están relacionados con tres contratos suscritos por la seccional La Guajira del ICBF con una asociación privada entre febrero y diciembre de 2019.Según la Fiscalía, los exfuncionarios, en su calidad de supervisores contractuales, habrían aprobado actas de revisión y al menos doce pagos que contenían presuntos sobrecostos en favor de la empresa contratista, representada por Rosidis Barliza Rivera. Dichos pagos se habrían sustentado en facturas y cuentas de cobro que registraban incrementos inusuales en los valores de productos alimenticios.La investigación señala que estos documentos fueron presentados a nombre de quienes fungían como proveedores de productos perecederos, carnes y verduras dentro del esquema contractual. De acuerdo con el expediente, los registros incluidos en las facturas evidenciarían aumentos irregulares en los precios de los artículos y en el valor de las raciones suministradas, lo que habría permitido inflar los informes financieros que posteriormente eran entregados al ICBF para justificar nuevos desembolsos.Según las autoridades, mediante el incremento artificial en los costos del servicio de alimentación se habría generado un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos, afectando recursos públicos destinados a la atención de comunidades vulnerables en La Guajira.En desarrollo del proceso judicial, a los siete implicados se les imputaron, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Aunque por varios días el país estuvo en vilo por la salud de dos jóvenes de 14 y 15 años que fueron secuestradas por el frente 4 de las disidencias de alias 'Calarcá' en zona rural de El Bagre, su liberación generó tranquilidad y provocó el accionar inmediato de varias entidades.Fue el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- quien llegó hasta esta zona del Bajo Cauca antioqueño e inició de manera inmediata el proceso de protección de las dos adolescentes que estuvieron seis días retenidas por los delincuententes.El procedimiento contó con la verificación del estado de salud de las dos menores de edad y luego el Comité Internacional de la Cruz Roja las sacó de la zona rural para entregarlas al ICBF que tiene a las jóvenes bajo su custodia mientras avanza el proceso de restablecimiento de derechos.Además, hay que mencionar que en esta situación también intervino la Defensoría del Pueblo que activó de manera rápida el proceso administrativo para verificar y garantizar que las dos menores de edad tengan una protección integral y vuelvan prontamente a su vida normal.Recordemos que el secuestro de las menores de edad ocurrió cuando señalados miebros de este grupo adelantaron una incursión en el corregimiento Puerto López, hechos en los que dos personas fueron asesinadas. Por último, hay que mencionar que tanto en el municipio de El Bagre como en la subregión del Bajo Cauca se mantiene activa la presencia de la Fuerza Pública con el objetivo de mitigar y disuadir la presencia de grupos delincuenciales que siguen atemorizando a la población civil.
La misteriosa muerte de una familia en Mumbai, India, tras consumir una sandía continúa generando conmoción y múltiples interrogantes. Aunque las autoridades lograron identificar el veneno que acabó con la vida de cuatro personas, el origen de la contaminación de la fruta aún no ha sido esclarecido.El caso, que ha sido denominado por medios locales como las “muertes por sandía”, ocurrió el pasado 25 de abril en el barrio de Pydhonie, al sur de Mumbai. Esa noche, Abdullah Dokadia, su esposa Nasreen y sus hijas Ayesha y Zainab compartieron una cena familiar en su vivienda junto a varios allegados. Luego de que los invitados se retiraran, cerca de las 10:30 de la noche, la familia decidió comer una sandía como postre.Horas más tarde, los cuatro integrantes comenzaron a presentar fuertes episodios de vómito y diarrea, lo que alertó a vecinos y servicios de emergencia. Pese a que intentaron auxiliarlos rápidamente y realizaron maniobras de reanimación a una de las menores, todos fallecieron poco después de ser trasladados al Hospital JJ.Durante semanas, la tragedia estuvo rodeada de especulaciones y temor entre la población. Incluso, comerciantes reportaron una caída en las ventas de sandía en distintos mercados de Mumbai debido al miedo generado por el caso.Finalmente, las investigaciones forenses permitieron establecer qué provocó la muerte de la familia. El Laboratorio de Ciencias Forenses confirmó la presencia de fosfuro de zinc tanto en los órganos de las víctimas como en restos de la fruta consumida.“El análisis detectó fosfuro de zinc en hígado, riñón y bazo de los fallecidos, así como en las muestras de sandía recolectadas”, explicó el director del laboratorio, Vijay Thakare.Este compuesto químico es utilizado comúnmente como veneno para ratas y resulta altamente letal. Según expertos, al entrar en contacto con la humedad o los ácidos del estómago, libera gas fosfina, una sustancia que impide que las células utilicen oxígeno correctamente, causando una rápida falla multiorgánica.Lo que más preocupa a las autoridades es que el tóxico no fue encontrado en ningún otro alimento de la vivienda, lo que refuerza la hipótesis de que la sandía fue el único vehículo de intoxicación.
Un juez federal en Nueva York prohibió este lunes en gran medida que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realicen detenciones dentro o en las inmediaciones de tribunales de inmigración en la ciudad, en una decisión que revierte fallos previos y cuestiona la base legal de la práctica.El juez Kevin Castel emitió la orden este lunes en el distrito sur de Nueva York, al considerar que la política utilizada por el Gobierno federal para justificar los arrestos en tribunales se basaba en una interpretación errónea de directrices internas del Departamento de Seguridad Nacional.La resolución, consultada por EFE, supone un giro respecto a resoluciones anteriores del propio juez, que había permitido la continuidad de estas detenciones hasta que el Gobierno reconoció en marzo haber cometido un error al aplicar una guía administrativa de forma incorrecta.La práctica había sido un componente central y controversial de la estrategia migratoria de la Administración Trump en la ciudad, con arrestos de migrantes que acudían a audiencias rutinarias, lo que generó denuncias de organizaciones civiles por el impacto disuasorio sobre la asistencia a los tribunales.Los demandantes argumentaron que estas detenciones provocaban miedo entre los migrantes y podían afectar el acceso al debido proceso, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional defendió la medida como una herramienta necesaria para ejecutar órdenes de deportación.
Greater Fort Lauderdale se tomó el centro del escenario internacional al convertirse en la sede oficial del IPW 2026, el mercado de turismo receptivo más importante de los Estados Unidos. Del 17 al 21 de mayo de 2026, la ciudad se transforma en el punto de encuentro de miles de compradores globales, proveedores y medios de comunicación provenientes de más de 70 países. Este evento, organizado por la U.S. Travel Association, no solo destaca la capacidad logística de la región, sino que proyecta su imagen como un destino cosmopolita de clase mundial.Este lunes, 18 de mayo, tuvo su gran inauguración, con lo mejor de la ciudad caribeña que contó con música propia de la zona, comida en la que destacaron los mariscos, carnes maduradas y un ambiente playero, digno de una de las ciudades más turísticas del estado.Un motor económico de escala globalLa realización de esta feria representa una victoria económica masiva para el sur de Florida, con beneficios que se extenderán mucho más allá de los cinco días del evento. Los funcionarios de Visit Lauderdale estiman que los acuerdos comerciales concretados durante la convención generarán un impacto económico de 14.2 mil millones de dólares para la región en los próximos tres años. En el corto plazo, la afluencia de delegados internacionales ha disparado la ocupación hotelera al 85 % en las 31 municipalidades del condado, con tarifas diarias que superan los 240 dólares.Infraestructura y conectividad de primer nivelEl epicentro de las actividades es el recientemente ampliado y reimaginado Centro de Convenciones del Condado de Broward, que ofrece vistas espectaculares al agua y espacios de vanguardia para la conexión entre líderes del sector. La ciudad aprovecha esta vitrina para mostrar su robusta infraestructura, incluyendo la eficiencia de Port Everglades, su dinámico centro de cruceros, y la conectividad estratégica del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, asegurando así el flujo constante de viajeros en el futuro.Diversidad y experiencias únicas: La "Venecia de América"Conocida como la Capital Mundial del Estilo de Vida de Yates y la "Venecia de América", Fort Lauderdale cautiva a los asistentes con sus 24 millas de costa dorada y su intrincado sistema de canales. Los delegados exploran la zona mediante los icónicos taxis acuáticos, visitan el histórico Bonnet House Museum & Gardens y se aventuran en los Everglades a través de Sawgrass Recreation.Además, el evento resalta la identidad inclusiva de la ciudad con recorridos por Wilton Manors y una oferta gastronómica que abarca más de 4,000 establecimientos diversos. Con más del 60 % de los compradores planeando nuevos destinos tras su experiencia en el IPW, Greater Fort Lauderdale se consolida como el destino más dinámico de Florida para el trabajo y el esparcimiento.
La desaparición de Yulixa Toloza continúa causando angustia entre sus familiares, especialmente en su madre, quien rompió el silencio y envió un conmovedor mensaje en medio de la incertidumbre por el paradero de su hija.Yulixa Toloza, de 52 años, desapareció después de someterse a un procedimiento estético en el centro Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá. Según las investigaciones, la mujer fue sacada del lugar y subida a un vehículo negro por dos hombres. Desde entonces no se conoce información sobre dónde estaría.Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones y revisan cámaras de seguridad, la madre de Yulixa aseguró que el dolor y la desesperación la están consumiendo.“Yo me acuesto a pensar en ella. Me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece por ningún lado”, expresó con profunda tristeza.La mujer también pidió apoyo a las autoridades y a la ciudadanía para continuar con la búsqueda, afirmando que vive sola y que su hija era uno de sus mayores apoyos.“Es un dolor muy grande para una madre perder una hija así. Les pido que me colaboren buscándola todo lo que puedan, porque yo estoy sola y ella es quien me ayuda para todo”, agregó.Entretanto, las autoridades mantienen las pesquisas para esclarecer qué ocurrió con Yulixa Toloza. El vehículo en el que habría sido trasladada fue encontrado en Cúcuta, Norte de Santander, donde agentes de la SIJIN realizan inspecciones forenses en busca de pistas que permitan ubicarla.Además, la investigación apunta a que dos personas cercanas al caso habrían salido hacia territorio venezolano, situación que ahora hace parte de las líneas principales de investigación.
La cantante colombiana Shakira celebró este lunes que la justicia española reconozca que "nunca" cometió fraude fiscal con sus ingresos de 2011 y lamentó el "señalamiento público" sufrido y que fuera tratada "como culpable" hasta ahora."La propia administración (española) nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto", manifestó en declaraciones remitidas a los medios por su equipo legal, del despacho Prada Tax Advisor.La Audiencia Nacional ha dado la razón a la artista al anularle una multa por la tributación del ejercicio fiscal de 2011 e insta a Hacienda a devolverle unos 60 millones de euros (70 millones de dólares), según una sentencia conocida este lunes, que la Agencia Tributaria tiene previsto recurrir en el Tribunal Supremo.La administración española no ha acreditado que permaneciera en 2011 en el país más de 183 días para acreditar que fuera residente a efectos fiscales, como exige la ley a la hora de tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).Este caso era la última cuenta que tenía pendiente con el fisco español después de ocho años de disputa, y Shakira desea que la sentencia "siente un precedente para Hacienda", según un comunicado remitido por la agencia de comunicación Llorente y Cuenca, que la representa.Su abogado, José Luis Prada, criticó duramente el modo de proceder de Hacienda, que "asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse".Y celebró que la justicia funcione "de verdad" frente a "posiciones administrativas inaceptables".En este caso, el relativo a 2011, la Agencia Tributaria actuó contra Shakira al considerar que no había tributado por el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio al alegar que vivía fuera del país cuando, según Hacienda, sí era residente fiscal en España y, por tanto, estaba obligada.Más concretamente, la justicia entiende que la estancia de la artista en España fue 163 días, no de más de 183 como exige la ley, y asegura que la administración no ha probado que tuviera el núcleo de sus intereses económicos en España o relaciones familiares con residentes en el país.Sin "vínculo conyugal" con Gerard Piqué en 2011En este caso, el relativo a 2011, la Agencia Tributaria actuó contra Shakira al considerar que no había tributado por el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio al alegar que vivía fuera del país cuando, según Hacienda, sí era residente fiscal en España y, por tanto, estaba obligada.Dónde vivió la cantante colombiana ese año ha sido el principal objeto de análisis de la Audiencia Nacional para concluir que "no ha quedado acreditado" que Shakira tuviese el domicilio fiscal en España entonces.Por tanto, "es obvio que las liquidaciones" y consiguientes sanciones impuestas por ello "son contrarias a derecho".Más concretamente, la justicia entiende que la estancia de la artista en España fue 163 días, no de más de 183 como exige la ley, y asegura que la administración no ha probado que tuviera el núcleo de sus intereses económicos en España o relaciones familiares con residentes en el país.La administración había argumentado que Shakira mantenía una relación sentimental con un residente español (el exfutbolista Gerard Piqué).Pero el tribunal explica que no existía "vínculo conyugal" en 2011 (ambos nunca se casaron), ni tampoco "hijos menores" residentes en España. Es decir, "no existía un núcleo familiar a efectos legales de una persona extranjera".