Fue en medio de labores de patrullaje en el corregimiento de Herrera, municipio de Rioblanco en Tolima, que tres menores de edad se acercaron a tropas del Ejército indicando que hacían parte del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc y que querían dejar esta estructura al margen de la ley.Los tres jóvenes informaron que eran procedentes del Cauca y que estaban cansados de la mala vida en las filas de los delincuentes, por lo que decidieron huir y pedir apoyo a los soldados que se encontraban en la zona, quienes de inmediato les prestaron el apoyo necesario para salvaguardar sus vidas.De inmediato, según el coronel Carlos Luque, comandante de la sexta brigada del Ejército, los menores de 16 y 17 años fueron llevados a la base militar para ser puestos a disposición de las autoridades competentes, en este caso Defensoría del Pueblo y Bienestar Familiar, garantizando su seguridad y el restablecimiento de sus derechos.“Gracias a las campañas que vienen desarrollando los soldados de la sexta brigada en el sur del Tolima, seguimos recuperando de las manos de estos grupos de las disidencias de las Farc, a menores que han sido reclutados de manera forzada en otros departamentos del país, y quienes llegan a reforzar estas estructuras que han tratado de permear el sur del Tolima”, indicó el coronel.
Un aberrante caso se conoció en las últimas horas, pues valiéndose de la cercanía a los padres de una niña de solo 12 meses de nacida, al punto que ser el padrino de la menor, un hombre de 28 años pidió permiso para llevar a su ahijada a comprarle un regalo. Sin embargo, este tiempo a solas por fuera de la vivienda, según investigadores, fue aprovechado para abusar sexualmente de la pequeña.El aberrante caso que ocurrido en el municipio de Soledad quedó al descubierto cuando a la madre de la bebé le llegó el video a través de redes sociales en el que este hombre estaba abusando de la niña.“En el despliegue de las actividades judiciales se logró recolectar los suficientes elementos materiales probatorios y evidencia que demostró la ocurrencia de estas actividades que vulneraron los derechos de la niña”, indicó el mayor Oscar Lozano, el jefe seccional de Protección y Servicios Especiales policía metropolitana de Barranquilla.Las imágenes fueron compartidas a través de Facebook y otra red social. Tras su captura, el señalado abusador intentó defenderse ante las autoridades argumentando que una banda criminal amenazó con matarlo si no grababa el video. Autoridades investigan si esta persona estaba laborando para alguna red de pederastas.La captura de esta persona fue realizada por personal de la Policía de Infancia y Adolescencia de la Metropolitana de Barranquilla en conjunto con personal del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía. El hombre de 28 años quedó a disposición de la Fiscalía por los delitos de actos sexuales con menor se 14 años en circunstancia de agravación punitiva, en concurso homogéneo con pornografía con persona menores de 18 años bajo circunstancia de mayor punibilidad. Tras ser llevado ante un juez de control de garantías el hombre fue cobijado con medida de aseguramiento en un centro carcelario.
El primer semestre del 2024 no es muy alentador frente al panorama de violencia sexual infantil en Bogotá, pues según los datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a corte del 30 de junio, había recibido cerca de 9.000 presuntas denuncias, de las cuales 5.152 procedieron a un proceso de restablecimiento de derechos, es decir, que la institución encontró evidencia de que los menores habían sido violentados.De acuerdo con los datos de la Coordinación de Protección de la Regional Bogotá, el rango de edad en el que más se están presentando estos casos es entre 10 y 15 años, con un total de 3.059 denuncias, además, los entornos dónde mayormente se reportan son el familiar y escolar.“Dependiendo del entorno que identifiquemos, se deriva la medida que tomemos para restablecer los derechos del menor afectado”, manifestaron desde la Regional Bogotá del ICBF.Las sanciones van desde una amonestación, una ubicación en el medio familiar si la violencia se presentó afuera o la ubicación en una residencia del Bienestar Familiar o si los hechos se presentan desde casa.San Cristóbal sur, Ciudad Bolívar, Engativá y Suba, son las localidades donde más se reportan casos en Bogotá.Desde la Secretaría de Integración Social del Distrito, afirmaron que están adelantando la estrategia de ‘cero tolerancias con las violencias contra niñas, niños y adolescentes’, en la que se genera reporte único de presuntos casos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, para identificar, hacer análisis y seguimiento de los presuntos casos de abuso sexual.Le puede interesar:
En un centro comercial del norte de Barranquilla fue capturado un hombre de 28 años al que la Policía de Infancia y Adolescencia y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía le seguían la pista desde hace varios meses luego de que fuera denunciado por su expareja por el abuso sexual de su hijastra, de 13 años, a la que embarazó y obligó a abortar.En medio de la investigación por la violación de la niña, autoridades encontraron que no solo ella era víctima, sino también su hermanito de solo 6 años.Según la denuncia, los abusos ocurrieron de forma reiterada durante todo el año 2023 cuando el hombre se quedaba cuidando a sus hijastros, mientras su pareja salía a trabajar.El aberrante caso habría ocurrido en la urbanización Las Gardenias, en el suroccidente de Barranquilla. Ante estos hechos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace un acompañamiento a las víctimas, a las que les ofrecen ayuda psicológica.El otro señalado depredador fue capturado en la vía a Juan Mina, en Barranquilla. Este hombre de 30 años responde ante la Fiscalía por los delitos de acceso carnal violento y pornografía infantil dado que grabó con su teléfono celular el abuso a su hijastra de solo 10 años y luego difundió las imágenes.La madre de la víctima fue quien denunció el caso luego de que le enviaran la grabación. Los hechos ocurrieron en el Municipio de Malambo. En ambos casos, los detenidos fueron enviados a la cárcel con medida de aseguramiento.
Las madres comunitarias del ICBF irían a paro los primeros días de agosto por los incumplimientos de los acuerdos económicos a los que habrían llegado en mayo. El trato consistía en que la fecha máxima de pago a las cooperativas sería el 11 de cada mes; sin embargo, los plazos no se han cumplido.Sandra Jiménez, líder de las madres comunitarias de Kennedy, manifestó que los retrasos en los pagos les están generando problemas con los proveedores e incluso con los pagos oportunos del sistema de salud, razón que les está generando sobrecostos por mora y la entidad no estaría asumiendo esos pagos extras.>>> Lea también: Unos 182 niños Embera han sido rescatados por el ICBF en el Parque NacionalAdemás, destacó que el ICBF les manifestó que actualmente tienen un problema con el flujo de caja, pues al Ministerio de Hacienda solamente les ha girado $620.000 millones de los cerca de $900.000 millones que necesita la institución para satisfacer estos gastos durante el 2024.Las madres, además, resaltaron su preocupación por el bienestar de los niños que están bajo su cuidado, porque dicen que el dinero que les adeudan es el que ellas usan para comprar los alimentos de los menores, que en su mayoría no tienen como satisfacer los mínimos alimenticios dentro de sus hogares.Esperan que el Gobierno nacional les dé una solución pronto a su problema para evitar llegar a un cese de actividades.
El ICBF encendió las alarmas sobre las condiciones bajo las que están viviendo los niños pertenecientes a la comunidad Embera que están ubicados en las inmediaciones del Parque Nacional.La institución ha atendido cuatro casos de presunto abuso sexual hacia estos niños, según la dirección para Bogotá, los menores están bajo su custodia y se adelantan los procesos de restitución de derechos, mientras un defensor de familia decide si es viable que retornen con sus familiares.De acuerdo a las cifras del Bienestar Familiar, los casos más comunes son por omisión o negligencia por parte de cuidadores o padres de familia, falta absoluta, responsables, situación de vida en calle, alta permanencia en calle, violencia sexual y violencia física.En lo corrido del 2024, se han reportado 119 casos de menores de 18 años a los que se les han abierto procesos para el restablecimiento de sus derechos.A partir de la semana pasada, se instaló un puesto de mando unificado en el Parque Nacional, dónde el ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia y entidades del Distrito, están prestando vigilancia y atención durante todo el día a los Embera que están ubicados en este punto de la ciudad.
Ante las denuncias de abuso sexual por parte de dos niñas de la comunidad embera, entregadas a la unidad de protección integral de La Florida, Cundinamarca, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) intervino el caso para garantizar el restablecimiento de los derechos de ambas menores de edad“Una vez el ICBF conoció los hechos, designó un equipo profesional que activó la ruta para verificación de derechos de la niña y la adolescente, de manera paralela a la atención que reciben en el sector salud, siendo igualmente ubicadas en la modalidad hogar sustituto”, señalaron desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)Las dos niñas, que presuntamente serían víctimas de hechos de violencia sexual, tienen solamente 11 y 14 años y harían parte de la comunidad indígena Embera.Ante este caso, el ICBF hizo un llamado a la comunidad para que denuncien cualquier caso que ponga en peligro la vida o integridad de cualquier niña, niño o adolescente en el país, a través de la línea 141, con el fin de garantizar los derechos de la infancia, adolescencia en ColombiaEste no es el primer caso que se presenta en donde se ve vulnera la integridad física de los menores de la comunidad embera, ya que el mes pasado se registró la muerte de una bebé, que se ahogó dentro de una de las hamacas en las que se encontraba, manteniendo el foco en los niños y adolescentes de la comunidad Embera que se encuentran tanto en el parque nacional como en otras zonas del departamento de Cundinamarca.
En un dolor de cabeza, más que en un alivio y una oportuna respuesta para los menores de edad, podría convertirse la entrada en vigor desde este 1 de julio de la medida que indica que, ahora, serán defensores de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los que asumirán la responsabilidad de restablecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, independientemente de si el agresor es o no un miembro de su familia.A pesar de que esta decisión se tomó pensando en una atención mucho más integral y oportuna de estos delitos, en la capital antioqueña particularmente la situación podría agravarse.Así lo advirtió el alcalde Federico Gutiérrez, quien indicó que en los próximos días se reunirá con la directora seccional de la entidad para abordar esta situación, pues tanto las comisarías de familia como la misma entidad nacional no dan abasto para atender estos reportes."Yo ya me he comunicado con la directora del ICBF, eso es un tema que hay que analizar muy bien porque una de nuestras prioridades, ustedes lo saben, es fortalecer las comisarías de familia para recibir las denuncias pero sobre todo para restablecer derechos, no solo recibir la denuncia, ¿qué se gana con recibir la denuncia y no se actúa?", reconoció Gutiérrez.De acuerdo al mandatario, a principios de 2024 había hasta 14.000 procesos represados en comisarías de familia de Medellín, pero con la nueva medida se trasladarían, sin la capacidad suficiente de atender, hasta 504 casos, la mayoría de ellos relacionados con delitos como actos sexuales con menor de 14 años (239) y acceso carnal abusivo con menor de 14 años (103).Como medida para hacer frente al represamiento de casos, desde hace varios meses desde la Administración Distrital indicaron que se ha dado prelación a denuncias relacionadas con violencia intrafamiliar, medidas de protección y procesos de restablecimiento de derechos de menores de edad por distintas situaciones.
Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, durante el 2023 desaparecieron 1.579 menores en toda Colombia. El departamento de Santander aportó el 3% de esos casos, es decir 47 niños desaparecidos.En promedio cada mes son reportados en Santander la desaparición de 4 menores cada mes.“Es una cifra alarmante que debe preocupar a las autoridades y entidades encargadas de los derechos de los niños. La mayoría de los casos puede ser que los menos hayan abandonado su núcleo familiar por temas de maltrato, abuso sexual, amenazas, falta de garantías alimenticias, pobreza y consumo de estupefacientes”, manifestó una fuente de la Fiscalía de Bucaramanga a Blu Radio.En Santander por el conflicto armado entre 1980 y 2010 fueron reportados 4.234 personas desaparecidas, un 15% eran menores de 18 años. Después de tanto tiempo las familias guardan la esperanza de encontrarlos con vida.“Se conocido que la mayoría de los menores desaparecidos durante el conflicto armado en Santander fueron reclutados a la fuerza por grupos armados ilegales en su momento. Varios tuvieron que morir en combates y enterrados en fosas comunes, es un tema que se sigue investigando”, dice un informe de Organizaciones de Derechos Humanos.Con la aprobación de la ley ‘Sara Sofia' que busca crear un mecanismo de alerta nacional para buscar a niños desaparecidos se espera resolver los casos en Santander.Los datos serán recibidos por la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, para prevenir que los niños reportados como desaparecidos salgan del país.“Esta ley fortalece la búsqueda de los menores reportados como desaparecidos en el país. Todas las entidades deben preparar a sus grupos de investigación para estos casos y trabajar de forma articulada y de una forma inmediata, porque las horas posteriores a la desaparición son las más importantes y criticas para poder encontrar al menor sano y salvo”, dijo el congresista Alejandro Carlos Chacón, autor del proyecto de ley ‘Sara Sofía’ que fue aprobado por el Congreso de la República.
En Bogotá capturaron a un hombre que estaba usando a sus propios hijos para entrar drogas a su mamá a la cárcel Buen Pastor en la capital del país. La mujer está condenada por tráfico de drogas y en la cárcel seguía delinquiendo..Este hombre estaba entrando a la cárcel Buen Pastor en Bogotá a visitar a su esposa y mamá de sus hijos, dos niños de 10 y 8 años. En medio de los controles de visitantes para el ingreso a la cárcel, las autoridades les encontraron a estos dos niños en los bolsillos, escondidos, varios paquetes pequeños con cocaína, que iban a entrar a la cárcel para entregarlo a esta señora, la mamá, para que lo vendiera ahí adentro del centro penitenciario.De inmediato unidades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, dieron aviso a la Policía manifestándoles que este hombre, el delincuente, estaba utilizando dos menores de edad para ingresar las drogas, por lo que capturaron al delincuente por el delito de favorecimiento y uso de menores para la comisión de delitos.“Nuestros uniformados verificaron el caso e iniciaron el proceso de judicialización, en las últimas horas este hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los hechos que se le atribuyen”, indicó el mayor Carlos Cely, comandante de la Policía en Barrios Unidos.Los dos niños fueron puestos a disposición de unidades de protección a la infancia y adolescencia, fueron restablecidos los derechos, y dejados a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.