El Tribunal de Cundinamarca se convirtió en la segunda instancia judicial en establecer restricciones al fracking luego de la suspensión decretada por el Consejo de Estado.
La entidad accedió a algunas de las peticiones de los colectivos ambientalistas y añadió algunas condiciones para la realización del fracking.
De acuerdo con la Corporación Podion, los magistrados ordenaron la realización de estudios detallados sobre la demanda y oferta de agua en las regiones donde se hará la técnica, estudiar la distancia propicia entre las viviendas y demostrar que los químicos utilizados no afectan la salud humana, especialmente la de mujeres embarazadas y recién nacidos.
"Desde el 2018 cursa una acción popular que busca la protección de los derechos colectivos como el medioambiente sano y la salubridad pública mediante la prohibición del desarrollo de esta peligrosa técnica en el país", señaló Podion.
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El colectivo ambientalista asegura que el despliegue de proyectos piloto no es comparable con la magnitud que tendría la actividad si se aprueba su uso comercial.