Colombia registra actualmente importaciones de gas natural superiores a los 400 millones de pies cúbicos diarios, un volumen destinado a cubrir el consumo residencial, el transporte vehicular y la generación eléctrica.En diálogo con Mañanas BLU, Nelson Castañeda, presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros y Gasoductos (Campetrol), advirtió sobre la urgencia de fortalecer la producción interna para proteger las tarifas de los usuarios y evitar depender exclusivamente de mercados externos.El gasoducto binacional: Una "llanta de repuesto" frente a la crisisEn relación con la propuesta de reparar y habilitar el gasoducto binacional con Venezuela para abastecer al mercado colombiano, el dirigente gremial sostuvo que, si bien constituye una alternativa valiosa, no resuelve de fondo el problema estructural de abastecimiento.Castañeda definió el rol de esta infraestructura señalando: "Esto es una es una llanta de repuesto muy buena. Es un plan B y un plan C. El país necesita todas las fuentes de energía, lógicamente. Privilegiamos el gas nacional, que es mucho más económico". Asimismo, explicó que, aunque el suministro venezolano llegaría por tubería, evitando los costos logísticos de licuefacción y transporte marítimo, su tarifa final dependerá de las condiciones de libre mercado, los acuerdos comerciales y la geopolítica internacional. El elevado costo del gas importado y su impacto en la factura de los colombianosUno de los aspectos más críticos expuestos por el presidente de Campetrol radica en la brecha tarifaria entre el combustible producido en territorio nacional y el gas natural licuado (GNL) traído del exterior.Castañeda detalló que el gas importado debe pasar por un proceso intensivo que incluye su licuefacción, traslado en buques metaneros, recepción en puertos locales y posterior regasificación para inyectarlo al Sistema Nacional de Transporte. "El gas importado vale tres y cuatro veces el gas nacional dado que toca volverlo líquido, transportarlo en barco, traerlo a puerto colombiano, regasificarlo y meterlo al sistema nacional de transporte", enfatizó el vocero.Sirius y Fracking 4.0: Las alternativas nacionales estratégicasPara superar la coyuntura y garantizar el suministro a mediano y largo plazo, Campetrol propuso avanzar de manera paralela en cuatro frentes: la infraestructura de regasificación, la importación vía Venezuela, el desarrollo offshore y los yacimientos no convencionales. Entre las cartas más fuertes a nivel nacional se destaca el proyecto Sirius, el cual posee recursos contingentes proyectados en 470 millones de pies cúbicos diarios. No obstante, Castañeda remarcó la necesidad de agilizar las consultas previas para tramitar la licencia ambiental y construir un gasoducto de 120 kilómetros que conecte el pozo con tierra firme. "Ahí tenemos una alternativa que es Sirius que podría entrar en 36 meses, pero si todos nos ponemos de acuerdo como país podríamos cumplir ese cronograma y no tener demoras", afirmó.Escuche aquí la entrevista:
En Colombia la aprobación del uso del fracking aumentó un 4% de 2025 a 2026, según la más reciente encuesta de Barómetro Petrolero que mide las percepciones del sector, las autoridades y la comunidad en general sobre la industria del petróleo y gas del país.Durante la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía en Cartagena, Jaime Arteaga, director general de Arteaga Latam, explicó que a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que en Colombia se realice Fracking? Un 34% de los encuestados dijo sí, frente al 30% que lo hicieron en 2025.Arteaga señaló que, aunque si bien hay más personas que creen que el fracking sí es posible en Colombia, también esto pasó por la ‘reideologización’ de la industria, e incluso el apoyo o no al Presidente de la República.“O sea, si hay más gente que quiere el fracking, pero hay mucha gente que ya no se quiere parar en el borde, se va a radicalizar. Y eso qué significa que también mi aceptación con el fracking depende de si yo confío en el presidente. Entonces, como no todo el mundo se siente representado por el presidente, va a haber muchas más personas que se sientan que hubo una manera de oponerse al presidente va a ser oponerse al fracking”, sostuvo durante su presentación.Este mismo panorama se repite en los municipios productores en donde la aceptación frente al fracking aumentó del 21% al 31% este 2026, que representa el porcentaje más alto desde 2019.“Hay una tendencia a mejorar, pero hay una diferencia de fondo es: ¿fracking para qué? Cuando yo digo, si estoy de acuerdo que se realice fracking para aumentar las reservas del gas, ya no es 30, sino 38%”, detalló.Por el lado de las empresas de la industria, la encuentra de Barómetro arrojó que el 80% de los directivos considera que el fracking debería retomarse como parte de la política pública del sector, mientras solo el 42% de las autoridades de gobierno están de acuerdo con la medida.
La industria de los hidrocarburos le está pidiendo al Gobierno nacional que pise el acelerador y permita el desarrollo de los yacimientos no convencionales sin pasar antes por pruebas piloto, con el fracking en Colombia como principal punto de la discusión."Si nos preguntas qué necesitamos, necesitamos urgentemente transformar ese sentido de urgencia. Los que estamos acá en esta industria tenemos para garantizar esa seguridad energética bajo el liderazgo de este Gobierno, que tiene la decisión firme de resolver los problemas. Necesitamos hacer el primer pozo el próximo año", dijo el country manager de Drummond, Alberto García.Drummond tiene actualmente tres contratos firmados con la ANH para el desarrollo del gas natural asociado a mantos de carbón, una operación que agregaría una nueva línea de actividad a la explotación de carbón que ya hace la compañía en el departamento del Cesar. Los contratos de Drummond Energy fueron suspendidos durante el gobierno anterior por cuenta de la decisión política de no desarrollar el fracking; sin embargo, nunca se liquidaron y podrían reactivarse si así lo deciden la compañía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.Aunque el Gobierno de Gustavo Petro intentó prohibir el fracking, el Congreso de la República nunca aprobó el proyecto de ley que lo proponía y hoy está vigente toda la regulación del Ministerio de Minas y Energía para este tipo de proyectos. El tema ya pasó por manos del Consejo de Estado y el tribunal concluyó que el marco regulatorio del país es suficiente para garantizar la protección ambiental. Por su parte, el Gobierno de De La Espriella ganó las elecciones con la promesa de reactivar la industria petrolera y con la expectativa de hacer fracking."La cantidad de inversiones de capital requeridas en el desarrollo de este tipo de yacimientos es una palanca de crecimiento económico que este país necesita. Creo que estamos convencidos en Drummond: el desarrollo de yacimientos no convencionales no es solo una avenida para volver a ganar seguridad energética, sino que es un camino real y disponible para la recuperación económica del país", agregó García.No se necesitan los pilotos: GeoParkEn apenas nueve meses, GeoPark pasó de haber firmado un contrato para la explotación de petróleo en la provincia de Neuquén (Argentina) a extraer petróleo y gas utilizando fracking. Así de rápido se pueden hacer las cosas, y la invitación de su presidente, Felipe Bayón, es aprovechar la coyuntura con un Gobierno que está dispuesto a hacer fracking y un país que tiene una de las regulaciones más exigentes del mundo."Yo estoy convencido de que no necesitamos hacer los pilotos. Podemos ir directamente a hacer el desarrollo comercial", dijo Bayón durante la cumbre de las petroleras en Cartagena.La visión de la ACPSegún el presidente de la ACP, Frank Pearl, hay contratos "absolutamente listos" para arrancar a los que solo les haría falta una "medida administrativa". Según Pearl, los inversionistas están esperando "el tablero completo" para tomar decisiones, lo que incluye garantías de que los procesos de licenciamiento ambiental y las consultas se harán de forma eficiente y transparente, y un régimen de inversiones "atractivo" frente a lo que hoy ofrecen Venezuela y Argentina a la industria.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, pidió abrir un debate técnico sobre el fracking en el departamento y advirtió sobre las dificultades que enfrenta Santander para financiar programas como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y varios proyectos de inversión que dependen de recursos de regalías.La declaración se produjo al referirse a la posibilidad de recuperar recursos para el departamento a través de una mayor actividad de explotación de hidrocarburos. El mandatario insistió en que la discusión sobre el fracking no debe hacerse desde la política, sino con participación de expertos y análisis técnicos.“Tenemos que hacer el debate del fracking en Santander, no con politiquería, con practicismo, con expertos”, señaló el gobernador en su intervención.Díaz aseguró que Santander necesita encontrar nuevas fuentes de financiación porque los recursos disponibles no serían suficientes para cubrir algunas de las obligaciones del departamento.En ese contexto, mencionó específicamente el PAE y afirmó que el próximo año habrá dificultades para garantizar su financiación si no se encuentran alternativas.“Nos vamos a quedar sin plata, ya no vamos a pagar el PAE el año entrante”, afirmó el mandatario, quien agregó que el departamento tuvo una reducción de alrededor de $100.000 millones en los recursos disponibles.El mandatario planteó que el debate no debe centrarse únicamente en si se permite o no el fracking, sino también en definir de dónde saldrán los recursos que Santander necesita para financiar sus programas y proyectos.“Yo quiero que hagamos el debate y nos digan de dónde vamos a sacar la plata, o vamos a dejar aguantando hambre los niños más vulnerables de Santander”, manifestó.Díaz también explicó que la Gobernación tenía previstos siete proyectos para ejecutar con recursos de regalías, uno por cada provincia, pero que llevan cerca de dos años en proceso de viabilización.Según el gobernador, tras las recientes decisiones sobre los recursos disponibles, la administración departamental está buscando alternativas con el Ministerio de Hacienda para poder sacar adelante esas iniciativas.El gobernador sostuvo que Santander tiene capacidad para generar nuevos recursos a partir de la actividad petrolera en el Magdalena Medio, pero insistió en que cualquier explotación debe hacerse bajo condiciones técnicas.“Tenemos la capacidad allá en Magdalena Medio donde se puede hacer que se haga y que se haga bien”, afirmó.La discusión sobre el fracking volvió a tomar fuerza en Santander luego de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara la reactivación de la exploración de hidrocarburos, incluido el fracking, bajo criterios de responsabilidad ambiental.En Santander, el gobernador ya había planteado que los yacimientos no convencionales podrían representar mayores ingresos por regalías e inversión para el departamento y había defendido un debate técnico sobre esta posibilidad.Ahora, el mandatario vuelve a poner sobre la mesa la discusión, pero vinculándola directamente con las dificultades de financiación que enfrenta el departamento para sostener programas sociales y ejecutar obras proyectadas con recursos de regalías.
El administrador de empresas Joaquín Gutiérrez asumió la presidencia de Ecopetrol. En su discurso dijo que este nombramiento se da en un momento de crisis.Gutiérrez aseguró que los principales retos serán mejorar la actividad exploratoria, la incorporación de reservas y el abastecimiento de gas, así como las controversias tributarias.Por otro lado, dijo que va a dirigir la compañía desde las regiones y por eso habrá una sede de Ecopetrol en Barranquilla.“Garantizaremos la consulta previa sin aceptar que esta pueda ser utilizada como mecanismos de dilación de proyectos relacionados con la seguridad energética”, agregó el nuevo presidente de Ecopetrol.Además, dijo que se va a encargar de que el país no tenga un apagón y que dejará reservas para décadas.“Miraremos hacia adelante, pero también seremos responsables y denunciaremos ante las autoridades todo el desgreño y a sus protagonistas”, señaló Gutiérrez.El presidente Abelardo De La Espriella en su intervención dijo que Gutiérrez le tiene que devolver a Ecopetrol su fortaleza y convertirla en la joya de la corona.“Durante un cuatrenio se impuso sobre el sector energético una visión ideológica, perversa, que confundió transición energética con renuncia y le cerró la puerta a nuevos contratos de exploración”, señaló el mandatario.El presidente De La Espriella también dijo que todas las personas que asuman un cargo en Ecopetrol deben cumplir con los criterios técnicos para desarrollarlo.“Mi Gobierno retomará plenamente el camino de la exploración y de la suscripción de nuevos contratos incluido el fracking, a lo que dé. Con absolutamente todos los criterios de responsabilidad”, dijo De La Espriella.Finalemnte, señaló que cualquier nueva inversión en la compañía tendrá que superar criterios técnicos, ambientales y financieros.
Geopark está a punto de tener una nueva operación de fracking en la región petrolera conocida como 'Vaca Muerta', en Argentina.La petrolera obtuvo el mayor puntaje provisional por su oferta económica para la explotación del área Corralera Noreste, dentro de la licitación que adelanta la estatal Gas y Petróleo del Neuquén para entregar nuevas áreas de exploración durante este año.Según la información compartida por Geopark, aún es necesario que finalice la etapa de análisis integral de los informes de evaluación y se requiere una votación en el directorio de la estatal argentina antes de que se pueda firmar el contrato.Si todo sale como está previsto, Geopark sumará la operación de Corralera Noreste a los dos bloques petroleros que compró en los últimos meses en esa región: Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste.El éxito de Geopark se suma al anuncio de un acuerdo con el Gobierno interino de Venezuela para entrar a operar el bloque Bare durante los próximos 25 años, una transacción con la que Geopark ya esperaba triplicar el tamaño de la compañía y su producción en los próximos años.Actualmente, Geopark y el Grupo Gilinski están en una negociación que puede terminar con los Gilinski controlando el 56,3 % de la compañía.
El gobernador de Santander defendió la posibilidad de desarrollar fracking en el Magdalena Medio y aseguró que la exploración y explotación de hidrocarburos debe analizarse con criterios técnicos y científicos, al considerar que la reducción de esta actividad ha tenido un impacto directo en los ingresos por regalías del departamento.Según el mandatario, Santander habría perdido cerca del 37% de sus regalías, situación que, a su juicio, limita la capacidad de las administraciones para financiar obras y programas sociales.“Si nosotros recibíamos 500.000 millones de pesos de regalías, pues vamos a dejar de recibir 180 mil aproximadamente de regalías”, señaló el gobernador, quien relacionó esta disminución con menores posibilidades de ejecutar obras como placas huella, mejorar instituciones educativas y respaldar proyectos productivos de campesinos.El mandatario cuestionó las decisiones que, según él, se han tomado desde posiciones “ideológicas” y sin suficiente sustento técnico, y planteó que el país debería evaluar nuevamente el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales.“Yo creo que hay que hacerlo responsablemente, hay que revisarlo técnicamente, hay que poner los científicos a que nos digan dónde se puede hacer”, manifestó.El debate tiene especial relevancia en el Magdalena Medio santandereano, particularmente en Puerto Wilches, donde fueron planteados los proyectos piloto de investigación integral Kalé y Platero para estudiar los yacimientos no convencionales y el uso del fracturamiento hidráulico.La Corte Constitucional ha intervenido en este proceso. En su jurisprudencia sobre los proyectos de Puerto Wilches se establecieron vulneraciones relacionadas con la participación ambiental y la consulta previa de comunidades, y se ordenaron garantías para que las decisiones sobre estos proyectos cuenten con una participación efectiva de las comunidades.El fracking consiste en perforar formaciones rocosas de baja permeabilidad y realizar una estimulación hidráulica para facilitar la extracción de hidrocarburos. La regulación colombiana reconoce los yacimientos no convencionales, entre ellos los de petróleo y gas de lutitas, y establece disposiciones técnicas para actividades como la estimulación hidráulica y el manejo de fluidos de retorno.Entre los argumentos de quienes respaldan el fracking están el potencial para aumentar la disponibilidad de petróleo y gas, fortalecer la seguridad energética y generar ingresos fiscales y regalías. La propia Agencia Nacional de Hidrocarburos ha desarrollado estudios y espacios técnicos sobre prospectividad, recursos hídricos, sismicidad y consideraciones ambientales asociadas a los yacimientos no convencionales.Sin embargo, la técnica también genera fuertes cuestionamientos ambientales. El Ministerio de Minas y Energía anunció en julio de 2026 que el gobierno de Gustavo Petro presentaría un proyecto de ley para prohibir el fracking, argumentando que existe evidencia científica sobre posibles riesgos para el agua, los ecosistemas, las comunidades y la salud pública.En ese contexto, el gobernador de Santander planteó que el debate no debería cerrarse desde posiciones ideológicas, sino a partir de estudios científicos que determinen en qué zonas podría desarrollarse la actividad bajo condiciones de control y seguimiento.
El presidente Abelardo de la Espriella, anunció durante su discurso de investidura, que su Gobierno autorizará la técnica de fracturamiento hidráulico del suelo para extraer hidrocarburos, conocida como 'fracking', para aumentar las reservas de petróleo y gas en el país."Vamos a autorizar, cumpliendo los aspectos técnicos, el desarrollo de fracking responsable y sostenible", aseguró De la Espriella en el Batallón Pichincha de la ciudad de Cali donde pronunció ante la tropa su primer discurso como nuevo mandatario.Recuperar EcopetrolEn este contexto, De la Espriella situó la recuperación de la petrolera estatal Ecopetrol, la mayor empresa de Colombia, entre las prioridades "definitivas y absolutas" de su Gobierno y defendió el aprovechamiento de los recursos naturales como una cuestión de soberanía energética."Ningún país del mundo puede aspirar a un futuro de prosperidad si deliberadamente renuncia a aprovechar los recursos que el creador puso en su territorio", afirmó, seguido de la promesa de que "recuperar Ecopetrol será una prioridad definitiva y absoluta" de su Gobierno.El presidente criticó la gestión de la petrolera durante el Gobierno de Petro y aseguró que las utilidades de la empresa pasaron de 32 billones de pesos (unos 10.136 millones de dólares) en 2022 a 9 billones (alrededor de 500 millones de dólares) el año pasado, una caída que, según dijo, también perjudicó a los colombianos que tienen inversiones en la compañía.El mandatario prometió además respetar la independencia del Banco de la República y afirmó que su equipo económico tiene la instrucción de recuperar "el prestigio de Colombia ante la comunidad internacional".Un país seguro para invertirHabló de un plan económico basado en la austeridad, la atracción de inversión y el aprovechamiento de los recursos naturales, con el que busca recuperar la confianza en el país y hacerlo un destino "seguro y rentable" para los inversores."Invertir en Colombia volverá a ser una decisión segura y rentable para ustedes, señores empresarios de la patria y del resto del mundo", afirmó De la Espriella en su primer discurso como presidente, pronunciado en un batallón de Cali, en el que aseguró que su Gobierno buscará recuperar el crecimiento económico, la producción, las exportaciones y la generación de empleo.El nuevo mandatario aseguró que la medida busca poner "la casa en orden" después del crecimiento del gasto durante el Gobierno de su antecesor, Gustavo Petro, y sostuvo que la austeridad no recaerá sobre los sectores más vulnerables, cuyos programas sociales, dijo, serán preservados.El Gobierno recibe una economía con un déficit fiscal equivalente al 6,4 % del PIB en 2025 y una deuda pública que alcanzó un récord de 1.167 billones de pesos (unos 373.850 millones de dólares) al cierre del primer semestre, cifra equivalente al 60,5 % del PIB."Ninguna economía prospera cuando el Estado gasta sin control, desalienta la inversión, pierde el respeto por el dinero de los contribuyentes y compromete irresponsablemente el futuro de las nuevas generaciones", sostuvo.
Los senadores Óscar Villamizar y Juan Espinal, integrantes del partido Centro Democrático, enviaron una carta al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y a la ministra designada de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda. En la misiva, le piden al nuevo Gobierno que permita el uso de la técnica de fracking para explotar yacimientos no tradicionales de petróleo y gas tan pronto asuma el mando.El objetivo principal de esta propuesta es que Colombia vuelva a producir todo el combustible que consume y recupere su independencia energética. Los congresistas consideran que tomar este paso debe ser una de las prioridades de la nueva administración para evitar que el país dependa de compras en el exterior.Según lo que argumentan, las reservas actuales de gas en el país solo alcanzarán para unos 5,9 años más. Esta escasez ha obligado a Colombia a importar cada vez más gas, lo cual pone en peligro el suministro continuo y económico de energía para millones de familias e industrias.Además, explicaron que en Colombia ya existen leyes y reglas claras para realizar esta actividad de manera legal. Aseguran que normas aprobadas desde 2013 y 2014, ratificadas por la justicia en 2022, dejan las puertas abiertas para trabajar comercialmente sin ningún problema legal.Debido a estas normas vigentes, los senadores sostienen que no es necesario esperar más tiempo haciendo pruebas o proyectos piloto iniciales, puesto que las empresas del sector energético podrían arrancar directamente con la producción comercial de estos recursos de forma inmediata.Finalmente, los congresistas insistieron en que el debate sobre el fracking lleva más de diez años estancado mientras el tiempo se está acabando.
La discusión sobre la posibilidad de implementar fracking en Colombia volvió a encenderse en medio del debate entre los precandidatos presidenciales sobre cómo enfrentar el déficit energético y la disminución de las reservas de gas en el país. En ese contexto, Andrés Gómez, coordinador para América Latina de la Iniciativa por un Tratado sobre Combustibles Fósiles, aseguró que esta técnica de extracción no puede considerarse sostenible bajo ninguna circunstancia.Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, Gómez fue enfático al señalar que “no existe el fracking sostenible de ninguna manera” y sostuvo que los avances tecnológicos de la industria no han eliminado los impactos ambientales asociados a esta práctica.El experto explicó que Colombia enfrenta un problema estructural relacionado con la disponibilidad de hidrocarburos. Según indicó, las reservas probadas de petróleo del país representan apenas el 0,5 % de las reservas globales, mientras que las de gas corresponden al 0,05 %.“Colombia no es un país petrolero. Colombia no tiene gas, tiene muy poco gas”, afirmó Gómez, quien además aseguró que, pese a las fuertes inversiones realizadas en exploración durante la última década, los resultados no han sido los esperados.De acuerdo con sus cálculos, entre 2014 y 2024 se invirtieron más de 10.000 millones de dólares en actividades exploratorias y no se logró reponer ni el 10 % de los recursos que fueron producidos durante ese periodo.Diferencias con Estados UnidosUno de los principales argumentos a favor del fracking suele ser el caso de Estados Unidos, país que logró aumentar significativamente su producción de petróleo y gas gracias a esta tecnología. Sin embargo, Gómez considera que las condiciones geológicas y ambientales son completamente distintas a las de Colombia.Según el experto, regiones como el Magdalena Medio, donde se planteó la posibilidad de desarrollar proyectos piloto, poseen ecosistemas sensibles y una importante red de humedales que podrían verse afectados por una explotación a gran escala.Para ilustrar la magnitud de las operaciones requeridas, recordó que durante más de un siglo de explotación petrolera en Colombia se han perforado cerca de 25.000 pozos. Sin embargo, en los análisis realizados durante el gobierno de Iván Duque se contemplaba la perforación de hasta 12.000 pozos en apenas una década en el Magdalena Medio.Durante la entrevista también surgió la discusión sobre la conveniencia de realizar proyectos piloto para evaluar científicamente los efectos del fracking en Colombia. Frente a esa posibilidad, Gómez manifestó que la evidencia internacional ya es suficiente.“La ciencia se hizo en Estados Unidos y en Canadá”, sostuvo, argumentando que son precisamente esos países los que han acumulado mayor información sobre los impactos ambientales y sociales de la técnica.Incluso comparó la propuesta de realizar pilotos con la necesidad de volver a comprobar efectos ampliamente documentados. “Es como si un día quisiéramos en Colombia decir que vamos a hablar de que el cigarrillo no causa cáncer en los pulmones y que entonces, como lo tenemos que experimentar en Colombia, pues lo hagamos acá”, afirmó.Respecto a los avances tecnológicos que prometen reducir el impacto ambiental de la actividad, Gómez aseguró que las nuevas técnicas no resuelven el problema de fondo.El coordinador explicó que las nuevas perforaciones incluyen secciones horizontales más extensas y requieren mayores procesos de fracturamiento hidráulico. Según datos citados por él del proyecto piloto Kalé, se estimaba la utilización de cerca de 48 millones de litros de agua para una sola operación.Además, indicó que los pozos de fracking presentan altas tasas de declinación y pueden perder hasta el 90 % de su producción en apenas dos o tres años, lo que obliga a perforar constantemente nuevos pozos para mantener la extracción.
A tres meses del terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, la Defensoría del Pueblo advirtió que persisten barreras para garantizar los derechos de las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación de los territorios.De acuerdo con el Registro Único de Damnificados, con corte al 3 de noviembre, 363.791 familias, equivalentes a 776.119 personas, resultaron afectadas por la emergencia. Además, 104.049 viviendas están inhabitables y 19.149 fueron destruidas. Otras 119.748 presentan daños. El balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 27 de octubre, también reporta 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas. La emergencia dejó afectaciones en 406 centros de salud, 4.438 establecimientos educativos y 6.087 centros comunitarios, además de daños en vías, acueductos y puentes.Uno de los principales problemas identificados por la Defensoría está en el Registro Único de Damnificados. La entidad advierte que no existe una ruta general para incluir nuevos registros, corregir inconsistencias o reportar daños que se hayan presentado después del cierre del registro. Esto puede dejar a familias por fuera de las ayudas, debido a que la inscripción es un requisito para acceder a los beneficios.También hay dificultades para reclamar los apoyos económicos. En Risaralda se reportan más de 70.000 inconsistencias y, con corte al 7 de octubre, 3.098 familias de Pereira aún no habían cobrado el beneficio.En cuanto al subsidio de arrendamiento, fijado en $1.050.000 mensuales durante tres meses, la Defensoría considera que resulta insuficiente frente a los tiempos estimados de reconstrucción, que pueden extenderse entre 12 y 18 meses. Además, la escasez de viviendas disponibles ha llevado a algunas familias a regresar a lugares que no ofrecen condiciones adecuadas de seguridad.A esto se le suma la identificación de la falta de protocolos para el cierre de 15 alojamientos temporales activos en Buenaventura, Quindío y Risaralda y de esta forma alternativas habitacionales dignas para quienes deben salir de ellos.Las dificultades también se mantienen en la prestación de servicios esenciales. Aunque se habilitaron sedes transitorias y se anunciaron planes de reconstrucción hospitalaria, las verificaciones de la Defensoría evidenciaron reducción en la capacidad de atención y demoras en consultas especializadas, medicamentos y autorizaciones.En educación, la entidad señala que no todos los estudiantes han regresado a clases presenciales ni cuentan con instalaciones seguras. Un ejemplo de esto es en el Valle del Cauca, en donde con corte al 15 de octubre, 69.106 de los 121.175 estudiantes afectados continuaban en modalidades no presenciales.Uno de los principales llamados de la Defensoría está relacionado con la financiación de la recuperación, señalan que el costo estimado del Plan de Acción Específico asciende a $58,29 billones, pero solo $8,21 billones corresponden a recursos inicialmente identificados. Esto deja una brecha de financiación de $50,08 billones.La entidad advierte que los recursos identificados incluyen anuncios de entidades públicas, cooperantes y empresas, pero no todos tienen claridad sobre su disponibilidad, apropiación o ejecución. Además, señala que incluir recursos en el plan no significa que ya estén asignados en el presupuesto. La única fuente con monto y cronograma ciertos corresponde a una adición al Presupuesto General de la Nación por $624.656 millones, proveniente de un crédito contingente con el Banco Mundial.Ante este panorama, la Defensoría pide establecer mecanismos para actualizar el registro de damnificados, garantizar los subsidios de arrendamiento, asegurar alternativas habitacionales antes de cerrar los albergues y recuperar la infraestructura educativa y hospitalaria.También insiste en que el proceso debe incluir recursos para restablecer las actividades económicas de campesinos, trabajadores informales y pequeños emprendimientos, así como medidas diferenciales para mujeres, niños, comunidades étnicas, personas mayores y población con discapacidad.
La crisis financiera del sistema de salud sigue poniendo en aprietos a las instituciones prestadoras de servicios médicos en Colombia. Esta vez, la alerta la encendió la Clínica Foscal, cuyo director general, el doctor Jorge Ricardo León, advirtió que la falta de recursos y las millonarias deudas de las EPS podrían obligar a la institución a cerrar servicios y adoptar medidas de recorte.En entrevista con Blu Radio, León reveló que la clínica enfrenta una cartera acumulada cercana a los 600.000 millones de pesos, principalmente por las obligaciones pendientes de Nueva EPS y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).El directivo explicó que la situación de liquidez de estas entidades ha afectado directamente la operación de la institución, que concentra buena parte de la atención de pacientes de alta complejidad del nororiente colombiano."Esto nos ha llevado a una crisis de casi 600.000 millones de pesos en deuda, que no vemos cómo podamos recuperar", manifestó León, al advertir que la continuidad de los servicios depende de que se restablezcan los flujos de recursos.Clínica Foscal advierte posibles cierres de servicios por falta de recursosEl director general de la Clínica Foscal señaló que la institución necesita compromisos concretos de pago para mantener la atención del volumen de pacientes que recibe diariamente. Aunque reconoció la disposición de las autoridades y de los interventores de las EPS, insistió en que el principal problema es la falta de recursos."Entonces, mientras no tengamos un compromiso de pago, vemos difícil continuar atendiendo ese gran volumen de pacientes", sostuvo el directivo en Blu Radio.La dimensión de la operación de la clínica se refleja en sus indicadores asistenciales. Según León, actualmente tienen 657 pacientes hospitalizados, de los cuales 500 corresponden a EPS y 56 al Magisterio. Además, atienden alrededor de 300 urgencias diarias y realizan 2.300 cirugías al mes.El directivo advirtió que, si no se garantiza el flujo de caja necesario para operar durante noviembre y diciembre, la institución tendrá que tomar decisiones que podrían afectar la prestación de los servicios médicos."Si no tenemos los flujos de caja para funcionar durante noviembre y diciembre, vamos a tener que tomar medidas de cierre de servicios, cierres a las EPS y un plan de recorte, porque no podemos seguir así", afirmó.Déficit mensual de la Clínica Foscal y retrasos en el pago de nóminaLeón también explicó que existe un desbalance importante entre los recursos que necesita la institución para funcionar y los dineros que efectivamente recibe. Mientras la clínica requiere cerca de 110.000 millones de pesos para su operación, mensualmente recauda entre 80.000 y 85.000 millones.Esto significa que cada mes se acumulan entre 20.000 y 25.000 millones de pesos adicionales en cartera, una situación que, según el director general, compromete la sostenibilidad financiera de la institución.La crisis también tiene consecuencias sobre los trabajadores. La Clínica Foscal cuenta con aproximadamente 5.000 empleados directos e indirectos y, de acuerdo con León, el retraso en los pagos a las EPS ha terminado afectando el cumplimiento de las obligaciones laborales."A hoy, todavía no hemos podido pagar la nómina", señaló el directivo, quien precisó que el retraso era de aproximadamente diez días. Agregó que un giro realizado por Nueva EPS permitiría avanzar en el pago de los salarios.Nueva EPS y FOMAG deberán responder por la cartera pendienteFrente a este panorama, el director general de la Clínica Foscal confirmó que se instalaron mesas técnicas con Nueva EPS y el FOMAG para revisar las cuentas pendientes, las glosas y los procesos relacionados con el reconocimiento de los servicios prestados.El objetivo de estos encuentros es evaluar la cartera y encontrar alternativas que permitan mejorar el flujo de caja de la institución. Sin embargo, León insistió en que las respuestas deben llegar en el corto plazo para evitar mayores afectaciones."Yo creo que la semana entrante tenemos que tener ya una respuesta tanto de Nueva EPS como del FOMAG para poder seguir funcionando", manifestó.Finalmente, el directivo aclaró que la clínica no ha negado la atención a sus usuarios, pese a las dificultades económicas. Explicó que la deuda acumulada también es consecuencia de haber mantenido abiertos los servicios y continuar prestando atención de calidad.La Clínica Foscal, que atiende pacientes de alta complejidad en el nororiente del país, espera que las mesas técnicas se traduzcan en compromisos financieros concretos. De lo contrario, los cierres de servicios y los recortes podrían convertirse en medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad de la institución.
La Corte Constitucional declaró ajustadas a la Constitución las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), contempladas en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, pero condicionó su aplicación al respeto de la autonomía de los municipios y distritos. La decisión establece límites a las facultades del Ministerio de Agricultura para declarar estas zonas en el territorio nacional. La decisión corresponde a la sentencia C-364 de 2026, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo.Con esta determinación, el alto tribunal dejó claro que el Ministerio sí puede identificar y delimitar terrenos que deben protegerse para garantizar la producción de alimentos, pero no puede tomar esas decisiones de manera unilateral ni desconocer las competencias de las autoridades territoriales. Por esta razón, antes de declarar, modificar o eliminar estas áreas, el Ministerio deberá adelantar un proceso obligatorio de información, coordinación y concertación con las autoridades locales, especialmente con los concejos municipales y distritales.La Corte precisó que los municipios deberán tener la oportunidad de presentar observaciones y propuestas frente a las áreas que se pretenden proteger. Por ende, el Ministerio tendrá que estudiar esos planteamientos y explicar de manera justificada cómo fueron valorados, de modo que la participación de las autoridades locales tenga una influencia real en la decisión.Otro de los condicionamientos es que la delimitación y modificación de las APPA deberá tener en cuenta los planes de ordenamiento territorial (POT) y las particularidades de cada municipio.Además, la Corte estableció un límite a las competencias del Ministerio de Agricultura, podrá delimitar las zonas, establecer su destinación a la producción de alimentos e identificar las actividades incompatibles con ese propósito, pero no podrá reglamentar detalladamente los usos del suelo.Esa última facultad seguirá en manos de los concejos municipales y distritales, que son las autoridades competentes para regular el ordenamiento de sus territorios. De esta manera, la Corte busca que la protección de las tierras destinadas a producir alimentos no termine desplazando la autonomía territorial.Finalmente, la Sala Plena aclaró que la sentencia tendrá efectos hacia el futuro, pero ordenó que todas las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos que actualmente estén en trámite, sin importar la etapa en la que se encuentren, deberán ajustarse a estas condiciones.
Un millón de productores de frutas, verduras y hortalizas se oponen a la propuesta de aplicar un IVA del 19 % a estos alimentos dentro de la Ley de rescate económico. Álvaro Palacio, presidente de Asohofrucol, advirtió que la medida aumentaría los costos de producción, reduciría la oferta nacional y terminaría afectando el precio que pagan los consumidores.En entrevista, el dirigente gremial explicó que el impacto no se limitaría al valor de los productos, pues también alcanzaría los insumos y los servicios de asistencia técnica que reciben los campesinos. “Todo subiría el 19 %: todas las frutas y las hortalizas”, afirmó.Palacio señaló que el sector está integrado principalmente por pequeños productores que enfrentan dificultades de acceso a vías, asistencia técnica y otros servicios necesarios para desarrollar su actividad.¿Por qué Asohofrucol rechaza el IVA del 19 % a frutas y verduras?El presidente del gremio sostuvo que el incremento también encarecería los servicios de los técnicos que trabajan en el campo y afectaría la capacidad de producción. Como consecuencia, advirtió sobre posibles efectos en la soberanía y la seguridad alimentaria.“Esto va a afectar la producción de frutas y hortalizas en Colombia y nos va a afectar demasiado”, señaló.Entre los productos que podrían verse afectados mencionó el tomate, la cebolla, el plátano, el aguacate, el pepino, el ajo, la piña y el limón. Según Palacio, el subsector cuenta con cerca de 1,1 millones de hectáreas sembradas, principalmente en manos de pequeños productores.También citó cifras del Dane para señalar las dificultades de asistencia técnica en el campo: “El 85 % de la población rural no recibe asistencia técnica”.¿Cuánto podrían subir los precios del tomate y otros alimentos?Palacio utilizó como ejemplo una compra de tomate que actualmente cuesta 10.000 pesos. Con el aumento propuesto, estimó que podría llegar a unos 12.000 pesos. Sin embargo, advirtió que el encarecimiento podría superar el porcentaje del impuesto si disminuye la producción y se reduce la oferta.“Cuando haya escasez de tomate, ya no va a comprar 10.000, sino que le alcanzará para 5.000 pesos”, afirmó.El dirigente gremial también cuestionó que no se haya consultado al sector antes de plantear la medida. “Con el sector agrícola no puede haber punto medio. El Estado tiene la obligación constitucional de proteger la producción de alimentos”, sostuvo.¿Qué le pide Asohofrucol al Gobierno?Palacio anunció que el gremio elaboró un documento con cifras y estimaciones sobre los efectos de la propuesta, respaldado por productores de distintas regiones. El texto será enviado a los ministerios de Hacienda y Agricultura, así como al Congreso.Aunque reconoció la necesidad de adoptar medidas para atender la situación fiscal del país, pidió que estas no afecten a los productores ni a los técnicos que prestan asistencia en el campo.“Este Gobierno no puede afectar a los productores de frutas ni a los técnicos que prestan asistencia técnica en el campo colombiano”, concluyó.
Un juez promiscuo de Florida, Valle del Cauca, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Carlos Vacca Castillo, alias 'Dimax', señalado por la Fiscalía General de la Nación como cabecilla de una estructura delincuencial y quien habría escapado de un resguardo indígena mientras cumplía una condena de más de 38 años de prisión.Vacca Castillo había sido condenado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Sin embargo, en septiembre de 2024 habría adquirido certificaciones étnicas con las que se hizo pasar como integrante de una comunidad ancestral. Con esas certificaciones, al parecer, logró que un juzgado de ejecución de penas de Palmira ordenara su traslado desde la cárcel de Villahermosa, en Cali, hacia el resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, ubicado en Florida, Valle del Cauca. De acuerdo con la Fiscalía, posteriormente se habría fugado de ese lugar para evadir el cumplimiento de la condena.Después de su salida del resguardo, alias 'Dimax' fue localizado en Panamá el pasado 9 de septiembre, en atención a una notificación roja de Interpol. El 29 de octubre fue expulsado de ese país y retornó a Colombia, donde se hizo efectiva una nueva orden de captura en su contra.A su regreso al país, un fiscal especializado de la Seccional Cali lo presentó ante un juez en audiencias concentradas y le imputó el delito de fuga de presos. Durante la diligencia, Vacca Castillo no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía.La investigación establece que el procesado habría utilizado una supuesta condición étnica para acceder al traslado al resguardo indígena desde el establecimiento penitenciario en el que cumplía su condena y que, posteriormente, habría escapado de ese lugar.La Fiscalía señaló que la condena que debía cumplir supera los 38 años de prisión y que, además de la medida de aseguramiento impuesta por el nuevo proceso, alias 'Dimax' quedó a disposición de un juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la sentencia que ya había sido impuesta en su contra.
