de transfusiones de sangre.
La historia se presentó en el 2001 en la población cundinamarquesa cuando una mujer fue contagiada con el virus ya que tres de las cinco unidades inyectadas estaban contaminadas.
El Tribunal obliga al pago de 630 millones de pesos a la mujer, víctima del descuido y negligencia del centro asistencial, al que cuestiona por la falta de rigurosidad para tales tratamientos.
El Tribunal determinó en su sentencia que "se presentó una falla en el servicio, por el comportamiento negligente y descuidado del hospital. Dicha omisión llevó a que la paciente resultará infectada con sangre contaminada con VIH".
Como consecuencia de ese error, la víctima sufrió una grave alteración de su forma de vida, que tiene importantes implicaciones en su estado de salud mental, física y espiritual.