La Contraloría realizó una auditoría a los contratos de prestación de servicios de la Superintendencia de Servicios Públicos en los que detectó 2 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y penal por una posible violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la Ley 80 de 1993.
Los hallazgos se presentan en dos contratos de servicios de apoyo, uno por 31,9 millones de pesos y otro por 5,6 millones de pesos, en los que la Contraloría advierte que “el contratista pudo incurrir en una inhabilidad e incompatibilidad al tener vínculos de parentesco en primer grado de consanguinidad con un funcionario de la entidad con el cargo de Asesor, conducta con la se configura una presenta incidencia disciplinaria y penal”.
Ante esta situación, la Contraloría dará traslado de estos casos a la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación para que realicen las investigaciones pertinentes.