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La jueza Karina Andrade, de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó este jueves la "inmediata soltura" de los detenidos en las protestas del 12 de marzo en los alrededores del Congreso de la capital argentina en favor de los jubilados. Andrade determinó que la detención de 114 personas atenta contra derechos constitucionales fundamentales. Este episodio de violencia policial que vivió el país se dio en respuesta a las protestas por los recortes y vulneraciones que sufrían los jubilados.
"Nuestra Constitución reconoce el derecho a la protesta, el cual incluye el derecho a manifestarse, a circular libremente, a peticionar y a criticar a las autoridades. En democracia, toda persona debe poder expresarse, peticionar ante las autoridades, asociarse, reunirse y manifestar su parecer y, sobre todo, su disconformidad con las decisiones gubernamentales", argumentó la magistrada en su fallo.
Sin embargo, la decisión de la jueza no fue bien recibida por el Gobierno. La misma ministra de Segurida, Patricia Bullrich, cuestionó a la jueza a través de su cuenta de X: "Nosotros detenemos a los violentos, y ellos los liberan para que la semana que viene vuelvan a delinquir. Son delincuentes organizados, piqueteros y militantes que buscan una sola cosa: desestabilizar. Podemos tener la mejor Ley de Reiterancia, pero si los jueces garantistas los sueltan no hay salida. Si los liberan, los bancan. Y si los bancan, son cómplices".
Pero el reclamo de la ministra se aleja del tema central de la protestas que tienen su orígen en las medidas adoptadas por el Gobierno. Aquí les explicamos.
💬 Síganos en nuestro canal de WhatsApp aquí¿Por qué protestan los jubilados en Argentina?
Como cada miércoles, desde hace algunos meses, los jubilados en Argentina protestan por la desprotección de los adultos mayores que están en riesgo de perder beneficios. El principal de ellos es poder acceder a una jubilación pese a no contar con los treinta años de aportes requeridos tras cumplir la edad (60 años para las mujeres y 65 para los hombres).
Esta medida de cubrimiento a los adultos mayores es conocida como la moratoria provisional que estará vigente solo hasta el 23 de marzo, pues el Gobierno Milei no extenderá la ley 27.705 que permitía “comprar aportes”.
A partir de ese vencimiento, los adultos mayores que no cumplan con el requisito no podrán acceder fácilmente a una pensión y en el caso de las mujeres, en un alto porcentaje ligadas al trabajo informal como sucede en Latinoamérica, solo recibirán una pensión proporcional a sus aportes a partir de los 65 años.
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Este panorama hizo que los jubilados protestaran en apoyo a la actualización de pensiones, la restitución de la cobertura de medicamentos y la continuidad de la mencionada moratoria previsional.
Este 12 marzo, a diferencia de otros miércoles, la convocatoria a las marchas fue más concurrida al reunir a adultos mayores, autoconvocados, organizaciones sociales, sindicatos e hinchas de equipos de fútbol. Con carteles con mensajes dirigidos al gobierno, como “La patria no se vende, se defiende”, los marchantes se reunieron como muestra de apoyo a los jubilados y sus derechos, quienes representan uno de los sectores más vulnerables del país.
La fuerza pública y el protocolo antipiquetes
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La protesta de este miércoles fue reprimida por las fuerzas de seguridad bajo la aplicación del protocolo antipiquetes, impulsado por el gobierno de Javier Milei y aprobado por el Ministerio de Seguridad en diciembre de 2023.
Aunque es conocido como protocolo antipiquetes, esta medida es el “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el corte de vías de circulación”, que le da poder a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para intervenir ante protestas o manifestaciones que interfieran con la circulación vial.
Llama la atención que esta medida puede producirse “sin que necesariamente medie orden judicial”, de acuerdo con el Ministerio, “toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal de la Nación Argentina”.
Y aunque esta ley establece que “los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos”, los videos de las acciones policiales evidencian abuso de la fuerza y maltrato, en una protesta particularmente con adultos mayores en las calles.
Muestra del exceso de fuerza y represión por parte de la fuerza pública es el saldo de más de cuarenta heridos y la grave lesión cerebral del fotógrafo Pablo Grillo, quien fue impactado por una cápsula de gas lacrimógeno mientras cubría las manifestaciones.
Una de las organizaciones que ha manifestado su preocupación frente a este protocolo es Amnistía Internacional, que argumenta que ningún derecho está por encima del otro, hablando de los derechos a la libre circulación, bajo el que se escuda el protocolo, y la protesta.
Además, este movimiento alerta del uso desmedido de la fuerza que puede desencadenar el protocolo: “las atribuciones para la intervención de los agentes policiales y de seguridad no respetan los estándares internacionales sobre uso de la fuerza generando indefectiblemente que la violencia y el conflicto social se intensifiquen y poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas”.
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Este episodio hace parte de las protestas que se han dado en la capital argentina como respuesta a las medidas de recortes y de reajustes que afectan a distintos sectores del país. Así ocurrió hace un año cuando se anunció una “reducción drástica” del financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina, lo que ha puesto en vilo la industria en ese país.
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